Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00608-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00608-00 (6785-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Harrison Fernández Gómez
Tema: Causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reliquidación pensión régimen especial INPEC
Sentencia única instancia
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Colpensiones contra la
sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Santander23, por medio de la cual se revocó la decisión del 12 de septiembre de
2022 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de San Gil
que negó las pretensiones de la demanda presentada por Harrison Fernández
Gómez contra esa entidad de previsión social y, en su lugar, se accedió
parcialmente a ellas.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
Colpensiones solicitó que se declarara fundada la acción de revisión interpuesta
contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Santander, a través de la cual se revocó la decisión del 12 de septiembre de
2022 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de San Gil en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68679-
33-33-002-2020-00013-00(01), que denegó las pretensiones de la demanda
1 En adelante Colpensiones.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 68679-33-33-002-2020-00013-00(01);
demandante: Harrison Fernández Gómez, demandado: Colpensiones.
3 Se deja constancia que la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, si bien, en anteriores
oportunidades manifestó impedimento para conocer de asuntos en los que la Sala de Decisión de
primera instancia fue integrada por la doctora María Eugenia Carreño Gómez, este fue declarado
infundado por esta Subsección del Consejo de Estado en providencias como la proferida el 27 de
junio de 2025 (expediente 68001-23-33-000-2016-00684-01, radicado interno 3922-2024), al estimar
que no se configura la causal prevista en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del
Proceso.
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Demandante: Colpensiones
presentada Harrison Fernández Gómez contra Colpensiones, encaminadas al
reconocimiento de la reliquidación de una pensión vejez con la inclusión de todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicio, y en su lugar
accedió de forma parcial a ellas4.
2. Como consecuencia de lo anterior, pidió la revocatoria de la aludida sentencia y,
en su lugar, la declaratoria de que a Harrison Fernández Gómez no le asistía el
derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con la inclusión de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, toda vez que la
mesada reconocida excedía lo debido de conformidad con el régimen legal
aplicable, en particular, lo previsto en los artículos 36, inciso 3, y 21 de la Ley 100
de 1993. Asimismo, que se absolviera a la entidad de previsión social de cualquier
condena y que, de resultar procedente, se ordenara a aquel reintegrar los valores
que hubieren sido pagados en cumplimiento de la sentencia cuya revisión se
pretendía.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:
3.1. Mediante la Resolución GNR 73290 del 8 de marzo de 2016, Colpensiones negó
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a Harrison Fernández Gómez.
3.2. Por medio de la Resolución GNR 205556 del 13 de julio de 2016, la entidad de
previsión social revocó el anterior acto administrativo y, en su lugar, le reconoció la
pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, con fundamento en la Ley 32
de 1986. Para el efecto, estableció un ingreso base de liquidación 6 de $1.810.087,
aplicó una tasa de reemplazo del 75% y fijó una mesada pensional de $1.357.565
para el año 2016.
3.3. A través de la Resolución 000610 del 9 de marzo de 2017, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario7 aceptó la renuncia presentada por aquel.
3.4. Mediante la Resolución SUB 32749 del 10 de abril de 2017, Colpensiones
reliquidó e ingresó en nómina la pensión especial de vejez por actividad de alto
riesgo reconocida. En dicho acto, estableció un IBL de $1.980.379, aplicó una tasa
de reemplazo del 75% y fijó una mesada pensional de $1.485.284, efectiva a partir
del 31 de marzo de 2017.
3.5. Harrison Fernández Gómez pidió la reliquidación de la pensión especial de vejez
por actividad de alto riesgo, con el 75% del promedio de los haberes económicos
percibidos durante el último año de servicio, solicitud que fue negada por medio de
la Resolución SUB 196628 del 25 de julio de 2019. Decisión confirmada a través de
la Resolución DPE 10221 del 24 de septiembre de 2019.
4 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«3_DemandaWeb_Demanda_91075311FERNANDEZGOM(.pdf) NroActua 3», archivo
«3_110010325000202400608003DemandaWeb2024129154216».
5 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según los elementos probatorios allegados.
6 En lo que sigue IBL.
7 En adelante INPEC.
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Demandante: Colpensiones
3.6. Harrison Fernández Gómez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, con el fin de obtener la nulidad parcial de las
resoluciones GNR 205556 del 13 de julio de 2016 y SUB 32749 del 10 de abril de
2017, así como la nulidad total de las resoluciones SUB 196628 del 25 de julio de
2019 y DPE 10221 del 24 de septiembre de 2019. A título de restablecimiento del
derecho, pretendió la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio mensual
devengado durante el último año de servicio, con inclusión de los factores salariales
percibidos.
3.7. El proceso correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
San Gil, bajo el radicado 68679-33-33-002-2020-00013-00. Mediante sentencia del
12 de septiembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas. Decisión contra la cual el demandante interpuso recurso de
apelación.
3.8. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 18 de marzo de 2024
revocó la decisión de primera instancia.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. En sentencia del 18 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión proferida el 12 de septiembre de 2022 por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de San Gil, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar la nulidad parcial de las
resoluciones GNR 205556 del 13 de julio de 2016 y SUB 32749 del 10 de abril de
2017 y, total, de las resoluciones SUB 196628 del 25 de julio de 2019 y DPE 10221
del 24 de septiembre de 20198.
5. Asimismo, condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez del
demandante, a partir del retiro del servicio, con el 75% del promedio mensual
devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de los factores
salariales cotizados, en particular, sueldo, sobresueldo, bonificación por servicios,
auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de navidad
y prima de vacaciones. Se abstuvo de condenar en costas.
6. Para tal efecto, concluyó lo siguiente:
6.1. Los ex miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC vinculados
antes del 28 de julio de 2003 estaban cobijados por un régimen especial en materia
pensional, de conformidad con el parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y el artículo 1 del Decreto 1950 de 2005, normas que
remitían al régimen previsto en la Ley 32 de 1986.
6.2. El régimen especial les permitía acceder a la pensión de jubilación al cumplir 20
años de servicio, continuos o discontinuos, sin consideración a la edad, y liquidar
la prestación con el 75% del promedio mensual devengado durante el último año
8 Samai, índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folios 30 a 41.
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Demandante: Colpensiones
de servicios, con inclusión de los factores salariales sobre los cuales se hubieren
efectuado cotizaciones.
6.3. Si bien el Decreto 2090 de 2003 había regulado las pensiones por actividades
de alto riesgo y previsto un régimen de transición condicionado al cumplimiento de
determinados requisitos, el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005
establecieron una regla especial para los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003, consistente en la
aplicación del régimen anterior, esto es, el de la Ley 32 de 1986.
6.4. Tuvo en cuenta como precedente aplicable las sentencias del Consejo de
Estado del 2 de febrero de 20239 y del 4 de mayo de 202310, en las cuales se indicó
que a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC vinculados
antes del 28 de julio de 2003 les resultaba aplicable integralmente el régimen de la
Ley 32 de 1986. También, el fallo T-012 de 2022 de la Corte Constitucional, en el
que se consideró que desconocer la remisión efectuada por el Decreto 1950 de
2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005 podía configurar un defecto sustantivo.
6.5. Respecto de la forma de liquidación, ante la ausencia de una regla específica
en la Ley 32 de 1986 sobre el IBL, debía acudirse a la remisión prevista en su
artículo 114 y, por esa vía, a la Ley 4ª de 1966 y al Decreto 446 de 1994. Así, la
pensión debía liquidarse con el 75% del promedio mensual devengado durante el
último año de servicio, con inclusión de los factores salariales previstos en el
Decreto 446 de 1994, siempre que respecto de ellos se hubieren efectuado
cotizaciones al sistema pensional.
6.6. En el caso concreto, estaba probado que Harrison Fernández Gómez se vinculó
al INPEC el 28 de julio de 1994, en calidad de dragoneante, grado 11, y que se
retiró del servicio a partir del 31 de marzo de 2017. En consecuencia, su situación
pensional estaba cobijada por el régimen especial de la Ley 32 de 1986, en tanto
se trataba de un miembro vinculado antes del 28 de julio de 2003.
6.7. Asimismo, que Colpensiones le había reconocido la pensión especial de vejez
mediante la Resolución GNR 205556 del 13 de julio de 2016 y que, luego, por medio
de la Resolución SUB 32749 del 10 de abril de 2017, la reliquidó con base en el
promedio de los últimos 10 años de cotización y únicamente con la asignación
básica como factor salarial.
6.8. A partir de la certificación electrónica de tiempos laborados expedida por el
INPEC, se observaba que, durante el último año de servicio, comprendido entre el
31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2017, se habían efectuado cotizaciones
sobre los siguientes factores: asignación básica, sueldo de vacaciones, bonificación
por servicios, sobresueldo, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de
transporte, auxilio de alimentación y prima de vacaciones.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado
23001-23-33-000-2016-00445-01 (3423-2018).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A sentencia del 4 de mayo de 2023, radicado
25000-23-42-000-2013- 06685-01 (1736-2017).
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6.9. Si bien durante dicho periodo también percibió sueldo de vacaciones, lo cierto
es que no se constituía como factor salarial, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado11.
6.10. Así las cosas, Harrison Fernández Gómez tenía derecho a la reliquidación de
su pensión especial de vejez con el 75% del promedio mensual devengado durante
el último año de servicio, con inclusión de los factores salariales establecidos en el
Decreto 446 de 1994 sobre los cuales se hubieran efectuado aportes, esto es,
sueldo, sobresueldo, bonificación por servicios, auxilio de transporte, subsidio de
alimentación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones.
6.11. Enconsecuencia, se debía revocar la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, acceder de manera parcial a ellas.
1.2. La causal de revisión invocada
7. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos12:
7.1. La causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se
configuró porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en
la jurisprudencia «quien en reiteradas oportunidades a establecido el alcance o
interpretación que debe darse al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para quienes
ostentan la calidad de beneficiarios del mismo disponiendo para efectos de la determinación
del Ingreso Base de Liquidación una regla acorde con principios constitucionales y legales
vigentes que atienden entre otras cosas a la sostenibilidad financiera del sistema
pensional» (sic).
7.2. Asimismo, no era posible entender el IBL como un aspecto de transición, sino
propio de la Ley 100 de 1993, de manera que al promediar la base de liquidación
debía tenerse en cuenta ese régimen, pues lo que estaba sujeto a la transición eran
aspectos como la edad, el monto y las semanas de cotización, lo cual se explicaba
en el inciso 3 de la norma citada en el párrafo anterior, en el sentido de que aclaraba
y adicionaba el concepto del IBL, como un factor diferente del monto pensional que
trataba el inciso 2, pues este hacía parte de la tasa de remplazo que continuaba
rigiendo y que debía tomarse del régimen anterior.
7.3. El tribunal revocó la decisión de instancia y accedió a las pretensiones de la
demanda con total desconocimiento de las disposiciones de la normativa aplicable
y las fijadas en los numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional,
respecto del IBL, que indicaban que «con independencia del régimen que se aplique,
las pensiones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición» (sic) lo
correcto es aplicar el promedio de los últimos 10 años de servicio con los factores
salariales sobre los cuales se realizaron aportes «y no con el promedio de todos los
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2020, radicado
11001-03-25-000-2014-00628-00.
12 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«3_DemandaWeb_Demanda_91075311FERNANDEZGOM(.pdf) NroActua 3», archivo
«3_110010325000202400608003DemandaWeb2024129154216».
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factores salariales percibidos en el último año de servicio, porque como lo determinó la
Corte Constitucional, este aspecto no hace parte de las reglas de la transición» (sic).
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
8. Harrison Fernández Gómez se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en las siguientes consideraciones13:
8.1. La sentencia objeto de revisión se ajustó al régimen pensional especial aplicable
a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, por tratarse de
servidores vinculados a una actividad de alto riesgo, con regulación propia en
materia de reconocimiento y reliquidación pensional.
8.2. No resultaban aplicables los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 ni el 6 del Decreto
2090 de 2003, pues el régimen de transición correspondiente a aquellos empleados
vinculados antes del 28 de julio de 2003 era el previsto en el Decreto 1950 de 2005
y en el parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
8.3. Dichas disposiciones remitían al régimen contenido en la Ley 32 de 1986, en
virtud del cual los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC tenían
derecho a la pensión al cumplir 20 años de servicios, continuos o discontinuos, sin
consideración a la edad.
8.4. Para efectos de la liquidación de la prestación, debían tenerse en cuenta la Ley
4 de 1966 y los decretos 407 de 1994, 446 de 1994, 1045 de 1978 y las normas
aplicables a los empleados públicos nacionales, por remisión del artículo 114 de la
Ley 32 de 1986 y del artículo 184 del Decreto 407 de 1994.
8.5. Los factores devengados durante el último año de servicio tenían naturaleza
salarial y debían incluirse en la liquidación pensional, en aplicación de los principios
de favorabilidad, irrenunciabilidad, progresividad e inescindibilidad en materia
laboral.
8.6. No eran aplicables al caso las reglas fijadas en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, ni las sentencias SU-230 de 2015 y
C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, por referirse a supuestos distintos del
régimen pensional específico de los servidores del INPEC.
8.7. De conformidad con las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, del 22 de octubre de 2020, radicado 88001-23-33-000-2014-00006-
01 (4678-14); del 19 de enero de 2023, radicado 20001-23-33-000-2018-00321-01
(3752-2021); del 18 de mayo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2019-00128-01
(1958-2021); del 22 de junio de 2023, radicado 52001-23-33-000-2015-00732-01
(3466-2021); y del 30 de octubre de 2024, radicado 08001-23-33-000-2021-00064-
01 (7181-2023), bastaba acreditar la vinculación al instituto antes del 28 de julio de
2003 para aplicar el régimen de la Ley 32 de 1986.
13 Samai, índice 15, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«16_MemorialWeb_Otro-ContestacionDemandaR(.pdf) NroActua 15», archivo
«16_110010325000202400608002MemorialWeb202542820058».
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8.8. También, en la sentencia T-012 de 2022 de la Corte Constitucional, se dio
prevalencia al Decreto 1950 de 2005 y al parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005, con fundamento en los criterios jerárquico, temporal y
de especialidad, así como en el principio de favorabilidad laboral.
8.9. Laprovidencia cuestionada no había reconocido sumas superiores a las
legalmente debidas, sino que aplicó el régimen pensional especial del INPEC y
ordenó la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio mensual devengado
durante el último año de servicio, con inclusión de los factores salariales previstos
en el Decreto 446 de 1994.
1.4. Concepto del Ministerio Público
9. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA14.
11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201915, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda de la
corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
12. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
13. En el subjudice la sentencia objeto de revisión fue notificada a las partes el 22 de
marzo de 2024 y quedó ejecutoria el 3 de abril siguiente16. Así las cosas, comoquiera
que la acción de revisión se presentó el 9 de diciembre de 202417, esto es dentro de
los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, se impone concluir
que se ejerció oportunamente.
14 Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. (se resalta).
15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
16 Así se dispuso en la constancia secretarial del 28 de noviembre de 2024. Samai, índice 3,
actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«7_DemandaWeb_Anexos_91075311_ANEXOS(.pdf) NroActua 3», archivo
«7_110010325000202400608005DemandaWeb2024129154216», folio 92.
17 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «6ED_Actaderepartopng(.png)
NroActua 4», archivo «6_EXPEDIENTEDIGI_Actaderepartopng_0_20241209104613675».
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Demandante: Colpensiones
2.3. El problema jurídico
14. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que accedió a las súplicas de la demanda presentada
por Harrison Fernández Gómez permitió el reconocimiento de una prestación en
una cuantía que excedía los parámetros establecidos en la ley, y por tanto, se
configuraron los supuestos de la causal enlistada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2018 de la Ley 797 de 200319 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando (i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o (ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la causal del literal b) «[c]uando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables (…)» se configura cuando la sentencia objeto de
controversia reúne los siguientes supuestos:
(i) decretó el derecho a devengar sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con determinado monto.
(ii) que los recursos para el pago del derecho conferido están a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública; y
(iii) que el monto de la prestación periódica no corresponda a lo legalmente
establecido porque excede la cuantía determinada por las normas aplicables
18 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
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17. La finalidad de esta causal es permitir que las entidades públicas legitimadas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una sentencia judicial
ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla porque
reconoció prestaciones periódicas cuyo monto o cuantía excede lo legalmente
previsto. En ese orden, en lo que respecta al sistema pensional pretende restablecer
el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.
18. Además de lo anterior, la jurisprudencia, incluida la de esta Sala de Decisión 25, ha
establecido que cuando se alega la materialización de la causal b) aludida no basta
acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido excedió el que
legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe que el incremento
fue consecuencia de una evidente vulneración del ordenamiento jurídico, con una
interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o fraude a la ley o que
no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado. Esto descarta los casos
en que se produjo como resultado de una interpretación jurisprudencial válida sobre
determinada norma26.
19. Así mismo, la causal se creó con el objetivo específico de discutir la cuantía o el
monto de la prestación social y no para que las entidades de previsión social reabran
el debate sobre el cumplimiento de los requisitos del derecho pensional. Al respecto,
esta corporación ha indicado con precisión que el examen de la causal aludida debe
«[…] partir del supuesto de que el beneficiario de la prestación (o de la pensión otorgada)
reúne los requisitos exigidos para ser acreedor del derecho; empero, se debe verificar si
existe o no un exceso en la cuantía reconocida mediante sentencia judicial. En otras
palabras, bajo esta causal no es posible controvertir la aptitud legal del accionado para
adquirir la pensión […]»27. Igual criterio lo ha mantenido las Salas Especiales de
Decisión como la siguiente:
«[…] En ese orden, “la revisión se encamina a verificar si existe o no un exceso en la
cuantía decretada mediante sentencia judicial”. Esto, teniendo en cuenta que se parte
del presupuesto de que el beneficiario acredita los requisitos previstos en la ley para ser
acreedor de la pensión.
De ahí que el examen de la referencia no es una instancia para examinar la procedencia
de la prestación económica; los derechos que le asisten a la beneficiaria o las
discusiones propias de la instancia ordinaria. A contrario sensu, la causal fue prevista
como una herramienta para que las autoridades soliciten la corrección de una
sentencia judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando ha reconocido una
cuantía que supera los márgenes dispuestos por el ordenamiento jurídico […]»28.
20. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes29:
«[…] i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
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del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia. Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta
clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad
jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que
debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley. […]».
21. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»30. Ciertamente, el objeto de la norma analizada
«consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar
un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en
últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»31.
2.4.2. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
INPEC
22. La Ley 32 de 198620 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96, estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:
Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir
veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional
sin tener en cuenta su edad.
23. Luego, fue expedida Ley 65 de 199321, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de seguridad
del INPEC, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas disposiciones
no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese momento ya
prestaban sus servicios al instituto.
20 Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia.
21 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.
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24. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199422, norma que en su artículo 168 dispuso:
Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus
servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar
de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de
1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos
efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.
Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una
pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas
en la Ley 100 de 1993.
25. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria del INPEC que, para el 21 de febrero de 1994, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de vejez en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
26. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo
que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:
Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con
la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos
que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de
jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas
que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.
27. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del INPEC como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que será el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.
28. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «(e)l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y
los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».
22 Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
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29. Al respecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»23.
30. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 224, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200325, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el INPEC de
la siguiente manera:
Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
[…]
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de
aquellos administrados por la fuerza pública.
31. En los artículos 3 y 4 ibidem se establecieron las condiciones y requisitos para
ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:
Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con
prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión
especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez.
La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado
20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), MP Gabriel Valbuena Hernández.
24 Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral
10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para:
[…]
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema. […].
25 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.
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años.
32. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:
Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial,
tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la
Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo
36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1826 de la Ley 797 de 2003.
33. Sobre esta norma, corresponde realizar las siguientes precisiones:
(i) El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de agosto
de 200727, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de cotización
especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad
que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
(ii) El Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los servidores
públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que quienes al 28 de
julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas, tendrían derecho a que
una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas exigidas en la Ley 797 de
200328, la pensión de vejez les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
Al respecto, si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición de
un régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser beneficiario
del régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha señalado que
la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la aplicación
preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el particular esta
Subsección señaló:
«[…] En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial,
exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues
el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas […].
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se
refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba
próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
26 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
27 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015.
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La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.
Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que
la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente
las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de
minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios
legislativos a través de un régimen de transición. […]»29.
(iii) En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido por
la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la interpretación que
ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la norma, este requisito
equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición
necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no como un requisito
para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado30:
«[…] La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de
transición especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son
beneficiarios del régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200331, hubieren cotizado cuando menos 500
semanas en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo; ii) estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por
la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas,
como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de
1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser
beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho
pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización,
tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que
para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º. […]».
(resalta la Sala)
34. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al
servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:
«[…] en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea
amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado
20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
31 Publicación en el Diario Oficial 45.262
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de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma
situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte
más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de
disposiciones pensionales. […]». (resalta la Sala)
35. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha fecha
se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el
Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».
36. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005
estableció lo siguiente:
Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
[…]
Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto
para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las
cotizaciones correspondientes. […].
37. De acuerdo con lo anterior, basta con acreditar que la vinculación del servidor
del INPEC se hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003, por ser fecha de
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las
prerrogativas señaladas en la Ley 32 de 1986.
38. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012 de
2022, sostuvo lo siguiente:
«[…] 7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios
de supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los
funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 2003. […]32».
39. En ese orden de ideas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003, tienen
derecho a que la pensión de vejez les sea reconocida en los términos establecidos
en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
32 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11
se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación (…)” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial No. 45.262 del 28 de julio de 2003».
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40. En consecuencia, se colige que: (i) la Ley 32 de 1986 corresponde al régimen
pensional especial respecto del régimen general previsto en la Ley 33 de 1985 para
los servidores oficiales; (ii) la especialidad de ese régimen obedeció a los riesgos
inherentes a la función de custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y
penitenciarias nacionales, de manera que el requisito para su causación se
circunscribió a 20 años de servicios, continuos o discontinuos, en ejercicio de esa
función; y (iii) el régimen de personal, salarial, prestacional y pensional del INPEC,
adoptado por el Decreto Ley 407 de 1994, conservó la pensión especial en comento,
expresamente para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia por remisión
expresa de los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994.
2.5. Caso concreto
41. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
42. Colpensiones invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, al considerar que la sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Santander reconoció una suma periódica a cargo del
tesoro público que excedía lo debido conforme con la ley. En criterio de la entidad,
la reliquidación pensional debía efectuarse con aplicación del IBL previsto en la Ley
100 de 1993 y no con el promedio de lo devengado durante el último año de servicio.
43. No obstante, se advierte que el Tribunal Administrativo de Santander no sustentó
su decisión en el régimen de transición del artículo 36 de dicha ley, sino en el
régimen pensional especial aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del INPEC vinculados con anterioridad al 28 de julio de 2003. Para ello,
acudió al parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y al
artículo 1 del Decreto 1950 de 2005, normas que remitían al régimen establecido en
la Ley 32 de 1986.
44. En este sentido la providencia objeto de revisión partió de que Harrison
Fernández Gómez se había vinculado al INPEC el 28 de julio de 1994, en calidad
de dragoneante, grado 11, y que se retiró del servicio el 31 de marzo de 2017. A
partir de estos supuestos, la situación pensional de aquel se encontraba cobijada
por la Ley 32 de 1986, por tratarse de un integrante del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003.
45. Así entonces, la discusión planteada por Colpensiones partió de una premisa
distinta de la que sirvió de fundamento a la sentencia cuestionada. La entidad
recurrente sostuvo que el IBL no hacía parte del régimen de transición y que, por
tanto, debía liquidarse con las reglas de la Ley 100 de 1993; sin embargo, el tribunal
no aplicó el régimen de transición general de esa ley, sino el régimen especial del
INPEC previsto en la Ley 32 de 1986, por remisión expresa del Acto Legislativo 01
de 2005 y del Decreto 1950 de 2005.
46. En cuanto a la forma de liquidación, el Tribunal Administrativo de Santander
advirtió que la Ley 32 de 1986 no reguló de manera expresa el IBL de la pensión
especial. Por ello, acudió a la remisión normativa prevista en el artículo 114 de esa
ley y, con fundamento en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 446 de 1994, estableció
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que la prestación debía liquidarse con el 75% del promedio mensual devengado
durante el último año de servicio, con inclusión de los factores salariales sobre los
cuales se hubieren efectuado cotizaciones.
47. Para arribar a esa conclusión, el tribunal tuvo en cuenta la línea jurisprudencial
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en particular las sentencias del 2 de
febrero de 202333 y del 4 de mayo de 202334, en las cuales se sostuvo que a los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC vinculados antes del 28
de julio de 2003 les resultaba aplicable integralmente el régimen previsto en la Ley
32 de 1986. También acudió a la sentencia T-012 de 2022 de la Corte
Constitucional, en la que se dio prevalencia al Decreto 1950 de 2005 y al parágrafo
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 frente al Decreto 2090 de 2003 y al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
48. De esta manera, la decisión cuestionada no fue caprichosa y, por el contrario,
respetó la normativa aplicable para el asunto particular, que a su vez concuerda con
la línea jurisprudencial de la época sobre el régimen especial de los servidores del
INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003.
49. Además, el Tribunal Administrativo de Santander no ordenó la inclusión
indiscriminada de todos los emolumentos devengados durante el último año de
servicio, sino únicamente de aquellos factores previstos en el Decreto 446 de 1994
respecto de los cuales se hubieran efectuado cotizaciones al sistema pensional. En
particular, el sueldo, el sobresueldo, la bonificación por servicios, el auxilio de
transporte, el subsidio de alimentación y las primas de servicios, de navidad y de
vacaciones.
50. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obra lo
siguiente:
50.1. Harrison Fernández Gómez nació el 17 de noviembre de 197635 e ingresó a
prestar servicios en el INPEC como dragoneante el 28 de julio de 199436.
50.2. Mediante la Resolución GNR 205556 del 13 de julio de 201637, Colpensiones
le reconoció la pensión especial de vejez por alto riesgo de conformidad con lo
previsto en la Ley 32 de 1986. Para el efecto, estableció un IBL de $1.810.087,
aplicó una tasa de reemplazo del 75% y fijó una mesada pensional de $1.357.565
para el año 2016, condicionada a la acreditación del retiro definitivo del servicio para
su disfrute.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado
23001-23-33-000-2016-00445-01 (3423-2018).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A sentencia del 4 de mayo de 2023, radicado
25000-23-42-000-2013- 06685-01 (1736-2017).
35 Según cédula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA
VIRTUAL», documento «9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folio 208.
36 Conforme con el certificado laboral del 6 de marzo de 2019. Samai, índice 2, actuación
«DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folio 160.
37 Samai, índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folios 141 a 148.
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50.3. Su vinculación en el INPEC fue hasta el 31 de marzo de 2017, momento para
el cual ejercía el cargo de dragoneante38. Durante el último año de servicio,
comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, devengó los
siguientes factores: el sueldo, el sobresueldo, la bonificación por servicios, el auxilio
de transporte, el subsidio de alimentación, sueldo de vacaciones y las primas de
servicios, de navidad y de vacaciones39.
50.4. Por medio de la Resolución SUB 32749 del 10 de abril de 2017 40,
Colpensiones le reliquidó la pensión de vejez otorgada y ordenó su ingreso en
nómina. Este acto administrativo estableció un IBL de $1.980.379, aplicó una tasa
de reemplazo del 75% y fijó una mesada de $1.485.284, efectiva a partir del 31 de
marzo de 2017.
50.5. Mediante la Resolución SUB 196628 del 25 de julio de 201941, Colpensiones
le negó la reliquidación de la pensión de vejez con el 75% del promedio de los
haberes percibidos durante el último año de servicio. Decisión confirmada a través
de la Resolución DPE 10221 del 24 de septiembre de 201942.
51. Así, de acuerdo con lo ordenado en la sentencia recurrida, se observa que la
liquidación de la pensión de Harrison Fernández Gómez no excedió lo debido de
acuerdo con la ley, pues se demostró que (i) era beneficiario del régimen previsto
en la Ley 32 de 1986, toda vez que prestó sus servicios en el INPEC entre el 28 de
julio de 1994 y el 31 de marzo de 2017, esto es, ingresó antes de la entrada en vigor
del Decreto 2090 de 2003; (ii) acreditó más de 20 años de servicios; y (iii) durante
el último año de labores percibió los factores respecto de los cuales se ordenó la
reliquidación de la pensión, en los términos del Decreto 446 de 1994 y con sujeción
a los aportes efectuados al sistema.
52. Ahora bien, de conformidad con la regla de carga probatoria prevista en el
artículo 167 del Código General del Proceso43, aplicable por remisión del artículo
211 del CPACA, correspondía a Colpensiones acreditar los supuestos de hecho de
la causal de revisión invocada. Sin embargo, la entidad no allegó el acto
administrativo que eventualmente se hubiere expedido en cumplimiento de la
sentencia objeto de revisión, ni aportó una liquidación comparativa que permitiera
establecer el monto concreto de la diferencia reconocida o el supuesto exceso frente
a la mesada previamente otorgada.
38 De conformidad con el certificado laboral del 6 de marzo de 2019. Samai, índice 2, actuación
«DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folio 160.
39 Según certificación laboral del 4 de abril de 2022. Samai, índice 25, actuación «RECIBE
MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
«30RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250917zip(.zip) NroActua 25», carpeta
«30_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250917zip_0_20250917082730907», subcarpeta «RAD.
2020-00013-00 NYR», archivo «25Documentos.pdf».
40 Samai, índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folios 539 a 543.
41 Samai, índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folios 544 a 550.
42 Samai, índice 2, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«9_DemandaWeb_Otros_EXPEDIENTEADM_(.pdf) NroActua 3», archivo
«9_110010325000202400608006DemandaWeb2024129154217», folios 570 a 577.
43 En adelante CGP.
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53. No obstante, consultado el Registro Único de Afiliados (RUAF)44, se observa
que Harrison Fernández Gómez registra una pensión de vejez activa a cargo de
Colpensiones, en el régimen de prima media con tope máximo de pensión, y que
allí se reporta la Resolución 423767 del 2 de diciembre de 2024. Sin embargo, dicha
anotación no permite conocer el contenido del acto administrativo, los factores
salariales incluidos, la mesada reliquidada ni la diferencia económica que
eventualmente se hubiere reconocido en cumplimiento de la providencia
cuestionada.
54. Por ello, no existe elemento probatorio suficiente para concluir que la orden
judicial hubiera generado un incremento desproporcionado o ajeno a la trayectoria
laboral del demandado. En todo caso, la providencia cuestionada se limitó a ordenar
la reliquidación de la pensión con fundamento en el régimen especial aplicable a los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, con inclusión de los
factores salariales previstos en el Decreto 446 de 1994 sobre los cuales se hubieren
efectuado cotizaciones.
55. Así, no se demostró que la sentencia objeto de revisión hubiera reconocido
una suma periódica superior a la legalmente debida, ni que la situación analizada
correspondiera a un supuesto de abuso del derecho o fraude a la ley.
56. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia proferida el 18 de
marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en la causal
de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, por lo
tanto, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por Colpensiones.
2.6. Costas
57. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el
estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
3. Conclusión
58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Administradora
Colombiana de Pensiones presentó contra la sentencia proferida el 18 de marzo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.
44 https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
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Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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