Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2009-00526-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2009-00526-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2009-00526-02
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de noviembre de 2022
Radicado: 05001-23-31-000-2009-00526 02 (0862-2020)
Demandante: FONPRECON
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 05001-23-31-000-2009-00526-02 (0862-2020)
Demandante: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA1
Demandado: LUIS ENRIQUE ECHEVERRY URIBE
Temas: Lesividad. Reajuste especial Ley 4ª de 1992, Decretos 1359 de
1993 y 1293 de 1994. Aplicación de la sentencia de unificación
CE-SUJ-S2- 017 del 3 de septiembre de 2020.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decreto 01 de 1984
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia2, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), por
conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso
Administrativo (CCA)3, en su modalidad de lesividad, formuló las siguientes:
Pretensiones4
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución 778 del 9 de agosto de 1994, mediante la cual la entidad
demandante le reconoció pensión de jubilación al señor Luis Enrique
Echeverry Uribe, con un valor superior al que tenía derecho;
• Resolución 601 del 17 de mayo de 1996, por medio de la cual se reliquidó la
prestación concedida equivalente al 75%, bajo una base de liquidación mayor
al promedio que tenía derecho.
1 En adelante FONPRECON.
2
Se precisa que según providencia del 7 de febrero de 2013, esta Sección declaró que el competente para
conocer del presente asunto era el Tribunal administrativo de Antioquia (folios 91 a 97).
3 Vigente para la época de la demanda, dado que fue invocada el 18 de marzo de 2009, según acta individual de
reparto visible a folio 37 del cuaderno principal.
4 Folios 19 a 21, del cuaderno principal.
1
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Demandante: FONPRECON
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar que la pensión de
jubilación reconocida al señor Luis Enrique Echeverry Mejía sea sometida a
reliquidación y reajustarla a lo regulado en las Leyes 33 de 1985, 4ª de 1992 y el
Decreto 1359 de 1993, con los correspondientes ajustes legales; y ii) reintegrar
las sumas percibidas por el beneficiario entre el mes de febrero de 1991 y el mes
de noviembre de 2008, debidamente actualizadas que ascienden a un valor de
$1.450.295.413.
3. De igual forma, peticionó la suspensión provisional parcial de los actos
demandados, respecto de las sumas que sobrepasen la cuota parte de la
Universidad de Antioquia en la mesada pensional reconocida al demandado y le
sean pagadas al interesado.
Fundamentos fácticos relevantes esbozados en el escrito de la demanda5
1. Fonprecon a través de Resolución 778 del 9 de agosto de 1994, le reconoció al
señor Luis Enrique Echeverry Uribe pensión vitalicia de jubilación en cuantía de
$291.881,71, efectiva desde el mes de febrero de 1991, y a partir del 1.° de junio de
1992, la suma reconocida ascendió al monto de $2.890.201,97.
2. Conforme se evidencia en el acto administrativo de reconocimiento se dio aplicación
de forma incorrecta al régimen pensional consagrado en la Ley 4ª de 1992 y el
Decreto 1359 de 1993, concediéndose la prestación con una mesada pensional
superior al 75% del promedio de ingresos que durante el último año devengaba
cualquier congresista activo durante el período de julio de 1993 a julio de 1994 y no
con los reajustes a que tenía derecho acorde con la normativa en cita.
3. Posteriormente el señor Echeverry Uribe solicitó la reliquidación de la pensión de su
pensión según lo regulado en el Decreto 1359 de 1993, a la cual accedió el fondo
demandante por medio de Resolución 601 del 17 de mayo de 1996, que superó un
equivalente al 75% sobre el valor del ingreso mensual promedio que devengaba un
congresista activo en el último año, cuando lo legal era reconocerle un reajuste
equivalente al 50%, al concederse la prestación con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 4ª de 1992, esto es, a partir del 1.° de febrero de 1991.
4. En virtud de lo anterior, es diáfano concluir que Fonprecon se encuentra girando
una pensión irregularmente reconocida con fundamento en las Leyes 33 de 1985, 4ª
de 1992 y Decreto 1359 de 1993, asimismo la reliquidación decretada no se
acompasa con el ordenamiento jurídico.
Normas violadas y concepto de violación
Para la parte demandante, los actos administrativos acusados desconocieron, entre
otras, las siguientes normas: artículos 4.°, 8.° y 17 del Decreto 1359 de 1993; artículo
17 de la Ley 4ª de 1992. En síntesis, el concepto de violación lo formuló así:
La parte activa sostuvo que, con la expedición de las resoluciones enjuiciadas,
Fonprecon incurrió en violación de las normas legales enunciadas, en la modalidad
5 Folios 52 a 55, ídem.
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de «error de derecho por aplicación indebida», al considerar el pago de la prestación
y reliquidación en un monto mayor al permitido.
De igual forma, precisó que no es procedente que por aplicación indebida de la ley
se desborde el ámbito de aplicación de la misma, deba asumir unos derechos
pensionales que legalmente no corresponden, ni siquiera bajo el argumento del
principio de favorabilidad, habida cuenta de que no se puede ampliar el contenido del
texto de la norma o crear prerrogativas inexistentes en nuestra legislación.
Sobre el particular, puntualizó que por errores de hecho y de derecho conllevaron a
la entidad demandante, a asumir y reconocer una liquidación y reliquidación de la
pensión concedida al señor Luis Enrique Echeverry Uribe, con ausencia de sustentos
legales que las soportara, motivo por el cual el beneficiario ha percibido
indebidamente sumas a las cuales no tenía derecho.
Solicitud de suspensión provisional
La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos derivados de
los actos administrativo demandados6, la cual fue denegada mediante providencia
del 24 de abril de 2009, expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
considerar que aquella no reunía los requisitos establecidos por el legislador, en el
sentido de que, resultaba necesario que se efectuara un estudio minucioso del
régimen pensional aplicable al momento de causarse el derecho y confrontarlo con
las situaciones fácticas presentadas por el interesado, circunstancia que no era
posible verificar de primer momento, dado que el alegado quebrantamiento no podía
advertirse con el solo cotejo7.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA8
El señor Luis Enrique Echeverry Uribe se opuso a las pretensiones de la demanda al
señalar que la pensión de jubilación le fue reconocida con posterioridad a la vigencia
de la Ley 4ª de 1992, conforme se infiere de la Resolución 778 del 4 de agosto de
1994. Al respecto, sostuvo que tiene derecho al régimen de transición de que trata el
artículo 1.° y siguientes del Decreto 1293 de 1994, toda vez que al 1.° de abril de la
mencionada anualidad, contaba con más de 15 años de servicio.
Asimismo, señaló que la entidad demandante le reliquidó la prestación teniendo en
cuenta la sentencia de la Corte Constitucional C-456 de 1994, que previó que
ninguna pensión o reajuste puede ser inferior al 75% de lo que devengue un
parlamentario por todo concepto, durante el último año anterior a la fecha en que se
reconozca.
Como medios exceptivos, propuso que el demandado tiene derecho al régimen
especial de transición del Decreto 1293 de 1994, prescripción, buena fe del
demandado, falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia de soporte legal
para pedir la baja de la pensión y reintegro de las mesadas pensionales con sus
correspondientes reajustes e intereses, presunción de legalidad, excepción de inepta
demanda, la demanda está en contravía del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y de los
6 Folios 27 a 29, ídem.
7 Folios 38 a 41 vuelto, ídem.
8 Folios 133 a 144, ídem.
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artículos 5.º y 6.º del Decreto 1359 de 1993, inconstitucionalidad, improcedencia de
la acción de lesividad, decaimiento del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 y del
artículo 7.º del Decreto 1393 de 1994, la pensión no puede rebajarse a menos de 25
salarios mínimos, caducidad, falta de competencia y carencia, y falta de poder para
demandar la Resolución 778 del 9 de agosto de 1994.
SENTENCIA APELADA9
El a quo profirió sentencia escrita el 12 de junio de 2019, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la entidad demandante con fundamento
en las siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia analizó inicialmente señaló que acorde con lo
preceptuado en los artículos 4.°, 16 y 17 del Decreto 1359 de 1993 y 7.° del Decreto
1293 de 1994, el reajuste especial de la mesada pensional es equivalente al 50% del
promedio de las pensiones a que tenía derecho un congresista que se pensionó
antes del 18 de mayo de 1992, para quienes adquirieron el estatus posterior a la
mencionada fecha, debía realizarse con base en el 75% del ingreso mensual a la
fecha en que se otorgaba la prestación, disposición que no vulneraba el derecho a la
igualdad, acorde con lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia del 7 de
abril de 201610.
A partir de los medios probatorios allegados al plenario, sostuvo que la pensión le fue
reconocida al señor Luis Enrique Echeverry Uribe por medio de Resolución 778 de
1994, con efectividad del mes de febrero de 1991, y fue reajustada a través de
Resolución 601 del 17 de mayo de 1996, equivalente al 75% del ingreso mensual
promedio que devengaba para ese momento un congresista, con efectos fiscales a
partir del 1.° de enero de 1992.
Bajo esa óptica, el reajuste especial procedente en el sub lite correspondía al 50%
del promedio de las pensiones a que tenían derecho los excongresistas para esa
época, a partir del 1.° de enero de 1994, motivo por el cual la Resolución 601 del 17
de mayo de 1996, debía declararse nula al no ajustarse al ordenamiento jurídico, no
así en relación con la Resolución 778 del 9 de agosto de 1994 que concedió la
prestación, en la medida en que no se cuestionó si le asistía o no el derecho al
beneficiario.
De otra parte, consideró que no era procedente ordenar el reintegro de las sumas
recibidas en exceso por el demandado, habida cuenta de que no existía en el
plenario prueba alguna que desvirtuara la presunción de buena fe para acceder al
reconocimiento y pago del reajuste pensional objeto del presente asunto.
RECURSO DE APELACIÓN11
El señor Luis Enrique Echeverry Uribe formuló recurso de apelación contra la
decisión reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea revocada, para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda. Para tal fin, adujo que del acto
administrativo cuestionado se desprende que le resulta aplicable la Ley 48 de 1962,
9 Folios 432 a 440 vuelto, ídem.
10 Radicado: 25000-23-25-000-2006-08117-00(3792-13).
11 Folios 443 a 478, ídem.
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pues tanto Fonprecon como el tribunal, al señalar que la edad del pensionado es de
50 años, aplican un régimen que, si bien es procedente para la fecha en que cumplió
tal requisito, no es el más favorable, dado que la normativa especial de
parlamentarios, aumenta la edad, pero en materia de cuantía es superior a los
demás regímenes pensionales.
Sobre el particular, sostuvo que es el demandado quien escoge el régimen que más
le convenga de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional y, en este
caso es aquel que le permite acceder a un reajuste del 75%, y, de no prosperar dicha
tesis, lo conveniente es considerar que el señor Echeverry Uribe es beneficiario del
régimen especial contemplado en la Ley 4ª de 1992 y en sus Decretos
reglamentarios 1359 de 1993 y 1293 de 1994.
Argumentó que no se estaba frente a la perdida de ejecutoria de los mencionados
decretos, por cuanto si bien los mismos son también actos administrativos, aquellos
no habían sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Seguidamente hizo alusión a las normas que se consideran vulneradas con los actos
cuestionados, y efectuó diversas interpretaciones, al cabo de lo cual indicó que el
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 se refiere a todas las pensiones, reajustes y
sustituciones, normativa que no diferencia pensionados antes o después de 1992,
fecha en que entró a regir la mentada ley.
De igual forma, concluyó que no cabe duda que la Corte Constitucional definió que
los exparlamentarios que tienen derecho al régimen de transición de que trata el
Decreto 1293 de 1994 son aquellos que cumplen con uno de los requisitos
establecidos en el artículo 2.º del Decreto y que, al 1.º de abril de 1994 estuvieran en
ejercicio del cargo de congresistas o hubiesen actuado como congresistas con
anterioridad a la fecha indicada, así no hubiesen sido reelegidos después de la Ley
4ª y que el último cargo hubiese sido el de parlamentario.
Luego de referenciar algunas posturas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado resaltó que la última interpretación otorgada a las normas que
se estudian, es que los excongresistas pensionados antes de la Ley 4ª de 1992,
tienen derecho a un reajuste, por una sola vez, del 75% del promedio devengado en
el último año, siempre y cuando reúnan los requisitos para tener derecho al régimen
de transición del artículo 2.º del Decreto 1293 de 1994.
Por último, propuso como medios exceptivos los que denominó:
• Aplicabilidad de la sentencia C- 258 de 2013, según la cual la pensión no se
puede disminuir a menos de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Inconstitucionalidad, por cuanto existe una contradicción entre una norma
superior y una de inferior jerarquía, pues con ocasión de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual consagró una protección expresa en el valor de
las mesadas pensionales, consistente en no poder dejar de pagarlas,
congelarlas, ni reducir su valor, siempre que esas mesadas hagan parte de una
pensión reconocida conforme a derecho; así, la norma que resulta violada es lo
previsto en el inciso 2.º del artículo 1.° del referido Acto.
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En ese orden, el juzgador deberá abstenerse de decretar la nulidad de la
resolución cuestionada, en cuanto, la entidad demandante no afirmó ni aportó
prueba alguna de que la pensión del señor Echeverry Uribe no hubiera sido
reconocida conforme a derecho, ni tampoco que la mesada hubiese sido
liquidada con fraude o falsedad; presupuesto que no se cumplió en el presente
proceso, lo que inhibe al juez para acceder a las pretensiones del libelo.
• Improcedencia de la acción de lesividad, por cuanto la misma no puede utilizarse
para atacar actos administrativos que fueron expedidos conforme a derecho,
como en el presente caso, en el cual Fonprecon expidió las resoluciones
acusadas con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, en el artículo
6.º del Decreto 1359 de 1993 y en la sentencia T-456 del 31 de octubre de 1994,
aunado a ello, fue impetrada 16 años después del reajuste pensional del
demandado, luego, fue ejercida de manera extemporánea.
• Caducidad, pues de conformidad con la sentencia C-258 de 2013, de la Corte
Constitucional, el Fondo tendría hasta el 31 de diciembre de 2013 para reliquidar
la pensión de jubilación de que trata el presente proceso e iniciar y dar por
terminado el proceso administrativo de verificación, mismo que no se cursó.
• No comprender la demanda todos los litis consorcios necesarios por activa, toda
vez que no solo Fonprecon paga la prestación del demandado, sino que,
conforme lo expuso en la demanda, actúan otras entidades que concurren al
pago de la prestación a través de las correspondientes cuotas partes.
• Prescripción, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 en
concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, las acciones para el
sector oficial, relacionadas con las prestaciones sociales prescriben en tres
años.
• Inexistencia de soporte legal para pedir el reintegro de las mesadas pensionales
con sus correspondientes reajustes e intereses.
• Inepta demanda, dado que no se explicó en qué consistió la violación del artículo
17 de la Ley 4ª de 1992, no se indicó quién es la parte demandada, y no existe
coherencia entre los hechos y las pretensiones de la demanda.
• La demanda está en contravía del contenido del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992
y sus decretos reglamentarios.
• Decaimiento del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 y del artículo 7.º del
Decreto 1393 de 1994, pues conforme el artículo 93 del CPACA, los decretos
reglamentarios, mencionados, por ser actos administrativos y haber transcurrido
más de cinco años entre la fecha de su publicación y la presentación de la
demanda, perdieron fuerza ejecutoria, y por tanto no son sustento legal para
acudir a la jurisdicción en lesividad.
• El demandado tiene derecho al régimen especial de transición de que trata el
Decreto 1293 de 1994.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Luis Enrique Echeverry Uribe12 reiteró los argumentos esbozados en el recurso de
apelación e insistió en que el señor Echeverry Uribe tiene derecho al reajuste
pensional equivalente al 75% del ingreso mensual a la fecha en que se otorgó la
prestación.
Fonprecon13: adujo que ha sido reiterada la posición del Consejo de Estado,
respecto de que los congresistas pensionados con anterioridad al 18 de mayo de
1992, tienen derecho a que el reajuste especial ordenado por el ordenamiento
jurídico es equivalente al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los
legisladores en el año 1994, ello, al tenor de lo establecido en los artículos 17 de la
Ley 4ª de 1992 y 17 del Decreto 1359 de 1993, modificado éste último por el artículo
7.° del Decreto 1293 de 1994, por lo que solicitó se confirme la sentencia de primera
instancia.
El ministerio público guardó silencio en desarrollo de esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a folio 491 del cuaderno principal.
CONSIDERACIONES
De conformidad con el artículo 129 del CCA modificado por el artículo 37 de la Ley
446 de 1998, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en la respectiva alzada.
Cuestión previa- de las excepciones propuestas
La Subsección observa que en el recurso de apelación el recurrente solicita que se
estudien algunas de las excepciones que propuso en la contestación de la demanda
y reiteró aquellas.
Teniendo en cuenta lo anterior, si bien es cierto, conforme a los artículos 144 y 164
del Decreto 01 de 1984, la oportunidad procesal para proponer excepciones es la
contestación de la demanda, dado que varios de los medios exceptivos planteados
configuran presupuestos procesales de la acción, es pertinente su estudio previo al
análisis del fondo del asunto.
i) Improcedencia de la acción de lesividad, por cuanto la misma no puede
utilizarse para atacar actos administrativos que fueron expedidos conforme a
derecho, como en el presente caso, en el cual Fonprecon expidió las resoluciones
acusadas con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, en el artículo 6.º del
Decreto 1359 de 1993 y en la sentencia T-456 del 31 de octubre de 1994, aunado a
ello, fue impetrada 16 años después del reajuste pensional del demandado, luego,
fue ejercida de manera extemporánea.
Sea lo primero señalar que la administración cuenta con la posibilidad de demandar
12 Índice 11 de la plataforma SAMAI.
13
Índice 14 ídem.
7
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sus propios actos administrativos ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo cuando considere que los mismos son ilegales o vulneran el
ordenamiento jurídico.
El Código Contencioso Administrativo no consagra la acción de lesividad como
autónoma e independiente, no obstante, su ejercicio puede hacerse a través de la
acción de nulidad simple cuando no se busque el restablecimiento del derecho o de
nulidad y restablecimiento del derecho cuando sí se pretenda este14.
La administración puede hacer uso de ella cuando no pueda revocar directamente el
acto que vulnera el ordenamiento jurídico a través del mecanismo de la revocatoria
directa por no cumplirse los requisitos señalados para el efecto por la norma, como
por ejemplo, cuando en el caso de los actos de contenido particular, no se logra el
consentimiento del directamente afectado con la decisión tal como lo exige el artículo
73 del C.C.A.
En esa medida lo que busca la administración con la acción de lesividad, es debatir
la legalidad de sus propias decisiones, para poner fin a una situación que considera
irregular y en consecuencia, hacer cesar sus efectos.
Ahora, la decisión de si el acto administrativo contraviene o no la Constitución y la
ley, es precisamente el objeto de la acción de lesividad, la cual está en manos del
juez contencioso administrativo, quien puede avalar el mismo o declarar su nulidad.
Siendo necesario entonces que se surta el proceso para que sea posible determinar
la legalidad o no del acto cuestionado.
Por lo expuesto no prospera la excepción invocada, en tanto que, precisamente la
acción de lesividad se instauró para que la justicia de lo Contencioso Administrativo
sea quien defina la ilegalidad o no de los actos respecto de los cuales la
administración pretende su anulación, por lo que es menester que dentro del proceso
se realice el análisis jurídico respectivo.
ii) Caducidad. Sobre el punto, es importante precisar, que la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que la acción de lesividad no tiene una naturaleza
autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a las acciones
contenciosas de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho15.
Cuando se ejerce la primera, esto es, cuando no se solicita el restablecimiento del
derecho no es factible computar el término de caducidad. Por el contrario, cuando
este sí se solicita la acción impetrada es la de nulidad y restablecimiento del derecho,
luego el término de caducidad que se aplica es el contenido en el artículo 136 del
14
«[…] Ambas acciones (artículos 84 y 85 del C.C.A.) prevén la titularidad de las acciones de nulidad y de nulidad
y restablecimiento del derecho en las expresiones “toda persona”, que en sentido amplio comprenden a las
personas de derecho público, como se evidencia armónicamente del contenido del artículo 149 ibídem, que
faculta a las entidades públicas y a las privadas que cumplan funciones públicas para que obren como
demandantes o demandadas y para que interpongan las acciones previstas en el Código Contencioso
Administrativo […]». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B,
sentencia del 4 de febrero de 2010, radicado: 23001-23-31-000-2009-00049-01(1361-09). Tesis reiterada por esta
Sección en sentencia del 21 de julio de 2016, radicado: 250002325000200608380 03 (1216-2012).
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. sentencia del 22
de abril de 2015, radicado: 66001-23-31-000-2011-00429-01(2627-13).
8
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C.C.A.16.
Al respecto la Subsección advierte que las pretensiones en el presente asunto están
encaminadas a la declaratoria de nulidad de las resoluciones que reconocieron el
reajuste especial de la mesada pensional del señor Luis Enrique Echeverry Uribe, y
si bien el reajuste se reconoce por una sola vez, lo cual en principio daría a entender
que se trata de una prestación unitaria, y que en consecuencia el término de
caducidad era de 4 meses, lo cierto es que con la expedición de dichos actos se
afectó una prestación periódica en la medida en que aquel reajuste especial influye
en la mesada pensional desde el 1.° de enero de 1994, en consecuencia, no está
sometido a término de caducidad alguno.
iii) No comprender la demanda todos los litis consorcios necesarios por activa.
El señor Echeverry Uribe expuso que Fonprecon debió demandar solo el reintegro de
la parte que esa entidad pagó y no solicitar la devolución de la totalidad de los pagos
realizados a su favor, pues si pretendía hacerlo, debió integrar debidamente el litis
consorcio necesario por activa, puesto que en el pago de la prestación concurren
otras entidades, o en su defecto, debió peticionar la devolución de las sumas a las
cuales está obligado a pagar.
En primer lugar, debe decirse que existen dos clases de litisconsorcio: (i) el
necesario y; (ii) el facultativo. El primero se da cuando existe pluralidad de sujetos
que actúan en calidad de demandante (litisconsorcio por activa) o demandado
(litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una relación jurídico sustancial, lo
que implica que, por mandato legal, sea indispensable y obligatoria, la presencia
dentro del litigio de todos y cada uno de ellos17.
En otras palabras, el litisconsorcio necesario se configura cuando el proceso versa
sobre relaciones jurídicas que no es posible resolver sin la comparecencia de las
personas que puedan afectarse o beneficiarse con la decisión o que hubieren
intervenido en la formación de dichos actos, no conformarlo, impide que el proceso
se desarrolle y en consecuencia es factible emitir una sentencia inhibitoria, puesto
que cualquier decisión que se tome puede perjudicar o beneficiar a todos los sujetos
sin la presencia de los mismos.
En el litisconsorcio facultativo por su parte, al proceso concurren varios sujetos
libremente, ya sea como demandantes o demandados, no por una relación jurídica
inescindible, sino porque deciden presentar el proceso en conjunto pese a que
16
Todo lo anterior tiene su fundamento en la teoría de los móviles y finalidades que de tiempo atrás fue expuesta
por el Consejo de Estado, y la cual permite diferenciar en qué casos la entidad ejerció una u otra acción de las
mencionadas. Al respecto ha dicho la Corporación: «[…] Respecto de la procedencia de la acción de nulidad
contra actos particulares y concretos la sentencia de agosto 10 de 1961, con ponencia de CARLOS GUSTAVO
ARRIETA ALANDETE, estableció que solamente se podría demandar este tipo de actos mediante la acción de
nulidad si: “…los únicos motivos determinantes… son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta
contenida en esos estatutos superiores, y que sus finalidades son las de someter la administración pública al
imperio del derecho objetivo.”; y la consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto particular y concreto no
conlleva un restablecimiento automático del derecho subjetivo […]». Esta posición ha sido reiterada en múltiples
fallos de esta Corporación, entre los que se encuentran los siguientes: (i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, 29 octubre de 1996; (ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, 4 marzo de 2003; (iii) Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 30 de agosto de 2007,
Radicación Número: 13001-23-31-000-2004-01160-01; (iv) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 21 de julio de 2016, radicado: 250002325000200608380 03 (1216-2012).
17
Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, radicado: 68001-23-33-000-2014-00036-
01(AC).
9
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podían iniciarlo por separado. Aquí, el proceso puede seguir su curso normal y
decidirse de fondo con presencia o no de los litisconsortes facultativos porque la
sentencia no los perjudica ni los beneficia.
En esta línea de argumentación, la Sala de Decisión declarará impróspero el medio
exceptivo formulado por el demandado, por cuanto en este caso es factible resolver
la situación jurídica planteada, esto es, la legalidad del reajuste especial reconocido
por Fonprecon, sin la presencia de las demás entidades que concurren al pago de la
mesada pensional, como entidades cuota partistas.
iv) Inepta demanda. A su modo de ver se configuró porque en la demanda: a) no se
explicó en qué consiste la vulneración del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 conforme
el artículo 137 numeral 4.º del CCA; b) no se indicó quién es la parte demandada; y
c) no existe coherencia entre los hechos y las pretensiones porque de la segunda a
quinta se solicitan declaraciones que no están contenidas los actos administrativos
demandados.
Revisada la demanda se tiene que la parte demandante manifestó en el acápite de
normas violadas y concepto de la violación que el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992
distinguió entre la liquidación de la pensión de jubilación y el reajuste de la misma,
para significar que la entidad no podía equiparar dichas situaciones18. En ese sentido
la Subsección encuentra que sí se explicó en debida forma el concepto de violación.
En cuanto a que no se señaló quién es la parte demandada dentro del proceso, debe
decirse que ostenta tal calidad la persona que eventualmente pueda afectarse de
forma directa con la declaración de nulidad de los actos administrativos particulares y
concretos demandados. En este caso, el titular del derecho es el señor Luis Enrique
Echeverry Uribe, quien fue citado e intervino en toda la etapa procesal. Luego sí se
individualizó la parte demandada.
En relación con el otro punto alegado, esto es, la supuesta incoherencia entre los
hechos y las pretensiones segunda a quinta, la Subsección advierte que las mismas
se refieren al restablecimiento del derecho que busca la entidad, luego es lógico que
no se encuentran dentro de los actos administrativos demandados pues dependen
de la nulidad que eventualmente se declare respecto de éstos.
En esta medida, en la demanda sí expuso las razones de vulneración del artículo 17
de la Ley 4ª de 1992, se identificó al demandado y no existe incoherencia entre los
supuestos fácticos y las pretensiones. Por tanto, no prospera la excepción propuesta.
Los demás argumentos de la apelación tocan el fondo de la controversia, por lo que
la Sala pasará a realizar el respectivo análisis.
Problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico que se debe resolver en esta instancia es el siguiente:
18
Folios 26 a 27.
10
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¿La pensión de jubilación del señor Luis Enrique Echeverry Mejía, en su calidad de
excongresista, debía ser objeto del reajuste especial previsto en la Ley 4ª de 1992,
en un 75% del ingreso mensual promedio devengado por un congresista según el
artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, modificado por el artículo 7.° del Decreto 1293
de 1994?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: en atención a las reglas
jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda en la sentencia de unificación CE-
SUJ-S2- 017 expedida el 3 de septiembre de 202019, el señor Echeverry Mejía como
excongresista pensionado con anterioridad al 18 de mayo de 1992, fecha en que
entró en vigencia la Ley 4ª de 1992, tenía derecho a un reajuste especial por una
sola vez, a partir del 1.º de enero de 1994, pero equivalente al 50% del promedio de
las pensiones a que tuvieren derecho los congresistas para ese momento, como se
explica a continuación:
La postura adoptada en la sentencia unificación CE-SUJ-S2-01720 y su
aplicabilidad al presente asunto
La Sección Segunda de esta Corporación sentó postura respecto del reajuste
especial de la pensión de jubilación a la que tienen derecho los excongresistas en
los términos que a continuación se indican:
1. Son beneficiarios del reajuste especial de la pensión de jubilación de
congresistas:
1.1 . Los Senadores y Representantes a la Cámara que se hayan pensionado
con anterioridad al 18 de mayo de 1992 en calidad de congresistas, aunque
hayan variado la condición de legislador con ocasión de su reincorporación al
servicio público a partir del 24 de junio de 1994, cuando entró a regir el
Decreto 1293 de 1994.
1.2 . El congresista vuelto a elegir tiene derecho al reconocimiento y pago del
reajuste especial siempre y cuando renuncie temporalmente a la pensión de
jubilación que venía percibiendo y el nuevo periodo de vinculación al c
1.3 ongreso y de cotización ante Fonprecon sea superior a 1 año en forma
continua o discontinua y culmine antes del 18 de mayo de 1992.
2. El reajuste especial de la pensión de jubilación de congresistas debe concederse
atendiendo a los siguientes parámetros:
• Se concede por una sola vez,
• Corresponde al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los
congresistas para el año 1994,
• Surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994, y por tanto no se
puede reconocer por anualidades anteriores a 1994, ni genera intereses
moratorios por su no reconocimiento antes de la señalada fecha.
19 Expediente radicado: 25000 23 25 000 2008 00097 02 (2694-2016).
20 Ibidem.
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3. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar se entenderá que el reajuste
anual a que tienen derecho los excongresistas pensionados es diferente del
reajuste especial de que trata la presente providencia.
En dicha oportunidad, se precisó en primer lugar que, para acceder al reajuste
especial, es necesario: i) que el excongresista se haya pensionado en calidad de
senador o representante a la cámara, es decir, que ya haya cumplido con las
condiciones de edad y tiempo contempladas en el parágrafo 2.º, del artículo 1.º de la
Ley 33 de 1985 y en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, debidamente reconocidas a
través de acto administrativo. Ello, por cuanto que el objetivo del reajuste fue
precisamente actualizar la mesada pensional de aquellos senadores y
representantes a la Cámara que vieron su reconocimiento pensional menos
favorable en relación con los congresistas pensionados con posterioridad a la Ley 4ª
de 1992 y; ii) que el excongresista pensionado no haya variado tal condición como
consecuencia de su reincorporación al servicio público en un cargo distinto al de
miembro del Congreso, que hubiere implicado el incremento y reliquidación de su
mesada pensional, requisito que fue eliminado en el Decreto 1293 de 1994, por lo
que tal restricción solo existió mientras el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 no
fue modificado por el artículo 7.° del referido Decreto 1293.21
En segundo lugar, en cuanto a las características del reajuste especial, se precisó
lo siguiente: i) que es diferente al reajuste anual consagrado en el artículo 16 ibidem.
con base en el salario mínimo legal; no obstante, de conformidad con la sentencia C-
258 de 2013,22 que analizó la constitucionalidad del artículo 17º de la Ley 4ª de
1992,23 se determinó que la mesada pensional de los congresistas no se puede
seguir incrementando con base en el SMLV, sino que debe tenerse en cuenta lo
ordenado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, con base en el IPC, que
anualmente fija el DANE; ii) que de conformidad con el artículo 7.° del Decreto 1293
de 1994, modificatorio del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, se mantuvo como
requisito la condición de ser congresista antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992,
es decir previo al 18 de mayo de 1992; su reconocimiento procede por una sola vez;
y el porcentaje en ningún caso puede ser inferior al 50% del promedio de la pensión
a que tendrían derecho los actuales congresistas, el cual surte efectos a partir del 1.º
de enero de 1994; y iii) que si bien es cierto, de conformidad con las referidas
sentencias C-258 de 2013 y la SU-566 de 2015, «tanto el ingreso base de
liquidación como a liquidación misma de las pensiones, reajustes y sustituciones,
deben corresponder de forma proporcional al aporte efectuado por los Congresistas
en los últimos 10 años previos al reconocimiento del derecho que reclaman» 24,
también lo es que esta consideración no aplica para los excongresistas con pensión
de jubilación reconocida antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen
derecho al reajuste especial a modo de nivelación o de actualización de su pensión
21 Desde el 13 de julio de 1993 y hasta el 24 de junio de 1994 cuando entró en vigor el Decreto 1293 de 1994.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
23 En esta sentencia se declaró la inexequibilidad de las expresiones «Y se aumentarán en el mismo porcentaje
en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992
24 En esta providencia se señaló que: «Justamente, con la declaratoria de inexequibilidad de los apartes “durante
el último año, y por todo concepto”, “y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo
legal” y “por todo concepto” contenidos en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, se afectaron también sus
disposiciones reglamentarias, por lo cual en la actualidad tanto el ingreso base de liquidación como la
liquidación misma de las pensiones, reajustes y sustituciones, deben corresponder de forma proporcional al
aporte efectuado por los Congresistas en los últimos 10 años previos al reconocimiento del derecho que
reclaman».
12
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con los congresistas en ejercicio para el año 1994, así como tampoco les afecta lo
relativo al tope o valor máximo de las mesadas pensionales.25
En tercer lugar, y en punto del porcentaje del reajuste especial, la sentencia indicó:
i) que corresponde al 50% de la pensión a la que tendría derecho un congresista en
el año 1994 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de la mencionada
anualidad; ii) que se debe efectuar por una sola vez, según expresamente lo
determinan los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, lo que claramente denota
que no constituye una reliquidación anual del ingreso básico para la liquidación de la
pensión de jubilación; y iii) que no puede reconocerse por anualidades anteriores a
1994 y menos con intereses de mora ante el retardo en reconocerlo en esas
anualidades, en la medida en que el último inciso del artículo 17 del citado Decreto
1359, y el artículo 7.° del referido Decreto 1293, explícitamente ordenaron que surtía
efectos fiscales desde el 1 de enero de 1994.
En cuarto y último lugar, precisó que dicho reajuste también es un derecho para el
excongresista que obtuvo a través de acto administrativo el reconocimiento y pago
de su pensión de jubilación especial de legislador, y luego de retirado del servicio
decidió incorporarse de nuevo a la actividad legislativa en tal condición, esto es, del
congresista pensionado vuelto a elegir, regulado por el inciso 2º del artículo 1º de la
Ley 19 de 1987,26 en concordancia con el artículo 8.° del Decreto 1359 de 199327 y
el parágrafo del artículo 4 ibidem.28 Para tal efecto, aclaró que el cumplimiento de
los requisitos consagrados por el artículo 1º de la citada Ley 19 otorgan al
25 Debe corresponder a 25 SMLMV, que fue fijado por la Corte con relación a la mesada pensional de jubilación no
frente al reajuste especial, ya que es una figura propia de los excongresistas que no vieron su pensión de
jubilación concedida al abrigo de la Ley 100 de 1993 sino de la normativa especial
26 Ley 19 de 3 de marzo de 1987. «Por la cual se modifica la Ley 33 de 1985». Esta disposición señaló que para
que el congresista pensionado vuelto a elegir, goce del derecho al reajuste es necesario que cumpla las
siguientes condiciones a saber:
(i) Que presente la renuncia temporal a percibir la pensión de jubilación ya reconocida.
(ii) Que el nuevo lapso de vinculación al Congreso, no puede ser inferior a 1 año en forma continua o discontinua.
(iii) Que realice los aportes correspondientes a Fonprecon. 27 Artículo 8. «CONGRESISTAS PENSIONADOS Y
VUELTOS A ELEGIR. En armonía con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4o del presente Decreto, los
Senadores y Representantes a la Cámara que al momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que
renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de
derecho público, al terminar su gestión como Congresistas, la seguirán percibiendo de la Entidad Pensional del
Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente régimen siempre que a la vigencia de este Decreto,
hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el artículo 1o, inciso 2o de la Ley 19 de 1987. Para los
efectos previstos en este artículo, la Entidad Pensional del Congreso de oficio, procederá a reliquidarlos con base
en el ingreso promedio que durante el último año y por todo concepto percibiere el congresista en ejercicio, de
conformidad con los mandatos previstos en los artículos 5o y 6o del presente Decreto».
27 Artículo 8. «CONGRESISTAS PENSIONADOS Y VUELTOS A ELEGIR. En armonía con lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 4o del presente Decreto, los Senadores y Representantes a la Cámara que al momento de
tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de
jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público, al terminar su gestión como Congresistas, la
seguirán percibiendo de la Entidad Pensional del Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente
régimen siempre que a la vigencia de este Decreto, hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el
artículo 1o, inciso 2o de la Ley 19 de 1987. Para los efectos previstos en este artículo, la Entidad Pensional del
Congreso de oficio, procederá a reliquidarlos con base en el ingreso promedio que durante el último año y por
todo concepto percibiere el congresista en ejercicio, de conformidad con los mandatos previstos en los artículos
5o y 6o del presente Decreto».
28 Decreto 1359 de 1993. Artículo 4. «REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTE RÉGIMEN PENSIONAL. Para que
un Congresista pueda acceder a la aplicación de este régimen especial, deberá cumplir en debida forma con los
siguientes requisitos: a) Encontrarse afiliado a la Entidad Pensional del Congreso y estar efectuando
cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma. Haber tomado posesión de su cargo.
PARÁGRAFO. De igual manera accederán a este régimen pensional los Congresistas que al momento de su
elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden
nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1o, inciso 2o de la
Ley 19 de 1987».
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congresista pensionado vuelto a elegir, el derecho a que cuando culmine su nuevo
periodo en el ejercicio de la actividad legislativa, se le reconozca la pensión
jubilatoria por parte de FONPRECON con el «respectivo reajuste», pero siempre y
cuando ese nuevo periodo legislativo haya culminado antes del 18 de mayo de 1992,
de lo contrario, esto es, si el congresista pensionado vuelto a elegir tenía tal calidad
(senador o representante a la cámara) cuando entró en vigencia la Ley 4ª. de 1992
(18 de mayo de 1992), ya no tiene el beneficio del «reajuste especial» sino que tiene
derecho al régimen especial de jubilación de congresistas y en virtud ello a que su
pensión de jubilación se reliquide de conformidad con los artículos 5.° y 6.° del
Decreto 1359 de 1993.
Vale mencionar que a la sentencia de unificación se le dio efectos retrospectivos y,
por ende, las reglas jurisprudenciales fijadas son vinculantes para los casos
pendientes de decisión tanto en vía administrativa. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos, esto es, amparados por la cosa juzgada, resultan
inmodificables.
El señor Luis Enrique Echeverry Uribe no tiene derecho al reajuste especial
equivalente al 75%
Advierte la Sala que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad, con el objetivo
de obtener la nulidad de las Resoluciones 778 del 9 de agosto de 1994 y 601 del 17
de mayo de 1996, por medio de las cuales la entidad ordenó el reconocimiento y
pago de una pensión vitalicia de jubilación, y la reliquidación de la misma a favor del
señor Luis Enrique Echeverry Uribe.
Lo anterior por cuanto, a voces del demandante, con la expedición de los
mencionados actos administrativos se transgredieron los artículos 4.º, 8.º y 17 del
Decreto 1359 de 1993, así como el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, pues la
reliquidación pensional a la que tenía derecho el señor Echeverry Uribe correspondía
al 50% y no al 75%.
El tribunal de primera instancia consideró acreditadas las condiciones expuestas por
la entidad demandante, pero exclusivamente en relación con el reajuste pensional, al
considerar que, si bien se ejerció la presente acción en contra de la Resolución 778
de 1994, no se presentaron argumentos tendientes a cuestionar el reconocimiento
de la pensión de jubilación del señor Echeverry Mejía, motivo por el cual no emitió
pronunciamiento alguno al respecto.
Sobre el punto, sostuvo que el demandado adquirió su derecho pensional el 21 de
febrero de 1991 (de acuerdo al artículo 2.º del Decreto 1723 de 1964), esto es, antes
de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, por lo que el reajuste especial de la
mesada pensional a que tiene derecho en su condición de excongresista, no
correspondía al 75% que le fue reconocido sino al equivalente al 50% del promedio
de las pensiones de los congresistas activos para ese momento.
Por su parte el señor Echeverry Uribe expuso como motivos de disenso con la
decisión del a quo, entre otros aspectos, que tiene derecho al régimen de transición
del Decreto 1293 de 1994 y que, además, los planteamientos del libelo no tenían
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vocación de prosperidad para lo cual enunció como argumentos de defensa las
excepciones tendientes a demostrar su derecho al reajuste pensional equivalente al
75%.
De conformidad con lo sucintamente reseñado, se tiene que la discusión que puso
en movimiento el aparato judicial, se circunscribe a la carencia de soporte legal que
valide la decisión administrativa de Fonprecon, de reconocer al demandado el
reajuste de su pensión de jubilación con el 75 % del ingreso base para la liquidación
pensional de los congresistas en ejercicio.
De conformidad la sentencia de unificación citada en precedencia, en el presente
asunto se acreditó lo siguiente:
• El señor Luis Enrique Echeverry Uribe nació el 21 de febrero de 1941 29 y prestó
sus servicios al Estado, así:
Entidades Periodos
Seccional Servicio de Salud de Del 25 de julio al 30 de septiembre de
Antioquia30. Médico y jefe de sección. 1966.
Del 9 de mayo de 1977 al 28 de
febrero de 1980.Con 28 días de
interrupción.
Coldeportes Antioquia .31 Director Del 10 de octubre de 1972 al 3 de
ejecutivo. abril de 1973.
32
Universidad de Antioquia . Docente. Medio tiempo: del 1.° de octubre de
1966 al 9 de agosto de 1972.
Tiempo completo: del 10 de agosto
de 1972 al 5 de octubre de 1975
33
Municipio de Medellín . Secretario de Del 6 de abril de 1981 al 27 de
salud pública. agosto de 1982.
Instituto Colombiano de Bienestar Del 13 de octubre de 1982 al 4 de
Familiar34. Director regional. marzo de 1983.
35
Congreso de la República . Elegido Período 1986-1990.
como representante a la Cámara por la
circunscripción electoral del
Departamento de Antioquia.
• Fonprecon por medio de Resolución 778 del 8 de agosto de 1994, reconoció
pensión de jubilación al señor Echeverry Uribe, en cuantía de $291.885,71, efectiva
a partir del 22 de febrero de 199136.
• Posteriormente, mediante Resolución 601 del 17 de mayo de 1996, la entidad
demandante con fundamento en la sentencia T-463 de 1995, ordenó reconocer al
29
Según cédula de ciudadanía visible a folio 212.
30 Folio 245.
31 Folio 246.
32 Folio 247.
33 Folio 244.
34 Folio 243.
35 Folios 248 a 249.
36
Folios 228 a 232.
15
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Demandante: FONPRECON
señor Luis Enrique Echeverry Uribe, un reajuste especial, equivalente al 75% «del
ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio»,
a partir del 1.° de enero de 199237.
De la relación probatoria que antecede y a la luz de lo señalado en la sentencia de
unificación jurisprudencial, lo primero que ha de advertirse es que el señor Luis
Enrique Echeverry Uribe acreditó los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación con anterioridad al 18 de mayo de 1992, esto es, más de 50 años de
edad38 y 20 años de servicio, los cuales completó como congresista (1986 a 1990),
por lo que podía ser beneficiario del reajuste especial consagrado en el artículo 17
del Decreto 1359 de 1993, modificado por el artículo 7.º del Decreto 1293 de 1994,
que se causa por una sola vez, en un porcentaje equivalente al 50% del promedio de
las pensiones a que tendrían derecho los congresistas para ese momento -1994-, y
con efectos fiscales a partir del 1.º de enero de ese año.
En virtud de lo anterior, Fonprecon efectuó un reajuste de la prestación con
fundamento en la sentencia T-463 de 1995, a través de la Resolución 601 del 17 de
mayo de 1996, por encima del porcentaje legalmente permitido y en anualidades
anteriores a 1994, pues recuérdese que le fue concedido dicho beneficio a partir del
1.° de enero de 1992.
En efecto, si se traen al presente asunto las reglas fijadas en la sentencia de
unificación en comento, se encuentra que el señor Echeverry Uribe: i) acreditó
requisitos para pensión cuando se desempeñaba como congresista; ii) accedió a esa
prestación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 39 (Resolución
778 del 8 de agosto de 1994); y iii) fue sujeto de un reajuste especial ilegal, en la
medida en que no atendió el porcentaje que correspondía (50%), sino uno mayor
(75%), el cual, por si fuera poco, no se reconoció exclusivamente a partir del 1.º de
enero de 1994, sino que se extendió a anualidades anteriores.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que el reajuste especial al que tenía
derecho el demandado en su condición de excongresista era el consagrado en el
artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, modificado por el artículo 7º del Decreto 1293
de 1994, razón por la cual debía reconocerse por una sola vez en porcentaje
equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tenían derecho los
congresistas para ese momento y con efectos fiscales a partir del 1.º de enero de
1994.
En esta medida, resulta claro que como la Resolución 601 del 17 de mayo de 1996,
dispuso el reajuste ilegal de la pensión de jubilación en cuantía del 75% y respecto
de anualidades anteriores al 1.° de enero de 1994, debe ser declarada nula, tal
como lo consideró el a quo.
Conforme a lo expuesto, observa la Sala que la resolución demandada que ordenó
el mentado reajuste especial, se expidió con infracción de las normas en que debió
fundarse, así como la interpretación jurisprudencial unificadora de esta Corporación
sobre el particular, lo que desvirtuó su presunción de legalidad.
37 Folios 306 a 308.
38
Los cuales acreditó el 21 de febrero de 1991.
39 22 de febrero de 1991.
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Demandante: FONPRECON
Ahora bien, en el escrito del recurso de alzada, la parte demandada peticionó se dé
aplicación a la excepción de inconstitucionalidad del artículo 7.° del Decreto 1293 de
1994, porque en su sentir transgrede el Acto Legislativo 01 de 2005 al reducir la
mesada pensional al 50%, lo cual quebranta la protección expresa al valor de las
mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho; porque el reajuste especial,
tal como en este asunto fue concedido en un porcentaje del 75%, evidentemente no
lo fue conforme a derecho, lo que dice expresamente de su ilegalidad.
Lo anterior, por cuanto transgrede el ordenamiento jurídico y la sentencia de
unificación proferida por esta Corporación al respecto, cuando legítimamente ha
debido ser en el 50% desde el 1.° de enero de 1994 por una sola vez, de
conformidad con lo analizado en la presente providencia.
Tampoco prospera la solicitud que se formuló en el recurso de alzada de dar
aplicación a la sentencia C-258 de 2013 que resolvió la demanda de inexequibilidad
promovida contra el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, según la cual todos los
excongresistas pensionados antes del 1.° de abril de 1994, que cumplieran con uno
de los requisitos del régimen de transición, tienen derecho a que su pensión sea
equivalente a 25 salarios mínimos legales vigentes, tope señalado por la Corte
Constitucional, toda vez que aquel es un límite máximo para las mesadas
pensionales y no mínimo, como se sugiere, motivo por el cual el hecho de que al
reliquidar su pensión con aplicación del reajuste especial en 50%, eventualmente
arroje un resultado inferior a 25 smmlv no impone la revocatoria de la sentencia de
primera instancia.
Por último, no es de recibo el argumento expuesto por el demandando respecto de la
aplicación de otros regímenes, en tanto el objeto de la presente litis es el monto del
reajuste pensional aplicable a la prestación percibida por el señor Echeverry Uribe y
no el reconocimiento de la pensión de jubilación, conforme se consideró en la
sentencia recurrida y que se confirma en esta instancia.
En conclusión: el señor Luis Enrique Echeverry Uribe en su calidad de
excongresista pensionado con anterioridad al 18 de mayo de 1992, fecha en que
entró en vigencia la Ley 4ª de 1992, únicamente tenía derecho a un reajuste especial
por una sola vez, a partir del 1.º de enero de 1994, equivalente al 50% del promedio
de las pensiones a que tuvieren derecho los congresistas para ese momento.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia fechada 12 de
junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, habida cuenta de que no
prosperaron los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada.
Condena en costas
No hay lugar a condenar en costas por versar sobre un asunto de interés público
(acción de lesividad) y porque, en todo caso, no se demostró temeridad o mala fe de
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Demandante: FONPRECON
las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA40 vigente para este
proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 12 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el proceso que, en ejercicio de la acción de control de
nulidad y restablecimiento en su modalidad de lesividad, promovió el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República contra el señor Luis Enrique
Echeverry Uribe.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Reconocer personería adjetiva al abogado Alberto García Cifuentes,
identificada con cédula de ciudadanía 7.161.380 y portador de la tarjeta profesional
72.989 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Fonprecon, según
poder a él conferido enviado como mensaje de datos visibles en índices 16 y 17 de la
plataforma SAMAI.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
40 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el
juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
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