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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00373-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00373-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
Demandante: Jairo Salazar Rivas
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.

Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jairo Salazar
Rivas contra la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que revocó la decisión de primera instancia que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó,
dentro del proceso que promovió en contra del Sena.

1. Antecedentes

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas a este trámite, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso
(CGP), y el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
allegado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, identificado
con el número de radicación 27001-33-33-001-2017-00034-00/01, la Sala sintetiza
los hechos relevantes del citado trámite:

1.1.1. La demanda

2. El señor Jairo Salazar Rivas, por conducto de apoderado judicial, radicó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 23 de enero de 2017, en
contra del Sena, con el objeto de solicitar la nulidad del oficio núm. 2-2016-003238
del 27 de julio de 2016, que le negó el reconocimiento de las prestaciones sociales

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
Demandante: Jairo Salazar Rivas
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

a las que tiene derecho en el marco de la relación laboral existente entre las partes,
desde el 28 de abril de 2002, en adelante1.

1.1.2. Contestación de la demanda

3. La entidad accionada no contestó la demanda.

1.1.3. Sentencia de primera instancia

4. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en sentencia
del 9 de marzo de 2020, declaró probada de oficio la excepción de prescripción
respecto de los derechos causados con antelación al 2013; asimismo, declaró la
existencia de una relación laboral entre el accionante y el Sena del 20 de mayo de
2003 y el 13 de octubre de 2016. Anuló el oficio núm. 2-2016-003238 del 27 de julio
de 2016 y condenó al Sena a pagarle al actor las prestaciones sociales ordinarias
que debieron percibir los empleados de planta de la entidad, desde el 29 de enero
de 2013 al 13 de octubre de 2016, con base en los honorarios; y a efectuar los
aportes a pensión y salud. Negó las demás súplicas de la demanda.

5. Encontró demostrada la existencia de una relación laboral entre las partes
dado que las actividades del actor no fueron las de un contratista, sino que
dependían de la dirección de su empleador. En ese orden de ideas, les dio pleno
valor a los testimonios, dada su espontaneidad, y de su relato tuvo por probada la
subordinación. Igualmente tuvo por acreditada la prestación personal del servicio y
la remuneración. Declaró la prescripción de los derechos causados con antelación
al 15 de julio de 2013, con ocasión a la interrupción derivada de los contratos, salvo
en materia pensional2. Esta decisión se notificó el 10 de marzo de 20203.

1.1.4. Recurso de apelación de la entidad demandada

6. El 19 de mayo de 20204, la apoderada del Sena interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia en el que pidió que esta se
revocara. En sustento, negó que entre el accionante y la entidad hubiera existido
una relación laboral, aspecto que no quedó demostrado en el proceso, pues el
señor Jairo Salazar Rivas suscribió contratos de prestación de servicios regidos por
la Ley 80 de 1993, sin que se acreditara la subordinación. Igualmente destacó la
ausencia de credibilidad de los testigos5.

1 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 1.CUADERNO 1.pdf, páginas 1 a 69 del archivo digital.
2 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, páginas 193 a 217 del archivo digital.
3 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, páginas 219, 221, 223 y 225 del archivo digital.
4 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, página 227 del archivo digital. Este recurso también
fue allegado mediante correo electrónico el 1 de julio de 2020.
5 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, páginas 229 a 233 del archivo digital.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
Demandante: Jairo Salazar Rivas
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

1.1.5. Solicitud de aclaración y adición por el demandante

7. El apoderado del accionante, mediante memorial radicado electrónicamente
el 2 de julio de 2020, presentó solicitud para que se adicionara y aclarara la
sentencia de primera instancia. Lo primero, con el fin de reconocer la sanción
moratoria, el pago de aportes pensionales durante toda la vigencia de la relación
laboral; y que las prestaciones sociales se pagaran con la semejanza de un cargo
en específico, en este caso el de profesional especializado. Lo segundo, para
precisar las fechas de los reconocimientos y evitar dudas en la liquidación6.

1.1.6. Auto que resuelve solicitud de adición y aclaración

8. Mediante auto del 30 de abril de 2021, el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó accedió a la aclaración del período en el cual el actor
prestó sus servicios, del 20 de mayo de 2003 al 13 de octubre de 2016. También
adicionó la condena proferida en contra del Sena, en el sentido de que el pago de
las prestaciones sociales comunes se haría con lo devengado por un empleado de
planta en el cargo de profesional docente, desde el 29 de enero de 2013 al 13 de
octubre de 2016. En lo demás, negó las solicitudes presentadas7. Esta decisión se
notificó el 3 de mayo de 20218.

1.1.7. Auto que concede apelación

9. El Juzgado, a través de auto del 17 de junio de 2021, concedió en el efecto
suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la «condenada» en contra de la
sentencia de primera instancia.

10. Para fundamentar su decisión, expresó que «el apoderado judicial de la parte
demandante instauró recurso de apelación el día 1.° de julio de 2020 […] notificada
personalmente, por correo electrónico a todos los sujetos procesales el día 10 de
marzo de 2020». Asimismo, expresó que como las partes no lo solicitaron de común
acuerdo no las citaría a audiencia de conciliación9. Esta decisión se notificó el 18
de junio de 202110.

1.1.8. Devolución por parte del Tribunal

11. El expediente fue remitido al Tribunal para decidir sobre la admisión del
recurso de apelación, el cual profirió auto el 14 de julio de 2021 en el que devolvió

6 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, páginas 235 a 238 del archivo digital.
7 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, páginas 239 a 247 del archivo digital.
8 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, páginas 251 y 253 del archivo digital.
9 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-034,

02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, páginas 255 y 256 del archivo digital.
10 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-

034, 02Expediente Digital, 2.EXPEDIENTE COMPLETO P2.pdf, página 257 del archivo digital.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
Demandante: Jairo Salazar Rivas
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

el proceso al Juzgado de origen, para que este cumpliera con lo ordenado por el
inciso 4 del artículo 192 del CPACA11.

1.1.9. Audiencia de conciliación y acta

12. El Juzgado celebró audiencia de conciliación, el 3 de agosto de 2021. Ahora
bien, al revisar la grabación de la audiencia, la Subsección constató la
comparecencia del accionante, de su apoderado, y del Ministerio Público, en la
referida audiencia. El juez efectuó el control de legalidad, sin que la parte actora
advirtiera vicio alguno; y se declaró que la apoderada del Sena no compareció a la
audiencia. El apoderado de la parte actora manifestó que quedaba atento de la
concesión del recurso.

13. En la misma audiencia de conciliación, el juez manifestó que quien interpuso
recurso fue «el apoderado del demandante porque el apoderado de la entidad no
interpuso recurso» (sic12); y, en ese orden, si la entidad hubiera apelado (sic)
correspondería declarar desierto el recurso de conformidad con la norma que rige
el trámite. Declaró fallida la audiencia por falta de ánimo conciliatorio de la parte
demandante y concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación presentado
por la parte demandante en contra del fallo de primera instancia. La decisión se
notificó en estrados, sin recursos.

14. No obstante, lo anterior, el Juzgado en el acta suscrita el 3 de agosto de
2021, consignó lo siguiente:

A la misma se hizo presente el señor Agente del Ministerio Público, Doctor Mario
Gustavo Flores Asprilla y las apoderadas de las partes demandante y demandada,
a quienes se les reconoció personería jurídica para actuar.

Se declaró saneado el proceso hasta el momento, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 207 del CPACA.

Acto seguido se indaga a la parte demandada, si traía consigo el acta de
conciliación de comité, y sí tenía o no ánimo conciliatorio, ante lo cual, indicó que,
si tenía el acta del comité, que ya había sido enviada al correo electrónico del
Despacho, pero que se determinó no conciliar.

De lo anterior, se le corrió traslado, vía correo electrónico, del respectivo memorial
al apoderado de la parte demandante y al señor Agente del Ministerio Público,
quienes después de leer el acta, solicitaron se continuara con el trámite del proceso.
Se declaró fallida la audiencia de conciliación, por falta de ánimo conciliatorio de la
entidad demandada, en consecuencia, se concedió en el efecto suspensivo el
recurso de apelación incoado por la entidad accionada, en contra de la sentencia
No. 23 del 09 de marzo de 2020, de primera instancia, y se ordenó para que por

11 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-

034, 02Expediente Digital, 6.ACTUACION TRIBUNAL.pdf.
12 Se precisa que quien interpuso el recurso de apelación fue la entidad demandada.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
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Secretaría se enviara el proceso al Tribunal Administrativo del Chocó, a efectos que
se desatara la alzada. La presente queda notificada en estrado.

15. En la parte final de dicha acta, se precisó que la decisión se notificó en
estrados, con la constancia de que «no se presentaron recursos»13.

1.1.10. Auto que admite recurso de apelación

16. Con ocasión de lo anterior, el expediente se remitió nuevamente al Tribunal,
el 14 de diciembre de 2021; autoridad que admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada, en auto del 26 de enero de 202214. Esta decisión se
notificó el 31 de enero de 202215 a los sujetos procesales y a la parte demandante
e ingresó al despacho para proferir sentencia, sin recursos presentados por las
partes.

1.1.11. Sentencia de segunda instancia

17. El Tribunal Administrativo del Chocó, el 16 de septiembre de 2022, revocó la
sentencia del 9 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Quibdó, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
y, en su lugar, las negó. Se abstuvo de condenar en costas.

18. Consideró que el accionante prestó personalmente el servicio mediante
contratos suscritos con el Sena entre el 20 de mayo de 2003 y el 13 de octubre de
2016, con algunas interrupciones, y se acreditó la remuneración. No obstante, no
se probó la subordinación por la ausencia de elementos que establecieran las
órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, sin que resultara
suficiente el cumplimiento de un horario o el reporte de informes frente a las
actividades encomendadas, pues estas circunstancias solo son constitutivas de un
indicio.

19. En este orden de ideas, la configuración de la relación laboral no puede
presumirse y en el caso concreto no existen pruebas que expresamente reflejen
que el accionante careció de independencia, carga que recaía en el demandante,
quien ocupó el cargo de instructor16.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

20. El señor Jairo Salazar Rivas interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal

13 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-
034, 02Expediente Digital, 9.A CONCILIACION DESPUES FALLO.pdf.
14 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-

034, 02Expediente Digital, 11.A ADMITE APELACIÓN.pdf.
15 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-

034, 02Expediente Digital, 12.NOT A ADMITE RECURSO.pdf.
16 Samai, índice 26, 36RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202509172zi(.zip) NroActua 26, EXPEDIENTE 2017-

034, 02Expediente Digital, 14.SENTENCIA TRIBUNAL.docx.
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Demandante: Jairo Salazar Rivas
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Administrativo del Chocó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 27001-33-33-001-2017-00034-01, al considerar que
esta incurrió en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, con
fundamento en los siguientes motivos:

21. El Tribunal ocultó la falsedad de la información contenida en el acta del 3 de
agosto de 2021, expedida en el marco de la audiencia de conciliación, dado que se
consignó que el Sena asistió a la diligencia, cuando ello no ocurrió.

22. El 26 de enero de 2022 el Tribunal admitió el recurso de apelación
interpuesto por el Sena para evitar que el demandante fuera apelante único, no
obstante, este se radicó extemporáneamente. Asimismo, la autoridad omitió
pronunciarse sobre las irregularidades del proceso.

23. En consecuencia, en sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022, el
Tribunal revocó la decisión de primera instancia por ausencia de prueba de la
subordinación. En dicha oportunidad ocultó una solicitud de permiso del 27 de abril
de 2012 y las irregularidades advertidas lo condujeron a la revocatoria que lesionó
la garantía constitucional de la non reformatio in pejus, prevista en el inciso 4 del
artículo 328 del CGP, según la cual el juez de segunda instancia debe pronunciarse
únicamente sobre los aspectos objeto de apelación, sin agravar la situación del
apelante único.

24. El recurrente reprochó que era de esperarse que el Tribunal corrigiera los
errores procesales existentes en el trámite del asunto para el momento de dictar
sentencia, de conformidad con el deber previsto en el artículo 132 del CGP y
revocara de oficio el auto que admitió el recurso de apelación indebidamente. En
cambio, profirió una decisión de fondo en la que revocó la sentencia de primera
instancia y que terminó por legitimar la interposición extemporánea del recurso de
apelación por parte del Sena.

25. A su vez, el accionante mencionó que, en su momento, consideró un error
de digitación en el acta de la audiencia de conciliación (sobre la asistencia de la
apoderada del Sena a la diligencia), empero, el juzgador lo tergiversó y lo empleó
para invalidar la garantía constitucional de non reformatio in pejus. En criterio del
señor Jairo Salazar Rivas, el recurso de apelación debió ser declarado desierto
(artículo 192 del CPACA).

26. El recurrente consideró que se violó el debido proceso al incurrirse en una
denegación de justicia; de ahí que los autos ilegales no vinculan ni se pueden
ocultar en una sentencia para validar la violación de los artículos 29 y 31
constitucionales. Igualmente agregó que en un escenario penal y disciplinario
habría que cuestionar el conocimiento del juez sobre las conductas; y manifestó
que los trabajadores del Sena están sometidos a subordinación, situación de la cual
dieron cuenta los testimonios rendidos en el proceso.

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
Demandante: Jairo Salazar Rivas
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27. Por los motivos expuestos, pidió infirmar el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo del Chocó; proferir una decisión de reemplazo en la que se concedan
las pretensiones de la demanda; y recordarles a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Chocó el deber que les asiste de declarar y sanear las nulidades
en los términos del artículo 132 del CGP17.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

28. Mediante auto del 27 de agosto de 202418, se inadmitió el recurso y se le
otorgó 5 días al recurrente para que anexara la constancia de envío a la parte
demandada. En cumplimiento de ello, el actor allegó lo solicitado19.

29. Posteriormente, el 30 de abril de 2025, se requirió a la parte recurrente con
el fin de que aportara la constancia de ejecutoria de la sentencia objeto del
recurso20. La parte actora también anexó lo requerido21. En consecuencia, la
magistrada ponente dictó auto el 3 de septiembre de 2025 en el que admitió el
recurso de la referencia; ordenó notificar personalmente al Sena y al procurador
delegado ante esta corporación; les otorgó 10 días para contestar y solicitar
pruebas; y requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó para
que remita, en medio digital, el expediente del proceso ordinario22. El Juzgado
allegó lo solicitado23.

30. El apoderado del Sena se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que no era la oportunidad para controvertir la decisión del Tribunal Administrativo
del Chocó, de admitir el recurso de apelación interpuesto por la entidad en auto del
26 de enero de 2022. Por su parte, manifestó que la intención del actor fue convertir
este mecanismo en una instancia adicional del trámite de la apelación, en
desconocimiento de que las etapas del proceso ya se surtieron.

31. Puso de presente que en el proceso se demostró la insuficiencia probatoria
para establecer la existencia de un «contrato realidad» (relación laboral encubierta)
y el consecuente derecho al pago de las prestaciones sociales a favor del actor. En
razón a ello, no existió una relación laboral entre las partes, en tanto el actor
ejecutaba sus labores como un contratista independiente y se invocó la buena fe y
el cobro de lo no debido. Le pidió al Consejo de Estado desestimar las pretensiones
de la demanda de revisión, al ser impertinente, infundada e improcedente 24.

32. Luego, el 25 de noviembre de 202525, se decretaron y tuvieron como pruebas
los documentos aportados con el recurso; se incorporó al proceso el expediente de

17 Samai, índice 2, ED_3RECURSOEXTRAORDIN(.pdf) NroActua 2.
18 Samai, índice 5.
19 Samai, índices 9 y 10.
20 Samai, índice 14.
21 Samai, índices 18 y 19.
22 Samai, índice 21.
23 Samai, índices 26 y 27.
24 Samai, índice 30, 37_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Contestacionr(.pdf) NroActua 30.
25 Samai, índice 32.

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nulidad y restablecimiento del derecho; se negaron las solicitudes probatorias
relacionadas con la grabación de la audiencia de conciliación del 3 de agosto de
2021 y el expediente digital de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2022-
05412-00 [01] y los testimonios practicados en la audiencia de pruebas celebrada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 27001-23-33-000-
2021-00020-00; y se le reconoció personería al abogado del Sena.

33. Contra esta providencia el apoderado del demandado interpuso recurso de
reposición26; que se resolvió en auto del 11 de mayo de 2026. Se repuso
parcialmente el auto del 25 de noviembre de 2025, únicamente en relación con la
prueba de la grabación de la audiencia de conciliación; se incorporó esta al proceso;
se ordenó descargarla e incorporarla al expediente; y se dispuso que ejecutoriada
esta providencia se entendería cerrada la etapa probatoria y el proceso ingresaría
al despacho para proferir sentencia27. El expediente ingresó al despacho para fallo
el 3 de junio de 202628.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

34. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Jairo Salazar Rivas contra la sentencia del 16 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA29.

2.2. Oportunidad

35. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 16 de septiembre de 2022,
se notificó el 27 siguiente y quedó ejecutoriada el 5 de octubre de 2022 30. En
consecuencia, como el recurso de la referencia se interpuso el 1.° de septiembre
de 2023, su radicación fue oportuna, dentro del término dispuesto por el artículo
251 del CPACA31.
2.3. Legitimación en la causa

36. El señor Jairo Salazar Rivas y el Sena están legitimados en la causa para
ser partes en este trámite, toda vez que fueron respectivamente demandante y
demandado en el proceso en cuyo curso se profirió la sentencia enjuiciada.

26 Samai, índices 36 a 38.
27 Samai, índice 42.
28 Samai, índice 47.
29 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
30 Samai, índice 19, 20_MemorialWeb_Alegatos-3DEMANDANTEALLEGA_(.pdf) NroActua 19, páginas 2 y 3

del archivo digital.
31 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». Lo relativo

a la oportunidad para interponer el recurso fue analizado y definido en los términos expuestos por la magistrada
ponente al proferir el auto admisorio dictado en el curso del presente trámite.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
Demandante: Jairo Salazar Rivas
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2.4. Problemas jurídicos

37. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si:

38. ¿El Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir la sentencia del 16 de
septiembre de 2022, incurrió en la causal de revisión del numeral 5 del artículo 250
del CPACA, por violación al principio de non reformatio in pejus?

39. Para alcanzar tal propósito deberá dar respuesta al siguiente problema
jurídico derivado:

40. ¿Las irregularidades ocurridas en el trámite del recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, vician la sentencia de segunda instancia?

41. Para resolver los problemas jurídicos propuestos, la Sala se referirá, en
primer lugar, a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo
lugar, abordará el alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, atinente a que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se
pronunciará en torno al principio de non reformatio in pejus; en cuarto lugar,
resolverá el caso concreto; y, por último, decidirá sobre la condena en costas.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

42. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la
jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al
mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones
judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna
de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA32.

43. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 33, para casos en los que
la decisión contenga algún vicio procesal o se pretendan cuestionar «[…] aspectos
que atañen a la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión»34.

44. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni
la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7 de

febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
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para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»35.

45. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en
la causal de nulidad invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias
que reabran la decisión adoptada como si se tratara de una nueva instancia judicial.

46. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»36. De este modo, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo
el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de
«[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos
que sirven de fundamento para su configuración»37.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

47. El artículo 250 del CPACA, regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.

48. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en
la sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado
no proceda recurso de apelación»38.

49. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

50. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.

35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del

3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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51. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado, en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»39.

52. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión,
no puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia,
salvo el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión,
«[…] no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar
la nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta
en una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»40.

53. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados
eventos supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al
debido proceso.

54. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto
genéricamente en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los
escenarios que expresamente ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede
ocurrir, entre otras, por las siguientes circunstancias excepcionales41:

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso42.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto al que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación43.

39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del

3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del

13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,

exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
42 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-

15-000-2015-02493-00 (REV).
43 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-

03-15-000-2009-00494-00 (REV).
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
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-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus44.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia45.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso46; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado 47.

55. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la
decisión por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
[…]. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular,
si el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la
justicia material de manera que tenga la entidad suficiente para permear la
inmutabilidad de la cosa juzgada»48.

56. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»49, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250
del CPACA, procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

2.7. Principio de non reformatio in pejus

57. Los artículos 320 y 328 del CGP dotan de contenido el citado principio, al
regular que el superior está limitado para estudiar los reparos puntuales propuestos
por el apelante con el fin de que la providencia de primera instancia sea revocada
o reformada. En particular, estas disposiciones, de manera expresa, prevén lo que
a continuación se cita en punto a los fines de la apelación y la competencia del juez
de segunda instancia:

ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010,
radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
45 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación:

11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
46 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-

03-15-000-2014-04059-00 (REV).
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.

11001-03-15-000-1998-00153-01.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
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Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia:
respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 71.

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella. […]

58. De ahí se extrae que, el recurso de apelación se propondrá en lo desfavorable
a la parte, por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado no podrá
afectarse el principio de la non reformatio in pejus, distinto al escenario cuando
ambas partes apelan toda la decisión, o la que dejó de proponer el recurso decide
adherirse al ya presentado.

59. Debido a esto, aunque existe una restricción de la competencia del superior
para estudiar la apelación, ello debe ser entendido en el sentido que «[…] la
competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos
aspectos propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente
mencionados en el recurso, que estén íntimamente ligados con el aspecto materia
de impugnación»50.

60. Lo anterior implica que, la eventual transgresión al principio de non reformatio
in pejus, al comprender una de las manifestaciones del principio de congruencia 51,
debe examinarse de forma correlativa con este último, porque la imposibilidad de
desmejorar la situación del apelante único se predica sobre la base de los límites
impuestos por el recurso de apelación, que en últimas define el marco de
competencia del juez de segunda instancia. Adicionalmente, porque el operador
jurídico no puede desligarse de lo pedido, probado y planteado al interior del
proceso, por lo cual se ha reconocido como posibilidad excepcional la alteración de
la situación del recurrente cuando existen situaciones objeto del debate que
contrarían abiertamente el ordenamiento jurídico.
2.8. Caso concreto

50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-

03-15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
51 Corte Constitucional, sentencia SU-327-1995.

13

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61. El señor Jairo Salazar Rivas acudió en sede del recurso extraordinario de
revisión para solicitarle a esta corporación que infirme la sentencia de segunda
instancia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició
en contra del Sena y profiera una decisión de reemplazo en la que confirme el fallo
de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

62. En sustento, consideró que se incurrió en la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación al principio de non reformatio
in pejus, dado que se incurrió en irregularidades en el trámite del recurso de
apelación, que condujeron a que se profiriera una decisión en la que se negaron las
súplicas de la demanda.

63. Al respecto, la Sala precisa que el recurrente se amparó en una de las
causales de revisión previstas en la ley, relativa a la nulidad originada en la
sentencia contra la cual no procede el recurso de apelación y la sustentó en el
principio de non reformatio in pejus, que encuadra en la taxatividad de la causal. No
obstante, conviene advertir de entrada que los supuestos procesales acontecidos
en el marco del trámite del recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia quedaron definidos en etapas procesales anteriores, por lo que no
constituyen vicios ocurridos en la sentencia.

64. En particular, de una verificación del trámite procesal del proceso ordinario,
se advierte que existió una contradicción entre el acta de la audiencia de conciliación
celebrada el 3 de agosto de 2021 y la grabación de dicha diligencia. Mientras que
en la primera se consignó que el Sena asistió y que se concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte accionada, en la grabación se registró únicamente
la comparecencia del apoderado del demandante y del Ministerio Público; y el
Juzgado precisó que la apelación la interpuso el apoderado del accionante, la cual
concedió por falta de ánimo conciliatorio. En consecuencia, no hay identidad entre
la diligencia y el acta.

65. No obstante, lo cierto es que el apoderado del actor no interpuso recurso de
reposición52 en contra de dicha decisión, notificada en estrados como consta en la
grabación y en el acta del 3 de agosto de 2021, que estaba incorporada en el
proceso. En ese sentido, guardó silencio en torno a la irregularidad advertida.

66. Posteriormente, el Tribunal admitió el recurso de apelación interpuesto por el
Sena en el auto proferido el 26 de enero de 2022, decisión que tampoco fue objeto
del citado recurso por el accionante. De lo que se sigue que no es posible utilizar
este mecanismo extraordinario de revisión para alegar irregularidades procesales
definidas en la concesión y admisión del recurso de apelación, como la identidad
del recurrente y la oportunidad del recurso de apelación, porque se trató de

52 En los términos del artículo 242 del CPACA, el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo

norma legal en contrario.
14

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situaciones ocurridas con antelación a la sentencia que se debieron proponer en las
oportunidades procesales correspondientes, mediante los recursos procedentes.

67. Sobre el particular, se advierte que en el caso puntual el recurrente no
argumentó la imposibilidad que tenía de conocer estas situaciones en el momento
en que ocurrieron; en cambio, el propio apoderado manifestó que las evidenció pero
que esperó que el Tribunal las corrigiera al momento de dictar sentencia. Esto se lo
atribuyó a la autoridad por los deberes de oficio que le asisten en los términos del
artículo 132 del CGP53; de manera que, a su parecer, se optó por decidir de fondo
en legitimación de esos aspectos procesales.

68. Para esta Sala, los supuestos alegados no justifican que el recurrente hubiera
guardado silencio frente a la posibilidad de interponer el recurso de reposición
procedente contra los autos dictados en primera y segunda instancia, que
impactaban en el trámite del recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Asimismo, la obligatoriedad de sanear el proceso por parte de la autoridad
judicial, que se desprende del artículo 132 del CGP, no exime al actor de presentar
los recursos procedentes contra el acta de la audiencia de conciliación y el auto que
admitió el recurso.

69. Adicionalmente, el accionante no encuadró esas irregularidades en uno de
los supuestos de nulidad del artículo 133 del CGP o la jurisprudencia vigente. En
este orden, el hecho de que el Tribunal no hubiera declarado desierto el recurso de
apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandada, en aplicación del
inciso 4 del artículo 192 del CPACA54, no se encuadra en uno de los escenarios
taxativos que habilitan la procedencia de la revisión.

70. En igual sentido, se enfatiza que en cuanto al argumento sobre la
extemporaneidad del recurso de apelación, se trató de un aspecto que debió haber
formulado el accionante mediante los recursos procedentes en primera y en
segunda instancia. En consecuencia, como lo reprochado no surge de la sentencia,
no es susceptible de estudiarse en sede del recurso extraordinario de revisión al
amparo de la causal quinta.

71. Ahora bien, el accionante plantea un escenario que podría incidir en la validez
de la decisión judicial, y es la violación al principio de non reformatio in pejus. De
ello deberá ocuparse la Sala, habida cuenta de la invocación expresa del recurrente.

53 «Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios

que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos,
no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y
casación».
54 «<INCISO 4> Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se

interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá
celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si
el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso».
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00373-00 (5238-2023)
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72. Se observa que la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 revocó el
fallo de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda. Sin
embargo, no se puede establecer que las irregularidades procesales a las que se
ha hecho mención incidieron en la violación del principio de non reformatio in pejus,
porque el Tribunal admitió el recurso de apelación presentado por la demandada y
en ese contexto dictó sentencia, bajo el entendido de que solo esa parte había
presentado recurso.

73. Esta situación se acompasa con las pruebas allegadas al presente trámite, a
partir de las cuales se pudo constatar que el único recurso de apelación interpuesto
en el proceso ordinario en contra del fallo de primera instancia fue el allegado por la
apoderada del Sena. En ese memorial se cuestionó la existencia de la relación
laboral y, en particular, la acreditación del elemento de la subordinación; aspectos
que tuvo en cuenta el Tribunal para proferir su decisión.

74. En consecuencia, no es posible hablar de un escenario de agravación de la
situación del apelante único porque precisamente la decisión favoreció a la entidad
y el demandante no demostró que haya radicado un recurso de apelación. Si bien
en la audiencia de conciliación el juez afirmó que el actor era quien había recurrido,
como se ha dicho, ello constituyó un error que no tiene respaldo en el proceso. De
manera que, el accionante no puede pretender valerse de una irregularidad, para
obtener un beneficio y modificar un fallo que hizo tránsito a cosa juzgada.

75. En ese sentido, el recurso de revisión no es el escenario para revivir la
oportunidad de interponer el recurso de apelación – aspecto que quedó definido en
etapas previas del proceso y que no fue objeto de recursos por el apelante–. Máxime
al no advertirse que se incurrió en una afectación sustancial al debido proceso por
violación al principio de non reformatio in pejus, porque el demandante no interpuso
recurso de apelación, lo que hacía improcedente concederlo, admitirlo y decidirlo en
la sentencia que le puso fin a la controversia, la cual se debía proferir de forma
congruente con los cargos propuestos.

76. Finalmente, la Sala considera que el actor pretende utilizar este mecanismo
como si se tratara de una acción constitucional de tutela para alegar defectos en la
sentencia, dentro del marco de una afectación amplia al debido proceso – que
desborda los límites de la causal quinta–, y, con ello, lograr que se dicte una decisión
de reemplazo que favorezca sus intereses. Esto se desprende de que el recurrente
sostiene que se ocultó una solicitud de permiso del 27 de abril de 2012, como prueba
de la subordinación, argumento propio de un defecto fáctico.

77. A su vez, el accionante pretende revivir la discusión del fondo del proceso, lo
cual escapa al objeto del presente recurso extraordinario. Por último, se advierte
que este proceso no es escenario para catalogar la conducta de los jueces, como
si se tratara de un trámite penal o disciplinario.

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78. En consecuencia, la respuesta a los problemas jurídicos formulados es
negativa. Las irregularidades ocurridas en el trámite del recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia no vician la sentencia de segunda instancia; y, en
todo caso, la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó no violó el principio de
non reformatio in pejus.

2.9. Costas

79. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario55 de la Subsección
sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe56. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
advierte que el recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante el
trámite del presente asunto.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la
parte motiva de esta sentencia.

Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

55 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las costas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
56 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-

00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
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Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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