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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00581-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00581-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
Demandado: José Jairo Romero

Tema: reconocimiento pensional. Subtema 1: pensión de jubilación. Régimen de
transición de Ley 100 de 1993. Subtema 2: pensión de jubilación por aportes. Ley 71
de 1988.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 19 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La entidad demandante solicitó la nulidad del acto administrativo a través del cual
reconoció una pensión de «vejez» al accionado, a partir del 5 de noviembre de 2009,
con fundamento en la Ley 71 de 1988, y la del acto que reliquidó dicha prestación.
Solicitó que el demandado devuelva las sumas pagadas por concepto de las mesadas
pensionales que percibió sin, en su criterio, tener derecho a ellas. Adujo que el
accionado no cumplió con el requisito de tiempo de servicios exigido por la normativa,
en tanto solo acredita 656 semanas de cotización.

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Señaló que el demandado logró
demostrar los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988, en tanto cumplió 60 años de
edad el 3 de marzo de 2008, fecha en la que había completado 21 años, 9 meses y 12
días de aportes.

Esta Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, al evidenciarse que el
accionado acredita los requisitos previstos por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para
ser beneficiario de la pensión reconocida y reliquidada en los actos administrativos

1

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

acusados. Al respecto, se señala que los documentos allegados al expediente
probaron que el demandado cotizó por más de 20 años a los sectores público y
privado.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 30 de julio de 20211, la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones), por conducto de apoderada, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en contra del señor José Jairo Romero, según las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución GNR
112068 del 28 de marzo de 2014, por medio de la cual Colpensiones reconoció una
pensión de «vejez» a favor del señor José Jairo Romero, con efectos a partir del 5 de
noviembre de 2009, con fundamento en la Ley 71 de 1988, y de la Resolución GNR
352859 del 8 de octubre de 2014, mediante la cual se reliquidó la referida pensión.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene al demandado el
reintegro de las sumas pagadas por concepto de mesadas, retroactivos y pagos de
salud, desde su ingreso en nómina hasta que se decrete la nulidad de los actos
acusados, junto con la indexación de dichas sumas y el pago de los intereses a que
hubiese lugar. Igualmente, requirió que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

4. La Sala los sintetiza así:

5. Indicó que mediante la Resolución GNR 112068 del 28 de marzo de 2014,
Colpensiones reconoció pensión de «vejez» a favor del señor José Jairo Romero, en
cuantía de $1.007.466, con efectos a partir del 5 de noviembre de 2009. Señaló que,
posteriormente, mediante la Resolución GNR 352859 del 8 de octubre de 2014, la
Gerencia Nacional de Reconocimiento de la entidad reliquidó dicha prestación, en
cuantía de $1.009.048, con efectos a partir del 4 de septiembre de 2008.

6. Señaló que el 6 de noviembre de 2020 el demandado solicitó la reliquidación y
pago de la pensión de «vejez». Con ocasión de dicha solicitud Colpensiones inició el

1 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DDA_25000234200020210058(.zip), documento
2_250002342000202100581002EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20210806082326.pdf.
2 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital, archivo

4_ED_EXPEDIENTE_04DEMANDA(.PDF), págs. 1 a 10.

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

estudio del caso y requirió a la Dirección de Operaciones que validara y cargara los
tiempos públicos no cotizados al ISS; dicha gestión se adelantó a través de la
plataforma Cetil bajo el radicado 20200000280197, con vencimiento del 31 de
diciembre de 2020.

7. Relató que el Ministerio de Educación Nacional, mediante comunicación externa
del 15 de marzo de 2021, bajo el radicado 2021_3001782, informó que no se encontró
archivo de historia laboral a nombre del accionado y remitió certificado de no
vinculación, por lo que no fue posible cargar los tiempos públicos requeridos dentro de
los plazos previstos.

8. Adujo que, al verificar la historia laboral del asegurado, se estableció que este
no acreditaba los 20 años de aportes —equivalentes a 1029 semanas— exigidos por
el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para ser beneficiario de la pensión de «vejez», en la
medida en que solo contaba con 656 semanas debidamente acreditadas. Concluyó
que, por tal razón, el reconocimiento y la reliquidación de la pensión efectuados
mediante las resoluciones GNR 112068 de 2014 y GNR 352859 de 2014 resultaban
contrarios a la ley.

9. Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, mediante auto de pruebas
APSUB 810 del 25 de marzo de 2021, notificado el 30 de marzo de 2021, se solicitó al
señor José Jairo Romero autorización para revocar directamente las resoluciones
acusadas, sin que este diera respuesta al requerimiento. Indicó que, ante la falta de
consentimiento del demandado, mediante la Resolución SUB 104239 del 4 de mayo
de 2021 se remitió el caso a la Gerencia de Defensa Judicial, Dirección de Procesos
Judiciales, para que iniciara las acciones pertinentes.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• De la Constitución Política, el artículo 48.
• Ley 71 de 1988.
• De la Ley 100 de 1993, el artículo 36.

10. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que las
resoluciones acusadas desconocieron el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, norma
aplicable por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que exige acreditar 20
años de aportes sufragados en cualquier tiempo para acceder a la pensión de
jubilación por acumulación de tiempos público y privado de servicios. Argumentó que,
dado que el accionado únicamente contaba con 656 semanas cotizadas —frente a las
1029 exigidas—, el reconocimiento pensional vulnera de forma directa el artículo 48
de la Constitución Política, en cuanto dispone que la adquisición del derecho pensional
requiere el cumplimiento de la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización
previstas en la ley.

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11. Explicó que los artículos 93 y 97 del CPACA habilitan a la administración para
revocar directamente los actos contrarios a la Constitución o a la ley, salvo que,
tratándose de actos que hayan reconocido derechos de carácter particular y concreto,
el titular no otorgue su consentimiento expreso y escrito, evento en el cual la entidad
debe demandarlos ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

12. Precisó que, por tal razón, resultaba procedente el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA,
mediante el cual el Estado demanda su propio acto para obtener su nulidad, la
cesación de sus efectos jurídicos y el restablecimiento del derecho conculcado, ante
la imposibilidad de revocar directamente el acto por falta de consentimiento del
particular.

2.2. Contestación de la demanda

13. La parte accionada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda y
solicitó que se nieguen3.

14. Afirmó que el señor José Jairo Romero acreditó 4447 días de servicio público
no cotizados al ISS, laborados en la I.E. Gonzalo Mejía, el Núcleo Escolar Rural El
Socorro y el Municipio de Purificación, los cuales, sumados a 3456 días cotizados al
Instituto de Seguros Sociales, arrojan un total de 7903 días, equivalentes a 21 años,
11 meses y 13 días.

15. Adujo que, como el demandado nació el 3 de marzo de 1948, el 1 de abril de
1994 contaba con más de 40 años de edad y 15 años de servicios, por lo que era
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que remitía
a la Ley 71 de 1988, cuyo artículo 7 exige 20 años de aportes y 60 años de edad para
acceder a la pensión de jubilación por aportes; requisitos que, según afirmó, el
accionado cumple. Por tal razón, las sumas recibidas por concepto de mesadas
pensionales correspondían a un derecho reconocido conforme a la normativa vigente.

16. Argumentó que los certificados y actas de posesión que acreditaban los tiempos
públicos laborados se presumían auténticos en los términos del artículo 244 del CGP,
por cuanto Colpensiones no alegó su falsedad al aportarlos con la demanda. Sostuvo
que la entidad incurrió en un error al pretender desconocer dichos tiempos con el
argumento de que no fueron confirmados a través de la plataforma CETIL, pues tal
circunstancia no implicaba que no hubiesen sido efectivamente laborados, sino que no
pudieron cargarse a ese sistema por razones ajenas al demandado.

17. Invocó la prohibición de recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe, prevista en el artículo 164 numeral 1 literal c) del CPACA, en concordancia

3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital, archivo

12_12_Contestación demanda.

4

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con el artículo 83 de la Constitución Política, y citó jurisprudencia del Consejo de
Estado —entre ella las sentencias del 8 de febrero de 2018 (rad. 52001-23-33-000-
2012-00067-01), del 23 de marzo de 2017 y del 17 de octubre de 2017 (rad. 70001-
23-33-000-2015-00202-01)— conforme a la cual corresponde a la administración
probar la mala fe del beneficiario para poder ordenar la devolución de lo pagado. Adujo
que Colpensiones no probó ni alegó la mala fe del accionado al recibir las mesadas
pensionales, por lo que resultaba improcedente ordenar su reintegro.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
profirió sentencia el 19 de agosto de 2022, a través de la cual negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos4:

19. Expuso el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y señaló que el demandado, al haber nacido el 3 de marzo de 1948, contaba con 46
años de edad al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones, por lo que era beneficiario de dicho régimen y le resultaba aplicable la Ley
71 de 1988. Citó igualmente la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado, en relación con las reglas para determinar el IBL de los
beneficiarios de la transición.

20. Señaló que, de acuerdo con las certificaciones laborales y documentales que
obraban en el expediente, el accionado prestó servicios al sector público durante 12
años, 3 meses y 24 días —en la Institución Educativa Gonzalo Mejía, el Núcleo Escolar
Rural El Socorro y el Municipio de Purificación— y que, adicionalmente, cotizó al sector
privado, a través de Usosaldaña y Molino Florhuila, durante 9 años, 5 meses y 18 días,
para un total de 21 años, 9 meses y 12 días de aportes efectuados a la fecha en que
cumplió 60 años de edad, el 3 de marzo de 2008. Precisó que dichos documentos se
presumían auténticos en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, al tratarse de documentos públicos
aportados por la propia Colpensiones con la demanda, sin que se hubiesen tachado
de falsos.

21. Concluyó que, con los medios de prueba aportados, el demandado logró
acreditar más de 20 años de aportes realizados en el sector público y privado, lo cual
desvirtuaba el argumento principal de la demanda, según el cual el señor José Jairo
Romero solo contaba con 656 de las 1029 semanas de servicio exigidas. En
consecuencia, determinó que las Resoluciones GNR 112068 del 28 de marzo de 2014
y GNR 352859 del 8 de octubre de 2014 no incurrieron en error alguno al reconocer y

4 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital, archivo

27_27_SENTENCIA.

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reliquidar la pensión de jubilación por aportes, por lo que se encontraban ajustadas a
derecho.

2.4. Recurso de apelación

22. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:

23. Reiteró que al señor José Jairo Romero se le reconoció y reliquidó pensión de
«vejez» mediante los actos acusados, bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988.
Sostuvo que, del estudio de su historia laboral, se evidenció que el accionado no
demostró 20 años de aportes —equivalentes a 1029 semanas—, pues solo contaba
con «656 semanas» debidamente acreditadas, por lo que no cumplía con los requisitos
del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para ser beneficiario de la pensión.

24. Alegó que dicho reconocimiento vulneraba de forma directa el artículo 48 de la
Constitución Política, en cuanto dispone que la adquisición del derecho pensional
requiere el cumplimiento de la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización
o el capital necesario, así como las demás condiciones que señale la ley.

25. También argumentó que se vulneraba de forma directa el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en la medida en que, a través del análisis jurídico del expediente
administrativo, se determinó que el reconocimiento de la pensión de «vejez» a favor
del demandado no se encontraba conforme a derecho al no acreditarse los 20 años
de aportes exigidos por la norma. En tal sentido, Colpensiones reconoció una
prestación económica que no debió tener lugar, generando un detrimento patrimonial
de los recursos públicos.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

26. Mediante auto del 8 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.

2.6. Ministerio Público

27. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado7 guardó silencio.

5 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital, archivo

29_29_Recurso de apelación.
6 Samai, índice 06, auto que admite recurso de apelación, archivo
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
7
Samai, índice 09, envío de notificación, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

29. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

30. ¿El accionado tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988, al acreditar los requisitos exigidos para tal fin,
esto es, 20 años de servicios y 60 años de edad?

31. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la pensión de jubilación
por aportes de la Ley 71 de 1988. A partir de ello se destacarán los hechos probados
relevantes y, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverá el problema
jurídico propuesto.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

32. La Ley 100 de 1993 en su artículo 36 estableció un régimen de transición como
una medida especial para garantizar que ciertos afiliados al sistema de pensiones
pudieran conservar las condiciones bajo las cuales venían cotizando antes de la
entrada en vigor de esa Ley. De acuerdo con la norma, para ser beneficiario de dicho
régimen, el afiliado debe cumplir con uno de los siguientes requisitos a la fecha de
entrada en vigor del Sistema General de la Seguridad Social8:

→ Tener 35 años de edad si era mujer, o 40 años si era hombre.
→ Haber cotizado 15 años de servicio al sistema de pensiones.

33. El cumplimiento de cualquiera de estos dos requisitos permite que el trabajador
se pensione bajo la normativa anterior a la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para

8 El 1 de abril de 1994 para los empleados del nivel nacional, o el 30 de junio de 1995 para los empleados del nivel

territorial.

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determinar si una persona es beneficiaria del régimen de transición, es
necesario verificar el cumplimiento de estas condiciones.

34. Ahora bien, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 01 de 20059 al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición
no es indefinida. En efecto, en el parágrafo transitorio 4, se establece que la vigencia
de los regímenes pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier
otro distinto al régimen contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de
2010, excepto para los trabajadores que estando en aquellos, además, tuvieran
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
en vigor del referido acto legislativo —25 de julio de 2005—, a quienes se les
mantendría la aplicación de las normas especiales hasta el año 2014. Esto, en la
medida en que con posterioridad sus pensiones serían reconocidas conforme a los
requisitos del régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.

35. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y
reiterada10 ha concluido que una persona puede acceder a su derecho prestacional
bajo el régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los
siguientes supuestos fácticos: (a) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993, tenía 35 o más años para mujeres, 40 o más años para
hombres; o (b) que independientemente de la edad, realizó cotizaciones por más de
15 años; (c) que a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, contara
al menos con las 750 semanas de cotización para conservar el régimen de transición
hasta el año 201411; y (d) que para el 31 de diciembre de 2014 —fecha de finalización
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993—, consolide su estatus pensional,
con la edad y el tiempo de servicio exigido en el respectivo régimen especial.

36. Por otro lado, respecto al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de las
personas beneficiarias del aludido régimen de transición, en virtud del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo
de esta corporación profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018 12, en la
que se fijaron las siguientes reglas:

Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición
pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas

9 «Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política».
10 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la

Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii)
fallo del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-
00140-01/2741-2017, y (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021.
11 Al respecto, se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.
12
Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), M. P. César Palomino Cortés.

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beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de
la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.

37. En razón a lo anterior, las personas beneficiarias del régimen de transición
establecido por la Ley 100 de 1993 tienen salvaguardados elementos del régimen
anterior; no obstante, el ingreso base de liquidación de la pensión es el indicado en la
Ley 100, que permite optar por (a) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le
hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (b) el promedio de lo aportado durante todo el
tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al
consumidor (IPC); o (c) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años,
conforme al artículo 21 ibidem.

3.3.2. La pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988

38. De acuerdo con el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
debe tenerse como referente normativo aplicable a quienes se hallen amparados por
éste, no únicamente la Ley 33 de 1985 —reguladora del régimen pensional general
del sector público— para quienes reclamen la pensión de jubilación en calidad de
empleados de dicho sector, sino también la Ley 71 de 1988, que instituyó la pensión
de jubilación por acumulación de aportes, en virtud de la cual resulta posible computar
el tiempo servido tanto en el sector público como en el privado.

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39. Dicha ley fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989 y, con
posterioridad, por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, cuyo artículo 1 dispuso
que la pensión a que se refería la citada Ley 71 de 1988 recibía la denominación de
pensión de jubilación por aportes, a la cual tenían derecho «quienes al cumplir 60 años
o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del
sector público».

40. Por su parte, en los artículos 6 y 8 se fijó el salario base para la liquidación de
la pensión y su respectivo monto, en los siguientes términos:

Artículo 6. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

[…]

Artículo 8. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.

41. Con posterioridad, el artículo 6 transcrito fue derogado por el artículo 24 del
Decreto 1474 de 1997; no obstante, dicha determinación fue anulada por esta Sección
mediante sentencia del 15 de mayo de 201413, por lo que recobró su vigencia.

42. Así, la corporación entendió en su momento que la regla que debía observarse
en cuanto al IBL de las personas beneficiarias de la transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 con derecho a la pensión por aportes era la prevista en dicha norma (art.
6 ibidem), postura concordante con el criterio judicial sostenido a partir de la sentencia
del 4 de agosto de 2010, según el cual el período y el ingreso base de liquidación de
las pensiones amparadas por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 debía corresponder al 75 % de lo devengado por el trabajador
durante el último año de servicios. Sin embargo, dicha postura quedó superada con el
nuevo criterio de unificación fijado en sentencia del 28 de agosto de 2018, que se
expuso en acápites anteriores.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 15 de mayo de 2014, exp. 11001-03-25-000-2011-00620-

00 (2427-2011), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

10

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

43. En consecuencia, el IBL de las personas beneficiarias de la transición prevista
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes resulte aplicable la Ley 71 de 1988,
será el determinado por la regla y las subreglas dispuestas en la sentencia de
unificación referida del 28 de agosto de 2018, conforme a la cual dicho IBL habrá de
liquidarse en los términos del inciso pertinente del artículo 36 o del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6 del
Decreto 2709 de 199414.

3.4. Hechos probados relevantes

44. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

45. El señor José Jairo Romero nació el 3 de marzo de 1948, según la copia del
registro civil y de la cédula de ciudadanía15.

46. El accionado laboró al servicio de la Institución Educativa Gonzalo Mejía
Echeverry de la vereda La Una del corregimiento Altagracia, municipio de Pereira,
desde el 20 de junio de 1969 hasta el 30 de julio de 1972 —3 años, 1 mes y 12 días—
, afiliado a Cajanal, con aportes a pensión durante 2 años, 10 meses y 20 días, según
la copia del certificado de información laboral del 10 de enero de 2012 expedido por la
institución, así16:

• Del 20 de junio al 31 de diciembre de 1969.
• Del 30 de enero al 31 de diciembre de 1970.
• Del 30 de enero al 31 de diciembre de 1971.
• Del 30 de enero al 30 de julio de 1972.

47. En el expediente obra copia del acta de posesión 171 del 20 de junio de 1969,
en la que se acredita que el demandado se posesionó ante el alcalde encargado del
municipio de Pereira en el cargo de pagador Núcleo Escolar Altagracia de ese
municipio en propiedad17.

48. Según la certificación expedida el 17 de diciembre de 2002 por el director y el
pagador del Núcleo Escolar Rural de Altagracia, Pereira, y la constancia emitida el 24
de julio de 2012 por el rector de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry de
la vereda La Una del corregimiento Altagracia, municipio de Pereira, el accionado se

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de septiembre de 2020, exp. 25000-23-42-

000-2013-00586-01 (3715-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_1, págs. 15, 17.
16 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_1, pág. 23.
17 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_1, pág. 21.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

desempeñó como pagador en la institución desde el 20 de junio de 1969 hasta el 30
de julio de 1972, habiéndosele realizado los descuentos correspondientes a Cajanal18.

49. El demandado prestó sus servicios a la Institución Educativa El Socorro en la
vereda El Socorro del municipio de Viterbo, Caldas, afiliado a Cajanal, del 1 de agosto
de 1972 al 30 de noviembre de 1978 —6 años, 4 meses y 3 días—, de acuerdo con
la copia del certificado de información laboral del 15 de junio de 2012 expedido por la
misma institución19.

50. De acuerdo con el certificado suscrito por el director y auxiliar administrativo de
la Institución educativa El Socorro de Viterbo, Caldas, el señor José Jairo Romero
laboró para el establecimiento educativo del 1 de agosto de 1972 al 30 de noviembre
de 1978, habiéndosele efectuado «descuentos con destino a Cajanal»20.

51. Reposan en el plenario, copias de las actas de posesión 027 del 1 de agosto de
1972 y 58 del 30 de noviembre de 1972, en las que se prueba que el demandado tomó
posesión ante el alcalde del municipio de Viterbo, Caldas, en el cargo de pagador del
Núcleo Escolar El Socorro y pagador del Núcleo Escolar IV-19 El Socorro21.

52. El demandado laboró en el municipio de Purificación, Tolima, en el cargo de
tesorero municipal desde el 1 de enero de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1981 y, a
partir del 8 de julio de 1992 al 31 de agosto de 1994 en el cargo de secretario general
—3 años, 1 mes y 25 días—, habiéndosele realizado aportes a la Caja de Previsión
Social Municipal, de conformidad con la copia del certificado de información laboral
emitido el 19 de julio de 2012 por el mismo ente territorial22, la constancia expedida el
1 de noviembre de 2013 por el profesional universitario grado 219, grado 01 de la
Secretaría de Hacienda y Administrativa de la Alcaldía Municipal, y la certificación
laboral y salarial del 20 de enero de 2003 suscrita por el jefe de División de Personal
(E)23.

53. De acuerdo con la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (Cetil) que
data del 5 de enero de 2021, el municipio de Purificación, Tolima certifica que el señor
José Jairo Romero laboró en la entidad en el cargo de tesorero del 1 de enero de 1981
al 30 de diciembre de 1981, y luego, del 1 de julio de 1992 al «30» de agosto de 1994

18 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,
carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_2, págs.4 a 6, y archivo GEN-
ANX-CI-2021_5611413-20210518100724.
19 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_1, pág. 31.
20 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_1, págs. 35 a 41.
21 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_1, págs. 27, 29, y archivo CC-
17192702_ExpCompleto_2, pág. 2.
22 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_2, pág. 18.
23 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo GEN-ANX-CI-2013_8053333-20140610034825.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

en el cargo de secretario general, con aportes a pensión a la Caja de Previsión Social
Municipal de Purificación24.

54. El accionado laboró al servicio de la Asociación de Usuarios del Distrito de
Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Saldaña (Usosaldaña), del 1 de enero
de 1983 al 18 de mayo de 1992 —9 años, 4 meses y 21 días—, habiéndosele
efectuado los descuentos respectivos con destino al ISS, según el certificado emitido
el 10 de abril de 2003 por el jefe administrativo del Distrito de Riego del Río Saldaña
(Usosaldaña)25.

55. Conforme a la copia del certificado del 17 de julio de 2012 suscrito por el jefe
administrativo de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de
Gran Escala del Río Saldaña (Usosaldaña), el demandado laboró para la asociación
«mediante contrato individual de trabajo a término fijo de un año, en el cargo de auditor
interno desde el 13 de octubre de 1982 (contrato a término fijo suscrito en Saldaña, el
1 de enero de 1983 respectivamente) (sic) hasta el 19 de mayo de 1992»26.

56. A través de la Resolución GNR 246856 del 3 de octubre de 2013, Colpensiones
negó el reconocimiento y pago de una pensión de «vejez» a favor del accionado, al
considerar que no cumple con los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas
exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley
797 de 200327.

57. Por medio de la Resolución GNR 112068 del 28 de marzo de 2014 la entidad
demandante, al decidir el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto
administrativo, revocó lo decidido y, en su lugar, reconoció y ordenó el pago de una
pensión de «vejez» a favor del señor José Jairo Romero, a partir del 3 de marzo de
2008, con fundamento en la Ley 71 de 1988, en calidad de beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, efectiva desde el 5 de
noviembre de 2009. Para el efecto, señaló que el accionado acreditó más de 60 años
de edad y 1129 semanas de servicios, así28:

FECHA INICIAL FECHA FINAL EMPLEADOR TOTAL DÍAS
20/06/1969 31/12/1969 INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA 191
30/01/1970 31/12/1970 INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA 331
30/01/1971 31/12/1971 INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA 331
30/01/1972 30/07/1972 INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA 181
01/08/1972 30/11/1978 INSTITUCION EDUCATIVA EL SOCORRO 2,280

24 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,
carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo GEN-REQ-IN-2020_11305977-20210106100006.
25 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_2, págs. 10 a 16.
26 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo CC-17192702_ExpCompleto_2, pág. 8.
27 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo ADM17192702.1.
28 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo ADM17192702.2.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

FECHA INICIAL FECHA FINAL EMPLEADOR TOTAL DÍAS
01/01/1981 31/12/1981 MUNICIPIO DE PURIFICACION 360
01/01/1983 19/05/1992 USOSALDA&A 3,427
08/07/1992 31/08/1994 MUNICIPIO DE PURIFICACION 773
01/07/1996 29/07/1996 MOLINO FLORHUILA S A 29
Tabla 1: tiempos de servicios computado por Colpensiones para reconocer una pensión de «vejez» a favor del
accionado, a través de la Resolución GNR 112068 del 28 de marzo de 2014.

58. A través de la Resolución GNR 352859 del 8 de octubre de 2014, Colpensiones
reliquidó la pensión reconocida al demandado con efectos a partir del 4 de septiembre
de 2008, por prescripción. Se mantuvo el tiempo de servicios (1129 semanas) y la
fecha del estatus (3 de marzo de 2008)29.

59. Mediante la Resolución GNR 76251 del 12 de marzo de 2015, la entidad
accionante confirmó en todas sus partes la Resolución GNR 352859 del 8 de octubre
de 2014, al resolver el recurso de reposición interpuesto en su contra30.

60. Por medio de la Resolución VPB 52287 del 14 de julio de 2015, se confirmó la
Resolución GNR 352859 del 8 de octubre de 2014, al resolverse el recurso de
apelación interpuesto31.

61. En auto de pruebas APSUB 810 del 25 de marzo de 2021, Colpensiones requirió
al accionado para que allegara algunas pruebas y documentos, dada la advertencia
de que no cumplió con el requisito de los 20 años de aportes que exige la Ley 71 de
1988, y diera su consentimiento con el fin de revocar las resoluciones GNR 112068
del 28 de marzo de 2014 y GNR 352859 del 8 de octubre de 201432.

62. A través de la Resolución SUB 104239 del 4 de mayo de 2021, Colpensiones
decidió remitir el expediente administrativo del accionado a la Dirección de Procesos
Judiciales con el fin de que evaluara la procedencia de iniciar las acciones legales
pertinentes, comoquiera que guardó silencio al requerimiento efectuado33.

63. De acuerdo con la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (Cetil) con
fecha del 15 de marzo de 2021, el subdirector técnico del Ministerio de Educación
Nacional certifica que «una vez verificados los archivos y la documentación de las
personas que laboraron en la entidad Ministerio de Educación Nacional, no se encontró
información laboral» del señor José Jairo Romero34.

29 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,
carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo ADM17192702.3.
30 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo ADM17192702.4.
31 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo ADM17192702.5.
32 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo ADM17192702.6.
33 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo ADM17192702.7.
34 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo GEN-REQ-IN-2020_11305977-20210324021341.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

64. Obra en el expediente el Oficio 2021-EE-041527 del 11 de marzo de 2021, a
través del cual el subdirector técnico de Talento Humano del Ministerio de Educación
informó a Colpensiones que, consultadas las bases de datos de la entidad, no se
encontró archivo de historia laboral a nombre del demandado. Ello, conforme a lo
informado por la asesora de la Secretaría General de la Unidad de Atención al
Ciudadano del Ministerio, a través de la Comunicación Interna 2021-IE-008797 del 1
de marzo de 202135.

65. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas de Colpensiones, actualizado
al 23 de junio de 2021, el resumen de semanas cotizadas por el señor José Jairo
Romero, son 493,71, como se muestra a continuación36:

Identificación Nombre o Razón Social Desde Hasta Semanas [9]Total
Aportante
11055200008 USOSALDA&A (sic) 01/01/1983 19/05/1992 489,57 489,57
891100190 MOLINO FLORHUILA S A 01/07/1996 31/07/1996 4,14 4,14
Total semanas 493,71
cotizadas
Tabla 2: semanas cotizadas a Colpensiones, según reporte expedido por la misma entidad con fecha del 23 de
junio de 2021.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

66. La parte demandante solicitó en el recurso de apelación que se revoque la
sentencia de primera instancia, al alegar que los actos administrativos acusados
reconocieron y reliquidaron a favor del señor José Jairo Romero una pensión de
«vejez», con fundamento en la Ley 71 de 1988, sin tener derecho a dicha prestación,
toda vez que no demostró los 20 años de cotizaciones exigidos para el efecto. Ello, en
tanto solo contaba con «656 semanas» debidamente acreditadas.

67. Al respecto, se tiene que el Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el accionado tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión
prevista en la Ley 71 de 1988, toda vez que según se probó en el expediente, cumplió
más de los 20 años de servicio requeridos por la norma. Lo anterior, en tanto se
demostró que laboró en el sector público durante 12 años, 3 meses y 24 días y cotizó
al sector privado 9 años, 5 meses y 18 días, para un total de 21 años, 9 meses y 12
días de aportes efectuados a la fecha en que cumplió 60 años de edad, esto es, el 3
de marzo de 2008.

68. En este orden de ideas, se procederá a determinar si el accionado tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988,

35 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,
carpeta 6_6_ED_EXPEDIENTE_06ANEXO2, archivo GEN-REQ-IN-2020_11305977-20210324021344.
36 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo HL17192702.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

al acreditar los requisitos exigidos para tal fin. Sobre el particular, si bien no es objeto
de apelación el hecho de que el demandado es beneficiario del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se destaca que, para el 1 de abril de 1994 fecha
de entrada en vigor de dicha ley acreditaba 46 años, en tanto nació el 3 de marzo de
1948. Por ende, comoquiera que acumuló tiempos de servicios públicos y privados le
es aplicable el régimen pensional de la Ley 71 de 1988, lo cual tampoco está en
discusión.

69. Aclarado lo anterior, se resalta que, para ser acreedor de la pensión de
jubilación por aportes, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, en concordancia con el
artículo 1 del Decreto 2709 de 1994, exige acreditar 60 años de edad o más, si se trata
de un hombre, o 55 años o más, si se trata de una mujer; y 20 años o más de
cotizaciones o aportes —continuos o discontinuos, efectuados en cualquier tiempo—
al Instituto de Seguros Sociales y a una o varias entidades de previsión social del
sector público.

70. Ahora bien, conforme se detalló en el acápite de hechos probados de esta
sentencia, se tiene que el demandado acreditó: (a) 2 años, 10 meses y 20 días de
aportes a pensión ante Cajanal, con ocasión de su vinculación a la Institución
Educativa Gonzalo Mejía Echeverry, entre el 20 de junio de 1969 y el 30 de julio de
1972; (b) 6 años, 4 meses y 3 días de servicio en la Institución Educativa El Socorro,
con descuentos a Cajanal, entre el 1 de agosto de 1972 y el 30 de noviembre de 1978;
(c) 3 años, 1 mes y 25 días de servicio en el municipio de Purificación, con aportes a
la Caja de Previsión Social Municipal del 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de
ese año, y luego, del 8 de julio de 1992 al 31 de agosto de 1994; (d) 9 años, 4 meses
y 21 días de cotización al ISS por su vinculación con Usosaldaña, entre el 1 de enero
de 1983 y el 18 de mayo de 1992; y (e) 1 mes y 1 día de aportes al ISS dado que
laboró para Molino Florhuila, del 1 de julio de 1996 al 31 de julio de 199637.

71. En punto, se advierte que la sumatoria de dichos periodos —12 años, 4 meses
y 18 días de servicio público y 9 años, 5 meses y 22 días de cotización al sector
privado—, da como resultado un total de 21 años, 10 meses y 10 días de aportes
acreditados a la fecha en que el demandado cumplió 60 años de edad, esto es, el 3
de marzo de 2008. Por tal razón, se evidencia que, contrario a lo alegado por la parte
recurrente, se cumple ampliamente el requisito de 20 años de cotización previsto en el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988, como bien lo definió el Tribunal en sede de primera
instancia.

72. Así las cosas, se destaca que la anterior información es consistente con la
propia actuación administrativa de Colpensiones, entidad que, al proferir la Resolución
GNR 112068 del 28 de marzo de 2014, reconoció que el accionado acreditaba 1129

37 Tiempo sobre el que no existe discusión y que fue señaló por Colpensiones en el reporte de semanas cotizadas

actualizado al 23 de junio de 2021, expedido dentro del trámite de primera instancia. Ver: Samai, gestión en otros
despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital, carpeta
5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivos ADM17192702.2 y HL17192702.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

semanas de servicios, cifra igualmente superior al mínimo legal exigido, según la
relación de tiempos que la propia entidad elaboró para el reconocimiento pensional.

73. Al respecto, resulta necesario precisar que las certificaciones de información
laboral, las actas de posesión y las constancias suscritas por los representantes de las
entidades empleadoras que obran en el expediente y con fundamento en las cuales se
hizo el análisis anterior, se presumen auténticas en los términos del artículo 244 del
CGP38, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, en tanto fueron aportadas
por la propia Colpensiones junto con la demanda como parte de los antecedentes de
los actos acusados, sin que esta hubiese alegado ni probado su falsedad en ninguna
de las dos instancias.

74. En tal sentido, se señala que el argumento central del recurso de la apelación,
según el cual el demandado solo acreditaría 656 semanas, carece de respaldo
probatorio, comoquiera que la entidad accionante no allegó en la demanda ni en la
alzada, documento alguno que desvirtúe la autenticidad o el contenido de las
certificaciones laborales referidas. Además, tampoco explicó el método mediante el
cual obtuvo dicha cifra, que difiere de las 493,71 semanas que registra su propio
reporte de cotizaciones al ISS, emitido el 23 de junio de 202139 en trámite de primera
instancia.

75. De otra parte, se indica que el hecho de que el Ministerio de Educación
Nacional, mediante el Oficio 2021-EE-041527 del 11 de marzo de 2021, hubiese
informado que no encontró historia laboral alguna a nombre del demandado, tampoco
desvirtúa lo anteriormente analizado. Esto, toda vez que para el momento en el que el
señor José Jairo Romero se vinculó a la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry
(año 1969) y a la Institución Educativa El Socorro (año 1972), la educación primaria y
secundaria aún no se había nacionalizado; proceso que se adelantó por disposición
de la Ley 43 de 197540. En esa época, dichas instituciones dependían de las entidades
territoriales, no estaban a cargo de la Nación (Ministerio de Educación), y los aportes
a pensión se hacían, como quedó probado en el caso particular, a Cajanal.

38 Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo

ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados,
firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos,
mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las
demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de
sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá
impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se
presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.
39 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210058100, índice 02, expediente digital,

carpeta 5_5_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO1, archivo HL17192702.
40 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los

departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

76. En atención a lo expuesto, se entiende que el Ministerio nunca tuvo la
información referente a la historia laboral del accionado y, por ende, no pudo cargarla
en la plataforma Cetil. Al respecto se aclara que aun cuando dicho sistema no tenga
el registro de los tiempos laborados por el demandando en la Institución Educativa
Gonzalo Mejía Echeverry y la Institución Educativa El Socorro, no resta valor a las
certificaciones laborales que reposan en el expediente y que se demostró, hacen parte
de los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición del acto acusado
a través del cual se reconoció una pensión de «vejez» al demandado.

77. En virtud de lo anteriormente expuesto, se encuentra acreditado que el señor
José Jairo Romero cumplió los requisitos de edad y de tiempo de cotizaciones
previstos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para ser beneficiario de la pensión de
jubilación por aportes, en su condición de beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por tanto, las resoluciones GNR 112068 del 28 de
marzo de 2014 y GNR 352859 del 8 de octubre de 2014, acusadas, se expidieron
conforme a derecho, sin que se configure la ilegalidad alegada por la parte
demandante.

78. Por último, se hace necesario aclarar que si bien en el caso particular, para
efectos del reconocimiento del derecho pensional se tienen en cuenta los tiempos de
servicios certificados por las distintas entidades públicas, sin que dentro del expediente
se hubiese demostrado con certeza que durante todos los periodos se efectuaron las
debidas cotizaciones a pensión, lo cierto es que esta corporación, en sentencia de
unificación del 28 de julio de 202241, definió que el hecho de que el empleador no haya
cumplido con el descuento y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que
la entidad administradora de pensiones haya omitido su deber de verificación y
ejecución de los procedimientos tendientes a su pago, no puede ser obstáculo para el
reconocimiento de la pensión. Ello, comoquiera que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro —artículo 53 de la Ley 100 de 1993,
artículo 8 del Decreto 1161 de 1994 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo
2.2.3.1.18—.

3.6. Conclusión de la decisión

79. Con fundamento en lo anterior, se estima que el accionante tiene derecho a la
pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988, al acreditar más de 60 años
de edad y más de 20 años de aportes a los sectores público y privado. Por ende, los
actos administrativos acusados no incurrieron en las causales de nulidad invocadas y,
en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, exp. 25000-23-

42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

4. Costas

80. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 42 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en
este proveído.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer personería a la abogada Luz Mary Valencia García identificada
con la cédula de ciudadanía 24.301.701 y portadora de la tarjeta profesional 25.075
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada sustituta de la
parte demandante, en los términos del poder que le fue conferido que obra a índice 20
de Samai.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

42 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo-valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00581-01 (0308-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Jairo Romero

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

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