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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00568-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00568-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero. Confirmar en su integridad la sentencia del 17 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2015-00568-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001-23-33-000-2015-00568-01 (2042-2017)
Demandante: Luis Enrique Arias Perdomo
Demandada: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales

Temas: Ley 32 de 1986 y régimen de transición de los servidores del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 17 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, decisión en la que se accedió a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, se declaró la nulidad de los actos impugnados.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, se controvirtieron las resoluciones RDP
010925 del 19 de marzo de 2015 y RDP 016180 del 24 de abril de 2015, expedidas
por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante, UGPP). Los actos
administrativos demandados negaron al accionante el reconocimiento de una
pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho, se solicitó reconocer y pagar
pensión de jubilación calculada de conformidad con lo previsto en el régimen
especial establecido en la Ley 32 de 1986 para los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (en adelante, Inpec). En este sentido, se reclamó que
para la liquidación de la mesada se tuvieran en cuenta los factores devengados en
el último año de servicio, tales como asignación básica, prima de riesgo, subsidio
de unidad familiar, auxilio de transporte, bonificación de recreación, y primas de
vacaciones, de navidad, de servicios y de seguridad.

3. Como fundamento fáctico de la demanda, el accionante sostuvo que nació
el 12 de noviembre de 1966. Se vinculó al Inpec el 17 de noviembre de 1987 y prestó
sus servicios en esa entidad hasta el mes de julio de 2015.

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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00568-01 (2042-2017)
Demandante: Luis Enrique Arias Perdomo

4. Mediante petición radicada el 28 de noviembre de 2014, el señor Arias
Perdomo solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de pensión de
jubilación.

5. La UGPP, mediante la Resolución RDP 010925 del 19 de marzo de 2015,
negó la solicitud. Para fundamentar esa determinación sostuvo que el accionante
para el 1 de abril de 1994 no cumplía con los requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición, por lo que las reglas pensionales aplicables en su caso eran
las establecidas en la Ley 100 de 1993.

6. En este orden, la entidad prestacional negó la pensión porque el
demandante no cumplía con el requisito de la edad para obtener el derecho
reclamado. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto mediante la Resolución RDP 016180 del 24 de abril de 2015, en el
sentido de confirmar la decisión que negó el reconocimiento pensional.

7. En la demanda se invocaron como normas desconocidas los artículos 2, 13,
25 y 58 de la Constitución Política, Leyes 33 y 62 de 1985, Ley 32 de 1986, 36 y
208 de la Ley 100 de 1993, Decreto 407 de 1968 y Decretos 1158 y 2143 de 1995.

8. Para sustentar el concepto de la violación, se alegó que el Gobierno
nacional expidió el Decreto 407 de 1994, mediante el cual estableció un régimen de
transición distinto al previsto en la Ley 100 de 1993 para los funcionarios del Inpec.
En dicho decreto se dispuso que los servidores públicos que para esa fecha
estuvieran vinculados al Inpec, se les aplicarían, para todos los efectos pensionales,
los requisitos establecidos en la Ley 32 de 1986.

9. Aseveró que la Ley 32 de 1986 estableció un régimen especial para los
guardias penitenciarios, inspectores, dragoneantes, oficiales y todos los cargos que
conformaban el Inpec, quienes tienen derecho a pensión de jubilación al cumplir 20
años de servicio sin importar la edad.

10. El accionante alegó que laboró para el Inpec por más de 20 años en
cargos de custodia y vigilancia penitenciaria, que su vinculación se produjo en 1987,
es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 407 de 1994. Por lo
anterior, considera que es beneficiario del régimen especial consagrado para los
miembros de la referida entidad y que tiene derecho a que su pensión de jubilación
sea liquidada de conformidad con las reglas establecidas en ese régimen.

Contestación de la demanda

11. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que
el accionante no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición.

12. Indicó que dicha ley estableció como requisitos para ser beneficiario de
la transición contar con más de 40 años de edad, en el caso de los hombres, o 15

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años de servicios, a la entrada en vigor de la ley, condiciones que no cumplía el
señor Arias Perdomo.

13. En consecuencia, al no cumplir los requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición, el reconocimiento del derecho debe ser reconocido al tenor
del régimen general previsto en la Ley 100 de 1993. En ese sentido, sostuvo que el
accionante no cumplía el requisito de edad exigido para acceder al reconocimiento
pensional.

14. Por otra parte, la entidad solicitó que, en caso de determinarse que el
accionante cumple los requisitos para obtener la pensión de jubilación conforme al
régimen especial del Inpec previsto en la Ley 32 de 1986, el ingreso base de
liquidación (en adelante, IBL) sea calculado de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 62 de 1985.

Sentencia apelada

15. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 17 de
febrero de 2017, declaró la nulidad de las resoluciones controvertidas y ordenó a la
UGPP reconocer y pagar pensión de jubilación al demandante, conforme a las
reglas establecidas en la Ley 32 de 1986.

16. Para fundamentar su decisión, el a quo explicó que el señor Arias
Perdomo se vinculó al Inpec el 17 de noviembre de 1987, por lo que el régimen
pensional que regula su situación es el previsto en la Ley 32 de 1986 por expreso
mandato del Acto Legislativo 01 de 2005. Asimismo, indicó que, de conformidad con
el artículo 96 de la citada ley, el actor cumplía con el requisito de haber prestado 20
años de servicio en la entidad demandada, acreditando lo exigido para acceder a la
prestación.

17. Para determinar el monto de la mesada pensional, se señaló que debía
ser calculada con un IBL correspondiente al 75% de los factores salariales
devengados en el último año (asignación básica, prima de riesgo y las doceavas
partes de la prima de vacaciones, navidad y de servicios), sin incluir la prima de
seguridad y el subsidio de unidad familiar por no estar contemplados en el Decreto
446 de 1994.

18. Dentro de la oportunidad legal y en cumplimiento de los requisitos
exigidos, ambas partes impugnaron el fallo.

Recursos de apelación

19. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia porque excluyó los siguientes factores de la liquidación de la
mesada pensional: i). Bonificación por servicios prestados, ii). La remuneración por
trabajo suplementario, iii). Horas extras, iv). Prima de seguridad y v). Subsidio de
unidad familiar. En este sentido, considera que, al haber devengado estos

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Demandante: Luis Enrique Arias Perdomo

emolumentos, tiene derecho a que sean tenidos en cuenta para el cálculo de su
pensión.

20. Respecto de la prima de seguridad sostuvo tener derecho a que se tenga
en cuenta este factor por expreso mandato del Decreto 654 de 2008.

21. La UGPP interpuso recurso de apelación en el que reiteró su argumento
de que la solicitud del demandante se rige por Ley 100 de 1993 porque no cumple
con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición. También cuestionó
que, de concederse la pensión reclamada, el régimen para establecer el IBL es el
regulado en la Ley 62 de 1985.

22. Por último, alegó que el demandante no tenía derecho a percibir la prima
de riesgo porque esta no fue reconocida como factor salarial sino como uno
adicional para efectos del empleador cotizar en riesgos profesionales.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Mediante auto del 24 de agosto de 2017 se admitieron los recursos de
apelación y en providencia del 9 de noviembre de ese mismo año, se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión.

24. La parte demandante presentó alegatos de conclusión en los que afirmó
que tiene derecho a que se tengan como factores para la liquidación de la mesada
pensional la prima de seguridad y el subsidio familiar. Para fundamentar este
argumento sostuvo que estos emolumentos fueron percibidos en el último año en
que prestó sus servicios, por lo que considera que hacen parte del concepto de
salario.

25. La UGPP reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

26. Presentados los alegatos de conclusión en segunda instancia y estando
el proceso para fallo, la UGPP, mediante memorial del 29 de abril de 2022, interpuso
solicitud de unificación de jurisprudencia en relación con el régimen de transición
pensional de los funcionarios del Inpec. En específico, se solicitó precisar si los
aludidos servidores deben acreditar el cumplimiento de los requisitos del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para poder ser
beneficiarios del régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1986.

27. La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
providencia del 5 de marzo de 2026 decidió no avocar conocimiento del asunto para
efectos de emitir sentencia de unificación. Lo anterior toda vez que se constató que
las dos subsecciones que conforman la Sección Segunda de esta Corporación
sostienen la misma postura en relación con el aspecto sobre el cual se sustentó la
solicitud.

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Demandante: Luis Enrique Arias Perdomo

28. En efecto, en esa decisión se explicó que ambas subsecciones sostienen
la postura según la cual, por expreso mandato de lo dispuesto en el Acto Legislativo
01 de 2005, el único requisito para que a los funcionarios del Inpec se les aplique el
régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1986 es que se hubiesen vinculado
a la entidad antes del 28 de julio de 2003.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer
en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos

30. En atención a los argumentos planteados en ambos recursos de
apelación, los problemas jurídicos que se deberán resolver en esta decisión son los
siguientes:

• ¿El actor tiene derecho a que se le reconozca una pensión de jubilación de
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 32 de 1986, pese a
no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
para ser beneficiario del régimen de transición?

• En el caso de que el actor tenga derecho a la pensión establecida para los
funcionarios del Inpec en la Ley 32 de 1986, ¿Cuáles son los factores que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la mesada pensional?

Análisis del problema jurídico

31. La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima
porque el actor es beneficiario del régimen especial establecido para los
funcionarios del Inpec en la Ley 32 de 1986. En efecto, está plenamente probado
que se vinculó a esa entidad con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha en que
entró a regir el Decreto 2090 de 2003, por lo que, por expreso mandato
constitucional, se le debe aplicar la referida ley.

Requisitos para ser beneficiario de la Ley 32 de 1986

32. A partir del año 2020 esta Sala realizó un cambio de postura en relación
con los requisitos requeridos para ser beneficiario del régimen pensional especial
establecido en la Ley 32 de 1986 para los funcionarios del Inpec. Según el nuevo
criterio, en virtud de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 20051, la única

1 Acto Legislativo 01 de 2005: Parágrafo transitorio 5. «De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de

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exigencia para que a los funcionarios del Inpec se les aplique el régimen pensional
establecido en la Ley 32 de 1986 es que se hubiesen vinculado a la entidad antes
del 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003.

33. De esta postura jurisprudencial dan cuenta varias decisiones emitidas por
esta Subsección en el año 20202, cambio que fue asumido sin ambages y de forma
expresa en la providencia del 22 de septiembre de 2022, decisión en la que señaló:

Si bien es cierto que en otras decisiones esta Corporación ha afirmado que tan
solo es posible reconocer la pensión de conformidad con las normas anteriores a
la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 cuando se ha cumplido con los
requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esta Sala se permite
rectificar ese criterio con base en lo siguiente:

Por una parte, porque con la introducción del parágrafo transitorio 5 del artículo 48
de la Constitución Política, que se dio a través de la expedición del acto legislativo
01 de 2005, quedó claro que las personas que se vincularan al Instituto
Penitenciario y Carcelario INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090
de 2003 tenían derecho a obtener su pensión en los términos de la Ley 32 de 1986.

En ese orden de ideas, es claro que no se puede privilegiar el texto de una norma
infraconstitucional sobre el contenido en la Constitución Política3.

34. En ese contexto, la interpretación conforme a la Constitución del régimen
pensional aplicable a los funcionarios del Inpec exige reconocer que el Acto
Legislativo 01 de 2005, si bien tuvo como propósito general la eliminación progresiva
de los regímenes exceptuados y de transición, no desconoció las situaciones
jurídicas consolidadas ni las expectativas legítimas cualificadas de quienes, antes
de su entrada en vigor, ya se encontraban vinculados a regímenes especiales.

35. En el caso de los servidores del Inpec, la vinculación previa al 28 de julio
de 2003 configura un criterio objetivo que activa la protección constitucional del
régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986. En ese sentido, exigir el

este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron
con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de
1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes».
2 Al respecto, véanse las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección

Segunda del Consejo de Estado: Sentencia de 21 de mayo de 2020, Rad. No. 2 0 0 0 1 - 2 3 - 3 9 - 0 0 0 -
2 0 1 5 - 0 0 4 3 4 - 0 1 ( 4 5 8 9 - 2 0 1 8 ) ; s e n t e n c i a d e 0 9 d e j u n i o d e 2 0 2 2 , R a d . N o . 25000-
23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021); sentencia de 12 de mayo de 2022, Rad. No. 25000-23-42-
000-2017-02337-01 (0590-2021); sentencia de 2 de junio de 2022, Rad. No. 25000-23-42-000-2017-
06056-01 (4215-2021); sentencia de 22 de septiembre de 2022, Rad. No. 73001-23-33-000-2019-
00440-01 (1639-2022); sentencia de 22 de septiembre de 2022, Rad. No. 15001-23-33-000-2018-
00267-01 (3428-2019); sentencia de 6 de octubre de 2022, Rad. No. 73001-23-33-000-2018-00369-
01 (2807-2022); sentencia de 2 de febrero de 2023, Rad. No. 23001-23-33-000-2016-00445-01
(3423-2018); sentencia de 16 de febrero de 2023, Rad. No. 68001-23-33-000-2018- 00726-01 (6382-
2019); sentencia de 4 de mayo de 2023, Rad. No. 25000-23-42-000-2013-06685-01 (1736-2017);
sentencia de 18 de mayo de 2023, Rad. No. 63001-23-33-000-2019-00128-01 (1958-2021);
sentencia de 22 de junio de 2023, Rad. No. 52001-23-33-000-2015-00732-01 (3466-2021); sentencia
de 12 de octubre de 2023, Rad. No. 76001-23-33-000-2019-00415-01 (1202-2023); sentencia de 30
octubre de 2024, Rad. No. 17001-23-33-000-2022-00044-01 (2987-2024); sentencia de 30 de
octubre de 2024, Rad. No. 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023).
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de 2022,

proceso Rad. No. 15001-23-33-000-2018-00267-01 (3428-2019).

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Demandante: Luis Enrique Arias Perdomo

cumplimiento de las condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicaría
desconocer el alcance del mandato constitucional contenido en el parágrafo 5 del
artículo 48, así como los principios de confianza legítima y favorabilidad en materia
laboral.

36. Desde el año 2022, de manera pacífica y reiterada, las dos subsecciones
que integran la Sección Segunda del Consejo aplican el mismo criterio sobre este
asunto4. En definitiva, para que los funcionarios del Inpec puedan ser beneficiarios
del régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1986 deben haberse vinculado a
la entidad antes del 28 de julio de 2003.

37. Así las cosas, el demandante tiene derecho a que le sea reconocida la
pensión de jubilación de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 32 de
1886 porque está probado que prestó sus servicios por más de 20 años en el Inpec,
entre el 17 de noviembre de 1987 y el mes de julio de 2015.

Liquidación de la mesada pensional de jubilación de la Ley 32 de 1986

38. La Ley 32 de 1986 no reguló la manera en que se debe realizar la
liquidación de la pensión de jubilación de los funcionarios del régimen especial del
Inpec. Toda vez que esta ley no indicó el monto de la prestación social, es necesario
acudir a lo dispuesto en el artículo 114 de ese mismo estatuto, disposición que
expresamente señala que en los aspectos no regulados se aplicarían las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado por el artículo
184 del Decreto 407 de 1994.

39. Así las cosas, la mesada pensional de los funcionarios del Inpec que les
aplica la Ley 32 de 1986 se determina con el monto establecido en la Ley 4 de
19665, disposición vigente que regulaba el régimen general de los empleados
públicos.

4 Al respecto, véanse las siguientes providencias proferidas por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado: Sentencia de 23 de octubre de 2020, Rad. No. 47001-23-33-000-
2017-00025-01(4414-17); sentencia de 5 de mayo de 2022, Rad. No. 25000-23-42-000-2017-04737-
01 (2965-2020); sentencia de 5 de mayo de 2022, Rad No. 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-
2021); sentencia de 1 de septiembre de 2022, Rad. No. 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-
2021); Sentencia de 6 de octubre de 2022, Rad No. 25000-23-42-000-2018-01644-01 (2966-2020);
sentencia del 17 de noviembre de 2022, Rad. No. 25000-23-42-000-2017-03213-02 (1924-2020);
sentencia de 2 de marzo de 2023, Rad. No. 68001-23-33-000-2019-00535-01 (3410-2021);
sentencia de 8 de septiembre de 2023, Rad. No. 41001-23-33-000-2020-00571-01 (3254-2021);
sentencia de 24 de mayo de 2024, Rad. No. 11001-03-25-000-2018-01676-00 (5724); sentencia de
6 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018); sentencia de 10 de
abril de 2025, Rad. No. 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021); sentencia de 26 de junio de
2025, Rad. No. 68001-23-33-000-2017-01303-01 (2240-2024); sentencia de 26 de junio de 2025,
Rad. No. 68001-23-33-000-2020-00717-01 (2667-2023); sentencia de 3 de julio de 2025, Rad.
No. 25000-23-42-000-2019-01148-01 (3760-2022); sentencia de 3 de julio de 2025, Rad. No. 25000-
23-42-000-2019-01601-01 (3767-2022); sentencia de 3 de julio de 2025, Rad. No. 66001-23-33-000-
2018-00259-02 (6985-2023); sentencia de 10 de julio de 2025, Rad. No. 68001-23-33-000-2019-
00905-01 (5318-2022); sentencia de 6 de agosto de 2025, Rad. No. 25000-23-42-000-2021-00362-
01 (0523-2025).
5 Ley 4 de 1966. Artículo 4: A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de

invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se
liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual
obtenido en el último año de servicios.

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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00568-01 (2042-2017)
Demandante: Luis Enrique Arias Perdomo

40. En este orden, el IBL de la pensión de jubilación de los funcionarios del
régimen especial del Inpec corresponde al 75% del promedio mensual devengado
en el último año de servicios. Por otra parte, para determinar los factores que
constituyen salario para la liquidación del IBL, esta Sala ha sostenido que
corresponden a los establecidos en el Decreto 446 de 1994, por ser la norma que
regula el régimen prestacional de los funcionarios del Inpec6.

41. En relación con los factores que se deben tener en cuenta, la parte
demandante sostuvo que en la sentencia recurrida se excluyeron erróneamente los
factores denominados: i). Bonificación por servicios prestados, ii). La remuneración
por trabajo suplementario, iii). Horas extras, iv). Prima de seguridad y v). Subsidio
de unidad familiar. Sostiene que tiene derecho a que se tenga en cuenta estos
factores porque los percibió en los últimos años que prestó sus servicios en el Inpec.

42. La Sala no comparte este reproche porque el Tribunal Administrativo del
Tolima tuvo en cuenta los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994,
disposición en la que no se encuentran los emolumentos que el demandante
considera que se debieron aplicar.

43. La anterior postura, como se explicó, es acorde con el criterio que ha
sostenido esta Sala de decisión en la que se ha afirmado que los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional de los
funcionarios del Inpec son los establecidos en el Decreto 446 de 1994. Estos son:
prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios (art.
4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13),
subsidio de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17).

44. Respecto de la prima de seguridad, el demandante aseguró tener
derecho por mandato del Decreto 654 de 2008, sin embargo, la Sala no comparte
este argumento porque de manera expresa el citado decreto en su artículo 1
estableció que la prima no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

45. Así las cosas, la Sala confirmará en su integridad la sentencia del 17 de
febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

De la condena en costas en segunda instancia

46. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos sobre la condena en
costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,

Rad. Núm. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de octubre de 2020,
radicado núm. 88001-23-33-000-2014-00006-01 (4678-14).

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Radicado: 73001-23-33-000-2015-00568-01 (2042-2017)
Demandante: Luis Enrique Arias Perdomo

47. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.

48. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume, en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. Como en este asunto los recursos de apelación interpuestos por ambas
partes procesales fueron resueltos desfavorablemente, no existe una parte vencida
en esta instancia, por lo que no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

Primero. Confirmar en su integridad la sentencia del 17 de febrero de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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