República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00541-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - UGPP
Demandada: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
Tema: lesividad.- Reconocimiento de pensión de jubilación de exservidor del Instituto
Penitenciario y Carcelario –INPEC–
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sección Segunda, Subsección B,
el 29 de octubre de 2021, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La UGPP demandó el acto administrativo mediante el cual reconoció y ordenó el pago
de la pensión de jubilación al demandado, por considerar que no le asistía el derecho
a su reconocimiento con fundamento en el régimen especial de los funcionarios del
INPEC, previsto en la Ley 32 de 1986, en la medida en que no se encontraba
amparado por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. En ese sentido,
sostuvo que la prestación debía reconocerse y liquidarse conforme a las disposiciones
del sistema general de pensiones, en particular a los artículos 21 y 34 de la Ley 100
de 1993.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sección Segunda, Subsección B,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la pensión
reconocida al demandado no debía regirse por el régimen especial previsto en la Ley
32 de 1986, sino por las disposiciones de la Ley 100 de 1993, en particular en lo
relativo a su liquidación, razón por la cual concluyó que el ingreso base de liquidación
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
debía determinarse conforme a los artículos 21 y 34 de dicha ley y con los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará la sentencia
de primera instancia, dado que al señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés le resulta
aplicable el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986, tanto para el
reconocimiento como para la liquidación de su pensión de jubilación.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP (en adelante UGPP),
mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho el 27 de junio de 20191, contra Víctor Adelmo
Zemanate Garcés, con las siguientes pretensiones2:
2. Se declare la nulidad de la Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013,
mediante la cual la UGPP reconoció la pensión de jubilación a favor del señor Víctor
Adelmo Zemanate Garcés, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
3. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar al
señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés a reintegrar a la UGPP las sumas de dinero
pagadas por concepto de mesadas pensionales reconocidas con fundamento en el
acto administrativo demandado, esto es, aquellas liquidadas con aplicación del
régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986, así como la condena en costas.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. El señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés laboró en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC– (en adelante INPEC) desde el 17 de noviembre
de 1987 hasta el 31 de marzo de 2014, fecha en la cual, mediante Resolución 0010042
del 28 de marzo de 2014, se aceptó su renuncia. El último cargo que desempeñó en
dicha entidad fue el de «distinguido», código 4112, grado 12, en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario ERE Cali.
6. Mediante Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013, la UGPP
reconoció una pensión de jubilación al señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés, en
cuantía de $1.508.535, efectiva a partir del 1 de agosto de 2013, con efectos fiscales
a partir de la acreditación del retiro definitivo del servicio.
1 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
021ED_C01_04ActaDeReparto.
2 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
018ED_C01_01Demanda, pp. 2 a 15. (pretensiones, p. 4).
2
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
7. A través de Resolución RDP 053557 del 20 de noviembre de 2013, la UGPP
resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Adelmo Zemanate
Garcés contra la Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013, y confirmó en
todas sus partes tanto dicho acto como la Resolución RDP 053345 del 19 de
noviembre de 2013, que resolvió el recurso de reposición, al considerar que se
ajustaban a derecho. Para tal efecto, reiteró que la prima de riesgo no constituye factor
salarial para efectos pensionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 446
de 1994, así como en el Decreto 1045 de 1978 y en el certificado de factores salariales
expedido por el INPEC. En igual sentido, precisó que la bonificación por recreación,
el subsidio familiar, la prima de capacitación y el sueldo de vacaciones no constituyen
factores salariales, razón por la cual no fueron tenidos en cuenta en la liquidación de
la pensión.
8. Posteriormente, mediante Resolución 043478 del 24 de noviembre de 2016, la
UGPP negó la reliquidación de la pensión de jubilación solicitada por el señor Víctor
Adelmo Zemanate Garcés, al considerar que el interesado adquirió su estatus
pensional el 16 de noviembre de 2007 y que, para efectos de la reliquidación,
resultaban aplicables los criterios fijados en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230
de 2015. En ese sentido, precisó que el demandado no hace parte del régimen de
transición y que, en consecuencia, la liquidación debía efectuarse conforme a lo
previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con base en el
tiempo que le hiciere falta o los últimos diez años de servicio, y los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables.
9. Contra la Resolución RDP 043478 del 24 de noviembre de 2016, el señor Víctor
Adelmo Zemanate Garcés interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación, los cuales fueron resueltos por la UGPP mediante las resoluciones RDP
005407 del 14 de febrero de 2017 y RDP 011412 del 21 de marzo de 2017,
respectivamente, en el sentido de confirmar en todas sus partes el acto recurrido.
10. Por memorando del 23 de mayo de 2019, la UGPP concluyó que el señor Víctor
Adelmo Zemanate Garcés no es beneficiario del régimen especial contenido en la Ley
32 de 1986 y, en tal sentido, la resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013, es
contraria a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 4 y 48.
La Ley 32 de 1986, artículo 96.
La Ley 100 de 1993, artículo 36.
Decreto 407 de 1994, artículo 8 y 168.
Decreto 1158 de 1994, artículo 1.
Acto Legislativo 1 de 2005, parágrafo 5°, transitorio.
3
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
12. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que el acto
administrativo demandado, mediante el cual se reconoció la pensión de jubilación al
señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés, desconoció las normas que regulan el
régimen pensional aplicable a los empleados del INPEC.
13. Señaló que, si bien el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 prevé que los servidores
del INPEC pueden acceder a la pensión de jubilación con 20 años de servicio, sin
consideración a la edad, la aplicación de dicho régimen especial se encuentra
condicionada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y por las disposiciones posteriores que regulan las actividades de alto riesgo, en
particular el Decreto 2090 de 2003.
14. Afirmó que el señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés no cumplía con los
requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, toda vez que, para el 1 de
abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no contaba con 15
años de servicio ni con 40 años de edad, por lo que no le resultaba aplicable el régimen
especial previsto en la Ley 32 de 1986.
15. Indicó que, adicionalmente, el interesado completó los 20 años de servicio en
cargos de excepción del INPEC con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003, esto es, el 16 de noviembre de 2007, razón por la cual debía sujetarse
a las condiciones establecidas en dicha normativa, que exigen el cumplimiento de
requisitos como la edad mínima y el número de semanas de cotización.
16. Sostuvo que, en esas condiciones, el reconocimiento de la pensión con
fundamento en el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986 resulta contrario al
ordenamiento jurídico, en la medida en que el interesado no tenía un derecho
adquirido a beneficiarse de dicho régimen, por lo que debía acreditar los requisitos
establecidos en el régimen general aplicable a las actividades de alto riesgo.
17. Finalmente, concluyó que el acto administrativo demandado desconoció las
disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia pensional, al haber
reconocido una prestación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, lo que hace
procedente su declaratoria de nulidad.
2.2. Contestación de la demanda
18. El señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés, a través de apoderado, se opuso a
las pretensiones de la demanda y solicitó que se nieguen3.
19. En relación con los hechos, manifestó que, en su mayoría, son ciertos, en
especial aquellos relativos a su vinculación laboral con el INPEC y al cumplimiento del
tiempo de servicios requerido para acceder a la pensión de jubilación en el régimen
especial aplicable a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.
3 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
027ED_C01_10ContestacionDeLaDemanda.
4
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
20. No obstante, consideró que los fundamentos de la demanda son errados, en
tanto parten de la aplicación de normas que no resultan concordantes con el régimen
pensional especial de alto riesgo que rige a dichos funcionarios.
21. En esa línea, sostuvo que el reconocimiento pensional efectuado mediante la
Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013 se ajusta al ordenamiento jurídico,
pues se sustentó en el régimen especial previsto en el artículo 96 de la Ley 32 de
1986, aplicable a quienes acreditan 20 años de servicio en el cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC, sin consideración a la edad.
22. Añadió que, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto
2090 de 2003, los regímenes de pensión por actividades de alto riesgo hacen parte
del sistema general de pensiones, razón por la cual mantienen su vigencia y
aplicabilidad para quienes se encontraban vinculados antes de su expedición.
23. En ese contexto, afirmó que la entidad demandante incurre en una indebida
interpretación normativa al sustentar sus pretensiones en disposiciones ajenas al
régimen especial aplicable, lo que conduce a una falsa motivación del acto
administrativo cuya nulidad se pretende.
24. De igual forma, señaló que los factores salariales devengados durante el último
año de servicios deben integrar la base de liquidación de la pensión, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y el artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo, en tanto constituyen salario las sumas percibidas como contraprestación
directa o indirecta del servicio.
25. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración normativa alguna en el
acto acusado, sino que, por el contrario, este se encuentra ajustado al régimen
especial de pensiones de alto riesgo aplicable al demandado.
2.3. Sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sección Segunda, Subsección
B, mediante sentencia del 2 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
accionada4, en los siguientes términos:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución RDP 047407 del 10 de octubre
de 2013, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez al señor Víctor Adelmo
Zemanate Garcés.
SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, se ordenará ajustar la pensión
especial de vejez reconocida al señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés, en los
términos de los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales
4 Samai, índice 42, expediente 76001-23-33-000-2019-00541-00 – de primera instancia.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales hubiere cotizado, efectiva a
partir del retiro definitivo del servicio, de conformidad con lo analizado en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO.- NEGAR las demás prestaciones de la demanda, de conformidad con lo
analizado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Sin condena en costas en esta instancia, conforme las consideraciones
expuestas.
[…]5
27. Para el Tribunal, se acreditó que el señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés
nació el 9 de abril de 1966 y estuvo vinculado al INPEC entre el 17 de noviembre de
1987 y el 30 de julio de 2013, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003.
28. En atención a lo anterior, la Sala estimó necesario verificar si el demandado
cumplía los presupuestos del régimen de transición especial previsto en el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, a efectos de determinar si tenía derecho a la pensión de
jubilación en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
29. En ese contexto, constató que el demandado acreditó más de 500 semanas de
cotización especial con anterioridad al 28 de julio de 2003, pues para esa fecha
contaba con 819.03 semanas de servicio.
30. Igualmente, verificó que cumplía el requisito de contar con al menos 1000
semanas de cotización, toda vez que laboró por más de 25 años, lo que equivale a
1850 semanas aproximadamente.
31. Precisó que el requisito de semanas mínimas constituye una condición para
acceder al régimen de transición especial, y no para el reconocimiento de la pensión.
32. No obstante, advirtió que el demandado no cumplía las condiciones del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto para el 1º de
abril de 1994 no contaba con la edad ni con el tiempo de servicios exigidos.
33. Con todo, consideró que la exigencia de dicho régimen resultaba
desproporcionada, por lo que, ante la concurrencia de regímenes de transición, debía
aplicarse aquel que resultara más favorable al trabajador.
34. En consecuencia, concluyó que el demandado sí era beneficiario del régimen
de transición especial del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y, por tanto, tenía
derecho a acceder a la pensión de jubilación en los términos del artículo 96 de la Ley
32 de 1986, esto es, con 20 años de servicio, sin consideración a la edad.
5 Se transcribe con errores de texto
6
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
35. Asimismo, estableció que el demandado cumplió los 20 años de servicio el 16
de noviembre de 2007, por lo que, a partir de ese momento, adquirió el derecho a la
pensión especial de jubilación.
36. Sin embargo, la liquidación de la pensión debía efectuarse conforme a los
artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales previstos en el
Decreto 1158 de 1994, según lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
37. Bajo ese entendido, concluyó que la Resolución RDP 047407 del 10 de octubre
de 2013 no se ajustó a dichos parámetros, razón por la cual se imponía declarar su
nulidad.
38. Finalmente, señaló que no hay lugar a ordenar la devolución de las sumas
pagadas, toda vez que estas fueron recibidas de buena fe por el demandado, al
amparo de un acto administrativo que se presumía legal, sin que se hubiera acreditado
que actuara de mala fe al solicitar el reconocimiento pensional. En consecuencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA, no resulta procedente el
reintegro de las mesadas pensionales pagadas.
2.4. Recurso de apelación
39. La parte demandada, apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión bajo los siguientes argumentos6:
40. Si bien está de acuerdo con el reconocimiento de la pensión bajo el régimen
especial aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, no
comparte que el fallador de primera instancia haya dispuesto su liquidación con
fundamento en disposiciones de la Ley 100 de 1993.
41. A su juicio, la pensión debía liquidarse exclusivamente conforme a las normas
del régimen especial, en particular la Ley 32 de 1986, el Decreto 407 de 1994 y la Ley
33 de 1985, las cuales prevén el reconocimiento del 75% del salario promedio del
último año de servicios.
42. Indicó que, para efectos de la liquidación, debían tenerse en cuenta todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, tales como primas,
bonificaciones, sobresueldos y demás emolumentos, con independencia de la
denominación que reciban.
43. En ese sentido, afirmó que la liquidación efectuada por la UGPP mediante
Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013, omitió incluir diversos factores
salariales devengados, lo que condujo a que la mesada pensional se fijara por debajo
de lo que, a su juicio, corresponde conforme al régimen especial aplicable.
6 Samai, índice 45, pp. 4 a 13. Expediente 76001-23-33-000-2019-00541-00 – de primera instancia.
7
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
44. Con fundamento en lo anterior, insistió en que la pensión debe ser reliquidada
teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año
de servicio, sin aplicación de las reglas previstas en la Ley 100 de 1993.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
45. Mediante auto del 26 de enero de 20237, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada conforme a lo previsto en el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
46. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
47. Aclarado lo anterior, de acuerdo con los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión
de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
48. ¿La Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013, mediante la cual se
reconoció la pensión de jubilación al señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés, se ajustó
al ordenamiento jurídico en lo relativo al régimen pensional aplicable, o, por el
contrario, dicha prestación debió regirse por las disposiciones de los artículos 21 y 34
de la Ley 100 de 1993?
49. En caso de que la respuesta al anterior interrogante resulte afirmativa, deberá
analizarse si, ¿en el marco del presente medio de control de lesividad, es procedente
analizar la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Víctor Adelmo Zemanate
Garcés, en particular en lo relativo a los factores salariales aplicables o, por el
contrario, dicho aspecto desborda el objeto del litigio, en ausencia de una pretensión
autónoma formulada por la parte demandada?
50. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) régimen especial del Cuerpo de Custodia y Vigilancia penitenciaria
Nacional del INPEC; (ii) presupuestos de la acción de lesividad; (iii) hechos probados;
y (iv) en el análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos formulados.
7 Samai, índice 3.
8
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Régimen especial del Cuerpo de Custodia y Vigilancia penitenciaria
Nacional del INPEC
51. Mediante la Ley 32 del 3 de febrero de 1986, el Congreso de la República
adoptó el estatuto orgánico del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional,
y determinó en su artículo 96, los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
jubilación en los siguientes términos:
Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir
veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia
Nacional, sin tener en cuenta su edad.
52. Posteriormente fue expedido el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de
19938), que en el artículo 15 estableció el Sistema Nacional Penitenciario y en el
artículo 172 confirió facultades extraordinarias para que se adoptara el régimen de
personal del INPEC.
53. Con fundamento en tales facultades, el Presidente de la República expidió el
Decreto 407 de 20 de febrero de 1994, por medio del cual se estableció el régimen de
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y en el artículo 168 conservó
el régimen pensional especial de la Ley 32 de 1986 para el personal que estaba
vinculado el 21 de febrero de 1994, fecha de entrada en vigencia de ese decreto ley;
y para quienes entraran después de esa fecha, remitió al artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sobre actividades de alto riesgo de los servidores públicos. Concretamente
dispuso la norma en cita:
Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá
en cuenta para estos efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el
Gobierno nacional.
Parágrafo 1°. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho
a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en
desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2°. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993. (Subrayado de Sala)
8 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».
9
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
54. En ese orden, se tiene que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional vinculados antes del 21 de febrero de 1994, tienen derecho a
la pensión de jubilación: (i) al cumplir 20 años de servicio, continuos o discontinuos al
servicio de la Guardia Nacional, (ii) sin tener en cuenta su edad; por su parte, quienes
ingresaron desde el 21 de febrero de 1994 tienen derecho a una pensión de jubilación
en los términos que establezca el Gobierno nacional, en desarrollo del artículo 140 de
la Ley 100 de 1993 que en su tenor literal dispuso:
Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con
la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos
que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de
jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas
que cumplen algunos sectores tales como el cuerpo de custodia y vigilancia nacional
penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.
55. En atención al precitado artículo, se expidió el Decreto Ley 1835 de 3 de agosto
de 19949, sin embargo, esa disposición no reguló la situación de los trabajadores del
INPEC.
56. Con la expedición de la Ley 797 de 29 de enero de 2003 10, se revistió al
presidente de la república de facultades extraordinarias para que reglamentara la
situación pensional de los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo.
57. En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Decreto Ley 2090 de 26 de julio
de 2003 que reguló el régimen de pensiones de servidores públicos y privados que
trabajen en actividades de alto riesgo, incluido el cuerpo de vigilancia y custodia del
INPEC y además, en el artículo 4º indicó que para acceder a la pensión de jubilación
se requería (i) cumplir 55 años de edad y (ii) cotizar el número mínimo de semanas
establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se
refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797
de 2003. De igual forma agregó que la edad para el reconocimiento de la pensión
especial de jubilación se disminuirá en 1 año por cada 60 semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones,
sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
58. Adicionalmente, la norma en mención dispuso en su artículo 6 un régimen de
transición bajo el cumplimiento de las siguientes condiciones:
Artículo 6o. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
9 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos»
10 «Que modificó la Ley 100 de 1993»
10
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.
59. Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007 bajo el entendido que las «500 semanas de
cotización especial» se pueden acreditar con cotizaciones efectuadas en cualquier
actividad calificada como de alto riesgo, pues de lo contrario sería un requisito
desproporcionado e irrazonable. En esa oportunidad se indicó:
«6. El artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 no lesiona los derechos adquiridos de los
trabajadores de alto riesgo, pero sí consagra un requisito que afecta
desproporcionadamente el derecho al acceso a la pensión de las personas amparadas
por regímenes de transición previos.
[…]
6.5. Delimitado el objeto de análisis constitucional, entra la Corte a estudiar la condición
de acceso de las 500 semanas de cotización especial que impone el artículo 6º
acusado. Para el efecto, estima esta Corporación que es pertinente un análisis desde
diferentes perspectivas.
Desde el punto de vista naturalista, el límite al acceso que establece la norma reside
en que sea necesario acreditar 500 semanas de cotización porque ello es
empíricamente imposible por razones meramente cronológicas si se toman las fechas
de vigencia de la mayoría de los decretos relevantes, como se verá posteriormente.
Desde una perspectiva legal, el acceso al régimen de transición establecido en el
artículo acusado, sólo es posible para las personas que hayan realizado un tipo de
cotización denominada por el legislador cotización especial. Desde la perspectiva
legal, no bastaría que el trabajador hubiere realizado una actividad de alto riesgo, ni
que dicha actividad hubiere sido calificada como tal por una norma jurídica, sino
además que el régimen correspondiente haya denominado la cotización como
“especial”. Además, dada la evolución legislativa en la materia, bien puede presentarse
el caso de personas que efectuaron cotizaciones especiales pero en razón a estar en
un régimen que no siempre ha calificado la actividad como de alto riesgo. De tal forma
que la evolución legislativa en la calificación de la actividad o en la denominación de
la cotización, puede haber resultado en que para muchos trabajadores sus
cotizaciones no sean tenidas en cuenta para acceder al régimen de transición, lo cual
agrava el problema constitucional de la norma acusada.
En ese orden de ideas, el requisito de las quinientas semanas de cotización no es el
único problema generado por este artículo. La dificultad también recae en la exigencia
de que las 500 semanas de cotización se hubieren efectuado bajo el calificativo jurídico
11
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
de “cotización especial”, hasta la fecha de expedición del Decreto 2090 de 2003, - el
28 de julio de 2003 -, dado que las cotizaciones especiales surgieron normativamente
tan sólo con el Decreto 1281 de 1994.
Un análisis sencillo de las fechas de vigencia de los regímenes de transición relevantes
para el caso, permite constatar que entre la fecha de vigencia de los regímenes
anteriores al Decreto 2090 de 2003 y el 28 de julio de 2003 existen menos de 500
semanas cotizadas. Para el Ministerio de Protección Social son, por ejemplo, 468
semanas, número que surge al hacer el cálculo tomando el término de vigencia del
Decreto 1281 de 1994, que es de 9 años, dividiéndolo al parecer por las 52 semanas
laborales del año. Para el Procurador, en términos cronológicos, son 473 semanas las
que existen entre una fecha y la otra.
De esta forma, se tiene que es cierto que la exigencia para acceder al régimen de
transición (las 500 semanas de cotización especial), es imposible de cumplir, porque
las quinientas semanas de cotización especial no pueden ser acreditadas por ningún
trabajador. Se trata de un requisito desproporcionado e irrazonable, que establece en
términos reales una barrera de acceso que ningún trabajador de alto riesgo puede
efectivamente superar, para entrar a formar parte de ese régimen de transición.
[…]
En conclusión a la luz de cualquiera de estas interpretaciones, el requisito de las 500
semanas de cotización especial es manifiestamente desproporcionado al establecer
una exigencia de acceso imposible de cumplir, que implicaría para los respectivos
trabajadores perder las condiciones del régimen de transición o verse obligados
durante muchos años, adicionales a los inicialmente previstos por las respectivas
normas que los amparaban, a efectuar cotizaciones para cumplir los requisitos del
artículo acusado y beneficiarse del régimen de transición en las condiciones del nuevo
decreto. Esto va en contravía de la razón de ser del régimen especial establecido
precisamente para proteger a estos trabajadores en situación de exposición a riesgos,
lo cual es claramente irrazonable por hacer nugatorio el objetivo esencial del mismo
régimen pensional especial diseñado por el propio legislador.
6.6. En esos términos se concluye que la exigencia de las quinientas semanas de
cotización “especial” propuesta por la norma, en general, es una condición
excesivamente gravosa que impide el acceso al régimen de transición para
trabajadores que hubieren realizado actividades especialmente protegidas en razón al
riesgo asociado con ellas y por lo tanto constituye una afectación desproporcionada
de sus derechos constitucionales».
60. Ahora bien, conviene precisar que con posterioridad a esa disposición se
profirieron dos normas: (i) el Decreto 1950 de 13 de junio de 2005, por el cual el
Gobierno nacional reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y (ii) el Acto
Legislativo 01 de 22 de julio de 2005, por el cual se adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política. Ambas disposiciones establecen que a los miembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria nacional vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 -28 de julio de 2003-
se les aplicará «el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
12
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986».
Concretamente se estableció en el parágrafo transitorio 5 del citado Acto Legislativo:
«Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este
último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo.
A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es
el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto
las cotizaciones correspondientes». (Subraya la Sala)
61. En ese contexto, el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen
de transición para quienes laboran en actividades de alto riesgo, el cual exige: (i)
acreditar al menos 500 semanas de cotización en dichas actividades al 28 de julio de
2003, y (ii) cumplir los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
esto es, contar con 35 años de edad si se trata de mujeres o 40 en el caso de los
hombres, o acreditar 15 años de servicios.
62. No obstante, dicha exigencia debe analizarse de manera sistemática con lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 y en el Decreto 1950 de 2005, en cuanto
prevén que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional que se encontraban vinculados con anterioridad al 28 de julio de
2003 conservan el derecho a que se les aplique el régimen vigente para ese momento,
esto es, el previsto en la Ley 32 de 1986. En consecuencia, no resulta exigible, como
requisito adicional, el cumplimiento del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 al que alude el parágrafo del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 11.
63. Sobre este punto, esta Subsección, en sentencia del 25 de marzo de 202112, al
examinar la exigencia de acreditar los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
en el marco del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003, concluyó:
«En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen
especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto
2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige
para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el
señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un
reconocimiento pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del
Decreto 1835 de 1994.
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se
refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025, radicado 25000-23-42-
000-2019-01148-01 (3670-2022), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado 20001-23-
39-000-2014-00318-01 (1362-16), C.P. César Palomino Cortés.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba
próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho. […]» (Subraya la Sala)
3.3.2. Presupuestos de la acción de lesividad
64. La administración cuenta con la posibilidad de demandar sus propios actos
administrativos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando
considere que los mismos son ilegales o vulneran el ordenamiento jurídico.
65. El CPACA no prevé la acción de lesividad como autónoma e independiente, no
obstante, su ejercicio puede hacerse a través de la acción de nulidad simple cuando
no se busque el restablecimiento del derecho o de nulidad y restablecimiento del
derecho cuando sí se pretenda este13.
66. La administración puede acudir a este mecanismo cuando no le resulta posible
revocar directamente el acto que contraría el ordenamiento jurídico, por no cumplirse
los presupuestos previstos para la revocatoria directa. Ello ocurre, por ejemplo,
tratándose de actos de contenido particular, cuando no se obtiene el consentimiento
del interesado.
67. Recuérdese que, de conformidad con el artículo 97 del CPACA, cuando un acto
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del
respectivo titular.
68. En ese contexto, la acción de lesividad tiene como finalidad permitir a la
administración cuestionar la legalidad de sus propios actos, con el propósito de poner
fin a una situación que estima contraria al ordenamiento jurídico y, en consecuencia,
hacer cesar sus efectos14.
69. Bajo estas consideraciones, corresponde al juez contencioso administrativo
determinar si el acto se ajusta o no a la Constitución y la ley, bien sea para mantenerlo
en el ordenamiento jurídico o para declarar su nulidad, previo el trámite del respectivo
proceso.
70. Así pues, dentro del litigio obra como demandante, mediante apoderado, la
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 4 de
febrero de 2010, radicado: 23001-23-31-000-2009-00049-01(1361-09). Tesis reiterada por esta Sección en
sentencia del 21 de julio de 2016, radicado: 250002325000200608380 03 (1216-2012).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicado 05001-
23-31-000-2009-00526-02 (0862-2020).
14
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
misma persona o entidad que, en ejercicio de sus funciones administrativas, expidió
el acto impugnado y, como demandado, su destinatario. A la parte actora le
corresponde indicar las normas que estima vulneradas y exponer el concepto de la
violación, a fin de desvirtuar la presunción de legalidad de la que goza el acto
impugnado.
71. No obstante lo anterior, dado que el presente medio de control tiene por objeto
controvertir la legalidad de un acto administrativo de carácter particular, la entidad que
lo expidió puede comparecer en calidad de demandante y demandado, habida cuenta
de que el interesado, en el curso del proceso, podrá formular pretensiones frente a
aquella, con el fin de que sean tramitadas y decididas dentro del mismo litigio.
72. Al respecto, el artículo 177 del CPACA dispone que el demandado puede
reconvenir dentro del término de traslado de la admisión de la demanda o de su
reforma. Sin embargo, esta Corporación ha precisado que las pretensiones de la
reconvención deben guardar conexidad con el objeto planteado en la demanda inicial
y no estar supeditadas a la decisión de fondo que se adopte en el proceso principal15.
73. De este modo, en el marco de la acción de lesividad, el debate judicial se
circunscribe a la legalidad del acto administrativo demandado, sin perjuicio de los
reparos que su destinatario formule en el proceso, en los términos y mediante los
mecanismos procesales previstos para tal efecto.
3.4. Hechos probados relevantes
74. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
75. Víctor Adelmo Zemanate Garcés nació el 9 de abril de 1966, de acuerdo con la
información consignada en la cédula de ciudadanía número 4.627.92016.
76. Conforme a las consideraciones de la Resolución RDP 047407 del 10 de
octubre de 2013, el señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés, prestó sus servicios en el
INPEC desde el 17 de noviembre de 1987 hasta el 30 de julio de 2013, y su último
cargo fue el «distinguido» con el código 4112, grado 1217.
77. Mediante Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013, la UGPP
reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor del señor Víctor
Adelmo Zemanate Garcés, en cuantía de $1.508.535, efectiva a partir del 1° de agosto
de 2013, con efectos fiscales condicionados a la acreditación del retiro definitivo del
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2019, radicado 70001-23-
33-000-2017-00125-01 (3249-2019).
16 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
020ED_C01_03AnexosDeDemanda, pp. 159.
17 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
020ED_C01_03AnexosDeDemanda, pp. 185.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
servicio, en los siguientes términos:18
Que la liquidación de la pensión se conformara por un 75.00 % sobre un ingreso base
de liquidación conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado o aportado el interesado entre el 1 ° de agosto de 2012 y el 30 de julio de
2013.
AÑO FACTOR VALOR VALOR IBL VALOR
ACUMULADO ACTUALIZADO
2012 Asignación $17.563.428,00 $ 7.318.095,00 $ 7.318.095,00
básica mensual
2012 Auxilio de $ 535.860,00 $ 223.275,00 $ 223.275,00
alimentación
2012 Auxilio de $ 813.600,00 $ 339.000,00 $ 339.000,00
transporte
2012 Bonificación por $ 495.069,00 $ 495.069,00 $ 495.069,00
servicios
prestados
2012 Prima de $ 1.825.112,00 $ 1.825.112,00 $ 1.825.112,00
navidad
2012 Prima de $ 1.684.719,00 $ 1.684.719,00 $ 1.684.719,00
vacaciones
2013 Asignación $10.597.776,00 $10.597.776,00 $10.597.776,00
básica mensual
2013 Auxilio de $ 323.344,00 $ 323.344,00 $ 323.344,00
alimentación
2013 Auxilio de $ 493.500,00 $ 493.500,00 $ 493.500,00
transporte
2013 Prima de $ 836.667,00 $ 836.667,00 $ 836.667,00
servicios
IBL: 2.011.0381 X 75.00 % = $1.508.535.
78. Posteriormente, a través de Resolución RDP 053557 del 20 de noviembre de
2013, la UGPP resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Adelmo
Zemanate Garcés contra la Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013 y la
confirmó en todas sus partes, así como la Resolución RDP 053345 del 19 de
noviembre de 2013, que resolvió el recurso de reposición. En dicha oportunidad, el
interesado solicitó la reliquidación de la pensión con el 75% del ingreso mensual
promedio devengado durante el último año de servicios, con inclusión de factores
como la prima de riesgo, el subsidio familiar, la bonificación por recreación, la prima
de capacitación y el sueldo de vacaciones, entre otros; no obstante, la entidad
concluyó que tales conceptos no constituían salario para efectos pensionales, razón
por la cual no podían ser tenidos en cuenta en la liquidación de la prestación19.
18 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
020ED_C01_03AnexosDeDemanda, pp. 184 a 188.
19 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
020ED_C01_03AnexosDeDemanda, pp. 170 a 173.
16
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
79. Más adelante, mediante Resolución RDP 043478 del 24 de noviembre de 2016,
la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación presentada por
Víctor Adelmo Zemanate Garcés. En dicha decisión, la entidad indicó que la prestación
había sido reconocida inicialmente con fundamento en el régimen especial aplicable
a los servidores del INPEC; sin embargo, al examinar la solicitud de reliquidación,
concluyó que la liquidación debía efectuarse conforme a lo previsto en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con base en los factores salariales establecidos
en el Decreto 1158 de 1994. En consecuencia, determinó que el valor resultante era
inferior al previamente reconocido, por lo cual, en aplicación del principio de
favorabilidad, decidió no modificar la pensión20.
80. A su turno, por Resolución RDP 011412 del 21 de marzo de 2017, la UGPP
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución RDP 043478 del 24
de noviembre de 2016 y la confirmó en todas sus partes. En esa oportunidad, el
interesado insistió en la reliquidación de la pensión con el 75% del ingreso mensual
promedio devengado durante el último año de servicios y con la inclusión de todos los
factores salariales; empero, la entidad reiteró que la liquidación debía efectuarse
conforme a lo previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con
base en el promedio de los últimos diez años de servicio y únicamente con los factores
salariales sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones, de acuerdo con el
Decreto 1158 de 1994, razón por la cual confirmó la decisión de negar la
reliquidación21.
81. Finalmente, mediante memorando del 23 de mayo de 2019, la Subdirección de
Defensa Judicial Pensional de la UGPP, con fundamento en el estudio del expediente
pensional del señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés, concluyó que este no era
beneficiario del régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986, por cuanto no cumplía
los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al 1° de
abril de 1994, ni las condiciones previstas en el Decreto 2090 de 2003. En ese
contexto, consideró que el reconocimiento pensional efectuado mediante la
Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013 resultaba contrario al
ordenamiento jurídico y, en consecuencia, estimó procedente iniciar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad, con el
fin de obtener la cesación de sus efectos jurídicos22.
3.5. Caso concreto
82. En el asunto bajo análisis, la inconformidad de la parte demandada con la
sentencia de primera instancia se circunscribe a la forma de liquidación de la pensión
reconocida, pues, aunque no controvierte que es beneficiario del régimen especial
20 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
020ED_C01_03AnexosDeDemanda, pp. 189 a 192.
21 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
020ED_C01_03AnexosDeDemanda, pp. 220 a 225.
22 Samai, índice 12, 76001233300020190054101_T134202256431677746 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
020ED_C01_03AnexosDeDemanda, pp. 89 a 98.
17
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, discrepa de
la decisión del Tribunal de aplicar, para efectos de su liquidación, las reglas previstas
en la Ley 100 de 1993.
83. En ese sentido, sostuvo que la pensión debía liquidarse íntegramente conforme
al régimen especial, en particular con fundamento en la Ley 32 de 1986, el Decreto
407 de 1994 y la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del salario promedio devengado
durante el último año de servicios y con inclusión de la totalidad de los emolumentos
percibidos en dicho periodo como factores salariales.
84. Al respecto, el Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y ordenó reliquidar
la pensión con fundamento en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 y con los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, al considerar que, si bien el
demandado era beneficiario del régimen especial en cuanto a los requisitos para
acceder a la prestación, la forma de liquidación debía sujetarse a las reglas del sistema
general de pensiones.
85. Así las cosas, se procede a resolver los problemas jurídicos planteados.
3.5.1. Régimen aplicable y reglas de liquidación de la pensión de jubilación del
demandado
86. De lo probado en el proceso se desprende que el accionado está amparado por
el régimen pensional previsto en la Ley 32 de 1986, toda vez que, en virtud del
parágrafo transitorio 5° del artículo 48 de la Constitución Política y del artículo 1° del
Decreto 1950 de 2005, a los servidores del INPEC que se encontraban vinculados a
la entidad con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, esto
es, el 28 de julio de ese año, se les «[…] aplicará el régimen hasta ese entonces
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el
dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto
las cotizaciones correspondientes de conformidad con el decreto ley 407 de 1994 en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».
87. En ese sentido, se advierte que el señor Víctor Adelmo Zemanate Garcés se
vinculó al INPEC el 17 de noviembre de 1987, de modo que, para la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003, acumulaba 15 años, 8 meses y 11 días de servicio
en la entidad.
88. Ahora bien, contrario a lo sostenido por el fallador de primera instancia, no
resulta acertado considerar que, pese a que el demandado es beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 6° del Decreto 2090 de 2003, la liquidación de su
pensión deba efectuarse con fundamento en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de
1993 y en el Decreto 1158 de 1994. En efecto, como se indicó en acápites anteriores,
el referido régimen de transición garantiza que, a quienes acrediten al menos 500
semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, se les
reconocerá la pensión en las condiciones establecidas en el régimen anterior, esto es,
18
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
la Ley 32 de 1986.
89. En relación con la exigencia concurrente de los requisitos previstos en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Subsección23 ha señalado que su aplicación
conjunta con el régimen especial de transición resulta desproporcionada y más
gravosa para el afiliado, en la medida en que impone condiciones adicionales no
previstas en el régimen anterior, desconociendo la finalidad protectora propia de los
regímenes de transición. De esta manera, se ha precisado que exigir simultáneamente
el cumplimiento de las 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo y de
los requisitos de edad o tiempo de servicios previstos en la Ley 100 de 1993 pone al
afiliado en una situación de desventaja frente al tránsito legislativo.
90. Bajo ese entendido, se ha concluido que, para efectos de acceder al régimen
especial de transición en materia de actividades de alto riesgo, resulta suficiente
acreditar el requisito de las 500 semanas de cotización, sin que sea exigible el
cumplimiento concurrente de las condiciones previstas en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en atención a la finalidad de proteger las expectativas legítimas de quienes
se encontraban próximos a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior.
91. En el caso concreto, se encuentra acreditado que, para el 28 de julio de 2003,
el demandado contaba con más de 500 semanas de cotización en actividades de alto
riesgo, aproximadamente 816, razón por la cual su pensión de jubilación debe ser
reconocida conforme a los parámetros fijados en la Ley 32 de 1986.
92. Al respecto, esta Subsección, en sentencia del 16 de febrero de 202324, precisó:
[…]
Así las cosas, no le asiste razón a la actora cuando asegura, en el escrito de alzada,
que como el demandado no colmó los requisitos para ser beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 «[…] no tendría derecho a
que se le hubiese aplicado el régimen especial del INPEC de la Ley 32 de 1986, [sino]
el Decreto 2090 de 2003 […]», pues, se insiste, amén de lo dispuesto en el parágrafo
transitorio 5º del artículo 48 de la Carta Política, a los servidores públicos que ejercen
actividades en el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional que se
encontraban amparados por la Ley 32 de 1986, les fue concedido un régimen de
transición con el Decreto 2090 de 2003, consistente en que quienes al 28 de julio de
2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez
cumplidas 1000 les sea reconocida la pensión de jubilación en las mismas condiciones
establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, valga decir,
la Ley 32 de 1986, aplicada en el sub lite. […]» (Subraya la Sala)
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado 20001-23-
39-000-2014-00318-01 (1362-16), C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 3 de julio de 2025, radicado 25000-
23-42-000-2019-01148-01 (3760-2022), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo; sentencia del 3 de julio de 2025, radicado
66001-23-33-000-2018-00259-02 (6985-2023), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de febrero de 2023, radicado 73001-23-33-000-2019-
00287-01 (3141-2022). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
93. Con fundamento en lo anterior, para la Sala es claro que el accionado no se
encuentra sujeto al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993; no obstante, sí es beneficiario del régimen especial de transición dispuesto en
el Decreto 2090 de 2003, el cual garantiza el reconocimiento de la pensión en las
condiciones previstas en la Ley 32 de 1986.
94. En este contexto, es pertinente señalar que las reglas establecidas en la
sentencia de unificación expedida por esta Corporación el 28 de agosto de 201825, en
relación con la determinación del ingreso base de liquidación, no resultan aplicables
al presente caso, en la medida en que dichas directrices se circunscriben a los eventos
regidos por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por el contrario, tratándose de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
INPEC, cobijados por un régimen especial de origen constitucional, la liquidación de
la prestación debe efectuarse conforme a las disposiciones propias de dicho régimen,
esto es, las contenidas en la Ley 32 de 198626.
95. Precisado lo anterior, conviene indicar que, si bien la Ley 32 de 1986 no reguló
de manera expresa la forma de liquidación de la pensión de jubilación, el propio
régimen especial previó un mecanismo de integración normativa, en virtud del cual,
para los aspectos no contemplados en dicha ley, debe acudirse a las disposiciones
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, tal como lo dispone su artículo
114, reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994. De este modo, la ausencia
de regulación específica no habilita la aplicación de las disposiciones de la Ley 100
de 1993, pues el régimen especial cuenta con reglas propias que permiten determinar
los elementos de la prestación en armonía con su naturaleza27.
96. En consecuencia, se concluye que la Resolución RDP 047407 del 10 de
octubre de 2013 se ajusta al ordenamiento jurídico en cuanto reconoció al señor Víctor
Adelmo Zemanate Garcés el derecho a la pensión de jubilación conforme al régimen
especial aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, esto
es, la Ley 32 de 1986. Por ello, no resulta procedente que su liquidación se efectúe
con fundamento en las disposiciones de la Ley 100 de 1993, pues, al tratarse de un
derecho pensional reconocido íntegramente bajo el amparo de un régimen especial,
las condiciones para su liquidación deben corresponder también a dicho régimen.
3.5.2. Improcedencia del análisis de la reliquidación pensional por desbordar el
objeto de la acción de lesividad
97. El recurrente, además de controvertir la decisión según la cual su pensión de
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2025, radicado 68001-23-33-
000-2017-01303-01 (2240-2024); sentencia del 3 de julio de 2025, radicado 66001-23-33-000-2018-00259-02
(6985-2023).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22
de octubre de 2020, radicado 88001 23 33 000 2014 00006 01(4678-14), C.P. Gabriel Valbuena Hernández; criterio
reiterado en sentencias del 4 de mayo de 2023, radicado 25000-23-42-000-2013-06685-01 (1736-2017), C.P.
Gabriel Valbuena Hernández y por la Subsección B de esta Sección, mediante sentencia del 18 de julio de 2025,
radicado 63001-23-33-000-2019-00125-02 (1418-2021), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
jubilación debía liquidarse conforme a los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993,
sostuvo que la liquidación efectuada por la UGPP mediante la Resolución RDP
047407 del 10 de octubre de 2013 omitió incluir diversos factores salariales
devengados, lo que condujo a que la mesada pensional se fijara por debajo de lo que,
a su juicio, corresponde conforme al régimen especial aplicable. En consecuencia,
afirmó que la pensión debía ser reliquidada teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales percibidos durante el último año de servicio.
98. Al punto, se recuerda lo expuesto en el marco legal sobre la acción de lesividad,
en el sentido de que el control judicial se circunscribe a la legalidad del acto
administrativo demandado, dentro del marco fijado por las pretensiones formuladas
en la demanda, sin que resulte posible extender el debate a aspectos que no hayan
sido planteados a través de los mecanismos procesales previstos para tal efecto.
99. Así, pese a que el recurrente formuló reparos en relación con la liquidación
efectuada por la entidad demandante, en particular por la presunta omisión de
diversos factores salariales devengados durante el último año de servicio, lo cierto es
que dicho cuestionamiento desborda el objeto de la presente acción.
100. En efecto, si pretendía controvertir la forma como fue liquidada la pensión,
debía acudir a la demanda de reconvención, mecanismo procesal a través del cual el
demandado puede proponer pretensiones propias, para que sean tramitadas y
decididas en el marco del mismo proceso.
101. Recuérdese que el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306
del CPACA, dispone que la sentencia «deberá estar en consonancia con los hechos
y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley».
102. En ese orden, el principio de congruencia, previsto en la disposición en
mención, debe orientar las decisiones judiciales, en tanto constituye una
manifestación del debido proceso y de los derechos de contradicción y defensa. En
consecuencia, en sus providencias, el juez debe guardar correspondencia con lo
planteado por las partes en la demanda, su contestación y los alegatos de conclusión,
así como con los hechos acreditados, las pruebas recaudadas y las normas jurídicas
aplicables al caso28.
103. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
precisó, que el principio de congruencia exige, de una parte, que exista
correspondencia entre lo solicitado por las partes y lo decidido en la sentencia, de
modo que el juez debe pronunciarse de manera expresa y clara sobre cada una de
las pretensiones y excepciones propuestas. De otra, impone que la decisión guarde
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado 19001-23-
33-000-2017-00529-01 (3853-2021). En el mismo sentido esta Subsección, sentencia del 5 de marzo de 2026,
radicado 05001-23-33-000-2017-01342-01 (2934-2025); sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado 27001-
23-00-000-2014-000222-02 (5840-2022).
21
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
coherencia interna, esto es, que las conclusiones adoptadas en la parte resolutiva
resulten acordes con el análisis fáctico, probatorio y jurídico desarrollado en la parte
motiva, evitando decisiones contradictorias, ambiguas o insuficientes29.
104. En el caso concreto, se advierte que los cuestionamientos del demandado en
relación con la liquidación de la pensión no fueron introducidos oportunamente al
debate procesal. En consecuencia, no es dable abordar su estudio en esta instancia,
en la medida en que el recurso de apelación no constituye el escenario para incorporar
nuevos aspectos al litigio, por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre la
forma en que fue liquidada la pensión, por exceder los límites fijados por el objeto del
proceso.
3.6. Conclusión
105. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que al señor Víctor Adelmo
Zemanate Garcés le resulta aplicable el régimen especial previsto en la Ley 32 de
1986, en su condición de miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, en
la medida en que se encontraba vinculado a la entidad con anterioridad al 28 de julio
de 2003 y acreditó más de 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo
para esa fecha. De otro lado, frente a los reparos referidos a la forma como se liquidó
la pensión, esta Sala se abstiene de pronunciarse, en tanto exceden los límites fijados
por el objeto del litigio.
106. Así las cosas, procede revocar la sentencia de primera instancia, que declaró
la nulidad de la Resolución RDP 047407 del 10 de octubre de 2013 para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
3.7. Costas
107. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 30 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de 2022, radicado,
12668.
30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
22
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sección Segunda, Subsección B, el 29 de octubre de 2021, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda que presentó la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales, UGPP por las razones consignadas en la parte
considerativa.
Tercer: Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
23
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00541-01 (5553-2022)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP
Demandado: Víctor Adelmo Zemanate Garcés
24
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.