Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05144-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado : Orlando Niño Amaya
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación de exservidor
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra
la sentencia de 30 de abril de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección E de la sección segunda), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 20). La Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), por intermedio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra el señor Orlando Niño Amaya, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones UGM 16062 de 2
de noviembre de 2011 y RDP 26535 de 12 de junio de 2013, por las que la
entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció y reajustó,
respectivamente, la pensión de jubilación del accionado, sin «[…] cumpl[ir] los
requisitos de tiempo de servicio y edad, establecidos en el artículo 6° del
Decreto 2090 de 2003».
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene reintegrar los dineros pagados por concepto de la aludida prestación, con
sus respectivos intereses y ajustes monetarios. Por último, se le condene en
costas.
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Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Orlando Niño Amaya
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que el señor Orlando Niño
Amaya nació el 28 de noviembre de 1966, prestó sus servicios para el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) del 19 de mayo de 1989 al 14 de
diciembre de 2010 y su último empleo fue el de distinguido, código 4112, grado
12.
Que, a pesar de que con Resolución PAP 8583 de 10 de agosto de 2010 la
desaparecida Cajanal le negó al citado servidor la pensión de jubilación, al
estimar que no colmaba «[…] la condición legal de tiempo de servicio de 20
años exclusivos al INPEC, pues […] solo contaba con 19 años, 11 meses y 12
días […]»; a través de Resolución UGM 16062 de 2 de noviembre de 2011
concedió dicha prestación (en sede de reposición), calculada sobre el 75% del
promedio de lo cotizado durante los últimos diez (10) años de servicio, como lo
prevé el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, reliquidada con Resolución RDP
26535 de 12 de junio de 2013.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos censurados el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Ley
32 de 1986 y los Decretos 407 de 1994 y 2090 de 2003.
Arguye que al demandado «[…] no le es aplicable el régimen especial de los
empleados del INPEC contenido en la Ley 32 de 1986 porque el requisito de 20
años de servicio en cargos de excepción alli establecido lo completo con
posterioridad al 28 de julio de 2003 (fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003), luego entonces, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del
articulo 6” ibídem […] debió efectuar aportes para pensión cuando menos Sus
semanas de cotización especial, además cumplir con el numero mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo y por lo menos uno de los dos requisitos exigidos en
el artículo 36 de la Ley 100 de 993 para gozar del régimen de transición,
requisitos que no cumple comoquiera que al 01 de abril de 1994 no tenia 40
años de edad o 15 años de servicio, de manera que en este caso no se puede
predicar que el interesado goce de un derecho adquirido» (sic).
1.5 Medida cautelar. La UGPP, en el escrito de demanda, solicitó suspender
provisionalmente los efectos jurídicos de los actos cuestionados; medida
cautelar negada con auto de 9 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (ff. 76 a 81 vuelto c. de medida cautelar).
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Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Orlando Niño Amaya
1.6 Contestación de la demanda (ff. 215 a 236 y 262 a 267). El accionado, por
conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda
y se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos y
los demás no. Asimismo, propuso las excepciones denominadas inexistencia del
derecho, la obligación y de causa para demandar, cobro de lo no debido y buena
fe.
Que el «VERDADERO RÉGIMEN DE TRANSICIÓN APLICABLE» a los
servidores del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional es el
contenido en el parágrafo transitorio 5º del Acto legislativo 1 de 2005, según el
cual quienes ingresen al Inpec antes de la entrada en vigor del Decreto 2090 de
2003, se les aplica el régimen pensional de que trata la Ley 32 de 1986, sin que
resulte necesario acudir a la Ley 100 de 1993.
Dice que al haberse vinculado a esa entidad el 19 de mayo de 1989, es decir,
catorce (14) años antes de que fuera expedido el Decreto 2090 de 2003, «[…]
es beneficiario de la normatividad de orden constitucional, legal y
jurisprudencial […], necesariamente nos debemos remitir a lo establecido por
la Ley 32 de 1986 sobre la forma como deben reconocerse las pensiones de
jubilación de […]» (sic) aquel grupo de servidores, de manera que al completar
veinte (20) años de servicios (19 de mayo de 2009), sin perjuicio de su edad,
tenía derecho al disfrute de esa prestación.
1.7 Providencia impugnada (ff. 378 a 385). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección E de la sección segunda), en sentencia de 30 de abril
de 2020, negó las pretensiones de la demanda (con condena en costas), al
considerar que si bien, «[…] de conformidad con el parágrafo del artículo 6º
del Decreto 2090 de 2003, las personas que aspiren a obtener una pensión por
actividad de alto riesgo […] deben acreditar, además de las 500 semanas de
cotización especial, los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, condición última que no cumple el [accionado], habida cuenta que para
el 1º de enero de 19931 tenía 27 años […] y 5 de servicios en el INPEC […]»
(sic); en todo caso, «[…] los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional tienen derecho a que se les reconozca la
pensión conforme los lineamientos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 –20
años de servicios continuos o discontinuos, sin importad la edad– siempre y
cuando a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 –28 de julio
de 2003– acrediten 500 semanas de cotización en actividades “calificadas
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Fecha de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 [sic].
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Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Orlando Niño Amaya
como de alto riesgo” –art. 6–, pues […] el parágrafo del artículo 6º de esa
disposición no puede aplicarse a los regímenes especiales, en la medida que
resulta desproporcionado y contrario a la finalidad de tales pensiones, la cual
no es otra que establecer requisitos más favorables que los fijados para los
beneficiarios del régimen general de pensiones» (sic).
1.8 El recurso de apelación (ff. 394 a 398). Inconforme con el anterior fallo,
la demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual insiste en que como
el accionado no es beneficiario de la transición de la Ley 100 de 1993, no le
resulta aplicable el régimen especial de la Ley 32 de 1986, sino el creado por el
Decreto 2090 de 2003 (artículo 6º), que exige «[…] cotizar el número de
semanas mínimas […] contenidas en la ley 797 de 2003, y en ese orden de ideas
para hacerse acreedor de la pensión […] debe cumplir con el requisito de los
55 años de edad y 1300 semanas de cotización […]» (sic), lo que no satisfizo,
toda vez que «[…] hasta el 1 de julio de 2023 estaría acreditando el requisito
de edad y adicional a ello debe acreditar las 1300 semanas exigidas en el
artículo 9 […]» (sic) ibidem.
Por otro lado, dice que no hay lugar a la imposición de condena en costas en su
contra, por cuanto la controversia suscitada en el sub lite «[…] ventila un interés
público […]», lo que desvirtúa un actuar infundado o desprovisto de buena fe.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 25 de noviembre
de 2020 (f. 400) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de
noviembre de 2021 (f. 414), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 18 de febrero de 2022 (f. 416), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por las primeras para reiterar sus argumentos de demanda, apelación y defensa2.
2
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Orlando Niño Amaya
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si se ajusta a derecho el reconocimiento
de la pensión de jubilación del accionado realizado a través de los actos
acusados, pues, al no ser beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993 (artículo 36), no le era dable acceder a aquella prestación en
los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por lo que le es aplicable el
Decreto 2090 de 2003, en armonía con la Ley 797 del mismo año, como lo
aduce la parte actora.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue
expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la
normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales
existentes.
No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo
36 de la referida Ley 100 de 1993.
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1º de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o
más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5
Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
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UGPP contra Orlando Niño Amaya
régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el
régimen anterior.
Por otro lado, en lo atinente a la normativa a la que se contrae la demanda, el
presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas
en el artículo 17 (numeral 2)4 de la Ley 797 de 2003, que reformó «[…] algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales», emitió el Decreto ley 2090 de 26 de julio de 2003, «Por el cual se
definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se
modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades»5, que en lo
pertinente, preceptúa:
Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se
aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo,
entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable
o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión
de su trabajo.
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se
consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las
siguientes:
[…]
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad
del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los
centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha
labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas
en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos
administrados por la fuerza pública.
[…]
Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de
4
«Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de
la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para:
[…]
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en
actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos
y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de
disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a
cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema
[…]».
5
Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.
6
Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
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UGPP contra Orlando Niño Amaya
Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones,
que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades
indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que
corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700
semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión
especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente.
Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión
especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes
requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley
797 de 2003[6].
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1)
año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha
edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.
Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización
especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de
1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.
Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500
semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido
el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo[7].
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003[8].
6
«[…] Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero
de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
7
En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
declaró este artículo exequible condicionalmente, «[…] en el entendido que para el cómputo de las 500
semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere
sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
8
Sobre la aplicación del parágrafo del artículo 6º del Decreto 2090 de 2013, esta subsección, en sentencia de
29 de junio de 2017, C. P. Cesar Palomino Cortés, expediente 08001-23-33-000-2012-00082-01 (0391-2014),
7
Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
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UGPP contra Orlando Niño Amaya
De la norma trascrita se concluye que la actividad del personal dedicado a la
custodia y vigilancia de internos en centros carcelarios del Inpec y de otros
establecimientos penitenciarios tiene el carácter de alto riesgo, por tanto, goza
del régimen pensional establecido por el aludido Decreto ley 2090 de 2003, sin
embargo, este dispuso un régimen de transición consistente en que quienes a 28
de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a
que una vez cumplidas 10009, la pensión de jubilación les sea reconocida en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo, esto es, la Ley 32 de 1986 (en el caso de quienes
pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, incluidos
los del Inpec, por remisión del Decreto 407 de 1994, como se anotará más
adelante).
Lo anterior, en consonancia con la Carta Política, que en su artículo 48
(parágrafo transitorio 5º10) prescribe: «De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la
entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente
para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto
para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las
cotizaciones correspondientes».
Asimismo, el Decreto 1950 de 2005, «por el cual se reglamenta el artículo 140
de la Ley 100 de 1993», en su artículo 1º, insistió en que «De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de
2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les
aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad
dijo: «En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de
transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito
de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso […]» y
«[…] como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional
especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que
más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la
regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez». Criterio reiterado por
la subsección A de esta sección, en fallo de 23 de enero de 2020, expediente 76001-23-33-000-2014-00174-01
(2689-15).
9
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».
10
Adicionado por el artículo 1º del Acto legislativo 1 de 22 de julio de 2013.
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a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto
por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».
Por otra parte, por resultar relevante para la resolución del caso concreto, cabe
precisar que la Ley 32 de 3 de febrero de 1986, «Por la cual se adopta el
Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia», definió que este «[…]
es un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del
Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado. Sus miembros
recibirán formación y capacitación en la Escuela Penitenciaria Nacional;
pertenecerán a la Carrera Penitenciaria de que trata el artículo 100 del
Decreto 1817 de 1964 y no podrán elegir o ser elegidos para corporaciones
políticas ni participar en organizaciones u actividades de índole partidista»
(artículo 2°).
De igual modo, en su artículo 96 dispuso que «Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o
discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».
Luego, el Decreto 407 de 20 de febrero de 1994, que contiene el régimen de
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, publicado el 21 de
febrero del mismo año, en su artículo 168 preceptuó:
Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en
los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo
de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos
efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados
por el Gobierno Nacional.
Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que
establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
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Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
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UGPP contra Orlando Niño Amaya
Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993.
Por tanto, se tiene que la Ley 32 de 1985 contiene las normas que rigen al
personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional (entendido
como aquel integrado por empleados públicos uniformados y armados, de
carácter civil, al servicio del Ministerio de Justicia y del Derecho), las cuales
regulan, entre otros aspectos, lo relacionado con la pensión especial de
jubilación, la cual será concedida una vez alcanzados veinte (20) años de
servicio, continuos o discontinuos, a la guardia nacional; prestación que, con el
Decreto 407 de 1994, fue extendida a los servidores del Inpec (excepto al
personal administrativo), en el que, además, se dispuso que quienes se
vincularan con posterioridad al mencionado cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional tendrían derecho a una pensión de vejez, en virtud del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993, por actividad de alto riesgo, que se halla
prevista en el Decreto 2090 de 2003.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Cédula de ciudadanía del accionado, según la cual nació el 28 de noviembre
de 1966 (ff. 80 vuelto y 136).
b) «Certificación de periodos de vinculación laboral para Bonos Pensionales y
Pensiones» (sic) expedida por el Inpec el 18 de febrero de 2013, en la que consta
que el demandado prestó sus servicios para ese organismo en condición de
dragoneante11 y distinguido12, en su orden, del 19 de mayo de 1989 al 9 de
octubre de 1994 y entre el 10 siguiente y el 14 de diciembre de 2010 (f. 133).
c) Resolución 15370 de 13 de diciembre de 2010, mediante la cual el señor
11
Según el artículo 134 del Decreto ley 407 de 20 de febrero de 1994, «Son Dragoneantes los egresados de la
Escuela Penitenciaria Nacional, que hayan aprobado el curso de formación y hubieren sido propuestos por su
Director para ejercer funciones de base, seguridad, resocialización, disciplina y orden de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, los cuales tendrán la obligación de cumplir las órdenes relativas al servicio y a
las funciones de los Directores Regionales del Instituto, Subdirectores de centros de reclusión, de los oficiales
y suboficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria».
12
De acuerdo con el parágrafo ibidem, «Son distinguidos los Dragoneantes que con un tiempo mínimo de dos
(2) años de servicio han sobresalido por sus calidades profesionales y requisitos cumplidos, están capacitados
para continuar ejerciendo las funciones de base, seguridad y orden de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios».
10
Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
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UGPP contra Orlando Niño Amaya
director general de dicho Instituto acepta la renuncia del accionado, a partir del
15 de los mismos mes y año, del empleo de distinguido, código 4112, grado 12,
de la subdirección Escuela Penitenciaria Nacional «Enrique Low Murtra» (f.
84).
d) Resolución PAP 8583 de 10 de agosto de 2010, por la que la extinguida
Cajanal niega la pensión de jubilación solicitada por el accionado el 13 de julio
de 2009, por cuanto «[…] no cumple con la condición legal de tiempo de
servicio de 20 años de servicio exclusivos al INPEC, pues […] [los] ha prestado
[…] desde el 19 de octubre de 1989, hasta el 30 de abril de 2009 […], es decir
que solo cuenta con 19 años – 11 meses – 12 días» (sic; ff. 67 y 68).
e) Resolución UGM 16062 de 2 de noviembre de 2011, por medio de la cual la
aludida entidad revocó el anterior acto administrativo y, en su lugar, reconoció
la pensión de jubilación reclamada desde el 15 de diciembre de 2010, con el
75% «[…] del promedio de lo devengado en los últimos diez años de servicios.
Es decir, el período comprendido entre el 01 de julio de 2000 y el 30 de junio
de 2010 […]»13, esto es, asignación básica y bonificación por servicios
prestados, en un monto de $1.043.430,22, en armonía con las Leyes 33 de 1985,
32 de 1986 y 100 de 1993 (artículo 21), el Acto legislativo 1 de 2005 y el
Decreto 1158 de 1994 (ff. 103 a 106).
f) Resolución RDP 26535 de 12 de junio de 2013, por cuyo conducto la
accionante reajustó aquella prestación (en respuesta a una petición formulada
por el demandado el 15 de enero anterior), con el 75% de lo cotizado durante
los doce (12) meses anteriores al retiro del servicio (15 de diciembre de 2009 a
14 de diciembre de 2010), en la que se incluyó la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados, las primas de navidad, vacaciones y
servicios y los auxilios de alimentación y transporte, con efectos fiscales a partir
del 15 de diciembre de 2010, cuyo valor ascendió a $1.366.342,oo; modificada
con la Resolución RDP 8668 de 13 de marzo de 2014, en el sentido de corregir
las operaciones aritméticas allí efectuadas (por cuanto calculó de manera errada
la asignación básica y la prima de servicios devengadas durante 2009 y 2010,
en su orden), para fijarla en $1.367.804,oo (ff. 139 vuelto a 142 vuelto y 146
vuelto a 149).
g) Resolución RDP 40285 de 25 de octubre de 2016, por la que la demandante
13
En tal sentido, advierte la citada entidad que «[…] para efectos de liquidación se tomo hasta el 30 de junio
de 2010, ya que el peticionario no aporta hasta el 15 de diciembre de 2010, dia hasta el cual laboro, pero
aclarando que la efectividad es a partir del 15 de diciembre de 2010» (sic).
11
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niega la revisión de la pensión de jubilación del accionado, con inclusión de las
primas de riesgo y capacitación y subsidio por unidad familiar devengados
durante el último año trabajado, puesto que (i) no son de aquellos emolumentos
que figuran expresamente en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, (ii)
tampoco constituyen factor salarial y (iii) no se hicieron los respectivos aportes
(ff. 157 vuelto a 160).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandado laboró
en el Inpec, en condición de dragoneante y distinguido, del 19 de mayo de 1989
al 9 de octubre de 1994 y entre el 10 de los mismos mes y año y el 14 de
diciembre de 2010, es decir, durante 21 años, 6 meses y 23 días, por lo que la
desaparecida Cajanal, a través de Resolución UGM 16062 de 2 de noviembre
de 2011, le reconoció pensión de jubilación desde el 15 de diciembre de 2010,
de acuerdo con el requisito de tiempo de servicios contenido en la Ley 32 de
1986 y la tasa pensional (75%) establecida en la Ley 33 de 1985, calculada sobre
el promedio de lo cotizado durante los últimos diez (10) años de trabajo (1º de
julio de 2000 a 30 de junio de 2010), conforme al artículo 21 de la Ley 100 de
1993, con la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
Asimismo, el 15 de enero de 2013 el accionado pidió la reliquidación de dicha
prestación, decidida por la UGPP el 12 de junio siguiente, mediante Resolución
RDP 26535 (modificada con la Resolución RDP 8668 de 13 de marzo de 2014,
para corregir las operaciones matemáticas inicialmente realizadas), en el sentido
de reajustarla con el 75% de lo cotizado durante el año previo a su
desvinculación (15 de diciembre de 2009 a 14 de diciembre de 2010), es decir,
asignación básica, bonificación por servicios prestados, primas de navidad,
vacaciones y servicios y auxilios de alimentación y transporte.
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que el demandado está amparado por el régimen pensional preceptuado en la
Ley 32 de 1986, toda vez que en virtud de los artículos 48 (parágrafo transitorio
5º) de la Carta Política y 1º del Decreto 1950 de 2005, los servidores del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario vinculados con anterioridad a la entrada en
vigor del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio del mismo año), se les «[…]
aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de
1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de
conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo
1º del Decreto 1835 de 1994»; además, (i) para esa fecha había alcanzado 14
años, 2 meses y 9 días de labores en los empleos de dragoneante y distinguido
12
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del Inpec, esto es, más de 500 semanas14; y (ii) para la época en que se expidió
el aludido Decreto 407 de 1994 ya se había vinculado a la referida entidad.
Así las cosas, no le asiste razón a la actora cuando asegura, en el escrito de
alzada, que como el accionado no colmó los requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, «[…]
no le era posible aplicar el […] especial del Inpec dispuesto en el artículo 96
de la ley 32 de 1986, sino que se debía acreditar los requisitos pensionales
dispuestos en el artículo 6 del decreto 2090 de 2003» (sic); pues, se insiste, los
servidores públicos que ejercen actividades en el cuerpo de custodia y
vigilancia penitenciaria nacional que se encontraban amparados por la Ley 32
de 1986, les fue concedido un régimen de transición con el Decreto 2090 de
2003, consistente en que quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al
menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 15 les sea
reconocida la pensión de jubilación en las mismas condiciones establecidas en
la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, valga decir, la Ley
32 de 1986, aplicada en el sub lite.
Sin perjuicio de lo anotado, y dado que, como ya se explicó, el demandado tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley
32 de 1986, por mandato del artículo 48 (parágrafo transitorio 5º) de la
Constitución Política, por lo que no resulta acertado exigirle el cumplimiento
de los requisitos para acceder al régimen transición contenidos en el inciso 2º
del artículo 36 de la Ley 100 de 199316 (como lo alega la recurrente), lo cierto
es que la citada Ley 32 solo prevé la posibilidad de los servidores del cuerpo de
custodia y vigilancia penitenciaria nacional de obtener esa prestación al colmar
20 años (continuos o discontinuos) al servicio de la guardia nacional, sin
importar la edad, por lo que en lo atinente al ingreso base de liquidación se
someten a los mandatos contenidos en los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de
199317, máxime cuando aquel adquirió el estatus pensional en vigor de esta
última y del Acto legislativo 1 de 2005, que introdujo aquel parágrafo y que, de
igual modo, dispuso que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
14
14 años, 2 meses y 9 días, que equivalen a 5183 días ÷ 7 (días de la semana) = 740,42 semanas.
15
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003: «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».
16
Vale recordar, que al momento de entrar en vigor el sistema de seguridad social integral (1º de abril de 1994) se
cuente con no menos de treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad
si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados.
17
Al respecto ver, de esta sala de decisión, fallo de 9 de septiembre de 2021, expediente 50001-23-33-000-2014-
00174-02 (1709-2020), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13
Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
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cotizaciones […]»; empero, este no fue un asunto objeto de reproche por la parte
accionante en la demanda y, por ende, tampoco pudo ser controvertido por el
pensionado en las presentes diligencias, motivo por el cual no es dable decidir
el litigio por fuera de lo pedido. Lo anterior encuentra sustento en los principios
de congruencia18 y justicia rogada, que gobiernan el proceso contencioso-
administrativo e imponen al juez la obligación de pronunciarse de acuerdo con
lo pedido y probado19.
Por último, dado que la actora en el recurso de apelación solicita se revoque en
su integridad el fallo impugnado, incluida la condena en costas, la Sala estima
al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo
365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del artículo
188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad
o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único
fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la
imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en
sentencia de 1º de diciembre de 201620, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
18
Código General del Proceso: «Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
19
Esta subsección, en fallo de 17 de octubre de 2017 (expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 [3605-14]),
anotó que «[…] el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones
probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo
que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco
podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera
suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, por ello, el principio de congruencia de la
sentencia garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por las partes, puesto que les permite hacer uso de
cada una de las herramientas establecidas en la ley para tal propósito».
20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
14
Expediente 25000-23-42-000-2017-05144-01 (456-2021)
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Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en
el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, análisis que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal
proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
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confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas, que incluye las
agencias en derecho, impuesta a la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 30 de abril de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la sección
segunda), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Orlando Niño
Amaya, por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta a la actora.
3º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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