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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00132-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00132-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Ugpp en contra de Reinaldo Valbuena Acuña. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Vmt 20

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2019-00132-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00132-01 (1474-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Reinaldo Valbuena Acuña

Temas: IBL pensión especial de vejez por alto riesgo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 14 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Quinta de Decisión mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social1 presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de la resolución RDP 016957 del 27 de abril de
2016, mediante la cual le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación en
los términos previstos en la Ley 32 de 1986 por haber prestado sus servicios en el

1 En adelante Ugpp.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00132-01 (1474-2021)
Demandante: Ugpp

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario3 durante 20 años, con el 75% de tasa
de reemplazo, de todo lo devengado durante el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaración de que Reinaldo Valbuena Acuña no cumple con los
requisitos previstos en la Ley 32 de 1986 y ii) la devolución de las mesadas
devengadas en virtud del acto demandado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:

3.1. Reinaldo Valbuena Acuña nació el 21 de abril de 1966 y prestó sus servicios en
el Inpec desde el 16 de septiembre de 1988 hasta el 30 de septiembre de 2015. El
último empleo que desempeñó fue el de dragoneante

3.2. Durante dicho periodo efectuó las cotizaciones al sistema pensional, así: i) entre
el 16 de septiembre de 1988 y el 31 de julio de 2009 en la Caja Nacional de Previsión
Social5; ii) entre el 1° de agosto de 2009 y el 30 de septiembre de 2012 en el Instituto
de Seguro Social6; y iii) en la Administradora Colombiana de Pensiones7 entre el 1°
de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2015.

3.3. Reinaldo Valbuena Acuña adquirió el estatus pensional el 15 de septiembre de
2008 y solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en los términos
de la Ley 32 de 1986, por haber laborado por más de 20 años en el Inpec, en
ejercicio de cargos de excepción. Mediante la Resolución RDP 016957 del 27 de
abril de 2016, la entidad previsional accedió a la petición a partir del 1° de octubre
de 2015, condicionada al retiro definitivo del servicio. Decisión confirmada a través
de la Resolución 027229 del 26 de julio de 2016.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron la Constitución Política, las leyes 100 de 1993, 32 de
1986, 65 de 1993 y 2090 de 2003 y los decretos 2160 de 1992, 407 de 1994 y 1835
de 1994.

3 En adelante Inpec.
4 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 12ED_001CUADERNOPRINCIPAL11(.ZIP) NroActua

2.
5 En adelante Cajanal.
6 En adelante el ISS.
7 En adelante Colpensiones.

2

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00132-01 (1474-2021)
Demandante: Ugpp

4.1. En cuanto al concepto de violación8, expuso lo siguiente:

4.2. Elacto administrativo vulneró la normatividad vigente, comoquiera que la
prestación le fue reconocida según lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, sin tener en
que para el 1° de abril de 1994 no contaba con 40 años de edad, ni 15 años de
servicio. Asimismo «para que a un empleado del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional del […] Inpec, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, le fuera reconocida una pensión de jubilación con aplicación del régimen especial
previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407 de 1994, debía
acreditar una de las condiciones descritas en el inciso 2 del artículo 36 del Sistema General
de Seguridad Social, cuales son: edad o tiempo de servicio».

1.2. Contestación de la demanda

5. Reinaldo Valbuena Acuña se opuso a las pretensiones de la demanda9, toda vez
que le resultaban aplicables las disposiciones previstas en la Ley 32 de 1986, en
virtud del régimen de transición establecido en el artículo 6 del Decreto 2090 de
2003, en tanto que, para su entrada en vigencia [28 de julio de 2003] contaba con
más de 500 semanas en un régimen calificado como de alto riesgo, porque desde
el 16 de septiembre de 1988 estaba vinculado al Inpec.

5.1. En cuanto a los factores, la jurisprudencia ha determinado que el monto será
computado en los términos de las leyes 33 de 1985 y 4 de 1966 y el Decreto 3135
de 1968 que indican que el empleado tiene derecho a una pensión equivalente al
75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, en
concordancia con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

5.2. Respecto de las excepciones afirmó «que no interpongo excepciones pues la
resolución no fue creada conforme a la Ley y la jurisprudencia aplicable vigente» [sic].

1.3. La sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, en sentencia del
14 de mayo de 2020 negó las pretensiones de la demanda10, para tal efecto, luego
de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al
asunto concluyó lo siguiente:

8 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 12ED_001CUADERNOPRINCIPAL11(.ZIP) NroActua

2.
9 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 12ED_001CUADERNOPRINCIPAL11(.ZIP) NroActua

2.
10
Índice 2 de Samai, actuación denominada: 12ED_001CUADERNOPRINCIPAL11(.ZIP) NroActua
2.

3

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00132-01 (1474-2021)
Demandante: Ugpp

6.1. Según el material probatorio aportado al expediente, Reinaldo Valbuena Acuña
cumplió los 20 años de servicio en el Inpec requeridos en el artículo 96 de la Ley 32
de 1986 [norma aplicable por haber ingresado antes del 28 de julio de 2003] y
alcanzó el estatus el 15 de septiembre de 2008, es decir antes del 1° de julio de
2009, cuando cotizaba en Cajanal «pese a que, siguió cotizando al ISS y luego a
COLPENSIONES como resultado del traslado masivo, es en primer lugar, la entidad
demandante a quien le correspondía el reconocimiento y pago de la pensión […] y por tanto,
es la UGPP la llamada a definir la situación pensional de aquel».

6.2. Asimismo, el demandado era beneficiario del régimen de transición previsto en
el Decreto 2090 de 2003 en consonancia con el parágrafo transitorio 5 del Acto
Legislativo 01 de 2005, toda vez que para la entrada en vigor del mencionado
decreto estaba vinculado al Inpec.

6.3. En cuanto al IBL la Ugpp tuvo en cuenta la asignación básica mensual y la
bonificación por servicios prestados, respecto de los cuales aportó entre el 1° de
octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, entonces «si se está afirmando que
el art. 36 de la Ley 100 de 1993, no es la norma que rige la transición a la que tiene derecho
el accionado, no es posible predicar, como lo pretende la UGPP, que el IBL sea el previsto
en dicha disposición».

6.4. Finalmente, en relación con las costas «con el propósito de continuar con la línea
jurisprudencial dispuesta por el Consejo de Estado […] en el presente caso se observa solo
el ejercicio del derecho de contradicción de la parte accionada frente a las pretensiones de
la demanda, y la carencia de prueba dentro del expediente de que se hayan causado las
costas a favor de la parte actora, razón por la cual no se impondrá condena por tal
concepto».

1.4. El recurso de apelación

7. La Ugpp solicitó se revocara la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío, Sala Quinta de Decisión, con base en los siguientes argumentos11:

7.1. La prestación fue reconocida en el marco de la Ley 32 de 1986, sin tener en
cuenta que Reinaldo Valbuena Acuña para el 1° de abril de 1994 contaba con 27 de
años de edad y un poco más de 5 años de servicio, de manera que no cumplió con
los requisitos para acceder al beneficio de la transición, sino que le resultaba
aplicable la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003 «así las cosas, las normas

11 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 12ED_001CUADERNOPRINCIPAL11(.ZIP) NroActua

2.

4

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00132-01 (1474-2021)
Demandante: Ugpp

fueron claras en señalar que a los servidores del Inpec se les aplica el sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, dada la incorporación al mismo por virtud del
Decreto 691 de 1994 […] resulta claro que, si bien en principio el señor Reinaldo Valencia
Acuña se encuentra amparado bajo la normatividad especial que rige en materia pensional
al cuerpo de vigilancia y custodia del Inpec, también es cierto que se debe respetar lo
regulado en la Ley 100 de 1993». En ese sentido, la prestación debió liquidarse según
los aportes realizados durante los últimos 10 años de servicio.

7.2. Ahora, en cuanto a la competencia para el reconocimiento de la prestación era
Colpensiones, toda vez que fue vinculado después de la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003, en concordancia con el Decreto 2196 de 2009, el pensionado
cotizó al ISS desde el 1° de agosto de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2012 y a
Colpensiones desde el 1° de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2015
«no siendo aplicable lo establecido en el artículo 3° del Decreto 2196 de 2009, pues para
la entrada en vigencia de ese decreto, aún no había cumplido requisitos para CONSOLIDAR
su estatus pensional; ello si se tiene en cuenta que conforme a su régimen aplicable, es
decir, el contenido en el Decreto 2090, que exige 55 años de edad y las semanas exigidas
en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dichos requisitos los cumplió después del año 2009
cuando se encontraba afiliado a Colpensiones».

1.5. Trámite en segunda instancia

8. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 28 de junio de 202112, a
través del auto del 14 de febrero de 2022 se prescindió de la audiencia de alegatos
y juzgamiento según lo previsto en el artículo 247 del CPACA, y se corrió traslado
para presentar alegatos de conclusión13.

8.1. La Ugpp desistió de las pretensiones del recurso de apelación 14 «de carácter
TOTAL», con fundamento en la modificación de la postura de esa entidad previsional
«la cual consiste en recoger la existencia del cumplimiento de los requisitos del régimen de
transición establecido en el art. 26 de la Ley 100 de 1993, para las personas que ingresaron
al servicio del […] Inpec antes del 28 de julio de 2003. Es así como las reclamaciones que
en materia de pensión especial de vejez radiquen los miembros del […] Inpec, vinculados
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, deberán ser resueltas de
acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio 5° del Acto Legislativo 01 de 2005,
sin que para el efecto sea necesario acreditar las condiciones descritas en el inciso 2° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993».

12 Índice 4 de Samai, actuación denominada 18_AUTOADMITIENDORECURSO(.DOC) NroActua 4.
13 Índice 10 de Samai, actuación denominada
0_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.PDF) NroActua 10.
14 Índice 28 de Samai, actuación denominada
38_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_DESISTIMIENTOPRETEN(.pdf)
NroActua 28.

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Demandante: Ugpp

8.2. Adicionalmente, solicitó abstenerse de condenar en costas a la entidad, toda vez
que el desistimiento estuvo fundamentado en la necesidad de evitar un desgaste
para la administración de justicia «teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda –
Subsección A en sentencia de fecha 8 de febrero de 2018 y del 7 de abril de 2016, respecto
de la condena en costas en vigencia del CPACA, en donde se concluyó que la legislación
varió».

8.3. Mediante auto del 14 de febrero de 202415, fue requerida la Ugpp con el fin que
aclarara el objeto y el alcance de la solicitud de desistimiento y se indicó que, en
caso de no emitir pronunciamiento, se entendería que la petición fue parcial y se
continuaría con el trámite del proceso respecto de las pretensiones no
comprendidas en el escrito mencionado.

8.4. En consecuencia, la Ugpp manifestó lo siguiente:

«conforme con el lineamiento 224, se observa que al señor REINALDO VALBUENA
ACUÑA, fue vinculado al INPEC antes del 28 de julio de 2003, razón por la cual aplicaría
la postura acogida por la entidad de ser beneficiario del artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
De esta manera, no está en controversia el reconocimiento de vejez efectuado.

Sin embargo, es imprescindible señalar que la liquidación de la pensión efectuada en el
acto administrativo demandada con el 75% sobre un IBL conformado por el promedio de
los devengado el último año de servicio, por lo tanto, no se ajusta a lo establecido en el
lineamiento anterior, es decir, el demandado se encuentra inmerso en las reglas exigidas
en el numeral 2.1, por cuanto se vinculó al INPEC antes del 28 de julio de 2003 y
consolidó el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la que, la
prestación se debe liquidar con el promedio de lo devengado en los 10 últimos años de
servicio, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, incluyendo únicamente
los factores de salario establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y en los Decreto 446 de
1994 y Decreto 611 de 2007 siempre y cuando hayan sido recibido efectivamente por el
demandado, tengan carácter remunerativo y sobre los cuales se hubieren realizado las
cotizaciones respectivas.

[…] respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la
legislación varió […] de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo». [sic]

8.5. En atención a lo manifestado por la Ugpp, mediante auto del 28 de febrero de
202516 fue declarado el desistimiento parcial del recurso de apelación y señaló que
«[e]l desistimiento indicado en el ordinal anterior no representa la condena en costas a la
Ugpp».

15 Índice 30 de Samai, actuación denominada
40AUTOQUEREQUIE_14742021REQUIEREPORDESISTIMIENTODELRECURSODEAPELACION
PDF(.pdf) NroActua 30.
16 Índice 44 de Samai, actuación denominada 50Autoquedecide_14742021Admitedesist(.pdf)

NroActua 44.

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Demandante: Ugpp

1.6. El Ministerio Público

9. En esta oportunidad el Ministerio Público no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

10. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscriben a
establecer lo siguiente:

10.1. ¿Si Reinaldo Valbuena Acuña tenía derecho a la liquidación de la pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año
de servicio o en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

11. La Ley 32 de 198618 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96 estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:

«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir
veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional
sin tener en cuenta su edad».

17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
18 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».

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Demandante: Ugpp

12. Luego, fue expedida Ley 65 de 199319, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de seguridad
del Inpec, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas disposiciones no
podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese momento ya
prestaban sus servicios al instituto.

13. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199420, norma que en su artículo 168 dispuso:

«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus
servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar
de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de
1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos
efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.
Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión
de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo
140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas
en la Ley 100 de 1993».

14. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria del Inpec que, para el 21 de febrero de 1994 -fecha de entrada en vigencia
del Decreto 407 de 1994-, se encontraran prestando sus servicios a la entidad
tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en
el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

15. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo
que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el

19 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».
20 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario».

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Demandante: Ugpp

trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».

16. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del Inpec como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que será el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.

17. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y
los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

18. Alrespecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»21.

19. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 222, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200323, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el Inpec de la
siguiente manera:

«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado

20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150

numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema
[…]»
23 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».

9

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00132-01 (1474-2021)
Demandante: Ugpp

[…]
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de
aquellos administrados por la fuerza pública».

20. En los artículos 3 y 4 ídem se establecieron las condiciones y requisitos para ser
beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:

«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión
especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema
General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años».

21. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:

«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial,
tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la
Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo
36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1824 de la Ley 797 de 2003».

22. Sobre esta norma, corresponde realizar las siguientes precisiones:

23. i) El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de

24 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03

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agosto de 200725, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier
actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

24. ii)El Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que
quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas
exigidas en la Ley 797 de 200326, la pensión de jubilación les sea reconocida en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

25. Al respecto, si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición
de un régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha
señalado que la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la
aplicación preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el
particular esta Subsección señaló:

«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el régimen
especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto
2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige
para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el
señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas […].

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se
refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba
próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido
los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.

Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que
la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente

25 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas

se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015».

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las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de
minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios
legislativos a través de un régimen de transición»27.

26. iii) En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la interpretación que
ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la norma, este requisito
equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición
necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no como un requisito
para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado28:

«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición
especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del
régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 200329, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas en
cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii) estas
personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como lo
establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000
semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser
beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho
pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización,
tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que
para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º». (Resalta
la Sala).

27. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al
servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:

«en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado
por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo
cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado

20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado

08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
29 Publicación en el Diario Oficial 45.262

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prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y
benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones
pensionales». [Se resalta]

28. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha fecha
se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el
Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

29. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció lo siguiente:

«Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:

[…]

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes. [Se resalta]

30. De acuerdo con lo anterior, bastaba con acreditar que la vinculación del servidor
del Inpec hubiese ocurrido con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.

31. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012 de
2022, sostuvo lo siguiente:

«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los
funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 200330».

30 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11

se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación […]” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial 45.262 del 28 de julio de 2003».

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32. En consecuencia, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria del Inpec vinculados antes del 28 de julio de 2003, tienen
derecho a que la pensión de jubilación les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

33.1. Reinaldo Valbuena Acuña nació el 21 de abril de 196631.

33.2. El 23 de noviembre de 2015, el gerente de afiliación y novedades de Positiva
Compañía de Seguros S.A. certificó que el demandado «trabajador de la empresa
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO está afiliado a POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS con tipo de vinculación: Dependiente desde el 01/08/1998 con
riesgo 5 y se encuentra ACTIVO».

33.3. El 23 de noviembre de 2015, la coordinadora del grupo administración hojas de
vida de la subdirección de talento humano del Inpec, certificó:

«Que VALBUENA ACUÑA REINALDO […] labora en este Instituto desde el 16 de
septiembre de 1988 a la fecha, desempeñando el siguiente empleo. EN CALIDAD DE
EMPLEADO PÚBLICO.
1. CALIDAD DE NOMBRAMIENTO: Carrera Administrativa – Cuerpo de Custodia y
Vigilancia
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO: Inspector
CÓDIGO DEL EMPLEO: 4137
GRADO DEL EMPLEO: 13
FECHA DE POSESIÓN: 16 de septiembre de 1988
FECHA DE TERMINACIÓN DE FUNCIONES: A la fecha
LABORA EN: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Calarcá».

33.4. A través de la Resolución RDP 016957 del 27 de abril de 2016, la Ugpp ordenó
el pago de una pensión de jubilación, por valor de $1’393.126, a partir del 1º de
octubre de 2015 condicionada al retiro definitivo del servicio, según el Acto
Legislativo 01 de 2005, la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, con inclusión
de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. Decisión
confirmada mediante la Resolución RDP 027229 del 26 de julio de 2016.

31 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 12ED_001CUADERNOPRINCIPAL11(.ZIP) NroActua

2.

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33.5. El 4 de agosto de 2016, el subdirector operativo del Inpec, mediante el
certificado de información laboral, certificó la prestación del servicio en los
siguientes términos:

Desde Hasta Cargo Desde Hasta Fondo de
aportes
16 de 17 de Dragoneante 16 de 31 de julio Cajanal
septiembre de diciembre de septiembre de 2009
1988 1992 de 1988
18 de Activo Inspector 1º de agosto 30 de ISS
diciembre de de 2009 septiembre
1992 de 2012
1º de octubre Activo Colpensiones
de 2012

2.5. Análisis sustancial

34. ElTribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión negó las
pretensiones de la demanda, al encontrar acreditados los requisitos previstos en la
Ley 32 de 1986 que, a su vez, le resultaba aplicable a Reinaldo Valbuena Acuña,
por haber ingresado al Inpec antes del 28 de julio de 2003. Asimismo, era
beneficiario del régimen de transición dispuesto en el Decreto 2090 de 2003 en
concordancia con el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, por estar
vinculado en la mencionada institución para la fecha de entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003.

35. En cuanto al aspecto que no fue objeto del desistimiento del recurso presentado
por la Ugpp, se encuentra el del cómputo del IBL, puesto que de las consideraciones
del tribunal de primera instancia indicó que «no se ajusta a lo establecido en el
lineamiento anterior, es decir, el demandado se encuentra inmerso en las reglas exigidas
en el numeral 2.1, por cuanto se vinculó al Inpec antes del 28 de julio de 2003 y consolidó
el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la que, la prestación se
debe liquidar con el promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, de
conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993», con inclusión de los factores
establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y en los decretos 446 de 1994 y 611 de 2007.

36. En consecuencia, esta Sala verificará cuál régimen era aplicable para el cómputo
del IBL de la pensión de jubilación reconocida.

37. Ahora bien, como se observó, en cumplimiento del artículo 140 de la Ley 100 de
1993, que autorizó al gobierno nacional para la expedición del régimen de los
servidores públicos que laboraran en actividades de alto riesgo, se expidió el

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Decreto 2090 de 2003, que en su artículo 6 estableció un régimen de transición para
obtener el derecho pensional bajo la norma anterior, que para el caso analizado es
la Ley 32 de 1986.

38. Así, entonces, para obtener el derecho pensional bajo lo previsto en Ley 32 de
1986, en virtud del régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003,
se debía acreditar a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, esto es, el 28
de julio de 2003, cuando menos 500 semanas de cotización especial y cumplir en
adición los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo
1832 de la Ley 797 de 2003.

39. Sin embargo, en relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, pretendido por la Ugpp, tal y como se expuso en líneas
anteriores, esta corporación ha establecido que exigirlo resulta desproporcionado y
más gravoso cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la
norma anterior, por cuanto conlleva una situación más desventajosa en virtud del
tránsito legislativo y porque ya se benefician de otro régimen de transición
concurrente, razón por la que en el asunto no interesa que el trabajador para la
fecha en que entró en vigencia el Sistema de Seguridad Integral de que trata la Ley
100 de 1993, esto es el 1° de abril de 1994, no acreditara 40 años de edad o 15 de
servicios. Además, dicha exigencia desapareció con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005.

40. Así, entonces, en este punto se precisa que el reconocimiento de la prestación
en los términos de la Ley 32 de 1986 no es objeto de reproche por la Ugpp, toda
vez que desistió con fundamento en la modificación de la postura de esa entidad
previsional «la cual consiste en recoger la existencia del cumplimiento de los requisitos del
régimen de transición establecido en el art. 26 de la Ley 100 de 1993, para las personas
que ingresaron al servicio del […] INPEC antes del 28 de julio de 2003. Es así como las
reclamaciones que en materia de pensión especial de vejez radiquen los miembros del […]
INPEC, vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, deberán
ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio 5° del Acto Legislativo
01 de 2005, sin que para el efecto sea necesario acreditar las condiciones descritas en el
inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».

41. Así las cosas, el reconocimiento del derecho pensional del demandado debía
hacerse en las condiciones establecidas en las normas anteriores al Decreto 2090
de 2003, que regulaban las actividades de alto riesgo, vale decir, en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por ser beneficiario del parágrafo
transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, tal como se indicó en la

32 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03.

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Resolución RDP 016957 del 27 de abril de 2016.

42. En este estado, para la Sala es importante recordar que lo dispuesto en el
parágrafo transitorio 5 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, no desconoció lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por lo que el régimen de
transición establecido en este decreto seguirá produciendo efectos para la
aplicación de la Ley 32 de 1986 para el reconocimiento pensional, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.

43. Ahora, debido al ingreso del demandado antes de la vigencia del Decreto 2090
de 2003, tenía derecho al reconocimiento de la pensión por cumplir con el tiempo
de servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Ciertamente esta
disposición nada estableció en relación con la forma de liquidar la misma, por lo que
se debe tener en cuenta que en el artículo 114 ibidem se determinó que, en los
aspectos no previstos en la ley, se aplicarían las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184 del Decreto
407 de 1994.

44. Valga la pena precisar que en el presente caso no era objeto de debate el
régimen aplicable al demandado, esto es la Ley 32 de 1986, ni la fecha del estatus
[15 de septiembre de 2008] tal como se indicó en el memorial de desistimiento del
recurso de apelación y sí se controvirtió el periodo y los factores del ingreso base
de liquidación.

45. Al respecto, tal como lo ha señalado esta Corporación de manera reciente 33, de
acuerdo con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los empleados del Inpec gozan
de un régimen pensional especial por actividades de alto riesgo, que en el presente
caso corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del
Decreto 407 de 1994.

46. Contrario a lo señalado por el a quo, en la sentencia del 14 de mayo de 2020, el
Consejo de Estado se pronunció respecto de la forma de establecer el IBL cuando
se trate de eventos en los que la persona se encuentre en el régimen de transición.
Sin embargo, se advierte que en el caso concreto las reglas fijadas en este no
resultan extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, pues se

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. De la Subsección

A, sentencia proferida el 25 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-2019-00464-01 (2795-2022); y
de la Subsección B, fallo del 30 de octubre de 2024, rad. (7181-2023).

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trata de empleados exceptuados de la aplicación de la Ley 33 de 1985 [artículo 1]34.

47. En efecto, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de la Ley
32 de 1986, reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, en los aspectos
no previstos allí, debe acudirse a lo regulado en las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales. De esta manera, el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966
señala que «las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los
trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando
como base el setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último
año de servicios»35.

48. Respecto de los factores salariales, tal como se indicó antes, deben incluirse los
previstos en el Decreto 446 de 1994, a saber: las primas de navidad [artículo 2], de
vacaciones [artículo 3] y de servicios [artículo 4], los subsidios de transporte [artículo
13] y de alimentación [artículo 14], y la bonificación por servicios prestados [artículo
18]36. Por el contrario, no constituyen factor salarial la prima de riesgo [artículo 11]
y el subsidio familiar [artículo 15].

49. Frente a la bonificación por recreación y prima de seguridad, estos no constituyen
factores salariales en atención a que así se estableció en forma taxativa37.

50. En suma, el demandado tenía derecho al reconocimiento pensional con base en
el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, así como a la inclusión
de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, de acuerdo con lo
expuesto antes.

51. Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia negó las
pretensiones de la demanda, en tanto la pensión de jubilación fue reconocida con
base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio, con la
inclusión de los factores previstos en el Decreto 446 de 1994 en los términos
expuestos en esta decisión.

34
«Artículo 1º. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. […]»
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia proferidas el 22 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicado 88001 23 33 000
2014 00006 01(4678-14); criterio reiterado en providencias del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y del
22 de junio de 2023 (3466-2021).
36 ibidem
37 La bonificación por recreación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 40

de 1998 y 15 del Decreto 2710 de 2001; la prima de seguridad de acuerdo con el artículo 24 del
Decreto 1029 del 21 de mayo de 2013;

18

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2.6. Costas

52. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

53. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

54. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.

55. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

56. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no fue desvirtuada la
presunción de legalidad de las resoluciones RDP 16957 del 27 de abril de 2016 y
RDP 27229 del 26 de julio de 2016.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -

38 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

19

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00132-01 (1474-2021)
Demandante: Ugpp

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de mayo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, Ugpp en contra de Reinaldo Valbuena Acuña.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

Vmt

20

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