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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06056-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06056-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 15 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Héctor Tapiero Huelgos. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06056-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

2 de junio de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2017-06056-01 (4215-2021)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO (LESIVIDAD)
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06056-01 (4215-2021)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Demandado: HÉCTOR TAPIERO HUELGOS

Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión especial
de jubilación de la Ley 32 de 1986. Aplicación del
régimen de transición del artículo 168 del Decreto
407 de 1994 y del artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003. No son aplicables los postulados del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-107-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que
denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folio 2)

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
UGM 021709 del 22 de diciembre de 2011, por medio de la cual la extinta

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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2
Radicado: 25000-23-42-000-2017-06056-01 (4215-2021)
Demandante: UGPP

Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció una pensión de
vejez a favor del señor Héctor Tapiero Huelgos en aplicación de los
preceptos de la Ley 32 de 1986, la cual se fijó en cuantía de $722.000 con
efectividad desde el 1.° de junio de 2011, pero condicionada a la
demostración del retiro definitivo del servicio; y ii) Resolución RDP 038076
del 17 de diciembre de 2014 con la que la UGPP reliquidó dicha prestación
en el sentido de elevar su monto a $1.483.255, efectiva a partir del 1.° de
julio de 2014.

2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene al demandado restituir a la entidad libelista de manera
retroactiva e indexada, la suma recibida en exceso por concepto de
pensión de jubilación desde el momento en que se otorgó dicha
prerrogativa y hasta cuando se verifique el cumplimiento del fallo.

3. Condenar al señor Tapiero Huelgos al pago indexado de los valores
adeudados y al reconocimiento de los intereses comerciales y moratorios,
así como de las costas a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 3 a 4)

1. El señor Héctor Tapiero Huelgos nació el 10 de enero de 1960. Aquel
laboró al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
desde el 8 de junio de 1982 hasta el 16 de abril de 2014, y su último cargo
desempeñado fue el de dragoneante en la ciudad de Bogotá.

2. El demandado adquirió el estatus jurídico como pensionado a partir del 17
de julio de 2012, razón por la cual la extinta Cajanal le reconoció pensión
de jubilación a través de la Resolución UGM 021709 del 22 de diciembre
de 2011 en aplicación de los preceptos de la Ley 32 de 1986.

3. La UGPP por medio de la Resolución RDP 038076 del 17 de diciembre de
2014, reliquidó dicha prestación en el sentido de elevar la cuantía a la suma
de $1.483.255, con efectividad desde el 1.° de julio de 2014.

4. El señor Tapiero Huelgos formuló petición ante la entidad demandante con
el fin de que su prerrogativa fuera reajustada con la inclusión de nuevos
factores salariales a computar. No obstante, la autoridad libelista expidió
las Resoluciones RDP 01330 del 30 de marzo de 2017 y RDP 025532 del
20 de junio del mismo año, por medio de las cuales denegó dicha
reclamación con el primer acto y la confirmó con el segundo respecto del
recurso de apelación que había sido interpuesto contra la decisión inicial.

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 11 de febrero de 2021 (folios 143 a 146), el a quo prescindió de
esta en aplicación del artículo 182A del CPACA (adicionado por el artículo 42
de la Ley 2080 de 2021), ello con el fin de correr traslado para alegar de
conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse de un litigio de pleno
derecho sin pruebas pendientes para practicar.

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Demandante: UGPP

SENTENCIA APELADA
(Folios 148 a 154)

El a quo profirió sentencia escrita el 15 de junio de 2021, por medio de la cual
negó las pretensiones de la entidad demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente, el tribunal de primera instancia resaltó que el Legislador a través
del Acto Legislativo 01 de 2005 en su parágrafo transitorio 5.°, hizo una
extensión de los presupuestos del régimen de transición pensional previsto
para aquellos funcionarios que ejercían actividades de alto riesgo, por lo que
bajo tal condición en la que se encuentra el demandado, a este efectivamente
le resulta aplicable a su situación jurídica la Ley 32 de 1986 como lo tuvo en
cuenta la entidad demandante que reconoció la prestación.

En tal sentido, aseguró que dicho régimen de transición diferente al contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, previsto para los miembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional que a la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 01 de 2005 estuviesen vinculados al INPEC, implica que
aquellos servidores podrían acceder a la pensión de vejez con base en la
normativa anterior que regía tal derecho, esto es, en atención a los requisitos
de 20 años de servicio y sin importar la edad.

Ahora, en lo que respecta a la liquidación de dicha prerrogativa, consideró que
debe observarse la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional sobre el tema, puntualmente la derivada de la sentencia
SU-395 de 2017. Por ello, el cálculo de las pensiones que se consoliden bajo
el régimen de transición previsto en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, en
los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003 y en el Acto Legislativo 01 de 2005,
tendrá que realizarse bajo las reglas propias de la primera norma en comento,
esto es, el IBL para quienes les faltare menos de diez (10) años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del IPC tal como lo prevé el
artículo 21 ibidem.

En punto a los factores salariales que se deben tener en cuenta para dicha
liquidación, planteó que estos serán los contenidos en el artículo 1.° del
Decreto 1158 de 1994, es decir, que deben incluirse los faltantes y excluirse
aquellos que no estén relacionados taxativamente en la norma en comento.

Frente al caso particular del demandado, sostuvo que este se encuentra
cobijado por los presupuestos indicados en el análisis normativo y
jurisprudencial descrito, ello al ser beneficiario del régimen de transición y por
lo tanto encontrarse sometido a los preceptos de la Ley 32 de 1985, en virtud
de la cual debe tenerse en cuenta una tasa de reemplazo del 75% para
determinar el monto de la pensión de jubilación.

Sin embargo, destacó que la entidad libelista verificó para calcular la
prestación en comento, el último año de servicio y una serie de factores
adicionales a los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, empero, esto no
fue objeto de la discusión, en la medida en que la parte activa no esgrimió lo
propio en su concepto de violación, sino que se limitó a plantear que al señor

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-06056-01 (4215-2021)
Demandante: UGPP

Tapiero Huelgos no le era aplicable el referido régimen de transición, postura
que ya se estimó como no adecuada.

Sobre el punto en mención manifestó que, en gracia de discusión, si bien el
tiempo y los factores salariales tomados para fijar la cuantía de la prerrogativa
en litigio no se ajustan a la normativa aplicable, tampoco es posible ordenar la
modificación de los criterios de liquidación, puesto que estos fueron
observados conforme a la línea jurisprudencial vigente al momento de los
hechos, de suerte que el demandado adquirió los derechos y la expectativa de
percibir la prerrogativa en tales términos, lo cual garantiza los principios y
derechos de seguridad jurídica, pro operario y favorabilidad.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia emitió
sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 157 a 158)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones.

Al respecto argumentó que el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional, según con lo preceptuado por el artículo 1.° de la Ley
33 de 1985, están exceptuados del régimen pensional general de que trata
dicha norma por gozar de un régimen especial consagrado en la Ley 32 de
1986 y en el Decreto 407 de 1994, normas que en todo caso fueron derogadas
posteriormente por el Decreto 2090 de 2003, con base en el cual se definió
que aquellos servidores hacían parte de las actividades de alto riesgo.

De acuerdo con lo expuesto, aseveró que el señor Héctor Tapiero Huelgos al
1.° de abril de 1994 no tenía los 15 años de servicio ni los 40 años de edad
exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del
régimen de transición. Además, adujo que los 20 años de servicio en ejercicio
de un cargo como dragoneante del INPEC, los cumplió el 17 de julio de 2002,
es decir, en vigencia del Decreto 407 de 1994, por lo que no era posible
acceder a la pensión de vejez en los términos señalados en el artículo 96 de
la Ley 32 de 1986 como se reconoció por parte de la entidad demandante a
través de los actos administrativos censurados.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el asunto sub examine no se presentaron alegaciones finales ni concepto
del Ministerio Público, dado que tampoco fue necesario decretar ni practicar
pruebas de segunda instancia. La ausencia de un período probatorio en esta
oportunidad tornaba improcedente agotar el referido trámite, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, vigente para la época de interposición del recurso
de apelación objeto de estudio).

CONSIDERACIONES

Competencia

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De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

¿El señor Héctor Tapiero Huelgos era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, se ajusta a
derecho el reconocimiento de la pensión especial de jubilación por actividades
de alto riesgo conforme a las previsiones de la Ley 32 de 1986, otorgada por
la entidad demandante en virtud de la Resolución UGM 021709 del 22 de
diciembre de 2011 y reliquidada conforme a la Resolución RDP 038076 del 17
de diciembre de 2014?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: al demandado no le eran
aplicables las exigencias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, sino las contempladas en el artículo 168 del Decreto 407 de
1994 y en el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003, las cuales en todo caso,
este acreditó en debida forma, y por lo tanto lo hacían titular del derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación conforme al artículo 96
de la Ley 32 de 1986, tal como lo determinó la entidad demandante, ello de
acuerdo con las siguientes consideraciones:

 Régimen pensional aplicable a los funcionarios del INPEC

En primer lugar, debe ponerse de presente que la Ley 100 de 19933
reglamentó en su artículo 11 lo siguiente:

«Artículo 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio
nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos
conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o
convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta
ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los
sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima
Media y del sector privado en general. […]».

Conforme con la norma citada, el Sistema General de Pensiones aplica para
todos los habitantes del territorio nacional, sin hacer distinción entre servidores
públicos, trabajadores oficiales, empleados del sector privado, o
independientes, entre otros. Lo anterior, desde el 1.º de abril de 1994 según el
artículo 151 ibidem y, en el caso de los servidores públicos del orden territorial,
a partir del 30 de junio de 1995 de acuerdo con el parágrafo del mismo artículo.

3 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

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Asimismo, con el fin de proteger expectativas legítimas de aquellas personas
que se encontraban más cerca de acceder a su pensión a la fecha en que hizo
tránsito la legislación, el legislador diseñó un régimen de transición en dicha
materia, regulado en el artículo 36 ejusdem, según el cual:

«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. […]».

Por su parte, el artículo 279 de la regulación bajo estudio indicó:

«[…] Artículo 279. Excepciones. El sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 914 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir
la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan
pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones,
y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los
servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los
pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la
presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por
vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán
beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la
celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma
de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema
que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

Parágrafo 1.º La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior,
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas
para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación
o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que
para tal efecto se expida. […]»

De acuerdo con los preceptos transcritos, es evidente que con la Ley 100 de
1993 se derogaron los regímenes pensionales existentes para ese momento,
y se unificaron e integraron en uno solo de carácter general. No obstante, el
legislador dejó vigentes transitoriamente algunas de las normas preexistentes

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para aquellas personas que se encontraran cobijadas por lo regulado en el
artículo 36 ibidem, y en los preceptos especiales expresamente indicados en
el artículo 2794.

En segundo lugar, el mentado Sistema General de Seguridad Social en su
artículo 140 reguló unas normas especiales previstas para quienes
desarrollaran actividades de alto riesgo en la siguiente forma:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen
de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo
en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen
algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.». (Negrilla fuera del texto original).

Pues bien, en lo que respecta a la normativa en materia prestacional
consagrada para el personal de vigilancia y custodia del INPEC, debe tenerse
en cuenta que incluso con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, dichos funcionarios ya tenían consolidado un régimen especial
desarrollado en la Ley 32 de 19865, la cual en su artículo 96 previó frente al
derecho pensional lo siguiente:

«Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al
servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.»

No obstante, con la expedición de la Ley 65 de 1993, el Legislador otorgó al
presidente de la República facultades extraordinarias para dictar normas con
fuerza de ley sobre la composición, clasificación y categoría del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, así como sobre el régimen salarial, prestacional y
pensional del personal que laboraba en tal calidad, ello en armonía con el
precitado artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

En virtud de aquel mandato, tuvo origen el Decreto Ley 407 del 20 de febrero
de 1994, que en su artículo 168 fijó un régimen especial en materia pensional
para el personal de custodia y vigilancia del INPEC, el cual respetaba los
preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a quienes ejercían como tal antes
del 21 de febrero de 19946. Al respecto, el canon en comento señaló lo
siguiente:

«ARTÍCULO 168. PENSION DE JUBILACION. Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la
vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley

4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación
11001032500020100029100 (2390-10).
5 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.»
6 Fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 407 de 1994.

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32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por
el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional,
tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el
Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para
las actividades de alto riesgo.

PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993.».

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad al marco regulatorio en
mención, se profirió el Decreto Ley 2090 de 20037 con fundamento en las
facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en la Ley 797 del
mismo año, esto a fin de regular en materia laboral y prestacional a los
trabajadores que desempeñaran actividades de alto riesgo como lo era el
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.

En tal sentido, se observa que el campo de aplicación del Decreto 2090 de
2003 se definió así:

«Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se
aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo,
entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la
necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su
trabajo.»

Sobre ello, debe precisarse que el mentado decreto derogó la regulación
anterior prevista en el Decreto Ley 407 de 1994, al punto de que el artículo 4.º
ibidem fijó las condiciones y requisitos para obtener la pensión especial de
jubilación para los servidores referidos, así:

«ARTÍCULO 4º. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A
LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará
a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003 […].»

Empero, aún bajo dicho entendido, el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003
previó un régimen de transición para aquellos trabajadores que estuvieren
próximos a adquirir el derecho pensional en virtud de las prerrogativas
anteriores al decreto en mención, ello con el fin de salvaguardar sus
expectativas legítimas y que estas no se vieran afectadas por el tránsito
normativo de nuestro ordenamiento. Lo anterior, de la siguiente forma:

7 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan

las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en
dichas actividades.

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Demandante: UGPP

«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas
de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión,
esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado
por el artículo 188 de la Ley 797 de 2003.»

El primer inciso de esta última normativa fue declarado exequible
condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-663 de
29 de agosto de 2007, al estimar que «para el cómputo de las ‘500 semanas
de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente
como de alto riesgo.».

Esta norma también ha sido analizada por la jurisprudencia del Consejo de
Estado9 para señalar que demostrar 500 semanas de cotización en actividades
de alto riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, concede
el derecho a acceder a la prestación en los términos de la norma
inmediatamente anterior y lo que debe entenderse del parágrafo del artículo 6
del Decreto 2090 de 2003 es que la intención del legislador fue la de
complementar este requisito en armonía con el régimen general de pensiones.

Igualmente, se interpretó que exigir adicionalmente el estar cobijado por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso
cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma
anterior, por cuanto conllevan una situación más desventajosa en virtud del
tránsito legislativo. En suma, destacó que la finalidad de un régimen de
transición consiste en que el legislador defina un sistema de protección para
que los cambios producidos por una reforma en la normativa no afecten a
quienes, pese a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta
reunir todos los requisitos, sí tienen una expectativa legítima de adquirir el
derecho.

Al respecto, la Sección Segunda10 se ha pronunciado de manera reciente
respecto al aludido punto, al confirmar que sería contraria a la intención del
legislador exigir a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición del
Decreto 2090 de 2003, el cumplimiento adicional de los aspectos contenidos
en el Sistema General de Pensiones. Lo anterior, conforme se cita:

«[…] Más adelante, con la expedición del Decreto 2090 de 2003, por medio del
cual se definieron las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y
se modificaron las condiciones […] previó en su artículo 6 un régimen de
transición para aquellos quienes a su entrada en vigencia -28 de julio de 2003-

8 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
9 En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29

de junio de 2017, radicación: 08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio
Rondón Sepúlveda.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,

demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).

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Demandante: UGPP

, acreditaran 500 semanas de cotización en ejercicio o desempeño de las ya
mencionadas actividades alto riesgo […]

De la lectura del parágrafo de este último artículo se advierte que este exige,
además de los requisitos contemplados en dicha norma, el cumplimiento de las
condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al
régimen pensional de alto riesgo.

Al respecto, encuentra esta Sala que tal y como se ha indicado en providencias
previas de esta Corporación, la lectura literal de dicha disposición contraviene
la naturaleza del régimen de transición del mencionado canon, y transgrede la
intencionalidad del legislador al reglamentar este tipo de prerrogativas a favor
de los trabajadores, que no es otra que la de salvaguardar las garantías del
ordenamiento jurídico y proteger la expectativa legítima de acceder a la pensión
especial de vejez bajo las condiciones previstas en el régimen aplicable.

«[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas
de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento
adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el
requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional
bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en
asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias
adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo,
al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener
la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto
1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador
establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un
tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a
la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa
legítima de adquirir ese derecho. […]»

[…]
En virtud de la norma en cita, aquellas personas que desarrollan alguna de las
actividades de alto riesgo reguladas en el Decreto 2090 de 2003 tienen derecho
a la aplicación de los requisitos previstos en los Decretos 1281 de 1994 o 1835
de 1994, según el caso, siempre y cuando:

1. Hubiesen cotizado a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, esto es, el 28 de julio de dicho año, cuando menos 500 semanas de
cotización en la ejecución de una actividad catalogada como de alto riesgo.

Para el efecto, se advierte que la exigencia de semanas de cotización especial
a que hace referencia el artículo 6 del Decreto 2090 ejusdem puede
interpretarse como «[…] semanas de cotización efectuadas en cualquier
actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo […]»,
de acuerdo con el ordinal primero de la sentencia C-663 de 2007 que declaró
la exequibilidad condicionada de la norma en cita […]

2. La segunda parte del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
prevé que el derecho se causa «[…] una vez cumplido el número mínimo de

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semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión […]», a
partir de lo cual se les reconocerá la pensión «[…] en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo […]».

[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera
que el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000
semanas, sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de
2003 al modificar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no
es razonable ni proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797
ejusdem cuando las previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto
es, el Decreto 1281 de 1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y,
según el caso concreto, una edad de 55 años. […]».

En ese orden, se ha entendido que como el artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003 prevé unos supuestos para la transición de un régimen especial y al
mismo tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más
favorezca al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la
regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial
de jubilación, con fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política.

De otro lado, se agrega que el Acto Legislativo 01 de 2005 delimitó bajo ciertas
circunstancias la extensión de los regímenes pensionales especiales hasta el
31 de julio de 2010, así

«[…] Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el
régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia
de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes
del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010. […]”
(Negritas intencionales).

Es así como se desprende que hasta el 31 de julio de 2010, podían afianzarse
situaciones jurídicas que comprometieran el reconocimiento de pensiones de
vejez a aquellos empleados que, por la actividad que desempeñaran o por la
naturaleza de la entidad a la cual se encontraran vinculados, gozaran de un
régimen excepcional de pensiones.

Por consiguiente, es diáfano que el Acto Legislativo 01 de 2005 procuró fijar el
derrotero que debía seguirse de cara a aplicar uno u otro régimen especial de
pensión, en el sentido de delimitar la configuración de este derecho de carácter
económico sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias temporales
específicas en cada caso para que, como resultado de ello, el interesado
pueda hacerse acreedor legítimo de la prestación pretendida.

Bajo esta intelección, es plausible colegir que los siguientes son los requisitos
de la transición prevista en el Decreto 2090 de 2003:

i) que para el 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir aquella norma, el
servidor que estuviere próximo a adquirir el derecho a la pensión bajo las
prerrogativas anteriores, contara con al menos 500 semanas de cotización en
cualquier actividad que haya sido calificada legalmente como de alto riesgo, y;

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ii) en lo que atañe a las cotizaciones, debe cumplir con «el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es,
al menos con 1.000 semanas, como lo prevé el numeral 2 del artículo 9 de la
Ley 797 ejusdem. Este aspecto debe entenderse como requisito necesario
para ser beneficiario de la transición.

En suma, para el caso de los servidores del INPEC que hubiesen
desempeñado actividades peligrosas, como es el caso del demandado por
haber ejercido el cargo de dragoneante (perteneciente al Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional. Ver certificado de información
laboral obrante a folio 47 del plenario), no resulta válido estudiar su situación
en punto a la aplicación de los preceptos del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 según lo afirmado por la entidad libelista
en su recurso.

Lo expuesto se justifica en la medida en que dicha regulación general no les
era aplicable a aquellos funcionarios por expreso mandato del artículo 140
ibidem, habida cuenta de que no solo con anterioridad a la entrada en vigencia
del SGSS estos tenían una regulación específica en materia prestacional
contenida en la Ley 32 de 1986, sino que además en el primer precepto aludido
se conminó al Gobierno Nacional a expedir el régimen propio de estos
empleados.

En virtud de ello, para funcionarios como el señor Tapiero Huelgos, las
condiciones, requisitos y postulados relacionados con la verificación de la
transición normativa aplicable en lo que respecta a sus derechos pensionales,
no pueden ser los contemplados en la Ley 100 de 1993, sino en el artículo 168
del Decreto 407 de 1994 y el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 (según sea
el caso), tal como se expuso con anterioridad, aunado a la salvedad
jurisprudencial respecto de la imposibilidad de atender las exigencias del
parágrafo de este último precepto enlistado, por cuanto lo propio implicaría
tornar más gravosa la situación de quien se supone que debe verse
beneficiado con la observancia de un régimen de transición.

En tal sentido, no son de recibo los argumentos de impugnación de la entidad
apelante al aducir que el demandado no cumplió con los postulados del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para que con motivo del aludido marco
jurídico transicional, le hubiera sido reconocida la pensión con base en la Ley
32 de 1986. Esto en razón a que aquellos requisitos no eran los que debían
verificarse, sino los de la normativa especial y determinada exclusivamente
para los servidores que ejecutaban actividades peligrosas, tal como pasa a
verificarse a continuación.

 Sobre la situación particular del demandado

Al respecto, se torna indispensable poner de presente los medios de
convicción recaudados y practicados que demarcan el contexto factual del
presente caso, los cuales se relacionan a continuación:

 Constancia laboral suscrita por el director del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario del Espinal Tolima el 4 de mayo de 2010, en la
que se indica que el señor Héctor Tapiero Huelgos se ha desempeñado como
dragoneante, código 4114, grado 11, perteneciente a la planta global del INPEC,

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desde el 8 de junio de 1982, y por lo menos, hasta la fecha de expedición del
referido documento. (Folio 46).

 Certificado de información laboral del 16 de abril de 2014 expedido por el
INPEC, a través del cual se informa que el demandado ha ejercido funciones como
dragoneante al servicio de dicha institución a partir del 8 de junio de 1982 de forma
continua y hasta la data de emisión de la certificación. Se destaca igualmente que
durante aquel período se han realizado cotizaciones a pensión a la extinta Cajanal
(hoy UGPP). (Folio 86).

 Resolución UGM 021709 del 22 de diciembre de 2011, por medio de la cual la
extinta Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor
del señor Tapiero Huelgos en cuantía de $722.000, efectiva desde el 1.° de junio
de 2011, pero cuyo goce fue condicionado a la demostración del retiro definitivo
del servicio. Se destaca que en este acto administrativo se consideró que el
reclamante era beneficiario del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003,
por lo que se determinó su derecho prestacional con base en los postulados de la
Ley 32 de 1986 en punto a los requisitos y la tasa de reemplazo, y conforme al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo relativo a la forma de liquidación. (Folios
70 a 72).

 Resolución RDP 038076 del 17 de diciembre de 2014 con la que la UGPP en
respuesta a la petición de reliquidación formulada por el demandado el 19 de
agosto de 2014, reajustó la prestación que le había sido reconocida en el sentido
de incluir en el cómputo del IBL además de la asignación básica, el auxilio de
alimentación, el auxilio de transporte, la bonificación por servicios prestados, la
prima de navidad, la prima de servicios y la prima de vacaciones percibidas por
este durante su último año de servicio. Por ello, la pensión fue elevada en su
cuantía a la suma de $1.483.255 efectiva a partir del 1.° de julio de 2014, pero
suspendida hasta que se demostrara su retiro definitivo del servicio. (Folios 97 a
99).

 Resolución RDP 013300 del 30 de marzo de 2017 en virtud de la cual la entidad
demandante resolvió la solicitud de reliquidación pensional presentada por el
señor Héctor Tapiero Huelgos el 29 de noviembre de 2016, ello en el sentido de
denegar la reclamación al aducir que el nuevo cálculo con base en la aplicación
de la forma de cálculo consagrada en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, arroja
un monto inferior al otorgado en su momento, por lo que no era viable efectuar
modificación alguna que afectara sus intereses. (Folios 94 a 96).

 Resolución RDP 025532 del 20 de junio de 2017 mediante la cual la autoridad
libelista al resolver el recurso de apelación formulado por el demandado el 27 de
abril de 2017 contra la decisión referida anteriormente, confirmó lo propio con base
en la misma argumentación expuesta en dicho acto. (Folios 100 a 102).

Una vez evidenciado el material probatorio obrante en la actuación, se hace
necesario resaltar que la discusión en la presente instancia radica en
determinar si como lo estimó el a quo, el demandado era beneficiario del
régimen de transición que permite que su pensión de jubilación se encuentre
legalmente reconocida al haberse dado aplicación a la Ley 32 de 1986; o si
por el contrario, como lo plantea la parte activa en su recurso, el señor Tapiero
Huelgos no había adquirido aquella garantía transicional, al punto de que el
derecho otorgado en virtud de los actos administrativos demandados no se
ajusta a derecho.

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Pues bien, en principio se advierte que aquel inició su vinculación con el
Estado a través del INPEC en calidad de dragoneante, código 4114, grado 11,
esto desde el 8 de junio de 1982, y conforme a la última certificación laboral
aportada al plenario, aún prestaba el servicio al 16 de abril de 2014.

Sobre la calidad de las labores que el demandado ha ejercido en virtud de la
mentada relación legal y reglamentaria, debe tenerse en cuenta que este
efectivamente ha desempeñado actividades de alto riesgo en razón de su
cargo, pues la plaza en mención hace parte del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, cuyas labores son catalogadas
de tal manera conforme al artículo 140 de la Ley 100 de 1993, al punto de que
su situación prestacional fue regulada especialmente de conformidad con los
Decretos 407 de 1994 y 2090 de 2003.

Es decir, en este escenario de competencia del ad quem, no existe discusión
sobre la calificación como riesgosas de las funciones realizadas por el
pensionado al servicio del INPEC en virtud de la posición funcional ocupada
como dragoneante, pues la alzada solo se centra en el debate acerca del
cumplimiento de los requisitos por parte de este último para acceder a los
beneficios de la transición normativa y la consecuente aplicación de los
postulados pensionales de la Ley 32 de 1986.

Advertido lo anterior, el primer análisis que se logra desprender del contexto
fáctico y jurídico del sub examine, es que el señor Héctor Tapiero Huelgos
efectivamente era titular de los beneficios de la transición prevista en el artículo
168 del Decreto 407 de 1994, según la cual podía obtener el reconocimiento
de una pensión de vejez en aplicación de los postulados del artículo 96 de la
Ley 32 de 1986.

Al respecto se encuentra que, la primera norma en comento planteó lo
siguiente: «[…] los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y
carcelaria nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al instituto nacional penitenciario y carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo
96 de la ley 32 de 1986. […]».

Como se aprecia, el demandado antes del 21 de febrero de 1994 cuando entró
en vigencia el Decreto 407 de 199411, ya se encontraba vinculado al INPEC,
pues había sido nombrado como dragoneante desde el 8 de junio de 1982. De
hecho, lo cierto es que aquel había adquirido o consolidado válidamente su
derecho pensional desde el 8 de junio de 2002 cuando acreditó el
cumplimiento de 20 años de servicio oficial en actividades de alto riesgo, pues
conforme al artículo 96 de la Ley 32 de 1986, no debía demostrar ninguna
edad específica para acceder a la prerrogativa en mención.

No obstante, al margen de la prestación que en su momento el señor Tapiero
Huelgos ya había estructurado a su favor, este solo reclamó el reconocimiento
de la pensión hasta el 5 de septiembre de 2011, es decir, en vigencia de la Ley
100 de 1993 y del Decreto 2090 de 2003 que derogó el artículo 168 del Decreto
407 de 1994. Ahora, como se adujo con antelación, la segunda norma aludida
contempló un régimen de transición en su artículo 6.°, según el cual, a quienes
resultaran beneficiarios de sus postulados, les sería aplicable para el acceso

11 Publicado en el Diario Oficial 41.233 del 21 de febrero de 1994.

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al derecho pensional en comento, el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, ello en
punto a los requisitos y monto.

En ese orden, a fin de determinar si el demandado es beneficiario del marco
jurídico transicional del Decreto 2090 de 2003, y en consecuencia verificar si
en efecto era destinatario de las previsiones sobre pensión de jubilación
conforme a la Ley 32 de 1986, es pertinente recordar que con base en lo
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, aquel debía acreditar al
28 de julio de 200312 el cumplimiento de un mínimo de 500 semanas de
cotización especial por actividades de alto riesgo, tal como lo exige el primer
inciso del artículo 6.° del decreto en mención.

Sobre el punto se destaca a partir del material probatorio recaudado que el
señor Tapiero Huelgos, a la fecha señalada, contaba con 1.115 semanas de
cotización derivadas de labores de alto riesgo desarrolladas al servicio del
INPEC como dragoneante desde el 8 de junio de 1982, ello para un tiempo
acumulado de 21 años, 1 mes y 20 días de servicio oficial. Al acreditar este
monto, claramente se superaron las 500 semanas mínimas requeridas en el
inciso primero del artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 para aplicar el régimen
de transición desarrollado en dicho precepto.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que en adición a la exigencia temporal
en comento, según lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado13
en casos similares al sub examine, sin tener en cuenta el parágrafo del artículo
6.° del Decreto 2090 de 2003 que incrementaba de manera desproporcionada
la carga de requisitos a los beneficiarios del aludido régimen de transición, lo
que también debían demostrar los reclamantes para consolidar su derecho
prestacional bajo la égida de la normativa anterior sobre pensiones de alto
riesgo como la consagrada en la Ley 32 de 1986, era acumular el «[…] número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 […]», el cual debe entenderse
para todos los efectos en un monto equivalente a 1.000 semanas, las cuales,
como se advierte de lo referido ut supra, el demandado también adquirió
satisfactoriamente.

Lo propio fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado14 de
la siguiente forma:

«[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera que
el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000 semanas,
sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de 2003 al modificar el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no es razonable ni
proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797 ejusdem cuando las
previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto es, el Decreto 1281 de
1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y, según el caso concreto, una
edad de 55 años. […]». (Negrita fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto hasta este punto, resulta evidente que el
señor Héctor Tapiero Huelgos efectivamente fue beneficiario en su momento
del régimen de transición del artículo 168 del Decreto 407 de 1994, y en todo
caso, también lo fue respecto de las previsiones propias del artículo 6.° del

12 Fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,
demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).
14 Idem.

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Decreto 2090 de 2003. Por ello, sin hesitación la Sala infiere que su pensión
de jubilación efectivamente debía reconocerse con fundamento en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986.

Ahora bien, si se observa con detenimiento la Resolución UGM 021709 del 22
de diciembre de 2011 (folios 91 a 93), se verifica que, sin que exista discusión
entre las partes en esta oportunidad sobre la fecha de efectividad de la
prestación, lo cierto es que aquella se concedió con la observancia de los
requisitos y monto derivados de la aplicación de la Ley 32 de 1986, luego de
haber considerado al demandado como un beneficiario del régimen de
transición del Decreto 2090 de 2003 por mandato expreso del parágrafo
transitorio 5.° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Bajo tal intelección, la decisión de reconocimiento pensional efectuada por la
entidad demandante, se ajusta a derecho conforme a las consideraciones
esbozadas a lo largo de esta providencia, al punto de que el referido acto
administrativo debe permanecer incólume frente a su presunción de legalidad,
habida cuenta de que no existe duda de que el señor Tapiero Huelgos sí es
titular legítimo del derecho al pago de una pensión de jubilación especial por
actividades de alto riesgo como la que fue concedida.

Sin perjuicio de este planteamiento, se resalta que la UGPP también demandó
la nulidad de la Resolución RDP 038076 del 17 de diciembre de 2014 (folios
97 a 99), con la que reliquidó la prerrogativa del demandado en el sentido de
incluir varios factores salariales en el IBL correspondiente al último año de
servicios.

Acerca de esta manifestación administrativa censurada, debe tenerse en
cuenta como lo precisó el a quo, que la autoridad libelista en ningún aparte de
su demanda o del recurso de apelación esgrimió un solo argumento de
transgresión normativa o de ilegalidad del acto en lo que respecta a la
liquidación del derecho en litigio. Es decir, aquella no planteó fundamentos
fácticos o jurídicos tendientes a desvirtuar la esencia de su propia decisión
respecto del cálculo que efectuó para incrementar el valor de la pensión, dado
que la posible nulidad de dicha resolución, literalmente la condicionó a la
validez del acto de reconocimiento, únicamente en el sentido de que el
pensionado no era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, y que por lo tanto, tampoco le eran aplicables las previsiones de la Ley
32 de 1986, situación que como se precisó anteriormente, no se acompasa a
la realidad propia del presente caso.

En atención a este planteamiento, la Subsección precisa que en el asunto sub
iudice no existía la posibilidad jurídica de analizar la liquidación prestacional
efectuada por la parte activa en la Resolución RDP 038076 del 17 de diciembre
de 2014, pues ello no fue objeto de demanda ni de impugnación. Esto se
estima en virtud del principio de congruencia previsto en el artículo 281 del
CGP15, así como en observancia del principio y derecho del debido proceso,
la seguridad jurídica y el derecho de defensa, garantías según las cuales, en

15 «Artículo 281. Congruencias La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».

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controversias como esta donde se predica la noción de justicia rogada no es
viable emitir pronunciamientos extra o ultra petita, salvo eventos de
manifiestas afectaciones constitucionales que no se hallan configuradas en el
particular.

En conclusión: al señor Héctor Tapiero Huelgos no le eran aplicables los
requisitos y condiciones propias del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, a fin de verificar la normativa aplicable para el
reconocimiento de su pensión de jubilación, pues debido a su labor como
dragoneante del INPEC, la cual implicaba actividades de alto riesgo, el marco
jurídico transicional que en realidad gobernaba su situación, era el consagrado
en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994 y posteriormente el previsto en el
artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003.

Ahora, debido a que el demandado acreditó el cumplimiento de las exigencias
propias de la transición contemplada en las últimas dos normas referidas, se
colige que aquel había adquirido el derecho a que su prestación fuera
reconocida con base en los postulados del artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
tal como se determinó por parte de la entidad demandante en los actos
administrativos reprochados, razón por la cual estos deben entenderse
ajustados a la ley respecto de los argumentos de anulación esgrimidos en esta
causa judicial, y por lo tanto, tendrán que permanecer en el tránsito jurídico.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 15 de junio
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B que denegó las pretensiones de la demanda, ello habida cuenta
de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por
la entidad libelista.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201616, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos

16 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP17, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público18, tal como
acontece en el presente caso en el que una entidad estatal promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad con el fin de proteger el erario, por lo que no hay lugar a que esta
condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 15 de junio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra el señor Héctor Tapiero Huelgos.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

17 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
18 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Demandante: UGPP

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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