Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04249-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04249-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04249-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04249-01
Demandante: Ferney Cardozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / / Reliquidación pensional por actividad de alto riesgo de
ex funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario1 /
Violación directa de la Constitución Política, defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Revocar la decisión del a quo y acceder el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Ferney Cardozo, en contra de la
sentencia proferida el 28 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
1. Ferney Cardozo promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de mayo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-35-021-2024-00029-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social3, con la finalidad de
1 En adelante INPEC.
2 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
3 En adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04249-01
Demandante: Ferney Cardozo
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento y pago de la reliquidación pensional con el 75% de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios y sobre los cuales cotizó, estos
son, los contenidos en los decretos 1045 de 1978 y/o 446 de 1994.
2.2. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en
sentencia del 23 de septiembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones al
establecer que, aunque existía el derecho a una liquidación pensional con el 75% del
promedio mensual devengado en el último año de servicios, no se incluirían las
primas de riesgo y de capacitación, la bonificación por recreación, el sobresueldo, el
subsidio de unidad familiar ni las vacaciones por no constituir factores salariales. En
contra de esta decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia del 27 de mayo de 2025 revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda al concluir que aunque existía derecho a la
pensión conforme al régimen previsto en la Ley 32 de 1986, solo podían computarse
los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994, los cuales debían
corresponder al período final de los últimos 10 años de servicio, conforme al ingreso
base de liquidación4 establecido en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado5 según el
cual los funcionarios del INPEC que ingresaron antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003) podían acceder a la pensión de jubilación
conforme a la Ley 32 de 1986, esto es, a que se les liquidara con el 75 % del promedio
mensual del último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales
devengados en ese período. Según el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los dichos
empleados estaban cobijados por un régimen pensional especial por actividades de
alto riesgo, regulado en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407
de 1994.
2.5. También se incurrió en indebida aplicación de la sentencia SU-395 de 2017,
porque los supuestos de hecho y derecho allí resueltos diferían sustancialmente de
los suyos. En esa providencia, el funcionario en cuestión se retiró en diciembre de
1995, cuando los aportes pensionales solo se realizaban sobre tres factores
salariales. En cambio, su desvinculación se dio en 2020, cuando ya se efectuaban
descuentos sobre nueve factores salariales, sin contar con que no le aplicaba el
régimen de transición que allí se abordó.
2.6. En defecto sustantivo por cuanto estableció que su pensión debía liquidarse
con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994. Lo cual, a su vez, generó una
violación directa del artículo 48 de la Constitución Política, que limitó la liquidación de
4 En adelante IBL.
5 Al respecto citó: i) T-012 de 2022; ii) sentencia del 30 de octubre de 2024, radicado 08001-23-33-
000-2021-00064-01 (7181-2023); demandante Elvis Enrique Cortés Martínez; Demandado:
Colpensiones, CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez,
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Demandante: Ferney Cardozo
pensiones a los factores sobre los que se hayan realizado cotizaciones. En su caso,
se omitió reconocer ingresos sobre los que aportó durante toda su vida laboral, con
lo cual también desconoció los principios de favorabilidad laboral, protector o
protectorio y pro homine.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 16.1. Se Ordene revocar la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
16.2. Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca expedir una sentencia de
reemplazo en los términos de la proferida por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de
Bogotá, incluyendo además de los factores salariales reconocidos en ella (asignación
básica mensual, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
vacaciones, subsidio de alimentación, subsidio de transporte y prima de navidad) los
factores de sobresueldo y las vacaciones, sobre los cuales también hizo aportes para
pensión mi poderdante, no solo en el último año sino durante toda su vida laboral. O en
otros términos, se ordene que el ad quem realice una sentencia de reemplazo conforme
los siguientes parámetros: con todos los factores salariales sobre los que hizo aportes el
demandante durante el último año de servicio […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F6 y el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá7 si bien allegaron copia del expediente digital, guardaron silencio frente a la
petición de amparo.
5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social8 solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva ante la ausencia de vulneración de
los derechos fundamentales alegados y por su falta de competencia para resolver la
petición objeto de tutela.
1.3 . Sentencia de primera instancia9
6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia 28 de julio
de 2025 declaró improcedente el amparo por no acreditarse el requisito general de
relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, y lo negó respecto del
desconocimiento del precedente judicial.
6 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado
«10RECIBEPRUEBAS_Memorial_11001333502120240002(.zip) NroActua 8».
7 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «18Sentencia_NiegaeIm_520250424900Reliquid(.pdf)
NroActua 13».
8 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RTAAVOCOferneycar(.pdf) NroActua 10».
9 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «23Sentencia_2FLM20250287600ADRIA(.pdf)
NroActua 16».
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Demandante: Ferney Cardozo
6.1. Lo anterior, al considerar que si bien el demandante sostuvo que la autoridad
judicial demandada interpretó erradamente las normas aplicables al determinar el IBL
de su pensión, lo cierto es que dichos argumentos se encaminaron a reabrir una
discusión que ya fue debatida, analizada y resuelta en el trámite del recurso de
apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia.
6.2. Pese a los pronunciamientos traídos que ratificaban el decir del demandante,
lo cierto es que no existía actualmente una postura unificada de la Sección Segunda
de la corporación sobre la materia, por lo que no podía predicarse el desconocimiento
de una regla jurisprudencial obligatoria. Razón por la cual, le correspondía al juez, en
ejercicio de su autonomía, acoger la posición que considerara más adecuada para
resolver el caso concreto.
1.4. El escrito de impugnación10
7. Ferney Cardozo impugnó la sentencia de primera instancia con similares
argumentos a los expuestos en el escrito inicial.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo
siguiente:
10 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado «20_MemorialWeb_Recurso-
FERNEYCARDOZOIMPUG(.pdf) NroActua 17».
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, CP María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Ferney Cardozo
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
13. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
16. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F vulneró
los derechos fundamentales de Ferney Cardozo con ocasión de la sentencia del 27
de mayo de 2025, mediante la cual, en segunda instancia, negó las pretensiones de
reliquidación pensional especial por actividad de alto riesgo, con la que incurrió, al
parecer, en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
17. En relación con el requisito de la relevancia constitucional frente al defecto
sustantivo, contrario a lo señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que
puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
18. Así, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
19. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
20. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
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modificarlo.
21. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
22. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Defecto sustantivo o material
23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto19. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta20, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
24. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
19 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
20 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
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Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales21.
2.4.4. Violación directa de la Constitución Política
26. Se recuerda que fue delimitada, en un principio, como un defecto sustantivo,
el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
27. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces
de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», en cualquier de las
siguientes dos hipótesis:
28. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a)
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
29. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4.° constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.4.5. Sobre el caso concreto
30. Ferney Cardozo acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales, y en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual, en segunda instancia, se le negó
la pretensión de reliquidación pensional con fundamento en que, pese a su derecho
a la pensión conforme al régimen establecido en la Ley 32 de 1986, únicamente
podían considerarse como factores salariales los listados en el Decreto 1158 de 1994
y el sobresueldo correspondientes a los últimos 10 años de servicio, de acuerdo con
el IBL contenido en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993.
30.1. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado según el
cual los ex funcionarios del INPEC tenían derecho a que se les liquidara la pensión
especial de vejez con el 75 % del promedio mensual del último año de servicio, con
inclusión de los factores salariales devengados en ese período. Máxime, cuando la
sentencia SU-395 de 2017 que sirvió de fundamento no era aplicable a su caso.
21 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
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30.2. En defecto sustantivo por cuanto estableció que su pensión debía liquidarse
con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, pese a haber realizado aportes
frente a aquellos enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y del Decreto
446 de 1994. Lo cual, a su vez, generó una violación directa del artículo 48 de la
Constitución Política que limitó la liquidación de las pensiones a los factores sobre
los que se hubiera realizado cotizaciones.
31. Para la Sala es importante precisar que los mencionados defectos van a ser
estudiados en conjunto, comoquiera que todos se dirigieron a cuestionar el análisis
de la autoridad judicial demandada al aplicar el Decreto 1158 de 1994 y tomar como
base el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, sin incluir todos los factores
salariales percibidos por el demandante en el último año de servicios, quien se vinculó
antes del 28 de julio de 2003.
32. Ahora bien, en razón a la controversia a decidir, para la Sala es importante
mencionar lo contenido en el parágrafo transitorio 5.° del artículo 48 de la Constitución
Política, así:
[…] De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros
del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por
razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. […]
33. Para mayor claridad de asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
cuanto a los factores a incluir en la reliquidación pensional del demandante, así:
«[…] En primer lugar, debe destacarse que en el presente caso no se discute el derecho
que tiene el demandante a la aplicación del régimen especial contemplado en la Ley 32
de 1986 para obtener el reconocimiento pensional, sino la posibilidad de incluir en la
liquidación de dicha prestación la totalidad de factores salariales devengados el último año
de servicio.
En el acervo probatorio expuesto en precedencia se encuentra demostrado que el señor
Ferney Cardozo al momento de entrar en vigencia el Decreto 2090 de 2003 (28 de julio
de 2003), se encontraba prestando sus servicios al INPEC desde 1987 por lo que, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1950 de 2005 y el acto legislativo del mismo año,
es beneficiario del régimen especial de pensiones previsto en la Ley 32 de 1986.
También está demostrado que el 16 de noviembre de 2007 cumplió 20 años de servicio,
de tal suerte que adquirió su status pensional, pues el régimen especial del INPEC no
exige el cumplimiento de algún requisito de edad.
La entidad demandada a través de la Resolución No. RDP 020347 del 14 de agosto de
2023 reliquidó la pensión del demandante bajo las previsiones de la Ley 32 de 1986
aplicando un 75% con el IBL conformado por el promedio de los salarios devengados entre
el 1° de enero de 2011 y el 30 de diciembre de 2020 al considerar que en su caso debe
aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y solamente es posible tener en cuenta los
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Demandante: Ferney Cardozo
factores salariales de que trata el Decreto 1158 de 1994, sobre los que haya realizado
aportes, y el sobresueldo previsto en el Decreto 446 de 1994.
En ese contexto resulta claro que la entidad demandada para el reconocimiento pensional
del accionante tuvo en cuenta el régimen contemplado en la Ley 32 de 1985, aspecto que
valga la pena resaltar, no se encuentra en discusión en el presente caso.
• Factores salariales a incluir en la pensión de jubilación del demandante.
Los factores salariales que deben ser incluidos en la liquidación de la pensión, deben ser
únicamente los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, y demás normas que lo
modifiquen o adicionen, causados en los últimos 10 años de servicio.
Los factores salariales, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994, son los siguientes:
ARTÍCULO 1º. EL ARTÍCULO 6º DEL DECRETO 691 DE 1994, QUEDARÁ ASÍ: "BASE
DE COTIZACIÓN". El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará
constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario.
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados. (Negrilla de la Sala)
Ahora bien, el artículo 17 del Decreto 446 de 1994, dispone:
ARTÍCULO 17. SOBRESUELDO. Los Directores, Subdirectores y los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, deberán laborar y
estar disponibles durante todo el tiempo que lo requieran las necesidades propias del
servicio. Como contra prestación tendrán una asignación mensual fija denominada sobre
sueldo que constituye factor de salario y que se pagará de acuerdo con lo establecido en
los Decretos 1302 de 1978 y 447 de 1984, o en los que modifiquen o sustituyan:
Según las certificaciones que reposan en el expediente se observa que el demandante
devengó los factores de asignación básica mensual, bonificación por servicios
prestados, prima de capacitación, auxilio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificación por recreación, prima de navidad, prima de riesgo, prima de servicios,
prima de vacaciones, sobresueldo, subsidio de unidad familiar, vacaciones y prima
de vigilantes instructores.
A su vez está acreditado que cotizó sobre los factores de asignación básica, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones,
sobresueldo, auxilio de alimentación, auxilio de transporte y prima de navidad.
La UGPP mediante la Resolución No. RDP 020347 del 14 de agosto de 2023 para
determinar el IBL incluyó los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994 de
asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados y el sobresueldo.
Conforme a lo expuesto en la presente providencia, no son de recibo los argumentos del
demandante, quien considera que en la liquidación de su pensión se deben incluir todos
los factores devengados en el último año de servicio.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal como se ha venido explicando, si bien el
demandante tiene derecho a acceder a la pensión con aplicación de los requisitos de
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Demandante: Ferney Cardozo
edad, tiempo y monto del régimen pensional establecido en la Ley 32 de 1986, el “monto”
comprende únicamente la tasa de reemplazo y no el IBL, por lo que los factores que se
deben tener en cuenta son únicamente los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994,
causados en el año anterior al retiro del servicio y demás normas que lo modifiquen o
adicionen, causados en los últimos 10 años de servicio.
Así las cosas, tal como lo efectuó la entidad, el IBL de la pensión del demandante está
conformado por los factores de asignación básica, bonificación por servicios
prestados y sobresueldo.
En resumen, contrario a lo manifestado por el demandante no es posible tener en cuenta
como IBL la totalidad de elementos salariales devengados exclusivamente en el último
año de servicio público, por cuanto no se encuentran consagrados en el Decreto 1158 de
1994, ni han sido previstos como factores de cotización en pensiones por norma posterior.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, mediante la cual se
accedió a las pretensiones demanda presentada por el señor Ferney Cardozo y en su
lugar se negarán […]». (sic)
34. En este punto, en razón a la controversia a decidir y el desconocimiento del
precedente judicial alegado, se hace necesario hacer alusión a algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Segunda, sobre la materia, así:
34.1. En sentencia del 22 de octubre de 202022, refirió:
«[…] Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo de
servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en relación
con la forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo
114 ibidem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se aplican las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184
del Decreto 407 de 1994.
De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen general,
concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció:
«ARTÍCULO 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de invalidez
a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se
liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
mensual obtenido en el último año de servicios».
Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión de
jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 2018 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994, es
decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios
(art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13), subsidio
de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no constituyen factor
salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art. 6), la
prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes instructores
(art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).
De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se
estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que,
para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).
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Demandante: Ferney Cardozo
liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios
con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994. […]». (sic) [resaltado por la
Sala]
34.2. En sentencia del 2 de febrero de 202323, consideró:
«[…] En ese sentido, en lo que tiene que ver con el IBL de la pensión de jubilación del
actor, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32 de 1986,
reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, en los aspectos no previstos allí,
debe acudirse a lo regulado en las normas vigentes para los empleados públicos
nacionales. De esta manera, el artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966 señala que «las pensiones
de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades
de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por
ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
Así, al no estar en discusión que el demandante es beneficiario del régimen especial
aludido, su pensión de jubilación debía liquidarse tomando una tasa de reemplazo
del 75 % del promedio mensual obtenido en el último año de servicio, tal y como se
dispuso en el acto de reconocimiento pensional.
En efecto, a través de la Resolución GNR 320878 del 26 de noviembre de 2013,
Colpensiones consideró que la prestación del actor debía calcularse con el promedio de
todos los factores devengados en el último año de servicio; sin embargo, advirtió que la
liquidación se realizó «teniendo en cuenta el Ingreso Base de Liquidación, toda vez que
dentro del cuaderno administrativo no obra certificado de salarios para el último año de
servicio», esto es, tuvo en cuenta los conceptos de asignación básica y bonificación por
servicios prestados. Además, a través de los siguientes actos administrativos, denegó las
solicitudes de reliquidación con fundamento en que el IBL no forma parte de la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En esta línea argumentativa, la Sala coincide con la decisión del a quo en el entendido de
que la liquidación efectuada por la entidad demandada desconoce el régimen que le fue
aplicado al señor Jiménez Sampayo, porque si bien tuvo en cuenta el período para la
determinación de la prestación previsto en la Ley 4.ª de 1966, no incluyó todos los factores
salariales previstos en el Decreto 446 de 1994.
En consecuencia, contrario a lo señalado por Colpensiones en su escrito de
apelación, para la liquidación de la prestación no debía aplicarse los artículos 18,
19 y 21 de la Ley 100 de 1993, ni los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994,
pues, tal y como se expuso en el marco normativo de esta decisión, con fundamento
en el artículo 140 ibidem, las disposiciones contenidas en esa ley no se les destinan
a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y
del INPEC, razón por la cual tampoco debe acudirse al límite temporal que impuso
el parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 pues se dirige
a los beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
aludida Ley 100.
Precisado lo anterior, debe señalarse que los factores salariales previstos en el
Decreto 446 de 1994 son, las primas de navidad (artículo 2), de vacaciones (artículo
3), de servicios (artículo 4), los pasajes y gastos de transporte (artículo 7), los
subsidios de transporte (artículo 13), y de alimentación (artículo 14), y la
bonificación por servicios prestados (artículo 18) […]». (sic) [resaltado por la Sala]
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018).
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Demandante: Ferney Cardozo
34.3. En la sentencia del 30 de octubre de 202424, precisó:
«[…] Entonces, el IBL de la pensión de jubilación del demandante, por virtud de la remisión
normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32 de 1986, reiterada en el artículo 184 del
Decreto 407 de 1994, en los aspectos no previstos allí, debe acudirse a lo regulado en las
normas vigentes para los empleados públicos nacionales. De esta manera, el artículo 4
de la Ley 4.ª de 1966 señala que «las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan
derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y
pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual
obtenido en el último año de servicios».
Con respecto a los factores salariales, tal como se sostuvo líneas atrás, deben
incluirse los previstos en el Decreto 446 de 1994, esto es: las primas de navidad
(artículo 2), de vacaciones (artículo 3) y de servicios (artículo 4), los subsidios de
transporte (artículo 13) y de alimentación (artículo 14), y la bonificación por
servicios prestados (artículo 18). Por el contrario, no constituyen factor salarial los
siguientes: la prima de riesgo (artículo 11), y el subsidio familiar (artículo 15).
Frente a la bonificación por recreación, esta no constituye factor salarial de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 40 de 1998 y 15 del Decreto 2710 de
2001, y tal como se señaló en la sentencia del 4 de agosto de 2010 […]». (sic) [resaltado
por la Sala]
35. Como se evidencia, el Consejo de Estado, en su Sección Segunda, ha
mantenido una postura constante, pacífica y clara respecto a los factores que deben
incluirse en la reliquidación pensional de los miembros del INPEC, así como en la
determinación del IBL.
36. Aunque, como lo señaló la autoridad judicial demandada, en su momento
existió una disparidad de criterios tanto en el Consejo de Estado como frente a la
sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, lo cual fundamentó su decisión,
lo cierto es que, al menos desde el 2020, dicha situación se modificó, consolidándose
una postura pacífica por parte del máximo órgano de lo contencioso-administrativo.
37. Cabe señalar que esta postura ha sido ratificada en pronunciamientos
recientes25, los cuales, aunque no son vinculantes de cara a la fecha de la sentencia
enjuiciada, resultan relevantes porque enfatizan la correcta aplicación de la normativa
especial en materia pensional que debe regir al Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
38. En cuanto al defecto sustantivo alegado, la Sala aclara que este se relaciona
con el supuesto desconocimiento de normas que ya fueron analizadas en sede
contenciosa de forma pacífica por el Consejo de Estado, por lo que se abstendrá de
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 30 de octubre de 2024, radicado 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023).
25 Al respecto se citan pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: i)
sentencia del 26 de junio de 2025, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-23-
33-000-2017-01303-01. CP Juan Enrique Bedoya Escobar; ii) sentencia del 3 de julio de 2025,
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 250002342000-2019-01601-01. MP Jorge
Edison Portocarrero Banguera; iii) sentencia del 26 de junio de 2025, expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 68001-23-33-000-2020-00717-01. MP Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04249-01
Demandante: Ferney Cardozo
hacer un pronunciamiento al respecto, pues en las sentencias mencionadas
anteriormente se realizó un estudio detallado de la normatividad que el demandante
consideraba omitida.
39. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al inaplicar la línea jurisprudencial actual,
constante y pacífica del Consejo de Estado, Sección Segunda, sobre los factores que
deben incluirse en la reliquidación pensional de los miembros del INPEC y en la
determinación del IBL, pues, pese a que aceptó que no estaba en discusión que el
régimen pensional aplicable al demandante era el contenido en la Ley 32 de 1986,
acudió a disposiciones inaplicables y menos favorables para validar la reliquidación
pensional pretendida, razón por la cual se accederá al amparo solicitado.
3. Conclusión
40. En este orden de ideas, la Sala revocará la decisión del a quo al encontrar que
las inconformidades en las que el demandante centró sus esfuerzos tienen vocación
de prosperidad, de forma que se amparará los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la seguridad social de Ferney Cardozo.
41. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 25 de mayo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-021-2024-00029-01; y ii) se le ordenará a dicha corporación judicial
que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con
los argumentos expuestos en precedencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 28 de julio de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social de Ferney
Cardozo.
Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 25 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11001-33-35-021-2024-00029-01.
Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la
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Demandante: Ferney Cardozo
notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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