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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00388-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00388-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión presentada por la Ugpp contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00388-00 (2711-2019) Demandante: Ugpp La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00388-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00388-00 (2711-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Natalia Teherán Petro2

Tema: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

Sentencia única instancia

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 24 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Primera de Decisión, por medio de la cual confirmó de manera parcial la decisión
del 10 de abril de 2012 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Montería, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Hernando
Teherán Castellar contra esa entidad de previsión social3.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp
solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, a través de la cual se
confirmó la decisión del 10 de abril de 2012 emitida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Montería dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 23001-33-31-006-2011-00295-00 (01),
que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Hernando Manuel
Teherán Castellar contra dicha entidad de previsión social, encaminadas a la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores

1 En adelante Ugpp.
2 Si bien en el proceso se identificó como parte demandada a Viviana Lucía Petro Rubio, lo cierto es

que su vinculación se efectuó en calidad de representante legal de su hija menor de edad, Natalia
Lucía Teherán Petro, beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de
Hernando Manuel Teherán Castellar. Posteriormente, al alcanzar la mayoría de edad, Natalia Lucía
Teherán Petro continuó su actuación en el proceso en nombre propio.
3 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 23001-33-31-006-2011-00295-00 (01).

Demandante: Hernando Teheran Castellar. Demandado: Ugpp.

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Demandante: Ugpp

salariales devengados en el último año de servicio4.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: (i) la revocatoria de la sentencia objeto
de revisión; (ii) la declaratoria de que la demandada en calidad de beneficiaria de la
pensión de jubilación reconocida a Hernando Manuel Teherán Castellar, en cuanto
a la liquidación de su pensión de jubilación, no era acreedora de un derecho
adquirido; y iii) la reliquidación de la prestación en un monto o tasa de reemplazo
del 75% y con una base de liquidación con fundamento en lo previsto en los artículos
36, inciso 3, o 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores de salario
de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
expresamente establezcan esa condición, tal y como lo determinó la jurisprudencia
de la Corte Constitucional5.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:

3.1. Hernando Manuel Teherán Castellar nació el 5 de marzo de 1949 y prestó sus
servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad7 entre el 4 de agosto
1988 y el 30 de agosto de 2011. El último cargo que desempeñó fue el de «Conductor
317-05 de la Seccional Monteria – Córdoba» [sic].

3.2. A través de la Resolución PAP 19244 del 13 de octubre de 2010, la liquidada
Caja Nacional de Previsión Social8, hoy Ugpp, le reconoció la pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicios, comprendidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de diciembre de 2008,
con inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, en
cuantía de $720.485.38, efectiva a partir del 1 de enero de 2009 y condicionada a
demostrar el retiro definitivo del servicio para su disfrute.

3.3. Por medio de la Resolución 703 del 13 de junio de 2011, se dispuso su retiro
del servicio desde el 31 de agosto de 2011.

3.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Ugpp, en la que solicitó la nulidad parcial de la
resolución del reconocimiento de la pensión de jubilación y la reliquidación de la
prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio.

3.5. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, en sentencia
del 10 de abril de 2012 declaró la nulidad parcial del acto acusado y ordenó
reliquidar la pensión en una cuantía equivalente al 75% de los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, desde el 4 de agosto de 2008, con
efectos fiscales a partir del 1 de septiembre de 2011. Para ello, incluyó, además de
la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, las primas de

4 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010», folios 3 a 25.
5 Providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017,

SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T039 de 2019, A326 de 2016 y A229 de 2017.
6 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según los elementos probatorios allegados.
7 En lo sucesivo DAS.
8 En adelante Cajanal.

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Demandante: Ugpp

servicios, vacaciones y navidad. Asimismo, dispuso efectuar las deducciones
correspondientes por concepto de aportes sobre los factores incluidos en la
reliquidación y pagar las diferencias pensionales debidamente actualizadas.

3.6. Contra la anterior providencia el demandante interpuso recurso de apelación
con el propósito de que también se incluyera en la liquidación de la prestación la
prima de riesgo. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión,
en sentencia del 24 de abril de 2014 confirmó parcialmente la providencia recurrida,
pues la modificó en el sentido de incluir dicho factor salarial. Además, dispuso que
sobre este se efectuaran las deducciones por concepto de aportes.

3.7. Mediante la Resolución RDP 15904 del 23 de abril de 2015, la Ugpp dio
cumplimiento a las referidas decisiones judiciales y le reliquidó la pensión en cuantía
de $1.361.281, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2011.

3.8. Con ocasión del fallecimiento del pensionado el 12 de agosto de 2018, con la
Resolución RDP 000640 del 11 de enero de 2019 se reconoció una pensión de
sobrevivientes a partir del 13 de agosto de 2018 y en igual cuantía a la que
devengaba el causante a favor de Natalia Lucía Teherán Petro. En el mismo acto
se negó dicho reconocimiento respecto de Noris Esther Castro de Teherán y a Mary
Luz Teherán Castro.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 24 de abril de 20149, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Primera de Decisión confirmó parcialmente la decisión de instancia, en el sentido
de incluir, además, la prima de riesgo como factor salarial para tener en cuenta en
la reliquidación pensional pretendida.

5. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

5.1. Hernando Manuel Teherán Castellar era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, su pensión debía
liquidarse, por regla general, con aplicación integral del régimen anterior, incluido el
monto y la base salarial, salvo que la fórmula prevista en el inciso 3 ibidem le
resultara más favorable.

5.2. Por su vinculación como empleado del DAS, le resultaban aplicables el artículo
73 del Decreto 1848 de 1969 y el Decreto 1933 de 1989, según los cuales la pensión
correspondía al 75 % del promedio de los salarios y primas de toda especie
percibidos durante el último año de servicio.

5.3. La prima de riesgo debía incluirse en la liquidación de la prestación por tratarse
de una remuneración mensual y permanente percibida como contraprestación
directa de la labor desarrollada por el trabajador, pues, aunque los decretos 1137 y
2646 de 1994 dispusieron que no constituía factor salarial, la jurisprudencia del
Consejo de Estado admitió su cómputo para efectos pensionales10. En el caso

9 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010», folios 272 a 288.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicado 44001-23-31-

000-2008-00150-01 (0070-11).

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Demandante: Ugpp

concreto se acreditó que el demandante la había devengado durante el último año
de servicio.

5.4. En consecuencia, se modificó el numeral 2.1. de la sentencia apelada para
ordenar que la pensión se liquidara con el 75% de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, incluidos la asignación básica, la
bonificación por servicios y las primas de servicios, de vacaciones, de navidad y de
riesgo. Sobre esta última se tenían que efectuar las deducciones correspondientes
por concepto de aportes.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos11:

6.1. La decisión judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, porque la
reliquidación se ordenó con el 75% de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, pese a que el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 únicamente permitía conservar las condiciones de edad,
tiempo de servicio y tasa de reemplazo del régimen anterior, mas no el ingreso base
de liquidación12 ni los emolumentos de salario.

6.2. El IBL debía determinarse conforme con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años o durante el
tiempo que faltara para adquirir el derecho, y con los factores de cotización previstos
en el Decreto 1158 de 1994. El tribunal desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que estableció que el IBL no hacía parte de los aspectos amparados
por el régimen de transición.

6.3. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se
configuró porque la cuantía reconocida excedió lo debido de acuerdo con la ley. La
reliquidación judicial elevó la mesada de $1.134.555 a $1.853.582, esto es, en
$719.027, equivalente a un incremento del 63.38%, como consecuencia de la
indebida aplicación del 75% sobre todos los factores devengados durante el último
año de servicio.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en las siguientes consideraciones13:

7.1. Hernando Manuel Teherán Castellar era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, su pensión se
liquidó conforme con la Ley 33 de 1985 y las disposiciones especiales

11 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010», folios 3 a 25.
12 En lo que sigue IBL.
13 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «19ED - Recurso de

revision_CuadernoRevisiònSentenciaFolios801al903.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«19_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGIRECURSODE2020111011364», folios 115 a
129.

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Demandante: Ugpp

correspondientes a los empleados del DAS, incluido el IBL y los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.

7.2. Las sentencias cuestionadas se ajustaron a la postura jurisprudencial que el
Consejo de Estado sostenía en su momento respecto de la aplicación integral del
régimen anterior para los beneficiarios de la transición y la inclusión de los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio. Por tanto, el cambio posterior
de criterio sobre el IBL no podría desconocer una decisión judicial ejecutoriada ni el
principio de la cosa juzgada.

7.3. No se configuró la vulneración del debido proceso alegada por la Ugpp, porque
el reconocimiento pensional se fundamentó en las normas y en la jurisprudencia
aplicable al momento en que se profirieron las decisiones judiciales. Además, la
entidad tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro del proceso
ordinario, sin que la acción de revisión pueda emplearse para replantear el debate
jurídico resuelto en aquel proceso.

7.4. Aun en el evento de prosperar la revisión, no procedía ordenar la devolución de
las sumas pagadas en cumplimiento de las sentencias cuestionadas, pues fueron
recibidas de buena fe y con fundamento en decisiones judiciales ejecutoriadas.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. En esta oportunidad guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA14.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201915, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

14 Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. (se resalta).
15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 15 de mayo
de 201416. Así las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 13 de
mayo de 201917, esto es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia recurrida, se impone concluir que su ejercicio fue oportuno.

2.3. Problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: (i) ¿si la sentencia del Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, se profirió con vulneración
del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión del
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y (ii) ¿si la cuantía del derecho
reconocido a Hernando Manuel Teherán Castellar, sustituido a su hija Natalia Lucía
Teherán Petro, excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

19
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2018 de la Ley 797 de 2003 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando (i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso; o (ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16 Así se dispuso en el auto admisorio de la demanda proferido el 11 de julio de 2019. Samai, índice

13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «19ED - Recurso de
revision_CuadernoRevisiònSentenciaFolios801al903.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«19_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGIRECURSODE2020111011364», folios 99 a
107.
17 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010», folio 26.
18 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.

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16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen20.

17. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

18. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

19. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes21:

«[…] i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

20 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
21 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), MP
William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00388-00 (2711-2019)
Demandante: Ugpp

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. […]». [sic]

20. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»22.

21. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación23 han admitido
expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«[…] (a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal. […]». [sic]

22. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario» (sic)24.

2.4.2. Régimen pensional de los empleados del DAS beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 y su IBL

23. En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5 de 1978 25,
el presidente de la República, mediante el Decreto 1047 de 197826, adoptó el
régimen de pensión vitalicia de jubilación para quienes desempeñaban funciones
de dactiloscopistas en el DAS, en los siguientes términos:

Artículo 1o. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de
Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por
el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación cualquiera sea su edad.

22 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), MP Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
25 Por el cual se reviste al Presidente [sic] de la República de facultades extraordinarias para

modificar escalas de remuneración, revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y
dictar otras disposiciones en materia de administración de personal.
26 Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que

desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad.

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Demandante: Ugpp

Artículo 2o. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el
artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de
Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones
de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de
edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.

Artículo 3o. Para los fines del presente Decreto se entiende por dactiloscopista el
empleado público que en forma permanente y continua, recoge, analiza, interpreta,
confronta y clasifica huellas digitales con fines investigativos o de identificación, o
desarrolla cualesquiera de las diferentes actividades técnicas que deben cumplir los
dactiloscopistas en su condición de miembros de la Policía Judicial y como auxiliares de
la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público en la investigación de hechos delictivos.

24. El gobierno nacional expidió el Decreto 1933 del 28 de agosto de 1989 27, por
medio del cual reguló el régimen prestacional especial de los empleados del DAS.
En materia pensional, el artículo 10 dispuso que las normas generales sobre
pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del
orden nacional serían aplicables a los servidores de esa entidad. De manera
excepcional, estableció que quienes cumplieran funciones de dactiloscopistas en
los cargos de detective agente, profesional o especializado se regirían por el
Decreto Ley 1047 de 1978, regla que igualmente se extendió al personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones.

25. Por consiguiente, respecto de los empleados del DAS que no estuvieran
comprendidos en el régimen pensional especial previsto para quienes ejercieran las
referidas funciones, resultaban aplicables las normas generales sobre pensión de
jubilación de los empleados públicos del orden nacional, entre ellas, las leyes 3328
y 6229 de 1985.

26. El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 estableció, como regla general, que
«elempleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y
llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de
Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio». A su vez, el artículo 3 de esa disposición, modificado por la
Ley 62 de 1985, determinó los factores que debían integrar la base de liquidación
de los aportes de la siguiente manera:

Artículo 3. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de
Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que
su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica;
gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes.

27 Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad.
28 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones

sociales para el Sector Público.
29 Por la cual se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 29 de enero de 1985.

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27. Por su parte, el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 dispuso que, para efectos
del reconocimiento y pago de las pensiones de los empleados del DAS, se tendrían
en cuenta la asignación básica mensual, los incrementos por antigüedad, la
bonificación por servicios prestados, la prima de servicio, el subsidio de
alimentación, el auxilio de transporte, la prima de navidad, los gastos de
representación, determinados viáticos y la prima de vacaciones. Al respecto, la
norma dispuso:

Artículo 18. Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del
reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho
los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en cuenta para
su liquidación, los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;

b) Los incrementos por antigüedad;

c) La bonificación por servicios prestados;

d) La prima de servicio;

e) El subsidio de alimentación;

f) El auxilio de transporte;

g) La prima de navidad;

h) Los gastos de representación;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando
se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último
año de servicio;

j) La prima de vacaciones.

28. Posteriormente, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de
transición en favor de quienes, al momento de entrar en vigencia el Sistema General
de Pensiones, cumplieran las condiciones allí previstas, con el propósito de
conservar la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de la
pensión establecidos en el régimen anterior.

29. En relación con el alcance de dicha transición, la Sección Segunda del Consejo
de Estado sostuvo durante varios años que el régimen pensional anterior debía
aplicarse de manera integral. Bajo esa interpretación, el concepto de monto
comprendía tanto la tasa de reemplazo como el IBL, de manera que este último
también debía determinarse conforme al régimen anterior y no según las reglas de
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Esta postura fue recogida, entre otras,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 201030.

30. En esa providencia se consideró que los factores salariales previstos en la Ley
33 de 1985 no constituían una enumeración taxativa, de manera que para
establecer el IBL podían tenerse en cuenta aquellas sumas percibidas habitual y
periódicamente como contraprestación directa por el servicio, aun cuando no

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23

25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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estuvieran expresamente incluidas en la norma, con la correspondiente obligación
de efectuar los descuentos por aportes cuando estos no se hubieran realizado.

31. Ahora bien, en relación con la prima de riesgo de los empleados del DAS, el
Decreto 1137 estableció su reconocimiento mensual y permanente para los
empleados de la extinta entidad que desempeñaran los cargos de detective
especializado, profesional o agente; criminalístico especializado, profesional o
técnico y conductores31, equivalentes, en todo caso, al 30% de su asignación básica
mensual, la cual según el artículo 1 ibidem no constituía factor salarial. Así se lee
de la norma:

[…] Esta prima no constituye factor salarial y no podrá percibirse simultáneamente con
las primas de que tratan los artículos 2o, 3o, y 4o del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto
132 de 1994. […]

32. La citada disposición fue derogada por el Decreto 2646 de 1994 32, a través del
cual se reguló nuevamente el reconocimiento de la citada prestación y dispuso que
los conductores, entre otros servidores allí señalados, tendrían derecho a percibir
mensualmente y con carácter permanente una prima especial de riesgo equivalente
al 35% de su asignación básica mensual, en los siguientes términos:

Artículo 1. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective Profesional, Detective
Agente, Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional, Criminalístico Técnico y
los Conductores tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente
una Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su
asignación básica mensual.

33. El Decreto 2646 de 1994, en su artículo 4, retoma la previsión del artículo 1 del
Decreto 1137 de 1994, según la cual la prima especial de riesgo no constituye factor
salarial, en los siguientes términos:

[…] La Prima a que se refiere el presente Decreto no constituye factor salarial y no podrá
percibirse simultáneamente con la prima de que trata el artículo 2o del Decreto 1933 de
1989 y el Decreto 132 de 1994. […]

34. Aunque esas disposiciones señalaron expresamente que dicho emolumento no
constituía factor salarial, la jurisprudencia de esta corporación modificó
posteriormente la interpretación literal de tales normas. La regulación de la prima
comprendía expresamente a los conductores del DAS.

35. En efecto, mediante sentencia del 1 de agosto de 2013 33, la Sección Segunda
unificó su jurisprudencia respecto de la inclusión de la prima de riesgo en la
liquidación pensional de los servidores del DAS sujetos al régimen de transición.
Para ello consideró que, pese a la denominación efectuada por los decretos 1137 y
2646 de 1994, aquella constituía una contraprestación directa, mensual y
permanente del servicio y, por tanto, tenía naturaleza salarial. En consecuencia,
determinó que debía integrar el IBL de la prestación pensional.

31 Que no estén asignados a tareas administrativas.
32 Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgo para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1 de agosto de 2013, radicado 44001-23-31-

000-2008-00150-01 (0070-11).

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36. No obstante, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo modificó la
interpretación que hasta entonces había sostenido esta Corporación mediante la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201834. En esa oportunidad determinó
que, para los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 sujetos a la Ley 33 de 1985, aquel únicamente conservaba la edad, el
tiempo de servicios y la tasa de reemplazo del régimen anterior, mientras que el IBL
debía establecerse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Asimismo, precisó que los factores salariales computables eran aquellos sobre los
cuales se hubieran efectuado aportes al Sistema General de Pensiones.

37. En cuanto a su aplicación temporal, esa providencia determinó que las nuevas
reglas serían aplicables a los asuntos que se encontraran pendientes de solución
en sede administrativa o judicial, pero dejó a salvo aquellos en los cuales hubiera
operado la cosa juzgada, así como las pensiones reconocidas o reliquidadas con
fundamento en la tesis que hasta entonces sostenía la Sección Segunda, respecto
de las cuales precisó que no podían considerarse, por esa sola circunstancia,
constitutivas de abuso del derecho o fraude a la ley.

38. Finalmente, en la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022 35, aunque al
estudiar específicamente el régimen de los servidores del DAS que desarrollaron
actividades calificadas como de alto riesgo, la Sección Segunda retomó la evolución
jurisprudencial relacionada con la prima de riesgo y precisó que el criterio acogido
en la sentencia del 1 de agosto de 2013 era incompatible con la interpretación que,
desde la sentencia del 28 de agosto de 2018, atendía a la taxatividad normativa
para determinar los factores que integran el IBL. Asimismo, reiteró que las
decisiones adoptadas conforme con las tesis jurisprudenciales anteriores respecto
de las cuales hubiera operado la cosa juzgada resultaban inmodificables, en
garantía del principio de la seguridad jurídica.

2.5. Caso concreto

39. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala precisa lo siguiente:

40. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», se reitera que es necesario que se exponga la
vulneración de este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

41. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión, según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes 3 elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii) [e]l
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,

radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014) MP William Hernández Gómez.

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técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una
decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

42. En tal sentido, se advierte que los argumentos de la entidad recurrente se
dirigieron a cuestionar la forma en que se determinó el IBL de la pensión, en
particular, la aplicación del 75% sobre los factores salariales devengados durante el
último año de servicio, en lugar de las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993, sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de
los elementos que componen el derecho fundamental al debido proceso. Así las
cosas, la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no se
configura y, en consecuencia, el examen de la acción especial de revisión se debe
realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) de igual disposición.

43. Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es, la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Primera de Decisión profirió la decisión objeto de revisión con sustento en los
artículos 73 del Decreto 1848 de 1969; 1, 10 y 18 del Decreto 1933 de 1989; y 36
de la Ley 100 de 1993, normativa que regula el régimen pensional de los empleados
del DAS y los factores salariales que debían tenerse en cuenta para la liquidación
de la prestación. En particular, el decreto del año 1969 dispuso que la pensión
correspondía al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie
percibidos durante el último año de servicio.

44. Asimismo, se encuentra que para el momento en que se produjo la decisión
objeto de revisión se encontraba vigente la regla de unificación proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 1 de agosto de 201336,
que se refirió al régimen pensional de los empleados del DAS y unificó el criterio en
torno a la inclusión de la prima de riesgo como factor para la liquidación de las
pensiones de jubilación de quienes fueran beneficiarios del régimen de transición.
Para ello, consideró que dicha prestación, al ser percibida de manera mensual y
permanente como contraprestación directa del servicio, tenía naturaleza salarial y
debía integrar el IBL.

45. Al respecto, la recurrente sostuvo que el causante era beneficiario del régimen
de transición únicamente en las condiciones de edad, tiempo y monto, pero como
el IBL no hacía parte de aquella, se debía liquidar de acuerdo con las disposiciones
contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

46. En efecto, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, no fue caprichosa y, por el
contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado
el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y
órgano de cierre de la jurisdicción.

47. Precisamente, el criterio del Consejo de Estado solo se modificó con la

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1 de agosto de 2013, radicado 44001-23-31-

000-2008-00150-01 (0070-11).

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Demandante: Ugpp

expedición de las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 37 y 28 de julio
de 202238, por lo que es claro que para la época en que se expidió la sentencia
recurrida [24 de abril de 2014], la posición de esta corporación era que a los
beneficiarios del régimen de transición debía aplicárseles, por regla general, de
manera integral el régimen pensional anterior, incluidos el monto y el salario base
de liquidación, salvo que resultara más favorable la fórmula prevista en el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En esos términos, precisamente, razonó el
tribunal al resolver el proceso ordinario.

48. Ahora bien, el tribunal ordenó que la pensión del causante se reliquidara con la
inclusión de los siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación por
servicios y las primas de servicios, de navidad, de vacaciones y de riesgo. En
relación con lo anterior, se advierte que siguió la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 1 de agosto de 2013,
que en lo particular dispuso:

«[…] Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de unificar criterios en torno al
asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, como factor para el reconocimiento de las pensiones
de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional, la
Sala en esta ocasión se permite precisar que dicha prima sí debe ser tenida en cuenta
para los fines indicados.

[…]

Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual y
periódica perciba el trabajador, son factores que integran el salario que éste percibe lo
que incide de manera directa en la forma cómo se establecen los ingresos base de
cotización y liquidación de una prestación pensional.

[…]

Así las cosas, y con el fin de unificar criterios en torno a la naturaleza de la prima de
riesgo, concluye la Sala, teniendo en cuenta lo expresado en precedencia, dicha
prestación sí goza de una naturaleza salarial intrínseca lo que permite que, en casos
similares al presente, sea tenida en cuenta como factor salarial para efectos de
establecer el ingreso base de cotización y liquidación de la prestación pensional de los
servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. […]». [sic]
[resaltado del texto original].

49. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obran
certificados laborales del 3 de marzo de 200939, 22 de octubre de 201440 y 4 de
noviembre de 201441, expedidos por el subdirector administrativo de Talento
Humano del DAS, la tesorera-pagadora y la coordinadora de Gestión Humana del
Archivo General de la Nación, respectivamente, según los cuales el pensionado
ejerció los cargos de «Auxiliar Administrativo (Chofer Mecánico) 5120-09», «Conductor
Grado 04», «Conductor 317-04» y «Conductor 317-05» y devengó en el último año de

37 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
38 Expediente 2656-2014, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez.
39 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010», folio 168.
40 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«18ED_Cuaderno4PrincipalFolios601al800.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«18_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112640», folios 32 a 44.
41 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«18ED_Cuaderno4PrincipalFolios601al800.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«18_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112640», folio 47.

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Demandante: Ugpp

servicio los siguientes factores: (i) asignación básica; (ii) subsidio de alimentación;
(iii) auxilio de transporte; (iv) bonificación por servicios prestados; (v) prima de
servicios; (vi) prima de navidad; (vii) prima de vacaciones; y (viii) prima de riesgo.

50. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el tribunal aplicó el criterio
jurisprudencial vigente para la época, conforme con el cual a los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía
aplicárseles, por regla general, de manera integral el régimen pensional anterior,
incluidos el monto y el salario base de liquidación. Asimismo, respecto de la prima
de riesgo, atendió la regla de unificación fijada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado de la sentencia del 1 de agosto de 2013. Por tanto, no se observa que la
decisión hubiera sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, sino que estuvo
sustentada en el criterio jurisprudencial aplicable para ese momento.

51. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

51.1. Hernando Manuel Teherán Castellar nació el 5 de marzo de 194942, quien
laboró al servicio del DAS entre el 4 de agosto de 1988 y el 30 de agosto de 2011 y
ocupó los cargos de «Auxiliar Administrativo (Chofer Mecánico) 5120-09», «Conductor
Grado 04», «Conductor 317-04» y «Conductor 317-05»43.

51.2. Por medio de la Resolución 703 del 13 de junio de 201144, suscrita por el
director del DAS, se dispuso su retiro del servicio a partir del 31 de agosto de 2011.

52. Durante el último año de servicio devengó los siguientes factores: (i) asignación
básica; (ii) subsidio de alimentación; (iii) auxilio de transporte; (iv) bonificación por
servicios prestados; (v) prima de servicios; (vi) prima de navidad; (vii) prima de
vacaciones; y (viii) prima de riesgo45.

52.1. Mediante la Resolución PAP 019244 del 13 de octubre de 201046, la extinta
Cajanal, hoy Ugpp, le reconoció la pensión de jubilación equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios, comprendidos
entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de diciembre de 2008; en cuantía de $720.485.38
y efectiva a partir del 1 de enero de 2009; con la inclusión de la asignación básica y

42 Según cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento. Samai, índice 13, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF)
NroActua 13», archivo «15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010»,
folios 157 y 158.
43 Conforme con las certificaciones laborales del 3 de marzo de 2009 y 4 de noviembre de 2014.

Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documentos
«15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13» y
«18ED_Cuaderno4PrincipalFolios601al800.pdf(.PDF) NroActua 13», archivos
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010» y
«18_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112640», folios 168 y 47,
respectivamente.
44 Según certificación del 22 de octubre de 2014, expedida por la tesorera-pagadora del Archivo

General de la Nación. Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«18ED_Cuaderno4PrincipalFolios601al800.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«18_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112640», folio 78.
45 Según certificación del 22 de octubre de 2014, expedida por la tesorera-pagadora del Archivo

General de la Nación Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«18ED_Cuaderno4PrincipalFolios601al800.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«18_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112640», folios 32 a 44.
46 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010», folios 175 a 179.

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Demandante: Ugpp

la bonificación por servicios prestados. Su disfrute quedó condicionado al retiro
definitivo del servicio.

52.2. Pormedio de la Resolución RDP 015904 del 23 de abril de 201547, en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, la Ugpp reliquidó la pensión de jubilación.
El monto de la mesada pensional aumentó a $1.361.281, efectiva desde el 1 de
septiembre de 2011.

52.3. El pensionado falleció el 12 de agosto de 201848. Con ocasión de ello, a través
de la Resolución RDP 000640 del 11 de enero de 201949, la Ugpp reconoció una
pensión de sobrevivientes a Natalia Lucía Teherán Petro, en su condición de hija
menor de edad, a partir del 13 de agosto de 2018 y en igual cuantía que la que
devengó el causante.

53. Así entonces, se encuentra acreditado que aquel laboró al servicio del DAS por
más de 20 años, periodo en el que se desempeñó como «Conductor 317-04» y
«Conductor 317-05», entre otros.

54. Asimismo, se observa que en el acto administrativo que dio cumplimiento a la
sentencia se dispuso el descuento por aportes sobre los conceptos incluidos en la
reliquidación y que no se hubieran realizado.

55. Así las cosas, el incremento de la mesada pensional derivado de la reliquidación
ordenada en el fallo cuya revisión se solicita no permite, por sí solo, concluir que la
cuantía reconocida excediera lo legalmente debido, pues obedeció a la inclusión de
factores que el causante efectivamente devengó durante el último año de servicio,
de conformidad con el criterio jurisprudencial vigente para el momento en el que se
profirió la providencia objeto de esta acción.

56. En consecuencia, no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró
que: (i) el demandado era beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) conforme con el criterio jurisprudencial vigente
para entonces, dicho régimen permitía aplicar integralmente el régimen pensional
anterior, incluidos el monto y el IBL; (iii) la inclusión de la prima de riesgo
correspondió a la regla de unificación fijada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia del 1 de agosto de 2013; (iv) los factores cuya inclusión se
ordenó fueron efectivamente devengados durante el último año de servicio; y (v) se
dispuso efectuar las deducciones correspondientes por concepto de aportes
respecto de aquellos factores sobre los cuales no se hubieran realizado.

57. Finalmente, se precisa que en la sentencia del 28 de julio de 2022 50, mediante
la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó nuevas reglas en relación

47 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«17ED_Cuaderno3PrincipalFolios401al600.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«17_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112339», folios 149 a 158.
48 De conformidad con el registro de defunción. Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE

DIGITAL», documento «15ED_Cuaderno1PrincipalFolios1al200.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«15_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112010», folio 226.
49 Samai, índice 13, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«17ED_Cuaderno3PrincipalFolios401al600.pdf(.PDF) NroActua 13», archivo
«17_110010325000201900388001EXPEDIENTEDIGI20201110112339», folios 126 a 130.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del

28 de julio de 2022, expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).

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Demandante: Ugpp

con el IBL y los factores computables en las pensiones de los servidores del DAS,
se determinó que tales reglas serían obligatorias para los asuntos que se
encontraran en discusión en sede administrativa y judicial, pero no afectarían las
decisiones que hubieran hecho tránsito a cosa juzgada.

58. En ese sentido, se precisó que no podía entenderse «en principio, que por virtud de
esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición de los servidores del DAS, con fundamento en (sic) tesis anteriores
que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala Plena,
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido u
ordenado la reliquidación de la pensión con fundamento en la jurisprudencia diferente a la
ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada».

59. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia proferida el 24 de abril de
2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, no
incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 y, por lo tanto, se declarará infundada la acción de revisión
interpuesta por la Ugpp.

2.6. Costas

60. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

3. Conclusión

61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual se declarará infundada la
acción especial de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión presentada por la Ugpp
contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Demandante: Ugpp

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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