Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01303-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01303-01 (2240-2024)
Demandante: Alirio Santos Villamizar
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones1
Temas: Reliquidación de la pensión de vejez del Inpec
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 2 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Alirio Santos Villamizar presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones GNR 92889 del 1° de abril de 2016 y
GNR 204406 del 12 de julio de 2016, así como del acto ficto frente a la apelación
interpuesta contra la decisión; actos por medio de los cuales la entidad previsional
le negó la reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad con el régimen
1 En lo sucesivo Colpensiones
2 En adelante CPACA
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01303-01 (2240-2024)
Demandante Alirio Santos Villamizar
especial de alto riesgo de los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario3.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la reliquidación de la pensión de vejez el 75% del promedio mensual
devengado durante su último año de servicio, «de acuerdo con los factores salariales
establecidos de manera meramente enunciativa [sic] en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978 y son: a) la asignación básica mensual (sueldo y sobresueldo), b) la bonificación por
servicios prestados; c) la prima de navidad, d) la prima de vacaciones, e) la bonificación
especial por recreación, f) la prima de servicios, g) la prima de riesgo, h) el subsidio de
alimentación, i) la bonificación por recreación, j) el subsidio por la unidad familiar del 7%
pagado por el Inpec, k) el auxilio de transporte, l) la prima de seguridad por ser beneficiario
del régimen de transición especial establecido constitucional y legalmente para los
miembros del Inpec»; ii) el pago de las diferencias prestacionales que resultaran de
la correcta liquidación a partir del 1° de enero de 2015 con la debida indexación de
acuerdo con el IPC; iii) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos
192 y siguientes del CPACA; y iv) la condena en costas y agencias en derecho a
la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Alirio Santos Villamizar ingresó como dragoneante del Inpec el 6 de abril de
1990, es decir que en el año 2010 cumplió 20 años de servicio y adquirió el estatus
pensional. Su retiro del servicio ocurrió el 31 de diciembre de 2014 según
Resolución 003759 del 15 de octubre de 2014 y el último cargo desempeñado fue
el de inspector jefe.
3.2. Con Resolución GNR 044134 del 25 de noviembre de 2011, el extinto Instituto
de Seguros Sociales4 le reconoció y ordenó pagar la pensión de jubilación. El 3 de
noviembre de 2015 solicitó la reliquidación a efectos de que se le aplicara el régimen
especial de pensiones de los miembros del cuerpo de custodia del Inpec, debido a
que era beneficiario del régimen de transición establecido en el parágrafo transitorio
5 del Acto Legislativo 01 de 2005, por ende se le debía aplicar la Ley 32 de 1986, el
Decreto 407 de 1994 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
3.3. La anterior petición se denegó a través de la Resolución GNR 92889 del 1º de
abril de 2016, al aplicarle la Circular interna 16 de 2015 que estableció las normas
del régimen general de pensiones, a saber la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de
3 En adelante Inpec
4 En lo sucesivo ISS
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Demandante Alirio Santos Villamizar
1994 y las sentencias SU-230 de 2015 y C-258 de 2013. Inconforme con esta
decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. El primero
se resolvió con la Resolución GNR 204406 del 12 de julio de 2016, en la que pese
a reconocer que era beneficiario del régimen de transición aplicable a los miembros
del cuerpo de custodia, no modificó la normatividad aplicada al caso concreto. En
relación con el segundo recurso operó el silencio administrativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 16 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; Convenio 95 de la OIT; 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53 y 58 de
la Constitución Política; 10, 14, 27 y 28 del Código Civil; 4 de la Ley 4 de 1966; inciso
2º del artículo 1 de la Ley 33 de 1985; 96 y 114 de la Ley 32 de 1986; 172 de la Ley
65 de 1993; 11, 140 y 289 de la Ley 100 de 1993; 9, 11, 14, 19, 20, 21 y 127 del
Código Sustantivo del Trabajo; 114 y 115 de la ley 1395 de 2010; y los decretos 407
de 1968 y 1045 de 1978.
5. En cuanto al concepto de violación5, expuso que los actos acusados fueron
expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, toda vez que la
pensión de Alirio Santos Villamizar debió reconocerse de conformidad con los
parámetros establecidos en la Ley 32 de 1986, esto es al cumplimiento de los 20
años de servicio, con independencia de la edad. Asimismo el ingreso base de
liquidación debía calcularse con base en los factores establecidos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978, e igualmente con aquellos que devengó en forma
habitual como contraprestación del servicio, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado6.
6. Las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 tampoco eran aplicables en su
caso, en atención a que su derecho pensional se consolidó « con arreglo a las leyes
civiles» el 6 de abril de 2010, esto es antes de la expedición de aquellas
providencias.
1.2. Contestación de la demanda
7. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
5 Índice 48 de Samai del tribunal, archivo «00.ExpedienteDigital.pdf», páginas 93 a 146
6 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias proferidas el 25 de febrero de
2016, rad. 2000234200220130154101 (4683-2013); el 17 de noviembre de 2015, rad.
110010315000201502746-00; y el 4 de agosto de 2010, rad. 25000232500020060750901(01112-
09)
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Demandante Alirio Santos Villamizar
fundamento en lo siguiente7:
7.1. No se configuró ninguna vulneración con la expedición de los actos acusados,
toda vez que Alirio Santos Villamizar acreditó los requisitos de edad y semanas
cotizadas para acceder a la pensión que se le reconoció por medio de la GNR 92889
del 1° de abril de 2016, pues el régimen pensional del personal del Inpec está
regulado por la Ley 32 de 1986 y el Decreto 2090 de 2003 –cuya aplicación obedeció
a la fecha de vinculación-, en las que estableció como requisitos de reconocimiento
20 años de servicio en los cargos de oficiales, suboficiales y guardianes del cuerpo
de custodia y vigilancia, sin que se requiera acreditar alguna edad, y la tasa de
remplazo es del 75% sobre los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994,
estos son: asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica,
prima de antigüedad, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras y
bonificación por servicios prestados.
7.2. La sentencia SU-230 de 2015 estudió el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
concluyó que el régimen de transición aplica para la edad, el tiempo de servicios o
semanas cotizadas y el monto bajo el entendido de la tasa de remplazo, sin que se
hiciera alusión alguna sobre el IBL; criterio acogido por la entidad con la Circular
Interna 16 del 6 de agosto de 2015, con fundamento en el cual se deciden todas las
solicitudes proferidas con posterioridad a su expedición.
7.3. Como excepción formuló la de «prescripción, sin aceptación de la obligación ».
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia proferida el 2 de
febrero de 20238 denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas a la parte vencida en el proceso. Para tal efecto se pronunció así:
8.1. Alirio Santos Villamizar nació el 12 de noviembre de 1970 y en el Inpec se
desempeñó: i) como dragoneante, del 6 de abril de 1990 al 23 de julio de 1995; ii)
inspector, desde el 24 de julio de 1995 y al 30 de junio de 2001; y iii) inspector jefe
del 1º de julio de 2001 al 31 de diciembre de 2014, fecha en que se le aceptó la
renuncia según Resolución 003759 del 15 de octubre de ese año.
8.2. De acuerdo con los elementos de prueba aportados al expediente se acreditó
que con la Resolución GNR 44134 del 25 de noviembre de 2011 se le reconoció
pensión de jubilación en atención a que adquirió el estatus pensional al completar
7 Índice 48 de Samai del tribunal, archivo «00.ExpedienteDigital.pdf», páginas 162 a 169
8 Índice 7 de Samai del tribunal
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Demandante Alirio Santos Villamizar
el requisito de tiempo de servicio, sin tener en cuenta la edad y en cuantía del 75%
del promedio del salario devengado en los últimos 10 años de servicio, de acuerdo
con los decretos 1833 de 1989 y 1835 de 1994.
8.3. Asimismo, con la Resolución GNR 92889 del 1º de abril de 2016 se le denegó
una solicitud de reliquidación pensional en aplicación de la Circular 16 de 2015, por
la cual se estableció que el IBL no era un asunto sometido a transición, de acuerdo
con lo expuesto en las sentencias SU-230 de 2015 y C-258 de 2013. En el acto que
resolvió la reposición contra esta decisión [Resolución GNR 204406 del 12 de julio
de 2016], Colpensiones dispuso que la pensión debía reconocerse bajo los
parámetros de la Ley 32 de 1986; sin embargo respecto de los factores objeto de
inclusión insistió en que de acuerdo con lo establecido en las providencias
señaladas solo se incluyeron los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y
sobre los cuales se haya realizado aportes al sistema, esto es asignación básica,
bonificación y dominicales.
8.4. Así las cosas, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en la
sentencia proferida el 28 de julio de 2022, el demandante cumplía con el requisito
para beneficiarse del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090
de 2003, es decir el cumplimiento de las 500 semanas antes del 26 de julio de 2003,
fecha de la Ley 32 de 1986, sin que fuera necesario acreditar los requisitos de edad
o semanas cotizadas exigidos por la Ley 100 de 1993.
8.5. No obstante ello, debido a que en el presente caso no era objeto de debate el
reconocimiento pensional, el estudio se limitaría a los factores salariales tenidos en
cuenta para su liquidación, sin que ello fuera establecido por aquella norma [Ley 32
de 1986], por lo que debían «tenerse en cuenta las normas vigentes para los servidores
públicos nacionales, esto es, a las regulaciones del Sistema General de Pensiones que se
aplica a la generalidad de los empleados públicos».
8.6. Ciertamente el Decreto 1158 de 1994 es el que determinó los factores salariales
con fundamento en los que debía computarse el IBL. En el caso concreto se
evidenció que el actor «devengó durante los últimos 10 años además de la asignación
básica mensual, también la prima de riesgo, subsidio de alimentación, subsidio familiar,
auxilio de transporte, bonificación recreación, prima de vacaciones, prima de navidad, prima
de servicios y la bonificación por servicios prestados»; de tal manera que no eran
susceptibles de inclusión las primas de servicios y de vacaciones, alimentación,
transporte y prima de navidad solicitados en la demanda.
8.7. Así las cosas, la Resolución GNR 204406 del 12 de julio de 2016 se ajustó al
ordenamiento jurídico, toda vez que incluyó los factores de asignación básica,
bonificación por servicios prestados y dominicales, los cuales sí se encuentran
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Demandante Alirio Santos Villamizar
estipulados en la ley.
8.8. En suma «al no tener la Ley 32 de 1986 (aplicada para el reconocimiento de la pensión)
contemplado la forma de obtener el ingreso base liquidación, ni los factores que se deben
incluir en el reconocimiento pensional, nos debemos remitir al régimen general. Además,
que, en aplicación a los parámetros dispuestos en la sentencia del 28 de agosto de 2018,
los factores se aplican de manera taxativa y sobre los cuales se realizó cotización al
sistema».
8.9. 1.4. El recurso de apelación
9. Alirio Santos Villamizar solicitó se revocara la sentencia de primera instancia, para
lo cual manifestó lo siguiente9:
9.1. El demandante ingresó al Inpec como dragoneante el 6 de abril de 1990, esto
es 3 años y 21 días antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 del 2003,
razón por la cual tenía derecho a la reliquidación de la pensión de vejez, de acuerdo
con el régimen de alto riesgo, en cuantía del 75% del promedio mensual de todos
los factores devengados en el último año de servicio con la inclusión de los factores
salariales «establecidos de manera meramente enunciativa en el artículo 45 del decreto
1045 de 1978, y son ellos: a). la asignación básica mensual (sueldo y sobresueldo). b) la
bonificación por servicios prestados, c). la prima de navidad, d). la prima de vacaciones, e).
la prima de servicios, f). el auxilio de transporte, y g). el subsidio de alimentación, efectiva
a partir de la fecha de su retiro de la entidad armada estatal; es decir desde el 1° de agosto
del año 2018, ordenando aplicar los reajustes de ley del artículo 14 de la ley 100 de 1993,
artículos 48 y 53 constitucionales, sentencia SU-1073 de 2012».
9.2. Lo anterior en tanto era beneficiario del régimen especial de pensiones del Inpec
establecido en el parágrafo transitorio 5 del Acto legislativo 01 de 2005, el cual
remitió al Decreto 2090 de 2003 y nada tiene que ver con la Ley 33 de 1985, de
acuerdo con la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional10, en virtud de lo dispuesto en los artículos 48 y 58 Superiores, así
como los principios de supremacía constitucional y favorabilidad.
9 Índice 15 de Samai del tribunal
10 Al respecto citó: de la Corte Constitucional, las sentencias C-651 de 2015, C-143 de 2018 y T-012
de 2022; y del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo del 19 de enero de 2023
con radicado 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021), del 2 de febrero de 2023 con radicado
23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018), del 16 de febrero de 2023 con radicado 68001 23 33
000 2018 00726 01 (6382-2019); del 21 de mayo de 2020 con radicado 200012339000-2015-00434-
01(4589-18); y del 27 de julio de 2017 con radicado 11001-03-15-000-2017-01476-00.
De la Sala de Consulta y Servicio Civil: del 8 de junio de 2016 con radicado 11001-03-06-000-2016-
00048-00, del 23 de mayo de 2018 con radicado 11001030600020180005000, del 5 de septiembre
de 2018 con radicado 11001030600020180011500, del 9 de julio de 2019, con radicado 11001 03
06 000 2019 00043 00, y del 3 de abril de 2020, con radicado 11001 03 06 000 2019 00210 00
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Demandante Alirio Santos Villamizar
9.3. De acuerdo con la jurisprudencia en cita, en atención a que la normatividad que
reguló al Inpec no especificó la forma en que debía liquidarse la pensión, «para
quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe liquidar
con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios », máxime
cuando la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 1994 no estaban
vigentes a la fecha de expedición de la citada ley 32.
9.4. Con la Circular 27 de 201311, el empleador «ordenó el descuento retroactivo con
cargo al salario del demandante de los factores salariales sobre los cuales se pretende ante
el despacho su reliquidación», de tal manera que fueron «debida y legalmente
descontados y cotizados», por ende no se constituyen en una dádiva o al similar.
9.5. De manera subsidiaria, en caso «de no concederse la reliquidación pretendida para
que le fije el IBL de la pensión de jubilación de alto riesgo», se ordene «acorde con los
factores salariales establecidos en el Decreto 446 de 1994», de acuerdo con la sentencia
proferida por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de enero de 202312.
9.6. Que el artículo 140 de la Ley 100 en cita sería suficiente razón jurídica para
excluir la exigencia del régimen de transición del artículo 36 ibidem, a los
destinatarios de la pensión especial de jubilación establecida en el artículo 96 de la
Ley 32 de 1986, según lo expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia
proferida el 5 de septiembre de 201813
9.7. En primera instancia se denegó el derecho a la correcta liquidación de la
prestación periódica del demandante, por lo que además de desconocer el régimen
especial del Inpec que «sí contempló la forma de establecer el IBL de la prestación
pensional, de no aplicar la normatividad de orden constitucional que lo regula», también
desconoció el precedente judicial señalado en precedencia sobre su
«inaplicabilidad», para acogerse al general conforme con lo expuesto en la sentencia
del 28 de agosto de 2018.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9.8. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14.
11 Allegada con el recurso de apelación, páginas 67 a 70
12 Dentro del proceso con radicado 20001 23 33 000 2018 00321 01 (3752-2021)
13 Dentro del proceso con radicado 11001030600020180011500
14 Según lo dispuesto en el auto proferido el 17 de mayo de4 2024, mediante el cual fue admitido el
recurso de apelación, visible en el índice 4 de Samai
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Demandante Alirio Santos Villamizar
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio15.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscriben a
establecer lo siguiente:
12. ¿Si Alirio Santos Villamizar tiene derecho a la reliquidación de la pensión de
vejez con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año de
servicio?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
11. La Ley 32 de 198617 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96 estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:
«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio
15 Notificación a índice 7 de Samai
16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
17 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».
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Demandante Alirio Santos Villamizar
de la Guardia Nacional sin tener en cuenta su edad».
12. Luego, fue expedida Ley 65 de 199318, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de seguridad
del INPEC, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas disposiciones
no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese momento ya
prestaban sus servicios al instituto.
13. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199419, norma que en su artículo 168 dispuso:
«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá
en cuenta para estos efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el
Gobierno Nacional.
Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho
a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en
desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993».
14. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria del INPEC que, para el 21 de febrero de 1994 -fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994-, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
15. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo
que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:
«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
18 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».
19 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario».
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conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta
una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o
ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo
para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos
adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización
a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».
16. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del INPEC como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que será el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.
17. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y
los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».
18. Alrespecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»20.
19. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 221, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado
20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema
[…]»
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Demandante Alirio Santos Villamizar
expidió el Decreto 2090 de 200322, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el INPEC de
la siguiente manera:
«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
[…]
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión
carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal
que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios,
con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública».
20. En los artículos 3 y 4 ídem se establecieron las condiciones y requisitos para ser
beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:
«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen
en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior,
durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial
durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán
derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos
en el artículo siguiente.
Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial
de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por
cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en
el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta
(50) años».
21. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:
«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
22 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».
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especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos
por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1823 de la Ley 797
de 2003».
22. Sobre esta norma, corresponde realizar las siguientes precisiones:
23. i) El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de
agosto de 200724, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier
actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
24. ii)El Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que
quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas
exigidas en la Ley 797 de 200325, la pensión de jubilación les sea reconocida en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
25. Al respecto, si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición
de un régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha
señalado que la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la
aplicación preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el
particular esta Subsección señaló:
«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización
especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta
23 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
24 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015».
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desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial
de las 500 semanas […].
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que
se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una
situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se
encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las
condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo
no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.
Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas
legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el
de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas
y los cambios legislativos a través de un régimen de transición»26.
26. iii) En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la interpretación que
ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la norma, este requisito
equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición
necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no como un requisito
para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado27:
«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de
transición especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son
beneficiarios del régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200328, hubieren cotizado cuando
menos 500 semanas en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente
como de alto riesgo; ii) estas personas deben cumplir con “el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un
mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley
797 de 2003. Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado
20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
28 Publicación en el Diario Oficial 45.262
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como requisito necesario para ser beneficiario de la transición y no como un
requisito para acceder al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número
mínimo de mil semanas de cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos
es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º». (Resalta la Sala).
27. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al
servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:
«en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea
amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto
2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una
misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que
resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse
de disposiciones pensionales». [Se resalta]
28. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha fecha
se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el
Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».
29. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció lo siguiente:
«Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
[…]
Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de
este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el
mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el
régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
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riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. [Se resalta]
30. De acuerdo con lo anterior, bastaba con acreditar que la vinculación del servidor
del Inpec hubiese ocurrido con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.
31. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012 de
2022, sostuvo lo siguiente:
«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios
de supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo
53 Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo
01 de 2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de
1986 a los funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de
200329».
32. En consecuencia, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003, tienen
derecho a que la pensión de jubilación les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
2.3. Caso en concreto
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente30:
33.1. Alirio Santos Villamizar nació el 12 de noviembre de 197031 y laboró en el
INPEC así32:
Período Tiempo laborado Cargo
06-04-1990 23-07-1995 5 años, 3 meses y 17 días dragoneante
24-07-1995 30-06-2001 5 años, 11 meses y 6 días inspector
01-07-2001 31-12-2014 13 años, 5 meses y 30 días inspector jefe
33.2. Los aportes a pensiones realizados durante la vinculación legal y reglamentaria
29 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11
se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación […]” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial 45.262 del 28 de julio de 2003».
30 Índice 48 de Samai del tribunal, archivo «00.ExpedienteDigital.pdf»
31 De acuerdo con la cédula de ciudadanía visible en la página 5
32
Según el certificado de información laboral proferido el 9 de marzo de 2017 por el subdirector
operativo del INPEC, visible en la página 6
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fueron los siguientes33:
Entidad prestacional Desde Hasta
Cajanal 06-04-1990 31-12-1999
Colfondos 01-01-2000 29-02-2000
I.S.S. 01-03-2000 30-09-2012
Colpensiones 01-10-2012 31-12-2014
33.3. Se tiene constancia según este certificado que durante el último año de servicio
[1 al 31 de diciembre de 2014] devengó asignación básica, prima de riesgo, subsidio
de alimentación34, subsidio familiar, auxilio de transporte35, la bonificación especial
de recreación36, prima de navidad, prima de servicios y prima de seguridad, el
sobresueldo, la prima de riesgo, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte,
el subsidio familiar, bonificación por servicios, prima de navidad, bonificación
especial de recreación, prima de vacaciones.
33.4. A través de Resolución 44134 del 25 de noviembre de 2011, el asesor II de la
Vicepresidencia de Pensiones del ISS le reconoció pensión de jubilación en virtud
de la Ley 32 de 1986, el Decreto 407 de 1994 y el parágrafo 5° transitorio del Acto
Legislativo 1 de 2005. En efecto indicó que «como la ley 32 de 1986 señala los requisitos
para acceder a la pensión de vejez, pero no la forma como se debe liquidar, se acude a la
norma general que para el caso en mención es la Ley 33 de 1985 en lo referente al
porcentaje del 75%. Para el periodo a liquidar y los factores base de cotización serán los
consagrados en la Ley 100 de 1993 y Decreto Reglamentario 1158 de 1994». Así ordenó
el pago de una mesada pensional de $812.124 para el 2011, pero con efectos fiscales
desde la acreditación del retiro definitivo del servicio. Valga señalar que no se
evidenció en este acto el número de semanas cotizadas, toda vez que se allegó en
forma incompleta al proceso [solo se allegaron las páginas 1, 2 y 5].
33.5. Circular 27 del 12 de junio de 201337 suscrita por el director del INPEC en virtud
de la expedición del Decreto 2090 de 2003 dispuso que respecto de aquellos que
ingresaron con anterioridad a su entra en vigor [28 de julio de 2003], por encontrarse
cobijados por el régimen de transición, «los descuentos y aportes pensionales deberán
efectuarse sobre los factores salariales previstos en el Art. 45 del Decreto 1045 de 1978,
como son:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
33 Ibidem
34 En enero, febrero, abril, mayo y junio
35 En enero, febrero, abril, mayo y junio
36 En marzo, julio y noviembre
37 Página 29
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c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores
al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968».
33.6. En relación con aquellos que ingresaran con posterioridad al 28 de julio de
2003, «los aportes se debían continuar efectuando conforme a los factores salariales
previstos en el Decreto 1158 de 1994».
33.7. Con Resolución 3759 del 15 de octubre de 201438, expedida por el director
general del INPEC, se le aceptó la renuncia a partir del 31 de diciembre de 2014 al
cargo que desempeñaba como inspector jefe, código 4152, grado 14.
33.8. El 3 de noviembre de 2015 solicitó la reliquidación de la pensión de vejez, en
el sentido de «que se reliquide la prestación con base en el promedio de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio». Esta petición se denegó con la
Resolución GNR 92889 del 1º de abril de 2016 [uno de los actos acusados]39
expedida por el gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones, bajo los
siguientes argumentos:
• acreditó 8.875 días equivalente a 1.267 semanas de cotización;
• en virtud del parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, era
destinatario del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 que previó el reconocimiento
de la pensión de jubilación de los miembros del Inpec al cumplir 20 años de
servicio, sin tener en cuenta la edad;
• frente a la liquidación, era necesario tener en cuenta la Circular Interna 16 de
2015 que, en cumplimiento de la sentencia SU-230 de 2015 señaló que el
IBL no era un aspecto sometido al régimen de transición, pues solo
garantizaba edad, tiempo de servicios y monto de la pensión; y los únicos
factores que debían tenerse en cuenta eran los previstos en el Decreto 1158
de 1994, siempre y cuando se efectuaran los aportes al Sistema General de
38 Páginas 55 a 58
39
Páginas 30 a 35
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Pensiones. Con fundamento en ello, indicó que no era posible realizar la
reliquidación con el último año y todos los factores como lo había solicitado
el peticionario y aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
• Alirio Santos Villamizar cumplió con los requisitos «para los siguientes tipos de
pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna “Aceptada
Sistema”:
Nombre Fecha Fecha IBL Porcentaje Valor Valor Aceptada
status recono. IBL pensión pensión sistema
mensual mensual
a 2015 a 2016
Pensión 05/05/10 01/01/15 1.405.074 75.00% 1.053.806 1,166,329 SI
especial
INPEC –
Ley
32/86 –
Dec.
407/94
Que una vez realizado el estudio de la solicitud de reliquidación se establece que
no se generaron valores a favor del pensionado en tanto el valor arrojado de
$1.166.329, es inferior a la pensión actualmente devengada por valor de
$1.350.545. Así las cosas, teniendo en cuenta que no existen motivos de hecho o
derecho que permitan incrementar la mesada pensional, se niega la solicitud de
reliquidación y se conserva la mesada actualmente devengada en aplicación del
principio de favorabilidad.
[…]
Son disposiciones aplicables: Ley 32 de 1986, Ley 100 de 1993, Decreto 2090 de
2003, Acto Legislativo 01 de 2005 y C.P.A. y de lo C.A.»
33.9. La anterior resolución fue objeto de los recursos de reposición y, en subsidio,
el de apelación40 con fundamento en la «aplicación integral del régimen de alto riesgo
de la Ley 32 de 1986», de manera que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de
2015 no eran aplicables a su situación jurídica, por lo que conforme con el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978, la prestación debía reliquidarse con base en el 75%
del promedio mensual de todas las asignaciones y prestaciones devengadas en el
último año de servicios.
33.10. Con Resolución GNR 204406 del 12 de julio de 201641, el gerente nacional de
reconocimiento de Colpensiones se reiteró en la aplicación de la Circular 16 de 2015
con base en lo expuesto en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y
procedió a la liquidación de la prestación, así:
40
Páginas 36 a 42
41
Páginas 43 a 54
18
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«[…]
IBL: 1.701.372 x 75.00 = $1.276.029
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS
M/CTE.
Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el peticionario
cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión:
Nombre Fecha Fecha IBL MEJOR Porcentaje Valor Valor Aceptada
status recono. IBL IBL pensión pensión sistema
mensual actual
Pensión 05/04/10 01/01/15 1.701.372 1 75.00% 1.276.029 1.412.281 SI
especial
INPEC
– Ley
32/86
– Dec.
407/94
33.11. En consecuencia ordenó la modificación del anterior acto [Resolución GNR
92889 del 1º de abril de 2016] así:
«[…]
Artículo Segundo: Reliquidar una pensión de vejez a favor del señor Santos
Villamizar Alirio […] de una pensión mensual vitalicia de vejez, en los siguientes
términos y cuantías:
Valor mesada a 1 de enero de 2015 = $1.276.029
2015 1.322.732
2016 1.412.281
LIQUIDACIÓN RETROACTIVO
CONCEPTO VALOR
Mesadas 1.064.268
Mesadas adicionales 177.378
F. Solidaridad mesadas 0.00
F. Solidaridad mesadas Adic. 0.00
Incrementos 0.00
Indexación 0.00
Intereses de mroa 0.00
Descuentos en Salud 127.716
Valor a pagar 1.113.930
[…]»
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
34. Para resolver el problema jurídico planteado y en consideración de los
elementos de convicción enunciados con anterioridad, es necesario señalar que
Alirio Santos Villamizar nació el 12 de noviembre de 1970 y laboró en el INPEC
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Demandante Alirio Santos Villamizar
desde el 6 de abril de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir ingresó con
anterioridad a la fecha en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003 [el 28 de julio
de 2003], y acreditó más de 20 años de servicios en esa entidad.
35. Ahora bien, como se observó, en cumplimiento del artículo 140 de la Ley 100 de
1993, que autorizó al gobierno nacional para la expedición del régimen de los
servidores públicos que laboraran en actividades de alto riesgo, se expidió el
Decreto 2090 de 2003, que en su artículo 6 estableció un régimen de transición para
obtener el derecho pensional bajo la norma anterior, que para el caso analizado es
la Ley 32 de 1986.
36. Así, entonces, para obtener el derecho pensional bajo lo previsto en Ley 32 de
1986, en virtud del régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003,
se debía acreditar a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, esto es, el 28
de julio de 2003, cuando menos 500 semanas de cotización especial y cumplir en
adición los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo
1842 de la Ley 797 de 2003.
37. En el sub judice, se observó que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090 [28 de julio de 2003], Alirio Santos Villamizar cumplió con el requisito de 500
semanas de cotización [680]. Sin embargo, en relación con el cumplimiento de los
requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal y como se expuso en líneas
anteriores, esta corporación ha establecido que exigirlo resulta desproporcionado y
más gravoso cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la
norma anterior, por cuanto conlleva una situación más desventajosa en virtud del
tránsito legislativo y porque ya se benefician de otro régimen de transición
concurrente, razón por la que en el asunto no interesa que el actor para la fecha en
que entró en vigencia el Sistema de Seguridad Integral de que trata la Ley 100 de
1993, esto es el 1° de abril de 1994, no acreditara 40 años de edad o 15 de servicios.
Además, dicha exigencia desapareció con la expedición del Acto Legislativo 01 de
2005, como se expuso en la apelación.
38. Así, entonces, es innecesario realizar un análisis en relación con los requisitos
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que basta con que al 28 de julio de
2003 el demandado hubiera ingresado al INPEC para que el reconocimiento de la
pensión de jubilación se hiciera según lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, es decir,
al cumplir 20 años de servicio, continuos o discontinuos, al servicio de la Guardia
Nacional, sin tener en cuenta su edad.
39. Lo anterior, por cuanto el actor inició labores en el INPEC desde el 6 de abril de
42 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03.
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Demandante Alirio Santos Villamizar
1990, esto es antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 [28 de julio
de 2003], con lo que se concluye que cumplía con los supuestos de la norma para,
en virtud del régimen de transición del mencionado decreto, obtener el derecho
pensional bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986 al cumplimiento de los 20
años de servicios, circunstancia que ocurrió el 6 de abril de 2010.
40. Así las cosas, el reconocimiento del derecho pensional del actor debía hacerse
en las condiciones establecidas en las normas anteriores al Decreto 2090 de 2003,
que regulaban las actividades de alto riesgo, vale decir, en los términos establecidos
en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por ser beneficiario del parágrafo transitorio
5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, tal como se indicó en la Resolución
44134 del 25 de noviembre de 2011.
41. En este estado, para la Sala es importante recordar que lo dispuesto en el
parágrafo transitorio 5 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, no desconoció lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por lo que el régimen de
transición establecido en este decreto seguirá produciendo efectos para la
aplicación de la Ley 32 de 1986 para el reconocimiento pensional, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.
42. Ahora, debido al ingreso del demandante antes de la vigencia del Decreto 2090
de 2003, tenía derecho al reconocimiento de la pensión por cumplir con el tiempo
de servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Ciertamente esta
disposición nada estableció en relación con la forma de liquidar la misma, por lo que
se debe tener en cuenta que en el artículo 114 ibidem se determinó que en los
aspectos no previstos en la ley, se aplican las normas vigentes para los empleados
públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994.
43. Valga la pena precisar que en el presente caso no era objeto de debate el
régimen aplicable al demandante, esto es la Ley 32 de 1986, tal como se indicó en
la Resolución GNR 92889 del 1º de abril de 2016 expuso en primera instancia y sí
se controvirtió el período y los factores del ingreso base de liquidación.
44. Al respecto, tal como lo ha señalado esta Corporación de manera reciente 43, de
acuerdo con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los empleados del INPEC gozan
de un régimen pensional especial por actividades de alto riesgo, que en el presente
caso corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. De la Subsección
A, sentencia proferida el 25 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-2019-00464-01 (2795-2022); y
de la Subsección B, fallo del 30 de octubre de 2024, rad. (7181-2023)
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Demandante Alirio Santos Villamizar
Decreto 407 de 1994.
45. Contrario a lo señalado por el a quo, en la sentencia del 28 de agosto de 2018,
el Consejo de Estado se pronunció respecto de la forma de establecer el IBL cuando
se trate de eventos en los que la persona se encuentre en el régimen de transición.
Sin embargo, se advierte que en el caso concreto las reglas fijadas en este no
resultan extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, pues se
trata de empleados exceptuados de la aplicación de la Ley 33 de 1985 [artículo 1]44.
46. En efecto, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de la Ley
32 de 1986, reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, en los aspectos
no previstos allí, debe acudirse a lo regulado en las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales. De esta manera, el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966
señala que «las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los
trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando
como base el setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último
año de servicios»45.
47. Con respecto a los factores salariales, tal como se indicó antes, deben incluirse
los previstos en el Decreto 446 de 1994, a saber: las primas de navidad [artículo 2],
de vacaciones [artículo 3] y de servicios [artículo 4], los subsidios de transporte
[artículo 13] y de alimentación [artículo 14], y la bonificación por servicios prestados
[artículo 18]46. Por el contrario, no constituyen factor salarial la prima de riesgo
[artículo 11] y el subsidio familiar [artículo 15].
48. Frente a la bonificación por recreación y prima de seguridad, estos no constituyen
factores salariales en atención a que así se estableció en forma taxativa47.
49. En suma, el demandante tiene derecho a que su pensión se liquide, respecto a
los factores salariales, con la inclusión de la asignación básica; las primas de
navidad, de vacaciones y de servicios, respecto de las cuales «se realizaron los
descuentos de pensión (trabajador y empleador) de acuerdo a los porcentajes establecidos
44
«Artículo 1º.- . No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. […]»
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia proferidas el 22 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicado 88001 23 33 000
2014 00006 01(4678-14); criterio reiterado en providencias del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y del
22 de junio de 2023 (3466-2021).
46
ibidem
47
La bonificación por recreación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 40
de 1998 y 15 del Decreto 2710 de 2001; la prima de seguridad de acuerdo con el artículo 24 del
Decreto 1029 del 21 de mayo de 2013;
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por la ley para la correspondiente vigencia fiscal»48; sin tener en cuenta la prima de
riesgo, el subsidio familiar, la bonificación por recreación y la prima seguridad, de
acuerdo con lo expuesto en precedencia.
50. Por último, resulta oportuno precisar que si bien el derecho pensional es de
carácter imprescriptible, en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas se
configuró la prescripción extintiva, comoquiera que entre la adquisición del estatus
pensional del demandante [7 de abril de 2010] y la petición de reconocimiento
pensional [3 de noviembre de 2015] trascurrieron más de 3 años, según el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968, por ende el pago de las correspondientes mesadas
procede a partir del 3 de noviembre de 2012.
51. Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en tanto
negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad de las
resoluciones GNR 92889 del 1 de abril de 2016 y GNR 204406 del 12 de julio de
2016, así como del acto ficto frente a la apelación interpuesta contra la decisión, por
las cuales se denegó la petición elevada el 3 de noviembre de 2015, y a título de
restablecimiento del derecho se ordenará la reliquidación de la pensión de jubilación
con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio,
con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 446 de 1994 en los términos
expuestos en esta decisión, a partir del 3 de noviembre de 2012 por prescripción.
2.4. Costas
52. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
53. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
54. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
48
De acuerdo con la certificación expedida el 8 de mayo de 2017 por el coordinador del Grupo de
Tesorería General, visible en la página 236
23
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01303-01 (2240-2024)
Demandante Alirio Santos Villamizar
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma49.
55. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
56. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
4. Conclusión
57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que era procedente la
reliquidación del IBL de la pensión de vejez a favor de Alirio Santos Villamizar con
base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio, con la
inclusión de los factores previstos en el Decreto 446 de 1994 en los términos
expuestos en esta decisión, a partir del 3 de noviembre de 2012 por prescripción.
58. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 2 de febrero de 2023
por el Tribunal Administrativo de Santander en tanto negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, declarará la nulidad de las resoluciones GNR 92889 del 1
de abril de 2016 y GNR 204406 del 12 de julio de 2016, así como del acto ficto frente
a la apelación interpuesta contra la decisión, por las cuales se denegó la petición
elevada el 3 de noviembre de 2015, y a título de restablecimiento del derecho se
ordenará la reliquidación de la pensión de jubilación con base en con el 75% de los
factores previstos en el Decreto 446 de 1994 durante el último año de servicio, en
los términos expuestos en esta decisión, a partir del 3 de noviembre de 2012 por
prescripción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
49En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01303-01 (2240-2024)
Demandante Alirio Santos Villamizar
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 2 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander que denegó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones GNR 92889 del 1 de abril de 2016
y GNR 204406 del 12 de julio de 2016, así como del acto ficto frente a la apelación
interpuesta contra la decisión, por las cuales se denegó la reliquidación de la
pensión de jubilación.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones a
la reliquidación de la pensión de jubilación con base en con el 75% de los factores
previstos en el Decreto 446 de 1994 durante el último año de servicio, partir del 3
de noviembre de 2012 por prescripción.
Cuarto. Declara probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad 3 de noviembre de 2012.
Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
Séptimo. No condenar en costas en esta instancia.
Octavo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Noveno. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Demandante Alirio Santos Villamizar
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG
26
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