20. Por otra parte, sostuvo que el Acto Legislativo 01 de 2005 dispone que «para la
liquidación de pensiones sólo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales la persona
hubiera cotizado». Por lo expuesto, aseguró que la inclusión de las primas de navidad,
servicios, vacaciones y de riesgo, carece de sustento normativo, pues no se allegó
prueba de las cotizaciones a pensión respecto de tales pagos.
21. Finalmente, propuso las siguientes excepciones:
• Cobro de lo no debido: Insistió en que la liquidación pensional efectuada se
ajustó a derecho, de manera que no existe «ningún tipo de obligación entre las
partes».
• Pago: Indicó que ya reconoció y ha venido pagando la pensión de la
demandante.
• Prescripción: En su criterio, debe declararse prescrito cualquier derecho que
eventualmente se hubiera podido causar en favor de la solicitante.
• Buena fe: Manifestó que la entidad actuó con el pleno convencimiento de estar
obrando conforme a derecho.
6
Ff. 136 a 142 C. ppal.
3
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
• Compensación: Solicitó que se compensen las sumas pagadas por concepto
de mesadas pensionales o cualquier otro pago efectuado a partir del
reconocimiento de la pensión.
• Innominada: Pidió que se declare probada cualquier otra excepción que se
encuentre configurada.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
22. A continuación, se resumen las principales decisiones adoptadas en la audiencia
inicial, llevada a cabo el 27 de marzo de 2014.
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
23. En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] pasa a pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la parte demandada en
el escrito de contestación, se propuso o se propusieron las siguientes excepciones por
parte de la UGPP denominadas cobro de lo no debido, pago, buena fe y compensación.
Sin embargo, las mismas se fundamentan en argumentos de defensa que atacan el fondo
del asunto y se entenderán resueltas en la etapa de juzgamiento.
[…]
En relación con la excepción denominada de prescripción, la sala precisa que se
someterá la misma a su análisis en el evento de que las pretensiones de la demanda se
estimen procedentes, razón por la cual no es éste el momento conducente para su estudio
en este momento procesal y finalmente se propone la denominada genérica o nominada,
en el cual el Tribunal tan solo se pronunciará si se llegara a encontrar probada de oficio
[…]» (gramática del original)
24. Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
25. El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] El despacho procede a la fijación del litigio en los siguientes términos: si a la señora
Margenys del Socorro Enríquez Erazo le asiste derecho o no a que la entidad demandada
reliquide la pensión de jubilación de la cual es titular, incluyendo dentro de la base de
liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, de
conformidad con el régimen pensional especial que gobierna a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. […]»
26. Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
27. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia de primera instancia dictada en audiencia del 27 de marzo de
2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
28. En síntesis, encontró demostrado que la demandante laboró como detective del
DAS, desde el 1 de febrero de 1989 hasta el 30 de abril de 2011. Por esa razón,
estimó que es beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 4 del
Decreto 1835 de 1994, pues se encontraba vinculada para su entrada en vigor, esto
es, el 4 de agosto de 1994. En consecuencia, tiene derecho a que su pensión se
reconozca según las disposiciones especiales anteriores a la Ley 100 de 1993,
4
Radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014)
Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
contenidas en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, por ende, podía acceder
a la prestación con 20 años de servicio público sin importar la edad.
29. En cuanto a la liquidación de la pensión, señaló que, como el porcentaje que se
debía atender no fue regulado por las normas contentivas del régimen especial, es
preciso acudir a lo ordenado por el Decreto 3135 de 1968, en el artículo 27, según
el cual corresponde al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año
de servicios. Sobre los factores que deben atenderse en el cálculo de la mesada,
advirtió que aquellos son los relacionados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.
Sin embargo, entendió que tal listado es enunciativo y por ello es viable la inclusión
de otros emolumentos que fueron devengados de manera habitual y periódica, en
atención al principio de favorabilidad.
30. En consecuencia, examinadas las pruebas allegadas al expediente, observó que
la demandante devengó asignación básica, bonificación por servicios, primas de
navidad, de servicios, vacaciones y de riesgo, de las cuales solamente se incluyeron
las dos primeras. Así las cosas, en atención a lo señalado por el Consejo de Estado
en reiterada jurisprudencia7, estimó que se debe incluir la prima de riesgo, dado que
la recibió permanente y periódicamente como contraprestación directa del servicio.
31. Por lo anterior, declaró la nulidad de las resoluciones que denegaron la
reliquidación de la pensión de la demandante y ordenó reliquidar la prestación en el
75% del salario promedio mensual del último año de servicio, del 1.° de mayo de
2010 al 30 de abril de 2011, teniendo en cuenta, además de la asignación básica y
bonificación por servicios ya incluidas, las primas de navidad, de servicios, de
vacaciones y de riesgo, con los reajustes legales y sin perjuicio de los descuentos
de aportes a pensión sobre los factores que se ordenan incluir y respecto de los
cuales no se hubieran efectuado deducciones, únicamente en el porcentaje que le
corresponda a la servidora.
32. Igualmente, ordenó que la reliquidación se efectúe a partir de la fecha del retiro
definitivo del servicio, sin que se hubiera configurado el fenómeno de la prescripción,
pues no transcurrieron 3 años a partir de que el derecho se hizo exigible hasta la
presentación de la petición de reliquidación. Las sumas que se reconozcan deben
ser indexadas.
33. Finalmente, consideró innecesario ordenar el reconocimiento y pago de intereses
moratorios y se abstuvo de condenar en costas.
El recurso de apelación
34. Inconformes con la sentencia de primera instancia, las partes presentaron recurso
de apelación.
35. La demandante8 apeló únicamente lo atinente a la pretensión de reconocimiento
y pago de los intereses moratorios, que fue despachada desfavorablemente por el
tribunal. Sobre el particular manifestó que, si bien las sentencias se deben cumplir
en los términos del artículo 192 del CPACA, lo cierto es que es un hecho notorio que
las condenas no se cumplen en el tiempo en que se ordenan y que las personas se
ven sometidas a una serie de trámites administrativos que implican demoras
injustificadas en la efectividad de dichas órdenes. Por lo tanto, invocó el artículo 195
del CPACA, según el cual se ordena el pago de intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la respectiva providencia, aspecto que consideró que debe ser objeto
de estudio por el Consejo de Estado.
7
Se sustentó en las sentencias del Consejo de Estado del 10 de noviembre de 2010, radicación
interna: 568-2008 y del 1 de agosto de 2013 radicación interna: 0070-2011.
8
Folio 181, minuto 48:45 CD de audiencia inicial, que reposa en el folio 183.
5
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
36. Por su parte, la UGPP9 solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia.
Argumentó que los factores salariales que deben computarse en la base de
liquidación pensional son únicamente los previstos en la Ley 100 de 1993. Explicó
que ello es consecuencia del Decreto 691 de 1994, que incorporó a los servidores
públicos del nivel central al Régimen General de Seguridad Social.
37. En este sentido, agregó que se deben atender solamente los emolumentos
taxativamente señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se
efectuaron los respectivos aportes, sin incluir como factores para calcular el IBL la
prima de riesgo, que según el artículo 4 del Decreto 2646 de 1994, no constituye
factor salarial y tampoco las primas de navidad, vacaciones o servicios, pues estas
tienen carácter prestacional y no salarial.
38. Con base en lo anterior, indicó que la demandante tiene derecho a que se le
respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de las normas
aplicables anteriores a la vigencia del sistema general de seguridad social; sin
embargo, el valor de la mesada se liquida en el 75% del promedio de lo devengado,
de conformidad con lo previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia
C-168 de 1995 de la Corte Constitucional. De esta manera, se debe tener en cuenta
el salario promedio que recibió en el periodo comprendido entre el «1 de abril de 1994
y el 30 de junio de 2002», en concordancia con los principios de unidad, solidaridad y
sostenibilidad del sistema.
39. En suma, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
40. La parte demandante10 sostuvo que no existe «una sola razón jurídica válida» para
revocar la sentencia de primera instancia. En sustento de su afirmación, citó en
extenso apartes de la sentencia de unificación jurisprudencial del 1.° de agosto de
2013 con radicación 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-11). Agregó que, de
acuerdo con esta providencia, los detectives del DAS, beneficiarios del régimen de
transición contenido en el «Decreto 1933 de 1989», tienen derecho a que su pensión
de jubilación se liquide en el 75% de todos los factores de salario que devengaron
en el último año de servicios, incluida la prima de riesgo.
41. En su sentir, el anterior criterio no admite interpretación alguna, además de que
resulta vinculante, al tenor de lo regulado por los artículos 10 y 102 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así las cosas,
argumentó que, dada la similitud fáctica que existe entre su situación y la que se
analizó en aquella oportunidad, el presente asunto se debe resolver de la misma
forma.
42. La UGPP11 reiteró el argumento expuesto en su recurso de apelación. En síntesis,
sostuvo que, si bien la demandante está cobijada por un régimen especial, también
es cierto que la liquidación de su pensión debe atender las disposiciones de la Ley
100 de 1993, tal y como lo ordena el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, modificado
por el artículo 1 del Decreto 898 de 1996. Lo anterior, en atención a que consolidó el
derecho pensional cuando ya se encontraba vigente el sistema general de seguridad
social. En ese orden, la entidad atendió las exigencias de edad, tiempo de servicios
y monto de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
9
Folios 192 a 194
10
Folios 230 a 234.
11
Folios 236 a 244.
6
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
43. Sin embargo, manifestó que comoquiera que el Decreto 1835 de 1994 se abstuvo
de regular lo relacionado con la forma de calcular el valor de la prestación, en este
aspecto se debe aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores que deben
componer el ingreso base de liquidación son los taxativamente enlistados por el
Decreto 1158 de 1994.
44. En este mismo sentido, invocó la interpretación que la Corte Constitucional ha
impartido en torno al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
los términos del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Para el efecto, se remitió a las consideraciones expuestas en las sentencias
C-258 de 2013; SU-230 de 2015; T-078 de 2014 y el auto 326 de 2014.
45. En línea con lo anterior, afirmó que la demandante no tiene derecho a la inclusión
de todos los factores que solicita, toda vez que estos no los recibió de manera
habitual y periódica. Es así, por cuanto solamente demostró lo devengado en el
último año de servicio, por lo tanto, aseguró que estos son pagos ocasionales
realizados por el empleador que no constituyen salario, en los términos del artículo
128 del Código Sustantivo del Trabajo.
46. Agregó que los factores que integran el ingreso base de liquidación no fueron
objeto del régimen de transición. En consecuencia, en manera alguna es posible
acudir a normas anteriores a la Ley 100 de 1993, puesto que fueron derogadas. En
todo caso, precisó que se debe acatar lo regulado por el Acto Legislativo 01 de 2005
y solamente son computables aquellas sumas respecto de las cuales se efectuaron
cotizaciones.
47. Con base en lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y en su lugar, se denieguen las pretensiones.
48. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa, según constancia obrante a
folio 245 del expediente.
49. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino, mediante
memorial enviado por correo electrónico el 18 de agosto de 202112. Solicitó que se
deniegue la reliquidación de la pensión.
50. En criterio de la ANDJE, «una vez se verifique en el expediente que el demandante es
beneficiario del régimen de transición, que se pensionó con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, y los factores
salariales sobre los cuales realizó el respectivo aporte o cotización », se deben atender la
regla y las subreglas fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
201813. Según dicha providencia el ingreso base de liquidación corresponde al
promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, con inclusión
únicamente de los factores salariales sobre los cuales se realizaron cotizaciones.
51. Por consiguiente, no habría pruebas adicionales por practicar y sería procedente
«dictar sentencia anticipada»14. En efecto, indicó que, según la Corte Suprema de
Justicia, cuando se advierta que no habrá debate probatorio o que resulta
insustancial, debe proferirse sentencia definitiva sin trámites adicionales. Sostuvo,
que resulta necesario dar estricto cumplimiento a los principios de celeridad y
economía procesal15.
12
Índice 20 de SAMAI.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, radicación: 520012333000201200143-01.
14
Esta solicitud se resolvió mediante auto del 29 de noviembre de 2021.
15
Citó: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de junio de 2019, radicación
SC-19022019 (11001020300020180197400).
7
Radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014)
Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
CONSIDERACIONES
Competencia
52. De conformidad con el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 16, el Consejo de
Estado podrá asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo que ameriten
la expedición de una sentencia por importancia jurídica, trascendencia económica o
social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver
las divergencias en su interpretación y aplicación; lo cual puede hacer de oficio, a
solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales
o a petición del Ministerio Público.
53. Adicionalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de unificación dentro del asunto de la referencia, en atención a lo
previsto en los artículos 1317 y 1418 del reglamento interno de esta Corporación
(Acuerdo 080 de 2019).
54. En este caso, el proceso fue avocado para su conocimiento por la Sala de Sección
por medio de auto del 23 de septiembre de 2021, al considerar que, en el presente
asunto, se daban los supuestos y los requisitos de orden legal y reglamentario para
que la Sección Segunda del Consejo de Estado profiriera una sentencia de
unificación.
55. Lo anterior, en atención a que se encontró que el tema de la liquidación de las
pensiones reconocidas bajo las condiciones del régimen especial señalado por los
Decretos 1047 de 1979 y 1933 de 1989 para los servidores del extinto DAS debe ser
revisado a través de una sentencia de unificación. Esto, con el propósito de examinar
la situación bajo los parámetros de las Leyes 860 de 2003 y 100 de 1993, y de
armonizarla con las obligaciones que se generan a cargo del empleador,
particularmente, con la de deducir los aportes y su traslado a los entes de previsión
social, derivada del artículo 22 de la mencionada Ley 100 de 1993. Igualmente, es
preciso acompasar su aplicación con los principios que inspiran el derecho laboral 19
16
Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: «Por
razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que
ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado
podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho
conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de
Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se
tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.
[…] Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán
sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan
de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de
los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre
aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo
podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo […]
17
«ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […]
Sección Segunda
[…] 2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de
un contrato de trabajo. […]»
18
«ARTÍCULO 14.- OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU
ESPECIALIDAD. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo
al criterio de especialidad, también tendrá́ competencia para: […] 2. Dictar las sentencias de
unificación jurisprudencial por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o
necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con los asuntos que provengan de las Subsecciones
o de los Tribunales Administrativos. Las Secciones podrán asumir conocimiento a solicitud de parte,
de oficio, por petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales
Administrativos. […]»
19
Entre otros los consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política.
8
Radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014)
Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
y el de sostenibilidad financiera del sistema pensional 20, sin perjuicio de que se
examinen otros temas que resulten necesarios y conexos para definir el asunto
sometido al conocimiento de esta Sala.
56. Para el estudio del tema propuesto, se abordarán los siguientes aspectos: i) el
régimen especial de pensiones del DAS; ii) liquidación de las pensiones del régimen
especial del DAS que se consolidaron en vigencia de la Ley 100 de 1993; iii) la
cotización especial de alto riesgo; iv) la prima de riesgo del Decreto 2646 de 1994 y
su incidencia en el ingreso base de liquidación y la obligación de las cotizaciones
respecto de ella; iv) reglas de unificación; vi) caso particular y concreto.
1. Régimen especial de pensiones del DAS
57. Para delimitar el marco jurídico del régimen especial que en materia de pensiones
rige para el DAS, es importante hacer referencia al Decreto Ley 1047 del 7 de junio
de 197821, que fue expedido por el gobierno nacional, en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978. Esta norma, en el artículo 122,
previó que tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad,
los empleados del DAS que se desempeñaran como dactiloscopistas por 20 años
continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de formación impartido
por el instituto de dicho ente. Ahora, para quienes se encontraban vinculados al
momento de la expedición del mismo decreto y que ya hubieran aprobado el
mencionado curso, en el artículo 2, admitió la posibilidad de conceder la prestación
cuando cumplieran la edad de 50 años, si habían prestado su servicio a la entidad
por al menos 18 años.
58. Más adelante, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 198923 dictó una norma
general según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones
sociales señaladas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás
disposiciones que los adicionan o modifican24. En el artículo 10, mantuvo las
condiciones especiales para acceder a la pensión señaladas en el Decreto Ley 1047
de 1978 a quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, y extendió estas prerrogativas a los
detectives en sus diferentes grados y denominaciones 25.
59. En vigor de la Carta Política de 1991, el Congreso de la República expidió la Ley
100 de 1993, con la cual organizó el Sistema de Seguridad Social Integral. En el
20
Consagrado por el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política.
21
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
22
«Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de
formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
23
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
24
«Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad
tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública
del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo
3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto
establece.»
25
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas
para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de
jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
9
Radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014)
Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
artículo 14026, en atención al modelo de competencia concurrente previsto por el
artículo 150, numeral 19 superior, previó que el gobierno nacional expediría el
régimen de los servidores públicos que desarrollen actividades de alto riesgo, en el
marco de lo consagrado por la Ley 4.ª de 1992. Para ello, señaló que se debía tener
en cuenta una edad inferior, un menor número de semanas cotizadas o ambos
requisitos. También ordenó que se establecieran «puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad ».
Igualmente, indicó que «Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo
para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos»27.
60. En concordancia con la Ley 100 de 1993, el Decreto 691 del 29 de marzo de
199428 incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones. En el
artículo 5, extendió el régimen general a los servidores que laboraran en actividades
de alto riesgo para su salud, con la salvedad de que se les aplicarían las condiciones
especiales que en cada caso se determinaran.
61. Conforme lo anterior y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de 1992, el gobierno
nacional dictó el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual
reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos. En el artículo 2,
numeral 1, incluyó a los detectives del DAS, en sus distintos grados y
denominaciones de especializado, profesional y agente dentro de su ámbito de
aplicación. En el artículo 3, fijó los requisitos que debía acreditar el personal que
ingresara a partir de su vigencia para acceder a la pensión especial de vejez, así:
• Edad: 55 años. Sin embargo, esta exigencia se disminuirá en un año por cada
60 semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1000 semanas,
sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
• Semanas de cotización: 1000 semanas de cotización especial en las
actividades señaladas por el artículo 1 del Decreto 1835 de 1994.
62. El mismo Decreto 1835 de 1994, en el artículo 4, señaló un régimen de transición
especial29, para los servidores del DAS que, a su entrada en vigor, esto es, el 4 de
agosto de 199430, laboraran en las actividades catalogadas de alto riesgo. El
beneficio consistió en la posibilidad de acceder a la pensión en las condiciones de
edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto, indicadas por las normas
26
«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación
o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto
como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como
el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del
empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.» Declarado exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
27
Artículo 140 de la Ley 100 de 1993.
28
Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras
disposiciones.
29
«Artículo 4. Artículo corregido por el artículo 1o. del Decreto 898 de 1996. El nuevo texto es el
siguiente: Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o
el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación,
se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente
en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
30
En cuanto a la vigencia de este decreto se aclara que en el artículo 15 previó que regiría a partir de
la fecha de su publicación. Ello ocurrió el 4 de agosto de 1994, en el Diario oficial. Año CXXX. N.°
41473.
10
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anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989. De esta manera, conservaron la posibilidad de acceder a la pensión de vejez
una vez acreditaran 20 años de servicio, sin importar la edad.
63. Se destaca que, para gozar de esta normativa especial, los servidores debían
estar afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. En caso de que
se hubieran afiliado en el Régimen de Ahorro Individual, las disposiciones aplicables
serían las propias de este.
64. Luego, el artículo 17, numeral 2, de la Ley 797 de 2003 otorgó facultades
extraordinarias al presidente de la República para modificar el régimen legal para los
trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo. Con base en esta potestad,
se derogó el Decreto 1835 de 199431, como consecuencia de la expedición del
Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2003 32.
65. Este último definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto
riesgo y solamente incluyó aquellas labores que consideró que implican la
disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad de retiro con ocasión
de su trabajo (art. 2). En esta oportunidad se excluyó al personal del DAS. Empero,
en el artículo 6, se introdujo un régimen de transición para las personas que para la
fecha de su expedición33 tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial 34,
así:
«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren
cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho
a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797
de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo35.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.»
66. En torno a este régimen de transición, la Corte Constitucional, en la sentencia C-
663 de 2007 hizo importantes precisiones. La primera de ellas, relacionada con la
aparente exigencia de cumplir adicionalmente los requisitos señalados por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993. La providencia anotó que, desde un punto de vista
constitucional, debe prevalecer el régimen que resulte más favorable para el
trabajador, por tratarse de normas pensionales. De ahí que, según la Corte, el
requisito de las 500 semanas de cotización comporta un régimen de transición
distinto al previsto por la Ley 100 de 1993. Es así, por cuanto quienes cumplieran
con los supuestos del régimen de transición de esta última, ya se encontraban
amparados por una norma jurídica vigente, esto es el artículo 36 ejusdem, cuyos
beneficios son plenamente exigibles.
67. La segunda precisión es la relativa a la exigencia de las 500 semanas de
cotización especial. Sobre este requerimiento destacó que no era posible cumplirlo,
31
Derogado expresamente por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003.
32
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
33
El Decreto 2090 de 2003 fue publicado en el Diario Oficial N.° 42.262 del 28 de julio de 2003.
34
Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 se
pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de
2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, radicación:
2555-13.
35
Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C-663 2007: «[…] en el entendido que para
el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
11
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teniendo en cuenta que las disposiciones que se refirieron a las cotizaciones
especiales de alto riesgo fueron expedidas en 1994; por lo tanto, era
desproporcionado e irracional exigir que para el momento de expedición del Decreto
2090 de 2003 estas se hubieran tenido que acumular en las actividades allí descritas.
En ese orden, declaró exequible este aparte «en el entendido de que para el cómputo
de las “500 semanas de cotización especial”, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo».
68. Conforme con lo expuesto, la Sección Segunda ha dirimido casos en los que se
discuten aspectos relacionados con pensiones especiales por el desarrollo de
actividades de alto riesgo, al tenor de lo señalado por el artículo 6 del Decreto 2090
de 2003. En estos asuntos se interpretó que se debe atender el requisito de las
semanas de cotización mínimas de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión
de vejez especial, dado que este no fue incluido en los beneficios de la transición,
pero no para ser beneficiarios del régimen de transición especial. En consecuencia,
la transición del Decreto 2090 de 2003 exige 500 semanas de cotización especial,
sin que sea un requisito adicional acreditar los supuestos de edad y tiempo de
servicios de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 36.
69. En cuanto al régimen especial objeto de estudio, brevemente, se pone de
presente que, de manera particular, para los servidores del DAS, también se expidió
el Decreto Ley 2091 de 200337. Sin embargo, el sustento normativo que concedió las
facultades extraordinarias para su expedición, contenido en el numeral 3 del artículo
17 de la Ley 797 de 2003, fue declarado inexequible en la sentencia C-1056 de 2003.
70. Lo anterior llevó a que, en ese mismo año, se emitiera la Ley 860 del 26 de
diciembre de 200338, a través de la cual se reguló nuevamente la materia pensional
para los servidores del DAS. En síntesis, el artículo 2 dispuso que el régimen especial
de pensiones allí contenido acoge al personal de la mencionada entidad de que
tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, ellos son:
• Quienes desempeñen cargos de detective especializado, detective
profesional, detective agente, criminalístico especializado, criminalístico
profesional, criminalístico técnico y los conductores (art. 1 del Decreto 2646
de 1994)
• Aquellos que desempeñen cargos del área operativa no contemplados
anteriormente y los directores generales de inteligencia e investigaciones, los
directores de protección y extranjería, el jefe de la oficina de Interpol, los
directores y subdirectores seccionales, así como los jefes de división y unidad
que desempeñen funciones operativas y el delegado ante comité
permanente (art. 2 del Decreto 2646 de 1994)
71. Estas condiciones especiales se concibieron en consideración a que este
personal ejecuta actividades de alto riesgo propias del Sistema General de Riesgos
Profesionales, «en el sentido de tener una mayor probabilidad de sufrir un accidente de
36
En este sentido, se pueden consultar las sentencias referidas al régimen de transición del Decreto
2090 de 2003, entre otras, las siguientes: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 12 de junio de 2014, radicación: 050012331000201200100-01 (3287-2013); sentencia
del 29 de junio de 2017, radicación: 080012333000201200082 01 (0391-2014); sentencia del 15 de
julio de 2021, radicación: 25000-23-42-000-2014-01048-01 (2471-2015). Y de la Subsección A,
sentencia del 22 de abril de 2015, radicación: 25000-23-25-000-2011-00807-01 (2555-13); sentencia
del 23 de enero de 2020, radicación: 76001-23-33-000-2014-00174-01(2689-15); sentencia del 20 de
mayo de 2021, radicación: 25000234200020170490601 (5983-2019).
37
Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2009, como
consecuencia de la inexequibilidad del aparte «DAS» del artículo 17 de la Ley 797 de 2003.
38
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
12
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trabajo o una enfermedad profesional»39. Para ellos, las siguientes son las condiciones
para el reconocimiento pensional:
• 55 años de edad. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de
vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.
• Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 y adicionalmente, la cotización especial señalada en el artículo
12 del Decreto 1835 de 1994 y la que se define en la Ley 860 de 2003, durante
por lo menos 650 semanas, sean estas continuas o discontinuas.
72. El parágrafo 5 de la norma en mención previó un nuevo régimen de transición
para los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994, que a la
fecha de entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, 26 de diciembre del mismo año,
hubieran cotizado 500 semanas, quienes tendrían derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez en los términos del régimen de transición contenido en el Decreto
1835 de 1994. Es de anotar que estas condiciones, como antes se precisó, se
contraen a la exigencia de 20 años de servicios a cualquier edad, como lo previeron
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
73. Un aspecto que resulta oportuno destacar es que el parágrafo 6 del artículo 2 de
la Ley 860 de 2003 extendió la posibilidad de trasladarse al RPM, a quienes se
hubieran afiliado en el RAIS, sin que les fuera exigible el término de permanencia
fijado por el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Para ello se concedió un
plazo de 3 meses. Esta previsión también está contenida en el artículo 9 del Decreto
2090 de 2003.
74. El parágrafo 6 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 fue declarado exequible por
la Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2009, en el entendido de que: «a)
el plazo de tres (3) meses se contará a partir de la comunicación de la presente sentencia;
y b) la persona que ejerza la opción, puede aportar voluntariamente los recursos adicionales
necesarios en el evento de que el ahorro en el régimen de ahorro individual con solidaridad
sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso de que hubiere permanecido
en el régimen de prima media, como se advirtió en la sentencia C-789 de 2002.»
75. En aquella oportunidad, la Corte juzgó que era posible acceder a la pensión
especial, aunque el traslado fuera posterior a dicho término. Sin embargo, con el fin
de armonizar su contenido con las exigencias para la recuperación del régimen de
transición, cuando se retornara al régimen de prima media 40, sostuvo que era
necesario asegurar que el interesado tuviera la posibilidad de aportar «los recursos
necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a rendimientos
diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido». Para tal efecto, concedió el mismo
plazo de tres meses a partir de la comunicación de su providencia.
76. Más adelante, por disposición del Decreto ley 4057 del 31 de octubre de 2011 41
se suprimió el DAS y sus funciones fueron asignadas a la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional y
a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de Protección. En
39
Gaceta del Congreso, Año XII, N.° 667 del 9 de diciembre de 2003, Pág. 6.
40
En la sentencia C-030 de 2009, la Corte se refirió a los requisitos impuestos por el legislador para
aplicar el régimen de transición, esto son: «a) que trasladen al régimen de prima media todo el ahorro
que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) que dicho ahorro no sea inferior
al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima
media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en el régimen de prima media.»
41
«Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones»
13
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consecuencia, se ordenó la incorporación de sus servidores a estas últimas
entidades, quienes quedaron cobijados por el régimen salarial, prestacional, de
carrera y de administración de personal que rija en el organismo receptor, con
excepción de los que se vincularan al Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional, en este caso su régimen salarial y prestacional sería el fijado por el
presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales (art. 7).
77. Identificados los destinatarios (detectives), las condiciones y las normas que
rigieron el régimen especial de pensiones del DAS, la Sección continúa con los
cánones que rigen la liquidación de la prestación.
2. Liquidación de las pensiones del régimen especial del DAS que se
consolidaron en vigencia de la Ley 100 de 1993
78. Antes se hizo referencia a la incorporación ordenada por el Decreto 691 de 1994
de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones. Adicionalmente, se
dejaron precisadas las condiciones especiales para acceder al régimen especial, que
concedió ciertas prerrogativas en cuanto a las exigencias para acceder a la pensión,
a las personas que desarrollaran actividades de alto riesgo. En esta línea, por
disposición del artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, la base para calcular las
cotizaciones al sistema de seguridad social, así como para definir el ingreso base de
liquidación pensional es el dispuesto por los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993.
79. En el mismo sentido, el artículo 2, parágrafo 4, de la Ley 860 de 2003 señaló que
el ingreso base de cotización para los servidores públicos acreedores de la pensión
especial por actividades de alto riesgo, está constituido por los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994, adicionado en un porcentaje de la prima especial de
riesgo, a la cual se hará referencia más adelante. Igualmente, estipuló que los
aspectos de la pensión de vejez que dicha ley no prevé se regirían por las normas
generales contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y en sus decretos
reglamentarios (parágrafo 7).
80. Con todo, la interpretación del ingreso base de liquidación no ha sido un tema
pacífico en la jurisprudencia del Consejo de Estado, como pasa a exponerse de
manera sucinta:
81. Previamente, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que debía
atenderse en su integridad la normativa precedente a la Ley 100 de 1993, esto es,
de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 198942. En este contexto normativo, estimó
que eran computables aquellos factores salariales que estuvieran previstos por el
artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, a saber: la asignación básica mensual; los
incrementos por antigüedad; la bonificación por servicios prestados; la prima de
servicio; el subsidio de alimentación; el auxilio de transporte; la prima de
navidad; los gastos de representación; los viáticos que reciban los funcionarios en
comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no
inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio y la prima de
vacaciones.
82. Posteriormente, la Sección reiteró la tesis según la cual, tratándose del régimen
de transición pensional, debían atenderse los principios de favorabilidad e
inescindibilidad para entender que se regían por el régimen anterior que les era
aplicable. Además, admitió la inclusión de la totalidad de factores devengados en el
último año sin que el criterio de la taxatividad fuera parámetro para el entendimiento
42
Se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688
01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
14
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de las normas que identificaban los emolumentos que debían computarse. Esta
interpretación se consolidó con la sentencia del 4 de agosto de 2010 43 y en el caso
particular del DAS, con la sentencia del 1 de agosto de 2013 44.
83. El anterior criterio se modificó con la sentencia de unificación del 28 de agosto de
201845, en el cual el Consejo de Estado se alineó con la postura adoptada por la
Corte Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen
general de pensiones. Este es el referente que ha llevado a esta corporación a
replantear su posición en cuanto a la interpretación del ingreso base de liquidación
en diferentes regímenes especiales que cobijan a los servidores públicos como el de
la Rama Judicial y Ministerio Público46 y el de Contraloría General de la República47.
84. Tal planteamiento atiende la competencia legal y constitucional tanto del
legislador como del ejecutivo para definir el régimen prestacional de los empleados
públicos48. Así, se reconoce que dichas autoridades tienen la posibilidad de definir el
periodo a tener en cuenta para efecto de determinar el ingreso base de liquidación,
así como los factores que lo integran y la generalidad que abarca la Ley 100 de 1993,
la cual se extiende a los regímenes especiales. Ciertamente, su finalidad fue la de
unificar los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban
difusos en el ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes aplicables a todos
los trabajadores del territorio colombiano, sin considerar la naturaleza de su relación
laboral49.
85. Además, tal mandato fue elevado al rango constitucional por el Acto Legislativo 1
de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Carta Política al señalar «Los requisitos y
beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por
actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo
allí establecido».
86. Por esa razón, en esta oportunidad la Sección Segunda ajusta su posición a la
adoptada por la Sala Plena para señalar que, los servidores que desarrollaron
actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes de transición de que
tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho
a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido
como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por las normas anteriores, sin
embargo, el período para calcular el ingreso base de liquidación es el previsto por la
Ley 100 de 1993.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-
25-000-2006-07509-01(0112-09), demandante: Luis Mario Velandia.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23-
31-000-2008-00150-01(0070-11), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
45
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 15001 23 33
000 2016 00630 01 (4083-2017), demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 05001-23-33-
00-2012-00572-01 (1882-2014), demandante: Olga Lucía Bermúdez Parra.
48
En este sentido, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expuso: « La inclusión de
todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que
adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”,
bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio
interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración
enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar
dicha base.»
49
«[…] Con el fin de eliminar la multiplicidad existente de regímenes pensionales, lo cual reafirma la
unidad del Sistema, se establece como regla general que el mismo se aplica a todos los habitantes
del territorio nacional, y sustituye los regímenes, tanto del sector público como del privado, que regulan
esta materia, dejando a salvo de manera explícita, los derechos adquiridos.» Gaceta del Congreso,
Año II, N.° 130, 14 de mayo de 1993, Pág. 7.
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87. En esas condiciones, el período para liquidar la pensión de los beneficiarios del
régimen de transición es el indicado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
es decir:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
88. Ahora, en lo atinente a los factores que deben incluirse, es imperativo remitirse a
lo regulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, para tener en
cuenta aquellos previstos en el Decreto 1158 de 1994 y en las demás normas que
señalen que deben ser base de cotización a pensión. En efecto, el artículo 12 del
Decreto 1835 de 1994 ordenó que los afiliados destinatarios de los regímenes de
transición especiales, entre ellos, los del DAS, se sujetan en esta materia al régimen
ordinario, salvo en lo relacionado con la cotización especial de alto riesgo, que se
abordará más adelante.
89. En el mismo sentido, el Acto Legislativo 1 de 2005 impuso una limitación
directamente constitucional a la liquidación de las pensiones cuando indicó que
solamente se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona haya
efectuado cotizaciones. Esta medida se consideró necesaria para permitir la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
90. En esas condiciones, inicialmente los factores sobre los cuales se deben efectuar
aportes son los señalados por el Decreto 1158 de 1994, estos son: asignación básica
mensual, gastos de representación, prima técnica (cuando sea factor de salario),
primas de antigüedad, ascensional de capacitación (cuando sean factor de salario),
remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna y la bonificación por
servicios prestados. Igualmente, se deben tener en consideración aquellos que se
ordenen incluir por normas especiales como la prima de riesgo de que trata el
Decreto 2646 de 1994, a la que también se hará alusión.
2.1. Cotización especial de alto riesgo
91. Como se precisó antes, el Decreto 1835 de 1994 reguló el régimen especial de
alto riesgo del DAS. Para ello, impuso una obligación adicional en el artículo 1250. Se
trata de una cotización especial adicional a cargo, exclusivamente, de la entidad
empleadora. El monto de esta cotización es el previsto para el sistema general de
50
«Monto de las cotizaciones. El monto de la cotización para las actividades de alto riesgo de que
trata este Decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones por la Ley 100 de 1993 más 6
puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de la rama judicial y el
Ministerio Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras
de que trata este Decreto.
Cuando se trate de afiliados beneficiados por los regímenes de transición especiales descritos en los
artículos 4º, 7º, 9ºy 10, de este Decreto, el régimen de cotizaciones será el ordinario, señalado para
pensiones por la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, excepto cuando el servidor público desarrolle
cualquiera de las actividades de alto riesgo señaladas en el artículo 2º del presente Decreto, en cuyo
caso se causarán las cotizaciones especiales adicionales antes señaladas.»
16
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pensiones por la Ley 100 de 1993 aumentado en 8.5 puntos adicionales, para los
servidores del DAS.
92. El valor de la cotización especial de alto riesgo se elevó a 10 puntos a partir de la
Ley 860 de 2003 que en el parágrafo 3 del artículo 2 dispuso:
«PARÁGRAFO 3o. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización
especial para el personal del DAS del que trata la presente Ley, será el previsto
en la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, más diez (10) puntos
adicionales a cargo del empleador.»
93. En la ponencia conjunta de Senado y Cámara del proyecto de ley que antecedió
la Ley 860 de 2003, se expuso que esta cotización especial impuesta al empleador
se previó con el propósito de atender la necesidad de generar los recursos
necesarios para liquidar y pagar las pensiones de alto riesgo, que ameritaba unas
medidas diferentes a las concebidas en el marco del régimen general de pensiones51.
94. De esta manera, el DAS en su calidad de empleador de los servidores incluidos
en el régimen especial de pensiones que se viene estudiando, tuvo la obligación de
efectuar dicho aporte especial a partir de 1994, cuando se expidió el Decreto 1835
de ese año hasta la supresión definitiva de la entidad ordenada por el Decreto 4057
del 31 de agosto de 2011 y la incorporación de sus servidores a otras entidades
públicas.
95. Conviene anotar, que la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 12 de
diciembre de 200652, sostuvo que, el DAS como empleador, no tiene la obligación de
efectuar la cotización especial adicional para la pensión de los detectives que
ingresaron a la institución antes de la entrada en vigor del Decreto 1835 de 1994,
con sustento en lo siguiente:
«Se consulta si esta cotización adicional es exigible a los detectives vinculados
antes del 3 de agosto de 1994. Al respecto, la Sala considera que el requisito
de esta cotización especial no afecta el régimen de transición especial de los
detectives, puesto que el mismo artículo 4o impide que se puedan variar las
condiciones del régimen allí establecidas, al señalar que tales condiciones no
pueden ser menos favorables a las que existían antes de la ley 100. Esto
significa que el decreto mantuvo incólume la normatividad existente hasta ese
momento, es decir, los decretos leyes 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
En consecuencia, la exigencia de una cotización especial, aunque ésta sea a
cargo del empleador, se convierte en una condición más gravosa que altera el
régimen y lo hace menos favorable. De hecho, según la información recibida,
CAJANAL está negando, hoy en día, el otorgamiento de pensiones a detectives
que llenan los requisitos de la normatividad anterior a la ley 100, alegando que
no cumplen con la cotización especial, lo cual, eventualmente, puede vulnerar
el derecho fundamental a la igualdad puesto que anteriormente no exigía dicho
requisito.
En conclusión, respecto de los detectives amparados por el régimen de
transición del DAS, no es procedente exigir el pago de la cotización especial,
como requisito para el otorgamiento de la pensión.»
51
«En esencia, la cotización especial impuesta al empleador por las anteriores normas tienen su
justificación en la necesidad de generar recursos que sirvan de base al momento de liquidar y cancelar
las pensiones que por razón del alto riesgo, implican unos escenarios financieros diferentes del marco
general de pensiones.» Gaceta del Congreso, Año XII, N.° 667 del 9 de diciembre de 2003, Pág. 7
52
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2006,
radicación: 11001-03-06-000-2006-00116-00(1790).
17
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
96. Igualmente, en esta oportunidad se estima que la omisión de la cotización
especial de alto riesgo por parte del empleador no es un requisito adicional para el
reconocimiento de la pensión especial. Se destaca que la incidencia de esta
cotización especial está dada en la posibilidad de lograr un estatus pensional
anticipado, en función de las variables diferenciales de edad y tiempo de cotización
que tienen los servidores del DAS que desarrollan las actividades clasificadas como
de alto riesgo, mas no en la liquidación de la prestación. En este punto, la Sala
advierte que la omisión en el traslado de aportes será objeto de estudio más
adelante.
2.2. La prima de riesgo del Decreto 2646 de 1994 y su incidencia en el
ingreso base de liquidación
97. El Decreto 1137 del 2 de junio de 1994 53 creó la prima mensual de riesgo
equivalente al 30% de la asignación básica, para los detectives de la entidad que no
estén asignados a tareas administrativas y los conductores, con la salvedad de que
aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse simultáneamente con las
primas de orden público, de clima y de riesgo de que tratan los artículos 2, 3 y 4 del
Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por el Decreto 132 del 17 de enero de
1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre de 199454 aumentó el porcentaje
de dicho emolumento al 35%, para el anterior personal y extendió el beneficio para
otros empleados del área no operativa55 y la hizo incompatible solamente con las
prestaciones con la misma denominación previstas en los Decretos 1933 de 1989 y
132 de 1994 y reiteró su exclusión como factor salarial.
98. Con todo, la sentencia del 1 de agosto de 2013 56 sostuvo que, como la prima de
riesgo al ser percibida en forma permanente y mensual, hace parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, debe ser considerada
en la liquidación de la pensión. Este planteamiento es incompatible con la
interpretación que en la actualidad se viene dando por el Consejo de Estado, desde
la sentencia del 28 de agosto de 2018, que atiende la taxatividad normativa para
efectos de determinar los emolumentos que componen el ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación o vejez.
99. Posteriormente, el parágrafo 457 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 incluyó la
prima de riesgo en el ingreso base de cotización para los servidores del DAS, ello se
efectuó solo en un porcentaje del 40% que se incrementó al 50% a partir del 31 de
53
«Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados
del Departamento Administrativo de Seguridad».
54
«Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
55
«Artículo 2.º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que desempeñen
cargos del área operativa no contemplados en el artículo anterior y los Directores Generales de
Inteligencia e Investigaciones, los Directores de Protección y Extranjería, el Jefe de la Oficina de
Interpol, los Directores y Subdirectores Seccionales, así como los Jefes de División y Unidad que
desempeñen funciones operativas y el Delegado ante Comité Permanente tendrán derecho a percibir
mensualmente y con carácter permanente una Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta por
ciento (30%) de su asignación básica mensual.
Artículo 3.º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que desempeñen
cargos de las áreas de Dirección Superior y Administrativa no contemplados en los artículos
anteriores, tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una Prima Especial
de Riesgo equivalente al quince por ciento (15%) de su asignación básica mensual.»
56
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
57
«El ingreso base de cotización para los servidores públicos a que se refiere este artículo, estará
constituido por los factores incluidos en el Decreto 1158 de 1994, adicionado en un 40% de la prima
especial de riesgo a la que se refieren los artículos 1o y 2o del Decreto 2646 de 1994.
El porcentaje del cuarenta por ciento (40%) considerado para el Ingreso Base de Cotización se
incrementará al cincuenta por ciento (50%) a partir del 31 de diciembre del 2007.»
18
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diciembre de 2007. Es decir, a partir de este momento se previó que la prima en
mención amplió sus efectos, pero únicamente en materia pensional, sin extender su
incidencia a otras prestaciones sociales, tal y como lo observó la sentencia del 12 de
mayo de 202258.
100. De acuerdo con lo anterior, en atención a lo previsto por el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, aplicable a los servidores del DAS por remisión expresa de los Decretos
1835 de 1994 y 2090 de 200359 y por la Ley 860 de 2003, esta prima también debe
componer el ingreso base de liquidación de este personal, en el porcentaje que sirvió
de base para los aportes.
101. En consecuencia, la prima de riesgo del DAS debe integrar el ingreso base de
liquidación de las pensiones del personal de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto
2646 de 1994, a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, hasta que se
llevó a cabo la incorporación del personal del DAS a otras entidades luego de su
supresión, de la siguiente forma:
• En porcentaje del 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de
diciembre de 2007.
• En porcentaje del 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la
incorporación de los servidores del DAS a otras entidades, por disposición del
Decreto Ley 4057 de 2011.
102. Luego, el mencionado Decreto Ley 4057 de 2011 previó que, a partir de la
incorporación de los servidores del DAS a otras entidades de la rama ejecutiva, la
prima de riesgo «se entiende integrada y reconocida en la asignación básica del nuevo
cargo»60. Por ende, en el evento en que el empleo al que ingresara el servidor tuviera
una asignación básica inferior al valor de ambos conceptos, la diferencia se reconoce
con una bonificación mensual individual por compensación integrada a aquella y, por
lo tanto, es factor salarial en su totalidad, para todos los efectos legales 61.
103. Es de anotar que, con posterioridad al Decreto 2646 de 1994, los decretos que
fijaron anualmente la escala de remuneraciones para los empleos del DAS, a partir
de 199762 previeron una prima especial de riesgo, equivalente al 50% de la
asignación básica para los servidores señalados en los numerales 1 y 2 del
mencionado Decreto 2646 de 1994 «que presten sus servicios en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, bien sea en Casa Militar o en la Secretaría
para la Seguridad del Presidente, en virtud de comisión, destinación o asignación » al igual
que para las personas que se desempeñaran como escolta de ministros y director
del DAS. De acuerdo con aquellos decretos esta prima especial «no constituye factor
salarial para ningún efecto legal» y no podría devengarse simultáneamente con la prima
regulada por el Decreto 2646 de 1994.
104. En esas condiciones, la prima especial de riesgo de que tratan los mencionados
decretos se distingue de la prestación económica que recibe la misma denominación
señalada por el Decreto 2646 de 1994, que es a la que se circunscribe el análisis de
58
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022, radicación:
05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018) SUJ-027-CE-S2-2022.
59
Si bien esta norma no incluyó al personal del DAS dentro del personal que labora en actividades
alto riesgo, su régimen de transición es aplicable a los servidores que a su entrada en vigor hubieran
cotizado al menos 500 semanas de cotización especial, quienes tendrán derecho a que la pensión les
sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
60
Inciso segundo del artículo 7, Decreto 4057 de 2011.
61
Inciso tercero del artículo 7, Decreto 4057 de 2011.
62
Decreto 70 de 1997 (art. 7); Decreto 59 de 1998 (art. 7); Decreto 66 de 1999 (art. 7); Decreto 2752
de 2000 (art. 8); Decreto 1490 de 2001 (art. 8); Decreto 2736 de 2001 (art. 8); Decreto 675 de 2002
(art. 8); Decreto 3546 de 2003 (art. 8); Decreto 4154 de 2004 (art. 8); Decreto 919 de 2005 (art.7);
Decreto 377 de 2006 (art. 7); Decreto 605 de 2007 (art. 7); Decreto 648 de 2008 (art. 7); Decreto 713
de 2009 (art. 7); Decreto 1379 de 2010 (art. 7); Decreto 1034 de 2011 (art. 7).
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esta providencia, y que, a su vez, es objeto de consideración en el ingreso base de
cotización a pensión, pues así lo indicó expresamente la Ley 860 de 2003. Por lo
tanto, la incidencia pensional de la prima de riesgo de los decretos que fijan las
escalas de remuneración para los servidores del DAS anualmente deberá ser
analizada en cada caso particular y concreto, cuando ello sea necesario.
105. En suma, la incorporación de la prima de riesgo a la base de cotización pensional
tiene incidencia en el período para efectos de la liquidación de la pensión y no en el
estatus pensional, pues este puede alcanzarse con posterioridad a la Ley 860 de
2003.
2.2.1. Obligaciones del empleador frente a los aportes para pensión
106. Antes quedaron delimitadas las condiciones para acceder a la pensión especial
por alto riesgo, sus destinatarios, cómo debe realizarse la liquidación de la prestación
y los factores que deben incluirse en el ingreso base de liquidación. Sin embargo, la
Sala estima necesario referirse al evento en el que se hubieran dejado de efectuar
los aportes correspondientes al sistema general de seguridad social en pensiones,
sobre los emolumentos que deben ser base de cotización.
107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación
laboral existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de
pensiones tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo
anterior, el artículo 22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus
aportes y los de sus trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor
de la cotización obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la
entidad de previsión social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional.
En todo caso, es el empleador el responsable por la totalidad del aporte « aun en el
evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo
es reiterado en el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 63 (artículo 27).
108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la
de verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto
1161 del 3 de junio de 199464 impuso a las administradoras de pensiones el deber
de verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan
a la ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).
109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe
que los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o
el monto consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los
mecanismos para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las
consecuencias de su incumplimiento.
110. Según el artículo 23 de la misma Ley 100 de 1993 el empleador que no realice
las consignaciones de los aportes estará a cargo de un interés moratorio igual al que
rige para el impuesto a la renta. Así mismo, se prevén consecuencias disciplinarias
para quienes desarrollan la función pública de ordenador del gasto, que sin justa
causa se abstengan de efectuar la consignación oportuna de estos conceptos.
Adicionalmente, con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley, el artículo 24 ibidem
instituyó las acciones de cobro en cabeza de las entidades administradoras de los
aportes adeudados, y el artículo 57 señala la posibilidad de adelantar el cobro
coactivo, para hacer efectivos sus créditos.
111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
63
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993»
64
«Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones»
20
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pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte
de la consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo
más débil de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva
en su favor a fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar
una protección jurídica favorable para el trabajador65.
112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia
ha reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser
imputable al trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno
reconocimiento de su pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador
implica la vulneración de su derecho a la seguridad social 66.
113. En efecto, el Consejo de Estado ha reconocido la obligación de las entidades
administradoras de pensiones de hacer efectivo el pago de los aportes que el
empleador no realizó67. Por su parte, la Corte Constitucional, a través de sus salas
de revisión de tutelas, ha emitido múltiples pronunciamientos 68 en los que ha
reiterado que esta negligencia en manera alguna debe ser soportada por el servidor.
De igual modo, destaca los poderes y potestades de las que están investidas las
instituciones de seguridad social para asegurar su cumplimiento. En este sentido,
conviene destacar algunas de las reglas identificadas y sintetizadas por aquella
corporación, en la sentencia T-505 de 2019, a saber:
«i. Cuando un empleador incumple su obligación de cotizar oportunamente al
sistema pensional al cual se encuentra afiliado su trabajador, la entidad
administradora de pensiones debe adelantar las gestiones de cobro respectivas.
Esto debido a que dicha entidad dispone de todas las herramientas legales que
se requiere para hacer exigible el traslado efectivo de los aportes al Sistema de
Seguridad Social69.
ii. Cuando la administradora de pensiones no “ejerce el cobro coactivo, ni los
mecanismos judiciales establecidos en la Ley para que cumpla a cabalidad con
su obligación, se entenderá que se allanó a la mora” 70, es decir, que asume las
consecuencias derivadas de su propia negligencia. Por este motivo le
corresponde admitir la morosidad del empleador y reconocer el pago de las
mesadas a que tiene derecho el trabajador. En estos casos, se ha dicho que de
conformidad con los principios de buena fe y de confianza legítima, los efectos
nocivos de la mora del empleador no se pueden trasladar al trabajador71. […]
iii. Cuando la mora por parte del empleador en el pago de los aportes a pensión
puede llegar a afectar el derecho al reconocimiento pensional de un afiliado, y la
administradora de pensiones no ha realizado las gestiones de cobro pertinentes,
65
Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos
Aires 1990, segunda edición, pp. 23 – 25.
66
Ver sentencia T-064 de 2018.
67
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 20 de agosto de 2020, radicación:
05001-23-33-000-2017-01393-01(1133-18). Esta providencia confirmó la decisión de denegar el
llamamiento en garantía al empleador y señaló «[…] la obligación de hacer efectivo el pago de los
aportes que no realizó el empleador recae en las entidades administradoras de pensiones, quienes
deberán adelantar las respectivas acciones de cobro coactivo.»
68
Al respecto, se pueden consultar: sentencias T- 334 de 1997; T-179 de 1997; T- C-177 de 1998, T-
363 de 1998; SU-430 de 1998; T-553 de 1998; T-205 de 2002; T-1106 de 2002; T-1106 de 2003; C-
250 de 2004; T-272 de 2004; T-664 de 2004; T-043 de 2005; T-138 de 2005; T-305 de 2005; T-344
de 2005; T-1128 de 2005; T-106 de 2006; T-498 de 2008; T-631 de 2009; T-042 de 2010; T-761 de
2010; T-080 de 2011; T-398 de 2013;T-300 de 2014; T-708 de 2014; T-760 de 2014; T-185 de 2016;
T-617 de 2016; T-327 de 2017; T-722 de 2017; T-064 de 2018; T-230 de 2018; T-331 de 2018; T-
505 de 2019 y T-502 de 2020.
69
Ver Sentencia T-230 de 2018.
70
Sentencia T-398 de 2013.
71
Ver las Sentencias T-399 de 2016, T-526 de 2014 y T-079 de 2016.
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no es admisible que dicha entidad deje de contabilizar periodos en mora al
momento de verificar el cumplimiento de los requisitos de la pensión de vejez 72.
[…]
v. Las administradoras de pensiones son responsables de la custodia de la
historia laboral para el reconocimiento pensional y, por ende, deben garantizar
que contenga información veraz, cierta, precisa, actualizada y completa, a fin de
que el afiliado pueda reclamar los derechos que le asisten73. En efecto, dicha
entidad pensional tiene el deber de registrar la mora en el pago de aportes en la
historia laboral del afiliado, lo cual “puede generarse por dos fenómenos a saber:
a) cuando existiendo un vínculo laboral vigente el empleador no realiza el pago a
la administradora de pensiones a la que esté afiliado el empleado, o b) cuando a
pesar de haber cesado la relación laboral, el empleador no reporta la novedad de
retiro a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)” 74.
vi. Esta Corte ha cuestionado “la práctica reprochable de suprimir de la historia
laboral, las semanas en las que se presentara mora patronal y llamó la atención
al respecto”75. En esa medida, afirmó que los errores operacionales en la
administración de las historias laborales, tales como “problemas procedimentales
o de trámites pendientes, razones formales o el incumplimiento de obligaciones
que no le conciernen al usuario del sistema y pueden ser solventados por la
autoridad pensional”, no justifican la negativa de la pensión de vejez76. Además,
la entidad pensional tampoco puede invocar a su favor el propio descuido en el
uso de sus facultades de cobro, como una excusa para negar el reconocimiento
de una pensión de vejez77.
vii. Ante un eventual reconocimiento de la pensión de vejez a un afiliado que ha
recibido una indemnización sustitutiva, existe la posibilidad de deducir de las
mesadas lo pagado por concepto de tal indemnización. Ello no se considera como
una medida que pueda afectar la sostenibilidad financiera del sistema, pues de
esta manera se asegura que los aportes del asegurado financien solamente una
prestación78.
[…]»
114. A su vez, la Corte Suprema de Justicia expone una línea similar frente a la
obligación impuesta por el artículo 22 de la Ley 100 de 1993. A partir de la sentencia
de 22 de julio de 2008, radicado 34270, la Sala de Casación Laboral adoptó un
criterio jurisprudencial sobre los efectos de la mora patronal. La corporación sostuvo
que cuando se presente omisión del empleador en el pago de las cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones y esto limite el acceso a las prestaciones,
de existir incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro,
es a esta última a quien le corresponde asumir el pago a los afiliados o a sus
beneficiarios. Se destaca el siguiente aparte de la providencia en cita79:
«[…] Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las
cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del
sistema; pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en
perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como
era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción
eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los
72
Ver Sentencia T-436 de 2017.
73
Ver Sentencia T-718 de 2005 y T-399 de 2016.
74
Sentencia T-315 de 2018.
75
Sentencia T-379 de 2017.
76
Sentencia T-315 de 2018.
77
Ver las Sentencias T-436 de 2017, T-940 de 2013 y T-053 de 2010.
78
Ver Sentencia T-596 de 2016.
79
Reiterado entre otras, en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 26
de junio de 2012, radicación: 40811; sentencia del 28 de agosto de 2012, radicación: 43188; sentencia
del 29 de enero de 2014, radicación: 44501; sentencia del 22 de noviembre de 2017, radicación:
52060; sentencia del 9 de octubre de 2019, radicación: 71196; sentencia del 20 de mayo de 2020,
radicación: 76986; sentencia del 28 de abril de 2021, radicación: 70744.
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aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras
contra riesgos causados y no para la protección del afiliado. […]»
115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el
descuento y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad
administradora de pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de
los procedimientos tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como
un obstáculo para el reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir
los riesgos derivados de la vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia
de las entidades cuyas consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador.
116. Cuando la administradora no adelanta las gestiones necesarias para el cobro
respectivo o acepta el pago extemporáneo de aportes por parte del empleador, se
entiende que asume las consecuencias derivadas de su propia negligencia. En este
caso, le corresponde admitir la mora patronal y reconocer el pago de las mesadas a
las que tiene derecho el trabajador. Ahora, como las instituciones que administran
el sistema de pensiones disponen de todas las herramientas jurídicas para hacer
exigible la consignación efectiva de los aportes, la constitución en mora del
empleador en manera alguna justifica la negativa del derecho pensional a la persona
que cumple con los requisitos para acceder a ella. Es este el contenido del llamado
allanamiento a la mora80.
117. Lo expuesto también guarda estrecha relación con el principio de
responsabilidad en el desempeño de funciones públicas, cuya trascendencia resalta
en el modelo de Estado social de derecho colombiano, en el cual las autoridades
están instituidas para proteger a todas las personas y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado. De ahí que, el artículo 6 superior indica que los servidores
públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, así como por la
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Este mandato también se
encuentra implícito en los artículos 90, 95, 122, 123 y 124 de la Carta.
118. Así pues, el ordenamiento jurídico prevé consecuencias por la inobservancia de
los deberes de realizar descuentos por aportes y pagos para el sistema de seguridad
social. En materia disciplinaria, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, en el artículo 48,
numeral 28, define que la omisión de esta obligación constituye falta gravísima. Esta
disposición se reprodujo en la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, en el artículo 57,
numeral 9, como una falta relacionada con la hacienda pública. Por su parte, las
normas tributarias contenidas en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 modificada
por la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 le confieren a la UGPP la competencia
para imponer sanciones allí descritas a los aportantes que incumplan con las
contribuciones parafiscales de la protección social (artículo 179).
119. Todo lo expuesto lleva a concluir que, los servidores del DAS, para quienes se
previó que la prima de riesgo haría parte del ingreso base de cotización, no deben
verse afectados en su derecho pensional, por el hecho de que no acrediten los
descuentos sobre este factor con incidencia pensional. Ciertamente, era
responsabilidad de su empleador efectuar las deducciones y traslados
correspondientes por este concepto, obligación que debía ser verificada por el ente
de previsión social, conforme las competencias legal y reglamentariamente
asignadas. Así las cosas, el incumplimiento de estos últimos no debe ser asumido
por el trabajador que aspira a consolidar su derecho pensional, en la plenitud de las
condiciones que concede la ley.
120. Frente a esta interpretación es importante precisar que no se considera que con
ella de desconozca el Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto señala «Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
80
Ver sentencias T-433 de 2015 y T-230 de 2018.
23
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
persona hubiere efectuado las cotizaciones », si se parte de que dichas cotizaciones han
debido efectuarse según las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la
materia y las consecuencias de su incumplimiento están igualmente reguladas por
la ley.
121. En esas condiciones, entender que la omisión de las autoridades públicas ya
sea como empleadores o como administradoras de pensiones es causa suficiente
para disminuir el derecho a la pensión, como componente de la garantía de
seguridad social, sería tanto como admitir la validez de una actuación que vulnera
el ordenamiento jurídico y que, a su vez, conlleva la afectación de los fines
esenciales del Estado, especialmente los de promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el
artículo 2 de la Constitución; del mismo artículo 48 superior, que garantiza los
derechos adquiridos con arreglo a la ley y del artículo 53, que tiene dentro de los
principios mínimos fundamentales en materia laboral: la irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; la situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho y la garantía a la seguridad social.
122. En consecuencia, los errores, omisiones o inexactitudes en la consignación de
los aportes no son un aspecto que pueda modificar las condiciones en las cuales la
ley concede el derecho pensional, cuando el afiliado ha acreditado los requisitos para
acceder a la prestación.
3. Reglas de unificación
i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por
los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de
2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo,
el ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, este es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del
Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse
para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en
los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:
• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de
2007.
• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de
2011.
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.
123. Se aclara que no se desconoce que anteriormente se emitieron algunas
providencias de Subsección en las que se adoptaron interpretaciones distintas en
relación con la inclusión de la prima de riesgo del DAS como factor salarial en el
ingreso base de liquidación de las pensiones sometidas al régimen especial aquí
estudiado, tal y como se expuso en el auto del 23 de septiembre de 2021, por el cual
esta Sección avocó conocimiento del asunto. Sin embargo, la Sala de Sección acoge
las reglas de unificación aquí definidas, pues luego de efectuar una nueva revisión
de la materia bajo los parámetros de las Leyes 860 de 2003 y 100 de 1993, en
armonía con las obligaciones que se generan a cargo del empleador,
particularmente, con la de deducir los aportes y su traslado a los entes de previsión
social, derivada del artículo 22 de la mencionada Ley 100 de 1993, lleva a la
conclusión de que la motivación que en esta oportunidad se presenta se acompasa
de mejor forma con los principios que inspiran el derecho laboral y el de
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
4. El asunto particular y concreto
Problemas jurídicos
124. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta providencia se resumen
en las siguientes preguntas:
i) ¿La señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo, quien se desempeñó como
detective del Departamento Administrativo de Seguridad, tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios?
ii) ¿Se debe ordenar el reconocimiento de intereses moratorios en favor de la
demandante?
Primer problema jurídico
¿La señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo, quien se desempeñó como
detective del Departamento Administrativo de Seguridad, tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios?
125. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
126. La señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo nació el 28 de abril de 1965 81.
127. En el folio 35 la subdirectora del Talento Humano del DAS (en liquidación)
certificó, el 9 de abril de 2012, que la señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo
se desempeñó como detective en la entidad desde el 1.° de febrero de 1989 hasta
el 29 de abril de 2011, con una interrupción comprendida entre el 3 de enero de 2005
y el 7 de enero de 2005, para un total de 22 años, 2 meses y 23 días. El
81
Folio 4 del cuaderno principal.
25
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
Departamento Administrativo de Seguridad efectuó cotizaciones especiales por
actividad de alto riesgo, en porcentaje del 8.5% desde el 1 de enero de 1996 hasta
el 31 de julio de 2003. Así mismo, que efectuó aportes a Cajanal desde el 1 de
febrero de 1989 hasta el 30 de junio de 2009 y al ISS desde el 1 de julio de 2009
hasta el 29 de abril de 2011, en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 2196
de 200982.
128. De acuerdo con los comprobantes de nómina de diciembre de 2009, enero a
diciembre de 2010 y febrero a abril de 2011, que reposan en los folios 19 a 3483,
durante dichas anualidades la demandante devengó: asignación básica; prima de
servicios; prima de vacaciones; prima de navidad; bonificación por servicios; prima
especial de riesgo del 35%; bonificación por recreación; sueldo por vacaciones y
factores por vacaciones.
129. Por medio de la Resolución PAP 012932 del 9 de septiembre de 2010 (ff. 5 a
11), Cajanal reconoció una pensión de jubilación, efectiva a partir del 1 de junio de
2009, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio. Para el efecto tuvo en
cuenta:
• Que laboró 7255 días, equivalentes a 1036 semanas.
• Para la fecha, tenía la edad de 44 años.
• Adquirió el estatus jurídico el 6 de abril de 2009.
• La liquidación la efectuó en el 75% del salario promedio devengado en los
últimos 10 años, entre el 26 de mayo de 1999 y el 30 de mayo de 2009,
conforme al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
• Los factores que incluyó fueron: asignación básica y bonificación por
servicios.
130. Mediante Resolución UGM 035856 del 28 de febrero de 2012, Cajanal reliquidó
la pensión de la demandante con el salario promedio recibido desde el 1 de mayo de
2001 hasta el 30 de abril de 2011. Negó la inclusión de la prima de riesgo, con
sustento en lo siguiente:
«[…] teniendo en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005; indica que para la
liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los
que se hubieran hecho cotizaciones, no es posible acceder a lo solicitado por
cuanto la prima de riesgo es solo factor de salario con el decreto 2091 de 2003,
es decir, a partir de agosto de 2003, siempre y cuando se hayan efectuado los
descuentos para pensión sobre dicho factor lo cual de acuerdo a las
certificaciones salariales expedidas por la Secretaría General Subdirección
Financiera del DAS aportadas por el peticionario, no se realizó el
correspondiente aporte sobre el mencionado factor[…]»
131. Por medio de las Resoluciones RDP 021359 del 28 de diciembre de 2012 y RDP
012130 del 12 de marzo de 2013 la UGPP reiteró la negativa frente a la petición de
reliquidación de la prestación.
132. En el CD que contiene el expediente prestacional, reposa un documento suscrito
por el gerente del Patrimonio Autónomo Buenfuturo dirigido al DAS, en el que solicita
se allegue «Certificado de factores salariales, donde se especifique la cotización y monto
82
«Artículo 4°. Del traslado de afiliados. La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en
Liquidación, deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado de sus afiliados
cotizantes, a más tardar dentro del mes siguiente a la vigencia del presente decreto, a la
Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de Seguro Social - ISS. Igualmente, deberá
trasladar a dicha entidad los conocimientos sobre la forma de adelantar el proceso de sustanciación
de los actos administrativos de reconocimiento de pensión de estos afiliados cotizantes, en la medida
en que se trata de servidores públicos, para lo cual, estas entidades fijarán las condiciones en la que
se realizará dicho traslado.»
83
También reposan en el CD contentivo del expediente prestacional allegado al expediente.
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
de la misma sobre la prima de riesgo » que la señora Margenys del Socorro Enríquez
devengó durante los últimos 10 años de servicio como detective.
133. El anterior requerimiento fue respondido por la Subdirección del Talento Humano
del DAS en la cual informó que la servidora recibió una prima de riesgo desde el 29
de noviembre de 1994 y se limitó a indicar que se efectuó la cotización especial por
alto riesgo correspondiente al 8.5% por actividad de alto riesgo a Cajanal desde el 1
de enero de 1996 hasta el 31 de julio de 2003.
La demandante no tiene derecho a la reliquidación de su pensión con todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios
134. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión
de jubilación con el 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de
servicio. No obstante, en aplicación de las reglas de unificación antes definidas, en
las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición solo se mantienen las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de las normas anteriores a la Ley
100 de 1993, y en este caso, al Decreto 1835 de 1994. El IBL y los factores salariales
que se deben computar, son aspectos que se regulan por lo previsto en esta última
ley, en línea con lo definido por la Sala Plena de esta Corporación a partir de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, y como consecuentemente lo ha
aplicado esta Sección con las sentencias del 25 de abril de 2019 84 y 11 de junio de
202085.
135. Ahora bien, se advierte que la señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo tuvo
la calidad de detective del DAS desde su vinculación a la entidad (como detective
alumna) desde el 1.° de febrero de 1989 y finalizó su relación legal y reglamentaria
el 29 de abril de 2011 como detective profesional 207-10, según certificación
expedida por la subdirectora de Talento Humano del extinto departamento
administrativo. Por ese motivo, era destinataria del régimen especial de pensiones
para los detectives del DAS, aspecto que no discute la UGPP.
136. En ese entendido, la pensión de la señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo,
como exdetective del DAS, debe liquidarse con el promedio de lo devengado en los
10 años anteriores a la adquisición del estatus pensional, como efectivamente se
hizo en la Resolución PAP 12932 del 9 de septiembre de 2009, por medio de la cual
se reconoció la prestación y se mantuvo en el acto de reliquidación por retiro
definitivo del servicio, Resolución UGM 035856 del 28 de febrero de 2012.
137. Ahora, en cuanto a los factores salariales, debe precisarse que, por regla
general, solo son computables los regulados en el Decreto 1158 de 1994 adicionado
por la prima de riesgo en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la Ley 860
de 2003.
138. Así las cosas, en el presente asunto se encuentra acreditado que la señora
Enríquez Erazo percibió, además de la asignación básica mensual y la bonificación
por servicios prestados, las primas de servicio, navidad, vacaciones y riesgo86, de los
cuales solo tiene derecho a que le sean incluidos en el IBL la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y la prima de riesgo, los dos primeros por estar
84
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicación:
680012333000201500569-01 (0935-2017) sobre ingreso base de liquidación de personal docente
afiliado al FOMAG.
85
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 11 de junio de 2020, radicado: 15001 23 33
000 2016 00630 01 (4083-2017), 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-2014), relativas al ingreso
base de liquidación de los servidores de la Rama Judicial, Ministerio Público y Contraloría General
de la República.
86
Según certificado de salarios mes a mes obrante en archivo 34 del CD de antecedentes
administrativos a folio 146 del expediente.
27
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Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
expresamente regulados en el Decreto 1158 de 1994 y la última, por mandato de la
Ley 860 de 2003, en los porcentajes indicados en el parágrafo 4.° del artículo 2.
139. Con todo, de los comprobantes de nómina obrantes en el CD de antecedentes
administrativos, se puede constatar que a la demandante solo se le hicieron
descuentos para pensión por los conceptos de asignación básica y bonificación por
servicios prestados, sin que se observe en el proceso que sobre la prima de riesgo
se hicieron las correspondientes deducciones. Igualmente, de la respuesta enviada
por el subdirector de Talento Humano del DAS al Patrimonio Autónomo Buenfuturo,
es plausible concluir que solamente se realizó la cotización especial por alto riesgo,
que estaba totalmente a cargo del empleador, pero no efectuó las correspondientes
deducciones y traslados respecto de la prima en mención.
140. Sobre el particular, debe tenerse presente, como ya se analizó, que se trata de
cotizaciones diferentes que el empleador estaba en la obligación de girar a la entidad
administradora de pensiones, con el fin de que la prestación de la demandada se
reconociera en los términos previstos por la ley. Su omisión no es oponible a la ahora
pensionada para excluir de la liquidación un emolumento al que tenía derecho.
141. De acuerdo con lo anteriormente señalado, en esta oportunidad, se considera
procedente ordenar la reliquidación de la pensión de la demandante para incluir en
el ingreso base de liquidación la prima de riesgo, en los términos señalados por el
parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
142. Ahora bien, la Sala de Sección se abstendrá de impartir la orden de descuentos
por concepto de aportes a cargo de la pensionada. Lo anterior con sustento en lo
siguiente: i) ha quedado definido que los factores que se deben incluir en el IBL son
aquellos que efectivamente deben integrar el ingreso base de cotización; ii) el artículo
22 de la Ley 100 de 1992 dispone que el «empleador responderá por la totalidad del
aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador»; iii) la Ley
100 de 1993 le asignó a las administradoras de pensiones amplias potestades para
lograr el debido cumplimiento del traslado de los aportes «en procura de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y en garantía del pago efectivo de los
derechos amparados por el sistema de seguridad social en pensiones »87; iv) las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones descritas no pueden ser
imputadas al servidor ni pueden generarle efectos adversos frente a la garantía
efectiva del derecho pensional.
143. Es importante precisar que no desconoce la Sala que, en anteriores
pronunciamientos, en los que se ordenó la reliquidación de la pensión para incluir
factores salariales adicionales a los contemplados por la entidad de previsión social,
la Sección Segunda consideró procedentes los descuentos a cargo del trabajador 88,
por concepto de aportes a pensión no efectuados durante la prestación del servicio.
Al respecto debe resaltarse que, en esos casos, las consideraciones que sustentaron
tal decisión atendieron tesis anteriores sostenidas por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, según las cuales debían integrarse al ingreso base de liquidación todas
las sumas que habitual y periódicamente recibiera el servidor como contraprestación
de su labor89.
87
Sentencia T-230 de 2018.
88
Al respecto, se pueden consultar, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 14 de septiembre de 2011, radicación: 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11); de
la Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2009-00241-
01(1079-11); sentencia del 9 de abril de 2014, radicación: 25000-23-25-000-2010-00014-01(1849-
13); de la Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2013, radicación: 17001-23-31-000-2011-
00151-01 (1846-2013). Sobre la imprescriptibilidad en la deducción de aportes, se puede ver: Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2021, radicación: 63001-23-33-000-2016-00499-
01 (0783-2018).
89
Esta tesis jurisprudencial se identifica en: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de
agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), demandante: Luis Mario
Velandia.
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144. Como se dejó precisado, esa interpretación atendía en su integridad las normas
pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993 y concebía un alcance distinto al
régimen de transición del artículo 36 ejusdem. A partir de ello, se incorporaron
emolumentos adicionales a los señalados por el Decreto 1158 de 1994, la Ley 62 de
1985 y demás normas que regularan los factores que debían ser base de cotización,
de manera que se observó la necesidad de adoptar medidas tendientes a contribuir
a la sostenibilidad financiera del sistema pensional. En consecuencia, se estimó
ineludible asegurar la correspondencia entre los factores que se ordenaban
computar y aquellos respecto de los cuales se efectuaran cotizaciones.
145. Sin embargo, ahora el contexto jurisprudencial es distinto. En esta oportunidad
se ajusta el criterio a los cánones del Sistema General de Seguridad Social y las
consideraciones aquí expuestas observan los mandatos de la Ley 100 de 1993, así
como los criterios jurisprudenciales vigentes relacionados con la materia.
146. En este sentido, se debe aclarar que es la UGPP a quien corresponde iniciar los
mecanismos o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes no
realizados por concepto de la prima de riesgo, a cargo del empleador o de la entidad
que haya asumido tales obligaciones, luego de la supresión del Departamento
Administrativo de Seguridad.
En conclusión: No es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de la
demandante con el promedio de todo lo devengado en el último año de servicios. Lo
anterior comoquiera que la liquidación de la prestación debe efectuarse sobre el
75%, del promedio de los salarios o rentas que debían ser base de cotización
durante los diez (10) años anteriores al disfrute efectivo de la pensión. Los factores
salariales que deben incluirse son: asignación básica, bonificación por servicios
prestados y la prima de riesgo, esta última por ser exdetective del DAS, en los
términos definidos por la Ley 860 de 2003. En consecuencia, la prima de riesgo debe
ser computada en el cálculo de la prestación, en los porcentajes señalados por el
parágrafo 4.° del artículo 2 de la mencionada Ley 860 de 2003.
Segundo problema jurídico
¿Hay lugar a ordenar el reconocimiento de intereses moratorios en favor de la
demandante?
147. Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: La demandante tiene derecho
al reconocimiento y pago de intereses moratorios en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA, como se explica a continuación:
Los intereses moratorios operan por ministerio de la ley
148. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
se advierte que pretende que expresamente se ordene a la UGPP reconocer y pagar
los intereses moratorios que se generan por la tardanza generalizada de las
entidades administrativas en el pago de las condenas impuestas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
149. Frente a dicho argumento, que también fue objeto de solicitud de adición al
dictarse el fallo de primera instancia, el tribunal consideró innecesario un
pronunciamiento expreso al sostener que ellos se causan automáticamente por
ministerio de la ley, en virtud de los artículos 192 y 195 del CPACA. Según estas
normas las sumas resultantes de la condena devengarán intereses moratorios a
partir de la ejecutoria de la sentencia. Esta Sala comparte el criterio de no incluir
expresamente dicha orden, por cuanto la entidad administrativa condenada al dar
cumplimiento a la sentencia judicial ejecutoriada está obligada legalmente a
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reconocer, liquidar y pagar los intereses moratorios en la forma regulada por el
CPACA. Ciertamente, el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 previó:
«ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR
PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena
que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a
quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde
su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de
una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados
a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá
presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir
de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este
Código.
[…]
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de
intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud. […]» (Negrillas de la
Sala)
150. Por su parte, el artículo 195 del mismo estatuto procesal dispone:
«ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O CONCILIACIONES. El
trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya
contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad obligada,
en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los recursos para el
respectivo pago.
2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad
obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los
requerimientos a que se refiere el numeral anterior.
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el
término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de
este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que
ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del
crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un
interés moratorio a la tasa comercial. […]» (Negrillas de la Sala)
151. Así las cosas, se advierte que fue el mismo legislador quien dispuso que, en
caso de sentencia condenatoria dictada con fundamento en lo dispuesto por la Ley
1437 de 2011, habrá por imperativo legal de reconocerse y pagarse intereses
moratorios a partir del momento en que la decisión judicial quede ejecutoriada, con
la única salvedad de que los beneficiarios no acudan en el término de 3 meses
contados a partir de la ejecutoria para hacer efectiva la condena, caso en el cual
cesa la causación de intereses, pero solo hasta que se eleve la respectiva solicitud.
152. Ahora bien, pese a que la demandante afirma en la alzada que su solicitud se
funda en la tardanza generalizada de las entidades en dar cumplimiento a los fallos
judiciales, tal situación no exige un pronunciamiento expreso en la sentencia, por
30
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cuanto los términos ya se encuentran previstos por la ley. De modo que, si la
demandada no cumple con lo ordenado en esta, podrá ser ejecutada en el marco
del proceso regulado para tal efecto, eso sí, siempre que tal reclamación no se
exceda del plazo de caducidad regulado en el artículo 164 del CPACA.
En conclusión: Se confirmará en este sentido la sentencia de primera instancia por
cuanto no resulta necesario ordenar en forma expresa el reconocimiento y pago de
los intereses moratorios de que tratan los artículos 192 y 195 del CPACA pues, como
se reitera, estos operan por ministerio de la ley y, por tanto, proceden en todos los
casos de sentencia condenatoria por imperativo legal.
Decisión de segunda instancia
153. Según se ha expuesto, se impone modificar el ordinal tercero de la sentencia del
27 de marzo de 2014, el cual quedará de la siguiente forma:
«TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social reliquidar
y pagar a la señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo, identificada con la
cédula de ciudadanía 30.734.312 de Pasto, su pensión de jubilación en cuantía
del 75% del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro definitivo
del servicio, con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por el
parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, a partir del 1.° de mayo de
2011, con los reajustes legales correspondientes.
No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo de la pensionada por
concepto de los aportes no realizados por el empleador. A la UGPP le corresponde
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado
de los aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el
Departamento Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales
obligaciones, luego de su supresión.»
154. En lo demás se confirmará la sentencia apelada.
De la condena en costas
155. En lo que respecta a la condena en costas, en providencias del 7 de abril de 2016 90,
se acogió el criterio objetivo valorativo para su imposición. Sin embargo, en esta
oportunidad resulta necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la
parte demandante tiene como sustento la posición jurisprudencial asumida por la
Sección Segunda de esta Corporación en las sentencias del 4 de agosto de 2010 y del
1 de agosto de 2013, antes citadas, la cual, como se vio, se varió con posterioridad y en
el transcurso de este proceso, por las providencias de Sala Plena del 28 de agosto de
2018 y de esta misma Sección del 25 de abril de 2019 y 11 de junio de 2020. Igualmente,
es preciso tener en cuenta que la decisión que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto
en las reglas que jurisprudencialmente se están trazando en esta sentencia de
unificación. Por esa razón, no se impondrá condena en costas.
Efectos en el tiempo de la presente decisión
156. Con el fin de proteger los principios de equidad e igualdad y la superación de
situaciones que afectan el valor de la justicia y la aplicación de las normas de
conformidad con los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, por regla
general, la Sala Plena de esta Corporación ha dado aplicación a su precedente de
90
Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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forma retrospectiva91. En este caso, no se advierte la necesidad de dar efectos
prospectivos a las reglas de unificación aquí definidas, toda vez que no restringen el
acceso a la administración de justicia ni afectan los derechos adquiridos o
fundamentales de las partes.
157. Por lo anterior, en esta ocasión, se adopta el mismo criterio de aplicación
retrospectiva. En ese orden, las reglas jurisprudenciales que en esta providencia se
fijan se aplicarán a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del
principio de seguridad jurídica, son inmodificables.
En consecuencia, los casos respecto decididos conforme a tesis anteriores que
venían sosteniendo las Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los
cuales ha operado la cosa juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de
seguridad jurídica.
158. Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los regímenes
de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis anteriores que
sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala
Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare
a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que
haya reconocido u ordenado la reliquidación de la pensión con fundamento en
jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter
de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas
en el artículo 250 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
lo siguiente:
1. Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados
por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994,
2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el
porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933
de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, este es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
91
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación de 27
de marzo de 2007 (IJ). Rad. 76001-23-31-0002000-02513-01 CE-SUJ-SII-009-2018.
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actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
2. Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las
pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo
con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base
de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los
artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este
decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor
de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la
misma ley, es decir:
• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de
2007.
• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de
2011.
3. Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con
el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización
o si omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la
entidad de previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para
su cobro, ello no es oponible al interesado para que la pensión especial se
reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros indicados en esta
sentencia.
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema objeto de unificación son vinculantes en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado la
cosa juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de seguridad jurídica.
Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los regímenes
de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis anteriores que
sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala
Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare
a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que
haya reconocido u ordenado la reliquidación de la pensión con fundamento en
jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter
de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas
en el artículo 250 del CPACA.
Tercero: Modificar el ordinal tercero de la sentencia del 27 de marzo de 2014, el cual
quedará de la siguiente forma:
«TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social reliquidar
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014)
Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo
y pagar a la señora Margenys del Socorro Enríquez Erazo, identificada con la
cédula de ciudadanía 30.734.312 de Pasto, su pensión de jubilación en cuantía
del 75% del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro definitivo
del servicio, con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por el
parágrafo 4.° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, a partir del 1.° de mayo de
2011, con los reajustes legales correspondientes.
No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo de la pensionada por
concepto de los aportes no realizados por el empleador. A la UGPP le corresponde
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado
de los aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el
Departamento Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales
obligaciones, luego de su supresión.»
Cuarto: En lo demás se confirma la sentencia apelada.
Quinto: Sin condena en costas.
Sexto: Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el
sistema informático respectivo y devuélvase el expediente al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Plena de la Sección
Segunda, en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmada electrónicamente Ausente con permiso
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
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