Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00064-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023)
Demandante: Elvis Enrique Cortés Martínez
Demandado: Colpensiones
Tema: Reliquidación pensión. Régimen de los empleados del INPEC.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Elvis Enrique Cortés Martínez interpuso demanda en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución SUB 225963 del 21 de agosto de
2019 en cuanto a su monto pensional y no en cuanto al derecho; la nulidad total de
las Resoluciones SUB 196670 del 15 de septiembre de 2017, SUB 331015 del 27 de
diciembre de 2018, SUB 68787 del 20 de marzo de 2019, DPE 3616 del 28 de mayo
de 2019, SUB 138084 del 30 de junio de 2020 y DPE 10240 del 27 de julio de 2020,
expedidas por Colpensiones, que omitieron la inclusión de emolumentos percibidos
en su condición de servidor público del INPEC.
1 Expediente digital índice 2 de SAMAI.
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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a Colpensiones a reajustar
la pensión de jubilación, debiéndose reconocer la inclusión de los emolumentos
salariales de que trata la Ley 6 de 1945, Ley 4 de 1966, el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, Decreto 1302 de 1978, como lo son: sueldo básico, sobresueldo,
bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio transporte, prima
de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima de riesgo, prima técnica,
subsidio de unidad familiar y bonificación de recreación; y los demás haberes ya
reconocidos, actualizados según el último año de servicios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante Resolución SUB 225963 del 21 de agosto de 2019 se reconoció la
pensión de jubilación con base en el 75% de lo devengado durante los últimos diez
(10) años de labores como lo son el salario básico, el sobresueldo, los cuales
fundamentaron el IBL, sin tener en cuenta la inclusión del sueldo básico, sobresueldo,
bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio transporte, prima
de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima de riesgo, prima técnica,
subsidio de unidad familiar y bonificación de recreación los cuales devengaba
habitual y periódicamente en el ejercicio de su actividad laboral.
Que ante la exclusión de los emolumentos devengados con ocasión de la actividad
laboral se interpusieron recursos administrativos los que conllevaron a la expedición
de los actos administrativos que reliquidaron la prestación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 13, 25, 29,48 parágrafo 5, 53, y 209
de la Constitución Política, Ley 4 de 1966, Ley 57 y 153 de 1887, Decreto Ley 1045
de 1978, Decreto 407 de 1994, Decreto 1302 de 1978, Ley 32 de 1986, Ley 100 de
1993, Decreto Reglamentario 813 de 1994, Decreto 446 de 1994, Decreto 3135 de
1968, Decreto 1848 de 1969, Ley 50 de 1990, Código Sustantivo del Trabajo, Ley
1848 de 1969, Ley 6ª de 1945, Decreto 0113 de 1998.
Sostuvo que legalmente tiene derecho a una pensión de jubilación regida por un
régimen específico para el caso del INPEC, el cual ordena que para la liquidación del
monto se tenga en cuenta todos los factores salariales devengados y certificados,
este derecho se constituye genéricamente en un bien que fue desprotegido.
Que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo
el principio de favorabilidad de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el
imperio de la legislación objeto de aquella no puede sufrir menoscabo. Por tanto, de
conformidad con el precepto Constitucional, los derechos individuales y concretos
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que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la
nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas
que tengan lugar a partir de su vigencia.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 7 de julio de 2022 y notificada a la entidad demandada
quien se opuso a las pretensiones indicando que la prestación económica se
encuentra debidamente liquidada, por lo que considera que la demanda no tiene
vocación de prosperidad.
Que la liquidación del IBL no debe desconocer lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, razón por la que debe calcularse para la pensión especial de alto
riesgo de quienes son beneficiarios de los requisitos previstos en la Ley 32 de1986,
tal y como se encuentra reconocido para el demandante.
Por auto del 2 de noviembre de 2022 se impartió el trámite de sentencia anticipada
por lo que ordenó a las partes presentar por escrito sus alegatos.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones argumentando que al
demandante le resulta aplicable la transición establecida en el artículo 6 del Decreto
2090 de 2003, porque para el 28 de julio de 2003 se encontraba incorporado al
INPEC, en calidad de dragoneante.
Que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28
de julio de 2022 (2656-2014) estudió el ingreso base de liquidación de los
beneficiarios de la pensión especial de riesgo, en virtud de la transición prevista en
el Decreto 2090 de 2003. Si bien en dicha providencia se analizó el régimen
pensional del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, las consideraciones
sobre el ingreso base de liquidación son vinculantes frente al régimen pensional del
INPEC, regulado en la Ley 32 de 1986.
Que en dicha provincia se estableció la regla de unificación que el ingreso base de
liquidación de los servidores cobijados por el régimen de transición del Decreto 2090
de 2003, es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que el
demandante no tiene derecho a la reliquidación de su pensión incluyendo la totalidad
de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que hay una
indebida interpretación en la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de
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la Ley 100 de 1993, lo mismo que del Decreto 2090 de 2003 en su artículo 6, dado
que no es aplicable dicho régimen a los empleados del cuerpo de custodia del INPEC
por ser un régimen específico de carrera, de alto riesgo y con legislación propia para
el aspecto de reliquidación pensional.
Que el régimen real de transición de la Ley 32 de 1986 aplicable a los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que ingresaron con anterioridad a la
vigencia del Decreto 2090 de 2003, esto es, antes del 28 de julio de 2003, es el
previsto en el Decreto 1950 de 2005 y el parágrafo 5º del artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005 que reformó el artículo 48 constitucional, la Ley 4 de 1966 y
el Decreto 1045 de 1978.
Que los haberes económicos demandados y que percibió con ocasión a la actividad
laboral son irrenunciables y fueron de carácter accesorio al salario, por ende,
debieron incluirse en la liquidación pensional y sí es procedente tenerlos en cuenta
bajo los principios de irrenunciabilidad, progresividad e indecidibilidad y favorabilidad.
Que la sentencia recurrida de conformidad con el criterio de especialidad debió
preferir aplicar el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005 porque son
normas que se refieren específicamente a los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC y no las normas de carácter general como lo son la Ley 100 de
1993 y el Decreto 2090 de 2003.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Se admitió el recurso el 4 de diciembre de 2023.2 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Conforme al recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el señor Elvis Enrique Cortés Martínez, tiene derecho a la reliquidación
de la pensión de vejez tomando como IBL, la totalidad de los factores devengados
durante el último año de servicios de conformidad con la Ley 32 de 1986 y el Decreto
407 de 1994 o, por el contrario, le es aplicable el inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto reglamentario 1158 de 1994.
2 Índice 4 de SAMAI.
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Marco normativo y jurisprudencial
En lo que respecta a la normativa en materia prestacional consagrada para el
personal de vigilancia y custodia del INPEC, debe tenerse en cuenta que incluso con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dichos funcionarios ya
tenían consolidado un régimen especial desarrollado en la Ley 32 de 1986, la cual
en su artículo 96 previó que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir 20 años
de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en
cuenta su edad.
Con la expedición de la Ley 65 de 1993, el Legislador otorgó al presidente de la
República facultades extraordinarias para dictar normas con fuerza de ley sobre la
composición, clasificación y categoría del cuerpo de custodia y vigilancia, así como
sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal que laboraba en tal
calidad, ello en armonía con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 140 dispuso que «el Gobierno Nacional expedirá el régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta
una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o
ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo
para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos
adquiridos». Al respecto, esta Sala ha señalado que, con fundamento en esta norma,
era evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación».3
El Decreto Ley 407 del 20 de febrero de 1994, en su artículo 168 fijó un régimen
especial en materia pensional para el personal de custodia y vigilancia del INPEC, el
cual respetaba los preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a quienes ejercían
como tal antes del 21 de febrero de 1994.
Sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad se profirió el Decreto Ley 2090 de 2003
con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en
la Ley 797 del mismo año, a fin de regular en materia laboral y prestacional a los
trabajadores que desempeñaran actividades de alto riesgo como lo era el cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC.
En tal sentido, se observa que el campo de aplicación del Decreto 2090 de 2003 se
definió así:
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado 20001-23-
39-000-2015-00434-01(4589-18).
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Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los
trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de
alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la
expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que
ejecuta, con ocasión de su trabajo.
Además, de los artículos de dicha norma (2 numeral 7, 3, 4 y 5) se puede concluir
que la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos del INPEC
y de otros establecimientos carcelarios tiene el carácter de alto riesgo; por tanto,
dichos servidores públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido
Decreto 2090 de 2003.
Sin embargo, esta disposición determinó un régimen de transición consistente en que
quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían
derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación
les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores
que regulaban las actividades de alto riesgo.
Esta Corporación4 ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
prevé unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo tiempo
para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al servidor,
es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición que le
posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con fundamento en
el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.
De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 a partir de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
allí establecido. Empero, «con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta
ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto
es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de
1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».
En el parágrafo 5 del Acto legislativo 01 de 2005 se estableció nuevamente que (i) a
partir de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 a los miembros del cuerpo
de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo contemplado en el mismo y a (ii) quienes ingresaron con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, esto es el dispuesto para el efecto por
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021, radicación: 17001-
23-33-000-2016-00572-01(0614-20).
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la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes.5
Así las cosas, basta con acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se
hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003 –por ser fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003– para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.
Ahora, debe precisarse que las pensiones que gozan de un régimen especial no se
rigen por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo tanto, a
la pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los requisitos
de la Ley 32 de 1986 y 407 de 1994, no les es aplicable dicha normativa, tal como lo
consagra el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Finalmente, esta Subsección, se refirió al régimen pensional de los empleados del
INPEC, en los siguientes términos:6
Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo de
servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en
relación con la forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que en
el artículo 114 ibidem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se
aplican las normas vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue
reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994.
De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen
general, concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció:
«ARTÍCULO 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión
de jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 20187 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994, es
decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios
(art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13),
subsidio de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no constituyen
factor salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación
(art. 6), la prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes
instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de mayo de 2023 radicado: 25000-23-42-
000-2013-06685-01 (1736-2017).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado 88001-23-
33-000-2014-00006-01(4678-14), reiterado en sentencia del 22 de junio de 2023, radicado 52001-23-33-000-
2015-00732-01 (3466-2021).
7 Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social.
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De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se
estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que, para
quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe liquidar
con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios con los
factores establecidos en el Decreto 446 de 1994. (Subraya fuera de texto).
Resolución del caso concreto
La Subsección advierte, según los elementos probatorios que reposan en el
expediente,8 que mediante Resolución SUB 225963 del 21 de agosto de 2019,
Colpensiones reconoció una pensión especial de vejez por alto riesgo al señor Elvis
Enrique Cortés Martínez en los siguientes términos:
[…] que el interesado acredita un total de 7.713 días laborados correspondientes a
1.101 semanas las cuales 1.032 semanas fueron en ejercicio de funciones de alto
riesgo.
Que nació el 23 de mayo de 1977 y actualmente cuenta con 42 años de edad
[…]
Que como se ha expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, para el
caso concreto se estableció como Ingreso Base de Liquidación de acuerdo a lo
señalado en el artículo 21 de la ley (sic) de 1993 y los únicos factores salariales tenidos
en cuenta para establecer el Ingreso Base de Cotización son los dispuestos en el
decreto 1158 de 1994.
Que, de acuerdo con lo anterior, no es viable acceder a la liquidación de la prestación
reconocida, teniendo en cuenta los factores salariales del último año, pues el IBL se
debe regir por las normas vigentes en la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, el IBL
se calculó sobre los últimos 10 años de cotizaciones.
Adicionalmente, de las pruebas se desprende que el señor Elvis Enrique Cortés
Martínez nació el 23 de mayo de 1977, prestó sus servicios 9 desde el 24 de octubre
de 1996 al 31 de enero de 2017 en el INPEC donde se desempeñó como
dragoneante,10 por lo que acumuló un total de 7.713 días correspondientes a 1.101
semanas, de las cuales 1.032 fueron en el ejercicio de alto riesgo.
De lo anterior es claro que ingresó con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 2003.
Ahora, algo importante que debe advertirse es que en el presente caso no se
encuentra en discusión el régimen aplicable al demandante, esto es, la Ley 32 de
8 Expediente digital índice 2 de SAMAI.
9 Adicionalmente laboró para la Policía Nacional desde el 29 de enero de 1994 hasta el 30 de enero de 1995, un
total de 362 días y realizó cotizaciones particulares desde el 1 de enero de 2019 hasta el 3 de julio del mismo
año.
10 Según certificado de tiempos laborados que obra en el expediente digital.
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1986, toda vez que lo que se cuestiona es la reliquidación de la pensión reconocida
con lo devengado en el último año de servicios.
Contrario a lo resuelto por el tribunal, en atención al marco normativo y jurisprudencial
expuesto, el demandante por haber ingresado con anterioridad al Decreto 2090 de
2003 tiene derecho a que se le liquide la pensión especial de vejez con el 75% del
promedio mensual obtenido en el último año incluyendo los factores salariales
devengados en dicho período.
Recuérdese, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los empleados
del INPEC gozan de un régimen pensional especial por actividades de alto riesgo,
que en el presente caso corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de
1986 y 168 del Decreto 407 de 1994.11
Entonces, el IBL de la pensión de jubilación del demandante, por virtud de la remisión
normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32 de 1986, reiterada en el artículo
184 del Decreto 407 de 1994, en los aspectos no previstos allí, debe acudirse a lo
regulado en las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. De esta
manera, el artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966 señala que «las pensiones de jubilación
o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de
Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por
ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».12
Con respecto a los factores salariales, tal como se sostuvo líneas atrás, deben
incluirse los previstos en el Decreto 446 de 1994, esto es: las primas de navidad
(artículo 2), de vacaciones (artículo 3) y de servicios (artículo 4), los subsidios de
transporte (artículo 13) y de alimentación (artículo 14), y la bonificación por servicios
prestados (artículo 18).13 Por el contrario, no constituyen factor salarial los siguientes:
la prima de riesgo (artículo 11), y el subsidio familiar (artículo 15).14
Frente a la bonificación por recreación, esta no constituye factor salarial de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 40 de 1998 y 15 del
Decreto 2710 de 2001, y tal como se señaló en la sentencia del 4 de agosto de
2010.15
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023 radicado 52001-23-
33-000-2015-00732-01 (3466-2021).
12 Este criterio fue expuesto por esta Subsección en el recuento normativo realizado en la sentencia de 22 de
octubre de 2020, proferida dentro del proceso con radicado 88001 23 33 000 2014 00006 01(4678-14), reiterado
en providencias del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y del 22 de junio de 2023 (3466-2021).
13 Este criterio fue expuesto por esta Subsección en el recuento normativo realizado en la sentencia de 22 de
octubre de 2020, proferida dentro del proceso con radicado 88001 23 33 000 2014 00006 01(4678-14).
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006
07509 01 (0112-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023)
Así las cosas, teniendo en cuenta que taxativamente fue establecido que la prima de
riesgo, subsidio familiar y la bonificación por recreación no constituyen factores
salariales no podrían incluirse dentro de la liquidación pretendida.
En atención al certificado CETIL 202005800215546000310101 del 18 de mayo de 2020,
aportado con los anexos de la demanda, el señor Elvis Enrique Cortés Martínez
devengó en el último año de prestación de servicios los siguientes factores:
Asignación básica
Bonificación por servicios prestados
Auxilio de alimentación
Auxilio de transporte
Prima técnica
Prima de navidad
Prima de riesgo
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Sobresueldo
Subsidio de unidad familiar
Bonificación por recreación
En ese sentido, de conformidad con las anteriores prerrogativas, el demandante tiene
derecho a que su pensión se liquide, respecto a los factores salariales, con la
inclusión de la asignación básica; sobresueldo, las primas de navidad, de vacaciones
y de servicios; los subsidios de transporte y de alimentación; y la bonificación por
servicios prestados; de acuerdo al Decreto 446 de 1994, sin tener en cuenta la prima
de riesgo, el subsidio familiar, la bonificación por recreación y la prima técnica, esta
última por no estar contemplada expresamente en la normatividad referida.
Ahora bien, pese a que no se pudo constatar si al demandante se le hicieron
descuentos para pensión por los conceptos cuya inclusión se ordenará lo cierto es
que por virtud de lo dispuesto en la Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-SE-2022
del 28 de julio de 2022,16 el empleador estaba en la obligación de girar a la
administradora de pensiones estas cotizaciones y su omisión no puede ser oponible
al pensionado para excluir de la liquidación un emolumento al que tenía derecho ni
corresponde imponer orden de descuento alguna.
Sobre el particular, valga precisar que en Colpensiones recae la obligación de iniciar
los mecanismos o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000
23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014). Posición reiterada por esta Subsección en sentencia del 16 de febrero de
2023 radicado 68001-23-33-000-2018-00726-01 (6382-2019).
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023)
no realizados por los conceptos que se ordenan incluir en el IBL de la pensión del
señor Cortés Martínez.
Finalmente, se advierte que el demandante adquirió su estatus pensional el 4 de
enero de 2017,17 presentó la solicitud de reliquidación de la prestación a
Colpensiones el 4 de junio de 202018 y radicó la demanda el 19 de octubre de 2020.
En consecuencia, operó el fenómeno de la prescripción de las sumas anteriores al 4
de junio de 2017.
Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada que negó las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, se accederá a la reliquidación pensional con el 75 % del
promedio del último año de servicios, con la inclusión de los factores previstos en el
Decreto 446 de 1994 en los términos expuestos en esta decisión, a partir del 4 de
junio de 2017 por prescripción.
Las sumas que resulten a favor del demandante deberán actualizarse por razones
de equidad, tal como lo ha sostenido esta Corporación, en los términos del artículo
187 del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que
es lo dejado de percibir por la parte demandante desde la fecha en que adquirió el
derecho, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el número que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a
la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en
que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de este proveído.
La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en el término de treinta
(30) días contados desde la fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no
hacerse así, las sumas reconocidas en favor del demandante devengarán intereses
moratorios, los que serán reconocidos en la forma señalada en el inciso 3.º del
artículo 192 en mención y el numeral 4.º del artículo 195 del CPACA.
Finalmente, se precisa que no se declarará la nulidad de los actos expedidos con
anterioridad a la Resolución SUB 225963 del 21 de agosto de 2019, a través de la
cual se reconoció la pensión, porque se trata de decisiones que denegaron la
prestación.
17 Según la Resolución SUB 225963 del 21 de agosto de 2019, donde Colpensiones reconoció la pensión.
18 Según la Resolución SUB 138084 del 30 de junio de 2020 a través de la cual se reliquidó la prestación.
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Condena en costas: análisis en primera y segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al
inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera instancia,
la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG y observando los
fundamentos planteados en la demanda y en el recurso, se concluye que no hay
lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias, pues no se advierte
carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la parte actora expuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por el señor Elvis Enrique Cortés Martínez, contra Colpensiones y, en su
lugar, se dispone:
Segundo: Declarar la nulidad parcial de la Resolución SUB 225963 del 21 de
agosto de 2019 y total de las Resoluciones SUB 138084 del 30 de junio de 2020 y
DPE 10240 del 27 de julio de 2020, toda vez que negaron la reliquidación de la
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023)
pensión de vejez con lo devengado en el último año de prestación de servicios de
acuerdo con el régimen especial de los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC.
Tercero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a
título de restablecimiento del derecho, a reliquidar la pensión de jubilación al señor
Elvis Enrique Cortés Martínez, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo
cotizado en el año anterior al retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los
factores previstos en el Decreto 446 de 1994, a partir 4 de junio de 2017 por
prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.
Cuarto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a
título de restablecimiento del derecho, a pagar al señor Elvis Enrique Cortés Martínez
el retroactivo que surja como consecuencia de la reliquidación dispuesta en el ordinal
anterior, en forma indexada.
Quinto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones a
ajustar las sumas a reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte
considerativa de esta sentencia.
Sexto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones a
dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011.
Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo: Sin condena en costas en ambas instancias.
Noveno: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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