Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05412-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05412-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05412-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
9 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05412-001
Actor : Jairo Salazar Rivas
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, Juez
Primero (1º) Administrativo de Quibdó y director general
del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Jairo Salazar
Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó,
Juez Primero (1º) Administrativo de Quibdó y director general del Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena), por la presunta vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Jairo Salazar Rivas, a través de
apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, Juez
Primero (1º) Administrativo de Quibdó y director general del Sena.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 16 de
septiembre de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Chocó
revocó el de 9 de marzo de 2020, con el que el Juzgado Primero (1º)
Administrativo de Quibdó accedió parcialmente2 a las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el
Sena (expediente 27000-33-33-001-2017-00034-00), para negarlas; en su lugar,
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Comoquiera que se declaró de oficio la prescripción de «[…] los periodos derivados de los contratos suscritos
[…] con anterioridad al año 2013».
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Jairo Salazar Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Chocó y otros
se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que se
acojan las súplicas formuladas en ese asunto contencioso-administrativo.
1.2 Hechos. Relata el accionante que trabajó para el Sena desde el 20 de mayo
de 2003 hasta el 13 de octubre de 2016, a través de contratos de prestación de
servicios suscritos para cumplir sus labores como «[…] instructor [de]
formación profesional integral en el área de mantenimiento de equipos de
cómputo».
Que el 15 de julio de 2016 solicitó del mencionado ente estatal declarar la
existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones a que hubiere
lugar durante el referido lapso, lo que le fue negado el 26 siguiente, por
conducto de oficio 2-2016-3238, al considerar que en su caso no era procedente
el reconocimiento de dichas acreencias.
Dice que el 23 de enero de 2017 instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Sena (expediente 27000-33-33-001-
2017-00034-00), con el propósito de obtener la anulación del precitado oficio y
lo deprecado en sede administrativa, comoquiera que en el ejercicio de sus
funciones concurrieron los elementos de una relación laboral, pretensiones a las
que el 9 de marzo de 2020 el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Quibdó
accedió parcialmente, al estimar que se configuraron «[…] los supuestos del
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, y por tanto, se debe aplicar el
principio de la primacía de la realidad sobre las formas».
Que inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso
recurso de apelación3, desatado el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el sentido de revocarla, para negar las súplicas,
con fundamento en que no se demostró «[…] la subordinación, elemento
esencial para declarar la existencia de una relación laboral».
Aduce que la providencia censurada incurre en (i) defecto fáctico, toda vez que
los magistrados accionados no tuvieron en consideración que su vinculación
con el Sena colmaba los elementos de la relación laboral y que por exigir las
prerrogativas a las que tenía derecho no se le permitió suscribir más contratos
3
Con fundamento en que «[…] para que se configure la existencia de una relación laboral, debe[n] existir tres
elementos fundamentales como son: la existencia de la prestación personal de servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En el caso particular del señor
JAIRO SALAZAR RIVAS, no sucede así pues el actor suscribió CONTRATOS DE PRESTACI[Ó]N DE
SERVICIOS bajo los lineamientos de la ley 80 de 1993, donde se comprometía a cumplir […] unas
obligaciones contractuales de manera personal, recibiendo el pago de unos honorarios y con una supervisión
del contrato […]».
2
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Jairo Salazar Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
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de prestación de servicios, a modo de «retaliación»; y (ii) vulnera su garantía
superior al debido proceso, puesto que el juez ordinario de segunda instancia
excedió su competencia, al estudiar de manera integral el asunto y revocar la
decisión que le había resultado favorable, pese a que él no interpuso recurso de
apelación, lo que quebranta el principio de non reformatio in peius.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 14 de octubre de 2022, admitió la presente acción y ordenó notificar
a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, Juez Primero
(1º) Administrativo de Quibdó y director general del Sena, en los términos
previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor director general del Sena, por conducto del director regional de la
seccional Chocó, pide se niegue la presente acción, porque no se advierte en la
sentencia reprochada la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales invocados por el actor, puesto que se examinó la normativa
aplicable en materia de contratos de prestación de servicios y, además, como lo
concluyeron los magistrados accionados, aquel no aportó prueba de la que se
demuestre «[…] la subordinación, el cumplimiento de un horario de trabajo y
la existencia de una relación laboral [con] el SENA […], por lo tanto, no se
podría configurar el principio de primacía de la realidad frente a las formas
[…]».
2.1.2 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó y Juez
Primero (1º) Administrativo de Quibdó guardaron silencio en la oportunidad
procesal prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar
si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el accionante, quien
aduce vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
3
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Jairo Salazar Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
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3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario,
la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la providencia de 16 de
septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, por
cuyo conducto se revocó la de 9 de marzo de 2020, con la que el Juzgado
Primero (1º) Administrativo de Quibdó accedió a las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor promovió contra
el Sena (expediente 27000-33-33-001-2017-00034-00), para negarlas; y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
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providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv)
defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter
excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se
vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre
que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
5
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decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la
decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales4, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20125, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos6.
4
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
5
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010,
exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7)
30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de
2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C.
6
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Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20147, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia del actor; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y
se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada8 quedó
ejecutoriada el 30 de septiembre de 2022 y la solicitud de amparo se instauró el
11 de octubre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (10 días); y
(v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defecto
fáctico y violación directa de la Constitución invocadas por el actor.
3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) El 15 de julio de 20169 el actor pidió del Sena declarar la existencia de la
relación laboral y el pago de los haberes sociales que, a su juicio, se derivaron
de los contratos de prestación de servicios celebrados desde el 20 de mayo de
2003 hasta el 13 de octubre de 2016, por haber concurrido los elementos de un
contrato de trabajo.
b) La anterior solicitud fue desestimada por el ente estatal, a través de oficio 2-
2016-3238 de 26 de julio de 2016, al considerar que (i) las actividades que
desarrolló el accionante correspondieron a órdenes de prestación de servicios
P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
7
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Notificada por correo electrónico el 27 de septiembre de 2022.
9
Radicado 1-2016-002244.
7
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Jairo Salazar Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
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suscritas por el tiempo estrictamente necesario, y (ii) ejecutó sus labores «[…]
por un determinado número de horas co[mo] instructor impartiendo
conocimiento especializado e instrucción sobre un área técnica establecida,
dentro de un módulo dictado en un programa impartido por la entidad […]»,
por consiguiente, en su vinculación no se configuraron los elementos de la
relación laboral.
c) El 23 de enero de 2017 el tutelante promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Sena (expediente 27000-33-33-001-
2017-00034-00), encaminado a que se anulara el oficio enunciado con
antelación y se le concediera lo deprecado en sede administrativa, habida cuenta
de que durante el lapso que estuvo incorporado a esa entidad le exigieron el
cumplimiento de un horario, entre otras condiciones, que involucraban una
relación laboral.
d) Del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Primero (1º)
Administrativo de Quibdó, que el 7 de abril de 2017 lo admitió y el 6 de marzo
de 2018 celebró audiencia inicial10, en la que se decretaron como pruebas los
documentos que daban cuenta de los hechos enunciados en las letras
precedentes y las declaraciones de los señores Carlos Alberto Mena Rojas y
Víctor Eulises Perea Rosero, las que se recibieron el 7 de junio de 2018.
Que dentro de la audiencia de pruebas realizada los declarantes Carlos Alberto
Mena Rojas y Víctor Eulises Perea Rosero sostuvieron que (i) el actor se
desempeñó como instructor especializado del Sena y tenía asignado un
programa de formación el cual impartía en el área de electrónica, sistemas y
mantenimiento de equipos de cómputo, (ii) sus funciones las podía ejecutar
entre las 6 a. m. y las 12 m., las 12 m. y las 6 p. m. y de 6 p. m. a 10 p. m. de
acuerdo con el horario que previamente se hubiera asignado para el curso que
tenía asignado, y (iii) los coordinadores académicos o directores regionales eran
quienes le daban instrucciones o especificaciones en relación con la manera
cómo debía ejecutar sus tareas.
e) El 9 de marzo de 2020 el aludido Juzgado accedió parcialmente a las
pretensiones ordinarias, al estimar que de los elementos de convicción allegados
al proceso era dable deducir «[…] que la entidad accionada con su [actuar]
realmente pretendió encubrir la existencia de una verdadera relación laboral,
pues no es posible que se utilice la modalidad de contrato de prestación de
10
De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
8
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Jairo Salazar Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
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servicios para delegar en una persona funciones propias de la administración,
toda vez que son actividades permanentes y que requieren obligatoriamente del
cumplimiento de un horario», decisión objeto de recurso de apelación por la
entidad demandada11.
f) A través de sentencia de 16 de septiembre de 2022, el Tribunal
Administrativo del Choco desató la precitada alzada, en el sentido de revocar la
determinación recurrida, para negar las pretensiones, al estimar que en el asunto
sub judice no se acreditó el elemento de la subordinación, indispensable para
declarar la existencia de la relación laboral, porque el demandante no demostró
que «[…] las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato
o un jefe inmediato [hubieren] desnaturali[zado] el objeto contractual, dado
que no resulta suficiente el cumplimiento de un horario en atención a la
programación o el hecho de reportar informes de las actividades
encomendadas, comoquiera que estas circunstancias se pueden tener en cuenta
solo como indicio de su existencia […]».
3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar
con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión»12.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra13.
3.5.3 Violación directa de la Constitución Política. La violación directa de la
Constitución se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que la
desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en
esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el
precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
11
Con fundamento en que «[…] conforme al material probatorio allegado al proceso, contrario a lo que señala
[la sentencia de primera instancia] no se perciben los elementos que caracterizan la relación laboral».
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Jairo Salazar Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
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inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin
aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta Política.
3.5.4 Solución al caso concreto. En el asunto sub judice el accionante aduce
que la providencia cuestionada adolece de (i) defecto fáctico, porque los
magistrados accionados no valoraron las pruebas que acreditaban que en su
vinculación a través de contratos de prestación de servicios sí se configuraron
los elementos de la relación laboral y que con ocasión de la reclamación
administrativa que presentó en tal sentido, el Sena no le permitió volver a
suscribir este tipo de contratos por haber reclamado sus garantías laborales; y
(ii) violación directa de la Constitución, toda vez que, al desatar el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada, se cambió la decisión
inicialmente adoptada, que le había resultado favorable, para negar las súplicas
ordinarias.
Para dilucidar este asunto vale la pena recordar que el contrato de prestación de
servicios es el celebrado por los entes estatales para desarrollar actividades
relacionadas con su administración o funcionamiento y sus condiciones están
dadas, entre otras normas, por el artículo 3214, numeral 315, de la Ley 80 de
199316, es decir, por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural
con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no
puede asumir el personal de planta y que no admite subordinación por parte del
contratista, toda vez que debe actuar en forma autónoma e independiente en los
términos del contrato y de la ley contractual.
Sin embargo, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
5317 de la Constitución Política, con el que se propende a la garantía de los
14
«DE LOS CONTRATOS ESTATALES».
15
«<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
16
«Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública».
17
«El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales:
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derechos mínimos de las personas preceptuados en normas acerca de la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos en sus
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño, que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas, para configurar dependencia y
subordinación propia de las relaciones laborales.18
En el sub lite se evidencia que en la providencia objeto de reproche
constitucional las autoridades accionadas sostuvieron:
El primer problema jurídico consiste en determinar si existió una relación
laboral derivada de los contratos suscritos entre las partes, por lo que
procederá el Tribunal a verificar si en efecto, en el presente asunto se
encuentran demostrados los elementos constitutivos de la misma.
De la prestación personal del servicio.
Del material probatorio relacionado en el acápite precedente se tiene que
se demostró la prestación personal del servicio, comoquiera que el
accionante fue vinculado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
mediante contratos de prestación de servicios suscritos por las partes
entre el 20 de mayo de 2003 al 13 de octubre de 2016 con algunas
interrupciones, cuyo objeto contractual fue el de desempeñarse como
instructor, labor que no podía delegar en terceros o en interpuesta
persona.
De la contraprestación por las labores realizadas.
Se acreditó la remuneración por el trabajo cumplido, toda vez que en
dichas órdenes de prestación de servicios se estipuló un «valor», lo que
se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo
prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario),
el cual le era pagado de manera mensual, según la suma acordada en
cada contrato.
De la subordinación o dependencia continuada.
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».
18
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-
03542-01(0202-10).
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Jairo Salazar Rivas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Chocó y otros
Una vez analizado el material probatorio se tiene que no existen
elementos de juicio que permitan concluir que durante el tiempo que el
señor Jairo Salazar Rivas laboró en la entidad se configuró el elemento
de subordinación, pues en efecto no se evidencian las órdenes e
instrucciones impartidas por el supervisor del contrato o un jefe
inmediato que desnaturalicen el objeto contractual, dado que no resulta
suficiente el cumplimiento de un horario en atención a la programación o
el hecho de reportar informes de las actividades encomendadas,
comoquiera que estas circunstancias se pueden tener en cuenta solo como
indicio de su existencia.
[…]
En ese orden de ideas, este Tribunal debe decir que no existe una prueba
de la que fehacientemente se pueda inferir que el demandante no tenía la
posibilidad de actuar con independencia, es decir, que el señor Jairo
Salazar Rivas laboraba de forma subordinada porque debía cumplir la
intensidad horaria al igual que los demás funcionarios de planta, como
tampoco obran pruebas de que recibía órdenes o instrucciones por parte
de los funcionarios del SENA.
De lo anterior, se colige la imposibilidad de suponer el elemento de
subordinación cuando se trata de un instructor, puesto que la carga
probatoria la tiene quien pretenda demostrar la existencia de un vínculo
laboral, que en el presente asunto le corresponde a la parte demandante.
Al analizar los testimonios de los señores Carlos Alberto Mena Rojas y
Víctor Eulises Perea Rosero en principio podría pensarse que se acreditó
el elemento de la continuada subordinación, puesto que señalaron que el
demandante prestó sus servicios en condiciones semejantes a las de los
servidores de planta, pues cumplía horarios y atendía las instrucciones de
los coordinadores. Sin embargo, las declaraciones de los testigos no
demuestran que efectivamente se haya presentado una relación laboral
encubierta.
Ahora bien, no se logra demostrar que la prestación del servicio se haya
realizado con ausencia de autonomía, pues se itera que el cumplimiento
de un horario o el hecho de reportar las actividades por medio de un
informe, puede ser válido para el desarrollo de las funciones asignadas,
asimismo, es de advertir que dentro del expediente no reposan
memorandos, comunicaciones, circulares u otros escritos mediante los
cuales se hubiera exigido o dado órdenes que permitieran inferir la falta
de goce de autonomía.
De lo citado se tiene que las autoridades accionadas determinaron que el actor
logró acreditar, en lo atinente a los elementos de la relación laboral, (i) la
prestación personal del servicio, toda vez que las pruebas dieron cuenta de que
asistía a dictar las clases que le correspondían, «[…] labor que no podía delegar
en terceros o en interpuesta persona», y (ii) la remuneración, comoquiera que
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señalaron que la recibió a título de honorarios, los cuales le eran «[…] pagados
de manera mensual, según la suma acordada en cada contrato».
No obstante, concluyeron que no ocurrió igual con la subordinación, puesto que
de los medios de convicción allegados al proceso no evidenciaron que, en su
condición de contratista, recibiera el mismo trato que un empleado de planta
frente a la manera cómo debía prestar el servicio, es decir, que compartiera con
este circunstancias de tiempo, modo y lugar; en cuanto a la primera,
establecieron que el horario en el que el tutelante desarrollaba los módulos a su
cargo dependían de la jornada en que estuviera asignado el curso que le
correspondía dictar; y en lo atañedero a los demás aspectos (modo y lugar), no
se tuvieron por probadas, dado que las instrucciones que le impartía la entidad
demandada sobre cómo debía ejecutar su labor de instructor en el área de
sistemas, es decir, los requisitos y contenidos del programa, no desnaturalizaron
el objeto contractual, como tampoco el hecho de que hayan reportado informes
para acreditar su cumplimiento.
En el asunto sub judice el demandante sostiene que la providencia censurada
incurre en defecto fáctico, toda vez que las autoridades demandadas no
valoraron en forma integral los elementos de convicción recaudados en el
expediente ordinario, que acreditan la existencia de la relación laboral
deprecada (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación), y,
además, desconocieron que por el hecho de que haber reclamado las
prerrogativas económicas a las que considera tener derecho se le restringió la
posibilidad de suscribir nuevos contratos con el Sena, lo que evidencia el
quebranto de sus garantías superiores.
Para la Sala la sentencia acusada no incurre en tal irregularidad, toda vez que
los magistrados accionados valoraron las pruebas recaudadas, tales como los
contratos de prestación de servicios19 que el actor suscribió con el Sena entre los
años 2003 y 2016, además de la reclamación administrativa y su respuesta.
19
«El señor Jairo Salazar Rivas suscribió con el SENA las siguientes órdenes de prestación de servicios:
N° DE FECHA DE OBJETO DURACION VALOR FOLIOS
CONTRATO SUSCRIPCION
128 de 2003 20 de mayo de Electrónica 2 meses (20 de mayo a 75
2003 básica 20 de octubre)
225 de 2003 20 de julio de Ensamble de 3 meses (20 de julio a 75
2003 computadores 20 de octubre)
504 de 2003 20 de octubre de Mantenimiento 2 meses (20 de octubre 75
2003 de computadores a 18 de diciembre
324 de 2004 18 de enero de Ensamble y 11 mese (18 de enero a 75
2004 mantenimiento 17 de diciembre de
de computadores 2004
13
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De igual modo se advierte que también se estudiaron las declaraciones de los
testigos Carlos Alberto Mena Rojas y Víctor Eulises Perea Rosero20, distinto es
que al momento de analizarlas en armonía con los demás elementos probatorios
arrimados consideraron que no tenían la entidad suficiente ni ofrecían la certeza
necesaria para dar por satisfecho el elemento de subordinación, máxime cuando
de aquellos solo se evidenció el cumplimiento de las instrucciones entregadas
por el supervisor del contrato y de un horario para impartir los programas de
formación, lo que no desnaturaliza el objeto contractual, porque confirmaron el
580 de 2005 16 de enero de Mantenimiento 11 meses (16 de enero 75
2005 de computadores, a 17 de diciembre de
Electronic 2005)
aplicada y
ensamble de
computadores
180 de 2006 16 de enero de Técnico 11 meses (16 de enero 75
2006 Profesional en a 18 de diciembre de
mantenimiento 2006
de Hardware
028 de 2007 26 de febrero de Prestación del 01 de marzo a 14 de 19.819.170 146
2007 servicio de diciembre de 2007
instructor
Contratista del
Centro
Multisectorial de
Quibdó, SENA
Chocó
066 de 2008 04 de marzo de instructor 05 de marzo a 30 de 22.821.900 147
2008 diciembre de 2008
015 de 2009 28 de enero de Instructor 5 meses 13.435.000 148
2009
354 de 2009 24 de agosto de instructor 4 meses 9.600.000 150
2009
27-170 de 27 de enero de Instructor 11 meses del 27 de 75
2010 2010 enero a 31 de
diciembre de 2010
27-254 de 25 de julio de Instructor 5 meses hasta el 16 de 13.000.000 69-72
2011 2011 diciembre de 2011
27-19 de 2012 26 de enero de Instructor 5 meses hasta el 04 de 15.448.333 154
2012 julio de 2012
27-391 de 26 de julio de Instructor 4 meses y 15 días hasta 2.990.000 65-68
2012 2012 el 14 de diciembre de
2012
000062 de 29 de enero de Instructor 11 meses hasta el 13 33.876.700 61-64
2013 2013 de diciembre de 2013
000082 de 20 de enero de Instructor 7 meses hasta el 20 de 22.204.637 57-60
2014 2014 agosto de 2014
000052 de 28 de enero de Instructor 10 meses y 25 días 34.306.167 54-56
2015 2015 desde el mes de enero
a diciembre de 2015
000314 de 12 de abril de Instructor 6 meses desde el mes 20.205.060 5052
2016 2016 de abril a octubre de
2016
[…]».
20
«Al analizar los testimonios de los señores Carlos Alberto Mena Rojas y Víctor Eulises Perea Rosero en
principio podría pensarse que se acreditó el elemento de la continuada subordinación, puesto que señalaron
que el demandante prestó sus servicios en condiciones semejantes a las de los servidores de planta, pues
cumplía horarios y atendía las instrucciones de los coordinadores. Sin embargo, las declaraciones de los
testigos no demuestran que efectivamente se haya presentado una relación laboral encubierta».
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cumplimiento de las condiciones en las que la entidad requería su desarrollo, lo
que tampoco comporta una deducción arbitraria o caprichosa de los medios
probatorios adosados al asunto contencioso-administrativo.
Cabe advertir que el hecho de que los señores magistrados demandados no
hayan valorado las pruebas en el sentido que pretendía el tutelante, no involucra
la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en ejercicio de sus
competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de esos medios de convicción, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los
criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca de la
configuración o no de una relación laboral dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, están precedidas de una valoración objetiva,
integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de
tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub lite. Al
respecto, la Corte Constitucional21 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino
que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que
le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo
hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en
el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].
Ahora bien, resulta oportuno indicar que la subordinación es el elemento
esencial de la relación laboral, de manera que su falta de acreditación impide la
21
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
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configuración de lo que se ha denominado contrato realidad (que conlleva el
reconocimiento de prestaciones sociales), por cuanto es el instrumento
diferenciador de aquel con el vínculo contractual de prestación de servicios, tal
como lo anotó esta Corporación22, en los siguientes términos:
[…] el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya
que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de
esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener
frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin
derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de
la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la
prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al
pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
En atención a lo expuesto en líneas precedentes, se colige que, contrario a lo
aseverado por el accionante, el fallo objeto de censura atendió una valoración
razonable de los elementos de convicción allegados al aludido asunto ordinario,
situación por la que no se configura el defecto fáctico invocado en el escrito de
tutela.
De igual modo, carece de asidero jurídico el argumento de que los magistrados
accionados desatendieron el hecho de que el Sena, a modo de retaliación, a
partir del año 2016 no le permitió suscribir más contratos de prestación de
servicios como instructor, por haber reclamado sus prerrogativas laborales,
puesto que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada
por el tutelante se contrajo a atacar la legalidad del oficio 2-2016-3238 de 26 de
julio de ese año y obtener la declaración de existencia de la relación laboral
que, a su juicio, sostuvo con esa entidad, así como el pago de las acreencias a
que hubiere lugar, es decir, en momento alguno se encaminó a cuestionar la
legalidad de la decisión de la Administración de no continuar con sus servicios
y, en esa medida, no era necesario que se efectuara pronunciamiento sobre el
particular.
Así las cosas, como el demandante no logró demostrar durante el trámite del
proceso contencioso-administrativo la configuración de los elementos de la
22
Sección segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 3001-23-33-
000-2013-00260-01.
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relación laboral que impusiera reconocer los emolumentos prestacionales
reclamados, en particular, la subordinación laboral, era dable revocar la
sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones ordinarias, para negarlas,
como lo determinaron las autoridades accionadas.
Por último, en lo atañedero a la violación directa de la Constitución alegada,
consistente en que los magistrados accionados en la sentencia reprochada, con
ocasión de la alzada interpuesta por el Sena, estudiaron de nuevo el asunto
sometido a su consideración y cambiaron la decisión de primera instancia que le
había sido favorable, pese a que no había formulado recurso de apelación, lo
que quebranta el principio de non reformatio in pejus.
Al respecto, se advierte que el artículo 328 (incisos 1º y 4º) del Código General
del Proceso (CGP) señala:
COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.
[…].
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante
único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
De lo expuesto se colige que la competencia del juez de segunda instancia, al
momento de decidir un recurso de apelación, está dada por los argumentos que
en aquel se planteen, disposiciones legales que deben ser observadas por las
autoridades judiciales, en atención a que son de orden público y, por ende, de
obligatorio cumplimiento23.
Con base en lo anterior, los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Chocó estaban en la facultad de estudiar los motivos de inconformidad
planteados en el recurso de apelación formulado por el Sena, en el cual sostuvo
23
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente «1999-00878-0»,
sostuvo que «Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las
referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el
recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan
tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo».
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Chocó y otros
que en el sub lite no se configuraban los elementos de la relación laboral
deprecada por el accionante, lo que implicaba dilucidar nuevamente si aquello
acaeció o no, lo cual hicieron, distinto es que, contrario a lo concluido por el
juez de primera instancia, hayan estimado que la subordinación necesaria para
acceder a las pretensiones ordinarias no se acreditó, lo que no comporta
inobservancia del principio de non reformatio in pejus, por tanto, no se
configuró la violación directa de la Constitución Política invocada en la
solicitud de amparo.
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que el fallo censurado no
incurre en defecto fáctico ni en violación directa de la Constitución Política, la
Sala negará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, invocados por el señor Jairo
Salazar Rivas, por las razones expuestas en las consideraciones.
2º. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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