Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07009-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07009-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07009-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
27 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07009-00
Demandante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07009-00
Demandante: NINFA YOLANDA GÓMEZ VERGARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
instancia adicional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ninfa Yolanda Gómez Vergara contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el
Juzgado 57 Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de diciembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y a nombre propio, la
parte actora pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
dignidad humana.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
24 de julio de 2019 y 29 de julio de 2024, dictadas por el Juzgado 57 Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11001-33-42-057-2018-00077-00/01.
2. Pretensiones
El extremo demandante formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Conceder la presente acción constitucional por vía de hecho por los efectos material
sustantivo, factico y violación directa a la Constitución.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, dejar sin efectos las sentencias de primera
y de segunda instancia del Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá con
radicado 68001333300220200021500 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección B con radicado 68001333300220200021501 y en su lugar se ordene la protección de los
Derechos demandados al DEBIDO PROCESO DENTRO DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA
JUICIO, CONEXO CON EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL, LA DIGNIDAD
HUMANA, LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS LABORALES debiendo proferir los accionados
una nueva sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en consonancia con las más
1 Índice 1 de Samai
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Demandante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
recientes sentencias del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
que resuelven la presente Litis del régimen especial los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
del INPEC que ingresaron con anterioridad al 28 de julio de 2003.
TERCERA: Con base en lo consagrado en la aplicación del reciente precedente judicial del Honorable
Consejo de Estado, solicito respetuosamente, se de aplicación a las sentencias citadas en el presente
documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda que resuelven la presente litis
del régimen especial de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del lNPEC que ingresaron con
anterioridad al 28 de julio de 2003 como es el caso de la suscrita.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
La señora Ninfa Yolanda Gómez Vergara nació el 7 de octubre de 1969 y estuvo
vinculada al INPEC entre el 28 de febrero de 1992 y el 31 de marzo de 2015, es decir,
por más de 23 años.
Mediante Resolución GNR-308482 del 19 de noviembre de 2013, la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) le reconoció pensión de vejez a la
señora Gómez Vergara, de conformidad con la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994.
El 16 de noviembre de 2016, la señora Gómez Vergara solicitó a Colpensiones la
reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio.
Mediante Resolución SUB-8170 del 16 de marzo de 2017, Colpensiones reliquidó la
pensión de vejez, aumentó la cuantía a recibir en razón a que la señora Gómez Vergara
continúo activa laboralmente hasta el 31 de marzo de 2015, por lo que el promedio de
sus últimos salarios había variado y mantuvo como régimen aplicable la Ley 32 de 1986
y el parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005.
Inconforme, la señora Gómez Vergara interpuso recurso de apelación contra la
Resolución SUB-8170 del 16 de marzo de 2017 y Colpensiones mediante la Resolución
DIR-7384 del 6 de junio de 2017, negó lo peticionado y confirmó la Resolución SUB-8170
del 16 de marzo de 2017.
3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La señora Gómez Vergara presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Colpensiones, para que se declarara la nulidad de las resoluciones (i) GNR-
308482 del 19 de noviembre de 2013, (ii) SUB-8170 del 16 de marzo de 2017 y (iii) DIR-
7384 del 6 de junio de 2017.
A título de restablecimiento del derecho, pidió, entre otras cosas, que (i) se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión conforme a la Ley 6 de 1945, la Ley 4 de 1966, la
Ley 32 de 1986, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y el Decreto 1302 de 1978 y (ii)
se liquidara la mesada pensional con el 75% del promedio de los salarios devengados en
el último año de servicio y con la inclusión de todos los factores salariales devengados.
La demanda se adelantó con el radicado No. 11001-33-42-057-2018-00077-00 y le
correspondió al Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, que por sentencia del 24 de julio
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de 2019 denegó las pretensiones y declaró probada la excepción, inexistencia del
derecho reclamado.
Explicó que la señora Gómez Vergara estaba cobijada por el artículo 96 de la Ley 32 de
1986, es decir, reconocimiento de pensión especial de alto riesgo, al tener 20 años de
servicio, sin considerar la edad y con una tasa de reemplazo del 75%. Que estaba
establecido, que si el estatus pensional se adquiría con antelación al 1º de abril de 1994
la norma para liquidar el IBL era el Decreto 1045 de 1978; pero que si el estatus pensional
se adquirió con posterioridad al 1º de abril de 1994, la norma para liquidar el IBL era el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Que en este caso era el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, lo cual era corroborado por el
artículo 1º, inciso 5º del Acto Legislativo 01 de 2005. Por lo cual la liquidación pensional
correspondía al 75% del salario devengado en los últimos 10 años de servicio, e incluía
los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, es decir, sobre los cuales efectúo
aportes con destino a pensión. Por último, condenó en costas a la parte demandante.
Inconforme, la señora Gómez Vergara apeló y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 29 de julio de
2024,2 la confirmó, básicamente por las mismas razones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante no hizo referencia a los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora
adujo que las sentencias del 24 de julio de 2019 y 29 de julio de 2024, dictadas
respectivamente por el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, incurrieron en:
Defecto sustantivo dado que aplicaron indebidamente los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993 para liquidar su pensión cuando en realidad lo debieron hacer en virtud del
artículo 4 de la Ley 4 de 1966, la Ley 32 de 1986, el Decreto 446 de 1994 y el Decreto
1045 de 1978.
Defecto fáctico por la falta de valoración de los certificados salariales y prestacionales
del último año de servicio que, a su juicio, debían ser analizados para realizar la
liquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales.
Violación directa de la Constitución, pues las providencias no tuvieron en cuenta los
artículos 29, 48 y 53 de la Constitución Política. A su juicio, no se respetó su derecho
fundamental al debido proceso al no aplicar las normas que rigen a los servidores
públicos; se vulneró su derecho a la seguridad social por cuanto con las sentencias
cuestionadas se desconoció la norma constitucional superior, y, por último, señaló que
se desconoció el principio de favorabilidad dado que se debía aplicar la prevalencia de la
norma más favorable al trabajador, del Código Sustantivo del Trabajo.
Desconocimiento del precedente, pues, dice, existe un criterio jurisprudencial aplicable
a todos los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que hayan ingresado
a la entidad con anterioridad al 28 de julio de 2023. Citó las sentencias de la Corte
Constitucional: T-012 de 20223 y del Consejo de Estado: radicados: No. 08001-23-33-
2 Notificada electrónicamente el 20 de agosto de 2024, índice 25 de Samai en el radicado No. 11001-33-42-057-2018-
00077-01
3 M.P. Alberto Rojas Ríos
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Demandante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
000-2021-00064-014, No. 63001-23-33-000-2019-00128-015, No. 88001-23-33-000-
2014-00006-016, No. 52001-23-33-000-2015-00732-017 y No. 20001-23-33-000-2018-
00321-018.
5. Trámite procesal
Por auto del 13 de enero de 20259, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y al juez 57
Administrativo de Bogotá. Asimismo, en calidad de tercero con interés, dispuso vincular
al presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de enero de
202510.
6. Intervenciones
La juez 57 administrativa de Bogotá solicitó que se declarara improcedente o se
denegaran las pretensiones de tutela.
Indicó que la accionante pretende reabrir un debate ya resuelto y, por lo tanto, no reviste
relevancia constitucional. Que la providencia proferida por el despacho se ajustó al marco
legal y jurisprudencial aplicable, y las pruebas aportadas al caso fueron debidamente
valoradas.
La directora de acciones constitucionales de Colpensiones pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela, ya que no se materializó ningún vicio, defecto o
vulneración de derechos fundamentales en el proceso ordinario. Manifestó que el interés
de la demandante es constituir una tercera instancia, sumado a que no acredita la
existencia de un perjuicio irremediable.
Que, además, la acción de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad que
permitan revocar una decisión judicial. Que, si se decidieran de fondo las pretensiones
del accionante, el juez de tutela invadiría la órbita del juez ordinario.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, guardaron silencio pese a que, como se vio, fueron notificados en debida
forma.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 08001-23-33-000-2021-00064-01 Interno: 7181-
2023, del 30 de octubre de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No.63001-23-33-000-2019-00128-01 Interno: 1958-
2021, del 18 de mayo de 2023, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 88001-23-33-000-2014-00006-01 Interno: 4678-14
del 22 de octubre de 2020 C.P. Gabriel Valbuena Hernández
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 52001-23-33-000-2015-00732-01 Interno:3466-2021
del 22 de junio de 2023 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 20001-23-33-000-2018-00321-01 Interno: 3752-2021
del 19 de enero de 2023. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Índice 4 de Samai.
10 Índice 7 de Samai
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Ninfa Yolanda Gómez Vergara para dejar sin efectos la providencia del 29 de julio de
202411, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
11001-33-42-057-2018-00077-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional. La demandante reitera argumentos que ya fueron
resueltos por el juez natural y usa la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales12 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos13 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0014, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
11 Únicamente se analizará la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, por ser la providencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
13 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
14 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso ordinario. Básicamente, en la acción de
tutela la parte actora insiste en: (i) que el régimen aplicable para la liquidación de la
pensión es el de transición, por lo tanto, le rige la Ley 4 de 1966, la Ley 32 de 1986, el
Decreto 1045 de 1978, y (ii) que la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, del
28 de agosto de 201815, no le es aplicable.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 24 de julio de 2019, dictada por el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá (tomado de
la sentencia de segunda instancia), se lee lo siguiente:
(…) “Mi poderdante ingreso a laborar en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano, que para
efectos pensionales lo rige la Ley 32 de 1986, articulo 96, asi mismo en esta misma obra el articulo 114
dispuso la remisión normativa en aplicacion de las normas vigentes para los empleados públicos
nacionales, es decir que para efectos prestacionales le es aplicable por el Principio de Favorabilidad y
por la norma vigente la Ley 4 de 1966, el Decreto 1045 de 1978, dado que mi poderdante ingreso a
laborar al INPEC en el Cargo de Dragoneante, Inspector e Inspector Jefe Código 4152-Grado 14, como
Empleado (a) del Estado, tiempo en el cual todos los aportes en seguridad social fueron descontados
sobre los ingresos y destinados en Pension y Salud al Sistema General de Seguridad Social” (fl. 164).
“Es claro que el hoy demandante está cubierto en materia pensional por la ley 32 de 1986, el acto
legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 constitucional en el parágrafo 5 transitorio, y para
aspectos pensionales en cuanto a la liquidación de su monto está regido por la ley 4 de 1966, decreto
1045 de1978, decreto 784 de 1989 compilado por el decreto 1072 de 2015” (fl. 165 y 166).
“Se infiere de las pruebas allegadas por las partes que efectivamente se le reconoció a la parte
demandante, la pensión sin tener en cuenta todos los haberes económicos percibidos con ocasión de
la actividad laboral del último año de labores con el 75%, cuando mi poderdante se desempeñó como
miembro del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC; La reliquidacion fue negada desconociendo la
bonificación por servicios prestados, los auxilios de transporte y alimentacion, las primas de servicio
navidad y riesgo, la bonificación de recreación y el subsidio familiar e infiere de las pruebas allegadas
por las partes que efectivamente se le reconoció a la parte demandante, la pensión sin tener en cuenta
todos los haberes económicos percibidos con ocasión de la actividad laboral del último año de labores
con el 75%, cuando mi poderdante se desempeñó como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia
del INPEC; La reliquidacion fue negada desconociendo la bonificación por servicios prestados, los
auxilios de transporte y alimentacion, las primas de servicio navidad y riesgo, la bonificación de
recreación y el subsidio familiar” (fl. 167).
“En relación con la sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado - sala plena del 28
de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, muy respetuosamente indico que la
misma no es aplicable a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, dado que ni la ley
15 Consejo de Estado. Sala plena. Radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01. 28 de agosto de 2018. C.P. César
Palomino Cortes
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Demandante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
33 de 1985 y el artículo 36 de la ley 100 de 1993 no son aplicables por estar exceptuados por mandato
de la misma ley 33 del 1985 artículo 1 inciso 2…” (fl. 167). (…). (Sic a toda la cita)
Por su parte, en la acción de tutela, insiste en: (i) que el régimen aplicable para la
liquidación de la pensión es el de transición, por lo tanto, le rige la Ley 4 de 1966, la Ley
32 de 1986, el Decreto 1045 de 1978, y (ii) que la Sentencia de Unificación del Consejo
de Estado, del 28 de agosto de 201816, no le es aplicable. En lo que interesa, el escrito
de tutela dice:
(…) 25. Es claro que la hoy accionante está cubierta en materia pensional por el cumulo normativo que
se desprende de Ley 32 de 1986, el Acto legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 constitucional
en el parágrafo 5 transitorio, y para aspectos pensionales en cuanto a la liquidación de su monto está
regido por la ley 4 de 1966, decreto 1045 de 1978, Decreto 407 de 1994, Decreto 446 de 1994.
26. En cuanto a los factores salariales y el periodo de la reliquidación pensional corresponde aplicar el
Decreto 446 de 1994, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 en consonancia con la Ley 4 de 1966 con
una tasa de reemplazo del 75% del promedio mensual obtenido de los factores salariales devengados
en el último año de servicios. Por consiguiente, no es procedente aplicar los artículos 18, 19, 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993 y el Decreto reglamentario 1158 de 1994, en torno a periodo y factores salariales
para la liquidación pensional, puesto que, como se indicó, el suscrito no es destinatario de dicha ley, ni
del régimen de transición del artículo 36, sino de un régimen pensional especial que tiene prevalencia
sobre esas normas generales en atención al principio constitucional de favorabilidad y por ende la
liquidación de la prestación, como se dijo, corresponde al 75% del promedio mensual obtenido en el
último año de servicios (art. 4 L 4/1966), tomando como referencia los factores enlistados en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978. De manera que no hay lugar a remitirse a la Ley 100 de 1993 y a su
Decreto reglamentario 1158 de 1994 para efectos del ingreso base de liquidación de la prestación.
27. Debe advertirse que en el presente caso concreto no es dable la aplicación de las sentencias C-258
de 2013, SU – 230 de 2015, SU – 427 de 2016, SU – 395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional
y la sentencia del 28 de agosto del Consejo de Estado expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 por
cuanto tales decisiones hace referencia al ingreso base de liquidación de quienes se benefician de la
transición de la Ley 100 de 1993 por tanto se reitera que en el presente caso concreto mi poderdante al
ser beneficiario de la Ley 32 de 1986 se rige para los factores salariales por el Decreto 446 de 1994, el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 para que se tome como base
el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios (…).
(…) Por tanto, en mi caso se debe aplicar el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 que expresa que la pensión
se liquidará y pagará tomando el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios y
respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión de la Ley 32 de 1986
son los dispuestos en el Decreto 446 de 1994 y el Decreto 1045 de 1978 porque están en consonancia
con la Ley 4 de 1966. Lo anterior siguiendo lo previsto en el artículo 114 de la Ley 32 de 1986, el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, el principio de favorabilidad, el Decreto 1045 de 1978
entre otras disposiciones legales, se omitió incluir para efectuar la base de Liquidación el promedio
salarial devengado en el último año laborado, por ser este el último año de servicio dejándose de
reconocer los emolumentos y factores salariales causados entre el 31 de marzo de 2014 al 31 de marzo
de 2015 (…).
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en providencia del 29 de julio de 2024,
que consideró:
(…) Si bien se ha sostenido en algunas providencias que la Ley 32 de 1986 fue derogada a través de la
Ley 100 de 1993, de todas maneras, en materia pensional la Ley 32 se aplica a los servidores del INPEC
por así disponerse de manera expresa en la Carta Política.
Ahora en la Ley 32 de 1986 se prevé que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional tienen derecho a una pensión de jubilación al cumplir veinte años de servicio, continuos o
discontinuos, al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad. No obstante, en lugar de
16 Consejo de Estado. Sala plena. Radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01. 28 de agosto de 2018. C.P. César
Palomino Cortes
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07009-00
Demandante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
señalar bases para efectuar la liquidación se hace remisión a las normas vigentes para los empleados
públicos del orden nacional.
La norma aplicable a los empleados públicos del orden nacional en la fecha de vinculación del actor era
la Ley 33 de 1985, en la cual (artículo 1) se excluyó a los empleados del INPEC. Ahora, de acuerdo con
la actual postura del H. Consejo de Estado y de esta Corporación, salvo excepciones expresas, se tiene
que todos los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993 desaparecieron, a menos que se acreditaran
los requisitos del régimen de transición del artículo 36 ib., caso en el cual se tendrá derecho a que las
pensiones se reconozcan de conformidad con lo previsto en las normas anteriores pero sólo en cuanto
a la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la pensión.
En el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 para establecer como se obtiene el ingreso
base de liquidación (IBL), deben aplicarse los artículos 21 y 36 de dicha ley y respecto de los factores
salariales que deben incluirse en esa base, se ha concluido que son los señalados en el Decreto 1158
de 1994 (…).
(…) Como la demandante laboró más de 20 años al servicio del Estado y al encontrarse en el régimen
de transición, “La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez … será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentre afiliado (Ley 32 de 1986). Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas
para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la [Ley 100 de 1993].”
Según el fallo de unificación, “Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, …” y “… los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. …”.
Entonces, los factores que deben incluirse en el IBL son los señalados en el art. 1º del Decreto 1158 de
1994, devengados en el periodo de 1º de abril de 2005 a 1º de abril de 2015.
No se demostró en el sub judice que alguno de los factores que devengó y sobre los que se cotizó no
se hubiera incluido al reconocer la pensión, por lo cual no es jurídicamente procedente ordenar la
reliquidación con los factores solicitados por la parte actora (…).
Como se ve, se trata de argumentos con los que la parte accionante pretende continuar
el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario, respecto al régimen bajo el cual se
debe liquidar su pensión.
Si bien la parte demandante hace referencia a varias sentencias del Consejo de Estado
y a una sentencia de la Corte Constitucional, en las cuales los accionantes obtuvieron el
reconocimiento pensional bajo el régimen por ella solicitado, lo cierto es, que las
sentencias citadas no tienen los mismos supuestos fácticos y las cita solamente para
sustentar su tesis.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.
Siendo así, como se anunció, la tutela de la referencia no cumple el requisito de
relevancia constitucional y será declarada la improcedencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
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Demandante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ninfa Yolanda Gómez
Vergara, de conformidad con las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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