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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00321-01

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00321-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de julio de 2021, por el Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor José Domingo Molina Molina, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y, en su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) GNR 320878 del 26 de noviembre de 2013, en tanto reconoció la pensión de jubilación del señor José Domingo Molina Molina sin la inclusión de los factores salariales previstos en el Decreto 446 de 1996; ii) GNR 92957 del 1.º de abril de 2016; iii) GNR 290140 del 29 de septiembre de 2016; y iv) DIR 3297 del 17 de abril de 2017, toda vez que denegaron la solicitud de reliquidación de la prestación. Tercero. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a título de restablecimiento del derecho, a reliquidar la pensión de jubilación del señor José Domingo Molina Molina, a partir del 31 de enero de 2014, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en el año anterior al retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 446 de 1994. 23 Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021) Demandante: José Domingo Molina Molina Cuarto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a título de restablecimiento del derecho, a pagar al señor José Domingo Molina Molina el retroactivo que surja como consecuencia de la reliquidación dispuesta en el ordinal anterior, en forma indexada, desde el 26 de noviembre de 2015, por prescripción trienal. Quinto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a ajustar las sumas a reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte considerativa de esta sentencia. Sexto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda. Octavo. Condenar en costas de ambas instancias a la demandada, las cuales se deberán liquidar por el Tribunal Administrativo del Cesar. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00321-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Temas: Reliquidación pensional, régimen de los empleados del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 8 de julio de 2021, por el Tribunal Administrativo del César,
por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor José Domingo Molina Molina, en nombre
propio, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) GNR 320878 del 26 de noviembre de 2013, por la cual Colpensiones
le reconoció una pensión de jubilación con el régimen especial de los funcionarios
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); ii) GNR 92957 del 1.º de abril
de 2016; iii) GNR 290140 del 29 de septiembre de 2016; y iv) DIR 3297 del 17 de abril
de 2017, por las cuales negó la solicitud de reliquidación de la prestación y resolvió
en forma negativa los recursos de reposición y apelación en contra de esa decisión.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) reliquidar la prestación con el 75 % del promedio de todos los factores devengados
durante el último año de servicio, a partir del 1.º de enero de 2014; ii) pagar las
diferencias prestacionales que resulten de la orden anterior, en forma indexada de
acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE; iii) dar
cumplimiento a la sentencia en los plazos establecidos por el artículo 192 de la Ley
1437 de 2011; y iv) condenar al pago de costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor José Domingo Molina Molina ingresó al Cuerpo de Custodia y Vigilancia
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el 1.º de enero de 1992.

ii) El 1.º de enero de 2012, cumplió 20 años de servicio, razón por la cual, mediante
la Resolución GNR 320878 del 26 de noviembre de 2013, Colpensiones le reconoció
la pensión de jubilación con base en el régimen previsto en los artículos 1, parágrafo
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 y 45 del Decreto 1045 de 1978, la Ley
32 de 1986 y el Decreto 2090 de 2003; empero, solo incluyó 3 factores salariales
establecidos en el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, esto es,
sueldo, sobresueldo y bonificación por servicios prestados.

iii) El demandante presentó recursos de reposición y apelación en contra de la
decisión anterior; sin embargo, a través de los actos demandados, la entidad
confirmó la decisión recurrida.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 de la
Constitución Política; 1, parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005; 96
y 114 de la Ley 32 de 1986; 172, numeral 6 de la Ley 65 de 1993; 8, 115, 117, 168,
184 y 185 del Decreto Ley 407 de 1994; 45 del Decreto 1045 de 1978; 4 de la Ley

2

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

4.a de 1966; 1, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 1, inciso 2.º y 4 del Decreto 1835 de
1994; 11, 140 y 289 de la Ley 100 de 1993; 2 de la Ley 1437 de 2011; 9, 11, 14, 19,
20, 21 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 10, 14, 27 y 28 del Código Civil; 5
de la Ley 57 de 1887; 114 y 115 de la Ley 1395 de 2010; 8 de la Ley 71 de 1988; la
Ley 5.ª de 1969 y los Decretos 2090 de 2003, 1950 de 2005 y 1743 de 1966.

Al desarrollar el concepto de violación, el demandante expuso que Colpensiones no
aplicó de forma integral las normas que consagran el régimen especial de los
miembros del INPEC, toda vez que no incluyó en la liquidación, los factores
devengados en el último año de servicio.1

1.2. Contestación de la demanda

Colpensiones, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones2 con fundamento en que las pensiones de los miembros del INPEC que
hayan ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, deben liquidarse con el 75 % «del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio, teniendo en cuenta todos los factores salariales consagrados
en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978».

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia proferida el 8 de julio de
2021, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en
estos términos:3

i) El señor José Domingo Molina Molina nació el 24 de mayo de 1969, es decir, que
para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
tenía 25 años de edad. Además, se encuentra demostrado que ingresó al INPEC el
1.º de enero de 1992, en consecuencia, no era beneficiario del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no alcanzó 40 años de edad ni 15 de

1
Folios 2 a 59.
2
Folios 165 a 172.
3
Folios 246 a 255.

3

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

servicio.

ii) Por lo tanto, al demandante no se le aplica el régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003, toda vez que no colmó los requisitos establecidos en el
parágrafo del artículo 6 de esa norma. Así, su situación pensional debe someterse
a lo dispuesto en decreto referido y no a la Ley 32 de 1986; empero, tal irregularidad
no fue materia de inconformidad en sede judicial.

iii) Comoquiera que la norma aplicada por Colpensiones fue la Ley 32 de 1986, la
cual no definió la forma de liquidación de la prestación, ni los factores que deben
ser tenidos en cuenta para determinar el IBL, se debe atender a la remisión del
artículo 7 del Decreto 2090 de 2003 que señala que en los aspectos no previstos,
se aplicarán las normas generales contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, no es procedente la reliquidación
de la pensión en los términos pretendidos.

iv) Si bien la entidad liquidó la pensión del actor con lo devengado en el último año
de servicio, con inclusión de los factores consagrados en el Decreto 1045 de 1978,
«no puede ordenarse la reliquidación de la pensión con el promedio de todo lo
devengado en los últimos 10 años como legalmente corresponde, por cuanto la
Corte Constitucional determinó que el IBL no fue objeto de dicha prerrogativa».

1.4. El recurso de apelación

El señor José Domingo Molina Molina, en nombre propio, interpuso recurso de
apelación4 con fundamento en que dado que es beneficiario del régimen especial
de pensiones de alto riesgo, este debe aplicarse en su integridad y, en
consecuencia, su prestación debe liquidarse con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio. Sobre el particular, corresponde
tener en cuenta la decisión del 5 de septiembre de 2018, proferida por la Sala de
Consulta y Servicio Civil, dentro del proceso con radicado 11001 03 06 000 2018
00115 00.

4
Folios 259 a 265.

4

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación

Colpensiones guardó silencio.5

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto según se desprende de la
constancia secretarial del 7 de marzo de 2022.6

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación, 7 se
circunscribe a establecer si el señor José Domingo Molina Molina tiene derecho a
la reliquidación de su pensión de jubilación, en su condición de ex servidor del INPEC,
con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicio.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991,
el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a
todos los habitantes del territorio nacional, conservando los derechos, garantías,
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos «conforme a disposiciones
normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para
quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para
acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,

5
Folio 329.
6
Ibidem.
7
Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

5

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los
órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general».8

Sin embargo, en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno Nacional expedirá el
régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas
de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades
de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como
el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer
derechos adquiridos». Al respecto, esta Sala recientemente señaló que, con
fundamento en esta norma, era evidente que las disposiciones contenidas en la Ley
100 «no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa clasificación».9

Ahora bien, el Gobierno nacional expidió el Decreto 407 de 1994, por el cual
estableció el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
en cuyo artículo 168 preceptuó lo siguiente:

Artículo 168. Pensión de jubilación. [Derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de
2003] Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando
sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a
gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de
la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán
determinados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1º. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a
una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo
del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].

Respecto de los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126 del
citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y

8
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado 20001-23-
39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

6

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

En consecuencia, corresponde analizar la Ley 32 de 1986,10 que definió que «[e]l
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional es un organismo armado,
de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e integrado por
personal uniformado». Además, el artículo 96 de esta norma dispuso que «[l]os
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de
servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en
cuenta la edad».

Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las facultades
extraordinarias otorgadas en el numeral 2.º del artículo 1711 de la Ley 797 de 2003,
que reformó «algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «Por el cual se definen
las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los
trabajadores que laboran en dichas actividades».12 Esta norma, en lo pertinente,
preceptúa:

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos
los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades
de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de
la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que
ejecuta, con ocasión de su trabajo.

10
«Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia».
11
«Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10
de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para:
[…]
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en
actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y
beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de
disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a
cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema».
12
Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.

7

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
[…]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de
aquellos administrados por la fuerza pública.
[…]

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión
especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003[13].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema
General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para
las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos
adicionales a cargo del empleador.

De la disposición trascrita se concluye que la actividad del personal dedicado a la
custodia y vigilancia de internos del INPEC y de otros establecimientos carcelarios
tiene el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del
régimen pensional establecido por el aludido Decreto 2090 de 2003.

Sin embargo, esta disposición estableció un régimen de transición consistente en
que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas,

13
«Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero
de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».

8

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, 14 la pensión
de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las
normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. Esto señala la
norma:

Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>15 Quienes
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos
500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les
sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

De la revisión de la norma transcrita se tiene que exige i) 500 semanas de cotización
especial, ii) el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión; y iii) el cumplimiento de las condiciones reguladas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto riesgo.
Sobre cada requisito en particular se advierte lo siguiente:

i) En relación con las 500 semanas de cotización especial a que alude la norma,
esta Corporación,16 en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, ha
señalado que la interpretación más favorable a los trabajadores «es aquella que les
permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el
régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes
previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto
riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al
momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003». [Resalta la Sala].

14
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».
15
En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo exequible
condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar
semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo”.
16
Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31 000
2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015 proferida dentro
del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

9

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

ii) Sobre el segundo requisito, según el cual se debe atender lo dispuesto en el
numeral 2.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, de acuerdo con la interpretación que ha realizado esta
Corporación y la Corte Constitucional de la norma, el aludido requisito equivale a
1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición necesaria para
ser beneficiario del régimen de transición y no como un requisito para acceder al
derecho pensional. Así se ha señalado:17

La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090
de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición especial
para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del régimen de
transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090 de 200318, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas en cualquier actividad que
haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii) estas personas deben cumplir con
“el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”,
esto es, un mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la
Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como
requisito necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para
acceder al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de
cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º.
[Resalta la Sala].

iii) En cuanto al último requisito, esto es, el cumplimiento de las condiciones
reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación ha sostenido lo
siguiente:19

En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial
de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003,
además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del
demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con
el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional bajo
las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares al
presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el
parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado 08001 23 33
000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
18
Publicación en el Diario Oficial 45.262
19
Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31 000
2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015 proferida dentro
del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

10

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un sistema
de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten a
quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos
para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.

“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de
los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las
aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad
con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o
modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los
asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar
las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”20

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido
cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la
transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la
que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de
transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.
[…]
Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y
el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003 resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de 1993,
lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al
trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta
un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del
Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para
una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que
resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de
disposiciones pensionales”.

Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del demandante
quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho en las condiciones
descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de inescindibilidad de la norma
frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un régimen de transición de
naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de transición dispuesto en la Ley
100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en el caso particular es el inciso
primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y entender que el actor es beneficiario
del régimen especial de transición por haber acreditado 500 semanas de cotización en
actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003. [Resalta la Sala].

Del aparte transcrito se advierte que esta Sección ha encontrado desproporcionada
la exigencia adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y, por lo tanto, ha entendido que la interpretación que más favorece al
demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación

20
Corte Constitucional, Sentencia C-663 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

11

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión
especial de vejez.

Finalmente, valga precisar que –a excepción de tres providencias–21 las decisiones
que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha proferido desde el año 2015 22
aplican las condiciones o requisitos de acceso a los regímenes especiales de
actividades por alto riesgo conforme los postulados establecidos en el artículo 6 del
Decreto Ley 2090 de 2003, sin las exigencias adicionales enunciadas en el
parágrafo de esa norma (artículo 6 del Decreto 2090 de 2003), pues tal y como lo
ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-663 de 2007,23 «en el hipotético
caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos
regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003, lo cierto
es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe
prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable
y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones
pensionales».

Además, basta con demostrar que la actividad considerada de alto riesgo se ejerció
por dicha cantidad de semanas previo a la entrada en vigencia de la aludida norma,
en cualquier tiempo, sin necesidad de probar que se realizaron «cotizaciones

21
Providencias identificadas con los radicados 25000 23 42 000 2013 04113 01 (2338-15) del 28 de octubre de
2016; 63001 23 33 000 2018 00155 01 (3320-19), del 6 de agosto de 2020; y 88001 23 33 000 2014 00006 01
(4678-14), del 22 de octubre de 2020.
22
Al respecto consultar las siguientes providencias: i) de la Subsección A: a. 2017-04906-01 (5983-19) mayo
de 2021; b. 2011-01522-01(4084-17), febrero de 2020; c. 2011-00900-01(2789-15) febrero de 2020; d. 2015-
00353-01(3044-16) febrero de 2020; e. 2014-00174-01(2689-15) enero de 2020, M.P. William Hernández
Gómez; f. 2013-00621-01(1713-14) marzo de 2020; g. 2017-03352-02(1641-19) julio de 2020; h. 2015-00434-
01(4589-18) mayo de 2020, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; i. 2012-00916-01(0213-16) junio de 2020; j.
2013-00022-01(1931-14) septiembre de 2020 M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas ii) de la Subsección B: a.
2014-01048-01(2471-15) julio de 2020; b. 2013-01723-01(4598-18) marzo de 2020; c. 2013-01418-01(2814-
14) noviembre de 2020; d. 2013-00329-01(2790-14) noviembre de 2020; e. 2012-00033-01(0510-14) noviembre
de 2020; f. 2013-00097-01(3180-14) noviembre de 2020; g. 2011-00431-01(1611-14) noviembre de 2020; g.
2009-01059-01(4770-13) octubre de 2020; h. 2015-04984-01(3270-17) mayo de 2021; i. 2013-03776-01(4057-
15) junio de 2021; j. 2011-00470-01(1885-13) febrero de 2020; k. 2012-00082-01(0391-14) junio de 2017, M.P.
César Palomino Cortés; l. 2017-00025-01(4414-17) octubre de 2020; m. 2015-05021-01(3562-17) octubre de
2020; n. 2016-00356-01(2735-17) septiembre de 2020; ñ. 2015-05313-01(3736-17) septiembre de 2020; o.
2013-00937-01(4328-17) agosto de 2020; p. 2012-00561-01(4923-15) agosto de 2020; q. 2011-01408-01(4144-
17) agosto de 2020, r. 2016-00759-00(3482-16) abril de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; s. 2015-04999-
01(5735-18) septiembre de 2020; t. 2014-03056-01(0100-17) junio de 2020; u. 2013-90287-01(4214-15) octubre
de 2019; v. 2013-00346-01(4956-14) junio de 2019; w. 2011-01096-01(1176-14) mayo de 2019, M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
23
Corte Constitucional, Sentencia C-663-07 del 29 de agosto de 2009, referencia expediente D-6603.

12

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

especiales», dada la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma que
ordenó la Corte Constitucional en Sentencia C-663 de 2007,24 según la cual, tal
exigencia puede interpretarse como «semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

En consecuencia, se consideraba que para causar el derecho a la pensión bajo los
parámetros del referido régimen de transición, se tendría que haber cumplido con
los siguientes requisitos:

i) Para el 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003,
el servidor contara con al menos 500 semanas de cotización en cualquier actividad
que haya sido calificada legalmente como de alto riesgo, y;25

ii) En lo que atañe a las cotizaciones, debe cumplir con el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esto es, al
menos con 1000 semanas. Este aspecto debe entenderse como requisito necesario
para ser beneficiario de la transición.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la entrada
en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto
riesgo allí establecido. Empero, «con anterioridad a dicha fecha se aplicará el
régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos
de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual
deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el
Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de
1994».

24
«Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, por los cargos de la demanda,
en el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se podrán acreditar las
semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de
alto riesgo.»
25
Ver sentencia del 11 de junio de 2020, radicado 25000 23 25 000 2012 00916 01 (0213-16), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.

13

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

Por su parte, cabe recordar que el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01
de 2005, estableció lo siguiente:

Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
[…]
Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100
de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes. [Resalta la Sala].

Así las cosas, basta con acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se
hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003 –por ser fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003– para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.

Es preciso señalar que las pensiones que gozan de un régimen especial no se rigen
por las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo tanto, a la
pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los requisitos de
la Ley 32 de 1986 y 407 de 1994, no les es aplicable dicha normativa. Así lo dispone
el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 a saber:

Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servicio veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

Esta Sala de Subsección, en el marco normativo de la sentencia de 22 de octubre
de 2020, se refirió al régimen pensional de los empleados del INPEC, en los
siguientes términos:26

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
22 de octubre de 2020, radicado N.º 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).

14

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de custodia
y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo de servicio en
los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en relación con la
forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114
ibidem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se aplican las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184
del Decreto 407 de 1994.

De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen
general, concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció:

«ARTÍCULO 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».

Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión de
jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 201827 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994, es
decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios
(art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13),
subsidio de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no constituyen
factor salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art.
6), la prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes
instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).

De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se
estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que,
para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe
liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios
con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994. [Resalta la Sala]

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral del demandante

El 24 de mayo de 1969, nació el señor José Domingo Molina Molina, tal y como se
advierte en la copia de su registro civil de nacimiento.28

27
«Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados:
Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social.».
28
Folio 180 Bis, CD, documento denominado «00105385000000007161347000901A».

15

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

Entre el 1.º de enero de 1992 y el 30 de enero de 2014,29 el demandante laboró en
el INPEC30 en los empleos de dragoneante y distinguido.31 En el último año de
servicio devengó los siguientes factores: subsidios de alimentación y de unidad
familiar, auxilio de transporte, bonificación por recreación, primas de riesgo, de
vacaciones, de navidad, de servicios, de capacitación dragoneante y de
seguridad.32

2.3.2. Sobre el reconocimiento pensional

El 26 de noviembre de 2013, Colpensiones expidió la Resolución GNR 320878, por
la cual reconoció una pensión de jubilación al señor José Domingo Molina Molina,
a partir del 1.º de febrero de 2014 con fundamento en lo dispuesto en la Ley 32 de
1986.

Al respecto señaló que en virtud de lo establecido en la Sentencia del 26 de marzo
de 2009, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
Circular 01 de 2012, la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de
Prestaciones y Beneficios señalaron que las pensiones de los miembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que hayan ingresado
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de
2003), se liquidarán con el 75 % del promedio de los salarios devengados dentro
del último año de servicio, teniendo en cuenta todos los factores salariales
consagrados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.33

Sin embargo, advirtió que la liquidación se realizó «teniendo en cuenta el Ingreso
Base de Liquidación, toda vez que dentro del cuaderno administrativo no obra
certificado de salarios para el último año de servicio» y, como consecuencia de ello,
estableció el valor de la primera mesada en $ 1.144.184. Al respecto, de

29
Tal y como se dispuso en la Resolución 004389 del 18 de diciembre de 2013, en la que se aceptó la renuncia
al cargo de distinguido, código 4112, grado 12 del INPEC, a partir del 31 de enero de 2014. Folio 180 Bis, CD,
documento denominado «GEN-ANX-CI-2014_9305098-20141105151826»
30
Tal y como se advierte en el Formato No. 1, expedido el 24 de septiembre de 2018. Folio 180 Bis, CD,
documento denominado «GEN-CSA-F1-2017_5026361-20181017085753».
31
Folio 60.
32
De acuerdo con lo certificado por el Grupo de Tesorería General del INPEC. Folio 73.
33
Folio 180 Bis, CD, documento denominado «GRF-AAT-PJ-2017_5026361-20190515071120».

16

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

conformidad con el Formato 3 (B) se advierte que entre enero de 2013 y enero de
2014, el INPEC realizó aportes por concepto de asignación básica y bonificación por
servicios prestados.34

El 1.º de abril de 2016, Colpensiones emitió la Resolución GNR 92957, por medio de
la cual negó la solicitud de reliquidación de la prestación,35 toda vez que de acuerdo
con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-230 de 2015, el IBL
no fue un aspecto sometido al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y los
únicos factores salariales que se deben tener en cuenta al momento de determinarlo
serán los contemplados en el Decreto 1158 de 1994, siempre y cuando sobre los
mismos se hubieran efectuado los aportes al Sistema General de Pensiones.

El 29 de septiembre de 2016, mediante la Resolución GNR 290140, la demandada
resolvió el recurso de reposición que el actor presentó en contra de la decisión
anterior, en el sentido de confirmarla.36 Como fundamento de su decisión señaló
que de acuerdo con «lo establecido en la Sentencia SU- 230 de 2015, la expresión
“último año” fue declarada inexequible» y, por tanto, la prestación debía liquidarse
con los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, y que fueron
devengados por el señor Molina Molina durante los últimos 10 años de servicio.

Sin embargo, advirtió que mediante la Resolución GNR 320878 del 26 de noviembre
de 2013 se tuvo en cuenta el promedio de lo cotizado durante el último año de
servicio, por lo que encontró necesario remitirse a lo señalado en el concepto
expedido por la Gerencia Nacional de Doctrina de la Vicepresidencia Jurídica y
Secretaría General y, en consecuencia, dispuso «mantener la mesada sin que sea
viable efectuar una nueva liquidación».

El 17 de abril de 2017, a través de la Resolución DIR 3297, Colpensiones confirmó
la Resolución GNR 92957,37 con similares argumentos a los expuestos en aquella

34
Folio 180 Bis, CD, documento denominado «GEN-ANX-CI-2014_9305098-20141105151826».
35
Folio 180 Bis, CD, documento denominado «GRF-AAT-RP-2016_5815213-20160607065003».
36
Folio 180 Bis, CD, documento denominado «GEN-DOA-DA-2018_563944-20180118080735».
37
Folio 180 Bis, CD, documento denominado «GRF-AAT-RP-2016_6716387_2-20170417090247».

17

Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

oportunidad. Además advirtió que efectuó un nuevo estudio de la pensión especial
por actividades de alto riesgo, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1994, esto es, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en los
últimos 10 años de servicios, es decir, un total de 7.998 días laborados,
correspondientes a 1.142 semanas cotizadas, y que se obtuvo un valor mensual
para el año 2017 de $ 1.362.269, el cual resulta ser inferior al que percibía en ese
momento, toda vez que su mesada pensional era de $ 1.365.153, lo que le imponía
mantener las condiciones en que fue reconocida inicialmente.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a abordar el análisis puesto a consideración de la Sala, es necesario precisar
que en el sub lite no está en discusión el régimen pensional aplicable al actor, esto
es, la Ley 32 de 1986 en los términos en que fue reconocido a través de los actos
demandados, pues aquel no acudió a este medio de control para cuestionar la
adecuación de ese régimen a su situación fáctica, sino a reclamar la reliquidación
de la prestación.

Pues bien, tal y como se delimitó al establecer el problema jurídico, el estudio que
a continuación se abordará, en los términos alegados en el recurso de apelación
presentado por el señor Molina Molina, gira en torno a posibilidad de reliquidar la
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio.

Sobre el particular, tal y como se expuso en líneas anteriores, de acuerdo con el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los empleados del INPEC, gozan de un régimen
pensional especial por actividades de alto riesgo, que en el sub lite corresponde al
previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407 de 1994.

En ese sentido, en lo que tiene que ver con el IBL de la pensión de jubilación del
actor, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32 de
1986, reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, en los aspectos no
previstos allí, debe acudirse a lo regulado en las normas vigentes para los

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Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

empleados públicos nacionales.38 De esta manera, el artículo 4 de la Ley 4.ª de
1966 señala que «las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho
los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y
pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio
mensual obtenido en el último año de servicios».

Así, al no estar en discusión que el demandante es beneficiario del régimen especial
contenido en la Ley 32 de 1986 y en el Decreto 407 de 1994, su pensión de
jubilación debía liquidarse tomando una tasa de reemplazo del 75 % del promedio
mensual obtenido en el último año de servicio, esto es, desde el 30 de enero de
2013 hasta el 30 de enero de 2014.

En efecto, a través de la Resolución GNR 320878 del 26 de noviembre de 2013,
Colpensiones consideró que la prestación del actor debía calcularse con el
promedio de todos los factores devengados en el último año de servicio; sin
embargo, advirtió que la liquidación se realizó «teniendo en cuenta el Ingreso Base
de Liquidación, toda vez que dentro del cuaderno administrativo no obra certificado
de salarios para el último año de servicio», esto es, tuvo en cuenta los conceptos
de asignación básica y bonificación por servicios prestados. Además, a través de
los siguientes actos administrativos, denegó las solicitudes de reliquidación con
fundamento en que el IBL no forma parte de la transición prevista en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

En esta línea argumentativa, la Sala advierte que la liquidación efectuada por la
entidad demandada desconoce el régimen que le fue aplicado al señor Molina
Molina, porque si bien tuvo en cuenta el período para la determinación de la
prestación previsto en la Ley 4.ª de 1966, no incluyó todos los factores salariales
previstos en el Decreto 446 de 1994, esto es, las primas de navidad (artículo 2), de
vacaciones (artículo 3), de servicios (artículo 4), los subsidios de transporte (artículo

38
Este criterio fue expuesto por esta Subsección en el recuento normativo realizado en la sentencia de 22 de
octubre de 2020, radicado 88001 23 33 000 2014 00006 01(4678-14).

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Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

13), de alimentación (artículo 14), el sobresueldo (artículo 17) y la bonificación por
servicios prestados (artículo 18).39

Por el contrario, no constituyen factor salarial los siguientes: las primas de
capacitación (artículo 6), de seguridad (artículo 10), y de riesgo (artículo 11) y el
subsidio familiar (artículo 15).40

Conviene destacar que si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha dado
aplicación a los factores salariales enlistados en el Decreto 1045 de 1978, también
lo es que a partir de la vigencia del Decreto 446 de 1994, se fijó el régimen
prestacional de los servidores públicos del INPEC y por ello esta Subsección ha
acudido a esa normativa, a efectos de calcular el IBL, tal como se advierte en las
sentencias del 27 de septiembre de 201841 y del 22 de octubre de 2020.42

Ahora bien, debe resaltarse que de conformidad con el Decreto 446 de 1994 tanto
la bonificación por servicios prestados, como las primas de vacaciones, de servicio
y de navidad, son de causación anual y, por ende, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación su inclusión para el cómputo de la pensión se
da en una doceava (1/12) parte y no en un 100 % de lo devengado por tales
conceptos.

Finalmente se advierte que el demandante se retiró del servicio el 30 de enero de
2014, presentó la solicitud de reliquidación el 5 de noviembre de 201443 y radicó el
libelo el 26 de noviembre de 2018.44 En consecuencia, operó el fenómeno
prescriptivo de las mesadas causadas con anterioridad al 26 de noviembre de 2015,
comoquiera que transcurrieron más de 3 años entre la primera reclamación
administrativa y la presentación de la demanda.

39
Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, marco
normativo de la sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado N.º 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).
40
Ibidem.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
27 de septiembre de 2018, radicado 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014).
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
22 de octubre de 2020, radicado N.º 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).
43
Así se indicó en la Resolución GNR 92957 del 1.º de abril de 2016 y se advierte en el documento visto a folio
180 Bis, CD, documento denominado «GRF-REP-AF-2014_9305098-20141105151826».
44
Folio 1.

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Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se accederá a la reliquidación solicitada,
con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 446 de 1994 en los términos
expuestos en esta decisión.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,45 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 4.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,46 la Sala condenará en costas de
ambas instancias a Colpensiones en atención a que con esta decisión se revoca
totalmente la sentencia recurrida.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que el demandante tiene derecho a la reliquidación de la
pensión de jubilación con el 75 % del promedio del último año de servicio y en ella
deben incluirse los factores previstos en el Decreto 446 de 1994.

En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará
la nulidad de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho se
ordenará a Colpensiones que reliquide la prestación en los términos expuestos en
esta decisión, desde el 31 de enero de 2014, por ser la fecha a partir de la cual se
retiró del servicio,47 con los reajustes legales correspondientes. Sin embargo, se
declararán prescritas las mesadas anteriores al 26 de noviembre de 2015.

Las sumas que resulten a favor del demandante deberán actualizarse por razones de
equidad, tal como lo ha sostenido esta Corporación, en los términos del artículo 187
del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que
es lo dejado de percibir por la parte demandante desde la fecha en que adquirió el

46
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia
revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias».
47
Tal y como se dispuso en la Resolución 004389 del 18 de diciembre de 2013, en la que se aceptó la renuncia
al cargo de distinguido, código 4112, grado 12 del INPEC, a partir del 31 de enero de 2014. Folio 180 Bis, CD,
documento denominado «GEN-ANX-CI-2014_9305098-20141105151826»

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Radicado: 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
Demandante: José Domingo Molina Molina

derecho, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el número que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en
que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de este proveído.

La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en el término de treinta
(30) días contados desde la fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no
hacerse así, las sumas reconocidas en favor del demandante, devengarán intereses
moratorios, los que serán reconocidos en la forma señalada en el inciso 3.º del artículo
192 en mención y el numeral 4.º del artículo 195 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de julio de 2021, por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor José Domingo Molina Molina, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y, en su lugar, se
dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) GNR 320878 del 26
de noviembre de 2013, en tanto reconoció la pensión de jubilación del señor José
Domingo Molina Molina sin la inclusión de los factores salariales previstos en el
Decreto 446 de 1996; ii) GNR 92957 del 1.º de abril de 2016; iii) GNR 290140 del 29 de
septiembre de 2016; y iv) DIR 3297 del 17 de abril de 2017, toda vez que denegaron
la solicitud de reliquidación de la prestación.

Tercero. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a
título de restablecimiento del derecho, a reliquidar la pensión de jubilación del señor
José Domingo Molina Molina, a partir del 31 de enero de 2014, teniendo en cuenta el
75 % del promedio de lo cotizado en el año anterior al retiro definitivo del servicio, con
la inclusión de los factores previstos en el Decreto 446 de 1994.

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Demandante: José Domingo Molina Molina

Cuarto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a
título de restablecimiento del derecho, a pagar al señor José Domingo Molina Molina
el retroactivo que surja como consecuencia de la reliquidación dispuesta en el ordinal
anterior, en forma indexada, desde el 26 de noviembre de 2015, por prescripción
trienal.

Quinto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a
ajustar las sumas a reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte considerativa
de esta sentencia.

Sexto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a dar
cumplimiento a la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 192 de
la Ley 1437 de 2011.

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo. Condenar en costas de ambas instancias a la demandada, las cuales se
deberán liquidar por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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