Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03969-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03969-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03969-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03969-00
Demandante: CORPORACIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
(CIMA)
Providencia objeto SENTENCIA DE 26 DE JULIO DE 2023, PROFERIDA
de revisión: POR EL CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Asunto: Causal primera de revisión – documento decisivo
recobrado o encontrado después de dictada la sentencia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Corporación Integral del Medio Ambiente (en adelante,
CIMA) contra la sentencia del 26 de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta
de esta corporación1. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
249 del CPACA2, en concordancia con los artículos 125.2 y 111.2 ibidem, así como
el artículo 29.1 del Acuerdo n. º 080 de 2019, que contiene el reglamento de esta
Corporación.
Mediante auto del 15 de agosto de 2024, el recurso fue inadmitido3; luego, en
providencia de 23 de enero del 2025 se dispuso su rechazo. En el trámite del
recurso de súplica interpuesto contra dicha decisión, en providencia del 12 de
marzo del mismo año se resolvió impedimento4 y el 23 de abril de 2025, se revocó
el auto de rechazo.
1
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 25000-23-37-000-2019-00821-01.
2
«De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión.»
3
Al no encontrar acreditados los presupuestos establecidos en los artículos 162 numerales 7 y 8 y 252
de la Ley 1437 de 2011.
4
En ella se declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado Luis Antonio
Rodríguez Montaño para participar en la Sala de Decisión.
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2
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Demandante: Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA)
Recurso Extraordinario de Revisión
En consecuencia, el asunto ingresó nuevamente al despacho ponente y en
providencia del 28 de mayo de 2025 se dispuso la admisión del recurso5.
Posteriormente, el 22 de septiembre de 2025 se dictó auto de pruebas6.
I. ANTECEDENTES
1.1. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1. La parte recurrente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Liquidación Oficial de Revisión 322412018000071 del 12 de
marzo de 2018 y las Resoluciones 005220 del 13 de agosto de 2018 y
992232019000109 del 16 de agosto de 2019. En tales actos, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) modificó la declaración del impuesto
sobre la renta de CIMA por el año gravable 2014; restituyó el término previsto en
el artículo 720 del Estatuto Tributario para la notificación del primer acto en debida
forma y, finalmente, confirmó las modificaciones del tributo referido,
respectivamente.
2. A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó que se
declarara la firmeza de la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año
gravable 2014, presentada por aquella el 22 de abril de 2015.
3. En sentencia del 7 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones formuladas. Por tanto,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y dejó en firme la
liquidación privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2014 realizada
por la parte actora en fecha del 22 de abril de 2015, sin lugar a condena en costas.
4. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial indicó que la
Liquidación Oficial de Revisión 322412018000071 del 12 de marzo de 2018 no fue
notificada en debida forma. Esto, en tanto la administración pretendió enviarla por
correo certificado a una dirección distinta a la informada por el contribuyente
dentro del proceso administrativo y corrigió la notificación por fuera del término
legal previsto para ello, pues fue con posterioridad a los seis meses siguientes a
la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento que le
hizo dicha autoridad.
5. En ese orden de ideas y, en aplicación del artículo 714 del Estatuto
Tributario, el tribunal consideró que la declaración privada del contribuyente
adquirió firmeza. Sin perjuicio de ello, no condenó en costas a la DIAN, tras advertir
que la demandante no demostró su causación.
5
Allí se ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos a la DIAN, se ofició a las autoridades
judiciales que conocieron el proceso ordinario para que remitieran copia integra digital del mismo y se
reconoció personería jurídica a la apoderada Andrea Victoria Narváez Estupiñán.
6
En ella se dispuso a tener como pruebas los documentos allegados con el recurso extraordinario de
revisión y se negó la solicitud de probatoria presentada por CIMA.
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Demandante: Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA)
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6. Inconformes con lo decidido, ambas partes interpusieron recurso de
apelación. CIMA reprochó que no se condenara en costas a la DIAN, para lo cual
señaló que incurrió en el pago de honorarios por concepto de representación
judicial, así como en gastos administrativos derivados de dicha gestión. Por su
parte, la demandada pidió que se revocara integralmente la sentencia del tribunal,
dado que, en su opinión, la notificación de la Liquidación Oficial fue subsanada de
manera oportuna.
7. La alzada correspondió a la Sección Cuarta de esta corporación, quien, en
sentencia del 26 de julio de 2023, modificó la decisión de primer grado. Esto, en
el sentido de declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda frente a
la pretensión de nulidad de la Resolución 005220 del 13 de agosto de 2018
proferida por la DIAN, en tanto consideró que aquella constituía un acto de trámite
que no creó, modificó o extinguió una situación jurídica en cabeza de la
demandante, sino que simplemente impulsó la actuación administrativa, al
disponer la correcta notificación de la liquidación oficial de revisión.
8. De otro lado, la referida autoridad judicial dispuso la no condena en costas
en esa instancia, tras no encontrarlas acreditadas.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
9. El 30 de julio de 2024, CIMA radicó recurso extraordinario de revisión en el
que solicitó que se invalide la sentencia proferida el 26 de julio de 2023, por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su sentir, en este caso se configura la
causal de revisión establecida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, dado
que hasta el 22 de septiembre de 2023 le fue notificado «el salvamento de voto»
de dos de los magistrados que firmaron la decisión y en el que se dejó establecido
que debió condenarse en costas en segunda instancia a su favor, en tanto se
comprobó su causación.
10. Para la recurrente, existió un empate en la decisión y, por ello, se debía
resolver a su favor. En este punto, invocó el artículo 54 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia que dispone que todas las decisiones de las
corporaciones judiciales requieren para su deliberación y decisión de la mayoría
de sus miembros.
11. Aunado a lo anterior, insistió en que los magistrados disidentes de la
sentencia recurrida, en lo que atañe a la condena en costas, reconocieron que se
cumplió con el rigor técnico y documental de comprobación de las costas y
agencias en derecho.
1.3. Contestaciones al recurso extraordinario de revisión
12. La DIAN solicitó que se declare infundado el presente mecanismo y, en
consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda, con condena en costas
y agencias en derecho a cargo de la parte recurrente.
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13. Para el efecto, la autoridad consideró que la causal invocada por CIMA no
es aplicable al caso en concreto, comoquiera que una aclaración de voto, en su
criterio, no constituye una prueba documental y, aunque, en gracia de discusión,
se admitiera que sí lo es, tampoco reúne los demás presupuestos definidos por la
jurisprudencia. Esto, pues no se trata de un documento que no pudo aportar por
una fuerza mayor, caso fortuito o maniobra de la parte contraria, ni era decisivo
para demostrar las costas procesales causadas.
14. Finalmente sostuvo que el sustento de este mecanismo es un mero
inconformismo con la decisión adoptada por el juez natural.
1.4. Intervención posterior del recurrente
15. Por su parte, CIMA allegó memorial en el que pidió que se revoque
«cualquier exigencia probatoria adicional a la ya cumplida y, en su lugar, se
proceda a condena en costas a cargo de la parte vencida». Además, pidió que se
regulen las agencias en derecho en su favor, con fundamento en «criterios de
complejidad», tales como el salvamento de voto, cuantía y duración del proceso,
las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
16. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la parte recurrente contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-37-000-2019-00821-
01. Esto, por cuanto la causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011 no se configura en el presente asunto.
2.1. Oportunidad en la interposición del recurso
17. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia judicial, salvo que se invoquen las causales contenidas en los ordinales
3 y 4 del artículo 250 del CPACA.
18. En el presente caso, se propone como causal de revisión la consagrada en
el ordinal 1 ibidem y, por tanto, el término para interponer el recurso extraordinario
es de un año.
19. Así, la Sala observa que la sentencia de segunda instancia controvertida fue
expedida el 26 de julio de 2023 y notificada personalmente por mensaje de datos
el 31 de julio del mismo año. En tal sentido, su ejecutoria ocurrió el 8 de agosto
siguiente, lo que permite concluir que la presentación de la demanda contentiva
del recurso es oportuna, en la medida en que se radicó el 30 de julio de 2024.
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2.2. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario
de revisión
20. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción a los principios
de cosa juzgada y de inmutabilidad de las sentencias, en tanto permite controvertir
fallos ejecutoriados, a fin de que se subsanen determinadas irregularidades o
ilegalidades.
21. Por ello, su principal finalidad corresponde al restablecimiento de la justicia
real y material como valor fundante del Estado de derecho7, por lo que este
mecanismo no constituye una nueva instancia procesal. De allí que su
procedencia sea excepcional.
22. En efecto, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado
cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que
sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar
que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar
equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes o para
controvertir juicios de valor del fallador8. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado lo siguiente:
[…] El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más.
[…] En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido
proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]9.
23. Por su parte, el artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás, dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia
por la vía de este recurso extraordinario.
24. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario. Este solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley, lo que imposibilita alegar o
acudir a otras, en virtud de la excepcionalidad de este mecanismo judicial.
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-520 de 2009, C-418 de 1994 y C-247 de 1997.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de abril de 2004,
M.P. María Inés Ortiz Barbosa. Rad: 11001-03-15-000-1998-0164-01.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto de
2014, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Rad: 1001-03-15-000-2013-02110-00.
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2.3. Causal primera de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
25. El artículo 250.1 del CPACA instituye como causal de revisión: «[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente
no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria […]»10.
26. Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
Ha entendido la jurisprudencia11, que la prueba recobrada es un elemento
probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el
sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado
no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado
luego de proferida la sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al
tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo
llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello.12
27. Asimismo, respecto de esta causal, se han fijado los siguientes requisitos
para su procedencia13:
i) Que se trate de documentos, pero no se refiere a cualquier tipo de
documentos, sino a aquellos que se hubieran «recobrado»14 o
«encontrado»15, es decir, que ya existían con anterioridad a la
oportunidad procesal correspondiente, pero estuvieron extraviados y
por ello no llegaron al conocimiento del juez, pero se recuperaron en
forma posterior a la sentencia.
ii) Adicionalmente, tales documentos deben tener carácter decisivo, lo que
quiere decir que se trata de pruebas que tengan la entidad suficiente
para haber dado lugar a adoptar una decisión diferente, de haber sido
valoradas con los demás elementos de convicción obrantes en el
expediente.
iii) Que el recurrente no hubiera podido aportar tales documentos al
proceso, bien sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
por obra de la parte contraria.
10
En cuanto al alcance de esta causal se puede consultar: Consejo de Estado, Sala 26 Especial de
Decisión. Sentencia del 7 de abril 2015. Rad 11001-03-15-000-2013-00358-00.
11
Cita de cita: «Sentencia Proferida el día 20 de noviembre de 1995, dentro del proceso: rev-096,
Magistrado Ponente, Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía.»
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12 de julio de 2005,
Rad: 11001-03-15-000-1997-00143-01(rev-00143).
13
Consejo de Estado. Sala 9 Especial de Decisión. Sentencia del 18 de diciembre 2020, Rad:11001-
03-15-000-2018-00164-00.
14
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2017. Rad:
44001-33-31-002-2005-00969-01(47691). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
15
La diferencia entre documento recobrado y encontrado reside en la conciencia de su existencia. Así,
la jurisprudencia de esta corporación ha entendido que: «encontrar sin conciencia de la existencia de la
cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar con conciencia
de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda siempre supondrá recobrar». Véase: Consejo
de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de marzo de 2026. Rad: 11001-03-25-
000-2024-00563-00. MP. Elizabeth Becerra Cornejo.
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28. En efecto, resulta imperioso que el recurrente pruebe que la imposibilidad
de aportar el documento obedeciera a: i) el actuar intencional de la contraparte o
ii) circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. No obstante, en lo que concierne
a este último supuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha descartado la
configuración de la causal sub examine, con fundamento en lo siguiente:
Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el
caso fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar
la causal, en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las
vinculadas a la relación jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible,
impone a cada quien asumir su propio riesgo. El caso fortuito, por el contrario,
proviene de la propia actividad, por lo que, aún imprevisible por parte de quien
pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva responsabilidad en cuanto
cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar por su traslado a
terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo. De donde no puede argüirse
“olvido, incuria o abandono de la parte”,16 por parte de quien pretende beneficiarse
con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley
exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.17
Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como
la obra de la parte contraria, deben probarse,18 esto es, aportar elementos de
convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que
hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.19
Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se
debe probar la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos
generales, la primera es criterio fundamental para determinar el caso fortuito, como
el suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce el
daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza mayor, como un acaecimiento
externo al proceder de quien produce el daño.20
29. En resumen, para que prospere la causal aquí analizada debe: i)
establecerse si, en efecto, los documentos aportados cumplen con el carácter de
recobrados o encontrados; ii) determinarse si estos tienen carácter decisivo, es
decir, si cuentan con la entidad para alterar la decisión cuestionada y; iii)
comprobarse que, de no haberse allegado las pruebas oportunamente al proceso
ordinario, esto obedeció a una causa atribuible al actuar de la parte contraria o si
fue por fuerza mayor.
16
Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
17
Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).».
18
Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. rev-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).»
19
Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(rev)»
20
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2.4. Caso concreto: no se satisfacen los requisitos establecidos para la
configuración de la causal de revisión consagrada en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA
30. Como viene de verse, CIMA sostuvo que la sentencia del 26 de julio de 2023
fue aprobada sin la mayoría respectiva, en tanto dos de los magistrados que
integraron la Sección Cuarta «salvaron su voto» frente a la condena en costas,
situación de la que solo tuvo conocimiento de forma posterior a la notificación de
la sentencia. A su juicio, ello hace menester que se revise la decisión y, en
atención al artículo 54 de la Ley 270 de 1996 y al principio de favorabilidad, se
adopte una nueva decisión.
31. Pues bien, para la Sala no se configura la causal invocada, comoquiera que
no se cumple con ninguno de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia
para su procedencia, a saber: 1) no se trata de un documento recobrado o
encontrado después de proferida la decisión; 2) no es decisivo y 3) no operó una
circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de la contraparte.
32. En primer lugar, la recurrente afirma que el documento recobrado
corresponde al «salvamento de voto» de la sentencia del 26 de julio de 2023,
suscrito por los magistrados Milton Chaves García y Wilson Ramos Girón, es decir,
de dos de los cuatro togados que integraron la Sala de Decisión y del que solo
tuvo conocimiento el 22 de septiembre de 2023.
33. Al respecto, lo primero que empieza por destacar esta colegiatura, es que el
documento recobrado al que hace referencia la recurrente no se trata de un
salvamento, sino de una aclaración de voto. Tal diferencia, aunque sutil, permite
inferir que la sentencia objeto del presente mecanismo extraordinario fue aprobada
por la totalidad de los integrantes de la Sección, aun cuando los fundamentos que
acompañaron la decisión en torno a la condena en costas fueron distintos21.
34. De ahí que, contrario a lo expuesto por la demandante, no es cierto que
estemos en el escenario de un «empate» o de un vicio de procedimiento sobre la
sentencia cuestionada. Por el contrario, se advierte que la providencia fue
adoptada con el voto favorable de la totalidad de sus integrantes, de manera que
se respeta la regla contenida en el artículo 54 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia22.
35. Ahora, al margen de la anterior discusión, la Sala considera que la aclaración
de voto, por su naturaleza, no se trata de un documento recobrado o encontrado.
21
Al respecto, véase: A-293 de 2016. En dicha decisión, la Corte Constitucional afirmó: «una aclaración
no puede convertirse en un salvamento de voto, pues su naturaleza es completamente distinta, teniendo
en cuenta que en la primera el magistrado debe estar de acuerdo con la decisión adoptada en la
sentencia».
22
«ARTÍCULO 54. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Todas las decisiones que las
Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para
su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación,
sala o sección».
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Esto, en tanto, para que un documento tenga tal connotación, resulta
indispensable que hubiere existido con anterioridad a la sentencia; que se hubiere
extraviado o permanecido oculto y que, con posterioridad al fallo, sea recuperado
o aportado al proceso.
36. Sin embargo, ninguna de estas condiciones se predica de la aclaración de
voto. Por el contrario, esta constituye una manifestación posterior, autónoma y
deliberada del funcionario judicial que, si bien comparte el sentido de la decisión
adoptada por la Sala, expone consideraciones adicionales o divergentes en torno
a su fundamentación. En ese orden, se trata de un pronunciamiento que surge con
ocasión de la providencia y no de un documento preexistente que hubiera
permanecido oculto o extraviado.
37. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha admitido que
la acepción «documento recobrado o encontrado» hace referencia a las pruebas
documentales preexistentes a la sentencia objeto de revisión. De tal manera y, por
regla general, no se ha aceptado que esta causal opere frente a otro tipo de
medios de prueba como testimonios, experticias, informes técnicos, exámenes
médicos especializados23, ni cuando la misma es producida u obtenida de forma
posterior a la sentencia que se revisa24.
38. En consecuencia, no resulta jurídicamente viable asimilar la aclaración de
voto a la categoría de documento recobrado o encontrado, pues carece del
elemento temporal y fáctico esencial que caracteriza a estos últimos, esto es, su
existencia previa y su posterior recuperación. Además, por su naturaleza, tampoco
es factible asimilarla a una prueba documental, puesto que aquella constituye una
manifestación del juez que firma una decisión judicial y no un elemento que
permite corroborar determinado supuesto fáctico, ni jurídico a efectos de arribar a
la verdad procesal.
39. Bajo esa misma lógica, tampoco se acredita el segundo elemento de esta
causal. En efecto, dado que la aclaración de voto es una manifestación que deriva
del convencimiento del juez que participa en la decisión, es posible concluir que
esa postura fue discutida al momento de adoptar la sentencia, pero no fue la
posición mayoritaria. De ahí que no es cierto que la opinión concurrente de dos
magistrados, de haberse valorado, hubiera alterado el sentido del fallo.
40. Por último, conforme a todas las razones antes indicadas, resulta irrazonable
considerar que la aclaración de voto no pudo ser aportada en virtud de una fuerza
mayor, caso fortuito o hecho de la contraparte.
41. Así las cosas, la pretensión de la parte recurrente es usar la causal primera
del recurso de revisión con el fin de que se imponga el criterio jurídico de dos de
23
Salvo que se trata de eventos que puedan implicar graves violaciones a Derechos Humanos. Sobre
el particular, véase: Corte Constitucional: sentencia SU-016 de 2024.
24
Consejo de Estado. Sala 10 Especial de Revisión. Sentencia del 11 de abril de 2025. M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar. Rad: 11001-03-15-000-2019-01252-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03969-00
Demandante: Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA)
Recurso Extraordinario de Revisión
los magistrados que firmaron la sentencia judicial sobre la procedencia de la
condena en costas, sin que ello configure la causal de revisión invocada.
42. Con fundamento en lo expuesto, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión formulado por CIMA contra la sentencia del 26 de julio
de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
2.5. Condena en costas
43. De conformidad con lo señalado en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por la Ley 2080 de 2021, una vez se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión, corresponde al juez condenar en costas al recurrente.
44. Sin embargo, dicho precepto no puede ser interpretado de manera aislada
de las demás disposiciones que integran dicho cuerpo normativo y que regulan la
forma en que los jueces de lo contencioso-administrativo han de pronunciarse
sobre este aspecto. La aplicación del artículo 255 del CPACA resultaría inane si
no se acude a lo señalado en su artículo 188, que contiene la remisión expresa a
las normas del Código General del Proceso en las que se establecen los
elementos que forman parte de las costas procesales, la manera en que ha de
tasarse la condena a imponer por dichos conceptos y otros aspectos relevantes
sobre la materia.
45. En el asunto bajo examen, el recurso extraordinario de revisión promovido
se dirige contra una sentencia proferida en segunda instancia dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho en el que se solicitó que se
anulara la Liquidación Oficial de Revisión realizada por la DIAN para el año
gravable 2014, así como los actos administrativos que resolvieron los respectivos
recursos en sede administrativa y se dejara en firme la liquidación privada del
impuesto sobre la renta presentada por CIMA. Por tanto, debe darse aplicación a
la regla general contemplada en el artículo 255 referenciado con antelación, dado
que el recurso fue declarado infundado.
46. Por su parte, el artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso
dispone lo siguiente:
[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
47. Así las cosas, se condenará al pago de las agencias en derecho, conforme
a lo establecido en el Acuerdo número PSAA16-10554 del 5 agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura, que se fija en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, en favor de la DIAN.
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Demandante: Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA)
Recurso Extraordinario de Revisión
48. En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso
y perjuicios, no serán reconocidos, toda vez que no fueron demostrados en el
trámite, según lo dispuesto en los artículos 188 y 255 del CPACA y el 361 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Corporación Integral del Medio Ambiente – CIMA – contra la
sentencia dictada el 26 de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-37-000-2019-00821-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, de acuerdo con lo
indicado en la presente providencia. La Secretaría General deberá efectuar la
respectiva liquidación de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo
366 del Código General del Proceso.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia siglo XXI y
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03969-00
Demandante: Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA)
Recurso Extraordinario de Revisión
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Cuarta
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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