Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01989-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01989-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01989-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
Fonprecon
Demandada: Gloria Elena Serna de Duque
Temas: Reajuste Especial – Excongresista
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, Fonprecon, por conducto de apoderado,
formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) 00234 del 28 de febrero de 1996, que le reconoció al señor Gustavo
1 Folios 296 a 308.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República - Fonprecon
Duque Ramírez la pensión de jubilación y el reajuste especial previsto por los
Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, en cuantía del 75% del ingreso mensual
promedio que devengaba un congresista; ii) 00511 del 23 de abril de 1996, que
concedió el mencionado reajuste especial para los años 1992 y 1993; iii) 000783
del 6 de octubre de 1997, que le reconoció al pensionado intereses de mora sobre
el reajuste decretado por los años 1992 y 1993; iv) 1044 del 20 de agosto de 2010,
que sustituyó provisionalmente la pensión de jubilación a la señora Gloria Elena
Serna de Duque, en su condición de cónyuge supérstite del causante; y v) 1340 del
12 de octubre de 2010, que sustituyó dicha prestación de manera definitiva.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
Fonprecon solicitó lo siguiente: i) reliquidar la pensión de sobrevivientes que
devenga la demandada en cuantía equivalente al 50% de las pensiones a que
tendrían derecho los congresistas en el año 1994; y ii) disponer el reintegro de las
sumas percibidas en exceso por concepto del referido beneficio prestacional.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad accionante señaló los
siguientes:
i) El señor Gustavo Duque Ramírez nació el 24 de septiembre de 1939, se
desempeñó como Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia en
los años 1974 a 1986 y falleció el 13 de junio de 2010.
ii) Por Resolución 00234 del 28 de febrero de 1996, Fonprecon reconoció al
mencionado ciudadano la pensión de jubilación y el reajuste especial previsto por
los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, en cuantía del 75% del ingreso mensual
promedio que devengaba un congresista en ejercicio.
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iii) A través de las Resoluciones 00511 del 23 de abril de 1996 y 000783 del 6 de
octubre de 1997, la entidad otorgó el aludido beneficio para los años 1992 y 1993,
junto con los intereses moratorios.
iv) Por Resoluciones 1044 del 20 de agosto de 2010 y 1340 del 12 de octubre de
2010, Fonprecon sustituyó, en forma provisional y luego definitiva, la pensión de
jubilación a la señora Gloria Elena Serna de Duque, en su condición de cónyuge
supérstite del causante, en cuantía de $18.266.959, efectiva a partir del 1 de julio
de 2010.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, 17 de la
Ley 4 de 1992; 17 del Decreto 1359 de 1993; y 7 del Decreto 1293 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la parte actora expuso lo
siguiente:
i) El ordenamiento superior establece que el reajuste especial a que tienen derecho
los excongresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
4 de 1992, corresponde al 50% del valor de la pensión de los congresistas en el año
1994; sin embargo, en este caso el beneficio se liquidó con base en el 75% del
salario devengado por un congresista en ejercicio, pese a que el señor Gustavo
Duque Ramírez no era destinatario de ese régimen especial, por cuanto la última
vez que se desempeñó como representante a la Cámara fue en el año 1986.
ii) El reajuste pensional especial reconocido para los años 1992 y 1993, así como
los intereses moratorios asignados por ese concepto, carecían de fundamento legal,
en tanto los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 previeron que el beneficio
tendría efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1994.
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iii) Bajo este escenario, la sustitución pensional que se hizo a favor de la señora
Gloria Elena Serna de Duque excede el monto que legalmente correspondía.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso
las siguientes razones de defensa:2
i) El señor Gustavo Duque Ramírez tenía derecho a que su pensión se liquidara con
base en el 75% del salario devengado por un congresista en ejercicio, debido a que
para el 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años y 15 de servicio; por lo tanto,
estaba amparado por el régimen de transición previsto en el Decreto 1293 de 1994,
teniendo en cuenta que fue congresista hasta el 20 de julio de 1985 y que consolidó
el estatus pensional el 24 de septiembre de 1994, esto es, después de la entrada
en vigencia de la Ley 4 de 1992.
ii) Fonprecon aplicó el reajuste especial en cumplimiento de lo dispuesto en la
sentencia T-456 de 1994, proferida por la Corte Constitucional, en cuyas
consideraciones se expresó que ninguna mesada pensional de los congresistas
podía ser inferior al 75 % de lo que por todo concepto devengaran dichos servidores.
iii) El fondo demandante reconoció los intereses moratorios en virtud de lo dispuesto
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Concepto 841
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
iv) El artículo 17 de la Ley 4 de 1992 establece que el reajuste de las pensiones de
los excongresistas debía ser del 75%, razón por la que no es posible que se
pretenda limitar ese derecho al 50%.
v) Se proponen las siguientes excepciones: 1) la accionada tiene derecho al régimen
especial de transición previsto en el Decreto 1293 de 1994; 2) prescripción; 3) buena
2 Folios 360 a 370.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
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fe; 4) falta de legitimación en la causa por activa, ya que en el pago de la pensión
que devenga la demandada también concurren otras entidades respecto de las
cuales Fonprecon no está facultado para pedir devolución de dineros en su nombre;
5) inexistencia de soporte legal para pedir la disminución de la pensión y reintegro
de dineros; 6) presunción de legalidad; 7) inepta demanda por falta de explicación
del concepto de violación e incongruencia entre los hechos y las pretensiones; 8)
«la demanda está en contravía» de los artículos 17 de la Ley 4 de 1992 y 7 del
Decreto 1359 de 1993 y del Decreto 1293 de 1994; 9) inconstitucionalidad, por
cuanto la Ley 4 de 1992 dispuso que los pensionados antes y después de su
vigencia tenían derecho a que la prestación se liquidara con el 75%; asimismo, el
Acto Legislativo 1 de 2005 garantizó los derechos adquiridos y prohibió la reducción
de las mesadas; 10) improcedencia de la acción de lesividad; 11) decaimiento de
los artículos 17 del Decreto 1359 de 1993 y 7 del Decreto 1293 de 1994; 12) la
pensión no puede rebajarse a menos de 25 smlmv.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 3 de junio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3
i) La Ley 4 de 1992 creó un régimen especial de pensiones para aquellos
congresistas que estuvieran fungiendo en tal condición para el 18 de mayo de 1992.
Esta normativa no le era aplicable al señor Gustavo Duque Ramírez, ya que se
desempeñó como representante a la Cámara hasta el 29 de enero de 1986.
ii) El causante era beneficiario del reajuste especial previsto en el artículo 17 del
Decreto 1359 de 1993, modificado por el Decreto 1293 de 1994, equivalente al 50%
de las pensiones devengadas por los congresistas en ese momento y con
efectividad a partir del 1 de enero de 1994.
3 Folios 457 a 469.
5
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
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iii) En consecuencia, se anulan los actos enjuiciados y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordena a Fonprecon a «reconocer el reajuste de la pensión de
jubilación reconocida al señor Gustavo Duque Ramírez y sustituida a la señora
Gloria Elena Serna de Duque en calidad de cónyuge supérstite, en cuantía del 50%
de las pensiones a que tendrían derecho los congresistas para la época en que
profirieron los actos administrativos anulados».
iv) No hay lugar a devolver las sumas pagadas en exceso a la demandada, por
cuanto fueron percibidas de buena fe.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la parte accionada interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4
i) El parágrafo único del artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 fue anulado por el
Consejo de Estado, pero la decisión no tuvo efectos retroactivos, es decir, que la
norma estuvo vigente hasta el 27 de octubre de 2005, cuando se expidió el fallo
anulatorio.
ii) Por lo tanto, «a los parlamentarios que se pensionaron con régimen de transición
y con anterioridad a la fecha de la anulación del parágrafo, tendrán derecho a todos
los beneficios de este régimen, incluyendo el reconocimiento de su pensión en un
75% de lo que devengaba un parlamentario a la fecha del reconocimiento»,
conforme lo explicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 y con la
aclaración de que la prestación está sujeta al tope de 25 smlmv.
iii) La anterior tesis es la que debe aplicarse al señor Gustavo Duque Ramírez, ya
es beneficiario del mencionado régimen de transición, pues para el 1 de abril de
1994 contaba con más de 40 años de edad y 15 de servicio, adquirió el estatus
4 Folios 414 a 444.
6
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pensional el 24 de septiembre de 1994 y el último cargo desempeñado fue el de
representante a la Cámara. Además, la jurisprudencia ha revaluado la exigencia de
que el congresista estuviera ejerciendo el cargo entre el 18 de mayo de 1992 y el 1
de abril de 1994.
iv) Se proponen las siguientes excepciones:
1) presunción de legalidad, puesto que el causante estaba amparado por la
transición y la pensión de la demandada no puede ser inferior a 25 smlmv; 2)
inconstitucionalidad, por cuanto el artículo 7 del Decreto 1293 de 1994 quebranta el
Acto Legislativo 1 de 2005; 3) improcedencia de la acción de lesividad, ya que su
ejercicio conduce a la violación de derechos y garantías constitucionales y se incoó
de manera extemporánea; 4) caducidad, debido a que Fonprecon solo tenía hasta
el 31 de diciembre de 2013 para reliquidar las pensiones, según la Sentencia C-258
de 2013, además en este caso no se tramitó el proceso de verificación a que había
lugar; 5) falta de integración del litisconsorcio necesario por activa; 6) prescripción;
7) buena fe; 8) inexistencia de soporte legal para pedir el reintegro de dineros; 9)
inepta demanda, por indebido desarrollo del concepto de violación, falta de
identificación de la parte demandada e incoherencia entre los hechos y las
pretensiones; 10) «la demanda está en contravía» de los artículos 17 de la Ley 4 de
1992; 1, 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993 y 2 del Decreto 1293 de 1994; 11)
decaimiento de los artículos 17 del Decreto 1359 de 1993 y 7 del Decreto 1293 de
1994.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Las partes demandante y demandada se abstuvieron de intervenir en esta instancia.
1.6. El Ministerio Público
7
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La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto y
solicitó confirmar la sentencia apelada por las siguientes razones:5
i) La jurisprudencia ha explicado que el reajuste especial es completamente
diferente del derecho pensional especial para los congresistas.
ii) El señor Gustavo Duque Ramírez fue elegido representante por la circunscripción
electoral del departamento de Antioquia para los periodos comprendidos entre el
año de 1974 a 1986 y adquirió su estatus pensional antes de la vigencia de la Ley
4 de 1992, por lo cual, le corresponde un reajuste pensional por una sola vez, en un
porcentaje del 50% del promedio de las pensiones percibidas por los congresistas
para ese momento, en los términos del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa - Excepciones propuestas en el recurso de apelación
El apoderado de la demandada, al sustentar la alzada, propuso varias excepciones
tendientes a controvertir la procedencia del medio de control, así como el derecho
reclamado por Fonprecon.
En este acápite se abordarán las excepciones que atacan el ejercicio de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho y las de fondo se estudiarán junto con el
desarrollo de mérito del debate puesto a consideración de la Sala.
En relación con las primeras, se encuentran las siguientes: improcedencia de la
acción de lesividad; caducidad; falta de integración del litisconsorcio necesario por
activa e inepta demanda.
5 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
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Al respecto, es pertinente anotar que la contestación de la demanda es la
oportunidad que tenía la parte accionada para proponer excepciones, por lo que en
esta instancia solamente podrán declararse, de oficio, las que se encuentren
probadas, al tenor del artículo 187 del CPACA.
Ahora bien, mediante auto del 12 de junio de 2019,6 el a quo manifestó que no se
acreditaron las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario por
activa e inepta demanda.
El apoderado de la actora interpuso recurso de apelación frente a la falta de
integración del litisconsorcio necesario por activa y esta corporación confirmó la
decisión recurrida, por auto del 2 de julio de 2020.7
En anteriores oportunidades se ha sostenido que las decisiones manifiestamente
ilegales no cobran ejecutoria y no atan al juez;8 empero, la Corte Constitucional, en
relación con la aplicación de esa excepción con miras a la modificación y/o
revocación de la decisión que se considera ilegal, ha señalado que su operatividad
debe limitarse a «criterios eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so
pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador jurídico puede resultar
modificando situaciones jurídicas constituidas de buena fe respecto de terceros con
fundamento en las providencias judiciales y desconociendo con ello normas de
orden público, así como el principio de preclusión de las etapas procesales».9
Así las cosas, es necesario que el operador judicial verifique si realmente se
encuentra ante una decisión manifiestamente ilegal que amerite rectificación; sin
embargo, en este caso no se observan razones para dejar sin efectos los autos que
negaron las excepciones de integración del litisconsorcio necesario e inepta
6 Folios 409 a 411.
7 Folios 442 a 449.
8 Ver, entre otras providencias de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: Sentencia 286 del 23 de Julio de 1987;
Sentencia 096 del 24 de mayo de 2001. Asimismo, las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, del
30 de agosto de 2012, radicado 11001 03 15 000 2012 00117 01(AC); del 5 de julio de 2018, radicado 05001 23 31 000
2006 01233 01; del 25 de mayo de 2016, radicado 25000 23 36 000 2013 00835 01, (53553).
9 Ver, entre otras, las Sentencias T-519 de 2005 y T-1274 de 2005.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
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demanda; por el contrario, estas providencias se fundaron en la normativa superior
y la jurisprudencia aplicable.
Además, la apelante se limitó a reiterar los argumentos de defensa que ha expuesto
ampliamente en el transcurso del proceso. En consecuencia, no se efectuarán
consideraciones adicionales en relación con las aludidas excepciones.
De otro lado, la demandada afirmó que no era procedente tramitar la acción de
lesividad, ya que su ejercicio conduce a la violación de derechos y garantías
constitucionales y se incoó de manera extemporánea.
La Sala se aparta del anterior entendimiento, pues el mecanismo de nulidad y
restablecimiento del derecho fue instituido expresamente por el legislador y el
artículo 164 del CPACA permite demandar en cualquier tiempo los actos que
reconocen prestaciones periódicas, como la que se debate en este asunto.
No obstante, conforme se ha determinado en casos análogos al presente,10 se
declarará de oficio la excepción de caducidad frente a la Resolución 000783 del 6
de octubre de 1997, que reconoció intereses de mora sobre el reajuste decretado
por los años 1992 y 1993, pues este pago es unitario y, por lo tanto, el acto debió
demandarse dentro de los 4 meses siguientes a su notificación.
En efecto, la Resolución 000783 de 1997 se notificó «por conducta concluyente»11
el 9 de octubre de 1997, pero la demanda de la referencia se radicó el 13 de mayo
de 2014,12 es decir, cuando se había superado en exceso el término legalmente
establecido para enjuiciar dicho acto.
La señora Gloria Elena Serna de Duque también afirmó que operó la caducidad de
la demanda, debido a que Fonprecon solo tenía hasta el 31 de diciembre de 2013
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022, radicado 25000 23 42 000 2013
06695 02 (2616-2019). También del 29 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2014-01392-01 (3794-17).
11 Folio 115 (reverso) de expediente.
12 Folio 296 del expediente.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
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para reliquidar las pensiones, conforme lo dispuso la Sentencia C-258 de 2013,
además en este caso no se tramitó el proceso de verificación a que había lugar.
El anterior argumento tampoco tiene vocación de prosperidad, por cuanto la aludida
providencia no modificó los términos de caducidad antes estudiados, sino que
ordenó disminuir las mesadas pensionales que sobrepasaran el tope de 25 smlmv
con miras a proteger el erario y también conminó a Fonprecon a revisar si adicional
a esta medida debían hacerse otros ajustes, con la aclaración de que estos asuntos
debían ventilarse ante la jurisdicción, por cuanto los actos administrativos no podían
revocarse unilateralmente.
Por ende, la demanda objeto de análisis atiende a los lineamientos antes indicados,
pues Fonprecon evidenció que la mesada pensional superaba el monto que
legalmente correspondía y por ello acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual podía interponerse de manera autónoma y sin
necesidad de adelantar actuaciones administrativas previas, conforme lo ha
explicado esta Subsección en casos similares al presente.13
Inclusive, contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, al plenario se allegó
un estudio suscrito por el representante legal de una sociedad de abogados, en el
cual conceptúo ante Fonprecon sobre la revisión del expediente pensional de la
demandada y concluyó que era necesario adelantar las actuaciones judiciales
tendientes a disminuir el monto de la prestación.14
2.2. El problema jurídico
El problema jurídico se circunscribe a establecer si la señora Gloria Elena Serna de
Duque, en calidad de cónyuge supérstite del señor Gustavo Duque Ramírez y quien
se desempeñó como representante a la Cámara con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992, tiene derecho a que su mesada pensional se
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicado 05001-23-31-000-
2009-00526-02 (0862-2020).
14 Folios 287 a 289.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
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mantenga en el monto del 75 % del ingreso mensual promedio devengado por un
congresista en ejercicio, como se estableció en los actos demandados al reconocer
un reajuste especial.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Postura unificada frente al régimen especial de pensión de jubilación
para los congresistas
La pensión de vejez a que tenían derecho los congresistas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, se regía por los mandatos de la Ley 6 de
1945 y las sucesivas normas que la modificaron o derogaron. Así lo ordenó el
artículo 7 de la Ley 48 de 1962 al precisar que dichos servidores públicos «gozarán
de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los
servidores públicos en la Ley 6ª. de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o
reformen».
Se destaca que la Ley 33 de 1985 varió el requisito de edad para tener derecho a
la pensión de jubilación consagrado en la Ley 6 de 1945 y lo aumentó a 55 años y,
además, en el parágrafo del artículo 1 creó un régimen de transición para aquellos
que a la fecha de su expedición tuvieran 15 años de servicio, quienes se regirían
por las normas anteriores.15
Asimismo, el artículo 14 de la Ley 33 de 1985 instituyó a Fonprecon como un
establecimiento público nacional con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
cuyo objeto era asumir, por mandato del artículo 15 ibidem, el pago de las
prestaciones a favor de sus empleados y los del Congreso de la República y de los
congresistas.
15 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el
Sector Público».
12
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
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Posteriormente, la Ley 4 de 1992 señaló las normas, objetivos y criterios que debía
observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos, incluidos los miembros del Congreso. En cuanto al régimen
pensional de los congresistas prescribió lo siguiente:
Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes
y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas
no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último
año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo
porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.16
Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará
teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo
concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete
la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.
En cumplimiento del anterior mandato, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1359
de 1993 a través del cual estableció un régimen especial de pensiones, reajustes y
sustituciones aplicable «a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4 de 1992 tuvieren
la calidad de Senador o Representante a la Cámara».17 De esta manera, el régimen
prestacional empezó a regir el 18 de mayo de 1992,18 fecha en que entró en vigor
la referida ley.
En lo que se refiere a los requisitos para obtener el derecho a la pensión de
jubilación por parte de estos servidores públicos, el Decreto 1359 de 1993 los fijó
en el artículo 7, así:
Artículo 7.º Definición. Cuando quienes en su condición de Senadores o
Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el
artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan
cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988,
tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75%
del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto
16 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-258 de 2013.
17 Artículo 1.° del Decreto 1359 de 1993
18 La Ley 4.ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo
de 1992, en el Diario Oficial 40451.
13
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devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5º y 6º del presente Decreto.
De conformidad con la norma, los congresistas que cumplan la edad y el tiempo de
servicios que esta establece, tienen derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación, la cual no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que
devenguen en el último año de servicio y deberá liquidarse con el IBL consagrado
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Esto último, en razón a que así lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.19
Respecto de los requisitos para aplicar el régimen especial de congresistas, esta
corporación dictó sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de
2020,20 cuyos efectos deben extenderse a todas las situaciones pendientes de
definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa
juzgada.21
La providencia abordó el análisis de: i) cuáles son los excongresistas que tienen
derecho a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación al amparo
del régimen especial regulado por el Decreto 1359 de 1993; ii) cuáles son los
excongresistas beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
tienen derecho a la aplicación del régimen especial del Decreto 1359 de 1993; y iii)
cuáles son los excongresistas destinatarios del régimen especial bajo la figura del
legislador vuelto a elegir. Aunado a ello, la Corporación se pronunció respecto de
algunos asuntos estrechamente relacionados con el régimen especial de
Congresistas, tales como los parámetros de liquidación de pensión y la vigencia del
19 La Corte Constitucional en la sentencia mencionada declaró la inexequibilidad de las expresiones «durante el último
año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal»,
contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que establecían un privilegio con respecto a los demás
regímenes lo que vulneraba el principio de igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en
consideración que los artículos 5.º y 6.º del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión «por todo concepto»,
por comunicabilidad normativa debe aplicarse el criterio de la Corte sobre este punto. En esa medida, para efectos de
liquidar la pensión la norma que rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020 radicado:
25000-23-42-000-2013-05893-01 (0815-15).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2021, radicado
25000234200020140430501 (2470-2019).
14
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régimen especial, todo ello en virtud de las implicaciones del Acto Legislativo 01 de
2005.22
En lo que atañe al sub lite, se destacan las siguientes reglas jurisprudenciales:
PRIMERO: REGLAS DE UNIFICACIÓN de lo expuesto con anterioridad se extraen las
siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en el tema puesto a
consideración:
[…]
1.1 Los congresistas que ejercieron su labor entre el 18 de mayo de 1992 y
adquirieron el estatus, fecha en que entró en vigencia la Ley 4 de 1992 y hasta
el 1 de abril de 1994, data en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, siempre que
cumplan los requisitos consagrados en el art. 4 y 7 del Decreto 1359 de 1993, que
son:
a) Estar afiliado a Fonprecon, realizar aportes a dicha entidad y haber tomado
posesión del cargo.
b) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55.
Inciso 2 del parágrafo 2 del art. 1 de la Ley 33 de 1985.
c) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de
derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y
ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
[…]
1.3. Los ex congresistas beneficiarios del régimen de transición consagrado en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les permite obtener el derecho a la aplicación
del régimen especial consagrado en el Decreto 1359 de 1993 son los siguientes:
1.3.1. Los excongresistas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el congresista para el 1 de abril de 1994 cuando cobró vigencia dicha
ley, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o 15 años
o más de servicios efectivamente cotizados.
b) Que el congresista reúna los requerimientos propios del régimen especial
que son:
i) El ejercicio de la actividad legislativa entre el 18 de mayo de 1992 y que dicha
situación no varié hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º
de abril de 1994.
ii) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55.
Inciso 2 del parágrafo 2 del art. 1 de la Ley 33 de 1985.
iii) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de
derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y
ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
iv) Haber tomado posesión del cargo de congresista;
v) Haberse afiliado a la entidad pensional del Congreso –Fonprecon-.
22 Ibidem
15
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vi) Haber efectuado cumplidamente las cotizaciones o aportes ante dicha
entidad pensional.
2.3.2. Postura unificada frente al reajuste especial
El artículo 17 del decreto 1359 de 1993, modificado por el artículo 7 del Decreto
1293 de 1994, reglamentó el reajuste especial de los excongresistas, en los
siguientes términos:
Artículo 17. Reajuste Especial. Los senadores y representantes que se hayan
pensionado con anterioridad a la vigencia de la ley 4 de 1992, tendrán derecho a un
reajuste en su mesada pensional, por una sola vez, de tal manera que su pensión
alcance un valor equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían
derecho los actuales congresistas.
El valor de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas será del 75%
del ingreso base para la liquidación pensional de los congresistas a que se refiere el
artículo 5 del decreto 1359 de 1993.
Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1.994. El Gobierno
Nacional incluirá las respectivas partidas en el proyecto de ley anual de Presupuesto
correspondiente a la vigencia de 1994.
La Sección Segunda, por Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2- 017 del 3 de
septiembre de 2020,23 concluyó que pueden acceder al reajuste especial los
Senadores y Representantes a la Cámara que fueron pensionados con anterioridad
al 18 de mayo de 1992 en calidad de congresistas, aunque hayan variado la
condición de legislador con ocasión de su reincorporación al servicio público a partir
del 24 de junio de 1994, cuando entró a regir el Decreto 1293 de 1994.
También se explicó que si bien es cierto, de conformidad con las Sentencias C-258
de 2013 y la SU-566 de 2015, «tanto el ingreso base de liquidación como a
liquidación misma de las pensiones, reajustes y sustituciones, deben corresponder
de forma proporcional al aporte efectuado por los Congresistas en los últimos 10
años previos al reconocimiento del derecho que reclaman», también lo es que esta
consideración no aplica para los excongresistas con pensión de jubilación
reconocida antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho al
23 Sentencia CE-SUJ-S2- 017 del 3 de septiembre de 2020, radicado 25000 23 25 000 2008 00097 02 (2694-2016).
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reajuste especial a modo de nivelación o de actualización de su pensión con los
congresistas en ejercicio para 1994.
Finalmente, en relación con las características del reajuste especial, la sentencia en
comento indicó lo siguiente: i) corresponde al 50% de la pensión a la que tendría
derecho un congresista en el año 1994 y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero
de 1994; ii) se debe conceder por una sola vez, según expresamente lo determinan
los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, lo que claramente denota que no
constituye una reliquidación anual del ingreso básico para la liquidación de la
pensión de jubilación; y iii) no puede reconocerse antes de 1994 y menos con
intereses de mora ante el retardo en otorgarlo.
2.4. Hechos probados
• El 4 de agosto de 1995, el subsecretario general de la Cámara de Representantes
hizo constar que el señor Gustavo Duque Ramírez fue elegido representante
principal por la circunscripción electoral del departamento de Antioquia y actuó
ininterrumpidamente durante los siguientes períodos constitucionales: 1974-1978,
1978-1982 y 1982-1986.24
• El 28 de febrero de 1996, por Resolución 00234, Fonprecon le reconoció al señor
Duque Ramírez la pensión de jubilación y el reajuste especial previsto por los
Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, en cuantía del 75% del ingreso mensual
promedio que devengaba un congresista en ejercicio en el año 1994.25
• El 23 de abril de 1996, mediante la Resolución 00511, el fondo demandante
reconoció el mencionado reajuste especial con efectos a partir del 1 de enero de
1992.26
24 Folio 25 del expediente.
25 Folios 68 a 76 del expediente.
26 Folios 89 a 92 del expediente.
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• El 6 de octubre de 1997, por Resolución 000783, Fonprecon reconoció al
pensionado intereses de mora sobre el reajuste decretado por los años 1992 y
1993.27
• El 20 de agosto de 2010, a través de la Resolución 1044, la entidad accionante
sustituyó provisionalmente la pensión de jubilación que devengaba el señor Gustavo
Duque Ramírez a favor de la señora Gloria Elena Serna de Duque, en su condición
de cónyuge supérstite del causante.28
• El 12 de octubre de 2010, por Resolución 1340, Fonprecon sustituyó dicha
prestación de manera definitiva.29
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
La apelante consideró que los actos demandados deben mantenerse incólumes por
cuanto el señor Gustavo Duque Ramírez era beneficiario del régimen especial de
congresistas consagrado en la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, por lo
cual la prestación debía liquidarse con base en el 75% del salario devengado por
un congresista en ejercicio. Agregó que aún bajo la hipótesis de aplicar el reajuste
especial se llegaría a idéntica conclusión.
En tal sentido, la accionada afirmó que el parágrafo del artículo 2 del Decreto 1293
de 1994 fue anulado por el Consejo de Estado, pero la decisión no tuvo efectos
retroactivos, es decir, que la norma estuvo vigente hasta el 27 de octubre de 2005,
cuando se expidió el fallo anulatorio. Textualmente, la disposición establecía lo
siguiente:
Artículo 2. Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados
del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso. Los
senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los
empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los
27 Folios 113 a 115 del expediente.
28 Folios 242 a 247 del expediente.
29 Folios 259 a 263 del expediente.
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beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
siempre que a 1 de abril de 1994 hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Haber cumplido (40) o más años de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres;
b. Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.
Parágrafo. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará
también para aquellas personas que hubieran sido senadores o representantes con
anterioridad al 1 de abril de 1994, sean o no elegidos para legislaturas posteriores,
siempre y cuando cumplan a esa fecha con los requisitos de que tratan los literales
a) o b) de este artículo, salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen aplicable
diferente, en cuyo caso este último será el que conservarán. [Se resalta el texto
anulado].
El Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de octubre de 2005, declaró la
nulidad del parágrafo antes transcrito, por las siguientes razones:30
a) La norma que determinó el régimen de transición para los congresistas no podía
pretender la protección de expectativas frente a este régimen para quienes no
hubieran ostentado tal calidad entre el 19 de diciembre de 1992 y el 1.º de abril de
1994, o no fueran reincorporados como congresistas en períodos posteriores.
b) Quien había sido congresista antes del 19 de diciembre de 1992 y no fuera elegido
posteriormente, no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía
adquirir derecho pensional conforme al régimen especial por cuanto no reunía uno de
sus requisitos: estar en servicio activo. Resultaba pues que, aun estando en el
régimen de transición, nunca alcanzaría la condición necesaria para adquirir el
derecho a la pensión especial prevista para los congresistas.
En este caso no puede concederse razón a la parte demandada en el sentido de
sostener que el señor Duque Ramírez consolidó el derecho antes de expedirse la
sentencia de nulidad en comento y que, por lo tanto, era destinatario del régimen
especial de congresistas establecido en la Ley 4 de 1992.
Por el contrario, al presente asunto deben aplicarse las directrices interpretativas
fijadas en la sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020,
antes analizada, en las que se determinó que la normativa especial solamente podía
beneficiar a quienes tuvieron tal condición entre el 18 de mayo de 1992 y el 1 de
30 Radicado 11001-03-25-000-2003-00423-01 (5677-03).
19
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abril de 1994, situación que no se presenta en este caso, ya que la última vez que
el causante fungió como representante a la Cámara fue en el año 1986.
En relación con la aplicabilidad del precedente al sub lite, es pertinente reiterar que
las reglas de unificación rigen para todos los asuntos que se encuentren pendientes
de resolver y sobre los cuales no haya operado la figura de la cosa juzgada.
Al respecto, las Sentencias C-634 de 2011 y C-816 de 2011 reivindicaron el carácter
vinculante de la jurisprudencia de las altas Cortes y que las sentencias de
unificación constituyen una nueva norma que pasa a integrar el ordenamiento
jurídico, porque se ocupan de la interpretación de la ley formalmente considerada
con miras a su aplicación obligatoria, con ello se convierten en fuente viva del
derecho y se materializan la igualdad, buena fe, seguridad jurídica y la garantía de
la imparcialidad en las decisiones judiciales.31
Ahora bien, los actos enjuiciados reconocieron el reajuste especial al señor Gustavo
Duque Ramírez y Fonprecon no discute la procedencia del beneficio, sino su
cuantificación, pues considera que no debió calcularse en el 75% del salario
devengado por un congresista en el año 1994, sino en el 50% de las pensiones de
esos servidores.
La sentencia de unificación CE-SUJ-S2-017 explicó que el referido beneficio
corresponde al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los
congresistas para el año 1994 y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de
1994, por ende, debe confirmarse la decisión del a quo en tanto arribó a iguales
conclusiones.
En efecto, el reajuste pensional reconocido al señor Duque Ramírez contraviene el
ordenamiento superior, toda vez que no solo se le concedió en un porcentaje
superior al ordenado por los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, sino que se
31 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 18 de noviembre de 2021, radicado 05001-23-33-000-
2016-02626-01 (3138-2020); ii) del 7 de octubre de 2021, radicado: 20001-23-33-000-2018-00119-01 (0684-2020); y iii)
del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2017-01564-01 (2334-2020).
20
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extendió a mesadas causadas antes del 1 de enero de 1994, por ende, deben
anularse los actos administrativos sometidos a control judicial, en tanto desconocen
los postulados legales en que debieron fundarse.
Por otra parte, la accionada sostuvo que su pensión no podía ser inferior a 25
smlmv, pues así lo estableció la Sentencia C-258 de 2013; sin embargo, este
entendimiento no se infiere de dicha providencia, toda vez que allí se aludió a ese
monto como un límite máximo para las mesadas pensionales y no mínimo, motivo
por el cual el hecho de que al reliquidar la pensión con aplicación del reajuste
especial se obtenga un resultado inferior a 25 smmlv no implica la vulneración de
normas superiores ni impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia.32
De otro lado, la señora Gloria Elena Serna de Duque solicitó inaplicar por
inconstitucional el artículo 7 del Decreto 1293 de 1994, pues estima que transgrede
el Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto prohibió reducir las mesadas pensionales;
sin embargo, la Sala no puede atender favorablemente esta petición, ya que la
Constitución Política proscribe la disminución de las prestaciones otorgadas
conforme a derecho, pero en este caso el reajuste se concedió un monto superior
al que legalmente correspondía y, por lo tanto, resulta ilegal y no puede seguir
produciendo efectos.33
La accionada también invocó las excepciones de prescripción, buena fe e
inexistencia de soporte legal para pedir el reintegro de dineros; sin embargo, tales
argumentos serían relevantes en caso de que el a quo hubiera ordenado la
devolución de sumas pagadas en exceso, pero ello no ocurrió; por lo tanto, la Sala
se abstendrá de ahondar en razonamientos frente a estos mecanismos de defensa.
Finalmente, la señora Serna de Duque alegó que no podía aplicarse el porcentaje
del reajuste especial previsto en los artículos 17 del Decreto 1359 de 1993 y 7 del
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2020, radicado: 25000-23-42-000-
2014-03021-01 (3836-2016).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicado 05001-23-31-000-
2009-00526-02 (0862-2020).
21
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Decreto 1293 de 1994, ya que frente a estos operó la figura del decaimiento, por
cuanto transcurrieron más de 5 años entre su expedición y la fecha de presentación
de la demanda; sin embargo, este argumento ha sido desestimado en anteriores
oportunidades, bajo el entendido de que «la excepción se propone respecto de un
acto general que no reconoce derechos particulares, y en este sentido no es posible
predicar la pérdida de fuerza de ejecutoria».34
2.6. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,35
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
34 Sentencia CE-SUJ-S2- 017 del 3 de septiembre de 2020, radicado 25000 23 25 000 2008 00097 02 (2694-2016).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01989-02 (3206-2022)
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En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a los
lineamientos que regían la situación particular de la demandada y, por ende, deberá
confirmarse; sin embargo, se revocará parcialmente en cuanto anuló la Resolución
000783 del 6 de octubre de 1997, pues frente a ese acto operó la caducidad del
medio de control.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar parcialmente el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, exclusivamente en lo que
respecta a la anulación de la Resolución 000783 del 6 de octubre de 1997. En su
lugar, se dispone:
Declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control,
únicamente respecto de la Resolución 000783 del 6 de octubre de 1997, por la cual
Fonprecon reconoció intereses moratorios sobre el reajuste especial de los años
23
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1992 y 1993, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.
Segundo. Confirmar en lo demás la providencia recurrida, proferida dentro del
proceso promovido por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
• Fonprecon contra la señora Gloria Elena Serna de Duque.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
24
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