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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04737-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04737-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia proferida el 9 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la cual negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Pablo Gama Doza contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), pero por las razones consignadas en la parte motiva. 11 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. 16 Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Pablo Gama Doza contra Colpensiones 2°. Reconócese personería a la abogada Paola Alejandra Moreno Vásquez, con cédula de ciudadanía 1.030.536.323 y tarjeta profesional 217.803 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en los términos de la sustitución de poder obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI. 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04737-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Demandante : Pablo Gama Doza
Demandado : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Tema : Reliquidación de pensión de jubilación de exservidor del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 9 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 72 a 89). El señor Pablo Gama Doza, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial de las Resoluciones GNR
290139 de 29 de septiembre de 2016, que le reconoció al actor una pensión
especial de jubilación; y SUB 58689 de 10 de mayo, SUB 103347 de 20 de
junio y DIR 12076 de 31 de julio, todas de 2017, mediante las cuales se
reliquidó dicha prestación.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada (i) reajustar la pensión de jubilación del demandante con
la totalidad de los factores salariales recibidos durante el último año de
servicios; (ii) pagar las correspondientes diferencias en forma indexada y los
intereses moratorios; y (iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
CPACA. Por último, se condene en costas a la accionada.

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que nació el 2 de abril de 1973,
laboró en «[…] el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO- INPEC desde el 12 de enero de 1994 hasta el 30 de noviembre
de 2015, para un total de tiempo de servicios de 21 años, 10 meses y 18 días»
(sic); y renunció a partir del 1° de diciembre de 2015.

Que, mediante Resoluciones GNR 290139 de 29 de septiembre de 2016,
Colpensiones le reconoció pensión especial de jubilación desde el 1° de
diciembre de 2015.

Agrega que el 9 de marzo de 2017 reclamó de la accionada la reliquidación de
su pensión conforme a la Ley 62 de 1978 y el Decreto 1045 de 1978 y pese a
que, por medio de Resolución SUB 58689 de 10 de mayo de 2017, se reajustó
el monto de la mesada (decisión confirmada con Resoluciones SUB 103347 de
20 de junio y DIR 12076 de 12076 de 31 de julio del mismo año), no se incluyó
la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 48, 53, 58 y 336
de la Constitución Política; 4 de la Ley 4ª de 1966, 36 de la Ley 100 de 1993 y
42 del Decreto 1042 de 1978; y las Leyes 50 de 1990 y 32 de 1986.

Arguye que el reconocimiento pensional se efectuó «[…] con fundamento en lo
previsto en la Ley 32 de 1986, pero al momento de efectuar la liquidación
correspondiente deja de aplicar el Decreto 1045 de 1978, en cuanto a la no
incorporación como factores base de liquidación de los previstos en el artículo
45 ibidem, tal y como lo ha sido señalado en diversos pronunciamientos del
Consejo de Estado» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 126 a 143). La demandada, por medio de
apoderada, se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
respecto de los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros no le constan
y los demás no constituyen situaciones fácticas; asevera que la pensión
reconocida bajo los postulados de la Ley 32 de 1982, solo puede ser liquidada
conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ante el vacío legal que dejó la
primera normativa respecto de ese aspecto y, además, porque el estatus
pensional se produjo en vigencia de la segunda.

1.6 La providencia apelada (ff. 188 a 197). El Tribunal Administrativo de
2

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante sentencia de 9 de
octubre de 2019, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que si bien el actor es beneficiario del régimen pensional contenido
en la Ley 32 de 1986, lo cierto es que el ingreso base de liquidación (IBL) se
liquida sobre los factores enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
respecto de los que haya efectuado cotizaciones.

Que en el caso bajo examen «[…] respecto del subsidio de unidad familiar, la
bonificación por recreación, así como de las primas de riesgo, capa drago,
coordinación y de servicios, no se demostró haber efectuado cotizaciones, por
el contrario, según fue certificado por el INPEC, […] solo se tomó como
ingreso base de cotización (IBC) la asignación básica, la prima de antigüedad,
el sobre sueldo, la bonificación por servicios prestados, las horas extras y el
sueldo por vacaciones; mientras que sobre los demás factores devengados no
se efectuaron descuentos ni se hicieron aportes, por lo que no resulta
procedente incluirlos en la liquidación de la mesada pensional del actor» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 202 a 206). Inconforme con la anterior
decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual reitera los
argumentos de la demanda en cuanto a la aplicación del artículo 42 del Decreto
1042 de 1978, según el cual constituye salario todo lo que se recibe en forma
regular como contraprestación al servicio prestado, para el caso los factores de
asignación básica, primas de riesgo, servicios, vacaciones, navidad,
capacitación y coordinación; subsidio familiar y bonificación por recreación.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 3 de marzo de 2020
(f. 208) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de noviembre
de 2021 (f. 228), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 18 de febrero de 2022 (f. 230), para que aquellas alegaran
de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras1.

1
Obrantes en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

2.1.1 Parte accionante. El actor reitera los argumentos expuestos en su escrito
de alzada y expresa que «[…] la [L]ey 32 de 1986 en su artículo 114 señala que
en los aspectos no regulados, se aplicará la norma nacional vigente al momento
de su expedición, corresponde necesariamente aplicar la Ley 4ª de 1966 en
concordancia con el artículo 45 del [D]ecreto 1045 de 1978». (sic).

2.1.2 Entidad demandada. La accionada, por intermedio de apoderado, insiste
en lo aducido en su memorial de contestación de la demanda y agrega que «[…]
no es posible la reliquidación pensional, teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicio,
independientemente el régimen especial al que se pertenezca, toda vez que esta
posición discrepa con el lineamiento jurisprudencial plasmado en las
sentencias T-078 de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015, T-060 de 2016, SU-
427 de 2016, SU-210/2017, SU 395 de 2017, SU 023 de 2018 de la Corte
Constitucional y la Sentencia del 28 de agosto de 2018 del Honorable Consejo
de Estado, en las que se ha dejado en claro que el modo de promediar la base
de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a
que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y
semanas de cotización y excluye el ingreso base de liquidación. Así mismo, es
relevante destacar que la prestación a la luz de la ley 32 de 1986, solo puede
ser reliquidada según lo normado por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
teniendo en cuenta; (i) La Ley 32 de 1986 no contempla la forma de liquidación
de la pensión (ii) la fecha de estatus del demandante (febrero 2014) se causó
en vigencia de la Ley 100 de 1993, y (iii) la única forma lógica para suplir
dicho vacío es acudir a las normas de carácter general, para el caso en cuestión
Ley 100 de 1993» (sic).

2.2 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ff. 213 a 220)
presentó escrito de intervención el 10 de agosto de 2021, en el que pide «[…]
se nieguen las pretensiones de reliquidación de la pensión de vejez en
aplicación de las reglas fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018 (Expediente 2012-00143) en la que claramente
se estableció que para liquidar el ingreso base de liquidación se debe
promediar lo devengado durante los últimos 10 años de servicio e incluir
únicamente los factores salariales sobre los cuales se realizó el respectivo
aporte o cotización».

4

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta el
75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año
de servicios; o, por el contrario, carece de razón, pues la liquidación de la
mencionada prestación se debe efectuar con el 75% de los emolumentos
respecto de los que haya realizado cotizaciones en los 10 últimos años de
servicio, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue
expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la
normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales
existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo
36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se
les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al

2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la
edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas,
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los
beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya).
Respecto de esta norma, la Corte Constitucional3 precisó:

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al
introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19934, tal como se desprende del
texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un
régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa
legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían
derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de
transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las
reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de
reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a
transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de
Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el
artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes
el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el
IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b)
el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás
casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de

3
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
4
El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año
2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la
pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
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Pablo Gama Doza contra Colpensiones

1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación
de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta
que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de
las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o
servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla
general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende
por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las
pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación,
calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador,
resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá
optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas
como mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de
la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron
las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el
régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
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Pablo Gama Doza contra Colpensiones

expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, en criterio de
la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador
excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias
de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba
el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella;
por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de
previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el
ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la
medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo
cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la
Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere
inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el
monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al
consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años,
conforme al artículo 21 ibidem.

Cabe anotar que en el fallo del Consejo de Estado, en el cual se precisó la
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en lo
que dice relación con el ingreso base de liquidación pensional, la sala plena de
esta Corporación advirtió que «[…] por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron
8

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
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efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de
pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual
base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado
por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se
debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de
representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e)
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g)
bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa a la que se contrae la demanda, la
Sala advierte que el presidente de la República, en uso de las facultades
extraordinarias otorgadas en el artículo 17 (numeral 2)5 de la Ley 797 de 2003,
que reformó «[…] algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «Por
el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y
se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades»6, que en lo
pertinente, preceptúa:

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se
aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo,
entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable
o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión
de su trabajo.
5
«Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de
la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para:
[…]
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en
actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos
y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de
disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a
cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema
[…]».
6
Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.
9

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se
consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las
siguientes:
[…]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad
del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los
centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha
labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas
en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos
administrados por la fuerza pública.
[…]

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de
Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones,
que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades
indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que
corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700
semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión
especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión
especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes
requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley
797 de 2003[7].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1)
año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha
edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización
especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de
1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.

Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500
semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido

7
«[…] Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero
de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
10

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo[8].

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003[9].

De la norma trascrita se concluye que la actividad del personal dedicado a la
custodia y vigilancia de internos en centros carcelarios del Inpec y de otros
establecimientos carcelarios tiene el carácter de alto riesgo, por tanto, dichos
servidores públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido
Decreto 2090 de 2003, sin embargo, este dispuso un régimen de transición
consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos
500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas
cotizadas10, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades
de alto riesgo, esto es, Ley 32 de 1986 (en el caso de quienes pertenecen al
cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, incluidos los del Inpec,
por remisión del Decreto 407 de 1994, como se anotará más adelante).

Lo anterior en consonancia con la Constitución Política, que en su artículo 48
(parágrafo transitorio 5º) prescribe: «De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la

8
En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Manuel José
Cepeda Espinosa, declaró este artículo exequible condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de
las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que
hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo”.
9
En lo que dice relación con el contenido del parágrafo del artículo 6° del precitado Decreto 2090 de 2003, con
base en el cual el a quo advierte que debe exigirse, además de lo anterior, el cumplimiento de los requisitos
contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para acceder al mencionado régimen especial, esta
subsección dijo (C. P. Cesar Palomino Cortés, expediente 08001233300020120008201 [0391-2014]): «En
criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en
pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500
semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso […]» y «[…] como
quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a
su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que más favorece
al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de
transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez». Criterio reiterado por la
subsección A de esta sección, en fallo de 23 de enero de 2020, expediente 76001-23-33-000-2014-00174-
01(2689-15).
10
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».
11

Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
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Pablo Gama Doza contra Colpensiones

entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente
para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto
para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las
cotizaciones correspondientes».

Asimismo, el Decreto 1950 de 2005, «por el cual se reglamenta el artículo 140
de la Ley 100 de 1993», en su artículo 1, insistió en que «De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de
2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les
aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto
por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

Por otra parte, por resultar relevante para la resolución del caso concreto, cabe
precisar que la Ley 32 de 1986, «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia», definió que este «[…] es un organismo
armado, de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e
integrado por personal uniformado. Sus miembros recibirán formación y
capacitación en la Escuela Penitenciaria Nacional; pertenecerán a la Carrera
Penitenciaria de que trata el artículo 100 del Decreto 1817 de 1964 y no podrán
elegir o ser elegidos para corporaciones políticas ni participar en
organizaciones u actividades de índole partidista» (artículo 2°).

De igual modo, en su artículo 96, dispuso que «Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o
discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».

Luego, el Decreto 407 de 1994, que contiene el régimen de personal del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, publicado el 21 de febrero del mismo año,
en su artículo 168 preceptuó:

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Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en
los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo
de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos
efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados
por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que
establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993.

Por tanto, se tiene que la Ley 32 de 1985 contiene las normas que rigen al personal
del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional (entendido como aquel
integrado por empleados públicos uniformados y armados, de carácter civil, al
servicio del Ministerio de Justicia y del Derecho), las cuales regulan, entre otros
aspectos, lo relacionado con la pensión especial de jubilación, la cual será
concedida una vez alcanzados veinte (20) años de servicio, continuos o
discontinuos, a la guardia nacional; prestación que, con el Decreto 407 de 1994,
fue extendida a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(excepto al personal administrativo).

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Según cédula de ciudadanía, el accionante nació el 2 de abril de 1973 (f. 69).

b) Conforme a certificado de información laboral expedido por el Inpec, el actor
trabajó en condición de dragoneante del 12 de enero de 1994 al 25 de noviembre
de 2012 y en calidad de teniente desde el 26 de noviembre de 2012 hasta el 30
de noviembre de 2015 (f. 49).

c) En certificación de salarios mes a mes emitida por el Inpec, se indica que el
demandante aportó para pensión desde enero de 1994 hasta noviembre de 2015,
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
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Pablo Gama Doza contra Colpensiones

conforme al Decreto 1158 de 1994, sobre los factores de asignación básica y
remuneración por servicios prestados (ff. 50 a 60).

d) El grupo de tesorería del Inpec certificó el 20 de enero de 2017 (ff. 61 a 68),
que entre enero de 1994 y noviembre de 2015 el demandante devengó, además
del sueldo básico, las primas de riesgo, navidad, servicios, «capo.drago.» y
vacaciones; la bonificación por recreación, el subsidio de alimentación y la
prima de coordinación (de mayo a noviembre de 2015).

e) Mediante Resolución 4753 de 18 de noviembre de 2015, el Inpec aceptó la
renuncia al actor a partir del 1° de diciembre siguiente (f. 2).

f) Por Resoluciones GNR 290139 de 29 de septiembre de 2016 (ff. 8 a 12),
Colpensiones reconoció al demandante una pensión especial de jubilación
conforme a la Ley 32 de 1986, con base en el 75% de los factores salariales
devengados en los 10 últimos años de servicios, contemplados en el Decretos
1158 de 1994, con fecha de estatus pensional 11 de febrero de 2014, pero con
efectos fiscales desde el 1° de diciembre de 2015.

g) A través de escrito de 9 de marzo de 2017, el accionante pidió de la accionada
el reajuste de la referida prestación «[…] con el promedio de los factores
pagados por el INPEC durante el último año de servicio, esto es del 01 de
diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015» (ff. 13 a 21).

h) Por medio de Resolución SUB 58689 de 10 de mayo de 2017, confirmada
con Resoluciones SUB 103347 de 20 de junio y DIR 12076 de 31 de julio del
mismo año, Colpensiones reajustó el monto de la mesada pensional del
accionante, con los mismos parámetros de liquidación contenidos en el acto de
reconocimiento, esto es, con el 75% de los factores de asignación básica y
bonificación por servicios prestados, sobre los cuales efectuó su cotización en
ese lapso.

Del contenido de los actos acusados se extrae que el actor laboró para el Inpec,
en forma ininterrumpida, desde el 12 de enero de 1994 hasta el 30 de noviembre
de 2015, completó un total de 1122 semanas cotizadas (21 años, 10 meses y 28
días) y es beneficiario del régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1986
para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional,
esto es, de una pensión especial de jubilación al cumplir 20 años de servicios de
guardia, sin tener en cuenta la edad.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante
laboró en el Inpec en condición de guardián – dragoneante del 12 de enero de
1994 al 25 de noviembre de 2012 y teniente desde el 26 de noviembre de 2012
hasta el 30 de noviembre de 2015, es decir, que sirvió por más de 20 años y
aportó para pensión entre enero de 1994 y noviembre de 2015, conforme al
Decreto 1158 de 1994, sobre los factores de asignación básica y remuneración
(bonificación) por servicios prestados, por lo que Colpensiones, mediante
Resolución GNR 290139 de 29 de septiembre de 2016, le reconoció pensión de
jubilación a partir del 1° de diciembre de 2015, con base en el 75% de los
emolumentos salariales devengados en los 10 últimos años de servicios,
contemplados en el Decretos 1158 de 1994.

Luego, el 9 de marzo de 2017 el demandante pidió la reliquidación de su
pensión con la totalidad de lo recibido durante el último año de servicios; y por
medio de Resolución SUB 58689 de 10 de mayo de 2017, confirmada con
Resoluciones SUB 103347 de 20 de junio y DIR 12076 de 31 de julio del mismo
año, Colpensiones la reajustó con las mismos parámetros de liquidación
contenidos en el acto de reconocimiento, esto es, con el 75% de los factores de
asignación básica y bonificación por servicios prestados, respecto de los que
efectuó cotizaciones en ese lapso.

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que el accionante está amparado por el régimen pensional previsto en la Ley 32
de 1985, puesto que en virtud del artículo 48 (parágrafo transitorio 5º) de la
Constitución Política y del Decreto 1950 de 2005, los servidores del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario vinculados con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio), se les «[…] aplicará
el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de
conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo
1º del Decreto 1835 de 1994», además de que estaba vinculado antes de la
expedición del aludido Decreto 407 de 1994 (a 21 de febrero de 1994 trabajaba
como dragoneante), tal como se menciona en los actos acusados.

En el asunto sub examine, aunque el accionante es beneficiario del régimen
pensional de la Ley 32 de 1986 por mandato del artículo 48 (parágrafo
transitorio 5º) de la Constitución Política, lo cierto es que este último solo prevé
el derecho a los servidores del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
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nacional de obtener la pensión de jubilación al colmar 20 años (continuos o
discontinuos) al servicio de la guardia nacional, sin importar la edad, por lo que
en lo atañedero al ingreso base de liquidación se someten al mandato contenido
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, como lo hizo Colpensiones, máxime
cuando adquirió el estatus pensional en vigor de esta última y del Acto
legislativo 1 de 2005, que introdujo aquel parágrafo y que, de igual modo,
dispuso que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones
[…]», motivo por el que carece de asidero jurídico lo pretendido por el
accionante, en el sentido de calcular el IBL con la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de labores, cuanto más si en el sub
lite está probado que cotizó para pensión desde enero de 1994 hasta noviembre
de 2015 únicamente sobre la asignación básica y la remuneración (bonificación)
por servicios prestados, mismos que se tuvieron como base para liquidar su
pensión.

Con fundamento en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con
los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular,
la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió de manera
parcial a las súplicas de la demanda, pero por las razones expuestas.

Por otra parte, comoquiera que el apoderado de Colpensiones sustituyó el poder
a él conferido, se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria
de dicha sustitución11.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase la sentencia proferida el 9 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por
el señor Pablo Gama Doza contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), pero por las razones consignadas en la parte motiva.

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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-04737-01 (2965-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo Gama Doza contra Colpensiones

2°. Reconócese personería a la abogada Paola Alejandra Moreno Vásquez, con
cédula de ciudadanía 1.030.536.323 y tarjeta profesional 217.803 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), en los términos de la sustitución de poder obrante en
el sistema de gestión judicial SAMAI.

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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