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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00858-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00858-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, el Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 41001333300320130027300, instaurado por el señor Pedro Luis Moreno Díaz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00858-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Nueve (9) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001032500020200085800 (2601-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP
Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la Sentencia del Veintiocho (28) de
noviembre de Dos Diecisiete (2017), proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, en el marco de
las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, el Veintiocho (28) de
noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), mediante la cual, confirmó la decisión
del Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Quince (2015), del Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Neiva.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de revisión1

1. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, formuló acción de revisión, al
amparo de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
propósito que, se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo

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Número Interno: 2601-2020
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

del Huila, Sala Tercera de Decisión el Veintiocho (28) de noviembre de Dos
Diecisiete (2017), mediante la cual, confirmó la decisión del Veintinueve (29)
de octubre de Dos Mil Quince (2015), del Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Neiva, que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Pedro
Luis Moreno Díaz, con el 75 % del promedio de lo devengado en el último año
de servicios y con factores salariales distintos a los establecidos en el Decreto
1158 de 1994.

2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicita
declarar que, el demandado, en cuanto a la liquidación pensional, no es
acreedor de un derecho adquirido, y por lo tanto, se disponga la reliquidación
pensional, conforme a las sentencias C-168 de 1995, C – 258 de 2013, SU –
230 de 2015, SU 427 de 2016, SU 210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, adoptando como ingreso base de liquidación, el inciso 3° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o el artículo 21 del mismo cuerpo normativo,
así como, los factores base de cotización taxativamente determinados en el
Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que, expresamente consagren
esa condición; fijando como monto pensional o tasa de reemplazo, el 75%
previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 1933 de 1989; por haber adquirido
su estatus pensional, conforme a las condiciones del régimen de transición
creado por el sistema general de pensiones, y no antes.

3. Como sustento de sus pretensiones, la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP, aduce que,
el señor Moreno Díaz, es beneficiario del régimen contemplado en el artículo
4 del Decreto 1835 de 1994, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, puesto que, su vinculación al Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la
mencionada norma, es decir, el Veinte (20) de enero de Mil Novecientos
Ochenta y Nueve (1989) y prestó más de 20 años de servicio, según la
previsión del Decreto 1933 de 1989, adquiriendo el estatus jurídico de
pensionado, el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Nueve (2009).

1.2 Sentencia objeto de revisión

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Número Interno: 2601-2020
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

4. Mediante sentencia del Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017)2, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de
Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia, del Veintinueve (29) de
octubre de Dos Mil Quince (2015), proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Neiva, así:

«PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Neiva de fecha 29 de octubre de 2015, aclarando que las
sumas descontadas sobre los factores salariales cuya inclusión se ordena,
serán actualizadas en la forma prevista por el Consejo de Estado.

SEGUNDO: Se condena en costas a la entidad demandada a favor del
demandante. Para tal efecto, fíjese como agencias en derecho el equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente:»

5. El Tribunal argumentó que, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, aceptó y reconoció en los actos administrativos demandados que, el
accionante tiene derecho y pertenece al régimen de transición previsto en la
Ley 860 de 2003, que a su vez, remite al régimen de transición del Decreto
1835 de 1994, lo que significa que, es beneficiario del régimen pensional de
los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el cual,
está regulado por el Decreto Ley 1047 de 1978 y en el Decreto 1933 de 1989,
aplicable integralmente en los elementos constitutivos del derecho a la
pensión, esto es, edad para pensionarse, tiempo de servicio, ingreso base de
liquidación y monto de la pensión.

6. Explicó que, esta corporación, en sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Nueve (2009), explicó que, los factores salariales enunciados en el
Decreto 1045 de 1978, no son taxativos; añadiendo que, la sentencia de
Cuatro (4) de agosto de 2010, tomó como base dicho decreto para establecer
como regla jurisprudencial que, el régimen pensional de los empleados
oficiales, anterior a la Ley 100 de 1993, conforme a los principios de
favorabilidad y progresividad, son todos aquellos que constituyen salario,

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Folios 270 a 282.

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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

independientemente de su denominación, exceptuando la indemnización por
vacaciones y la bonificación por recreación.

7. Por lo tanto, afirmó que, el señor Moreno Díaz tiene derecho a la
reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido, incluyendo los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, comprendido
entre el Primero (01) de noviembre de Dos Mil Diez (2010) al Treinta (30) de
octubre de Dos Mil Once (2011), en el cual, devengó los conceptos de
asignación básica, prima de servicio, prima de navidad, bonificación por
servicios, prima de vacaciones, prima de coordinación, prima de clima y prima
de riesgo, factores que, deben incluirse en el ingreso base de liquidación.

8. Añadió, en cuanto a la indemnización de vacaciones y vacaciones, no
constituyen factor salarial para efectos de liquidar la pensión, y, en
consecuencia, no pueden ser incluidos como tal, pues no es directa
contraprestación del servicio, conforme la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. En la sentencia de primera instancia del Veintinueve (29) de octubre de
Dos Mil Quince (2015)3, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Neiva, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con Rad. Núm. 41001 33 33 003 2013 00273 00, se accedió a las pretensiones
de la demanda promovida por el señor Moreno Díaz, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, ordenando lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada.

SEGUNDO: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la resolución
número PAP 019430 del 15 de octubre de 2010 por la cual se reconoce y ordena
el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez al señor PEDRO LUIS
MORENO DÍAZ y la Resolución número UGM 056388 del 25 de septiembre de
2010 mediante la cual se resuelve un recurso de reposición contra la decisión

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Folios 270 a 282.

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

anteriormente mencionada, ambas proferidas por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISGALES -UGPP.

TERCERO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se dispone:

a) ORDENASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL
YCONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP efectuar una nueva liquidación
de la pensión de vejez al señor PEDRO LUIS MORENO DÍAZ, identificado con
la C.C. No. 4.280.499, con efectos a partir del 31 de octubre de 2011 teniendo
en cuenta el promedio de todos los factores devengados en el último año de
servicios, periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2010 y el 30 de
octubre de 2011, esto es, asignación básica mensual, bonificación por servicios
prestados, prima de coordinación, prima de servicios, prima de navidad, prima
de vacaciones, prima de clima y prima de riesgo; debiéndose pagar la diferencia
entre las mesadas reliquidadas y las ya pagadas al demandante desde la fecha
efectiva del retiro.
b) En relación con los reajustes de ley, únicamente se cancelarán las diferencias
que resulten de la reliquidación con sus respectivos reajustes, con efectos a
partir del 31 de octubre de 2011.

c) De igual manera se procederé a efectuar el descuento por los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los
cuales no se hubiere efectuado deducción legal con destino al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones.

d) Tanto las diferencias que resulten de la reliquidación como las sumas a
descontar con destino al Régimen de Seguridad Social en Pensiones serán
ajustadas en los términos del Inciso 4 del Art. 187 del CPACA, aplicando la
fórmula indicada en la parte motiva. Se reconocerán intereses conforme a lo
dispuesto en el inciso 3 del artículo 192 y numeral 4 del Art. 195 del O.P.A.C.A.,
en cuanto se den los supuestos de hecho allí determinados.

e) A esta providencia se le dará cumplimiento dentro de los términos
establecidos en el inciso 2 del Art. 192 del C.P.A.C.A; para lo cual el
demandante deberá allegar un porte nacional con el fin de comunicar la
sentencia condenatoria a la entidad demandada y, además, sufragar los costos
de las copias de la misma.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada y asimismo por
Secretaría precédase a su liquidación, para lo cual se fijan como agencias en
derecho la suma de dos (2) SMLMV conforme a lo expuesto en la-parte motiva.
(…)
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
[…]»

10. El A-quo sostuvo que, aunque en el proceso no se está cuestionando el
derecho a la pensión de jubilación en lo atinente al ingreso base de liquidación,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

Parafiscales de la Protección Social – UGPP lo efectuó sobre el 75% del
promedio de lo devengado en los diez años anteriores al estatus pensional,
conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y tiene en
cuenta exclusivamente los factores salariales sobre los cuales se efectuó
cotización a seguridad social, esto es, asignación básica y bonificación de
servicios prestados.

11. Sin embargo, según el certificado expedido por el Archivo General de la
Nación, quedó acreditado que, durante el último año de servicios, el señor
Moreno Díaz percibió, además de los factores salariales tenidos en cuenta por
la entidad demandada, indemnización de vacaciones, prima de coordinación,
prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, factores
vacaciones, prima de clima y prima de riesgo.

12. Con respecto a la prima de clima, refirió que, a pesar de no encontrarse
enlistada, el artículo 3º ibidem, la consagra como una prima especial sin que
se determine su carácter salarial y, por consiguiente, acogiendo la postura de
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia
de Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), ordenó su inclusión.

13. En cuanto a la prima de riesgo, expresó que, a pesar que por expresa
disposición legal no constituía factor salarial, en sentencia de unificación del
Primero (1) de agosto de Dos Mil Trece (2013), en el expediente con radicación
interna 0070-11, el Consejo de Estado le otorgó tal carácter y, por lo tanto,
ordenó incluirla. bajo la misma premisa, incluyó la prima de coordinación, al
considerar que, el presupuesto dado en la decisión unificada, fue el carácter
intrínseco al salario.

1.4. Causales de revisión invocadas.

14. La entidad accionante invocó las causales previstas en el literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto
de revisión, que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del señor
Moreno Díaz con el promedio de lo devengado en el último año de servicio y
con la inclusión de factores diferentes a los establecidos en el Decreto 1158

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de 1994, desconocen la normatividad y el precedente constitucional que rige
el asunto.

15. Consideró que, se transgrede el debido proceso, puesto que, el señor
Pedro Luis Moreno Díaz se encuentra inmerso dentro del régimen de
transición contemplado, en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, por cuanto
su vinculación al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, fue con
anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada norma, es decir, el
Veinte (20) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), adquiriendo
el estatus jurídico de pensionado el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Nueve
(2009), y pese a estar esto acreditado, los jueces de conocimiento se apartaron
de lo establecido normativa y jurisprudencialmente, accediendo a realizar la
reliquidación de la prestación conforme a una interpretación errada,
separándose de lo debidamente probado en el trámite judicial, por lo que,
resulta necesario declarar probada la causal invocada y revocar la decisión
recurrida.

16. De otra parte, en cuanto a la causal relacionada con el reconocimiento
en exceso, sostuvo que, se encuentra configurada, por cuanto, al efectuarse
la reliquidación pensional con el promedio de lo devengado en el último año
de servicio y con la inclusión de factores diferentes a los establecidos en el
Decreto 1158 de 1994, se contraviene lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

17. Consideró que, las decisiones judiciales adoptaron su criterio respecto
del ingreso base de liquidación, con fundamento en una norma inexistente,
habida cuenta que, el demandado no adquirió su derecho pensional antes del
Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), fecha de
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, sino con posterioridad,
y por ende, las decisiones echaron de menos que, las reglas del ingreso base
de liquidación no hacen parte del régimen anterior, sino de las disposiciones
que expresamente señala el inciso 3o del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
consignadas por el legislador.

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18. Refirió que, aplicar la norma derogada para las pensiones gobernadas
por el régimen de transición, es tanto como aplicar el principio de reviviscencia
de la ley derogada, que fue reemplazada por la Ley 100 de 1993.

19. Afirmó que, la interpretación adoptada por las corporaciones judiciales,
aunque resulta posible formalmente, en realidad contraviene postulados de
rango constitucional, conduciendo a resultados desproporcionados, porque
viola los criterios de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
permitiendo la inyección de más subsidios pensionales por parte del Estado
para el pago de las pensiones gobernadas por el régimen de transición.

20. Concluyó que, las sentencias cuestionadas se apartaron de la
interpretación pacífica dada por la Corte Constitucional, frente a la forma de
liquidar las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición, mediante
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017
y SU- 631 de 2017, T-039; ordenando reliquidar la pensión de vejez del señor
Pedro Luis Moreno Díaz, aplicando en el Ingreso Base de Liquidación, el 75 %
de la asignación más elevada en el último año de servicios, con la inclusión de
todos los factores salariales, en aplicación la Decreto 1835 de 1994, con lo
cual, se desconoce la normativa y el precedente constitucional, constituyendo
una grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema, toda vez que
,contribuye a aumentar la mesada pensional en un 113,11 %, sin que exista
justificación legal ni jurisprudencial para ello.

2. Trámite procesal

21. Mediante el auto del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)4,
el despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión y, ordenó las
notificaciones de rigor. La providencia fue notificada el Seis (06) de septiembre
de Dos Mil Veinticuatro (2024)5, y, en el término de traslado, la parte
demandada contestó la demanda6; el Once (11) de junio de Dos Mil Veintiséis

4
Índice No. 00024 de Samai.
5
Índice No. 00028 de Samai.
6
Índice No. 00029 de Samai.

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(2026)7, se profirió auto decretando pruebas, respecto de las cuales, se corrió
traslado8.

3. Contestación de la demanda de revisión9

22. El señor Pedro Luis Moreno Díaz, actuando por intermedio de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar
que, no se ha vulnerado el debido proceso porque la entidad en primera
instancia, ejerció su derecho de defensa, e igualmente, luego de ser notificado
de la sentencia en donde salieron avante las pretensiones de la demanda,
presentó el recurso de apelación, siendo estudiado por el Tribunal
Administrativo del Huila, quien confirmó la decisión de primera instancia,
ratificando el derecho que para ese momento tenía sustento jurisprudencial.

23. Respecto a la segunda causal, manifestó que, la cuantía nunca ha sido
de forma ilegal, porque el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, aplicó la
tesis que se venía adoptando por parte de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del Cuatro (04) de agosto de Dos Mil
Diez (2010).

24. Reprochó que, se está exponiendo al señor Moreno Díaz a una
inseguridad jurídica de las decisiones judiciales, al poner en riesgo una de las
fuentes formales del derecho, como es el precedente jurisprudencial que para
ese momento estaba operando, al mínimo vital, el derecho a la igualdad y las
normas del régimen especial como el Decreto 2646 de 1994, Decreto 835 de
1994 y la Ley 860 de 2003.

25. Concluyó que, se deben salvaguardar los derechos fundamentales del
señor Moreno Díaz, y garantizar el principio de legalidad al momento de fallar
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, máxime, cuando la
sentencia del Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Quince (2015), es clara
en indicar que, en los casos que ya operó la cosa juzgada, en virtud del

7
Índice No. 00034 de Samai.
8
Índice No. 00038 de Samai.
9
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - 25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RECURSODEREIVSION(.pdf) NroActua 40

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principio de seguridad jurídica, resulta inmodificable, como es el presente
caso, por lo tanto el recurso de revisión resulta improcedente.

4. Concepto del Ministerio Público.

26. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

27. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la
presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA10 y 20 de la
Ley 797 de 200311, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del
reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12)
de marzo de dos mil diecinueve (2019)12.

2.2 Oportunidad.

28. A efectos de establecer la oportunidad de la acción especial de revisión,
se tiene que, la sentencia proferida por el por el Tribunal Administrativo del
Huila, el Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), fue
notificada el Seis (6) de diciembre de la misma anualidad13, cobrando
ejecutoria el Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017)14, de tal
suerte que, al ser presentada la demanda el Primero (1) de octubre de Dos Mil
Veinte (2020), se efectuó dentro de los términos dispuestos para tal fin, en el
artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.

2.3 Problema jurídico.

10
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
11
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
12
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folio 283.
14
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Folio 242.

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

29. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i) La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el
Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), ¿está
incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio
pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido
proceso y, la cuantía de la pensión reconocida excedió lo
preceptuado en la ley?

30. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se
abordarán los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial
de la acción especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en
costas.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

31. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

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Número Interno: 2601-2020
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

32. Dicha acción, está orientada a restablecer la justicia material15 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido
que: «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 16.

33. Por lo tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para
superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial,
en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas,
que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico,
fáctico o probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a
la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo,
so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que
fue realizada por el juez de instancia.

34. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios17.

35. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio
de la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como
lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia
del cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 18 […] pues esta

15
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
18
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión
que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de

13

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acción especial “tiene un carácter sui generis 19, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia 20», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción21.

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.

36. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos
que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso.

37. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los
elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso,
la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado22:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar
la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista
en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o
judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación

la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
20
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
21
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de
febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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judicial o administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in ídem.»

38. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de
revisión, esta Sección ha sostenido que, «es necesario que se exponga la
vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos
esenciales que lo componen»23 y «la parte interesada debe promover la acción
especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición»24.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
de acuerdo con el régimen de actividades de alto riesgo del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad- DAS.

39. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un
monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

40. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la
recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, a partir de
las cuales, se advierte que, el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de dicha norma,
pues aquel, no hace parte de los beneficios que el citado régimen otorga.

23
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-
25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

15

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41. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de
la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del régimen pensional
especial de alto riesgo que cobijaba algunos servidores del extinguido
Departamento Administrativo de Seguridad - DAS y el ingreso base de
liquidación de dichas prestaciones, revela que, la controversia no se agota en
la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino
que, impone un análisis más detallado y cuidadoso, que será desplegado a
continuación.

2.4.3.1 Régimen pensional especial de actividades de alto riesgo del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS – Evolución
normativa.

42. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a través de la
Ley 43 de 1988, el Congreso revistió al presidente de la República de
facultades extraordinarias para que expidiera el «Estatuto del Funcionario del
Departamento Administrativo de Seguridad», el cual, debería comprender,
entre otros, un régimen prestacional especial.

43. Dicha labor fue completada por el Ejecutivo, con la expedición del
Decreto Ley 1933 de 1989, mediante el cual, determinó que, las normas
generales sobre pensión de jubilación, previstas para los empleados de la
administración pública del orden nacional, serían aplicables a los servidores
del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, con excepción de
quienes cumplían funciones de dactiloscopistas en los cargos denominados:
detective agente, profesional o especializado, y del personal de detectives en
sus distintos grados y denominaciones.

44. La anterior regla, determinó una suerte de escisión en las prerrogativas
de jubilación, de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad
– DAS, pues, mientras la generalidad de empleados fueron beneficiarios del
régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, el personal de detectives de
la entidad fue destinatario del régimen especial establecido por el Decretos
1047 de 1978 y 1933 de 1989, caracterizado por los siguientes requisitos y
prerrogativas:

16

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a. Requisitos de tiempo se servicio y edad25: 20 años de servicios
continuos o discontinuos al Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS, sin requisito de edad.

b. Monto26: 75 %.

c. Factores del ingreso base de liquidación27: asignación básica
mensual, incrementos por antigüedad, bonificación por servicios
prestados, prima de servicio, subsidio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de navidad, gastos de representación, los viáticos
que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país,
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta
(180) días en el último año de servicio, y prima de vacaciones.

d. Lapso para consolidar el ingreso base de liquidación28: último año
de servicios.

45. Ahora bien, aunque la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
supuso el establecimiento de unas nuevas reglas que, determinaron la forma
de adquirir el derecho a la pensión, el artículo 140 de dicha norma, contempló
la necesidad de instituir regímenes especiales de actividades de alto
riesgo, con características más favorables en cuanto a los requisitos de edad
y semanas cotizadas.

46. En ese escenario y según la autorización consignada en el artículo 273
de la Ley 100 de 1993, el Gobierno nacional expidió el Decreto 691 de 1994,
el cual, incorporó al sistema general de pensiones a los servidores públicos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, dentro de los que se encontraban los
funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, aunque
señaló que «Los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo
para su salud, se entienden incorporados al sistema general de pensiones,

25
Ver Decreto 1047 de 1978.
26
Ver artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
27
Previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.
28
Conforme al artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.

17

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pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se
determinen»29.

47. Dichas disposiciones especiales fueron desarrolladas por el Decreto
1835 de 1994, norma mediante la cual, el Gobierno nacional determinó que, la
actividad a cargo del personal de detectives del Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS, sería considerada como de alto riesgo; estableció
requisitos especiales de edad y tiempo de servicios para adquirir el derecho a
devengar una pensión de vejez; y, consagró en su artículo 4 un régimen de
transición en virtud del cual, sus detectives, entre otros, que se encontraban
vinculados con anterioridad a su vigencia30 «no tendr[ían] condiciones menos
favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas,
y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes
con anterioridad a la Ley 100 de 1993».

48. Estas reglas permanecieron inalterables, hasta la expedición de la Ley
860 de 200331, a través de la cual, el legislador modificó el régimen pensional
de los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS;
estableció el régimen de pensión de vejez por exposición a alto riesgo, señaló
los requisitos de edad y semanas de cotización; y determinó que, el ingreso
base de liquidación de esas pensiones, estaría constituido por los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, con la única novedad de la inclusión
en la base de cotización, de la prima de riesgo regulada en el Decreto 2646 de
1994, en un porcentaje del 40 %, que aumentó al 50 % a partir del Treinta y
uno (31) de diciembre de Dos Mil Siete (2007).

49. Finalmente, resulta importante destacar que, la Ley 860 de 2003, en el
parágrafo 5 del artículo 2, también contempló un régimen de transición, según
el cual, a «Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994
que a la fecha de entrada en vigencia de [esa] ley hubieren cotizado 500

29
Artículo 5 del Decreto 691 de 1994.
30
El Decreto 1835 de 1994 entró en vigencia a partir del 4 de agosto de 1994, día de su publicación en el Diario Oficial
núm. 41.473, de esa fecha, pág. 25.
31
Teniendo en cuenta que el régimen especial de actividades de alto riesgo fue modificado por el Decreto 2090 de
2003, reglamentario del artículo 17 de la Ley 797 de 2003, y en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de la
expresión "y DAS" contenida en el numeral tercero de ese artículo, provisto por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-1056 de 2003.

18

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semanas les [será] reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones
del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994».

50. Así las cosas, el personal de detectives del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, conforme a lo dispuesto en el artículo 140
de la Ley 100 de 1993, inicialmente gozó de condiciones más favorables, en
cuanto a los requisitos de edad y número mínimo de semanas para acceder a
la pensión de jubilación.

51. Dichas prerrogativas, fueron consignadas en principio, en el Decreto
1835 de 1994, y posteriormente, en la Ley 860 de 2003; no obstante, con el fin
de proteger las expectativas legítimas de los detectives del Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, dichas normas consagraron regímenes de
transición que, previo cumplimiento de ciertas condiciones, otorgaban el
derecho a beneficiarse de requisitos de edad, semanas cotizadas y el monto
pensional establecidos en normas anteriores.

2.4.3.2 Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en el
régimen especial de actividades de alto riesgo del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS.

52. El asunto relativo al ingreso base de liquidación, aplicable al régimen
especial de actividades de alto riesgo del extinto Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS, ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte
de la Corte Constitucional y esta Corporación, quienes han prohijado la tesis
que va desde la satisfacción del principio de sostenibilidad financiera del
sistema, la adopción del principio de inescindibilidad normativa, o el
acatamiento de los términos estrictos de las normas.

53. Tal estado de cosas, fue abordado y descrito en sentencia de
unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 del Veintiocho (28) de julio de
Dos Mil Veintidós (2022)32, de la siguiente manera:

32
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio
de 2022; expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).

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«80. Con todo, la interpretación del ingreso base de liquidación no ha sido un
tema pacífico en la jurisprudencia del Consejo de Estado, como pasa a
exponerse de manera sucinta:

81. Previamente, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que
debía atenderse en su integridad la normativa precedente a la Ley 100 de 1993,
esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 198933. En este contexto
normativo, estimó que eran computables aquellos factores salariales que
estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, a saber: la
asignación básica mensual; los incrementos por antigüedad; la bonificación por
servicios prestados; la prima de servicio; el subsidio de alimentación; el auxilio
de transporte; la prima de navidad; los gastos de representación; los viáticos
que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el
último año de servicio y la prima de vacaciones.

82. Posteriormente, la Sección reiteró la tesis según la cual, tratándose del
régimen de transición pensional, debían atenderse los principios de
favorabilidad e inescindibilidad para entender que se regían por el régimen
anterior que les era aplicable. Además, admitió la inclusión de la totalidad de
factores devengados en el último año sin que el criterio de la taxatividad fuera
parámetro para el entendimiento de las normas que identificaban los
emolumentos que debían computarse. Esta interpretación se consolidó con la
sentencia del 4 de agosto de 201034 y en el caso particular del DAS, con la
sentencia del 1 de agosto de 201335.

83. El anterior criterio se modificó con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201836, en el cual el Consejo de Estado se alineó con la postura
adoptada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013, al
referirse al régimen general de pensiones. Este es el referente que ha llevado a
esta corporación a replantear su posición en cuanto a la interpretación del
ingreso base de liquidación en diferentes regímenes especiales que cobijan a
los servidores públicos como el de la Rama Judicial y Ministerio Público37 y el
de Contraloría General de la República38.

84. Tal planteamiento atiende la competencia legal y constitucional tanto del
legislador como del ejecutivo para definir el régimen prestacional de los

33
Se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo
de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro quintero;
sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson
Tiberio Ortiz Zárate.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-
07509-01(0112-09), demandante: Luis Mario Velandia.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-
00150-01(0070-11), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
36
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 15001 23 33 000 2016 00630
01 (4083-2017), demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 05001-23-33- 00-2012-00572-
01 (1882-2014), demandante: Olga Lucía Bermúdez Parra.

20

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empleados públicos39. Así, se reconoce que dichas autoridades tienen la
posibilidad de definir el periodo a tener en cuenta para efecto de determinar el
ingreso base de liquidación, así como los factores que lo integran y la
generalidad que abarca la Ley 100 de 1993, la cual se extiende a los regímenes
especiales. Ciertamente, su finalidad fue la de unificar los regímenes
pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el
ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes aplicables a todos los
trabajadores del territorio colombiano, sin considerar la naturaleza de su
relación laboral40.

54. Por las razones citadas, la Sección Segunda dispuso ajustar su
posición, a la adoptada por la Sala Plena de la Corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018)41, y dictar las siguientes reglas de unificación jurisprudencial:

«Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente:

1. Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS,
cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de
1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el
porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933
de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

39
En este sentido, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expuso: « La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir
del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas
las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento,
además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho
criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los
factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.»
40
«[…] Con el fin de eliminar la multiplicidad existente de regímenes pensionales, lo cual reafirma la unidad del
Sistema, se establece como regla general que el mismo se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, y
sustituye los regímenes, tanto del sector público como del privado, que regulan esta materia, dejando a salvo de
manera explícita, los derechos adquiridos.» Gaceta del Congreso, Año II, N.° 130, 14 de mayo de 1993, Pág. 7.
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

21

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2. Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las
pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo
con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base
de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los
artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este
decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de
la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma
ley, es decir:

• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de
2007.

• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

3. Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.»

55. En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia vigente de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado prevé que, el ingreso base de
liquidación no es un elemento integrante de los regímenes de transición
previstos por los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003,
tampoco es menos cierto que, con antelación a la emisión de los fallos de
Veintiocho (28) de agosto del dos Mil Dieciocho (2018)42 y Veintiocho (28) de
julio de Dos Mil Veintidós (2022)43, la posición unificada del Máximo Tribunal
de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento
legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales
administrativos del país a la hora de proferir sus sentencias.

56. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de
Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Veintidós (2022)44, y con el objeto de aclarar
los efectos de ese fallo, se establecieron de la siguiente manera:

42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio
de 2022; expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).
44
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio
de 2022; expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).

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Número Interno: 2601-2020
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

«Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación son
vinculantes en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011,
para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda
vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos,
en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado
la cosa juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de seguridad
jurídica.

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los
regímenes de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales
replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido u ordenado la reliquidación de la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto
en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.»

2.4.3.3 Conclusiones45

57. En punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco del
establecimiento pensional especial de alto riesgo del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS y los regímenes de transición previstos por los
Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, se acusa una
determinada providencia judicial, de ordenar la liquidación de una pensión en una
cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de
aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado en las sentencias de unificación
jurisprudencial de Veintiocho (28) de agosto del dos Mil Dieciocho
(2018)46 y Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Veintidós (2022)47, no
configura, por sí solo, infracción de las normas que fijan el ingreso base

45
Aspecto abordado entre otras, en la sentencia del Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), en el
proceso 11001-03-25-000-2020-00102-00 (0103-2020).
46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
47
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio
de 2022; expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).

23

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

de liquidación de las pensiones reconocidas en el régimen especial de
actividades de alto riesgo del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, y los regímenes de transición previstos por los
decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia
de unificación jurisprudencial de Veintiocho (28) de agosto del dos Mil
Dieciocho (2018)48, en las que, se hubiere preferido dar aplicación a la
posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallos de
Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010)49 y Primero (1) de agosto de
Dos Mil Trece (2013)50, y no así, a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015, no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen especial de
actividades de alto riesgo del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS y los regímenes de transición previstos por los decretos
1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con
las particularidades de cada caso, si, la sentencia objetada hizo posible
el reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la
ley, en la medida que, la cuantía excedió el límite legal.

2.5 Material probatorio.

58. En el presente asunto, reposan los siguientes medios de prueba:

• Sentencia del Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Quince (2015)51,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva , en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
Radicación Número 41001 33 33 003 2013 00273 00, mediante la cual,

48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
49
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-
07509-01(0112-09), demandante: Luis Mario Velandia.
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-
00150-01(0070-11), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
51
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folios 270 a 282.

24

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

se accedió a las pretensiones de la demanda promovida por el señor
Pedro Luis Moreno Díaz, contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP.

• Sentencia del Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017)52 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila Sala Tercera
de Decisión, mediante la cual, confirmó la sentencia de primera
instancia.

• Resolución No. PAP 019430 del Quince (15) de octubre de Dos Mil Diez
(2010), emitida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en
Liquidación, mediante la cual, se reconoce y ordena el pago de una
pensión mensual vitalicia de vejez al señor Moreno Diaz53.

• Resolución No. 1099 de 2011, del Dieciocho (18) de agosto de Dos Mil
Once (2011), emitida por el Departamento Administrativo de Seguridad
• DAS, mediante la cual, se retira del servicio al señor Moreno Díaz, a
partir del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Once (2011)54.

• Resolución No. UGM 056388 del Veinticinco (25) de septiembre de Dos
Mil Doce (2012), emitida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE
en Liquidación, mediante la cual, se resuelve un recurso de reposición
y se modifica la Resolución No. 19430 del Quince (15) de octubre de
Dos Mil Diez (2010), en cuanto a la fecha de efectividad (Primero (1) de
julio de Dos Mil Once (2011)), y supeditándola al retiro definitivo del
servicio55:

• Resolución No. RDP 031442 del Treinta (30) de julio de Dos Mil
Dieciocho (2018), emitida por la Unidad Administrativa Especial de

52
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folios 270 a 282.
53
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folios 388 a 394.
54
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folio 395.
55
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folios 427 a 432.

25

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP, a través de la cual, se reliquida la pensión de vejez al señor
Moreno Díaz, en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el
Tribunal Administrativo Del Huila56.

• Resolución RDP 044632 del Veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil
Dieciocho (2018)57, emitida por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP, mediante la cual, se modificó la Resolución No. RDP 031442 del
Treinta (30) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), así:

56
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folios 357 a 363.
57
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folios 443 a 449.

26

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

• Resolución RDP 001469 del Veintidós (22) de enero de Dos Mil Veinte
(2020)58, emitida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, mediante la cual,
se resuelve recurso de reposición y se modificó la Resolución RDP 044632 del
Veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), en los siguientes
términos:

58
Expediente digital – SAMAI – Índice 00040 - ED-4-05 S229-D1Demanda-202082814959.pdf(.pdf) NroActua 40 –
Folios 460 a 470.

27

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2.6 Caso concreto.

59. Descendiendo al asunto sub examine, en lo que respecta a la causal
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, relacionada con
la presunta vulneración del debido proceso, la Sala observa que, los
argumentos de la entidad recurrente, se dirigen esencialmente a cuestionar la
interpretación normativa y jurisprudencial acogida por los jueces de instancia,
en torno a la forma de determinar el ingreso base de liquidación.

60. No obstante, tal circunstancia, no resulta suficiente para estructurar la
causal de revisión invocada, toda vez que, la acción especial de revisión no
constituye una instancia adicional, orientada a reabrir el debate jurídico
resuelto en el proceso ordinario, ni habilita al juez extraordinario para sustituir
el criterio interpretativo adoptado por los jueces naturales del asunto, salvo
que, se evidencie una afectación real y concreta de las garantías que integran
el debido proceso.

61. La Sala no advierte que, en el trámite del proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, se hubiese configurado una irregularidad
procesal sustancial, relacionada con la competencia del juez natural, la
pretermisión de etapas esenciales del proceso o la vulneración de los
derechos de defensa, contradicción y audiencia de la entidad demandada; por
el contrario, se evidencia que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
ejerció plenamente su derecho de contradicción59, formuló excepciones,
participó en la audiencia inicial60, así como en la audiencia de pruebas61,
interpuso recurso de apelación62, y, participó activamente en las distintas
etapas procesales.

59
Expediente digital – SAMAI – Índice 00012 -
13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 12.
sharepoint 41001333300320130027300. C01CUADERNO.pdf. Folios 106 a 114.
60
Expediente digital – SAMAI – Índice 00012 -
13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 12.
sharepoint 41001333300320130027300. C02A_CUADERNO.pdf. Folios 96 a 98.
61
Expediente digital – SAMAI – Índice 00012 -
13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 12.
sharepoint 41001333300320130027300. C02B_CUADERNO.pdf. Folios 14 y 15.
62
Expediente digital – SAMAI – Índice 00012 -
13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 12.
sharepoint 41001333300320130027300. C02B_CUADERNO.pdf. Folios 60 a 64.

28

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Protección Social - UGPP
Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

62. Vistas así las cosas, la controversia planteada por la entidad
accionante, se circunscribe a una discrepancia hermenéutica sobre el alcance
del régimen de transición y la determinación del ingreso base de liquidación,
aspecto que, corresponde a un debate de legalidad sustancial y no a la
configuración de un defecto procesal constitutivo de violación del debido
proceso, motivo por el cual, la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, no está llamada a prosperar.

63. Precisado lo anterior, corresponde analizar la causal prevista en el literal
b) de la citada disposición, relativa a si la cuantía del derecho reconocido
excedió lo debido conforme a la ley.

64. Sobre el particular, la Sala reitera, la subregla jurisprudencial
previamente expuesta, conforme a la cual, las sentencias proferidas con
anterioridad a la providencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018), que hubiesen aplicado la tesis acogida por el
Consejo de Estado en la sentencia del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez
(2010), no contravienen, por ese solo hecho, el ordenamiento jurídico aplicable
en materia pensional.

65. En el presente asunto, se observa que, la providencia objeto de revisión,
fue proferida en el año Dos Mil Diecisiete (2017), en vigencia de la línea
jurisprudencial consolidada por esta Corporación, y, en consonancia con lo
resuelto por esta Colegiatura mediante sentencia del Primero (1) de agosto
de Dos Mil Trece (2013), proferida dentro del radicado 44001-23-31-000-
2008-00150-01(0070-11), donde, justamente se analizó el asunto de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a quienes se
les aplicaban los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, precisándose que,
gozan de un régimen especial, y tienen derecho a que, su pensión les sea
reliquidada, teniendo en cuenta el 75 % de la totalidad de los ingresos
laborales percibidos durante el último año de servicios, incluyendo la prima de
riesgo.

29

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

66. En efecto, el Tribunal Administrativo del Huila, concluyó que, el señor
Pedro Luis Moreno Díaz, era beneficiario del régimen de transición, contenido
en las normas especiales que regían a los detectives del Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS.

67. Asimismo, señaló expresamente que, la interpretación acogida en la
sentencia de unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010),
constituía el precedente vertical aplicable para la época y, en consecuencia,
concluyó que, debía reliquidarse la pensión, teniendo en cuenta el último año
de prestación de servicios, esto es, entre el Primero (1) de noviembre del Dos
Mil Diez (2010) y el Treinta (30) de octubre del Dos Mil Once (2011), periodo
en que, el demandado devengó los conceptos de asignación básica, prima de
servicios, prima de navidad, bonificación por servicios, prima de vacaciones,
prima de coordinación, prima de clima y prima de riesgo; concluyendo que,
deben incluirse en el ingreso base de liquidación.

68. Bajo ese entendimiento, la decisión cuestionada no se apartó
arbitrariamente del ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, se ajustó
al precedente jurisprudencial vigente y obligatorio para el momento en que fue
proferida, circunstancia que, impide afirmar que, por ese solo hecho, se
hubiese reconocido una prestación pensional contraria a derecho.

69. Ahora bien, conforme se precisó en el acápite precedente, no basta con
constatar la aplicación de una determinada postura jurisprudencial, sino que,
corresponde verificar si, en el caso concreto, la reliquidación ordenada
comportó un reconocimiento pensional excesivo, constitutivo de abuso del
derecho o fraude a la ley; sobre este punto, la Sala reitera que, «la acción de
revisión se erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer
el interés de la colectividad por encima del particular al detener o armonizar
con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso […]»63 .

70. En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte que, el Tribunal
Administrativo del Huila, lejos de ordenar una inclusión indiscriminada de
factores salariales, efectuó un análisis respecto de los conceptos devengados

63
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-
000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

30

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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

por el demandado, durante el último año de servicios, excluyendo la
bonificación por vacaciones y factores de vacaciones, por no constituir factor
salarial en materia pensional.

71. Así las cosas, el Tribunal limitó la reliquidación pensional a la inclusión
los factores salariales que, conforme al criterio jurisprudencial vigente para la
época, respecto de los detectives del Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS, sí podían integrar la base de liquidación pensional.

72. Tal circunstancia, evidencia que, la reliquidación ordenada en sede
judicial, no obedeció a un reconocimiento arbitrario o caprichoso de dichos
emolumentos, sino, al resultado de un ejercicio argumentativo y probatorio64,
encaminado a identificar aquellos conceptos salariales que, conforme al
precedente aplicable al momento de la decisión, podían integrar el ingreso
base de liquidación de la prestación.

73. La reliquidación pensional ordenada en sede judicial, fue materializada
en la Resolución RDP 031442 del Treinta de Julio del Dos Mil Dieciocho
(2018), con su última modificación, efectuada mediante Resolución RDP
001469 del Veintidós (22) de enero de Dos Mil Veinte (2020), expedida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante la cual, la entidad
reliquidó la pensión de jubilación del demandado, con fundamento en el 75 %
del promedio mensual, de los salarios devengados durante el último año de
servicios, incluyendo asignación básica, prima de servicios, prima de navidad,
bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de coordinación, prima
de clima y prima de riesgo.

74. Así las cosas, la resolución de cumplimiento, determinó que, el Ingreso
Base de Liquidación correspondía a Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y
Nueve Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos ($3.459.333), y la mesada

64
De acuerdo con los reportes de nómina expedidos por el Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de
supresión, visibles en el Expediente digital – SAMAI – Índice 00012 -
13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 12.
sharepoint 41001333300320130027300. C01CUADERNO.pdf. Folios 23 a 25, los factores salariales percibidos son:
asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de coordinación, prima de clima y prima de riesgo. adicionalmente se reporta el pago de indemnización por
vacaciones.

31

Número Interno: 2601-2020
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

pensional, ascendió a Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil
Quinientos Pesos ($2.594.500), con efectos fiscales a partir del Treinta y Uno
(31) de octubre del Dos Mil Once (2011).

75. La Sala no advierte que, la cuantía reconocida al señor Pedro Luis
Moreno Díaz, resulte ostensiblemente desproporcionada, exorbitante o ajena
a su historia laboral y salarial, pues, la prestación fue calculada con
fundamento en factores efectivamente devengados durante el último año de
servicios, bajo la tesis imperante al momento en que se ordenó la reliquidación
pensional.

76. En esa medida, la Sala no encuentra acreditado que, la reliquidación
pensional, reconocida en la providencia objeto de revisión, hubiese
configurado un abuso del derecho o un fraude a la ley, ni que hubiese
generado un privilegio manifiestamente injustificado, en detrimento del erario.

77. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la sentencia cuestionada,
fue proferida en armonía con el marco normativo y jurisprudencial vigente para
la época y que, la cuantía pensional reconocida al señor Pedro Luis Moreno
Díaz, no excedió lo debido conforme a la ley, razón por la cual, no se configura
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.6. Conclusión

78. Al no acreditarse la configuración de las causales invocadas por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se impone declarar infundada la
presente acción especial de revisión.

2.7. Condena en costas.

79. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se
dispondrá sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual,
releva de hacer el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal
artículo.

32

Número Interno: 2601-2020
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Demandado: Pedro Luis Moreno Díaz

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión,
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, el
Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
41001333300320130027300, instaurado por el señor Pedro Luis Moreno Díaz,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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