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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04313-00

Fecha
5 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04313-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Doris Marcela Motta Piñeros contra la sentencia del 14 de julio de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la señora Doris Marcela Motta Piñeros. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04313-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

5 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Cinco (5) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04313-00
Demandante: DORIS MARCELA MOTTA PIÑEROS
Demandado: NACIÓN-POLICÍA NACIONAL Y OTRO
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: Recurso extraordinario de revisión – causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 – nulidad originada en la sentencia / Alcance excepcional del recurso extraordinario
de revisión – improcedencia para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de las
instancias ordinarias / Principio de congruencia – congruencia interna y externa de la
sentencia / Competencia del juez de segunda instancia – alcance del recurso de apelación
– apelante único – límite de la no reforma en peor / Facultad del juez para declarar de oficio
excepciones de fondo en vigencia del Código Contencioso Administrativo – indebida
escogencia de la acción / Improcedencia de la causal de revisión cuando el desacuerdo
recae sobre la interpretación judicial de la causa jurídica del daño

Síntesis de la decisión

1. Se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque la
sentencia de segunda instancia del 14 de julio de 2023, dictada por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no incurrió en nulidad por falta de
congruencia externa.

2. La sentencia de segunda instancia revocó la de primera, por la apelación
que presentó la Policía Nacional, en perjuicio de la señora Doris Marcela Motta que
no apeló. Lo anterior no configura una incongruencia externa, sino el ejercicio
legítimo de la competencia del juez de segunda instancia.

Antecedentes

El proceso de reparación directa

3. El 18 de septiembre de 2008, la señora Doris Marcela Motta Piñeros, socia de
la empresa Fumillanos Ltda, presentó demanda de reparación directa contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Dirección Nacional
de Estupefacientes (en adelante DNE), para que se les declarara responsables por
los daños derivados de la pérdida de dos aeronaves inmovilizadas durante una
investigación penal por tráfico de estupefacientes1.

4. De acuerdo con el proceso de reparación directa, la señora Motta Piñeros era
socia de Fumillanos Ltda., esta última propietaria de las aeronaves HK3787-E y
HK3768-E. A través de acto administrativo, la DNE negó el certificado de carencia
de informes por tráfico de estupefacientes, al existir anotaciones sobre vínculos de

1 El proceso de reparación directa se identifica con el número de radicación 50001-23-31-000-2008-

00342-00/01.

Radicación:11001-03-15-000-2024-04313-00
Demandante: Doris Marcela Motta Piñeros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

uno de los socios y de bienes de la sociedad con esa modalidad delictiva, y en
consecuencia la Policía Antinarcóticos inmovilizó las aeronaves.

5. La medida estuvo vigente hasta el 18 de septiembre de 2006, impidió la
operación de las naves y produjo la quiebra de la empresa. Además, durante la
inmovilización la Policía impidió su mantenimiento y esa omisión ocasionó su
pérdida total. Por esos hechos se pidió la indemnización de los perjuicios materiales
—daño emergente y lucro cesante— y del daño moral.

6. La pretensión primera de la demanda de reparación directa se formuló en los
siguientes términos: “Se declare que la Nación Dirección Nacional de
Estupefacientes y/o Policía Nacional y/o Coordinación de Control de Aviación Civil
son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales
causados a la demandante DORIS MARCELA MOTTA PIÑEROS, por los daños
ocasionados con la inmovilización de las aeronaves HK 3787 – E y HK 3768, las
que hacían parte del patrimonio de la sociedad FUNMILLANOS LTDA”.

7. El 9 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. El proceso penal terminó por preclusión de la
investigación y se generó un daño antijurídico por rompimiento del principio de
igualdad frente a las cargas públicas. Condenó a la Policía Nacional porque
inmovilizó los aviones y absolvió a la DNE, pues su actuación se limitó a la
expedición de la Resolución 1179 de 2000, que anuló el certificado de carencia de
informes por tráfico de estupefacientes.

8. La Policía Nacional apeló para que se revocara su responsabilidad. La
inmovilización de las aeronaves fue resultado de la Resolución 1179 de 2000
expedida por la DNE.

9. En sentencia del 14 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección B de
esta Corporación revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda. El daño se produjo por la expedición de la Resolución 1179 de 20002 de
la DNE, que negó la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico
de estupefacientes. La Policía Nacional solo ejecutó esa Resolución y por eso
inmovilizó las aeronaves.

10. Por lo anterior, la acción de reparación directa no era procedente, pues la
legalidad de la Resolución 1179 de 2000 debió discutirse a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. Además, la señora Doris Marcela Motta
Piñeros no tenía legitimación en la causa por activa para reclamar indemnización
por el deterioro de las aeronaves, porque eran de propiedad de la empresa
Fumillanos Ltda.

El recurso extraordinario de revisión

11. El 16 de agosto de 2024, la señora Doris Marcela Motta Piñeros, a través de
apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
del 14 de julio de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del

2 Confirmada en Resolución 1538 de 28 de noviembre de 2000.

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Radicación:11001-03-15-000-2024-04313-00
Demandante: Doris Marcela Motta Piñeros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Consejo de Estado. Invocó la causal 5° de revisión del artículo 250 de la Ley 1437
de 20113 por incurrir en incongruencia con las pretensiones de la demanda,
concretamente con la causa jurídica de la inmovilización de los aviones.

12. La Resolución 1179 de 2000 no generó la inmovilización de las aeronaves y
por eso la acción procedente no era la de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ningún momento a lo largo del proceso estuvo en discusión la excepción de
indebida escogencia de la acción.

13. La sentencia de segunda instancia hizo “una lectura cercenada y aislada de
los hechos que fundamentan la demanda” para desconocer que el daño se originó
en la omisión de expedir el certificado de carencia de informes de estupefacientes
y levantar los sellos que inmovilizaron las aeronaves, aun finalizada la investigación
penal. Dichas omisiones son eventos para demandar en acción de reparación
directa.

14. La sentencia de segunda instancia no está en consonancia con los hechos
y pretensiones de la demanda, como disponen los artículos 305 del Código de
Procedimiento Civil y 170 del Código Contencioso Administrativo. Además, no
estudió las particularidades del caso según señaló la Corte Constitucional en
sentencia SU-659 de 2015.

Trámite impartido

15. En auto del 29 de enero de 2025 se inadmitió el recurso extraordinario para
que la demandante cumpliera el requisito del numeral 8º del artículo 162 de la Ley
1437 de 20114. Subsanado el defecto, se admitió en auto del 6 de febrero de 2025.

16. El 20 de noviembre de 2025 el Tribunal Administrativo del Meta aportó el
proceso de reparación directa y se incorporó a SAMAI.

Contestación del recurso extraordinario

17. La Sociedad de Activos Especiales SAS5 dijo que el recurso es improcedente
y no debió admitirse. La sentencia objeto de estudio es congruente con la demanda
de reparación directa e hizo un estudio completo que evidenció la falta de
legitimación en la causa por activa de la señora Doris Marcela Motta porque no era
propietaria de las aeronaves. Su calidad de socia de la empresa Fumillanos Ltda.
no la habilitaba para solicitar la indemnización de perjuicios a nombre propio.

18. El Ministerio Público rindió concepto en el que pidió declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión porque la sentencia cuestionada analizó todos
los hechos y pretensiones de la demanda.

3 “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso

de apelación”.
4 “El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico

copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares
previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado”.
5 Sociedad que asumió las funciones de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes.

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Demandante: Doris Marcela Motta Piñeros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Consideraciones

19. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
conforme al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 29 del
Reglamento del Consejo de Estado6.

20. No se configura causal de nulidad que invalide lo actuado. La demandante
está legitimada para interponer el recurso extraordinario de revisión porque actuó
como accionante en el proceso de reparación directa que terminó con la sentencia
cuestionada. Además, lo presentó a tiempo7.

Problema jurídico

21. ¿La sentencia cuestionada incurrió en la causal quinta de revisión por
incongruencia externa, al identificar como fuente jurídica del daño la Resolución
1179 de 2000 y concluir que la acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho, o tal conclusión corresponde a un asunto propio del
debate jurídico ordinario, ajeno al recurso extraordinario de revisión?

Tesis

22. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque la
sentencia cuestionada no incurrió en incongruencia externa, por tanto, tampoco en
nulidad originada en ella: aunque la recurrente sostiene que el daño provino de
omisiones posteriores de las autoridades y no de la Resolución 1179 de 2000, ese
reparo expresa un desacuerdo con la interpretación jurídica que hizo el juez de
segunda instancia sobre la fuente del daño y la acción procedente, asunto propio
del debate ordinario y ajeno al recurso extraordinario de revisión, que no puede
utilizarse como una tercera instancia.

23. Se desarrollarán los siguientes capítulos: (i) generalidades del recurso
extraordinario de revisión, (ii) alcance de la causal de revisión del numeral 5º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, (iii) solución al caso concreto y (iv) condena
en costas.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

24. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Las causales de revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

25. Este medio de impugnación busca dejar sin efectos sentencias contrarias a

6 Acuerdo No. 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
7 Conforme al artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el plazo para interponer el recurso extraordinario

de revisión por la causal quinta de revisión es de un año siguiente a la ejecutoria de la sentencia. El
fallo que se cuestiona quedó ejecutoriado el 28 de agosto de 2023 y el plazo para interponer el
recurso extraordinario vencía el 29 de agosto de 2024. El recurso se presentó a tiempo el 16 de
agosto de 2024.

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Demandante: Doris Marcela Motta Piñeros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

la justicia y al derecho, para que se dicte una nueva decisión ajustada a la ley8.

26. Es un mecanismo judicial autónomo, independiente del proceso de origen,
que inicia con una demanda con los requisitos del artículo 252 de la Ley 1437 de
2011 y tiene un trámite expedito que no admite el decreto de medidas cautelares9.

27. El recurso extraordinario de revisión no es procedente para cuestionar el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o la valoración
probatoria que efectuó, y tampoco es una oportunidad para subsanar omisiones o
falencias de las partes durante el proceso ordinario. Su estudio se restringe a las
causales taxativamente establecidas por el legislador y no puede ser empleado
como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o jurídico10.

28. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en determinar con
precisión la causal de revisión que se invoca. Los motivos y hechos que le sirven
de fundamento deben ser claros y estar estrechamente relacionados con el vicio
alegado11.

Alcance de la causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011

29. La causal quinta de revisión consagra el supuesto: “existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.

30. El legislador no identificó los eventos que generan la nulidad de la sentencia.
Sin embargo, esta Corporación estableció que se configura en los supuestos de
nulidad del artículo 133 del Código General del Proceso o cuando se vulnera el
derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política12.

31. En sentencia del 31 de mayo de 201113, la Sala Plena identificó ciertos
escenarios que generan la nulidad de la sentencia:

la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, rad. 25000-

23-26-000-2003-01589-01.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 14 de agosto de 2018,

rad. 11001-03-15-000-2017-02078-01.
10 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 14 de mayo de 2025, rad.

11001-03-15-000-2019-02422-00. En el mismo sentido, sentencias del 3 de junio de 2021, de la
Sección Cuarta, rad. 11001-03-27-000-2019-00049-00; del 1º de octubre de 2019, de la Sala 21
Especial de Decisión, rad. 11001-03-15-000-2017-00811-00; del 1º de octubre de 2019, de la Sala
23 Especial de Decisión, rad. 11001-03-15-000-2018-03188-00; del 26 de mayo de 2010 y del 15 de
febrero de 2018, de la Sección Tercera, rad. 20001-23-31-000-2001-01504-01(35.221) y 68001-23-
31-000-1998-00756-01(39906).
11 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, rad.

11001-03-15-000-2019-00450-00 y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
unificación del 8 de mayo de 2018, rad. 11001-03-15-000-1998-00153-01.
12 Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,

sentencias del 3 de febrero de 2015 y del 1 de octubre de 2019, rad. 11001-03-15-000-1998-00157-
01 y 11001-03-15-000-2017-00811-00; y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia del 3 de
diciembre de 2019, rad. 11001-03-15-000-2014-01303-00.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-

00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

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Radicación:11001-03-15-000-2024-04313-00
Demandante: Doris Marcela Motta Piñeros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

o competencia14, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta15, vi)
cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más
actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión16 o, en estos casos, antes de la
oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto
en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación17.

32. Más adelante, el 8 de mayo de 201818 la Sala Plena de esta Corporación
unificó la jurisprudencia en relación con la no taxatividad de los motivos de nulidad
originados en la sentencia e hizo explícito que la infracción a las garantías del
debido proceso judicial es un evento susceptible de generar nulidad en la sentencia,
como por ejemplo los fallos inhibitorios sin fundamento19.

33. Adicionalmente, el cargo de nulidad debe tener origen en la sentencia, en
hechos que sobrevengan con posterioridad a ella y, excepcionalmente, antes de la
emisión del fallo cuando la nulidad no pudo ser advertida por el recurrente en el
curso del proceso20. En cualquier caso, la configuración de la causal de nulidad
debe ser determinante en la decisión, al punto de que, de no haberse presentado,
esta hubiera sido distinta21.

34. El principio de congruencia está consagrado en el artículo 281 del Código
General del Proceso, aplicable al asunto por remisión expresa del artículo 306 de

14 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997,

Rad. REV-080”.
15 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.

REV-093”.
16 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-

00170”.
17 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad.

REV-062”.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad.11001-03-15-000-1998-153-01.
19 “El artículo 29 constitucional dispone los lineamientos esenciales del derecho al debido proceso, el cual

supone que todas las personas cuentan con unas condiciones sustanciales y procedimentales mínimas con las
cuales se garantiza la protección de sus derechos e intereses, así como la efectividad del derecho material.
Como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, dicha norma es de carácter abierto y, por tanto, la
enumeración allí contenida no puede ser una camisa de fuerza, en consecuencia “la discrecionalidad del juez
(característica de la escuela antiformalista del realismo jurídico norteamericano) permite que la cláusula abierta
sea un instrumento fundamental para lograr la finalidad constitucional del debido proceso”, ligada a las normas
básicas constitucionales tendientes al orden justo, para lo cual es indispensable el respeto a los derechos
fundamentales e implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos, llámense sentencias,
actos administrativos, autos, no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios
y derechos.
Así las cosas, es indiscutible que el respeto al debido proceso implica la necesaria observancia de otros
derechos fundamentales y ligados a él, como el de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva, que permiten que cualquier persona que acuda al aparato judicial del Estado pueda obtener una
protección eficaz de los derechos del que es titular
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela
judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo
los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando
se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada”.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de abril de 2004,

rad.11001-03-15-000-1996-0132-01.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, rad.

11001-03-15-000-2003-00133-00 y Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad.
25000-23-26-000-2008-00319-01, entre otras.

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la Ley 1437 de 2011. Se refiere a la identidad jurídica que debe existir entre lo
resuelto y las pretensiones y excepciones planteadas, salvo que la ley otorgue
facultades o competencias oficiosas al juzgador.

35. El Consejo de Estado ha diferenciado la congruencia interna y la externa. La
primera alude a la correspondencia entre la parte motiva y resolutiva de la
sentencia. La segunda a la concordancia entre la decisión y lo pedido en la
demanda, su contestación o el recurso o excepción interpuesto.

36. El fallo extra petita es una forma de violación al principio de congruencia
externa y se presenta cuando el juez concede algo distinto a lo pedido por las
partes, y desconoce el juicio de legalidad que exige atenerse a lo alegado y
solicitado en el proceso, “salvo especialísimos casos que resulten imprescindibles
para proteger algún derecho fundamental que se advierta vulnerado”22.

Solución al caso concreto

37. Para que se configure la causal quinta de revisión deben concurrir tres
requisitos: i) la existencia de una sentencia que ponga fin al proceso, ii) que contra
esta no proceda el recurso de apelación y iii) que la nulidad se origine en dicha
sentencia y no en un momento procesal anterior23.

38. En este caso no se cumple el tercer requisito porque la sentencia de segunda
instancia no es incongruente con las pretensiones de la demanda ni con la
apelación.

39. De acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil 24, la
apelación delimita la competencia del juez de segunda instancia quien está obligado
a responder todos los puntos del recurso25 y puede revocar, confirmar o modificar
la decisión inicial con el límite constitucional de non reformatio in pejus cuando se
trata de apelante único.

40. Ambas instancias decidieron en función de la misma pretensión de
reparación directa: la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Policía
Nacional y de la DNE por la inmovilización de las aeronaves. En efecto, la demanda
de reparación directa atribuyó el daño antijurídico a la inmovilización de las
aeronaves. Sin embargo, cada instancia concluyó diferente sobre la causa jurídica
de la inmovilización.

41. El Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a esa pretensión y
22 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 26 de noviembre de 2020, rad. 76001-23-31-000-2010-

00604-01(22672) y del 27 de agosto de 2020, rad. 76001-23-33-000-2014-00456-01(24533).
23 Sentencia del 27 de febrero de 2026, Sección Tercera, Subsección B, Consejo de Estado, expediente: 11001-

03-26-000-2024-00168-00 (72.225).
24 Se cita el Código de Procedimiento Civil porque el proceso de reparación directa se rigió por el Código

Contencioso Administrativo. El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil dice: “La apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la
parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
25 ARTÍCULO 305, Código de Procedimiento Civil: “CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley”.

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Radicación:11001-03-15-000-2024-04313-00
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión

condenó a la Policía Nacional porque esta fue la entidad que inmovilizó
materialmente las aeronaves.

42. La Policía Nacional apeló en lo desfavorable y por eso argumentó que la
fuente jurídica de la inmovilización de las aeronaves fue la Resolución 1179 de 2000
expedida por la DNE. Su actuación se limitó a cumplir esa orden administrativa.

43. Al resolver la apelación, la Subsección B dictó la sentencia del 14 de julio de
2023 y revocó la de primera instancia. Declaró la excepción de indebida escogencia
de la acción frente al daño derivado de la inmovilización de las aeronaves porque
su fuente jurídica fue la Resolución 1179 de 2000 de la DNE y su legalidad debía
controvertirse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, la señora Doris Marcela Motta Piñeros no estaba legitimada en la causa
por activa para reclamar el perjuicio por el deterioro de las aeronaves, pues estas
eran de propiedad de la sociedad Fumillanos Ltda. y su calidad de socia no la
habilitaba para pedir la indemnización a nombre propio.

44. Como puede verse, la segunda instancia se pronunció sobre el mismo objeto
litigioso y respondió al recurso sobre la fuente del daño para concluir que la acción
de reparación directa no era la procedente, sino la de nulidad y restablecimiento del
derecho.

45. La Policía Nacional actuó como apelante único y la Subsección B podía en
el marco de la apelación mantener la condena, modificarla o revocarla en perjuicio
de la señora Doris Marcela Motta Piñeros.

46. Calificar el acierto de la decisión de segunda instancia y determinar si la
Subsección B interpretó correctamente la causa jurídica del daño o si debió
mantener la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta desborda el
objeto del recurso extraordinario de revisión y equivale a reabrir el debate probatorio
y jurídico definido en las instancias ordinarias como si se tratara de una tercera
instancia.

47. El hecho de que el juez de segunda instancia revoque la decisión del inferior
no significa que incurra en incongruencia en relación con las pretensiones. Los
procesos de reparación directa son adversariales y cada parte presenta una tesis
(argumentativa y probatoria) para apoyar y controvertir las pretensiones. Las tesis
de las partes generan un problema jurídico que el juez ordinario debe resolver en
dos instancias. La parte vencida y vencedora solo se define con la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia.

48. Además, aunque la indebida escogencia de la acción no fue una excepción
que las partes controvirtieron en el proceso ordinario, la Subsección B podía
pronunciarse sobre ella. En vigencia del Código Contencioso Administrativo, la
idoneidad de la acción era una excepción que el juez debía declarar de oficio26, sin
26 Artículo 164 del Código Contencioso Administrativo “En todos los procesos podrán proponerse las
excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación
en lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada.

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Radicación:11001-03-15-000-2024-04313-00
Demandante: Doris Marcela Motta Piñeros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

que afectara el principio de congruencia. Este deber del juez lo confirmó la sentencia
de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado27.

49. Por otra parte, la sentencia cuestionada también se apoyó en la falta de
legitimación en la causa por activa de la demandante para reclamar el perjuicio por
el deterioro de bienes de propiedad de una persona jurídica, motivo que el recurso
extraordinario no controvierte. Ese silencio es relevante porque confirma que el
desacuerdo de la recurrente recae sobre la interpretación judicial de la causa del
daño y no sobre una falta de correspondencia entre lo pedido y lo resuelto.

50. Finalmente, el reproche según el cual la sentencia cuestionada no estudió
las particularidades del caso conforme a la sentencia SU-659 de 2015 tampoco
configura la causal quinta de revisión. Ese señalamiento no cuestiona la
correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, que es lo que mide el principio de
congruencia externa, sino la suficiencia del análisis y el criterio jurídico con el que
la Subsección B resolvió el litigio. El desconocimiento de un precedente no está
entre los eventos que esta Corporación ha identificado como generadores de
nulidad originada en la sentencia y, en materia de motivación, solo su ausencia
absoluta tiene esa consecuencia, supuesto ajeno a este caso porque la sentencia
cuestionada expuso las razones de su decisión.

51. En resumen, la sentencia cuestionada no incurrió en incongruencia externa
ni en nulidad originada en ella: aunque la recurrente sostiene que el daño provino
de omisiones posteriores de las autoridades y no de la Resolución 1179 de 2000,
ese reparo expresa un desacuerdo con la interpretación jurídica que hizo el juez de
segunda instancia sobre la fuente del daño y la acción procedente, asunto propio
del debate ordinario y ajeno al recurso extraordinario de revisión, que no puede
utilizarse como una tercera instancia.

52. Por lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

Condena en costas

53. Conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 202128, se condenará en costas a la parte demandante.

54. El numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso29 condiciona el
reconocimiento de costas a “... cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus”.
27 Sentencia del 6 de abril de 2018, Sección Tercera, Sala Plena del Consejo de Estado, radicación número:

05001-23-31-000-2001-03068-01(46005): “Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites
competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si
se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que
hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente
sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido
propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.
28 “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
29 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011

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Radicación:11001-03-15-000-2024-04313-00
Demandante: Doris Marcela Motta Piñeros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

55. Se causaron agencias en derecho a favor de la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. porque se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión e intervino en el proceso para la defensa de la sentencia de segunda
instancia.

56. En aplicación del numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso,
en concordancia con el artículo 5º, numeral 9º del Acuerdo PSAA16-10554 vigente
desde el 5 de agosto de 201630, las agencias en derecho se tasan en el equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia y se liquidarán por la Secretaría General de la Corporación.

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Doris Marcela Motta Piñeros contra la sentencia del 14 de
julio de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la señora Doris Marcela Motta Piñeros. Se
fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a favor de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN WILSON RAMOS GIRÓN

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.

30 Proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

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