Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06375-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06375-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06375-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06375-00
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedente – Relevancia constitucional –
Inmediatez.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo
constitucional formulado por el señor Bladimir Meléndez Herrera contra el Tribunal
Administrativo de Santander.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1. El 21 de noviembre de 2024, el señor Bladimir Meléndez Herrera solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, así como los
principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de derechos laborales.
2. Considera que estos fueron vulnerados por la autoridad accionada al proferir la
sentencia de 9 de junio de 20222, al interior del proceso3 que promovió en contra de
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- con el propósito de que
se declarara la nulidad total o parcial de las resoluciones4 relacionadas con el
reconocimiento de su pensión de vejez. Pretende el reajuste de la mencionada
pensión con los emolumentos salariales de que trata la Ley 6 de 1945, le Ley 62 de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 16 de junio de 2022.
3 Radicado: 680013333002-2020-00215-01.
4 Nulidad parcial de la Resolución GNR 299088 del 28 de septiembre de 2015, en cuanto a su monto pensional
y la DIR 38769 12 de febrero de 2018, en cuanto al monto pensional y no en cuanto al retroactivo reconocido; la
nulidad total de las Resoluciones GNR 99766 del 08 de abril de 2016, SUB 295065 del 25 de octubre de 2019 y
DEP 101 del 03 de enero de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06375-00
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
1985, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y el Decreto 1302 de 1978,
devengados durante su último año de servicio.
3. A través de la mencionada providencia, el Tribunal accionado revocó la decisión
de primera instancia5 y negó las pretensiones. Consideró que el demandante no
acreditó los requisitos para acceder al régimen transicional contenido en el artículo
6 del Decreto 2090 de 2003. Conforme a ello, las normas aplicables a su caso en
materia pensional eran las previstas en dicho decreto y no la Ley 32 de 1986. Agregó
que debido a que el esquema de pensiones de alto riesgo del Decreto 2090 de 2003
aplicable a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria no
contempló los factores a tener en cuenta para su liquidación ni la forma de calcular
el IBL, se debía atender a la remisión del artículo 7 que señala que en los aspectos
no previstos en él se aplicarán las normas generales contenidas en la Ley 100 de
1993, la Ley 797 de 2003 y sus Decretos reglamentarios. Bajo estos supuestos,
encontró la Sala que el IBL aplicable al caso del demandante era el contenido en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual corresponde al promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, teniendo en cuenta para tal efecto los factores
salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994, tal como lo consignó la entidad
demandada en los actos acusados.
4.La parte actora presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
que fue rechazado de plano por el Consejo de Estado - Sección Segunda -
Subsección A, mediante auto de 23 de noviembre de 2023, confirmado con auto de
10 de julio de 2024.
5.El accionante sostiene que el Tribunal accionado incurrió en los siguientes
defectos:
6.Defecto sustantivo, al aplicar los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 a pesar
de no regular su asunto, en razón al régimen especial y específico al que pertenece
como empleado del INPEC, su actividad de alto riesgo y el régimen pensional del
Acto Legislativo 01 de 2005.
7. En igual sentido, porque se dejó de aplicar el promedio de sus salarios
devengados en el último año de labores acorde al Decreto 446 de 1994, el Decreto
1045 de 1978 y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. Adicionó que
tampoco se debía acudir al Decreto 1158 de 1994, dado que aquel no era aplicable,
en razón a que a partir de lo dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del Acto
Legislativo 01 de 2005, para determinar el régimen aplicable de un ex servidor del
INPEC se debe tener en cuenta la fecha de vinculación a la entidad antes del 28 de
julio de 2003 y él ingresó el 12 de enero de 1994.
8.Explicó que la Ley 32 de 1986 en su artículo 114 determinó que en los aspectos
no previstos allí se aplicarían las normas vigentes para los empleados públicos
5 Sentencia del 5 de mayo de 2021, a través de la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga
accedió a las pretensiones.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06375-00
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
nacionales lo cual fue reiterado por el artículo 184 del Decreto 407 de 1994. Por
ende, en su asunto se debió aplicar el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 que expresa
que la pensión se liquidará y pagará tomando el 75% del promedio mensual obtenido
en el último año de servicios y, respecto a los factores que constituyen salario para
la liquidación de la pensión de la Ley 32 de 1986, son los dispuestos en el Decreto
446 de 1994 y el Decreto 1045 de 1978 porque están en consonancia con la Ley 4
de 1966.
9.Defecto fáctico, por la falta de valoración probatoria de los certificados que daban
cuenta de los factores salariales y prestacionales devengados en su último año de
servicio como servidor público.
10. Violación directa de la Constitución, por desconocer los artículos 29 y 53
constitucionales. Adujo que a la luz de la carta de derechos no era dable exigir el
cumplimiento de las condiciones del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, debido a que para el reconocimiento y liquidación
pensional sólo se debe acreditar el ingreso antes del 28 de julio de 2003, esto se
traduce en el cumplimiento de 20 años de servicio, y para la liquidación o
reliquidación de la misma se debe atender lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, la Ley
4 de 1966, el Decreto 1045 de 1978, el Decreto 446 de 1997, el Decreto 407 de 1994,
el Decreto 1950 de 2005 y, el parágrafo 5º del artículo 1 del Acto legislativo 01 de
2005.
11. Por otra parte, citó las siguientes sentencias: (i) T-012 de 2022 proferida por la
Corte Constitucional; (ii) 18 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado -
Sección Segunda - Subsección A, radicado 63001233300020190012801; (iii) 22 de
octubre de 2020, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, radicado
88001233300020140000601; (iv) 22 de junio de 2023 del Consejo de Estado -
Sección Segunda - Subsección A, radicación 52001233300020150073201 y; (v) 19
de enero de 2023, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, radicado
20001233300020180032101. Conforme a ellas, indicó que el demandante es
beneficiario del régimen especial contenido en la Ley 32 de 1986 y en el Decreto 407
de 1994, por lo que su pensión de jubilación debe liquidarse tomando una tasa de
reemplazo del 75 % del promedio mensual obtenido en el último año de servicio y
los factores del Decreto 446 de 1994, Decreto 1045 de 1978.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
12. Mediante auto de 26 de noviembre de 20246 se admitió la presente acción, se
ordenó notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada y, se vinculó a
Colpensiones, en calidad de tercero con interés. Igualmente se comunicó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Administrativo de Santander7.
6 Notificado el 28 de noviembre de 2024.
7 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 6 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06375-00
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13.
La Magistrada María Eugenia Carreño informó que tomó posesión del cargo el 26
de febrero de 2024. No obstante, de la lectura del fallo cuestionado se observa que
se ajusta a la Constitución Política, la Ley y los precedentes jurisprudenciales
aplicables al asunto, pues no obedeció a simples prejuicios del operador judicial y no
fue arbitrario, sumando a que se encuentra debidamente justificado y garantizó los
derechos constitucionales de las partes.
14.
Aunado a lo anterior, expuso que la acción de tutela es un mecanismo residual del
cual se puede hacer uso en procura de evitar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, sin que se faculte al accionante para convertirla en una tercera
instancia o en un procedimiento alterno a los juicios ordinarios o ejecutivos.
(ii) Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones8.
15.
Adujo que el reproche se dirige a la autoridad judicial por lo que solicitó su
desvinculación.
16.
En todo caso, estima que el Tribunal accionado procedió conforme a la ley y la
Constitución porque: (i) aplicó las normas pertinentes, (ii) se ajustó a los preceptos
constitucionales que lo vinculaban (iii) acogió la jurisprudencia existente sobre la
materia y, (iv) las actuaciones del despacho no transgredieron, violaron o
amenazaron los derechos fundamentales del accionante. En ese sentido no se
puede pretender ejercer la tutela como una suerte de tercera instancia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
17. La Sala no accederá a la solicitud de Colpensiones. Su vinculación como tercero
con intereses atiende a que fungió como parte demandada en el proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del cual se profirió el fallo acusado;
por lo que su participación es indispensable ya que de obtener el actor una decisión
favorable, sus intereses podrían verse afectados de forma directa.
D. Análisis del caso concreto
18. La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto no
se superan los presupuestos de inmediatez y relevancia constitucional.
19. La sentencia enjuiciada proferida el 9 de junio de 2022 fue notificada a las partes
el 16 de junio de 2022. No obstante, la demanda de tutela fue formulada sólo hasta
el 21 de noviembre de 2024; superando considerablemente el término de los 6
meses establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada de esta
Corporación.
20.
En el expediente no se advierte que el accionante presentara alguna solicitud
adicional posterior a la expedición de la sentencia cuestionada que tuviera la entidad
8 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 7 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06375-00
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de suspender el término de ejecutoria o incidir decisivamente en el sentido del fallo,
en relación con los argumentos esgrimidos al sustentar los defectos sustantivo,
fáctico y violación directa de la Constitución Política. La parte accionante no expuso
ninguna situación que lleve a considerar la posibilidad de flexibilizar la exigencia de
inmediatez.
21. Si bien presentó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, cuyo
trámite culminó con un auto del 10 de julio de 2024 -que resolvió una súplica-;
aquella situación sólo habilitaría la posibilidad de flexibilizar el término de inmediatez
respecto al estudio de la causal específica de desconocimiento del precedente,
debido a que se entiende que el accionante acudió a ese mecanismo judicial con la
firme convicción de que aquel resultaba idóneo y eficaz para tramitar esa
inconformidad.
22. No obstante, el actor no invocó la configuración de dicho defecto, y si bien en el
texto de su demanda citó 5 sentencias que se relacionan en los antecedentes de
esta providencia, estas no coinciden con las señaladas en el recurso extraordinario
de unificación9, por lo que no es viable la flexibilización de la inmediatez. Sólo la
sentencia T-012 de 2022 de la Corte Constitucional se referencia tanto en el recurso
extraordinario como en la tutela, pero el accionante se limitó a citar extractos de esta,
sin presentar argumentación tendiente a exponer por qué se debe considerar un
precedente vinculante y en qué medida fue desconocido.
23. El señor Meléndez Herrera omitió explicar si el asunto estudiado en aquella
providencia guarda similitud fáctica y de problema jurídico con su caso, y tampoco
identificó la ratio decidendi supuestamente desconocida.
24. En todo caso, el debate planteado en esta acción de tutela no pasa de ser
estrictamente legal, pues redunda en aspectos relativos a la legislación que le
resultaba aplicable, sin destacar la incidencia constitucional de ese asunto. Discusión
que fue abordada en forma razonable por la autoridad judicial.
25. Al respecto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander realizó
un recuento normativo y jurisprudencial, luego de lo cual resolvió el caso exponiendo,
de forma clara, el motivo de su decisión. Así, tras analizar las normas que regulan la
pensión de jubilación de los miembros del INPEC (Ley 32 de 1986, Decreto 2090 de
2003 y Acto Legislativo 01 de 2005), concluyó que el actor no tenía derecho a la
reliquidación pensional reclamada, por cuanto no cumplía con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo que se refiere a edad y tiempo de servicio,
por lo que no podía ser acreedor del régimen de transición fijado en el Decreto 2090
9 En dicho recurso se invocaron las siguientes providencias: de la Corte Constitucional, las sentencias C-651 de
2015 y T-012 de 2022; del Consejo de Estado, las sentencias de 22 de abril de 2015 (expediente 05001 23 31
000 2011 00740 01 / 0232-14), 12 de junio de 2014 (expediente 05001 23 31 000 2012 00100 01), 4 de agosto
de 2010 (expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01 / 0112-09), 27 de julio de 2017 (expediente 11001 03 15
000 2017 01476 00), 12 de mayo de 2014 (expediente 50001 23 31 000 2008 00239 01 / 0889-13), 1 de agosto
de 2013 (expediente 11001 03 15 000 2013 01193 00), 1 de agosto de 2013 (expediente
44001233100020080015001007011); así como la sentencia del 24 de marzo de 2022 (expediente 50001 33 33
002 2017 00411 01) del Tribunal Administrativo del Meta.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06375-00
Accionante: Bladimir Meléndez Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de 2003, ni ser beneficiario de la Ley 32 de 1986; en consecuencia era aplicable el
IBL de la Ley 100 de 1993 contenido en el Decreto 1158 de 1994.
26. Adicionalmente, se observa que la providencia objetada, además del estudio
normativo y de las pruebas aportadas al proceso ordinario, se fundamentó en
decisiones adoptadas por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en las
que se analizó el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 y el régimen pensional
especial de las actividades de alto riesgo.
27. En esos términos, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo.
28. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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