Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07009-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07009-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07009-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07009-01
Accionante: NINFA YOLANDA GÓMEZ VERGARA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso y dignidad humana / REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – no fue acreditado en el caso concreto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Ninfa
Yolanda Gómez Vergara, actuando en nombre propio, en contra de la sentencia del
27 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 18 de diciembre de 2024 la parte accionante presentó acción de tutela en
contra del Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá y de la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
dignidad humana.
Hechos relevantes
2. La señora Ninfa Yolanda Gómez Vergada presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
Colpensiones, encaminada a obtener la reliquidación de su pensión de vejez con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio como trabajadora del Instituto Nacional y Penitenciario – INPEC.
3. El proceso correspondió al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá
que, por medio de sentencia del 24 de julio de 2019, negó las pretensiones de la
demanda y declaró probada la excepción de inexistencia del derecho reclamado,
por considerar que la norma para liquidar el IBL era el artículo 21 de la Ley 100 de
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Que ingresó para fallo el 3 de abril de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07009-01
Accionante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
1993, según el cual la liquidación pensional debía efectuarse con el 75% del salario
devengado en los últimos diez años de servicio.
4. Contra dicha decisión la parte accionante interpuso apelación, recurso que fue
resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, a través de providencia del 29 de julio de 2024, confirmó lo
fallado en primera instancia.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“PRIMERA: Conceder la presente acción constitucional por vía de hecho por
los efectos material sustantivo, factico y violación directa a la Constitución.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, dejar sin efectos
las sentencias de primera y de segunda instancia del Juzgado Cincuenta y
Siete Administrativo del Circuito de Bogotá con radicado
68001333300220200021500 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B con radicado 68001333300220200021501
y en su lugar se ordene la protección de los Derechos demandados al
DEBIDO PROCESO DENTRO DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA
JUICIO, CONEXO CON EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA
LABORAL, LA DIGNIDAD HUMANA, LA IRRENUNCIABILIDAD DE
DERECHOS LABORALES debiendo proferir los accionados una nueva
sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en consonancia
con las más recientes sentencias del Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda que resuelven la presente
Litis del régimen especial los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
del INPEC que ingresaron con anterioridad al 28 de julio de 2003.
TERCERA: Con base en lo consagrado en la aplicación del reciente
precedente judicial del Honorable Consejo de Estado, solicito
respetuosamente, se dé aplicación a las sentencias citadas en el presente
documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
que resuelven la presente litis del régimen especial de los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia del lNPEC que ingresaron con anterioridad
al 28 de julio de 2003 como es el caso de la suscrita.”.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La demandante manifiesta que con las decisiones acusadas se incurrió en un
defecto sustantivo por la indebida aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993 para liquidar su pensión, cuando en realidad lo debieron hacer en virtud del
artículo 4 de la Ley 4 de 1966, la Ley 32 de 1986, el Decreto 446 de 1994 y el
Decreto 1045 de 1978.
7. Asimismo, alega un defecto fáctico por la falta de valoración de los certificados
salariales y prestacionales del último año de servicio, los cuales, según resalta,
debieron analizarse para realizar la liquidación pensional.
8. De igual modo, señaló la configuración de un desconocimiento del precedente
fijado por las sentencias de “la Corte Constitucional: T-012 de 2022 y del Consejo
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Accionante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
de Estado radicados núms. 08001-23-33-000-2021-00064-01, 63001-23-33-000-
2019-00128-01, 88001-23-33-000-2014-00006-01, 52001-23-33-000-2015-00732-
01 y 20001-23-33-000-2018-00321-01”.
9. Finalmente, adujo una violación directa de la Constitución, por cuanto no se
respetó el derecho fundamental al debido proceso ni el principio de favorabilidad
que debe ser aplicado a todo trabajador.
Trámite en primera instancia
10. Por medio de auto del 13 de enero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y
Siete Administrativo de Bogotá y a la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y a Colpensiones como
tercero con interés, para que ejercieran su derecho de defensa.
Intervenciones
11. Colpensiones solicitó que se rechace por improcedente la acción por no cumplir
con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Manifestó que lo pretendido por la parte accionante es
reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez natural de la causa, supuesto que
desvirtúa la finalidad de este mecanismo constitucional.
12. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá adujo que en el
presente asunto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto
que la demandante busca “reabrir un debate ya resuelto y, por lo tanto, no reviste
relevancia constitucional. Que la providencia proferida por el despacho se ajustó al
marco legal y jurisprudencial aplicable, y las pruebas aportadas al caso fueron
debidamente valoradas”.
13. Las demás partes guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 27 de
febrero de 2025, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. A juicio del a quo, los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo coinciden con los propuestos en el
proceso ordinario, es decir, i) que el régimen aplicable para la liquidación de la
pensión es el de transición, por lo tanto, le rige la Ley 4 de 1966, la Ley 32 de 1986,
el Decreto 1045 de 1978, y (ii) que la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018 no le es aplicable.
15. Sostuvo que la parte accionante pretende continuar el debate jurídico que
planteó en el proceso ordinario respecto al régimen bajo el cual se debe liquidar su
pensión y que, si bien hace referencia a varias sentencias del Consejo de Estado y
a una sentencia de la Corte Constitucional, en las cuales los accionantes obtuvieron
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Accionante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
el reconocimiento pensional bajo el régimen por ella solicitado, lo cierto es, que las
providencias citadas no tienen los mismos supuestos fácticos y las menciona
solamente para sustentar su tesis.
16. En ese orden de ideas, manifestó que no es tarea del juez constitucional
examinar nuevamente un asunto que ya había sido resuelto por la autoridad judicial
demandada en el proceso ordinario, pues la acción de tutela no está prevista para
dicha finalidad, dado que su objetivo es la protección de derechos fundamentales y
no el ser utilizado como una tercera instancia del proceso contencioso
administrativo.
La impugnación
17. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante
escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
18. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
19. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces2.
20. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3:
21. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta
aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado
que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.
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Sentencia T–422 de 2018.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07009-01
Accionante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
22. Revisada la demanda, se evidencia que la señora Ninfa Yolanda Gómez
Vergara acudió a la acción de tutela con el propósito que se estudie nuevamente si,
como se discutió en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
Colpensiones debió acceder a la reliquidación de su pensión de vejez con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios y aplicando la Ley 4 de 1966, la Ley 32 de 1986 y el Decreto 1045 de 1978.
23. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se plantearon
los mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación
contra la providencia del 24 de julio de 2019, por medio de la cual el Juzgado
Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda,
a saber:
“[…] Mi poderdante ingreso a laborar en el Sistema Penitenciario y
Carcelario colombiano, que para efectos pensionales lo rige la Ley 32 de
1986, artículo 96, así mismo en esta misma obra el artículo 114 dispuso la
remisión normativa en aplicación de las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales, es decir que para efectos prestacionales
le es aplicable por el Principio de Favorabilidad y por la norma vigente la
Ley 4 de 1966, el Decreto 1045 de 1978, dado que mi poderdante ingreso
a laborar al INPEC en el Cargo de Dragoneante, Inspector e Inspector Jefe
Código 4152-Grado 14, como Empleado (a) del Estado, tiempo en el cual
todos los aportes en seguridad social fueron descontados sobre los
ingresos y destinados en Pensión y Salud al Sistema General de Seguridad
Social” (fl. 164).
“Es claro que el hoy demandante está cubierto en materia pensional por la
ley 32 de 1986, el acto legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48
constitucional en el parágrafo 5 transitorio, y para aspectos pensionales en
cuanto a la liquidación de su monto está regido por la ley 4 de 1966, decreto
1045 de1978, decreto 784 de 1989 compilado por el decreto 1072 de 2015”
(fl. 165 y 166).
“Se infiere de las pruebas allegadas por las partes que efectivamente se le
reconoció a la parte demandante, la pensión sin tener en cuenta todos los
haberes económicos percibidos con ocasión de la actividad laboral del
último año de labores con el 75%, cuando mi poderdante se desempeñó
como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC; La
reliquidación fue negada desconociendo la bonificación por servicios
prestados, los auxilios de transporte y alimentación, las primas de servicio
navidad y riesgo, la bonificación de recreación y el subsidio familiar e infiere
de las pruebas allegadas por las partes que efectivamente se le reconoció
a la parte demandante, la pensión sin tener en cuenta todos los haberes
económicos percibidos con ocasión de la actividad laboral del último año
de labores con el 75%, cuando mi poderdante se desempeñó como
miembro del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC; La reliquidación
fue negada desconociendo la bonificación por servicios prestados, los
auxilios de transporte y alimentación, las primas de servicio navidad y
riesgo, la bonificación de recreación y el subsidio familiar” (fl. 167).
“En relación con la sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo
de Estado - sala plena del 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, muy respetuosamente indicó que la misma no es
aplicable a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC,
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Accionante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
dado que ni la ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la ley 100 de 1993 no son
aplicables por estar exceptuados por mandato de la misma ley 33 del 1985
artículo 1 inciso 2. […]”.
24. Aspectos fueron analizados y resueltos de manera razonada en segunda
instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 29 de julio de 2024, bajo los siguientes
fundamentos:
“Si bien se ha sostenido en algunas providencias que la Ley 32 de 1986
fue derogada a través de la Ley 100 de 1993, de todas maneras, en materia
pensional la Ley 32 se aplica a los servidores del INPEC por así disponerse
de manera expresa en la Carta Política.
Ahora en la Ley 32 de 1986 se prevé que los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen derecho a una pensión
de jubilación al cumplir veinte años de servicio, continuos o discontinuos,
al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad. No
obstante, en lugar de señalar bases para efectuar la liquidación se hace
remisión a las normas vigentes para los empleados públicos del orden
nacional.
La norma aplicable a los empleados públicos del orden nacional en la fecha
de vinculación del actor era la Ley 33 de 1985, en la cual (artículo 1) se
excluyó a los empleados del INPEC. Ahora, de acuerdo con la actual
postura del H. Consejo de Estado y de esta Corporación, salvo
excepciones expresas, se tiene que todos los regímenes anteriores a la
Ley 100 de 1993 desaparecieron, a menos que se acreditaran los
requisitos del régimen de transición del artículo 36 ib., caso en el cual se
tendrá derecho a que las pensiones se reconozcan de conformidad con lo
previsto en las normas anteriores pero sólo en cuanto a la edad, el tiempo
de servicio o semanas cotizadas y el monto de la pensión. […]
Como la demandante laboró más de 20 años al servicio del Estado y al
encontrarse en el régimen de transición, “La edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,
y el monto de la pensión de vejez … será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentre afiliado (Ley 32 de 1986). Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la [Ley 100
de 1993].”
Según el fallo de unificación, “Si faltare más de diez (10) años, el ingreso
base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, …” y “… los factores salariales que se deben
incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
Entonces, los factores que deben incluirse en el IBL son los señalados en
el art. 1º del Decreto 1158 de 1994, devengados en el periodo de 1º de
abril de 2005 a 1º de abril de 2015.
No se demostró en el sub judice que alguno de los factores que devengó
y sobre los que se cotizó no se hubiera incluido al reconocer la pensión,
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Accionante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
por lo cual no es jurídicamente procedente ordenar la reliquidación con los
factores solicitados por la parte actora […]”.
25. De acuerdo con lo citado, la autoridad judicial accionada encontró que, de
conformidad con lo señalado en el régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, para establecer cómo se obtiene el ingreso base de liquidación deben
aplicarse los artículos 21 y 36 de dicha ley y respecto de los factores salariales que
deben incluirse en esa base, indicó que son los señalados en el Decreto 1158 de
1994, factores aplicables al momento de liquidar la pensión de vejez de la
accionante.
26. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de la relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es continuar con el
debate propuesto en el recurso de apelación, lo cual escapa de la órbita de
intervención del juez de amparo, toda vez que la decisión acusada se sustenta en
los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.
27. En definitiva, la Subsección considera que lo pretendido por la señora Ninfa
Yolanda Gómez Vergara es que se realice un nuevo estudio de lo que ya fue
definido válida y razonablemente por el juez natural de la causa, lo que conlleva la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia por el incumplimiento del
requisito mencionado.
28. En este orden de ideas, por las razones señaladas, se confirmará la sentencia
objeto de impugnación que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, de acuerdo con las razones expuestas previamente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Ninfa Yolanda Gómez Vergara, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07009-01
Accionante: Ninfa Yolanda Gómez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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