Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00134-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00134-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00134-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Felipe Eusebio Romero Paternina
Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Cuantía reconocida excede lo debido
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 30 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Sucre2, por medio
de la cual confirmó parcialmente la decisión del 28 de abril de 2017 emitida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Felipe Eusebio Romero Paternina, y en su lugar, ordenó
la reliquidación de la pensión de jubilación con el promedio de lo devengado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional, pero con la inclusión
no solo de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios sino también
de las primas de vacaciones, especial, navidad y servicios, los cuales fueron
percibidos durante el último año de servicio.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
1 En adelante UGPP.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 70001-33-33-003-2015-00081-00
(01); actor: Felipe Eusebio Romero Paternina, demandado: Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
entidad recurrente solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 30 de junio de
2021 por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-003-2015-00081-01, a
través de la cual «revocó» parcialmente la decisión del 28 de abril de 2017 emitida
por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo, y en su lugar, declaró: i)
probada la excepción de prescripción extintiva de las mesadas anteriores al 17 de
febrero de 2011; ii) la nulidad parcial de las resoluciones RDP007129 del 28 de
febrero de 2014, RDP010942 del 2 de abril de 2014 y RDP012971 del 24 de abril
de 2014 y del Auto DP010839 del 7 de noviembre de 2014, en cuanto omitieron
reliquidar y calcular el monto de la prestación con el promedio de lo devengado en
los últimos 10 años, pero con la inclusión en el último año de la totalidad de los
factores salariales percibidos y devengados, tales como las primas de vacaciones,
especial, de navidad y de servicios; y iii) a título de restablecimiento del derecho
ordenó la reliquidación de la prestación.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que Felipe
Eusebio Romero Paternina no era acreedor de un derecho adquirido y por tanto,
no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores
devengados en el último año de servicio «no contemplados en el Decreto 1158 de
1994, y por los cuales no se realizaron los aportes correspondientes» [sic]; y ii) la
devolución de todas las sumas de dinero pagadas en exceso como consecuencia
del acto de reliquidación, debidamente indexados.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:
3.1. Felipe Eusebio Romero Paternina nació el 7 de febrero de 1950 y durante el
periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 1978 y el 27 de julio de 2012,
laboró al servicio de diferentes entidades del Estado, así:
Entidad Desde Hasta Total, días
Concejo municipal de Sincelejo 01/11/1978 30/10/1980 720
Asamblea departamental de Sucre 04/11/1980 30/09/1982 687
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Sucre 04/04/1989 03/07/2006 6210
Rama judicial 04/07/2006 04/02/2009 931
Gobernación de Sucre 01/01/2012 27/07/2012 207
Tiempo total 8755
3.2. El último cargo que desempeñó fue como jefe de la Oficina Asesora Jurídica en
la ciudad de Sincelejo.
3 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según loe elementos probatorios allegados.
2
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Demandante: Ugpp
3.3. Mediante la Resolución 59275 del 15 de noviembre de 2006, la Caja Nacional
de Previsión Social4 le reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de
jubilación en cuantía de $1.974.254, efectiva a partir del 1° de diciembre de 2005,
condicionada al retiro definitivo del servicio. Dicha prestación se liquidó con el 75%
del promedio mensual de lo devengado «sobre el salario promedio de 10 años,
conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, entre el 01 de diciembre de
1995 y el 30 de noviembre de 2005» [sic].
3.4. El anterior acto fue confirmado con la Resolución 61068 del 27 de diciembre de
2007, a través del cual se revolvió el recurso de reposición interpuesto por el
pensionado.
3.5. Por medio de la sentencia del 31 de marzo de 2011, el Juzgado Noveno
Administrativo de Sincelejo declaró la nulidad parcial de las resoluciones 59275 del
15 de noviembre de 2006 y 61068 del 27 de diciembre de 2007, con fundamento
en que como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, su
prestación debía liquidarse tal y como lo estableció la Ley 33 de 1985, esto es con
el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes en el último año
de servicio.
3.6. Respecto de los factores salariales que conformarían el IBL, concluyó que eran
los previstos por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, por tanto, si bien además de
los factores reconocidos, devengó la bonificación 1er semestre 1/6, bonificación
2do semestre 1/6, prima de vacaciones 1/12, lo cierto es que «en la norma solo se
encuentran enlistados» la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
3.7. Através de la Resolución UGM35790 del 28 de febrero de 2012, en
cumplimiento de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2011 por el Juzgado
Noveno Administrativo de Sincelejo, Cajanal reliquidó la prestación con el 75% del
promedio devengado en el último año de servicio «incluyendo asignación básica mes
y bonificación por servicios prestados» [sic] y elevó su cuantía a la suma de
$2.819.276, efectiva a partir del 4 de febrero de 2009, pero con efectos fiscales
«una vez demuestre el retiro definitivo del servicio» [sic].
3.8. El 17 de febrero de 2014, pidió a la Ugpp la reliquidación de la prestación por
«nuevos factores salariales» [sic]. Dicha solicitud fue resuelta desfavorablemente por
la entidad con la Resolución RDP007129 del 28 de febrero de 2014, porque si bien
con posterioridad a la inclusión en nómina de pensionados [5 de febrero de 2009]
«se vinculó al servicio del Departamento de Sucre del periodo comprendido entre el 01 de
4 En lo que sigue Cajanal.
3
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Demandante: Ugpp
enero de 2012 al 27 de julio de 2012 y que fueron cotizados a Colpensiones» [sic], lo
cierto era que el cargo de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento de
Sucre no se encontraba «dentro de los cargos de excepción que establece el art. 1,
Decreto Nacional 3074 de 1968 que modifico el Decreto 2400 de 1968 en su artículo 29»
[sic].
3.9. La anterior decisión fue confirmada en la Resolución RDP0104942 del 2 de abril
de 2014 y por medio del Auto ADP010839 del 7 de noviembre de 2014, la entidad
declaró la improcedencia de emitir un nuevo pronunciamiento relacionado con la
inclusión de nuevos factores.
3.10. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo5, en orden a que
se declarara su nulidad porque la Ugpp no aplicó el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la Ley 33 de 1985 para
determinar la cuantía de su pensión, es decir, no incluyó la totalidad de los factores
salariales devengados durante el año anterior al retiro definitivo del servicio.
3.11. El Juzgado Primero Tercero Administrativo de Sincelejo en sentencia del 28
de abril de 2017, declaró i) no prosperas las excepciones de inexistencia de la
obligación, pago y buena fe; ii) probada la excepción de prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 21 de mayo de 2012; iii) la nulidad de las
resoluciones RDP010942 del 2 de abril de 2014, RDP12971 del 24 de abril de 2014
y del Auto ADP010839 del 7 de noviembre de 2014 «en cuanto niega incluir en la
liquidación de la pensión de jubilación, todos los factores salariales devengados durante
el año anterior a la adquisición del estatus» [sic]; y en consecuencia, iv) ordenó la
reliquidación de la prestación «con base en lo establecido en la Ley 33 de 1985, es decir
con el 75% del salario devengado durante el último año de servicios, incluyendo la
asignación básica, la prima especial, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios» [sic].
3.12. Contra la anterior providencia las partes interpusieron recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Sucre mediante sentencia del
30 de junio de 2021, en la que se revocó «parcialmente la sentencia de primera
instancia […] y en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda» [sic],
en los siguientes términos:
«Segundo. Declárese procedente la excepción de prescripción extintiva, de aquellas
mesadas pensionales con anterioridad al 17 de febrero de 2011, por lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
5 En adelante CPACA.
4
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Demandante: Ugpp
Tercero. Declárese la nulidad parcial de la Resolución número RDP 007129 del 28 de
febrero de 2014, Resolución número RDP010942 del 2 de abril de 2014, resolución
número RDP012971 del 24 de abril de 2014, y el Auto ADP010839 del 7 de noviembre
de 2014, expedidos por la entidad demandada, en cuento omitieron reliquidar y calcular
el monto de la pensión de jubilación del demandante promediando los últimos 10 años,
pero incluyendo en el último la totalidad de los factores devengados y cotizados (Prima
especial, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios).
Cuarto. Como consecuencia de la declaración anterior, ordénese a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribucione Parafiscales de la
Protección Social -UGPP, que realice una nueva liquidación de la pensión mensual
vitalicia de jubilación reconocida al señor Felipe Eusebio Romero Paternina […]
aplicando la regla para calcular el IBL establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pero incluyendo en el último año promediado (año 2008) no solo la asignación
básica mensual y la bonificación por servicios prestados, sino también la prima especial,
prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios. Factores devengados en
esa anualidad y cotizados al sistema general de seguridad social integral por parte del
demandante» [sic].
3.13. La anterior providencia quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2023.
3.14. La Ugpp dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución AD007083 del 27
de noviembre de 2023 y, en consecuencia, elevó la cuantía a $3.229.091, efectiva
a partir del 1° de septiembre de 2012.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. En sentencia del 30 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Sucre resolvió
los recursos de apelación interpuesto por las partes, revocó «parcialmente la
sentencia de primera instancia […] en su lugar, acced[ió] parcialmente a las pretensiones
de la demanda» [sic] y ordenó a la Ugpp reliquidar la prestación reconocida a Felipe
Eusebio Romero Paternina con la inclusión «en el último año promediado (año 2008)
no solo la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados, sino
también la prima especial, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios.
Factores devengados en esa anualidad y cotizados al sistema general de seguridad social
integral por parte del demandante» [sic].
5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 6:
6 Samai, índice 32, 37RECIBEMEMORIAL_24232024700013333003(.zip) NroActua 32;
70001333300320150008100; C02Apelacion; 25SentenciaConjuez20210630.pdf.
5
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5.1. Taly como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado,
especialmente la proferida el 28 de agosto de 20187, el IBL aplicable a los
beneficiarios de la transición se determina según el inciso 3 del artículo de la Ley
100 de 1993 y «no según lo previsto en la Ley 33 de 1985, criterio que adoptará esta sala
para revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, previo estudio del asunto
particular» [sic].
5.2. El periodo para liquidar la prestación del demandante corresponde a los 10
años anteriores al reconocimiento y los factores que se deben incluir en el IBL son
solo aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
5.3. Felipe Eusebio Romero Paternina es beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, toda vez que a su entrada en vigencia contaba con más de 15
años de servicio y 40 de edad, razón por la cual la prestación se encuentra
regulada por las leyes 33 y 62 de 1985.
5.4. Si bien, desde el momento en que se expidió el acto de reconocimiento
pensional, la entidad aplicó las reglas establecidas en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado y en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es
decir «teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por el demandante durante los 10
años anteriores al reconocimiento de la pensión de jubilación» [sic], lo cierto es que en
el último año de servicio (entre el 4 de febrero de 2008 y el 3 de febrero de 2009)
además de la asignación básica y la bonificación por servicios, devengó y cotizó
las primas especial, de vacaciones, de navidad y de servicios, los cuales no se
tuvieron en cuenta para calcular el IBL de la prestación.
5.5. Por tanto, al demandante le asiste el derecho a que el monto de su pensión se
reliquide y calcule con el promedio de los últimos 10 años de servicio, pero
«incluyendo en el último año la totalidad de los factore salariales devengados y cotizado»
[sic] en ese periodo «lo que constituye razón suficiente para revocar parcialmente el fallo
de primera instancia» [sic].
1.2. La causal de revisión invocada
6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso que la cuantía del derecho reconocido
excedió lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que, si bien la prestación de
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, radicación 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-
2013).
6
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Demandante: Ugpp
Felipe Eusebio Romero Paternina fue reconocida por virtud del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que la orden judicial dispuso la
inclusión de aquellos factores respecto de los cuales no se realizaron aportes y los
cuales no están previstos en el Decreto 1158 de 19948.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
7. Felipe Eusebio Romero Paternina se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se expresan a continuación9:
7.1. El «recurso extraordinario de revisión» no puede ser entendido como una tercera
instancia para cuestionar el criterio con el que juez interpreta la ley, o la valoración
probatoria efectuada.
7.2. A través de la solicitud de revisión la Ugpp solo pretende reabrir el debate del
proceso ordinario, toda vez que únicamente ataca las motivaciones y
razonamientos que conllevaron al Tribunal Administrativo de Sucre a ordenar de
reliquidación de la prestación con el promedio de lo devengado durante los 10 años
anteriores al retiro del servicio «e incluyendo en el último año todos los factores
devengados» [sic].
1.4. Concepto del Ministerio Público
8. El Procurador de Intervención Tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió
concepto en el que solicitó declarar «parcialmente fundado» el recurso de revisión,
comoquiera que «a pesar de que se invocó correctamente la Sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, no se tuvieron en cuenta los aspectos jurisprudenciales apenas
citados y el último año de servicios prestados que analizó el tribunal no tuvo en cuenta el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2012 en la Gobernación de
Sucre »[sic]10.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
8 Samai, índice 3, 2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3.
9 Samai, índice 24; 27RECIBEMEMORIAL_24232024MEMORIALPRON(.pdf) NroActua 24.
10 Samai, índice 13; Memorial_FLF_15Concepto(.pdf) NroActua 13
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9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA11.
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 16 de
marzo de 2023 y la presente acción fue radicada el 24 de abril de 202413, lo que
permite concluir que se presentó oportunamente.
2.3. Los problemas jurídicos
13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a
Felipe Eusebio Romero Paternina excedió lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación con la inclusión
de aquellos factores salariales sobre los que no se realizaron aportes al sistema
general de pensiones y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13 Samai, índice 3.
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Demandante: Ugpp
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.
15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.
17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes17:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
encuadren en dichas causales»18.
19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.
2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985
21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los « empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicios.
22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes».
18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad
de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].
24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.
25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 es el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la
Ley 6.a de 194521, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así
como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la
Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008,
radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»22; este
último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»23.
26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 24, esta corporación25
señaló que si el servidor es de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es de orden territorial se acudiría a la Ley 6. a de 1945, ello en cuanto a
la edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194526 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial […].
[…]
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que
a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince
(15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente
ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional
era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945»
(Se resalta).
27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior
y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias
del 19 de noviembre de 200927 y del 16 de diciembre de 200928, en las que se
indicó lo siguiente:
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
23 Artículo 27.
24 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
25 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
26 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de
hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza
se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» (Se subraya)
28. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del
Consejo de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y
favorabilidad en materia laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios»29.
2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
29. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201830 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-
25-000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
30 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
30. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma».
31. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)»
32. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
15
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
33. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».
34. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto
en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
35. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
36. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio31 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
31 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
2.5. Caso concreto
37. En torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la
acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Sucre profirió la
decisión objeto de revisión con sustento en la posición jurisprudencial de la Sala
Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 201832; no obstante, concluyó
que a Felipe Eusebio Romero Paternina le asistía el derecho a que su pensión se
calculara con el promedio de los últimos 10 años de servicio, pero «incluyendo en el
último año la totalidad de los factores salariales devengados y cotizado» [sic], estos son
además de la asignación básica y la bonificación por servicios, las primas especial,
de vacaciones, de navidad y de servicios.
38. El ente de previsión recurrente fundó los argumentos de la solicitud de revisión
sobre la base de que los únicos factores salariales que se debían tener en cuenta
para determinar el IBL eran aquellos previstos en el Decreto 1158 de 1994, y sobre
los cuales efectivamente se hubiesen efectuado los aportes al sistema general de
pensiones.
39. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se hace necesario analizar
los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la sentencia
recurrida. Así las cosas, la sala encuentra acreditado que:
39.1. Felipe Eusebio Romero Paternina nació el 7 de febrero de 1950 33.
39.2. Durante el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 1978 y el 27 de
julio de 2012, laboró al servicio de diferentes entidades del Estado, así:
Entidad Desde Hasta
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, MP. César Palomino Cortés.
33 Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3; folio 12.
17
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
Concejo municipal de Sincelejo34 01/11/1978 31/10/1980
Asamblea departamental de Sucre35 04/11/1980 30/09/1982
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Sucre36 04/04/1989 03/07/2006
Rama judicial37 04/07/2006 04/02/2009
Gobernación de Sucre38 02/01/2012 27/07/2012
39.3. Mediante la Resolución 59275 del 15 de noviembre de 2006, Cajanal le
reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación en cuantía de
$1.974.254, efectiva a partir del 1° de diciembre de 2005, condicionada al retiro
definitivo del servicio. Dicha prestación se liquidó con el 75% del promedio mensual
de lo devengado «sobre el salario promedio de 10 años, conforme a lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100/93, entre el 01 de diciembre de 1995 y el 30 de noviembre de
2005»39 [sic].
39.4. El anterior acto fue confirmado con la Resolución 61068 del 27 de diciembre
de 2007, a través del cual se revolvió el recurso de reposición interpuesto por el
pensionado40.
39.5. Por medio de la sentencia del 31 de marzo de 2011 41, el Juzgado Noveno
Administrativo de Sincelejo declaró la nulidad parcial de las resoluciones 59275 del
15 de noviembre de 2006 y 61068 del 27 de diciembre de 2007 por no haber
aplicado «de manera integral el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, ordenando liquidar
la pensión de acuerdo al promedio devengado durante el último año de servicios, teniendo
como factores salariales la asignación básica y la bonificación por servicios prestados»
[sic].
39.5.1. En lo referente a los factores salariales que conforman el IBL concluyó que
era aplicable el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, por tanto, si bien, además de los
factores reconocidos, devengó la bonificación 1er semestre 1/6, bonificación 2
semestre 1/6, prima de vacaciones 1/12, lo cierto es que «en la norma solo se
encuentran enlistados» la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
39.6. A
través de la Resolución UGM35790 del 28 de febrero de 2012, en
cumplimiento de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2011 por el Juzgado
34 Ibidem, folio 14.
35 Ibidem, folio 15.
36 Ibidem, folio 66.
37 Ibidem, folio 98.
38 Ibidem, folio 107.
39 Ibidem, folios 39 al 43.
40 Ibidem, folios 53 al 58.
41 Ibidem, folios 364 al 374.
18
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00134-00 (2423-2024)
Demandante: Ugpp
Noveno Administrativo de Sincelejo, Cajanal reliquidó la prestación con el 75% del
promedio devengado en el último año de servicio «incluyendo asignación básica mes
y bonificación por servicios prestados» [sic] y elevó su cuantía a la suma de
$2.819.276, efectiva a partir del 4 de febrero de 2009, pero con efectos fiscales
«una vez demuestre el retiro definitivo del servicio»42 [sic].
39.7. Con la Resolución 007129 del 28 de febrero de 2014, la Ugpp le negó una
solicitud de reliquidación por «nuevos factores salariales» [sic], porque si bien con
posterioridad a la inclusión en nómina de pensionados (5 de febrero de 2009) « se
vinculó al servicio del Departamento de Sucre del periodo comprendido entre el 01 de
enero de 2012 al 27 de julio de 2012 y que fueron cotizados a Colpensiones» [sic], lo
cierto era que el cargo de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento de
Sucre no se encontraba «dentro de los cargos de excepción que establece el art. 1,
Decreto Nacional 3074 de 1968 que modifico el Decreto 2400 de 1968 en su artículo 29»43
[sic].
39.8. Mediante las resoluciones RDP010494244 y RDP01297145 del 2 y del 24 de
abril de 2014 se confirmó la anterior decisión y a través del Auto ADP010839 del 7
de noviembre de 201446, la entidad declaró la improcedencia de emitir un nuevo
pronunciamiento relacionado con la inclusión de nuevos factores.
39.9. La Ugpp dio cumplimiento al fallo objeto de revisión a través de la Resolución
AD007083 del 27 de noviembre de 202347 y, en consecuencia, elevó la cuantía a
$3.229.091, efectiva a partir del 1° de septiembre de 2012.
40. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el demandado se encontraba
amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, puesto que, para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de
dicha norma para los empleados públicos territoriales, contaba con un tiempo de
servicios superior a los 15 años y tenía más de 40 años de edad, razón por la cual
le asistía el derecho a acceder a la pensión de jubilación de conformidad con lo
previsto en la Ley 33 de 1985, lo que implicaba que acudiera a ese régimen para
efectos de la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, entendido este
último como la tasa de reemplazo, y a las disposiciones de las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003 en torno al IBL, esto es, en cuanto al periodo y los factores a tener
en cuenta, de conformidad con la citada sentencia de unificación del 28 de agosto
42 Ibidem, folios 189 al 193.
43 Ibidem, folios 224 al 231.
44 Ibidem, folios 232 al 238.
45 Ibidem, folios 239 al 243.
46 Ibidem, folios 157 y 158.
47 Ibidem, folios 1028 al 1034.
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Demandante: Ugpp
de 2018.
41. Ciertamente, comoquiera que adquirió el estatus en vigencia de la Ley 100 de
1993, la norma aplicable para la liquidación de la prestación era el artículo 1 del
Decreto 1158 de 1994, según el cual, los factores a tener en cuenta son:
«asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional
y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio»48.
42. No obstante, en la sentencia objeto de revisión, el tribunal ordenó la
reliquidación de la prestación con el 75 % del promedio de los factores salariales
devengados durante los 10 años de servicio, pero con la inclusión de «la totalidad
de los factores devengados y cotizados (prima especial, prima de vacaciones, prima de
navidad y prima de servicios» [sic].
43. En ese orden, esta Sala considera que la sentencia del Tribunal Administrativo
de Sucre del 30 de junio de 2021, transgredió los derroteros jurisprudenciales que
para la época había trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo
Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción, puesto que en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 la corporación acogió la postura
según la cual si el pensionado había adquirido su estatus jurídico en vigencia de la
Ley 100 de 1993, solo podía acudir a las normas anteriores para acreditar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo; mas no para calcular
el IBL [periodo a considerar y factores a incluir].
44. Como consecuencia de lo expuesto, se hace necesario infirmar la providencia
objeto de revisión y se procederá a emitir la sentencia de reemplazo, conforme con
lo establecido en el inciso 2 del artículo 255 del CPACA, en el que se determinó
que si el competente encuentra fundada la causal «del literal b) el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho
corresponde».
2.6. Sentencia de reemplazo
45. De acuerdo con lo expuesto en acápites anteriores y según la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho49, se tiene que Felipe Eusebio Romero
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de mayo de 2020, radicado: 25000-23-
42-000-2013-06301-01 (0018-2016) M.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado: 70001-23-33-000-2015-00018-01 (4064-
2016) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
49 Samai, índice 32, 37RECIBEMEMORIAL_24232024700013333003(.zip) NroActua 32;
70001333300320150008100; C01Principal; 01Demanda_Anexos.pdf; folios 59 al 87.
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Demandante: Ugpp
Parternina presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo50 en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP010942 del 2 de abril de 2014,
RDP12971 del 24 de abril de 2014 y del Auto ADP010839 del 7 de noviembre de
2014, a través de las cuales la Ugpp negó la solicitud de reliquidación por «nuevos
factores salariales» [sic], y declaró la improcedencia de emitir un nuevo
pronunciamiento relacionado con la inclusión de nuevos factores.
46. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) la
declaratoria de que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación en cuantía de $4.075.3362, efectiva a partir del 4 de febrero de 2009
«fecha del retiro oficial del servicio» [sic]; ii) la orden de reconocimiento y pago de la
prestación con un equivalente al 75% de los factores de salario devengados en el
año «inmediatamente anterior al de la fecha de retiro del servicio oficial» [sic]; iii) la orden
de liquidar y pagar la totalidad de las diferencias entre lo que «se ha venido pagando
en virtud de la Resolución 59275 del 15 de noviembre de 2006, reliquidada mediante la
Resolución UGM035790 del 28 de febrero de 2012 y la sentencia que de fin al proceso, a
partir de la fecha de retiro oficial hasta el momento de inclusión en nómina con la totalidad
de factores salariales demandados» [sic], estos son las primas especial, de
vacaciones, de navidad y de servicios «además de aquellos que se tuvieron en cuenta
en las resoluciones mencionadas» [sic]; iv) la orden de pagar sobre las mesadas ya
reconocidas las sumas necesarias para hacer los reajustes de valor conforme al
IPC; v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA;
y iv) el pago de intereses moratorios y la condena en costas.
47. El Juzgado Tercero Administrativo Judicial de Sincelejo profirió sentencia el 28
de abril de 201751, por la cual declaró i) no prosperas las excepciones de
inexistencia de la obligación, pago y buena fe; ii) probada la excepción de
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 21 de mayo de 2012; iii)
la nulidad de los actos demandados «en cuanto niega incluir en la liquidación de la
pensión de jubilación, todos los factores salariales devengados durante el año anterior a
la adquisición del estatus» [sic]; y en consecuencia, iv) ordenó la reliquidación de la
prestación «con base en lo establecido en la Ley 33 de 1985, es decir con el 75% del
salario devengado durante el último año de servicios, incluyendo la asignación básica, la
prima especial, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios» [sic]. Dicha decisión fue apelada por las partes en los
siguientes términos:
50 En adelante CPACA.
51 Ibidem, 34Sentencia20170428.pdf.
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47.1. La Ugpp interpuso recurso de apelación al considerar que a los beneficiarios
del régimen de transición se les debe respetar las condiciones de edad, tiempo y
monto de la legislación anterior, pero el ingreso base de liquidación será el
dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto
1158 de 199452.
48. Por su parte la demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara lo relativo a i) la prescripción, puesto que el termino quedó interrumpido
con la solicitud de «reliquidación pensional el cual fue radicado ante la entidad el 17 de
febrero de 2014, por tanto, la prescripción se debe contar 3 años atrás de la mencionada
fecha» [sic], y ii) el reconocimiento de los intereses moratorios « en caso de no dar
cumplimiento al fallo dentro del término»53.
49. De acuerdo con las pruebas descritas y lo expuesto en el marco normativo de
esta providencia, es posible establecer que Felipe Eusebio Romero Parternina se
encontraba amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, puesto que, para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en
vigencia de dicha norma para los empleados públicos territoriales, contaba con un
tiempo de servicios superior a los 15 años y tenía más de 40 años de edad.
50. Asimismo, que prestó sus servicios como servidor público entre el 1° de
noviembre de 1978 y el 30 de septiembre de 1982 y del 4 de abril de 1989 al 4 de
febrero de 2009, tiempos que sumados completan aproximadamente 30 años, 3
meses y 4 días.
51. En esas condiciones, le asistía el derecho a acceder a la pensión de jubilación
de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985, lo que implicaba que acudiera
a ese régimen para efectos de la edad, el tiempo de servicio y el monto de la
pensión, entendido este último como la tasa de reemplazo, y a las disposiciones
de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en torno al IBL, esto es, en cuanto al
periodo y los factores a tener en cuenta, de conformidad con la citada sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018.
52. Ahora bien, comoquiera que con posterioridad a adquirir el estatus jurídico de
pensionado continuó con la prestación del servicio, el cálculo del IBL debía ser con
el salario de lo devengado en los últimos 10 años anteriores al retiro definitivo del
servicio. Al respecto, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 «(p)or la cual se dictan
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones», estableció:
52 Ibidem, 37RecursoApelacionUGPP20170518.pdf.
53 Ibidem, 36RecursoApelacionDte20170511.pdf.
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«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115
de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez
o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por
diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de
haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
53. En ese orden, contrario a lo decido el 30 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, se concluye que a Felipe Eusebio Romero Parternina solo
le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos
de la Ley 33 de 1985 en lo pertinente (edad, tiempo de servicios y tasa de
reemplazo), con un IBL calculado con el promedio de salarios y factores
devengados en los últimos diez años (leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y Decreto
1158 de 1994).
54. Adicionalmente, se precisa que si bien, como se expuso antes, según las reglas
jurisprudenciales establecidas por esta Corporación, a los beneficiarios del
régimen de transición les asistía el derecho al reconocimiento pensional de
conformidad con el régimen anterior en cuanto a la edad, el tiempo de servicio y el
monto de la pensión, entendido este último como la tasa de reemplazo, y a las
disposiciones de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en torno al IBL, esto es, con
el promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio; se advierte que,
a partir de la ejecutoria de la presente decisión, Felipe Eusebio Romero Parternina
tendrá derecho a continuar recibiendo su pensión en los términos de la Resolución
UGM35790 del 28 de febrero de 2012.
55. Lo anterior, toda vez que dicho acto administrativo fue proferido en cumplimiento
de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2011, por el Juzgado Noveno
Administrativo del Sincelejo, decisión que se encuentra ejecutoriada y frente a la
cual, en el presente asunto no se pretendió su revisión. En ese sentido se incluirá
una declaratoria en la resolutiva de la presente providencia.
56. Porúltimo, no se dispondrá el reintegro de las sumas recibidas por el
pensionado, comoquiera que se presume que fueron percibidas de buena fe,
máxime si se tiene en cuenta que la reliquidación se produjo como consecuencia
de una orden judicial que así lo determinó.
2.7. Costas
57. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
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Demandante: Ugpp
3. Conclusión
58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se configuró la causal
invocada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual se
declarará fundada la acción especial de revisión, comoquiera que a efectos de
liquidar la pensión del demandante se debía tener en cuenta para calcular el
ingreso base de liquidación, el 75% del promedio de los salarios o rentas sobre las
cuales cotizó durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, según
lo previsto por la Ley 100 de 1993, norma vigente al cumplimiento del estatus
pensional los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.
59. Razón por la cual, la Sala infirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, el 30 de junio de 2021. En su lugar, se revocará la
sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Asimismo, se declarará que la situación pensional del demandado se
continuará rigiendo por la Resolución UGM35790 del 28 de febrero de 2012.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (Ugpp) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, el 30 de junio de 2021, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.
Segundo. Infirmar la sentencia del 30 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre y, en su lugar, se dispone:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 28 de abril de 2017, por el Juzgado
Tercero Administrativo de Sincelejo, que accedió a las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por Felipe Eusebio Romero Paternina contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP). En su lugar se dispone: negar
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
Tercero. Declarar que la situación pensional de Felipe Eusebio Romero Paternina
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Demandante: Ugpp
continuará rigiéndose por la Resolución UGM35790 del 28 de febrero de 2012, a
través de la cual se le dio cumplimiento a la sentencia del proferida el 31 de marzo
de 2011, por el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, de conformidad con
lo expuesto en esta providencia.
Cuarto. No condenar en costas.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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