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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00563-00

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00563-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

Tema: recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causal del numeral 1 del
artículo 250 del CPACA. Subtema 2: prueba encontrada o recobrada después de
la sentencia. Reiteración de jurisprudencia.

Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Giovanna
Carolina Cantillo García contra la sentencia del 15 de noviembre de 2023, proferida
por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se revocó la providencia del 10 de marzo del mismo
año, dictada por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá. En dicha
providencia se habían acogido parcialmente las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Agencia Nacional de
Minería (ANM), las cuales, en sede de segunda instancia, fueron negadas en su
totalidad.

1. Antecedentes

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por las partes, y las recaudadas en el curso
de este trámite, la Sala sintetiza a continuación, los hechos y actuaciones relevantes
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número
de radicación 11001-33-35-030-2022-00277-00, [01]:

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

1.1.1. La demanda

2. La señora Giovanna Carolina Cantillo García radicó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ANM con el fin
de que declarara la nulidad del Oficio núm. 20225100277681 del 15 de marzo de
2022 que le negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los emolumentos
laborales a los que tenía derecho de conformidad con la negociación sindical
realizada por los empleados públicos y que corresponden al período laborado
personal y continuamente en la entidad del 22 de julio de 2013 al 31 de diciembre
de 2021.

3. Asimismo, pidió que declarara que existió una relación laboral con la ANM de
tipo legal y reglamentaria en los extremos temporales ya indicados, que gozó del
estatus de funcionaria pública de hecho, que laboró más allá de la jornada ordinaria
laboral y que el vínculo terminó por razones imputables al empleador. Finalmente,
solicitó que se condenara a la ANM a liquidar todos los emolumentos a los que tenía
derecho, y a que le reintegrara los pagos descontados por concepto de retención
en la fuente u otros tributos y pagara los aportes a seguridad social, la sanción
moratoria y el monto equivalente por daños morales. También disponer que debía
pagarle la indexación correspondiente y la condena en costas en contra de la
demandada.

4. En sustento, relató que prestó sus servicios en la ANM durante el período
comprendido entre el 22 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2021 mediante
varios contratos de prestación de servicios. Sin embargo, estos ocultaron la
existencia de una auténtica relación laboral1.

1.1.2. Contestación de la demanda

5. La apoderada de la ANM se opuso a todas las pretensiones de la demanda
al considerar que no se configuró la relación laboral alegada porque esta tuvo la
naturaleza de ser un vínculo contractual que surgió en atención al principio de
planeación y coordinación, está justificado en la prestación del servicio y se
desarrolló de acuerdo con los estudios previos. Puntualmente, la demandante
cumplió con obligaciones de esta índole y no con las propias de los funcionarios de
la entidad, sumado al hecho de que estas se ejercieron sin la injerencia de un
superior que denotara subordinación. De este modo, era improcedente ordenar el
pago de los emolumentos pedidos en la demanda porque los únicos beneficiarios
de estos eran los funcionarios públicos cobijados por los artículos 123 y 125 de la
Constitución Política.

1 Samai, índice 16, 11001333503020220027700, 02Demanda.pdf.

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

6. Bajo este entendido, se demostró la prestación personal del servicio y la
remuneración a partir de los honorarios pactados, pero no la subordinación porque
de los documentos allegados no había cómo establecer que este requisito se
cumplió. Por consiguiente, formuló como excepciones la buena fe, el cobro de lo no
debido y la prescripción y pidió que se negaran las pretensiones de la demanda ante
la imposibilidad de desvirtuar la legalidad del acto2.

1.1.3. Decisiones probatorias relevantes

7. En audiencia inicial celebrada el 6 de febrero de 2023, el Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito de Bogotá decretó como pruebas las aportadas con la
demanda y la contestación y el interrogatorio de la parte demandante. Asimismo
decretó la práctica de algunos testimonios y requirió a la parte demandada para
que allegara la totalidad del expediente administrativo, la certificación que indicara
los factores salariales y prestacionales devengados en los cargos de planta en la
época de los hechos, el manual de funciones, la certificación de las contribuciones
parafiscales realizadas y la retención en la fuente que se le practicó a la
demandante, la certificación que evidenciara la totalidad de los pagos efectuados
por honorarios y la totalidad de los contratos suscritos por las partes.

8. Además, le pidió a la demandante que aportara la certificación proveniente
del fondo de pensiones en el que se indicara la totalidad de semanas cotizadas e
informar si devengaba algún tipo de pensión y, de ser así, aportar la resolución que
se la reconoció3.

9. Posteriormente, en audiencia de pruebas del 7 de marzo de 20234 se recibió
el interrogatorio de parte y los testimonios. Se prescindió de algunos de estos y se
dispuso la incorporación de la prueba documental de la cual se corrió traslado a las
partes. La entidad demandada propuso la tacha de imparcialidad de un testigo y se
declaró terminado el período probatorio, en consecuencia, se fijó fecha y hora para
celebrar audiencia de alegaciones y juzgamiento en los términos del artículo 182
del CPACA.

1.1.4. Sentencia de primera instancia

10. El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, en audiencia de
alegaciones y juzgamiento celebrada el 10 de marzo de 20235, profirió sentencia en
la que resolvió:

Primero.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio ANM
20225100277681 15/03/2022, por medio del cual la AGENCIA NACIONAL DE

2 Samai, índice 16, 11001333503020220027700, 15ContestacionDemanda.pdf.
3 Samai, índice 16, 11001333503020220027700, 26AudienciaInicial a pruebas acta y video.pdf.
4 Samai, índice 16, 11001333503020220027700, 43AudienciaPruebasaAlegatosyJuzgamiento actayvideo.pdf.
5Samai, índice 16, 11001333503020220027700, 46AudienciaAlegatosyJuz.SENTENCIA accede
actayvideo.pdf.

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

MINERÍA -ANM-, negó a GIOVANA CAROLINA CANTILLO GARCÍA el
reconocimiento de los derechos laborales y prestacionales derivados de la relación
que existió entre las partes, de conformidad con lo expuesto.

Segundo.- Declarar la existencia de una relación laboral entre GIOVANA CAROLINA
CANTILLO GARCÍA y la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM- por el periodo
comprendido entre el 22 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2021, de
conformidad con lo expuesto.

Tercero.- Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA -ANM- reconocer y pagar a GIOVANA CAROLINA
CANTILLO GARCÍA, identificada con C.C. 46.379.205, las sumas correspondientes
a factores salariales y prestaciones sociales de carácter legal dejados de pagar entre
el 22 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2021, teniendo como base para la
liquidación los honorarios pagados mensualmente a la demandante cada año, dado
que no se acreditó la existencia de par de planta, -según la duración de los contratos
suscritos, observando las interrupciones que se presentaron entre un contrato y otro,
y las suspensiones de los mismos, entre otras-, acorde con lo probado y expuesto
en la audiencia.

Cuarto.- Ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- asumir y realizar
los respectivos aportes, en la proporción que como empleador le corresponda,
únicamente por concepto de pensiones en los entes de previsión que la actora haya
estado afiliada entre el 22 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2021, acorde con
la parte motiva.

Quinto.-. Ordenar a la demandada, o quien haga sus veces, indexar los valores que
resulten a favor de la parte actora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA y para el cual debe aplicar la siguiente fórmula: […]

Sexto.- Ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- realizar los
descuentos que por concepto de aportes para pensión deba efectuar a GIOVANA
CAROLINA CANTILLO GARCÍA, entre el 22 de julio de 2013 y el 31 de diciembre
de 2021, según el ingreso base de cotización, debidamente indexado, de
conformidad con lo expuesto. […]

Octavo.-. Sin condena en costas.

Noveno.- Denegar las demás súplicas de la demanda.

11. En sustento, encontró demostrados los elementos de la relación laboral
porque las partes suscribieron varios contratos de prestación de servicios desde el
22 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2021 cuyo objeto consistió en proyectar
actos administrativos y demás documentos jurídicos requeridos por el Grupo de
Modificaciones a Títulos Mineros, sin que entre estos hubiera existido una
interrupción mayor a 15 días hábiles.

12. Adicionalmente, la señora Giovanna Carolina Cantillo García recibía
honorarios como remuneración por el cumplimiento de sus funciones.

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

13. Seguidamente, en punto a la subordinación, destacó que el precedente
jurisprudencial ha identificado cinco criterios: funcionalidad, igualdad, temporalidad,
excepcionalidad y comunidad. En el caso particular se enfatizó que todos los
miembros del Grupo de Modificación de Títulos Mineros ejercían las mismas
funciones con independencia del vínculo que tuvieran, de suerte que la demandante
desempeñaba labores permanentes que hacían parte del núcleo esencial de la
entidad. Por tanto, se desnaturalizó la relación contractual de la señora Giovanna
Carolina Cantillo García.

14. Igualmente encontró que se configuraron los supuestos de horario, sitio de
trabajo, autonomía administrativa y personal de planta que cumpliera las funciones
y que aquellas ejercidas por los integrantes del citado Grupo estaban supeditadas
a las directrices de los coordinadores en punto a la proyección y a la corrección de
los actos administrativos. Bajo este entendido, la actora carecía de autonomía y no
se logró establecer distinción entre las labores del personal de planta y de las
contratistas, en tanto ambos trabajaban de forma conjunta, presencialmente y con
las herramientas que disponía la ANM.

15. Por estos motivos concluyó que los contratos de prestación de servicios
encubrieron una verdadera relación laboral por lo cual había que anular el acto
administrativo demandado, declarar la existencia de la relación laboral entre las
partes del 22 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2021, ordenar el reconocimiento
y pago a favor de la señora Giovanna Carolina Cantillo García de las sumas por
concepto de factores salariales y prestaciones sociales dejadas de pagar,
liquidándolo sobre los honorarios pactados, asumir los aportes a pensiones y
realizar los descuentos que correspondieran6.

1.1.5. Recurso de apelación de la parte demandada

16. La apoderada de la ANM reparó en que todos los objetos y funciones
específicas de los contratos celebrados por la demandante no eran iguales y en que
el Juzgado prejuzgó al afirmar que la vinculación de la actora se llevó a cabo sin un
criterio de selección. Consideró que esta situación está alejada de la realidad porque
la entidad cuenta con un manual de contratación que regula todos los
procedimientos para realizar la selección de personal ante la identificación de una
necesidad.

17. Por tanto, como se demostró en el proceso la entidad advirtió que requería la
contratación de profesionales especializados que atendieran los proyectos de
inversión del Grupo de Modificación y Titulación Minera, consignados en los
estudios previos, los cuales se cumplieron a cabalidad. En consecuencia, las
afirmaciones del Juzgado carecían de soporte probatorio y constituyen
apreciaciones subjetivas que se apartan del ordenamiento jurídico.

6 Extraído del resumen realizado en la sentencia de segunda instancia. Samai, índice 3,
5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, páginas 14 y 15 del archivo digital.

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

18. De este modo, no se admite lo indicado frente a que la ANM conocía que
tenía una planta de personal insuficiente, razón para considerar que el hecho de
que existan contratistas no presupone la existencia de una planta paralela. Esta
última se conformó según el Decreto 0922 del 3 de mayo de 2012 y el 518 que
convocó a concurso de méritos para proveer definitivamente 300 empleos vacantes
en la entidad. Por consiguiente, no se le puede imputar la imposibilidad de suplir su
planta de personal, por necesidades del servicio, mediante la suscripción de
contratos de prestación de servicios.

19. Bajo este entendido, es claro que los contratos firmados por la demandante
estuvieron sujetos a las normas de la Ley 80 de 1993 y el hecho de que tengan
inmiscuidas funciones permanentes no implica la existencia de una relación laboral.
Igualmente destacó que la sentencia restringió su decisión a dos criterios, el de
funcionalidad y de igualdad, que además de no estar probados son inaplicables para
el caso concreto.

20. Por estos motivos, la primera instancia presumió la subordinación con
fundamento en que la contratista elaboraba actos administrativos sujetos a la
corrección del supervisor, sin que esto estuviera demostrado. También cuestionó el
elemento de equidad en punto a la subordinación y refirió que no se probó el
cumplimiento de órdenes por parte de los superiores.

21. De manera puntual, el Juzgado condicionó su decisión a los testimonios
rendidos por la propia actora y el señor Santiago Gambia, que coincidieron en
afirmar que la primera laboró a través de contratos de prestación de servicios y
recibió órdenes de su coordinadora. Sin embargo, esta situación resulta insuficiente
para establecer una subordinación porque se desvirtuó en la contestación de la
demanda y solo da cuenta de que se impartieron instrucciones.

22. De ahí se desprende que la primera instancia desconoció las declaraciones
que hizo la supervisora del contrato, la señora Eva Isolina Mendoza, según la cual
existía una diferenciación entre las instrucciones y el cumplimiento de órdenes.
También pasó por alto que durante la emergencia sanitaria la demandante realizó
sus labores desde casa con su propio equipo, sin que por ese motivo se concluya
la existencia de una relación laboral, no cumplió horario, no estaba obligada a asistir
a capacitaciones y reuniones y era factible que el contratante proveyera recursos
físicos sin que por esa razón se desvirtuara el vínculo contractual.

23. En línea con esto, la providencia apelada confundió la reserva de los
expedientes mineros con las funciones y competencias laborales de los empleados
de planta, cuando la contratista ejercía autonomía y control sobre estos, de suerte
que ningún otro abogado podía acceder a su consulta. Seguidamente, reparó en
que operó la prescripción de los derechos laborales causados antes del 21 de
febrero de 2019, porque el vínculo concluyó el 31 de diciembre de 2021 y la petición

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Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

se presentó el 21 de febrero de 2022. Por último, alegó la buena fe lo que daba lugar
a revocar la sentencia apelada y mantener la legalidad del acto administrativo7.

1.1.6. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

24. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dictó sentencia el 15 de noviembre de 2023, en la cual resolvió:

PRIMERO REVÓCASE la sentencia proferida el 10 de marzo de 2023 por el
Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que accedió a
las pretensiones de la demanda, y en su lugar, NIEGANSE las pretensiones de la
demanda conforme a lo antes expuesto.
SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia.

25. Para fundamentar su decisión, sostuvo que la demandante celebró varios
contratos de prestación de servicios con la entidad entre 2013 a 2021 que
demuestran la prestación personal en labores de abogada. Adicionalmente, que en
virtud de este ejercicio recibió una remuneración.

26. No obstante, respecto de la subordinación con los contratos y los testimonios
que se recaudaron en el proceso advirtió que la vinculación contractual surgió por
la necesidad de brindar apoyo en la proyección de diferentes actos en el Grupo de
Evaluación y en la Vicepresidencia de la entidad. En este orden, el objeto
contractual estuvo condicionado a la administración de la contratación y de la
titulación minera, a la optimización de las condiciones técnicas y legales, así como
a la evaluación de trámites pendientes a 2018, lo que está conforme con los estudios
previos en los que se hizo claridad frente a la indisponibilidad de personal de talento
humano para atender lo requerido.

27. Por consiguiente, la demandante se vinculó a la ANM con el fin de atender
las necesidades de la entidad en los proyectos de inversión y las contingencias
específicas que se presentaran en los objetos contractuales, los cuales no guardan
plena identidad. En punto a las actividades pactadas en cada contrato, no se logró
advertir cláusulas que den cuenta de la limitación a la autonomía o independencia
que es propia del contrato de prestación de servicios.

28. En esta línea argumentativa, el Tribunal defendió que las cláusulas
contractuales variaron en todos los contratos celebrados y que estos últimos
pretendieron impulsar el trámite de los procesos mineros, actuación que requería la
asesoría y el conocimiento especializado de la demandante desde su área de
experticia. Por ende, estos elementos eran distintivos de una autonomía y del poder
de proposición que tenía la contratista de conformidad con los objetivos señalados
al efecto. Así pues, no había sustento para establecer una subordinación.

7 Samai, índice 16, 11001333503020220027700, 47RecursoApelacionDda.pdf.

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Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
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29. Concretamente, en lo que respecta a la prueba testimonial, esta no resulta
determinante para tener por demostrada la subordinación, porque la ejecución
natural de las labores desarrolladas por el grupo de contratistas, que demandaba
una coordinación, no se podía confundir con la ausencia de autonomía. Asimismo,
precisó que en el proceso no obraron memorandos, circulares u órdenes específicas
recibidas por la demandante y aunque se allegaron copias de correos electrónicos,
de estos no se desprendía el criterio de subordinación o dependencia.

30. También resaltó que el hecho de que algunos testigos refieran que la actora
cumplía horario laboral no es demostrativo de la existencia de la subordinación,
porque en la foliatura no obra soporte adicional que lo acredite. Es más, las
declaraciones que podrían dar cuenta de esta situación pusieron de presente que
esto no era una exigencia para los contratistas como la demandante. Del mismo
modo, la actora no identificó en el manual específico de funciones el cargo con el
cual pretendía establecer una equivalencia y el fallo del Juzgado, aunque fue
favorable a sus intereses, precisó que no había un par en la planta.

31. Por consiguiente, no había criterios para establecer que la actora realizó
actividades en los mismos términos que un funcionario de la entidad y sustentó su
decisión en una sentencia del Consejo de Estado que en un caso similar confirmó
la negativa de las pretensiones.

32. En vista de lo expuesto, para el Tribunal la aplicación del principio de primacía
de la realidad sobre las formas exige que el interesado allegue medios probatorios
que permitan determinar la existencia de una relación laboral, lo que no ocurrió en
el caso concreto porque las pruebas aportadas no permitían tener certeza de que la
señora Giovanna Carolina Cantillo García estuvo bajo una continua subordinación
por parte de la entidad demandada. Así las cosas y como no se desvirtuó la
presunción de legalidad del acto demandado procedía revocar la decisión de primer
grado y negar las pretensiones de la demanda8.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

33. La señora Giovanna Carolina Cantillo García radicó recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia proferida en segunda instancia por la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de
noviembre de 2023, al considerar que esta incurrió en la causal de revisión dispuesta
en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA. Lo anterior, con el siguiente sustento:

34. Los autos núms. 070 del 3 de julio de 20209 y 326 del 13 de septiembre de
2023, los memorandos núms 20202300290023 del 27 de abril de 2020 y
20225200314031 del 24 de enero de 2022, así como el auto núm. 045 del 20 de

8 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, páginas 10 a 31

del archivo digital.
9 Ordena la apertura de indagación preliminar, decreta pruebas y vincula a la interesada en calidad de

investigada con ocasión a la queja disciplinaria presentada el 2 de marzo anterior.
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febrero de 2024, que forman parte del expediente disciplinario iniciado en su contra
con el número de radicación 019-2020, cumplen con los requisitos jurisprudenciales
que habilitan la configuración de la causal invocada.

35. En particular, estos documentos los conoció hasta el 28 de febrero de 2024,
después de la ejecutoria de la sentencia enjuiciada, mediante un correo enviado por la
ANM a su dirección personal10 y demuestran la vinculación a un proceso disciplinario
que inició la demandada, desde el año 2020, en condición de sujeto disciplinable. Esta
situación fue similar a la de la funcionaria Luisa Fernanda Huechacona, tan así que la
comunicación que recibió se remitió también a los funcionarios del Grupo de Talento
Humano de la entidad.

36. Por consiguiente, se trató de documentos preexistentes a la decisión judicial
enjuiciada que no estuvieron en su posesión lo cual impidió su aporte y valoración, en
tanto se encontraban en custodia de la ANM hasta luego de que se le pusieran en
conocimiento en la citada fecha. Al respecto, esta entidad guardó silencio frente a la
existencia del citado proceso disciplinario a pesar de que el juez de primera instancia
la requirió expresamente para que allegara información sobre llamados de atención o
procesos disciplinarios que tuvieran relación con el caso.

37. Esta situación se extendió hasta el 2023, cuando a pesar de los avances en ese
trámite la entidad demandada continuó sin proporcionar la información solicitada,
omisión que vulnera la buena fe y la lealtad procesal, la transparencia11 y el deber de
colaboración con la administración de justicia. Igualmente, en el recurso de apelación
la ANM no hizo ninguna manifestación sobre el particular.

38. Esta conducta resulta particularmente gravosa en el caso concreto en la medida
en que se trató de pruebas desfavorables para los intereses de una de las partes y la
omisión fue deliberada, lo que cercenó a los jueces de conocer la existencia de estos
elementos que hicieron parte del proceso disciplinario. En últimas, no solo se afectó la
integridad y confiabilidad del proceso judicial, sino que se le privó, en su condición de
actora, de la posibilidad de utilizar estos medios de defensa.

39. Adicionalmente, las pruebas referidas hubieran permitido que se adoptara una
decisión diferente ya que se habría contado con el contexto probatorio integral para
incidir de manera determinante en la sentencia de segunda instancia proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Puntualmente, con ocasión a que la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de
2021 (Código General Disciplinario) se aplica exclusivamente a los servidores públicos.

40. Por tanto, como la citación que se le envió le exigía presentarse personalmente
ante la sede de la ANM, para ser notificada y, en su defecto, autorizar la notificación por

10 Documento que contuvo la siguiente denominación: «“CITACIÓN Y COMUNICACIÓN AUTO DE
OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE EXP 019-20202”».
11 Precisó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los sujetos procesales están en la

obligación de aportar todas las pruebas que tengan en su custodia para esclarecer la verdad material.
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correo institucional12, esto denota una relación de subordinación. En consecuencia, la
obligación atada al cumplimiento de los procedimientos internos de notificación que
emana de los artículos 12213 y 127 del CGD – razón por la cual se le adjuntaron
formatos para su diligenciamiento – y la obligatoriedad de cumplir las decisiones
disciplinarias prevista en el artículo 133 ibidem, confirma su condición típica de
servidora pública y la sujeción a un régimen de subordinación y dependencia, en tanto
estas prácticas son incompatibles e inaplicables a la autonomía que se predica de un
contratista.

41. Bajo este entendido, la recurrente destacó que la ANM adoptó los lineamientos
dispuestos en la sentencia C-570 de 2019 de la Corte Constitucional que versan sobre
los principios de subordinación y el deber de obediencia14, la responsabilidad y las
consecuencias disciplinarias15, los límites a la subordinación y a los derechos de los
subordinados16, las implicaciones de la obediencia en la configuración de la relación
laboral17 y la manifestación de dependencia del proceso disciplinario18. En vista de esto,
la aplicación de la sentencia aludida fortalece la existencia de subordinación en su caso.

42. Adicionalmente, el auto núm. 045 del 20 de febrero de 2024 mencionó que el 3
de julio de 2020 la entidad inició indagación preliminar en su contra. En este orden, se
confirma su condición de funcionaria pública de forma asimilable a una funcionaria de
planta, con igual control y vigilancia. Además de ello, los formatos remitidos por la ANM
para surtir la notificación se utilizan para formalizar relaciones laborales y son actos
administrativos con incidencia organizacional cuyo propósito es surtir efectos en la
incorporación. Por ello, fue que en respuesta al correo remitió el formato debidamente

12 El documento de citación y comunicación de manera expresa consignó: «“(…) le solicito amablemente
acercarse a este Despacho ubicado en la Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 8, con el objeto de notificarlo
personalmente del citado Auto, por medio del cual se dispuso devolución de diligencias del expediente 019-20,
adelantada en su contra. Así mismo, me permito informarle que en el evento de no concurrir a este despacho
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, la misma le será notificada por Edicto
(artículo 127 del CGD). Se le informa que puede autorizar ser notificado personalmente a través de la dirección
de correo electrónico que aporte (artículo 122 del CGD y sentencia C-570 de 2019) y que su solicitud en tal
sentido deberá ser enviada a los correos electrónicos disciplinariosanm@anm.gov.co y
fabian.forero@anm.gov.co. Debe presentar su Cédula de Ciudadanía para llevar a cabo la notificación personal.
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 045 del 20 de febrero de 2024, me permito
comunicarle y adjuntarle una copia del referido Auto, por medio del cual se dispuso Auto de obedézcase y
cúmplase, dentro del expediente 019-2020. Igualmente, se le advierte que contra la decisión adoptada no
procede recurso alguno, según lo establecido en los artículos 130 parágrafo, 133 modificado por el artículo 27
de la Ley 2094 de 2021 y 134 de la Ley 1952 de 2019 - “Código General Disciplinario”. (Destacado fuera del
texto) (Ver folios 40-41 del archivo anexos y pruebas)».
13 «ARTÍCULO 122. Notificación por medios de comunicación electrónicos. Las decisiones que deban notificarse

personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de
su defensor, si previamente y, por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La
respectiva constancia será anexada al expediente».
14
La ANM la incluyó en un proceso disciplinario en aplicación de este régimen de control y vigencia y sin
distinción, lo que denota la existencia de una relación de subordinación tanto jurídica como funcional. De ahí
que la entidad tenía poder de dirección y la demandante estaba obligada a acatar sus instrucciones.
15 Si no existiera relación de dependencia, la ANM no tendría fundamento para iniciar un proceso disciplinario

ni imponer sanciones, dado que esta clase de control se ejerce únicamente sobre quienes están bajo un vínculo
subordinado.
16 La ANM ejercía un poder jerárquico similar al que detentan las autoridades sobre sus empleados, lo que

refuerza la existencia de una relación laboral.
17 La ANM al tratar a la demandante como una funcionaria de planta reconoció una relación laboral.
18 El proceso disciplinario es prueba de la dependencia, puesto que solo cobija a los sujetos a dicha jurisdicción.

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diligenciado y solicitó copia del expediente disciplinario, lo que dio lugar a que la entidad
la notificara personalmente.

43. En línea con esto, destacó que dentro de los documentos que recibió obró un
informe de servidor público emitido por la Nación, Procuraduría General de la Nación
con la radicación núm. IUS E– 2022-044705 IUC D-2022-2293533 del 11 de agosto de
2023 con el asunto de devolución de las diligencias en el que se hizo mención del auto
de indagación preliminar. De suerte que, a partir de este se advierte que tras la
recepción de una queja se le vinculó como investigada, implicada y sujeto disciplinable
con la calidad de funcionaria pública. Esta situación se refuerza, además, con la
remisión posterior al ente de control superior.

44. Del mismo modo, obra el memorando con radicado núm. 20205200300743 del
27 de octubre de 2020 a través del cual el Grupo de Control Interno Disciplinario le pide
a la coordinadora del Grupo de Talento Humano de la ANM que remita copia de su hoja
de vida y las de los servidores implicados, los señores Luisa Fernanda Huechacona y
Jorge Bastidas. Este documento contentivo de información laboral constituye prueba
contundente de su calidad de funcionaria, puesto que la utilización de la expresión
«servidores implicados» indica su relación formal de subordinación y dependencia
en la entidad, lo que provino desde el quejoso que también le confirió esta calidad.

45. Por su parte, en el proceso disciplinario también obró el auto núm. 110 del 28 de
junio de 2021 en el que se resolvió comunicar la decisión a los sujetos disciplinables y
el auto núm. 197 del 25 de junio de 2024, mediante el cual se calificó el proceso
disciplinario como una forma de garantizar el comportamiento ético de los servidores
públicos.

46. En este contexto, a juicio de la señora Giovanna Carolina Cantillo García las
pruebas recaudadas en el proceso disciplinario que la ANM inició en 2020, como el
auto que abrió indagación preliminar y los distintos memorandos en los que se le calificó
como sujeto disciplinable, eran determinantes para acreditar que sus funciones eran
esenciales y permanentes, comoquiera que se le aplicó un régimen sancionador típico
de las relaciones laborales subordinadas, contrapuesto a la figura de un contratista
independiente. Concretamente, el vínculo entre la actora y la ANM no solo está
respaldado por las dependencias técnica, económica y jurídica, sino que se refuerza
con la existencia del proceso disciplinario.

47. De esta manera, resulta imperativo que el Consejo de Estado le restablezca sus
derechos y reconozca que existió una relación laboral de conformidad con las garantías
laborales y los principios integradores del bloque de constitucionalidad, aunado a que
debe proferirse una decisión que fortalezca la confianza en el sistema judicial y reafirme
el compromiso con la verdad procesal y con la justicia. Frente a ello aclaró que esta
situación no solo impactaba en lo propio sino en el bienestar de su familia.

48. Con todo, la demandante precisó que las pruebas obrantes en el expediente
permitieron demostrar su relación laboral como lo valoró la sentencia de primera
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instancia. Distinto escenario al que se presentó en segunda instancia y que hubiera
variado sustancialmente con lo acontecido en el marco del proceso disciplinario. Por
estos motivos, pidió que se declare fundado este mecanismo al configurarse un
ocultamiento deliberado de pruebas esenciales para la decisión que materializa la
causal de revisión invocada, y en este escenario pidió que se aplique el principio nemo
auditur propriam turpitudinem allegans, dado que ninguna persona puede invocar su
propia conducta negligente.

49. En consecuencia, formuló como pretensiones que se infirme la sentencia del 15
de noviembre de 2023 y que el Consejo de Estado acoja lo dispuesto en la sentencia
de primera instancia y en las súplicas que esta reconoció. También pidió que se
condenara en costas a la entidad demandada19.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

50. Mediante auto del 11 de septiembre de 2025 20 se admitió el recurso de la
referencia, se ordenó notificar personalmente a la ANM y al procurador delegado
ante el Consejo de Estado, se requirió al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito
de Bogotá para que remitiera en medio digital el expediente del proceso ordinario y
se le reconoció personería a la recurrente para actuar en causa propia.

51. En cumplimiento de lo ordenado el Juzgado remitió enlace de acceso al
expediente ordinario21. Por su parte, el procurador delegado de intervención tercero
ante el Consejo de Estado rindió el concepto núm. 614-2025 del 20 de octubre de
2025, esto es, de forma extemporánea22, en el que pidió que se declare infundado el
recurso de revisión23.

52. La apoderada de la ANM consideró que al proferirse la decisión del 15 de
noviembre de 2023 no se vulneraron principios legales ya que esta se dictó en
derecho y la nueva prueba documental aportada no altera el sentido de la decisión.
Si bien se inició indagación preliminar mediante auto núm. 070 del 3 de julio de 2020,
el 11 de agosto de 2023 la Procuraduría devolvió las diligencias a la entidad con
fundamento, entre otras en que, la señora Giovanna Carolina Cantillo García no tenía
atribuida una función pública ni era sujeto pasivo de la acción disciplinaria de que
tratan los artículos 89 y 72 de la Ley 1952 de 2019.

53. De suerte que estos documentos no tienen la capacidad de variar lo resuelto,
en cambio ratifican la condición de contratista que la exime de ser sujeto
disciplinable. Por consiguiente, con las pruebas que obraron en el proceso ordinario
no se logró demostrar la subordinación y este recurso no se podía sustentar en la

19 Samai, índice 3, 3_DemandaWeb_Demanda_1RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 3.
20 Samai, índice 7.
21 Samai, índice 16.
22 El auto que admitió el recurso se le notificó a la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado el

16 de septiembre de 2025, de suerte que los 10 días previstos para presentar el concepto iban hasta el 2 de
octubre de 2024. Aunque se surtió nuevamente notificación el 7 de octubre de 2025, que extendería los términos
hasta el 24 de octubre de ese año, la notificación se entendió válidamente surtida con el primer envío.
23 Samai, índice 18, Memorial_FLF_22Concepto(.pdf) NroActua 18.

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configuración de la causal primera de revisión a partir de una actuación
administrativa que fue archivada. En consecuencia, debía declararse infundado este
mecanismo y mantenerse incólume la sentencia enjuiciada que se soportó en el
precedente aplicable24.

54. Ahora bien, por medio de auto del 3 de diciembre de 2025 25 se decretaron y
tuvieron como pruebas los documentos allegados con el recurso, entre estos el
expediente disciplinario, así como los aportados con la contestación. También se
incorporó al proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, como
prueba trasladada, sin que fuera necesario surtir contradicción. Se negaron por
impertinentes determinadas pruebas y se dispuso que se entendería cerrada la etapa
probatoria por lo que una vez reingresara el expediente se dictaría sentencia lo cual
ocurrió el 14 de enero de 202626.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

55. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Giovanna Carolina Cantillo García contra la sentencia del
15 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 249 del CPACA27.

2.2. Oportunidad

56. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 15 de noviembre de 2023 y
quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de 2023, según la constancia aportada al
proceso. Así las cosas, como la recurrente interpuso el recurso de revisión el 20 de
noviembre de 2024, lo hizo de manera oportuna, esto es, dentro del término
dispuesto por el artículo 251 del CPACA28.

2.3. Legitimación en la causa

57. La señora Giovanna Carolina Cantillo García y la ANM están legitimadas para
ser partes en este asunto, toda vez que fueron respectivamente demandante y
demandada en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

24 Samai, índice 22, 26_MemorialWeb_Otro-COM_20251230394031P(.pdf) NroActua 22.
25 Samai, índice 24.
26 Samai, índice 28.
27 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
28 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

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2.4. Problema jurídico

58. En los términos del recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala
definir si es procedente infirmar la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2023
por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Para ello, deberá dar respuesta al siguiente problema jurídico:

59. ¿En el caso particular se configuró la causal de revisión dispuesta en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA, relativa a haberse encontrado o recobrado
documento decisivo con posterioridad a la sentencia y que no se pudo aportar al
proceso de origen por obra de la parte contraria?

60. Para resolver este problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el
alcance de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA atinente a
la prueba encontrada o recobrada después de la sentencia; en tercer lugar, resolverá
el caso concreto. Finalmente, se pronunciará sobre la condena en costas.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

61. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA29.

62. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 30, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
decisión […]», entre otros31.

63. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»32.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del

3 de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
14

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64. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

65. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»33. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el
amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…]
explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que
sirven de fundamento para su configuración»34.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA:
Prueba encontrada o recobrada después de la sentencia

66. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 1, establece como causal:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.

67. El alcance de esta causal ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta
corporación, en los siguientes términos:

Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el
alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto,
existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA
sólo refería a las pruebas recobradas.

Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se
encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no […]. Al tiempo que
“recobrar” es una búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió […].
En las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o percepción
de quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o no de su
existencia y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de su existencia
y de su pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa en la conciencia
de la existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En consecuencia, son
vocablos complementarios, en tanto encontrar sin conciencia de la existencia de la
cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar
con conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda siempre
supondrá recobrar.

Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer si
existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus dos
modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa sentencia.

33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
34 Ibidem.

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En línea con lo expuesto, la jurisprudencia había estructurado unos requisitos para la
procedencia de la causal, que actualmente resultan plenamente aplicables y que
adecuadas a la actual normativa, quedarían así: (i) que se encuentren o recobren
pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las pruebas encontradas
o recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la revisión.
Esta es una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas
que no existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido
aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que
sean trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso hubieran cambiado la
decisión […]35.

68. A partir de lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado36 sistematizó los presupuestos que deben concurrir para la
configuración de la causal de revisión, los cuales resumió de la siguiente manera:

1. Que el medio de prueba sea documental, lo cual está determinado por el carácter
restrictivo de la causal que excluye a otros medios de prueba37.

2. Que la prueba se haya encontrado o recobrado luego de que se profirió la
sentencia objeto del recurso de revisión, de manera que «no se admiten documentos
generados con posterioridad al fallo, y tampoco aquellos que, aun cuando tengan
preexistencia material al tiempo de dictarse la sentencia, estaban en poder del
impugnante y no fueron aportados o, en su defecto, solicitados en las respectivas
oportunidades procesales, pues, se itera, el recurso no está previsto para remediar
la inactividad o falta de diligencia de las partes […], pues se trata de corregir la causa
insuperable que le impidió al recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso38».

3. Que esté demostrado que los documentos que revisten del calificativo de ser
preexistentes no hayan podido aportarse al proceso por razones de imposibilidad
objetiva y externas al recurrente, esto es, por caso fortuito, por fuerza mayor o por
obra de la contraparte, esto último que ocurre en el escenario de retención u
ocultamiento del documento con el fin de que este no pudiera ser considerado como
prueba. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo expresamente
desarrolló, al punto de este requisito lo que sigue:

También se ha precisado por la jurisprudencia, y así se reitera, que es carga del
accionante acreditar la configuración de alguno de los motivos calificados en la ley
para que prospere la causal, «pues no existe presunción legal de su acaecimiento ni
podría el juez interpretar en su favor la ocurrencia de los mismos, en el escrito del
recurso debe obrar justificación clara y convincente de que le fue imposible aportar

35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018, radicación:

11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,

exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013,

radicación: 11001-03-15-000-2008-00638-00 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,

exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
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los documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte»[…]39.

4. Que el documento recobrado o encontrado sea decisivo de forma tal que con este
se pueda adoptar una decisión contraria a la recurrida. «En otras palabras, una
prueba cuyo valor persuasivo sea suficiente para influir en el sentido de la decisión
[…] o que arroje convicción distinta al juzgador sobre hechos que tuvo por
acreditados dentro del proceso»40.

2.7. Caso concreto

69. La señora Giovanna Carolina Cantillo García interpuso recurso extraordinario
de revisión con el objeto de que se infirme la sentencia proferida el 15 de noviembre
de 2023 por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al considerar que esta incurrió en la causal prevista en el numeral 1
del artículo 250 del CPACA, relativa a haberse encontrado o recobrado documento
decisivo con posterioridad a la sentencia y que no se pudo aportar al proceso de
origen por obra de la parte contraria.

70. Al respecto, con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala
dividirá el estudio en dos acápites: en el primero hará un recuento de los
antecedentes relevantes del proceso disciplinario en el marco del cual obran las
pruebas en virtud de las causales la parte actora estructura la procedencia de este
mecanismo; y, en el segundo, analizará el caso concreto. Finalmente, adoptará las
conclusiones.

2.7.1. Antecedentes relevantes del proceso disciplinario

71. El coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANM, en uso de sus facultades
legales, expidió el auto núm. 070 del 3 de julio de 2020 en el que evaluó la queja
disciplinaria radicada bajo el núm. 019-2020 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Destacó que los quejosos, en su condición de
cesionarios de un contrato de concesión, allegaron copia de las supuestas faltas
disciplinarias cometidas por los señores Giovanna Carolina Cantillo García, Jorge
Luis Bastidas y Luisa Fernanda Huechacona como consecuencia de que omitieron
documentos probatorios en la emisión de la Resolución núm. 001437 del 3 de
diciembre de 2019, para favorecer a terceros.

72. En virtud de esta situación, la autoridad mencionada abrió indagación
preliminar en contra de los citados, con el fin de determinar la existencia de los
elementos que permitieran configurar la falta disciplinaria y resolvió la necesidad de
comisionar a un contratista de la entidad para practicar las pruebas. Así, pidió allegar
copia de los antecedentes y ordenó la práctica de determinadas pruebas, entre

39 Ibidem.
40 Ibidem.

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estas que el Grupo Interno de Talento Humano remitiera el extracto de la hoja de
vida de los servidores implicados, en el cual constara la identidad personal,
dirección, fechas de ingreso, cargos ocupados, funciones y sueldo.

73. Se ordenó notificar personalmente el presente proveído en los términos del
artículo 103 del Código Único Disciplinario (CUD) para el ejercicio del derecho de
defensa y se dispuso que las actuaciones disciplinarias serían reservadas hasta que
se formulara pliego de cargos o se profiriera providencia en la que se ordenara el
archivo definitivo41.

74. Posteriormente, el 28 de junio de 2021, la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera del Grupo de Control Interno Disciplinario de la ANM emitió el auto núm.
11042 en el que evaluó la indagación preliminar y remitió el asunto por competencia
a la Nación, Procuraduría General de la Nación, al considerar que en aplicación del
artículo 76 del Código Disciplinario Interno, a las oficinas de control interno solo les
correspondía conocer los procesos iniciados en contra de sus servidores públicos.

75. Sin embargo, en el caso concreto el material probatorio recaudado permitía
establecer que los señores Giovanna Carolina Cantillo García y Jorge Luis Bastidas
para la época de los hechos se desempeñaban como contratistas de la entidad. Por
tanto, carecía de competencia para conocer del asunto. Se ordenó comunicarle la
decisión a los disciplinables. Esta decisión se materializó mediante oficio del 24 de
enero de 2022.

76. Luego, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, a través
de Informe de Servidor Público radicado al núm. IUS E– 2022-044705 IUC D-2022-
2293533 del 11 de agosto de 202343, se abstuvo de continuar con la actuación
disciplinaria y ordenó el archivo definitivo a favor de los particulares Giovanna
Carolina Cantillo García y Jorge Luis Bastidas, quienes «para la época de los
hechos se encontraban vinculados mediante contrato de prestación de servicios
profesionales […] y en razón a que en el presente evento los precitados no han sido
delegados, ni se les ha atribuido una función pública o prerrogativa propia del
estado, no son sujetos pasivos de la acción disciplinaria». En particular, destacó
que los citados «ostentaban la calidad de contratistas […] y las actividades que
desarrollaron en dicha condición, no tienen las condiciones para ser catalogadas
como una función pública».

77. Mediante el auto núm. 045 del 20 de febrero de 202444 la ANM ordenó dar
cumplimiento a la orden de la Nación, Procuraduría General de la Nación en el
sentido de remitir copia de los documentos al Grupo de Contratación Institucional

41 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, páginas 43 a 48

y 137 a 142 del archivo digital.
42 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, páginas 49 a 51

del archivo digital.
43 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, páginas 79 a 85

del archivo digital.
44 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, páginas 189 a

192 del archivo digital.
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para lo que considerara pertinente respecto de los contratistas. Igualmente obedeció
y cumplió la orden de notificar personalmente, a los señores Giovanna Cantillo
García y Jorge Luis Bastidas Crespo, la decisión del 11 de agosto de 2023, con la
advertencia de que si no comparecían se surtiría la comunicación por edicto.

78. Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada le envió citación y
comunicación a la señora Giovanna Carolina Cantillo García, el 28 de febrero de
2024, con el fin de notificarla del auto que dispuso la devolución de las diligencias.
En esta oportunidad le informó a la actora que, en caso de no concurrir dentro de
los 5 días siguientes al recibo, se surtiría notificación por edicto en los términos del
artículo 127 del CGD.

79. Igualmente precisó que esta podía autorizar la notificación personal a través
de dirección de correo electrónico como lo prevé el artículo 122 del CGD y la
sentencia C-570 de 2019. También le comunicó la expedición del auto núm. 045 del
20 de febrero de 2024, que obedeció y cumplió lo resuelto, haciéndole saber que
contra esta decisión no procedía recurso según los artículos 130, 133 y 134 de la
Ley 1952 de 201945.

80. Con ocasión a esto, la señora Giovanna Carolina Cantillo García remitió
correo el 29 de febrero de 2024 en el que remitió autorización para surtir notificación
personal del auto del 11 de agosto de 2023 y pidió la copia del proceso disciplinario
iniciado en su contra46. Por consiguiente, se surtió notificación por medios
electrónicos47.

2.7.2. Caso concreto

81. De conformidad con el recuento realizado en el acápite precedente, y a partir
de los fundamentos del recurso de la referencia, la Sala considera que la señora
Giovanna Carolina Cantillo García se amparó en una de las causales taxativas
previstas en la ley como causal de revisión, la cual delimita el estudio en esta sede
judicial a partir de los presupuestos definidos por la jurisprudencia.

82. En este contexto, los autos a los que hizo referencia la demandante, así como
los memorandos y los soportes de notificación que obran en el expediente
disciplinario radicado al núm. 019-2020, son documentos que tendrían el calificativo
de pruebas encontradas.

83. Asimismo, está demostrado que antes de que se dictara la sentencia
enjuiciada ya existían los autos núms. 070, 110 y 326, el informe de servidor público
emitido por la Nación, Procuraduría General de la Nación con la radicación núm. IUS

45 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, página 40 del

archivo digital.
46 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, página 42 del

archivo digital.
47 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, página 221 del

archivo digital.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

E– 2022-044705 IUC D-2022-2293533, así como los memorandos núms.
20202300290023, 20205200300743 y 20225200314031, porque estos se
expidieron entre el 3 de julio de 2020 y el 13 de septiembre de 2023, esto es, con
anterioridad a la decisión cuestionada.

84. Cuestión distinta ocurre con el mensaje de envío de citación y comunicación
que la demandante recibió en febrero de 2024 con el objeto de ser notificada del
auto que dispuso devolver las diligencias en el trámite disciplinario, los formatos de
notificación que de estos se desprenden y los autos núms. 045 del 20 de febrero de
2024 y 197 del 25 de junio de ese año que se emitieron después de que se dictó
sentencia el 15 de noviembre de 2023 y, por tanto, no cumplirían el requisito de
anterioridad. En consecuencia, de los documentos invocados como pruebas
encontradas solo tienen el mérito de preexistentes aquellos dictados entre el 2020
y hasta antes de que se hubiera proferido la sentencia de segunda instancia y solo
frente a estos se puede proseguir el estudio.

85. En este escenario, los documentos aludidos fueron encontrados después de
que se profirió la decisión porque los conoció la demandante con ocasión a la
citación y comunicación que la entidad le envió el 28 de febrero de 2024, que se
surtió finalmente por medios electrónicos, de conformidad con las pruebas que se
allegaron al presente asunto.

86. Ahora bien, la Sala advierte que de los documentos que obran en el
expediente no está demostrada la afirmación de la parte actora relativa a que la
ANM guardó silencio frente a la existencia del proceso disciplinario, pese a que el
juez de primera instancia le dio la orden expresa de allegar esa información.

87. En particular, una revisión del auto de pruebas decretado en la audiencia
inicial celebrada en el asunto de nulidad y restablecimiento del derecho permite
establecer que el Juzgado tuvo como pruebas las aportadas por las partes en sus
escritos de demanda y de contestación, decretó el interrogatorio de parte de la
demandante, unos testimonios y requirió a la entidad demandada para que, a través
de su apoderado, allegara lo que sigue:
Quinto: […] de forma íntegra 1. La totalidad del expediente administrativo del
demandante, el cual deberá contener la hoja de vida, copia de todos los contratos
celebrados entre las partes, con sus respectivos soportes, incluyendo prórrogas y/o
adiciones, informes de supervisión, planillas de turnos de trabajo, horarios, y pago a
salud y pensión y demás información pertinente. 2. Certificación en la que indique
los factores salariales y prestacionales devengados por los “Abogados, Abogados
asesores y profesionales especializados” de planta -según cada grado para la época
de los hechos, es decir de 2013 a 2021. 3. Manual de funciones de los cargos de
Abogados, Abogados asesores y profesionales especializados”, o sus equivalentes,
vigente para la época de los hechos (2013-2021). 4. Certificación de las
contribuciones parafiscales realizadas y la retención en la fuente practicada al
demandante. 5. Certificación en la que indique los pagos efectuados por concepto
de honorarios. 6. Certificación en la que indique la totalidad de los contratos suscritos

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Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

por las partes, en la que además se informe las fechas de ejecución, objeto y
funciones de los mismos, entre otros aspectos contractuales.

88. Lo anterior, sustentado en el escrito de demanda en el que la señora
Giovanna Carolina Cantillo García aportó ciertos documentos y determinó que en
poder de la demandada estaba su hoja de vida, las carpetas contractuales y el acto
administrativo que contenía la planta de personal de servicio de la ANM en el que
se consignó el manual de funciones, los requisitos, el código y grado aplicable a los
cargos de profesional especializado de la entidad. En esta oportunidad, también
pidió que se practicara inspección judicial a la sede de la demandada para que se
verificara a través de peritos las labores y obras que se registraron en los equipos
de cómputo de la entidad para las vigencias de 2013 a 2021.

89. De lo visto, queda en evidencia que en el proceso ordinario el Juzgado no le
hizo un requerimiento expreso a la entidad demandada para que aportara la
información relativa a trámites disciplinarios adelantados en contra de la
demandante, lo que impide acreditar que la ANM guardó silencio frente a la
existencia del trámite núm. 019-2020, ante la ausencia de una solicitud probatoria
en tal sentido. Por ende, no se puede predicar que la ANM tuvo un actuar desleal
en el curso del proceso por no haber relacionado de forma puntual este asunto en
las etapas procesales correspondientes.

90. Es más, lo que se advierte es que la parte demandante, quien tenía la carga
de probar, no solicitó ni se requirió de forma expresa, como lo aseguró, como
prueba, cualquier constancia o certificado que diera cuenta de la eventual existencia
de trámites disciplinarios en su contra, que hubiera dado pie a una solicitud
probatoria en ese sentido.

91. Como es natural, resulta claro que solo se enteró de la existencia del radicado
núm. 019-2020 que se inició en su contra con la notificación que se surtió hasta
febrero de 2024, sin embargo, la comunicación tardía no necesariamente demuestra
la obra de la contraparte dirigida a que no se valoraran las pruebas en el asunto
ordinario. De ahí que se exige una justificación clara y acreditada que muestre que
más allá de la temporalidad frente al conocimiento de las pruebas, está probada una
actuación reprochable de la contraparte atentatoria contra los fines del proceso.

92. Con todo, si se tuviera por demostrado el citado requisito relativo a la obra de
la contraparte, no a partir del dicho textual de la recurrente sino porque la
información disciplinaria debía reposar en la totalidad del expediente administrativo,
incluida la hoja de vida y en la demás información pertinente, frente a lo cual el juez
sí requirió a la ANM, de todos modos, estaría insatisfecho el presupuesto de que la
prueba encontrada sea decisiva para cambiar el sentido de la decisión. De ahí que
se considere que aún en un escenario de ocultamiento intencional de la prueba por
parte de la demandada, quien tenía el deber de remitirla y no lo hizo al haber
notificado la actuación con posterioridad, esta carece de la aptitud requerida para
alterar lo resuelto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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93. Concretamente, de las afirmaciones de la demandante se extrae que las
pruebas encontradas tienen en común el hecho de que le otorgan el calificativo de
sujeto disciplinable a partir de la utilización de la expresión «servidores implicados»
y en este sentido demuestran su vinculación al proceso en esa calidad, porque de
conformidad con la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, esta solo
era aplicable a los servidores públicos. Así las cosas, para la recurrente estos
elementos eran determinantes para demostrar la subordinación en el proceso que
inició para obtener el reconocimiento de su relación laboral, en tanto evidencian que
ejerció funciones permanentes y esenciales.

94. Al respecto, como se puede advertir del recuento realizado en esta
providencia, el Grupo Interno de Control Interno Disciplinario de la ANM expidió el
auto núm. 070 del 3 de julio de 2020 en el que evaluó la queja disciplinaria y abrió
indagación preliminar contra la señora Giovianna Carolina Cantillo García. Lo
anterior, con el fin de determinar la existencia de los elementos que permitían
configurar la falta disciplinaria, en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de
2002, que preveía lo que sigue:
ARTÍCULO 150. Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En
caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una
indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá cómo fines verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de
una causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta
disciplinaria se adelantará indagación preliminar48.

95. No obstante, en el auto núm. 110 del 28 de junio de 2021 la ANM determinó
que carecía de competencia para conocer del asunto, entre otras, frente a la
demandante comoquiera que esta, para la época de los hechos, se desempeñaba
como contratista de la entidad. Con ocasión a esto, fue que la Procuraduría Primera
Distrital de Instrucción de Bogotá, a través de informe de servidor público radicado
al núm. IUS E– 2022-044705 IUC D-2022-2293533 del 11 de agosto de 2023, se
abstuvo de continuar con la actuación disciplinaria iniciada en contra de esta y
ordenó el archivo definitivo, porque en su condición de contratista no ejerció función
pública. De manera expresa este documento consignó lo que la Sala transcribe a
continuación:
Por lo anterior, compete a la Procuraduría de manera exclusiva, conocer de los
procesos contra particulares en cuanto su comportamiento constituya falta
disciplinaria cuando i) tengan las condiciones de interventores o supervisores de
contratos estatales; ii) ejerzan funciones públicas, propias de facultades inherentes
al Estado […]; iii) administren recursos públicos u oficiales, situaciones que no se
dan para el caso en estudio, según las mismas afirmaciones realizadas en el auto
de compulsa de copias realizada por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera
– Grupo de Control Interno Disciplinario de la Agencia Nacional de Minería “(…) con

48 Esta etapa pasó a denominarse indagación previa en los términos del artículo 208 de la Ley 1952 de 2019.

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base en el material probatorio recaudado, se logró establecer con la suficiencia
necesaria que para la época de los hechos los señores GIOVANNA CAROLINA
CANTILLO GARCÍA y JORGE LUIS BASTIDAS CRESPO ostentaban la calidad de
contratistas, como se puede establecer del contenido del memorando número
20205400290633, (…)” y las actividades que desarrolla en dicha condición, no
tienen las condiciones para ser catalogadas como una función pública, más aún
cuando la presunta falta disciplinaria tampoco está relacionada con el ejercicio de la
misma, es decir que se hubiere realizado en ejercicio de potestades inherentes al
Estado o similares a éstas, que conlleve el ejercicio de funciones públicas. […]

En el presente evento, como ya se dijo, los particulares Giovanna Carolina Cantillo
García y […] para la época de los hechos, […] se encontraban vinculados mediante
contrato de prestación de servicios profesionales, cuyo objeto fue imposible
describir, por la ausencia del documento. Por lo anterior y en razón a que en el
presente evento los precitados no han sido delegados, ni se les ha atribuido una
función pública o prerrogativa propia del estado, no son sujetos pasivos de la acción
disciplinaria prevista en los artículos 69 y 72 de la Ley 1952 de 2019. Ello no implica
que se encuentren en situación de irresponsabilidad frente a la actividad
desarrollada, pues la misma debe encontrarse enmarcada dentro de las normas
contractuales, siendo responsables de sus actos de acuerdo con el contrato suscrito.
[…]. En este orden de ideas, esta Procuraduría Distrital de Instrucción se abstendrá
de continuar la presente actuación disciplinaria contra los particulares Giovanna
Carolina Cantillo García […], en su condición de contratistas de la Agencia Nacional
de Minería.

96. De esta forma, se tiene que, aunque a la actora la ANM le inició investigación
preliminar antes de que se profiriera sentencia de segunda instancia en el asunto
ordinario, se ordenó el archivo definitivo de las diligencias iniciadas en su contra,
precisamente con fundamento en que era una contratista y, por tanto, no era sujeto
pasivo de la acción disciplinaria de conformidad con la normativa aplicable.

97. En este orden de ideas, comoquiera que las pruebas encontradas no podrían
valorarse de manera fragmentada, solo en cuanto favorezcan a la parte actora, sino
en su integralidad, toda vez que siguen la suerte de un mismo iter procesal, no
estaría demostrada la condición de servidora pública por el simple hecho de que así
se refirió en la indagación preliminar y en las fases y comunicaciones del asunto
disciplinario, cuando esto se rectificó y desvirtuó con posterioridad.

98. Además, como quedó visto, esta situación respondió a las etapas del proceso
disciplinario y a sus finalidades. Precisamente la indagación preliminar tiene lugar
cuando deben determinarse los elementos que permiten configurar una falta
disciplinaria, mientras que la investigación disciplinaria procede para verificar «la
ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria;
esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta,

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y la responsabilidad disciplinaria del investigado», en los términos del artículo 153
de la Ley 734 de 200249.

99. Asimismo, como lo consignaba el artículo 91 de la Ley ibidem, «la calidad de
investigado se adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la
orden de vinculación, según el caso». En consecuencia, la sola apertura de una
indagación preliminar en contra de la demandante, al amparo de la Ley 734 de 2002,
no le confería la calidad de servidora pública y, por tanto, de sujeto disciplinable 50,
con una capacidad de variar el estudio del elemento de la subordinación. De esta
forma se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al
proferir concepto el 28 de septiembre de 2022, en el que expresó lo que sigue frente
a los particulares como sujetos disciplinables:

En ese sentido, son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera
permanente o transitoria funciones públicas, administren recursos públicos o cumplan
labores de interventoría o supervisión. Por lo tanto, no todo contratista estatal tiene la
calidad de sujeto disciplinable […], pues, como ya se señaló, lo que lo hace sujeto de
dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular desarrolle dichas
funciones. […]. En virtud de lo expuesto, los objetos de los contratos de apoyo a la
gestión no se enmarcan dentro de los supuestos exigidos por la ley para que los
contratistas sean considerados sujetos de la acción disciplinaria, pues, se insiste,
solamente cuando el particular ejerza funciones públicas, administre recursos
públicos o cumpla labores de interventoría o supervisión puede considerarse sujeto
disciplinable en los términos del estatuto disciplinario vigente, lo cual no se advierte
en el presente caso. Ahora bien, el hecho de que los particulares no estuvieran en
ejercicio de funciones públicas nos indica que, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley
1952 de 2019, Código General Disciplinario, no son sujetos disciplinables51.

100. A partir de lo anterior, se destaca que no resulta acertado considerar que el
CGD solo resulta aplicable a los servidores públicos, toda vez que esta disposición
también prevé como sujetos disciplinables a los particulares en determinados
escenarios. Por tanto, el inicio de la indagación preliminar no confiere
automáticamente la calidad de servidora pública que reclama la demandante y, por
tanto, los argumentos de la aquí recurrente no se acompasan con el ordenamiento
jurídico.

101. En línea con esto, la situación de Giovanna Carolina Cantillo García no puede
equipararse a la de la señora Luisa Fernanda Huechacona Ruíz, porque, aunque a
esta también se le abrió indagación preliminar, el proceso continuó, tan así que se
inició investigación disciplinaria en su contra, con el fundamento de que era
funcionaria de la entidad. En este sentido, no podrían asemejarse ambas

49 El artículo 152 de la Ley 734 de 2002 preveía la procedencia de la investigación disciplinaria en los siguientes

términos: «Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se
identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria».
50 Según lo preveía el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, y lo consignó el 25 de la Ley 1952 de 2019, los

destinatarios de la ley disciplinaria son los servidores públicos y los particulares en determinados casos.
51 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, número único 11001-03-06-000-2022-00115-00.

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situaciones para denotar una relación laboral, porque las particularidades de sus
vinculaciones son distintas, lo que mereció un trámite diferente en sede disciplinaria.

102. Bajo este entendido, la demandante estructura el presente recurso en
supuestos formales como la utilización de la expresión «servidores implicados» de
lo cual se extraía su calidad. No obstante, pasa por alto que precisamente no hubo
mérito para continuar con la investigación disciplinaria en su contra dado que no era
sujeto disciplinable, por lo que, de las pruebas allegadas, en especial el informe de
servidor público radicado al núm. IUS E– 2022-044705 IUC D-2022-2293533, más
que demostrarse la subordinación se reforzaría la conclusión del Tribunal: que la
demandante es una contratista del Estado no sujeta a una relación laboral.

103. Adicional a lo expuesto, la indagación preliminar se sustentó en la queja
presentada por la omisión de documentos probatorios al emitir la Resolución núm.
001437 del 3 de diciembre de 2019. Esto dio lugar a que, entre otras, se pidiera
como prueba el extracto de la hoja de vida de los implicados que demostrara las
funciones ocupadas en esa vigencia, frente a la cual la entidad respondió en
memorando del 25 de noviembre de 202052, que no se evidenciaba que la señora
Giovanna Carolina Cantillo García hubiera estado vinculada a la planta de personal.

104. No obstante, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se inició
con el fin de que se acreditara la existencia de una relación laboral del 22 de julio
de 2013 al 31 de diciembre de 2021. Por tanto, los hechos materia de investigación
disciplinaria y, por tanto, las pruebas encontradas, no comprenden la totalidad de
los extremos objeto de reclamación en el asunto ordinario, sino solo una fracción de
estos.

105. Consecuente con lo hasta aquí expuesto, la Sala advierte la intención de la
demandante de convertir este proceso en una tercera instancia judicial en la que
pretende reabrir el debate probatorio a partir de pruebas encontradas, únicamente
en lo que le resulta favorable, con el fin de cambiar la decisión. Lo anterior, toda vez
que no logró demostrar en el asunto ordinario la existencia de una relación laboral,
lo que movió al Tribunal a revocar la decisión de primera instancia.

106. Sin embargo, este no es el mecanismo previsto para insistir en la necesidad
de que se acceda al restablecimiento del derecho pretendido o a discutir un
escenario de indebida valoración probatoria para que se acojan las pretensiones de
la demanda ordinaria, porque dicho asunto ya se definió mediante una sentencia
ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada.

107. En conclusión, en el caso particular no se configuró la causal de revisión
dispuesta en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, porque además de que no
se probó la obra de la contraparte, tampoco se demostró que las pruebas
encontradas hubieran sido decisivas para variar el sentido de la decisión y que, por

52 Samai, índice 3, 5_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSYPRUEBASRECURS(.pdf) NroActua 3, página 150 del

archivo digital.
25

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tanto, pudieran tener un efecto en la justicia material susceptible de incidir en la
intangibilidad de la sentencia cuestionada. Por estos motivos, el presente recurso
se declarará infundado.

2.8. Costas

108. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario53 de la Subsección
sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe54.Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
advierte que la parte recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante
el trámite del presente asunto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
de conformidad con las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

53 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
54 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-

00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00563-00 (6524-2025)
Demandante: Giovanna Carolina Cantillo García
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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