República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00422-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.
Subtema 3. Cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional. Subtema 4. Facultad de los fondos de
pensiones para recaudar aportes del Sistema General de Seguridad Social en
Pensión. Subtema 5. Factores a tener en cuenta para liquidar la pensión – Ley 62 de
1985 y normas posteriores.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 8 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante, en calidad de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación. No obstante, la entidad demandada negó la prestación al
considerar que no acreditaba los 20 años de servicio exigidos por la ley, por cuanto el
tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 1997 y el 1 de agosto de 2002
correspondió a vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios, las cuales
estimó que no podían computarse para efectos pensionales. La demandante, por su
parte, sostiene que dichos periodos sí deben contabilizarse, en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que
la demandante reunía los requisitos para acceder a la pensión de jubilación prevista
en la Ley 33 de 1985, por haberse vinculado al servicio docente con anterioridad a la
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, ordenó el reconocimiento
y pago de la prestación en cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo devengado
durante el año anterior a la consolidación del derecho, con base en los factores
salariales previstos en la Ley 62 de 1985 que sirvieron de fundamento para efectuar
los aportes al sistema.
La Sala revocará parcialmente la sentencia apelada, en cuanto declaró la nulidad de
la Resolución 9668 del 21 de abril de 2020 y condenó en costas a la entidad
demandada. Igualmente, modificará la orden de restablecimiento del derecho para
precisar que la pensión de jubilación debe reconocerse a partir del 13 de agosto de
2021, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales previstos
en la Ley 62 de 1985 y en las normas posteriores que hubieren servido de base para
las cotizaciones durante el año anterior a la consolidación del derecho, sin que sea
necesario acreditar el retiro del servicio docente.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora María Pastora Ortiz Magallanes, por conducto de apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la – Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1:
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 9668 del 21 de abril de 2020,
proferida por la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual se negó el reconocimiento de
la pensión de jubilación.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que ordene a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a (a) reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación, de conformidad
con las leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985; (b) reconocer y pagar las mesadas
pensionales dejadas de percibir desde la consolidación de su estatus pensional,
liquidadas con el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de
servicios, incluyendo todos los factores salariales devengados; (c) reconocer la
compatibilidad entre pensión y sueldo para los docentes vinculados antes de la
expedición de la Ley 812 de 2003; (d) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 189 y 192 del CPACA; (e) reconocer y pagar los intereses moratorios
y la indexación de las sumas adeudadas; y (f) condenar en costas.
1 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «1_0001NULIDADRESTABLEC».
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Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
2.1.2. Hechos
4. Señaló que presta sus servicios como docente del servicio público de
educación, afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:
Entidad Fecha de Fecha de
inicio finalización
Secretaría de Educación de 01/12/1997 12/12/1997
Tumaco (órdenes de 02/02/1998 30/04/1998
prestación de servicios) 04/05/1998 26/06/1998
01/08/1998 30/11/1998
18/01/1999 31/03/1999
05/04/1999 30/06/1999
08/11/1999 23/12/1999
13/07/2000 12/09/2000
13/03/2000 12/04/2000
12/04/2000 13/05/2000
13/05/2000 12/06/2000
13/06/2000 12/07/2000
13/09/2000 12/12/2000
01/02/2002 30/05/2002
01/06/2002 01/08/2002
Secretaría de Educación de 01/01/2004 23/05/2016
Tumaco (F.N.P.S.) 23/05/2016 16/01/2017
16/01/2017 30/10/2021
5. Indicó que, para el 30 de octubre de 2021, contaba con 20 años, 3 meses y 29
días de servicio y que adquirió su estatus pensional el 31 de junio de 2021, al cumplir
55 años de edad y 20 de servicio.
6. Manifestó que ingresó al servicio público de educación antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que consideró que le resulta aplicable el régimen
pensional previsto en las leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985, el cual permite el
reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75 % del promedio de lo devengado
durante el último año de servicios y la compatibilidad entre sueldo y pensión.
7. Finalmente, afirmó que la entidad demandada negó el reconocimiento de la
pensión con fundamento en la Ley 100 de 1993, pese a que, en su criterio, tenía
derecho a la prestación conforme al régimen especial aplicable a los docentes
vinculados con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
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Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
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• Constitución Política.
• Decreto 2285 de 1955.
• Decreto 224 de 1972.
• Decretos 1042 y 1045 de 1978.
• Decreto 2277 de 1979.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 62 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 812 de 2003.
• Acto Legislativo 01 de 2005.
9. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante propuso los siguientes
argumentos:
10. Sostuvo que el acto administrativo demandado vulneró las normas
constitucionales y legales invocadas, al negar el reconocimiento de la pensión de
jubilación con fundamento en la Ley 100 de 1993, pese a que, en su criterio, por haber
ingresado al servicio público educativo antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, le resulta aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 91 de 1989, 33 y
62 de 1985, el cual reconoce la prestación con el 75 % del promedio de lo devengado
durante el último año de servicios.
11. Señaló que la fecha de vinculación al servicio educativo oficial determina el
régimen pensional aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que los docentes vinculados con
anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 conservan el régimen especial anterior
y no el previsto en la Ley 100 de 1993. Para sustentar esta afirmación, citó el Acto
Legislativo 01 de 2005, la Ley 91 de 1989, la Ley 812 de 2003, conceptos de la Sala
de Consulta y Servicio Civil y algunas providencias del Consejo de Estado2.
12. Afirmó, además, que tenía derecho a la compatibilidad entre sueldo y pensión,
al tratarse de una garantía reconocida para los docentes del régimen especial, para lo
cual invocó los Decretos 224 de 1972 y 2277 de 1979, la Ley 60 de 1993 y diversos
pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional3.
2 La parte demandante sustentó este argumento en el artículo 15, numeral 2, literal b, de la Ley 91 de 1989; artículo
81 de la Ley 812 de 2003; parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005; artículo 279 de la Ley 100 de 1993;
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 10 de septiembre de 2009, radicación 11001-
03-06-000-2007-00084-00 (1857), M.P. Enrique José Arboleda Perdomo; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, M.P. César Palomino Cortés; y Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
3 La parte demandante apoyó esta tesis en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972; artículo 3 del Decreto 2277 de
1979; artículo 6 de la Ley 60 de 1993; artículo 19 de la Ley 4 de 1992; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicación 05001-23-33-000-2014-00331-01 (0509-16), M.P.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
13. Finalmente, manifestó que el tiempo laborado mediante órdenes de prestación
de servicios debía computarse para efectos pensionales, en aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas, por lo que consideró que dicho tiempo debía
sumarse al prestado como docente vinculada legal y reglamentariamente para el
reconocimiento de la pensión de jubilación. En apoyo de esta tesis, citó sentencias de
unificación y otras providencias del Consejo de Estado4.
2.2. Contestación de la demanda
14. La entidad accionada se opuso a las pretensiones al considerar que los actos
administrativos demandados fueron expedidos según la normativa vigente para la
época de los hechos y, por lo tanto, se encuentran amparados por la presunción de
legalidad propia de los actos administrativos en firme. Asimismo, propuso las
siguientes excepciones5:
15. Respecto de la «inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido», señaló
que no vulneró los derechos laborales de la demandante ni desconoció las normas
invocadas en la demanda. Sostuvo que no era procedente el reconocimiento de la
pensión de jubilación, por cuanto la accionante no cumplía con los requisitos para
acceder a dicha prestación, en razón de la fecha de vinculación y de la pérdida de
continuidad de la relación laboral con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
16. En cuanto a la «legalidad del acto administrativo expedido», manifestó que la
resolución demandada goza de presunción de legalidad, toda vez que fue expedida
por la autoridad competente, resolvió de manera particular la solicitud presentada por
la docente, se ajustó a la normativa aplicable y fue debidamente notificada a la
interesada.
17. Frente al «litisconsorcio necesario por pasiva», solicitó la vinculación de la
Secretaría de Educación territorial al proceso, al considerar que dicha entidad
interviene en el procedimiento administrativo para el reconocimiento de las
prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y es la encargada de expedir el acto administrativo correspondiente. Para
sustentar su solicitud, invocó el artículo 61 del Código General del Proceso, el artículo
Rafael Francisco Suárez Vargas; conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 1305 del
23 de noviembre de 2000 y 1459 del 29 de agosto de 2002; y jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
compatibilidad entre pensión y salario para docentes, citada por la parte demandante.
4 Para respaldar esta afirmación, la demandante citó Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación
CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicación 11001-03-
15-000-2020-05253-00 (AC), M.P. José Gregorio Hernández; y Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014,
sobre el cómputo de todos los tiempos de servicio para efectos pensionales.
5 Samai, Tribunal, visualizar expediente, archivo «4 EXPEDIENTEDIGITAL_202100422EXPEDIENT», documento
«010. CONTESTACION DEMANDA DEL FOMAG».
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
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57 de la Ley 1955 de 2019, las leyes 91 de 1989 y 962 de 2005, el Decreto 2831 de
2005 y jurisprudencia del Consejo de Estado.
18. Finalmente, respecto de la «prescripción», indicó que cualquier derecho que
hubiere causado a favor de la demandante y respecto del cual hubiera transcurrido el
término legal debía declararse prescrito, de conformidad con el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la jurisprudencia del Consejo de
Estado. En consecuencia, solicitó que se estudiara la prescripción de las mesadas
pensionales sobre las cuales hubiera operado dicho fenómeno.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 8 de noviembre de 2024,
mediante la cual resolvió6 (a) declarar la nulidad de la Resolución 9668 del 21 de abril
de 2020, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación;
(b) ordenar al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocer y pagar a la demandante una pensión de jubilación,
con efectos fiscales a partir del 25 de diciembre de 2021, equivalente al 75 % del
promedio de lo devengado durante el año anterior a la consolidación del derecho, esto
es, entre el 25 de diciembre de 2020 y el 25 de diciembre de 2021, con inclusión
únicamente de los factores salariales que sirvieron de base para efectuar los aportes,
conforme a la Ley 62 de 19857; (c) que las mesadas correspondiente se reconozcan
de manera indexada; (d) negar las demás pretensiones de la demanda; (e) condenar
en costas a la parte demandada; (f) y ordenar el cumplimiento de la sentencia en los
términos del inciso primero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
20. Como cuestión previa, el Tribunal precisó que el problema jurídico consistía en
determinar si a la demandante le asistía el derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación, equivalente al 75 % del promedio mensual de los salarios
devengados durante el último año de servicios, con la inclusión de los factores
salariales legalmente procedentes.
21. Para resolver la controversia, analizó el régimen jurídico aplicable a la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes oficiales vinculados al servicio educativo antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En ese sentido, estudió las leyes 33 y
62 de 1985, 91 de 1989, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 y el Acto Legislativo 1 de 2005. Asimismo, examinó la jurisprudencia del
Consejo de Estado relativa al régimen pensional de los docentes oficiales, los factores
que integran el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, la incidencia
6 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «Sentencia
20_sentenciaprimerainstancia_202100422mariaortizv».
7 Dijo el Tribunal, «es decir, asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio-
Para el efecto, la entidad demandada deberá verificar, durante el periodo mencionado, lo que efectivamente
devengó la demandante y determinará los factores respecto de los cuales se realizaron cotizaciones al sistema
pensional».
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de la Ley 812 de 2003 para determinar el régimen aplicable según la fecha de
vinculación al servicio docente y la procedencia de contabilizar, para efectos
pensionales, el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios en
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
22. Con fundamento en ese marco normativo y jurisprudencial, consideró
acreditado que la demandante nació el 20 de noviembre de 1963, lo que implica que
cumplió 55 años el 20 de noviembre de 2018.
23. Asimismo, indicó que prestó sus servicios como docente, inicialmente mediante
órdenes de prestación de servicios, así:
• Del 1 de diciembre de 1997 al 12 de diciembre de 1997.
• Del 2 de febrero de 1998 al 30 de abril de 1998.
• Del 4 de mayo de 1998 al 28 de junio de 1998.
• Del 1 de septiembre de 1998 al 30 de noviembre de 1998.
• Del 18 de enero de 1999 al 31 de marzo de 1999.
• Del 5 de abril de 1999 al 30 de junio de 1999.
• Del 13 de marzo de 2000 al 12 de abril de 2000.
• Del 13 de abril de 2000 al 12 de mayo de 2000.
• Del 13 de mayo de 2000 al 12 de junio de 2000.
• Del 13 de junio de 2000 al 12 de julio de 2000.
• Del 13 de julio de 2000 al 12 de septiembre de 2000.
• Del 13 de septiembre de 2000 al 12 de diciembre de 2000.
• Del 1 de febrero de 2002 al 1 de junio de 2002.
• Del 1 de junio de 2002 al 1 de agosto de 2002.
24. Posteriormente, a través de vinculación legal y reglamentaria en
provisionalidad, período de prueba y propiedad, así:
• Mediante Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003, prestó sus servicios en
provisionalidad desde el 1 de enero de 2004 hasta el 23 de mayo de 2016.
• A través del Decreto 0295 del 23 de mayo de 2016, prestó sus servicios en
período de prueba desde el 23 de mayo de 2016 al 16 de enero de 2017.
• De acuerdo con el Decreto 0042 del 16 de enero de 2017, prestó sus servicios
en propiedad desde el 16 de enero de 2017 al 3 de septiembre de 2019.
25. En ese contexto, determinó que la demandante laboró como contratista del
servicio educativo durante 841 días, equivalentes a 2,3 años, y con vinculación legal y
reglamentaria en la modalidad de provisional, período de prueba y propiedad, durante
5642 días, equivalentes a 15,45 años, para un total de tiempo laborado de 17,7 años
al 6 de septiembre de 2019, fecha en la cual presentó su solicitud de reconocimiento
pensional.
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26. Precisó que, al momento de presentar la solicitud de reconocimiento pensional,
aún no reunía los 20 años de servicio, razón por la cual la administración acertó al
negar la prestación conforme a las circunstancias existentes para ese momento.
27. No obstante, señaló que la situación jurídica de la demandante debía analizarse
teniendo en cuenta que se trataba de derechos laborales ciertos e indiscutibles y que
su vinculación en propiedad le otorgaba vocación de permanencia. Agregó que la
entidad demandada, al alegar de conclusión, reconoció que la actora continuaba
vinculada al servicio docente, de manera que no resultaba razonable exigirle presentar
una nueva solicitud administrativa, cuando la controversia radicaba en el
reconocimiento del tiempo laborado mediante órdenes de prestación de servicios y la
definición del régimen pensional aplicable.
28. Bajo ese entendido, concluyó que era procedente contabilizar el tiempo
transcurrido entre la presentación de la solicitud administrativa y la fecha de la
sentencia, toda vez que durante ese lapso la demandante permaneció vinculada al
servicio docente. Con fundamento en ello, determinó que el 25 de diciembre de 2021
consolidó el tiempo de servicios exigido para acceder a la pensión de jubilación. Sobre
el particular razonó:
Por estas razones, considera la Sala necesario reconocer el tiempo que transcurrió
entre el 6 de septiembre de 2019, fecha en la cual se presentó la solicitud de
reconocimiento pensional y esta fecha, a efectos de definir si la demandante puede
acceder a la pensión solicitada.
A partir del 6 de septiembre de 2019 a la demandante le faltarían dos coma tres (2,3)
años, que se completaron el 25 de diciembre de 2021, fecha que la Sala tomará como
aquella en la que se configuraron los requisitos para acceder a la prestación pensional
por la que reclama la señora Ortiz Magallanes.
Significa lo anterior, que con los tiempos de servicio relacionados se demuestra que el
requisito del término laborado que se estableció en el artículo 7 de la Ley 71 de 1989
(sic) (20 años de servicio) se cumplió, por lo cual a 25 de diciembre de 2021 la
demandante poseía el tiempo de servicios suficiente, que la acredita como beneficiaria
del derecho a la pensión por el que reclama.
29. A partir de lo anterior, consideró que la demandante tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación, por cuanto se vinculó al servicio docente
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, circunstancia que hacía aplicable
el régimen previsto en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989. En consecuencia, indicó
que la prestación debía liquidarse en cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo
devengado entre el 25 de diciembre de 2020 y el 25 de diciembre de 2021, incluyendo
únicamente los factores salariales que sirvieron de base para efectuar cotizaciones,
conforme a la Ley 62 de 1985 y a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del
Consejo de Estado.
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30. Finalmente, concluyó que no había lugar a declarar la prescripción, por cuanto
la demandante cumplió los requisitos para acceder a la prestación durante el trámite
del proceso judicial. Asimismo, ordenó indexar las mesadas pensionales causadas en
los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y condenó en costas a la parte
demandada, al resultar vencida en el proceso.
2.4. Recursos de apelación
A. Parte demandada
31. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita8. Fundamentó su inconformidad en las siguientes razones:
32. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en sustento de su
inconformidad, reiteró que la situación pensional de la demandante debía resolverse
conforme al régimen previsto en la Ley 812 de 2003, por cuanto su vinculación legal y
reglamentaria al servicio docente ocurrió el 1 de enero de 2004, esto es, con
posterioridad a la entrada en vigor de dicha normativa. En consecuencia, sostuvo que
le resulta aplicable el régimen de prima media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad pensional, mas no el régimen contemplado en las
leyes 33 y 62 de 1985.
33. Precisó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 diferenció claramente a los
docentes vinculados antes y después de su entrada en vigor, reservando el régimen
anterior únicamente para quienes ya se encontraban vinculados al servicio público
educativo oficial. En ese sentido, insistió en que la incorporación de los docentes al
Sistema General de Pensiones se produjo a partir de la expedición de dicha ley y que
la demandante quedó cobijada por ese nuevo régimen.
34. Expuso que la Ley 100 de 1993 derogó gran parte de los regímenes pensionales
anteriores y estableció un régimen de transición para proteger las expectativas
legítimas de quienes, al entrar en vigor el Sistema, contaban con determinada edad o
tiempo de servicios. Señaló que dicho régimen solo resulta aplicable a quienes, al 1
de abril de 1994, tenían 35 años de edad si eran mujeres, 40 años si eran hombres o
15 años de servicios cotizados, requisitos que la demandante no cumplía.
35. Igualmente, sostuvo que la pensión por aportes prevista en el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988 tiene como finalidad permitir la acumulación de aportes efectuados en
entidades públicas y en el entonces Instituto de Seguros Sociales, cuando el trabajador
ha laborado tanto en el sector público como en el privado. En apoyo de esta tesis citó
el Concepto 1718 del 9 de marzo de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, según el cual dicho régimen solo beneficia a quienes estuvieron
8 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «25_memorialweb_recurso-ilove_merged20».
9
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
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vinculados laboralmente y requieren sumar aportes para completar los requisitos
pensionales.
36. Con fundamento en ello, afirmó que el tiempo laborado mediante contratos de
prestación de servicios no puede computarse para acceder a la pensión reclamada,
por cuanto esa modalidad contractual se rige por normas civiles y no constituye una
relación laboral. Agregó que no comparte la aplicación del principio de primacía de la
realidad efectuada por el Tribunal, pues no existe un proceso en el que se hubieran
debatido y demostrado los elementos propios de un contrato de trabajo (subordinación,
remuneración y prestación personal del servicio), razón por la cual no es posible
reconocer, por vía indirecta, un contrato realidad.
37. También argumentó que la aplicación de dicho principio generaría un detrimento
patrimonial para la entidad, en tanto no existe certeza de que durante los periodos de
prestación de servicios se hubieran efectuado cotizaciones al sistema pensional.
Añadió que, de haberse realizado tales aportes, la obligación correspondería a la
entidad receptora de las cotizaciones y no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, sin perjuicio de que los eventuales procesos de repetición por aportes
patronales resultan complejos, prolongados y generan un mayor desgaste para la
Administración y para la Jurisdicción.
38. Insistió en que el material probatorio demuestra que la demandante solo
adquirió la condición de docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio desde el 1 de enero de 2004, fecha a partir de la cual se produjo su
vinculación efectiva mediante nombramiento. En consecuencia, aunque reconoció que
los periodos prestados mediante contratos de prestación de servicios pueden ser
relevantes para algunos efectos pensionales, sostuvo que a partir de ellos no es
procedente tener por acreditada una relación legal y reglamentaria anterior a la
vigencia de la Ley 812 de 2003.
39. Añadió que, si la demandante pretendía completar el tiempo de servicios con
fundamento en la Ley 71 de 1988, debía demostrar que era beneficiaria del régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Sin embargo, indicó que nació el 20 de
noviembre de 1963 y, por tanto, al momento de entrada en vigor del Sistema General
de Pensiones solo contaba con 30 años de edad y tampoco acreditaba 15 años de
servicios, razón por la cual no podía beneficiarse del régimen de transición ni acceder
a la pensión prevista en las leyes 33 y 62 de 1985.
40. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia en protección del
patrimonio público. De manera subsidiaria, manifestó que, en caso de mantenerse el
reconocimiento pensional, debía precisarse que el ingreso base de liquidación
únicamente puede integrarse con los factores expresamente previstos en las leyes 33
y 62 de 1985, conforme a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril
de 2019, por lo que no es procedente incluir la bonificación mensual docente dentro
de la base de liquidación de la pensión. Con el escrito de apelación, además, aportó
10
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
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una captura de pantalla correspondiente al certificado de afiliación de la señora María
Pastora Ortiz Magallanes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
administrado por Fiduprevisora S.A.
B. Parte demandante
41. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita9. Fundamentó su inconformidad en las siguientes razones:
42. Solicitó modificar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, con
el fin de que la pensión de jubilación se liquide con todos los factores salariales
legalmente procedentes devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, y no únicamente con aquellos previstos en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985.
43. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el régimen aplicable
corresponde al previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para los docentes
vinculados antes de la entrada en vigor de dicha norma, circunstancia que obliga a
determinar correctamente cuáles son los factores salariales que deben integrar el
ingreso base de liquidación de la prestación.
44. Manifestó que, si bien la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado estableció que la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 debe liquidarse con
los factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que se encuentran previstos en
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, ello no significa que deban excluirse otros conceptos
que posteriormente fueron reconocidos por la ley como factores salariales.
45. En ese sentido, afirmó que diversas disposiciones posteriores incorporaron
nuevos factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para la liquidación
pensional. Señaló que el Decreto 1381 de 1997 creó la prima de vacaciones para los
docentes oficiales y dispuso que se regiría por el Decreto Ley 1045 de 1978, cuyo
artículo 45 le otorgó naturaleza de factor salarial para efectos pensionales. Agregó que
los certificados salariales expedidos por la Secretaría de Educación de Bogotá
evidencian que sobre dicho concepto se realizan cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social.
46. Asimismo, indicó que el Decreto 2354 de 2018 reconoció expresamente la
bonificación pedagógica como factor salarial para todos los efectos legales y que el
Decreto 964 de 2021 otorgó la misma naturaleza jurídica a la bonificación mensual de
los docentes, precisando además que sobre esta deben efectuarse los aportes
obligatorios al sistema de seguridad social.
9 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «28_memorialweb_recurso-recursodeapelacion».
11
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47. También invocó la sentencia del 25 de agosto de 2022 10, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se sostuvo que, aunque la regla
general consiste en aplicar únicamente los factores previstos en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985, existen asignaciones adicionales creadas por los decretos anuales de
remuneración del personal docente que, por constituir factor salarial y servir de base
para las cotizaciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
deben integrar el ingreso base de liquidación de la pensión.
48. Con fundamento en lo anterior, consideró que el Tribunal desconoció el alcance
de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y de los decretos expedidos con
posterioridad, al limitar la liquidación de la pensión exclusivamente a los factores
previstos en la Ley 62 de 1985, sin incluir otros conceptos que posteriormente
adquirieron naturaleza salarial y sobre los cuales se efectuaron cotizaciones. Por ello,
solicitó modificar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia para que la
pensión de jubilación de la demandante sea liquidada con todos los factores salariales
que legalmente correspondan.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
49. Mediante auto del 11 de julio de 2025, se rechazó el recurso de apelación
interpuesto por la señora María Pastora Ortiz Magallanes, por cuanto la sentencia de
primera instancia fue notificada el 2 de diciembre de 2024 y el recurso fue presentado
y sustentado de manera extemporánea el 19 de diciembre de 2024, pese a que el
término vencía el 18 de diciembre de la misma anualidad. En la misma providencia, se
admitió el recurso de apelación interpuesto por el Fomag, al constatar que fue radicado
el 17 de diciembre de 2024, dentro del término legal11.
50. A través de auto del 16 de septiembre de 2025, se dejó parcialmente sin efectos
el auto del 11 de julio de 2025, en cuanto rechazó por extemporáneo el recurso de
apelación presentado por la demandante y, en su lugar, se admitió los recursos de
apelación interpuestos por el Fomag y la señora María Pastora Ortiz Magallanes.
Asimismo, se ordenó notificar personalmente al procurador delegado ante esta
corporación, de conformidad con el artículo 198 del CPACA, y a las partes en los
términos del artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 202112.
51. Finalmente, por auto del 21 de enero de 2026 se resolvió negar la solicitud de
pruebas en segunda instancia presentada por el Fomag, en razón a que la entidad
demandada aportó, junto con el escrito de apelación, la captura de pantalla de un
certificado de afiliación de la señora María Pastora Ortiz Magallanes al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. No obstante, la parte demandada no expresó
el objeto de dicha prueba y, mucho menos, la pertinencia, necesidad, utilidad y
conducencia del documento en segunda instancia, así como tampoco justificó la
10 Radicado 66001-23-33-000-2019-00076-01 (0411-2021).
11 Samai, expediente digital, índice 4, documento «6Autoqueadmite_00732025Autoadmiteyr(.pdf) NroActua 4».
12 Samai, expediente digital, índice 12, documento «11Autoqueadmite_200732025Autodejasin(.pdf) NroActua 12».
12
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configuración de alguno de los eventos previstos en el inciso 4 del artículo 212 del
CPACA13.
2.6. Ministerio Público
52. Mediante concepto 449-2025 del 25 de julio de 2025, la Procuraduría Tercera
Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia del 8 de noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, al considerar acreditado
que la demandante estuvo vinculada al servicio educativo oficial con anterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, y que, por tanto, le resulta aplicable el régimen
pensional establecido en la Ley 91 de 1989, en concordancia con la Ley 33 de 198514.
53. Señaló que la demandante inició la prestación de sus servicios como docente
oficial mediante órdenes de prestación de servicios desde 1997 y que su vinculación
legal y reglamentaria se formalizó a partir del 1 de enero de 2004, por lo que ya se
encontraba vinculada al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003.
54. Consideró que la demandante consolidó su estatus pensional el 25 de diciembre
de 2021, al cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la ley. En
consecuencia, indicó que el ingreso base de liquidación debía corresponder al
promedio de lo devengado entre el 25 de diciembre de 2020 y el 25 de diciembre de
2021, incluyendo únicamente los factores salariales sobre los cuales se realizaron
cotizaciones, conforme al artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
55. Precisó que, para los docentes afiliados al Fomag vinculados antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley
33 de 1985, por remisión de la Ley 91 de 1989, de manera que la base de liquidación
pensional únicamente puede integrarse con los factores salariales previstos en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales se hubieren efectuado aportes.
56. Con fundamento en lo anterior, concluyó que se encontraba acreditado el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación y
que, en consecuencia, el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño se ajustó a
derecho, al declarar la nulidad de la Resolución 9668 del 21 de abril de 2020 y ordenar
al FOMAG reconocer y pagar la pensión de jubilación a la señora María Pastora Ortiz
Magallanes, con efectos fiscales a partir del 25 de diciembre de 2021, liquidada con el
promedio de lo devengado durante el último año de servicios y únicamente con los
factores salariales objeto de cotización.
13 Samai, expediente digital, índice 17, documento «15Autoqueniega_00732025Autoniegapru(.pdf) NroActua 17».
14 Samai, expediente digital, índice 9, documento «Memorial_FLF_10Concepto(.pdf) NroActua 9».
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
57. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
58. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
59. ¿La demandante, en su condición de docente oficial, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 y,
para tal efecto, los periodos laborados como docente vinculada mediante contratos y
órdenes de prestación de servicios pueden tenerse en cuenta para el reconocimiento
de dicha prestación, como lo ordenó el Tribunal?
60. En caso afirmativo, ¿el reconocimiento de la pensión de jubilación es procedente
solo con los factores de que trata la Ley 62 de 1985, o es procedente tener en cuenta
factores adicionales, reconocidos por normas posteriores para efectos pensionales?
61. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los maestros
oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019; y (3) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional.
62. A partir de las anteriores consideraciones (4) se destacarán los hechos probados
más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos propuestos.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
63. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
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presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
64. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198915, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
65. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
66. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
67. Sin embargo, la Ley 812 de 200316 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».
68. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988). El
segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
15 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
16 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
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3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201917
69. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
70. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
71. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
72. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de reemplazo: 75 %.
17 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).
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✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
73. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)18.
74. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
75. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %19, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
18 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
19 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
76. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
77. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección20, tales como:
(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
78. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
20 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, exp. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
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3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional
79. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.
80. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.
81. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201621 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
82. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
21Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
contractual22»23 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.
83. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.
84. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (a) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (b) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (c) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (d) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.
85. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.
22 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación
de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
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86. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (a) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente previó el criterio temporal de ingreso al servicio; y (b) de acuerdo con la
sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199424, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
87. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.
3.4. Hechos probados relevantes
88. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se encuentra
acreditado lo siguiente:
89. De acuerdo con la cédula de ciudadanía, la señora María Pastora Ortiz
Magallanes nació el 20 de noviembre de 196325.
90. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral del 3 de septiembre de 201926, la demandante ha prestado el servicio docente
durante los siguientes periodos:
Institución Acto Periodo Tiempo
educativa Administrativo Fecha de Fecha de laborado27
inicio finalización
Escuela Rural El O.P.S. 01/12/1997 12/12/1997 12 días
Ceibito
(municipio de Tumaco)
O.P.S. 02/02/1998 30/04/1998 2 meses y 28 días
O.P.S. 04/05/1998 26/06/1998 1 mes y 24 días
O.P.S. 01/09/1998 30/11/1998 3 meses y 1 día
O.P.S. 18/01/1999 31/03/1999 2 meses y 13 días
24 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
25 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «1_0001NULIDADRESTABLEC», folio 19.
26 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «1_0001NULIDADRESTABLEC», folios 24 al 26.
27 Se contabilizan los periodos correspondientes teniendo en cuenta los 365 días de cada año.
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O.P.S. 05/04/1999 30/06/1999 2 meses y 27 días
O.P.S. 13/03/2000 12/04/2000 1 mes y 1 día
O.P.S. 13/04/2000 12/05/2000 1 mes
O.P.S. 13/05/2000 12/06/2000 1 mes y 1 día
O.P.S. 13/06/2000 12/07/2000 1 mes
Escuela Urbana La O.P.S. 13/07/2000 12/09/2000 2 meses y 2 días
Libertad O.P.S. 13/09/2000 12/12/2000 3 meses y 1 día
(municipio de Tumaco) O.P.S. 01/02/2002 01/06/2002 4 meses y 1 día
O.P.S. 01/06/2002 01/08/2002 2 meses y 2 días
Decreto 1235 01/01/2004 23/05/2016 12 años, 4 meses
del 31 de y 27 días
diciembre de
200328
I.E. Santa Teresita Decreto 0295 23/05/2016 16/01/2017 7 meses y 29 días
(municipio de Tumaco) del 23 de mayo
– Nombramiento de 201629
Decreto 0042 16/01/2017 03/09/2019 2 años, 7 meses y
del 16 de enero 21 días
de 201730
Total 18 años y 20 días
tiempo de
servicio
Tabla 1: relación de tiempo de prestación del servicio de la accionante, según certificación del 3 de
septiembre de 2019
91. Ahora bien, respecto del tiempo de servicio docente debe considerarse que la
señora Ortiz Magallanes, al presentar la demanda, que se radicó el 9 de noviembre de
202131, manifestó que continuaba prestado el servicio docente, afirmación que no fue
controvertida por el Fomag al contestar la demanda, inclusive que fue ratificada al
contestar los alegatos de conclusión en primera instancia32, instante en el que la
entidad demandada indicó que la demandante seguía activa.
92. Esta circunstancia es relevante, en la medida que a partir de ella puede
considerarse que la peticionaria, al menos a la fecha de presentación de la demanda
continuaba vinculada con el Magisterio, lo que significa que desde el nombramiento
más reciente que le fue realizado el 16 de enero de 2017 a la fecha de la presentación
de la demanda, 9 de noviembre de 2021, habrían transcurrido 4 años, 9 meses y 29
días, que sumados al tiempo laborado con anterioridad como docente, permiten
computar un total de 20 años, 2 meses y 28 días.
28 De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 3 de septiembre de
2019.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Samai, Tribunal, índice 1, radicación del proceso.
32 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «014_MemorialWeb_Alegatos-Ale1202100422MAR».
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93. Se llega a la anterior conclusión a partir de lo manifestado por las partes durante
el proceso, particularmente la anuencia de la demandada en lo que concierne a la
continuidad en la prestación del servicio de la demandante desde su último
nombramiento, y al hecho que al interponer el recurso de apelación no controvirtió el
razonamiento que en el mismo sentido realizó el Tribunal, debido a que su
inconformidad se centró fundamentalmente en que se haya considerado que los
tiempo laborados en virtud de contratos de prestación de servicios resulten válidos
para el reconocimiento pensional.
94. Bajo el razonamiento que se viene desarrollando, se tiene que la accionante
cumplió los 20 años de servicio docente el 13 de agosto de 2021, teniendo en cuenta
que al 3 de septiembre de 2019, fecha de la última certificación de tiempo de servicios
prestado aportada a la actuación, había laborado el 18 años y 20 días, de manera tal
que el año, 11 meses y 10 días restantes para cumplir los 20 años se cumplieron el 13
de agosto de 2021.
95. Mediante escrito del 6 de septiembre de 2019, fecha para la cual la demandante
no había cumplido 20 años de servicio docente, esta solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación. Sin embargo, por medio de la Resolución 9668 del 21 de
abril de 2020, la Secretaría de Educación del Distrito de Tumaco Nariño negó la
solicitud con fundamento en que la Fiduciaria La Previsora S.A. Concluyó que la
señora María Pastora Ortiz Magallanes no reunía los requisitos para acceder a la
prestación reclamada, por cuanto se encontraba vinculada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio desde el 1 de enero de 2004 y, para la fecha de
la solicitud, acreditaba 5.360 días de servicio.
96. De igual manera, indicó que no completaba los 20 años de servicios exigidos
para el reconocimiento pensional, toda vez que los periodos comprendidos entre el 1
de diciembre de 1997 y el 1 de agosto de 2002 fueron prestados bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios para el Municipio de Tumaco, según certificación
expedida el 3 de septiembre de 2019, tiempos que, a juicio de la entidad, no podían
ser computados para efectos del reconocimiento de la pensión solicitada.
3.5. Caso concreto
97. La parte demandante solicita que se reconozca a favor una pensión de
jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al servicio de la
docencia oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
98. El Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de primera instancia
accedió al reconocimiento y pago de la prestación pretendida, al encontrar probado
que la demandante se vinculó a la docencia oficial antes de la Ley 812 de 2003. Para
el efecto, tuvo en cuenta los tiempos en los que laboró a través de contratos y órdenes
de prestación de servicios.
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99. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación
en el que alegó que los tiempos prestados a través de contratos de prestación de
servicios no podían tenerse en cuenta para efectos del cómputo pensional, toda vez
que no consta en el plenario que se hubiesen efectuado los aportes a pensión
correspondientes a esa época.
100. Así, uno de los principales aspectos a resolver consiste en definir si los periodos
laborados por la accionante como docente vinculada mediante contratos de prestación
de servicios pueden ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento pensional.
101. Sobre el particular, conforme se estudió en el acápite del marco normativo de
esta sentencia, los docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios
no ejercen su labor de forma independiente, pues al igual que los docentes-empleados
públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y subordinada a los
reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así que, como lo
definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 201633, carecen de autonomía en el desarrollo de
su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de las autoridades
educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral que está sometida
a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una protección especial
por parte del Estado.
102. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (a)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(b) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia34:
es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la
entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»35 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020, exp.
54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
35 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
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exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.
103. Así las cosas, la Sala estima que el periodo laborado por la señora María
Pastora Ortiz Magallanes a través de órdenes de prestación de servicios, entre el 1 de
diciembre de 1997 y el 1 de agosto de 2002, que se detallaron en la tabla 1 de esta
sentencia, resulta válido para efectos pensionales, en virtud de los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad.
104. Adicionalmente, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, en cuanto a
que no puede accederse a lo solicitado porque no consta que se hayan efectuado las
cotizaciones correspondientes al régimen de Seguridad Social o que se hubiesen
trasladado al Fomag; se destaca que esta corporación, en sentencia de unificación del
28 de julio de 202236, definió que el descuento y pago oportuno de aportes no puede
ser obstáculo para el reconocimiento de la pensión, pues las entidades de previsión
deben adelantar las gestiones pertinentes para su cobro. Esto, en los siguientes
términos:
107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones
tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo
22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus
trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización
obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión
social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional. En todo caso, es el
empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo es reiterado en el
Decreto 692 del 29 de marzo de 199437 (artículo 27).
108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, exp. 25000-23-
42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
37 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
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verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161
del 3 de junio de 199438 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a la
ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).
109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que
los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de
su incumplimiento.
[…]
111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la
consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más débil
de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a
fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una protección
jurídica favorable para el trabajador39.
112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia ha
reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser imputable al
trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno reconocimiento de su
pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador implica la vulneración de
su derecho a la seguridad social40.
[…]
115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la
vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador».
105. Precisado lo anterior, se estima que el cargo de la apelación no tiene la
virtualidad de revocar la sentencia de primera instancia. No obstante, se considera
necesario adicionar el numeral segundo de la sentencia apelada con el fin de exhortar
a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio para que recaude ante el departamento de Nariño y el
municipio de Tumaco las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que
38 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».
39 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,
segunda edición, pp. 23 – 25.
40 Ver sentencia T-064 de 2018.
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estuvo vinculada a través de contratos y órdenes de prestación de servicios, y que
eventualmente no se realizaron.
106. En virtud de lo expuesto, se comparte la conclusión del Tribunal de tener en
cuenta el tiempo laborado por la demandante en virtud de las referidas órdenes de
prestación de servicio para efectos de establecer tanto su vinculación docente antes
de la Ley 812 de 2003, como para completar los 20 años de servicios que se requieren
para pensionarse según la Ley 33 de 1985. Sin embargo, lo que no se comparte y no
puede pasarse por alto, es que a partir de dicho análisis haya anulado totalmente el
acto administrativo demandado, pues aunque es cierto que en este se incurrió en un
error al no tener en cuenta el tiempo laborado por la peticionaria en virtud de contratos
de prestación de servicios, también lo es que para el momento en que se dictó esta no
había cumplido los 20 años de servicios requeridos para pensionarse, como se ilustró
en el acápite de hechos probados, motivo por el cual la decisión de negar el
reconocimiento de la pensión por dicha razón es acertada.
107. Por la anterior circunstancia, como lo ha hecho esta Subsección en casos
similares41, aunque en estricto sentido la negativa del reconocimiento de la pensión,
con las precisiones antes señaladas, para el momento en que dictó el acto acusado es
correcta, por lo que no es procedente declarar su nulidad (por lo que se modificará en
dicho aspecto la decisión impugnada), ello no impide que en sede judicial se haga el
estudio respectivo y se ordene el reconocimiento y pago de la pensión, como lo hizo
el juez de primera instancia, en consideración a que con posterioridad a la emisión de
la resolución controvertida y antes de la presentación de la demanda de la referencia,
se consolidaron los requisitos para gozar de esta, lo que impone la garantía del
derecho fundamental a la seguridad social, que es irrenunciable, de aplicación
inmediata y de tutela efectiva42 por parte de la administración de justicia.
108. En efecto, a partir del análisis efectuado en el acápite de hechos probados,
como la demandante nació el 20 de noviembre de 1963, cumplió los 55 años de edad
el 20 de noviembre de 2018; y los 20 años de servicio docente el 13 de agosto de
2021, de manera tal que en esta última data adquirió el estatus pensional a luz de la
Ley 33 de 1985 (aplicable en el caso de autos porque la peticionaria es docente oficial
desde antes de la Ley 812 de 2003), y no el 25 de diciembre de 2021, como señaló el
juez de primera instancia, lo que amerita que el fallo impugnado se modifique en dicho
aspecto, por ejemplo, en cuanto a periodo del ingreso a tener en cuenta, que sería el
correspondiente al año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, del 13
de agosto de 2020 al 13 de agosto de 2021, siendo esta última la fecha desde la que
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2025, rad.
66001-23-33-000-2021-00036-01 (3272-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A: Sentencia del 23
del 23 de enero de 2020, radicado 66001233300020140011101, interno 3689-2016, M.P. William Hérnandez
Gómez; Sentencia del 20 de febrero de 2020, radicado 08001233100020140151401, interno 3013-2016, M.P.
William Hérnandez Gómez; y sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 25000234200020120200801, interno
1379-2014 M.P. William Hérnandez Gómez.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
Demandante: María Pastora Ortiz Magallanes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
debe disfrutarse la pensión, por ser compatible con el salario, como lo ha sostenido la
Subsección43.
109. Asimismo, también es procedente la modificación de los factores a tener en
cuenta para liquidar la pensión, pues como se expuso en el marco teórico de esta
providencia, si bien es cierto en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 201944 se hizo énfasis en que el ingreso base de liquidación se debe
calcular con los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, también lo es que con
posterioridad esta Subsección ha destacado que asimismo deben considerarse los de
naturaleza salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación
pedagógica (Decreto 2354 de 2018)45, a partir de razones como la expuestas en la
providencia del 13 de febrero de 202546, en la que se consideró lo siguiente:
44. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los
factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica, [los]
gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por
servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio». La norma citada también previó que, «[e]n todo caso,
las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes» (se
destaca).
45. En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:
(i) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado taxativo
de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre ellos se hayan
realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en los antecedentes de la señalada
disposición, que apuntaban a la necesidad de precisar los conceptos que debían servir
de base para la liquidación de la pensión.
(ii) Otra que estima que ese listado no es taxativo sino enunciativo, y que admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido reconocidos
normativamente como factores salariales, y servido de base para las cotizaciones a
seguridad social; lo que atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
44 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).
45 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2025, rad.
25000-23-42-000-2019-01210-01 (1889-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
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su primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la segunda,
dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base para calcular los
aportes a seguridad social.
46. Así, la sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio de
favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como base
de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema,
toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen los
aportes correspondientes.
47. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»,
y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de agosto de 2018 de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que frente
a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de 1985, por aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que47:
«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».
110. Bajo el anterior entendimiento, también se modificará la decisión de primera
instancia, en el sentido de disponer que la pensión de la demandante deberá liquidarse
teniendo en cuenta los factores salariales previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por la demandante y que
hayan servido de base para las cotizaciones a seguridad social en el año anterior a
la adquisición del estatus pensional.
3.6. Conclusión
111. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, la
Sala concluye que, en la medida en que la señora María Pastora Ortiz Magallanes se
vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de esta norma y por
consiguiente, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 33 de 1985. Esto es así, teniendo en cuenta que el tiempo que
laboró como maestra a través de contratos de prestación de servicios es válido para
efectos de la aplicación de las normas antes señaladas.
112. No obstante, como la accionante adquirió el estatus pensional 13 de agosto de
2021, esto es, con posterioridad al acto acusado, no es procedente declarar la nulidad
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00422-01 (0073-2025)
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de este, contrario a lo concluido por el Tribunal, lo que no impide que en sede judicial
se realice el respectivo reconocimiento, teniendo en cuenta las precisiones efectuadas
en esta providencia sobre el momento en que se adquirió el derecho, desde cuándo
debe disfrutarse, el periodo y factores a tener cuenta para determinar el ingreso base
de liquidación y la facultad que tiene el Fomag para recaudar los aportes que
eventualmente no se realizaron durante el tiempo en que la peticionaria ejerció la labor
docente en virtud de contratos u órdenes de prestación de servicios.
113. En ese orden de ideas, se revocará el numeral primero de la parte resolutiva del
fallo impugnado, que declaró la nulidad de la resolución controvertida, y se modificará
el segundo en el siguiente sentido48:
Segundo.- Declarar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de María
Pastora Ortiz Magallanes. En consecuencia, se ordena al Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar una pensión
de jubilación a la señora María Pastora Ortiz Magallanes, efectiva a partir del 13 de agosto
de 2021, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los
factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores,
que hayan sido devengados por la demandante y que hayan servido de base para las
cotizaciones a seguridad social en el año anterior, esto es, entre el 13 de agosto de 2020
y el 13 de agosto de 2021, con los respectivos ajustes establecidos en la ley, sin que deba
acreditar el retiro del servicio educativo docente.
Para el efecto, la entidad demandada deberá verificar, durante el periodo mencionado, lo
que efectivamente devengó la demandante y determinará los factores respecto de los
cuales se realizaron cotizaciones al sistema pensional.
Teniendo en cuenta que se trata de pagos de tracto sucesivo, los valores que se adeudan
se actualizarán mes por mes, aplicando la fórmula indicada en la parte motiva de la
providencia.
Asimismo, se exhorta a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante el departamento de Nariño y
el municipio de Tumaco las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que
estuvo vinculada a través de contratos y órdenes de prestación de servicios, y que
eventualmente no se realizaron.
3.7. Costas
114.Al respecto, la presente providencia acoge el criterio de interpretación
mayoritario49 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
48 Se subrayan los apartados que se adicionan o modifican en virtud de la presente decisión.
49 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
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consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Bajo ese entendido, la Subsección
considera que no hay lugar a imponer condena en costas, en atención a que no se
advierte que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
115. Por esta razón, también se revocará la condena en costas que impuso el Tribunal
en el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo impugnado, y no se impondrá
condena por dicho concepto en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar los numerales primero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de noviembre de 2024, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia.
Segundo. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la anterior sentencia,
que quedará así:
Segundo.- Declarar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de María
Pastora Ortiz Magallanes. En consecuencia, se ordena al Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar una pensión
de jubilación a la señora María Pastora Ortiz Magallanes, efectiva a partir del 13 de agosto
de 2021, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los
factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores,
que hayan sido devengados por la demandante y que hayan servido de base para las
cotizaciones a seguridad social en el año anterior, esto es, entre el 13 de agosto de 2020
y el 13 de agosto de 2021, con los respectivos ajustes establecidos en la ley, sin que deba
acreditar el retiro del servicio educativo docente.
Para el efecto, la entidad demandada deberá verificar, durante el periodo mencionado, lo
que efectivamente devengó la demandante y determinará los factores respecto de los
cuales se realizaron cotizaciones al sistema pensional.
Teniendo en cuenta que se trata de pagos de tracto sucesivo, los valores que se adeudan
se actualizarán mes por mes, aplicando la fórmula indicada en la parte motiva de la
providencia.
Asimismo, se exhorta a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante el departamento de Nariño y
el municipio de Tumaco las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
estuvo vinculada a través de contratos y órdenes de prestación de servicios, y que
eventualmente no se realizaron.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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