Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00124-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00124-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00124-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de agosto de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante RIOPAILA CASTILLA S.A.
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones al sistema de la protección social (enero a
diciembre años 2011 y 2013). Alcance del recurso de apelación.
Competencia de la UGPP. Excepción de inconstitucionalidad de los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013. Incapacidades. Vacaciones.
Exoneración aportes parafiscales contribuyentes CREE
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante1 y
demandada2, contra la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió 3:
«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 484 de 12 de
junio de 2015 y de la Resolución No. RDC 407 de 01 de agosto de 2016 expedidas por la UGPP,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, (i) ORDÉNASE a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a (i) corregir y efectuar los cálculos
correspondientes, considerando los montos registrados en los comprobantes de pago
(liquidaciones de contrato) y la nómina reportada por la empresa aportante, de acuerdo con las
consideraciones de la parte motiva de esta providencia y (ii) subsanar el yerro respecto de la
inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la demandante
en su nómina de salarios.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: No hay lugar a condena en costas […]».
1
Índice 10 de SAMAI Archivo: «34_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_02RECURSOAPE(.pdf)
NroActua 10».
2
Índice 10 de SAMAI Archivo: «33_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_CORREO_01RECURSOAPE(.pdf)
NroActua 10».
3
Fls. 299 a 349 c.p. 1.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
ANTECEDENTES
El 25 de noviembre de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 892, contra Riopaila
Castilla S.A., por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes
al sistema de la protección social por los periodos de enero a diciembre de 2011 y
2013. El acto se notificó por correo el 18 de diciembre de 20144.
El 12 de junio de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP
profirió la Liquidación Oficial nro. RDO 484, por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los
periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013 y, sancionó por inexactitud por el año
2013. El acto de liquidación se notificó por correo el 17 de julio de 20155.
El 14 de septiembre de 2015, la apoderada de Riopaila Castilla S.A. interpuso recurso
de reconsideración contra la liquidación oficial6.
El 1º de agosto de 2016 la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso
de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC 407, en el sentido de modificar
el acto recurrido para disminuir los aportes y la sanción por inexactitud. Acto que se
notificó personalmente el 10 de agosto de 20167.
DEMANDA
Riopaila Castilla S.A, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló las siguientes
pretensiones8:
«PRETENSIONES PRINCIPALES:
Solicito que se declare la nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos:
• ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD TOTAL:
• Resolución No. RDO 484 del 12/06/2015: "Por medio de la cual se profiere liquidación oficial a
la sociedad RIO PAILA CASTILLA S.A. identificada con NIT. 900.087.414-4, por no pago e
inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social,
por los periodos 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/01/ al
31/12/2013 (sic) por un valor de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.528.305.000) y se sanciona por inexactitud en los periodos
01/01/2013 al 31/12/2013, determinando la liquidación por un valor de DOSCIENTOS TRES
MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($203.091.720)".
• Resolución No. RDC 407 del 01 de agosto de 2016: "Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO 484 del 12/06/2015 a
través de la cual se profirió liquidación oficial a RIO PAILA CASTILLA S.A., con NIT.
4
Fls. 64 a 68 c.p. 1.
5
Fls. 78 a 113 c.p. 1.
6
Fls. 114 a 130 c.p. 1.
7
Fls. 133 a 164 y 132 c.p. 1.
8
Fls. 3 a 5 c.p. 1.
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
900.087.414-4, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al
Sistema de la Protección Social por los periodos 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/01/al
31/12/2013 por un valor de MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.415.896.600) y se sanciona por
inexactitud por los periodos 01/01/2013 al 31/12/2013", determinando un valor CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE ($158.512.260).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que en caso de no
conceder la pretensión principal de nulidades de los actos atacados, se realice un análisis
detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y se realice
reliquidación de la presunta deuda fijada por la UGPP.
• ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD:
• Resolución No. RDO 484 del 12/06/2015 […]
• Resolución No. RDC407 del 01 de agosto de 2016 […]
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los actos administrativos,
solicito que se restablezca el derecho de la empresa demandante en la siguiente forma:
• POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE:
1. Que se realice la devolución (si se han efectuado a la fecha de la sentencia) de los pequeños
pagos realizados por la empresa RIO PAILA CASTILLA S.A., por concepto de mora e inexactitud
en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los
periodos de 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/01/2013 al 31/12/2013, por un valor de MIL
CUATROSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.415.896.600).
2. Y por concepto de sanción por omisión e inexactitud la suma CIENTO CINCUENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($158.512.260).
3. Sumas que deberán ser indexadas y con intereses, de acuerdo con la demostración de
valores inexistentes por parte de la UGPP.
4. Que se reconozca el pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida por mi
poderdante durante el proceso administrativo objeto de los actos administrativos atacados, por
un valor de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.
5. Que se reconozca los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo durante el
periodo que duró la investigación administrativa, toda vez que mi poderdante apoyó la defensa
jurídica con el personal humano durante un año, por el valor de doce (12) salarios mínimos
legales vigentes.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes9:
9
Fls. 10 a 16 c.p. 1.
3
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
• Artículos 2, 4, 6, 13, 15, 29, 58 y 121 de la Constitución Política
• Artículo 9 del Código Sustantivo del Trabajo
• Artículo 730 (numeral 2) del Estatuto Tributario
• Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
• Artículos 69 y 72 de la Ley 1437 de 2011
• Artículos 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 19 y 21 del Decreto 575 de 2013
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente10:
I. Objeción general al proceso de fiscalización
Manifestó que, en los actos de liquidación de los aportes la entidad demandada
incluyó conceptos que no tienen naturaleza salarial; además, no es clara la forma en
la que se calcularon los mayores valores a pagar, y algunos funcionarios participaron
en el proceso de fiscalización sin competencia para ello.
II. Fundamentos procedimentales
1. Creación de tercera norma para desarrollo del proceso administrativo.
Violación de normas jurídicas
Señaló que la UGPP adelantó el proceso de fiscalización con base en los
procedimientos descritos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, es decir, que
combinó normas para crear un procedimiento legal, configurándose así, lo que la
doctrina y la jurisprudencia llaman la «tercera norma y/o Lex Tertia», situación que
genera la nulidad de los actos, pues impide a los administrados conocer la disposición
procedimental aplicable y ejercer su derecho de defensa.
2. La liquidación oficial no se emitió de forma completa conforme lo ordena
la Ley 1151 de 2007. Violación al derecho de defensa
Explicó que en las resoluciones acusadas no se calcularon los intereses de mora
sobre los aportes determinados, pese a que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
establece que es un aspecto que debe contener el acto administrativo, situación que
conduce a su nulidad por no estar debidamente motivado.
3. Abrogación de competencias propias de los jueces laborales
Mencionó que la competencia para determinar los derechos laborales y/o las
obligaciones al sistema de seguridad social es exclusiva de los jueces laborales, y la
UGPP se apropió de esas funciones al establecer qué pagos son o no salariales, pese
a que entre las partes de la relación laboral no existe controversia al respecto.
4. Imposibilidad de imponer sanciones ante la falta de competencia de la
UGPP
10
Fls. 16 a 35 c.p. 1.
4
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Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
Precisó que la Resolución nro. 118 del 6 de marzo de 2013, que sirvió de fundamento
para la sanción impuesta en los actos administrativos acusados no está publicada en
la página web de la entidad ni en la Gaceta del Congreso de la República, por lo que
carece del requisito de publicidad para su vigencia, necesario para su obligatoriedad
y oponibilidad. Agregó que la citada resolución no fue expedida por el legislador y
debe ser inaplicada por ser contraria a la Constitución Política.
III. Fundamentos sustanciales
1. Riopaila Castilla S.A. liquidó en debida forma los aportes al sistema de la
protección social
Indicó que realizó correctamente los pagos al sistema de la protección social y de ello
dan cuenta los comprobantes de nómina y las planillas, motivo por el cual, solicitó que
se eliminen los ajustes por la conducta de inexactitud. Precisó que en los actos
administrativos se reconoció que no existe diferencia entre la nómina y los auxiliares
contables. Para probar las anteriores afirmaciones adjuntó un CD con 125 registros.
2. En la determinación de obligaciones de aportes al sistema de la
protección social no se tuvieron en cuenta las vacaciones. Violación del artículo
70 del Decreto 806 de 1998
Expuso que existen tres tipos de vacaciones: (i) las compensadas en dinero por la
terminación del contrato, (ii) las compensadas en dinero hasta el 50% y (iii) las
disfrutadas en tiempo.
A partir de la anterior clasificación precisó lo siguiente: (i) en ninguno de los tres casos
es obligatorio pagar aportes a la ARL, (ii) solo es obligatorio pagar aportes a salud y
pensión y (iii) en los tres casos se deben pagar aportes parafiscales (SENA, ICBF y
CCF).
Sostuvo que, tratándose del sistema de seguridad social integral, los aportes
correspondientes al período en el que se disfrutan las vacaciones se liquidan sobre el
último salario base de cotización reportado con anterioridad al inicio del descanso (art.
70 del Decreto 806 de 1998). Además, el valor pagado por el descanso no hace parte
del IBC por no tener naturaleza salarial.
Manifestó que la UGPP desconoció que para liquidar los aportes de las vacaciones
disfrutadas en tiempo se debe tomar el IBC del mes anterior. Citó como ejemplo los
casos de Rueda Castro Lina Mercedes, Ayalde Restrepo Juan Guillermo, Pallares
Cotes Boris Daniel, Orduz Bohórquez María Alix y Garay Cesar Ignacio. Agregó que
en el CD anexo a la demanda se detallan 3.374 registros en las mismas condiciones.
3. No se tuvieron en cuenta las novedades de ingreso y retiro
Adujo que la entidad exige el pago de aportes en períodos en los que algunos
trabajadores aun no prestaban los servicios a la compañía o ya los habían dejado de
prestar en meses anteriores, es decir, reclama cotizaciones con anterioridad al ingreso
o con posterioridad al retiro.
5
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Afirmó que es improcedente la presunción de días de la relación laboral
desconociendo las novedades de ingreso y/o retiro. Precisó que por los días
efectivamente laborados los aportes se realizan sobre los factores salariales o en su
defecto sobre aquellos que excedan el límite de desalarización del 40%.
Mencionó que la demandada desconoció las novedades de ingreso, de retiro y de
incapacidad temporal, tal como se evidencia en el listado de 121 registros del CD
anexo a la demanda.
4. Se incurrió en error al fiscalizar los permisos remunerados
Indicó que durante los permisos remunerados los aportes se causan en su totalidad
sobre el último salario base de cotización reportado con anterior a la fecha en la que
el trabajador inició el permiso, y no se pagan aportes a la ARL ante la falta de
prestación del servicio (art. 70 del Decreto 806 de 1998).
Manifestó que la UGPP desconoció la anterior norma al fiscalizar los trabajadores que
presentaron permiso remunerado, lo que se comprueba con las planillas PILA, los
desprendibles de nómina y la liquidación que se adjunta con la demanda.
5. Error en el cálculo de aportes durante la novedad de suspensión temporal
Explicó que de conformidad con el artículo 71 del Decreto 806 de 1998, ante la
suspensión temporal del contrato de trabajo por cualquiera de las causales previstas
en el artículo 51 del CST, no se realizan los aportes que corresponden al porcentaje
del trabajador, los del empleador se pagan sobre el último salario base de cotización
reportado con anterioridad al inicio de la suspensión y solo es obligatorio pagar al
sistema de salud cuando la novedad es por causal diferente a la huelga.
Solicitó que en el caso del trabajador Quintero Pontón Hader (con dos registros), se
revise la presunta deuda generada por ese concepto.
6. Revisión de bonificaciones no constitutivas de salario en períodos que no
son objeto de fiscalización
Sostuvo que la UGPP se extralimitó en sus funciones al revisar las bonificaciones no
constitutivas de salario y el excedente del límite del 40% en períodos posteriores o
anteriores a los que son fiscalizados. Se refirió a los casos de Gómez Gómez Gloria
Elcy, López Muñoz James David, Camacho Ramírez Mauricio José y García Taffa
Carlos Eduardo e indicó que en el CD anexo se detallan 711 registros adicionales.
7. Violación al debido proceso. Eliminación de ajustes en el subsistema de
salud que persisten en el de pensiones
Anotó que del contenido del archivo Excel adjunto a la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración, se evidencia que los ajustes de algunos subsistemas
desaparecieron, pero en otros persisten, lo que obedeció a que la entidad no tuvo en
cuenta las novedades respectivas que daban lugar a la eliminación. Se refirió a los
casos de Velásquez Vargas Merari, Calderón Ceballos Jaime Alberto, Alegrias
González José Julián, Saavedra Pardo Luis Enrique, Delgado Cobo Luz Estella,
6
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Montoya Cano William, Arias Alzate Gerardo y Romo Rosero Edgar, y precisó que en
el CD anexo se identifican 1505 registros.
8. Las indemnizaciones no hacen parte del IBC
Señaló que en la empresa opera el plan de acuerdo transaccional por retiro voluntario,
en virtud del cual, cuando el trabajador opta por retirarse voluntariamente se le paga
una suma de dinero a título de indemnización.
Indicó que en aplicación de los artículos 53 de la CP (primacía de la realidad sobre las
formalidades) y 128 del CST (pagos que no constituyen salario), la indemnización por
acuerdo transaccional no puede ser considerada como salarial y, en consecuencia,
no integra el IBC.
Citó la sentencia del 17 de abril de 2007 de la Corte Suprema de Justicia – Sala
Laboral11, en la que se consideró que «respecto de la bonificación por retiro es
incuestionable el carácter ocasional, pues se paga a la terminación del contrato y con ocasión
de la extinción del vínculo, lo que descarta la habitualidad y la contraprestación del servicio».
Mencionó como ejemplo de los ajustes improcedentes los casos de González López
Marcela, Flórez Morales Rodrigo Antonio, Prada Reyes Andrés y Colavizza Floyd Ana
María, y aclaró que en el CD anexó se enlistaban 111 registros.
9. Los ajustes por la conducta de mora al SENA e ICBF son improcedentes
para los trabajadores que devengan hasta 10 SMMLV
Sostuvo que el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 exoneró a las empresas
contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE de realizar aportes
a salud, SENA e ICBF respecto de los trabajadores que devenguen hasta 10 SMMLV.
Precisó que la UGPP no atendió el citado tope frente a 9 trabajadores, con lo que se
impuso una obligación inexistente. Refirió los casos de Hue Solano Yovanny, Rivera
Márquez Wilder, Montes de Oca Victoria Juan Carlos y Lozano Antonio José, e indicó
que en el CD anexó se detallan 162 registros.
10. No se tuvo en cuenta el tope máximo de la base de cotización
Expuso que la UGPP no tuvo en cuenta que el límite legal de la base de cotización
fijado en 25 SMMLV (art. 3 del Decreto 510 de 2003) se debe interpretar respecto de
los días laborados y no del mes completo. Afirmó que en relación con 13 trabajadores
se estableció un IBC de $60.885.000.
Medida cautelar
Solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados por
violación al debido proceso12.
11
Exp. 28085, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
12
Esa medida fue negada por el tribunal mediante auto del 15 de junio de 2017. Fls. 57 a 69 del cuaderno de suspensión
provisional.
7
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OPOSICIÓN
La UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente13:
Sostuvo que conforme a las competencias asignadas por el legislador para determinar
la correcta, adecuada y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales
procedió a incluir en el IBC todos los pagos que no habían sido tenidos en cuenta por
el aportante al momento de realizar la autoliquidación.
Precisó que no estableció una tercera norma producto de combinaciones procesales,
por el contrario, fundó los actos en el marco normativo que creó la UGPP y que
delimita su competencia (art. 156 de la Ley 1151 de 2007) y, en la disposición que
consagró el procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones
(art. 180 de la Ley 1607 de 2012), que entró a regir a partir de su promulgación y que
por ser de carácter procesal es de aplicación inmediata. Advirtió que en el caso
concreto se aplicó la Ley 1607 de 2012 teniendo en cuenta que el requerimiento para
declarar y/o corregir se profirió el 25 de noviembre de 2014.
En relación con la falta de liquidación de los intereses moratorios afirmó que en los
actos se señaló expresamente que los valores determinados a favor del sistema de la
protección social los generarían desde la fecha del vencimiento del plazo para
presentar la autoliquidación hasta que se pague, y comoquiera que estos son una
obligación de tracto sucesivo, el aportante es quien tiene que actualizarlos en el
momento que decida realizar el pago.
Aseguró que si bien es cierto al juez laboral le corresponde conocer de los conflictos
entre empleador y trabajador derivados del contrato de trabajo, también lo es que la
entidad tiene a su cargo la función de verificar la ocurrencia de los hechos generadores
de la obligación, así como el pago oportuno y correcto de los aportes al sistema de la
protección social, lo que implica la interpretación de las cláusulas contractuales para
determinar si contienen factores salariales a partir de los reportes contables y/o de
nómina.
Explicó que la Directora General de la UGPP por medio de la Resolución nro. 118 de
2013, en uso de las facultades constitucionales y legales distribuyó las competencias
previstas por el legislador para la entidad, y no se requería su publicación en el Diario
Oficial porque estaba dirigido a los funcionarios, por lo que bastaba su notificación a
los interesados para que fuera eficaz y produjera efectos.
Señaló que no existe diferencia entre los valores registrados en el archivo SQL y los
informados en la nómina, por lo que los ajustes deben persistir. Reseñó la forma en la
que se realizó el cálculo del IBC y se refirió a los aportes de Hurtado Vallecilla Carlos
Julio con novedad de suspensión en agosto de 2013, precisando que la entidad tuvo
en cuenta el IBC del periodo anterior (julio de 2013), y que el ajuste se produjo porque
13
Fls. 189 a 223 c.p. 1.
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la demandante no incluyó en el IBC el valor de la suspensión, lo que no fue desvirtuado
con el recurso de reconsideración. Informó que igual situación se presenta en el caso
de los trabajadores Escobar Potes Pedro Nel y González Palomino Beatriz.
Aseguró que por la duración de las vacaciones disfrutadas se pagan aportes a salud
y pensión sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad al inicio
del descanso, y no a la ARL ante a la ausencia de riesgo asegurable por la no
prestación del servicio. Y se pagan aportes al SENA, ICBF y CCF porque el descanso
remunerado integra la nómina de salarios que a su vez es la base gravable de esos
subsistemas. Destacó que las vacaciones compensadas en dinero solo son base de
aportes al sistema parafiscal.
Analizó el caso de Rueda Castro Lina Mercedes, Ayalde Restrepo Juan Guillermo y
Pallares Cotes Boris Daniel, a partir de lo cual concluyó que la entidad tuvo en cuenta
el salario base de cotización anterior al período de descanso, y cuando había lugar,
aplicó el límite del 40% de los pagos no constitutivos de salario, así como el límite de
base gravable de 25 SMMLV.
En relación con la novedad de ingreso y de retiro de los trabajadores, precisó que la
entidad tuvo en cuenta los días efectivamente laborados, puso como ejemplo el caso
de Aparicio Godoy Luisa Fernanda, respecto de quien en la nómina se reportaron 20
días, pero con ocasión del recurso de reconsideración se acreditaron 17, lo que dio
lugar a modificar los días laborados, sin embargo, se produjeron ajustes en el valor de
los aportes porque el pago de la demandante fue inferior al que correspondía. Precisó
que igual situación se presentó respecto de Trujillo Roldán Catalina y Tascón Cruz
Ligia Emma.
Indicó que los aportes de los trabajadores con permisos remunerados se calcularon
sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha de la
novedad. Revisó los trabajadores Vélez Gómez Humberto y Flórez Martínez Germán
Ernesto, y concluyó que los ajustes persistieron porque no se realizó el pago sobre el
excedente del límite del 40% y no se tuvieron en cuenta todos los valores informados
en la nómina.
Frente a las suspensiones temporales, manifestó que carece de sustento el cargo
porque en el caso de Quintero Pontón Hader, cuestionado por la demandante, no se
registró la citada novedad.
En lo que tiene que ver con los aportes determinados en períodos no fiscalizados,
afirmó que la entidad realizó los ajustes conforme a las pruebas que el aportante
allegó, lo que generó su disminución.
Sobre los ajustes que se eliminaron del subsistema de salud, pero persistieron en el
de pensiones, afirmó que el planteamiento no fue objeto de discusión en sede
administrativa, no obstante, aclaró que los ajustes menores a $1.000 no se reflejan en
la liquidación, y revisó el caso de Velásquez Vargas Merari, cuyo ajuste en el sistema
de salud fue de $700 y en el de pensión $1.000, razón por la cual, solo este último se
incluyó en la liquidación.
9
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Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
Analizó también el caso de Calderón Ceballos Jaime Alberto, precisando que la
demandante no tuvo en cuenta el límite para la exoneración de aportes a salud para
los contribuyentes del CREE, liquidándolos sobre una tarifa del 4%, razón por la cual,
solo se produjeron ajustes en ese sistema y no en el de pensiones por no tener
incidencia la exoneración. Frente a Gutiérrez Moreno Omar Ventura, señaló que la
aportante lo registró en la planilla PILA como subtipo cotizante 1, que son los que no
cotizan a pensión, sin embargo, no allegó la prueba de tal condición y se produjeron
ajustes solo a ese sistema.
Respecto de los trabajadores que recibieron bonificación por retiro, indicó que la
UGPP consideró el pago como no salarial teniendo en cuenta el límite del 40%.
Además, señaló que el plan de acuerdo transaccional por retiro voluntario mencionado
por la demandante no se encuentra en el expediente, por lo que no existen pruebas
que permitan verificar lo alegado.
En lo que se refiere a la conducta de mora en los subsistemas de SENA e ICBF para
los trabajadores que devengan hasta 10 SMMLV (exoneración contribuyente CREE),
sostuvo que es un hecho nuevo que no fue planteado en la actuación administrativa,
sin embargo, analizó los trabajadores indicados por la actora y concluyó que no aplica
la exoneración porque tienen pactado salario integral que es superior al tope legal, y
en otros casos, el total remunerado es superior. Agregó que el citado beneficio aplica
a partir del año 2013, por lo que los registros del año 2011 no son susceptibles del
mismo.
Por último, expuso que los trabajadores referidos en la demandada no superaron el
tope de los 25 SMMLV, por lo que carece de fundamento el cargo propuesto y, en
consecuencia, debe negarse.
AUDIENCIA INICIAL
El 4 de julio de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de
la Ley 1437 de 201114. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades
procesales, nulidades o excepciones que debieran ser declaradas. Se aclaró que la
medida cautelar fue resuelta en auto previo. El litigio se concretó en determinar la
legalidad de los actos demandados.
Acto seguido, se tuvieron como pruebas las aportadas con la demanda y su
contestación, se ordenó a la UGPP remitir copia de la hoja de trabajo de Excel que
fue utilizada para generar el formato SQL y se negaron las demás pruebas solicitadas
por la actora. Contra la negativa de pruebas se interpuso recurso de reposición que
fue resuelto desfavorablemente en la misma audiencia.
Por otra parte, mediante auto del 22 de noviembre de 2018 15, se incorporó la prueba
documental allegada por la UGPP, y se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.
14
Fls. 239 a 250 c.p. 1.
15
Fls. 271 a 272 c.p. 1.
10
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SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada declaró la nulidad parcial de los actos demandados y a título de
restablecimiento del derecho le ordenó a la UGPP: (i) corregir y efectuar los cálculos
correspondientes, considerando los montos registrados en los comprobantes de pago
y la nómina reportada por la empresa aportante y (ii) subsanar el yerro respecto de la
inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la
demandante en su nómina de salarios. Negó las demás pretensiones y se abstuvo de
condenar en costas, con fundamento en lo siguiente16:
Manifestó que en las resoluciones acusadas la UGPP hizo referencia a la Ley 1151
de 2007 (creación de la entidad), a los Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013
(competencias funcionales de las dependencias) y a la Ley 1607 de 2012 (reiteración
de competencia de la unidad), con lo que se le puso en conocimiento del aportante la
facultad legal que ejerce la entidad y el procedimiento aplicable, sin que ello implique
conjugación de normas. Negó el cargo.
Indicó que la falta de cuantificación de los intereses moratorios en los actos
demandados no configura causal de nulidad alguna, pues aquellos son determinables
y se generan por mandato legal, además, su causación depende del pago efectivo de
la obligación por el aportante, y en los actos se especificó la forma en la que debían
calcularse. Negó el cargo.
Consideró que la UGPP tiene competencia para ejercer las funciones de fiscalización,
determinación y cobro de las contribuciones de la protección social, por lo que se
puede valorar el material probatorio aportado, entre otros, los contratos laborales, para
determinar el carácter salarial o no de los pagos realizados y, por consiguiente,
establecer si hacen parte del IBC. Negó el cargo.
Señaló que, si bien la Resolución nro. 118 del 6 de marzo de 2013 no se publicó en el
Diario Oficial o en la Gaceta de la entidad, ese hecho no vicia de nulidad los actos
acusados, pues la falta de publicación afecta la eficacia u oponibilidad respecto de
terceros, pero no los requisitos de validez, máxime cuando se trata de un acto de
distribución de competencias al interior de la entidad. Aclaró que las facultades
sancionatorias de la UGPP provienen del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012. Negó
el cargo.
Para resolver sobre los aportes por los días de suspensión o licencia no remunerada,
analizó el caso de González Palomino Beatriz Eugenia tomando el IBC del período
anterior a la novedad y aplicando la tarifa del 12.5% de salud, luego de lo cual,
concluyó que la demandante pagó las cotizaciones sobre una base inferior a la que
correspondía, por lo que confirmó los ajustes. Negó el cargo.
En relación con las vacaciones disfrutadas, verificó el caso del trabajador Ayalde
Restrepo Juan Guillermo y concluyó que los ajustes debían persistir porque la entidad
16
Fls. 299 a 349 c.p. 1.
11
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liquidó los aportes sobre el último salario base de cotización anterior al inicio del
descanso, como lo prevé el artículo 70 del Decreto 806 de 1998. Negó el cargo.
Revisó los días laborados de los trabajadores con novedades de ingreso y retiro, los
comparó con los datos de los actos acusados y destacó que, si bien la UGPP respetó
y realizó los ajustes por inexactitud con base en los mismos días reportados, lo cierto
es que existen diferencias en los valores sin justificación alguna. Analizó el caso de
Trujillo Roldan Catalina quien según la nómina recibió $39.300, pero en el archivo SQL
figuran $98.250.
Por lo anterior, ordenó a la demandante la revisión de los ajustes que tuvieron como
fundamento presunción de valores. Prosperó el cargo.
Sostuvo que la UGPP determinó el IBC de las licencias remuneradas teniendo en
cuenta el último salario base de cotización anterior a la novedad, como lo ordena el
artículo 70 del Decreto 806 de 1998. Analizó el caso del trabajador Martínez Tangarife
Gildardo Antonio y negó el cargo.
Respecto de las suspensiones y/o licencias no remuneradas, afirmó que no hay lugar
a verificar la forma como se calculó el IBC y los aportes, comoquiera que en el caso
del trabajador Quintero Pontón Hader, señalado por la actora, no se registró dicha
novedad en el período fiscalizado (septiembre - 2011). Negó el cargo.
En cuanto a la inclusión en el IBC de las bonificaciones no pagadas en los períodos
fiscalizados, tras analizar el caso de Gómez Gómez Gloria Elcy, encontró probado que
la entidad incluyó dicho concepto en el período revisado, pese a que en la nómina no
se informó su pago. Prosperó el cargo.
Afirmó que, ante la falta de actividad probatoria de la actora para demostrar sus
argumentos, no prospera el cargo respecto de los ajustes a pensión. Revisó el caso
del trabajador Gutiérrez Moreno Omar Ventura. Negó el cargo.
En relación con las bonificaciones por retiro, precisó que no se evidenciaron los planes
transaccionales alegados por la parte demandante, ni los documentos que otorguen
certeza sobre la naturaleza conciliatoria de las indemnizaciones por retiro. Negó el
cargo.
Señaló que conforme con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, la exoneración de
aportes al ICBF y SENA aplica respecto de los trabajadores que devenguen menos
de 10 SMMLV y que en el caso de los salarios integrales el límite se debe determinar
sobre el 70% al tenor del artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
Aseguró que la exoneración de aportes al sistema de salud para quienes no superen
el límite salarial no aplica para los períodos fiscalizados, comoquiera que comenzó a
regir a partir del 1º de enero de 2014. Negó el cargo.
Indicó que de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 510 de 2010 y la sentencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado del 2 de octubre de 201917 no le asiste razón
17
Exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
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a la demandante al alegar que el límite de 25 SMMLV para la determinación del IBC
puede ser calculado de manera proporcional a los días laborados. Analizó el caso del
trabajador Parrado Bolaños Álvaro Evelio. Negó el cargo.
En conclusión, solo prosperaron los cargos de nulidad relacionados con que la UGPP
tomó valores diferentes a los registrados en los documentos de nómina, pese a que
tuvo en cuenta correctamente el número de días laborados, y con la inclusión de
bonificaciones en períodos diferentes a los reportados por la aportante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada apeló la sentencia en los siguientes términos18:
En cuanto al cargo que prosperó relacionado con los mayores valores que tomó la
UGPP en los actos frente a los registrados en los documentos de nómina, indicó que
la trabajadora Trujillo Roldan Catalina -analizada por el a quo-, reportó 3 días
laborados y 2 de incapacidad, y un salario por el año 2013 de $589.500, por lo tanto,
el valor de los 5 días correspondía a $98.250, como se registró en el archivo SQL.
Mencionó que la aportante solo tuvo en cuenta 2 días laborados equivalentes a
$39.300, por lo que incurrió en la conducta de inexactitud al haber pagado sobre un
IBC inferior al que correspondía. Agregó que de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo
40 del Decreto 1406 de 1999 (norma vigente para la época de los hechos), es
obligación del empleador cancelar los 2 primeros días de incapacidad y, por ende,
tenerlos en cuenta para el cálculo del IBC.
En relación con los pagos por bonificaciones que no fueron reportadas en la nómina
de la mensualidad fiscalizada, explicó que en el caso de la trabajadora Gómez Gómez
Gloria Elcy, el tribunal con base en la nómina encontró probado que para el periodo
de diciembre de 2011 no se realizó pago por concepto de bonificación, sin embargo,
estaba registrado en la contabilidad, motivo por el cual, el ajuste debe persistir.
Advirtió que lo mismo ocurrió con otros trabajadores, que la bonificación se registró
en los auxiliares contables y no en la nómina, por lo que la entidad incluyó el valor en
el archivo Excel y las calificó como no constitutivas de salario.
Señaló que en los casos en los que se probó que el pago de la bonificación no sucedió
en el período fiscalizado, la entidad procedió a eliminar o modificar el ajuste.
La parte demandante19 desarrolló los siguientes cargos de apelación:
Creación de tercera norma, irretroactividad de la norma, caducidad de la
potestad sancionatoria, firmeza de las declaraciones y falsa motivación
18
Índice 10 de SAMAI Archivo: «33_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_01RECURSOAPE(.pdf)
NroActua 10».
19
Índice 10 de SAMAI Archivo: «34_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_CORREO_02RECURSOAPE(.pdf)
NroActua 10».
13
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Precisó que en el fallo de primera instancia no se apreciaron debidamente las normas
procesales y sustanciales, y presenta vicios propios de las providencias judiciales, por
no estudiarse la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012, pese a que desde la
demanda se hizo referencia a esta en conjunto con la Ley 1151 de 2007.
Indicó que, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, a los períodos
fiscalizados 2011 no les aplicaba la Ley 1607 de 2012, sino el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, que remitía al Estatuto Tributario para los aspectos no regulados como
el término de firmeza.
Por consiguiente, señaló que para la fecha en la que se notificó el requerimiento para
declarar y/o corregir (18 de diciembre de 2014), las declaraciones del año 2011
estaban en firme, porque habían transcurrido los 2 años que prevé el artículo 714 del
ET.
Falta de competencia
Reiteró la falta de competencia de la Subdirección de Determinación de Obligaciones
Parafiscales para proferir la liquidación oficial, argumentando que los Decretos 5021
de 2009 y 575 de 2013, que contemplan las funciones de la entidad y sus
dependencias, fueron proferidos por el Presidente de la República por fuera del plazo
de seis (6) meses concedido por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Por
consiguiente, solicitó que se inapliquen vía excepción de inconstitucionalidad y,
además, porque con estos no se podían asignar competencias y funciones al interior
de la UGPP, por carecer de fuerza de ley.
Dijo que la UGPP se apropió de funciones propias de los jueces laborales cuando
constató los pagos percibidos por los trabajadores y determinó cuáles constituían o
no salario.
Indebida valoración de las pruebas. Aporte correcto. Incremento injustificado del
IBC
Señaló que el tribunal no valoró las pruebas aportadas y decretadas en el proceso y
no estudió la totalidad de los trabajadores sobre los cuales solicitó su revisión en la
demanda. Agregó que en el CD aportado se encuentra un archivo Excel denominado
«Novedad SLN» donde se observa el total de registros sobre los cuales la UGPP
desconoció la novedad de las licencias y/o permisos no remunerados, pues en caso
de presentarse la misma, el monto a cotizar es del 8,5% y no del 4% del empleado
como erróneamente lo entiende la UGPP.
En relación con la novedad de vacaciones, sostuvo que el a quo estableció criterios y
fundamentos frente a solicitudes que no fueron planteadas por la actora, pues en su
criterio el juez de primera instancia debió examinar la inobservancia del artículo 70 del
Decreto 806 de 1998 respecto de cada uno de los trabajadores contenidos en el
archivo Excel, allegado con la demanda.
Por último, explicó que para los trabajadores que percibieron salario integral, el límite
de 10 SMMLV para la exoneración de los aportes al ICBF y SENA se debe determinar
con el IBC en salud, es decir, sobre lo que corresponde a la parte salarial (70%).
14
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante reiteró los cargos expuestos en la demanda y en el recurso de
apelación20.
La parte demandada pidió que se tuvieran en cuenta los argumentos planteados en
la contestación de la demanda y en el recurso de apelación21.
El Ministerio Público22 solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, por
las siguientes razones:
Afirmó que la UGPP no creó una tercera norma, sino que, por el contrario, hizo
referencia a las disposiciones que le otorgan competencia en materia de parafiscales.
Agregó que la «Lex Tertia» es una figura del derecho penal que permite aplicar la
favorabilidad de la norma y dejar de lado lo desfavorable.
Manifestó que la demandada no se abrogó competencias del juez laboral, toda vez
que la UGPP tiene facultades legales para ejercer funciones de fiscalización,
determinación y cobro de las contribuciones parafiscales.
Expuso que si bien el demandante aseguró haber adjuntado los soportes probatorios
que permitieran verificar la realidad de las novedades de los trabajadores, lo cierto es
que el tribunal valoró bajo las reglas de la sana crítica las pruebas aportadas y
confirmó los ajustes de González Palomino Beatriz Eugenia y Ayalde Restrepo Juan
Guillermo.
Sostuvo que la exoneración en salud para los contribuyentes del CREE operaba a
partir del 1º de enero de 2014, y como los períodos fiscalizados son anteriores a esa
fecha, no hay lugar al beneficio.
En relación con el caso de la trabajadora Trujillo Roldán Catalina aseguró que no se
allegó soporte que acreditara valores diferentes a los determinados por la entidad, por
lo que consideró que el cargo no prospera.
Señaló que no le asiste razón a la UGPP en argumentar que el pago de la bonificación
no se evidenció en la nómina sino en la contabilidad de la sociedad, por lo que el cargo
no está llamado a prosperar.
CONSIDERACIONES
Decide la Sala sobre la legalidad de la Liquidación Oficial nro. RDO 484 del 12 de
junio de 2015 expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
20
Índice 27 de SAMAI.
21
Índice 30 de SAMAI.
22
Índice 28 de SAMAI.
15
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Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
UGPP contra la demandante por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
de los aportes al sistema de la protección social por los periodos de enero a diciembre
de 2011 y 2013, e impuso sanción por inexactitud en el año 2013 y, de la Resolución
nro. RDC 407 del 1º de agosto de 2016, por la que la Dirección de Parafiscales resolvió
el recurso de reconsideración en el sentido de modificar el acto recurrido para
disminuir los aportes y la sanción.
1. Cuestión previa
1.1 Impedimento
El magistrado Milton Chaves García manifestó su impedimento para conocer del
presente asunto23, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 141 del CGP24, toda vez que su cónyuge tiene interés directo en las resultas
del proceso porque en ejercicio del medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad demandó los artículos 20 del Decreto 5021 de 200925 y 21 del
Decreto 575 de 201326, expedidos por el Gobierno Nacional27, normas cuya
inaplicación se solicita en este asunto.
Para resolver, se advierte que mediante auto del 9 de diciembre de 200328, se precisó
que para que se configure dicha causal de impedimento -interés directo o indirecto en
el proceso- debe existir un interés particular, personal, cierto y actual, que tenga
relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida
una decisión imparcial. En consecuencia, la expresión interés directo o indirecto,
contenida en esta causal de impedimento se debe restringir a situaciones que afecten
el criterio del fallador por consideraciones que comprometan su independencia,
serenidad de ánimo o transparencia en el proceso.
En este caso, se encuentra fundada la manifestación de impedimento, toda vez que
la parte actora solicitó la inaplicación de los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013,
por considerar que el Presidente de la República los profirió por fuera del plazo de
seis (6) meses concedidos por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y, además,
porque con estos no se podían asignar competencias y funciones al interior de la
UGPP, por carecer de fuerza de ley, cuestión que debe ser analizada por esta Sala,
de modo que, como lo puso de presente el magistrado Milton Chaves García, dado el
interés que le asiste a su esposa en este tema, por ser parte dentro del proceso que
actualmente cursa en la Sección Primera de esta Corporación, se vería comprometida
su imparcialidad.
En consecuencia, quedará separado del conocimiento del proceso y la Sala procederá
a dictar sentencia, puesto que cuenta con el cuórum decisorio conformado por la
mayoría de sus integrantes.
23
Índice 33 de SAMAI.
24
«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso».
25
Se refiere a las funciones asignadas a la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP.
26
Esta norma se ocupa de las funciones que le corresponden a la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP.
27
Radicado 11001-03-24-000-2015-00489-00 que se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado, Magistrado
Sustanciador Dr. Oswaldo Giraldo López. A la fecha, el citado proceso se encuentra en trámite.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de diciembre de 2003, expediente S-166.
Consejero Ponente, Dr. Tarsicio Cáceres Toro.
16
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
1.2 Alcance del recurso de apelación
La parte demandante, en el recurso de apelación, se refirió al cargo propuesto en la
demanda y al análisis realizado por el tribunal en relación con la creación de una
tercera norma, sin embargo, en el desarrollo de dicho cargo alegó la firmeza de las
declaraciones PILA del año 2011, en los siguientes términos:
«Tanto el cargo planteado en el escrito de demanda, como los alegatos de conclusión
presentados en el curso del proceso, la parte demandante planteó el problema de la doble
aplicación de dos normas; la ley 1607 de 2012 y la Ley 1151 de 2007 sin discriminación a todos
los periodos fiscalizados por la UGPP es decir del 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/10/2013
(sic) al 31/12/2013, desconociendo que la Ley 1607 de 2012 no podía ser aplicada a los periodos
fiscalizados correspondientes a la anualidad 2012, esta situación no es desconocida por el
despacho ni por el Consejo de Estado, la aplicación retroactiva de la norma de forma sistemática
ha conllevado a la nulidad de cientos de actos administrativos proferidos por la UGPP. […].
En ese orden, como el legislador para los periodos fiscalizados no había indicado de forma
expresa en cuánto tiempo concurre la firmeza de las liquidaciones privada, en concreto para el
presente asunto la firmeza de las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes, se debe hacer
remisión expresa del artículo 714 del Estatuto Tributario, […].
[…] solicitamos a los Magistrados de segunda instancia, se sirvan declarar la nulidad de los
actos administrativos demandados y como restablecimiento del derecho se sirvan declarar la
firmeza de las declaraciones en forma subsidiaria la caducidad de la potestad sancionatoria».
La Sala pone de presente que en la demanda Riopaila Castilla S.A. propuso el cargo
que tituló: «SEGUNDO CARGO: CREACIÓN DE TERCERA NORMA PARA DESARROLLO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO – VIOLACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS. Este cargo imputado, solo
demuestra la improvisación con la que se generó el acto administrativo denominado Liquidación Oficial
No. RDO 484 del 12/06/15, atendiendo los procedimiento para realizar los proceso de fiscalización
contenidos en la Ley 1151 de 2007 y en la Ley 1607 de 2012, es decir “realizaron una combinación de
normas para crear un procedimiento legal que no se encontraba en ninguna disposición, esta situación
es lo que la doctrina y la jurisprudencia ha llamado la “Tercera Norma y/o Lex Tertia”, situación que
genera doctrina nulidad debido a que impide que las personas sujetos de investigaciones
administrativas conozcan las norma procedimental que garantiza sus derechos, contradicción y al
debido proceso» y, frente al mismo, en la audiencia inicial el tribunal fijó el litigio en los
siguientes términos: «3) ¿Adolece de nulidad la Liquidación Oficial por haber conjugado o
combinado la UGPP dos procedimientos contenidos en dos normas diferentes, inobservando
el principio de integralidad de la norma? (aquí se estudiará si la UGPP creó una “tercera
norma” durante el proceso de fiscalización adelantado contra RIOPAILA CASTILLA S.A. como
lo alega la censura», sin que la parte actora haya presentado manifestación alguna al
respecto29.
Como se observa, el cargo de firmeza de las liquidaciones es un argumento que no
fue propuesto en la demanda, razón por la cual, frente al mismo, la contraparte no
tuvo oportunidad de contradecirlo y el tribunal de analizarlo.
Así las cosas, la Sala se abstendrá de abordar su estudio, en tanto que, si bien,
conforme al artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
sobre los argumentos expuestos por el apelante, no se puede obviar que estos deben
ser consonantes con lo planteado en la demanda, pues de lo contrario se vulneraría
el derecho de defensa y contradicción de la contraparte y se desatendería el objeto
del recurso de apelación, que no es otro que el superior examine la cuestión decidida,
29
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «3ED_CUADERNOPRINCIPAL_CUADERNO PRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2».
17
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Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión tomada por el a quo (art. 320 CGP)30.
2. El fondo del asunto
En los términos de los recursos de apelación de la UGPP y de la demandante, la Sala
debe determinar: (i) si los actos fueron proferidos por funcionario sin competencia y si
la entidad puede determinar qué factores constituyen o no salario para establecer el
IBC, (ii) si los ajustes de la trabajadora Trujillo Roldan Catalina con novedades de
retiro e incapacidad en el mismo período (junio - 2013) se calcularon correctamente,
(iii) si las bonificaciones que se encuentran reportadas en la contabilidad y no en la
nómina deben integrar el IBC, (iv) si la UGPP calculó de forma correcta el IBC de los
trabajadores que presentaron la novedad de vacaciones y licencias remuneradas y (v)
si cuando el IBC corresponde al tope de cotización (25 SMMLV), los aportes se
calculan de forma proporcional a los días laborados.
2.1 Competencia de la UGPP para expedir los actos demandados. Excepción
de inconstitucionalidad de los Decreto 5021 de 2009 y 575 de 2013. Reiteración
de jurisprudencia31
En el recurso de apelación, la parte actora cuestionó la decisión del tribunal de negar
el cargo de falta de competencia de la UGPP para expedir los actos demandados,
reforzando su posición con la excepción de inconstitucionalidad respecto de los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013.
Para el efecto, expuso que los citados decretos fueron proferidos por fuera del plazo
de los seis (6) meses concedidos por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 para
«expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y el sistema específico de
carrera para los empleados de la entidad» y, además, porque con estos no se podían
asignar competencias y funciones al interior de la UGPP, por carecer de fuerza de ley.
Sobre la competencia de la UGPP para adelantar las acciones de fiscalización y
proferir los actos de liquidación cuando se cuestiona la constitucionalidad de las
normas que otorgaron las citadas facultades, se reitera lo expuesto por la Sala en la
sentencia del 15 de octubre de 202132, en el sentido que, fue a través de los Decretos
16833 y 16934 de 2008 que el Gobierno estableció el sistema específico de carrera de
la UGPP y reglamentó el ejercicio de las funciones de la entidad, respectivamente, los
que fueron proferidos y publicados el 23 de enero de 200835, es decir, dentro del plazo
de seis (6) meses siguientes a la publicación de la Ley 1151 de 2007, que tuvo lugar
el 25 de julio de ese año36.
En el Decreto 5021 de 2009, el Gobierno Nacional estableció «la estructura y
organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
30
En el mismo sentido, cfr. la sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp. 22652, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
31
Sentencia del 24 de febrero de 2022, Exp. 24670, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
32
Exp. 23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33
«Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP».
34
«Por el cual se establecen las funciones de la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social».
35
Diario Oficial No. 46.880 de 23 de enero de 2008.
36
Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007.
18
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Parafiscales de la Protección Social – UGPP- y las funciones de sus dependencias»,
derogado por el artículo 33 del Decreto 575 de 2013, expedido por la misma autoridad,
y por medio del cual se «modifica la estructura» de la entidad y se determinan las
funciones de sus dependencias.
Se precisa que los Decretos 5021 de 2009 (derogado) y 575 de 2013, fueron dictados
por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el
numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política37, en consonancia con el
artículo 54 de la Ley 489 de 199838 que prevé los principios y reglas generales que
debe observar el Gobierno para modificar la estructura de los ministerios,
departamentos administrativos y los demás organismos administrativos del orden
nacional. Así se desprende de la primera parte del contenido de los citados decretos
al aludir a las mismas como fundamento de competencia para su expedición.
Téngase en cuenta que la remisión a las anteriores normas (arts. 189 CP y 54 de la
Ley 489 de 1998) obedece a la voluntad del legislador, quien en el inciso sexto del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 estableció que «la UGPP ejercerá sus funciones de
acuerdo con lo que defina la reglamentación que en el ejercicio de sus potestades
constitucionales expida el Gobierno Nacional».
Por lo expuesto, se concluye que el término de los seis (6) meses previsto en el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, se predica respecto de los Decretos 168 y 169
de 2008, por los que el Gobierno estableció el sistema específico de carrera de la
UGPP y reglamentó el ejercicio de las funciones de la entidad, plazo que no se puede
hacer extensivo a los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, dictados por el Presidente
de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 16 del artículo
189 de la Constitución Política. Así las cosas, en el presente caso, no se evidencia
contrariedad con normas de rango superior, que conduzca a la inaplicación de los
decretos expedidos en el año 2013, vía excepción de inconstitucionalidad.
Ahora, en cuanto a la competencia de la UGPP para proferir los actos administrativos
demandados, se advierte que, del estudio armónico de las normas (Ley 1151 de 2007
(art. 156), Decretos 169 de 2008 (art. 1), 5021 de 2009 (arts. 7, 18 num. 9 y 20 num.
10) y 575 de 2013 (arts. 7, 19 num. 8 y 21 num. 10), derogatorio del Decreto 5021 de
2009), dicha entidad tiene asignada la competencia de fiscalización y determinación
de las contribuciones al sistema de la protección social39, para lo cual, la Subdirección
de Determinación de Obligaciones podrá «[p]roferir los requerimientos, las liquidaciones
oficiales y demás actos de determinación de las obligaciones de acuerdo con la ley» y la
Dirección de Parafiscales «[r]esolver los recursos de reconsideración que sean interpuestos
contra las liquidaciones oficiales que sean proferidas por la Subdirección de Determinación
de Obligaciones, en los términos establecidos en la ley».
37
«Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: […].
16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos
nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley».
38
«Artículo 54. Principios y reglas generales con sujeción a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los
Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional. Con el objeto de modificar,
esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás
entidades u organismos administrativos nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República
conforme a las previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los siguientes principios y
reglas: (…)».
39
En este sentido Cfr. la sentencia del 2 de octubre de 2019, Exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Por lo anterior, en este caso, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP tenía competencia para proferir la Liquidación Oficial nro. RDO 79 del 28 de
enero de 2015 y la Dirección de Parafiscales de la misma entidad para expedir la
Resolución nro. RDC 393 del 15 de diciembre de 2015, por la que se resolvió el
recurso de reconsideración contra la liquidación.
Finalmente, se precisa que, conforme al análisis normativo realizado en precedencia,
la UGPP tiene competencia para adelantar las acciones e investigaciones con el
objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de la protección
social, comprobar la exactitud de las declaraciones de autoliquidación y determinar la
completa y oportuna liquidación de aportes, lo que comprende tanto la aplicación de
las normas laborales para efectos de establecer el IBC como el examen y valoración
de las pruebas que considere pertinentes, necesarias y útiles para tal fin.
Por lo expuesto, se concluye que los actos demandados fueron expedidos por las
dependencias competentes, razón por la cual, no prospera el cargo de apelación.
2.2 Competencia de la UGPP para determinar el IBC de los aportes con
destino al sistema de la protección social. Reiteración de jurisprudencia40
Riopaila Castilla S.A. considera que la UGPP carece de competencia para determinar
qué pagos constituyen o no salario, pues este asunto está reservado a la jurisdicción
ordinaria laboral.
Al respecto, debe señalarse que como se analizó con anterioridad, la UGPP tiene
asignada la competencia de fiscalización y determinación de las contribuciones al
sistema de la protección social41, para lo cual, la Subdirección de Determinación de
Obligaciones podrá proferir las liquidaciones oficiales y la Dirección de Parafiscales
resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra aquella.
Dicha entidad tiene competencia para adelantar las acciones e investigaciones con el
objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de la protección
social, comprobar la exactitud de las declaraciones de autoliquidación y determinar la
completa y oportuna liquidación de aportes, lo que comprende la aplicación de las
normas laborales para efectos de establecer el IBC.
En ejercicio de la anterior atribución, la UGPP puede analizar los medios probatorios
que estén a su alcance, incluidos los contratos laborales, todo, con el objeto de
verificar qué pagos de los que recibe el trabajador deben integrar la base gravable,
competencia que es independiente de la asignada a los jueces para dirimir los
conflictos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, pues en
estos últimos casos, el análisis se realiza a partir de la relación trabajador – empleador,
y no Autoridad Tributaria – aportante como ocurre en la labor de fiscalización que
adelanta la mencionada entidad.
Por lo anterior, se concluye que la UGPP sí tenía competencia para constatar qué
pagos de los que reciben los trabajadores vinculados a la sociedad demandante
40
Sentencia del 24 de marzo de 2022, Exp. 25826, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
41
En ese sentido Cfr. las sentencias del 2 de octubre de 2019, Exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 15 de
octubre de 2021, Exp. 23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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constituyen o no salario para efectos de determinar el ingreso base de cotización,
motivo por el cual, no prospera el cargo de apelación.
2.3 Ajustes de la trabajadora Trujillo Roldan Catalina con novedades de retiro
e incapacidad en el mismo período (salud - junio de 2013)
El tribunal encontró probado que la UGPP liquidó los ajustes de los trabajadores con
novedades de ingreso y/o retiro conforme a los días que fueron reportados en la
nómina de la sociedad, sin embargo, evidenció diferencias en los valores sin
justificación alguna. Analizó el caso de la trabajadora Trujillo Roldan Catalina quien
según consta en la nómina laboró 3 días y recibió $39.300, pero en el archivo SQL
figuran $98.250.
La UGPP en la apelación afirmó que frente a esta a trabajadora en la nómina se
reportaron 3 días laborados y 2 de incapacidad, y un salario por el año 2013 de
$589.500, por lo tanto, el valor de los 5 días correspondía a $98.250. Aclarando que
es obligación del empleador pagar los primeros 2 días de incapacidad, los que se
deben tener en cuenta para el cálculo del IBC (art. 40 (pár. 1) del Decreto 1406 de
1999). Precisó que la diferencia entre el IBC de la demandante y el de la entidad radica
en que la primera solo tuvo en cuenta 2 días.
Para resolver el cargo, la Sala procederá a analizar el caso de la misma trabajadora
a efectos de establecer si resulta procedente la orden impartida por el a quo.
Según la información de nómina, en el mes de junio de 2013 Trujillo Roldan Catalina
laboró 3 días y estuvo incapacitada 2, recibiendo pagos salariales en el mismo período
por $39.30042.
En el archivo SQL se registró la siguiente información en relación con la liquidación
de aportes efectuada:
Año Mes Nombre Días Días Novedad Auxilio Total IBC
trabajador trabajados incapacidad monetario remunerado salud
2013 6 Trujillo 3 2 Incapacidad 39.300 39.300 98.250
Roldan
Catalina
Lo anterior confirma los días a los que hizo alusión la UGPP en el recurso de apelación
(3 laborales y 2 de incapacidad), encontrando la Sala que la discrepancia de la entidad
radica en que el tribunal para efectuar el cálculo de los aportes no tuvo en cuenta lo
recibido por los días de incapacidad.
El artículo 7043 del Decreto 806 de 1998 prevé que durante la incapacidad laboral
deben realizarse los aportes correspondientes, los cuales se liquidarán sobre un IBC
42
Fl. 265 CD carpetas: «ANTECEDNETES ADMINISTRATIVOS», «HECHO 3 Y 4», «CORRESPONDENCIA»,
«20145141800722», «CD», «Nominas Mensuales». Archivo «Formato nominas Salario 2013 Riocas».
43
«Artículo 70. Cotización durante la incapacidad laboral, la licencia de maternidad, vacaciones y permisos remunerados. Para
efectos de liquidar los aportes correspondientes al período durante el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riesgo
común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización, el valor de la incapacidad o de la licencia de
maternidad según sea el caso, manteniéndose la misma proporción en la cotización que le corresponde al empleador y al
trabajador [...]».
21
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conformado por el valor de la incapacidad, atendiendo al porcentaje que le
corresponde al empleador y al trabajador.
Sobre los sistemas a los que deben efectuarse los aportes, el artículo 4044 del Decreto
1406 de 1999 señala que durante los períodos de incapacidad hay lugar al pago de
las cotizaciones a los sistemas de salud y pensiones.
Por su parte, el parágrafo 1 del citado artículo, en la versión vigente para el período
fiscalizado, disponía que «serán de cargo de los respectivos empleadores las prestaciones
económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad laboral originada por
enfermedad general, tanto en el sector público como en el privado [...]»45.
Atendiendo que durante el período de incapacidad se causan aportes al subsistema
fiscalizado (salud), que el valor de la incapacidad conforma el IBC y que los 2 primeros
días los asume el empleador, la determinación del IBC de la trabajadora analizada es
el siguiente:
Salario 2013 Mes 6 Valor día laborado
$589.50046 $19.65047.
Días laborados 3 58.950
Días de Incapacidad 2 39.300
Total 5 98.250
En consecuencia, le asiste razón a la UGPP al calcular el IBC sobre el valor diario
multiplicado por los 5 días (3 laborales y 2 incapacidad), como fue sustentado en el
recurso, motivo por el cual, prospera el cargo de apelación y se confirman los ajustes
realizados por la UGPP frente a la trabajadora Trujillo Roldan Catalina (salud – junio
de 2013).
2.4 Integración al IBC de bonificaciones reportadas en la contabilidad y no en
la nómina
El tribunal analizó el caso de Gómez Gómez Gloria Elcy (diciembre - 2011),
relacionado en la demanda, y encontró probado que la UGPP incluyó en el IBC pagos
por bonificaciones que no fueron reportados en la nómina correspondiente a la
mensualidad fiscalizada.
En el recurso de apelación, la UGPP explicó que el a quo solo tuvo en cuenta la
información de nómina, pero el ajuste se produjo porque el pago de la bonificación en
el período fiscalizado estaba reportado en los libros auxiliares y no en la nómina,
motivo por el cual, consideró procedente el ajuste liquidado.
44
«Artículo 40. Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades o la licencia de maternidad. Durante los períodos de
incapacidad por riesgo común o de licencia de maternidad, habrá lugar al pago de los aportes a los Sistemas de Salud y de
Pensiones. Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al período por el cual se reconozca al afiliado una incapacidad
por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización el valor de la incapacidad o licencia
de maternidad según sea el caso [...]».
45
Modificado por el Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013, vigente a partir de esa fecha.
46
Conforme con lo reportado en nómina, la trabajadora para el año 2013 reportaba un salario de $589.500.
47
Salario de $589.500 dividido en 30 días.
22
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Verificado el comprobante de nómina de la trabajadora, correspondiente al mes de
diciembre del año 201148, se advierte que recibió los siguientes pagos: $2.299.422
(sueldo) y $64.000 (auxilio de movilidad), para un total de $2.363.422.
En los libros auxiliares contables se reportó la siguiente información económica en el
mismo período:
Nombre del trabajador Año Mes Número de Valor pagos que Valor pagos
nómina nomina días hacen parte del que no hacen
trabajados IBC – SUELDO parte del IBC
auxilio
vehicular
Gómez Gómez Gloria Elcy 2011 12 30 2.299.422 64.000
Conforme a lo anterior, se advierte que coincide lo reportado en los documentos de
nómina y en los contables, en relación con lo devengado por la trabajadora, pues en
ambas pruebas consta el mismo valor por concepto de sueldo ($2.299.422) y de
auxilio ($64.000).
En cuanto al archivo SQL, se observa que la UGPP para el periodo de diciembre de
2011 calculó los aportes incluyendo una bonificación por la suma de $2.792.266, como
se evidencia a continuación:
Pagos no IBC Calculo Art. 30 Ley 1393
Días
Año Mes Trabajador Sueldo Auxilios no Bonificación Total Total
trabajados
constitutivos pagos no remunerado
IBC
2011 12 Gómez Gómez 30 2.229.422 64.000 2.792.266 2.856.266 5.085.688
Gloria Elcy
Nótese que, en este caso, para efectos de establecer el total remunerado y realizar el
cálculo del límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, la entidad tuvo en
consideración, además de los conceptos de sueldo y auxilio, una bonificación en
cuantía de $2.797.266, que no aparece reportada en la información de nómina ni en
la contable.
Del ejemplo analizado se concluye que no le asiste razón a la UGPP al afirmar que
las bonificaciones que tuvo en consideración para efectos de liquidar el IBC del
período fiscalizado coinciden con los pagos que según la información contable se
pagaron en esa mensualidad. Motivo por el cual, no prospera el cargo de apelación
y se confirmará la orden del tribunal en ese sentido.
2.5 Novedades de licencias no remuneradas
La sociedad actora indicó que la UGPP calculó erróneamente el IBC de los
trabajadores que registraron suspensión temporal, pues conforme con el artículo 71
del Decreto 806 de 1998 debe tomarse el IBC del mes anterior por los días en los que
se registró la novedad. Solicitó que se revisaran dos registros del trabajador Quintero
Pontón Hader que se detallaban en el CD anexo a la demanda.
48
Fl. 265 CD carpetas: «ANTECEDNETES ADMINISTRATIVOS», «HECHO 3 Y 4», «CORRESPONDENCIA»,
«20145141800722», «CD», «Nominas Mensuales». Archivo «Formato nominas Salario 2011 Riocas».
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El tribunal encontró probado, a partir del contenido de la Resolución nro. RDC 407 del
1º de agosto de 2016, que el señor Quintero Pontón Hader no presentó la novedad de
licencia remunerada en el período fiscalizado (septiembre - 2011), motivo por el cual,
se abstuvo de verificar si el IBC por la duración de la novedad se determinó con el del
período anterior al que inició.
En el recurso de apelación, la sociedad expuso que el a quo no valoró las pruebas
aportadas y decretadas en el proceso y no estudió la totalidad de los trabajadores sobre
los cuales solicitó su revisión en la demanda. Agregó que en el CD aportado se
encuentra un archivo Excel denominado «Novedad SLN» donde se detalla el total de
registros sobre los cuales la UGPP desconoció la novedad, y que el monto a cotizar es
del 8,5% correspondiente al empleador, y no el 4% restante del trabajador.
Se precisa que revisado el CD anexo a la demanda que aduce como prueba la
demandante, este no contiene archivo con nombre «Novedad SLN». Obra una carpeta
denominada «CD ENTREGABLE RECURSO DE RECONSIDERACION» en la que se
encuentra el archivo Excel «CONCEPTOS», con un libro llamado «SLN» que detalla
solamente dos registros del trabajador Quintero Pontón Hader (septiembre - 2011), tal
como se enunció en la demanda.
Ahora bien, revisada la nómina de Riopaila Castilla S.A. de septiembre de 2011, se
evidencia que no se registró la novedad de suspensiones o licencias no remuneradas
respecto del mencionado trabajador49. Además, en el archivo Excel anexo no se
observan ajustes por tal novedad, motivo por el cual, como lo sostuvo el tribunal, ante
la ausencia del registro de la situación administrativa frente al aludido trabajador, no
hay razón para revisar si el IBC se realizó conforme lo prevé el artículo 71 del Decreto
806 de 1998.
Cabe anotar que, contrario a lo expuesto por la sociedad demandante, el a quo valoró
las pruebas aportadas al proceso, sin embargo, no procedió al estudio del cargo, toda
vez que frente a los dos registros sobre los cuales la actora propuso su reparo no
existía la novedad alegada, cuestión que no fue desvirtuada en segunda instancia,
razón por la cual, no prospera el cargo de apelación, razón por la cual, no prospera el
cargo de apelación.
2.6 IBC de aportes al sistema de la protección social en el caso de vacaciones
disfrutadas. Reiteración de jurisprudencia50
El numeral 1 del artículo 186 del CST prevé que «[l]os trabajadores que hubieren prestado
sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas».
Por su parte, el inciso segundo del artículo 70 del Decreto 806 de 199851 dispone que
«[l]as cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causarán en su totalidad
y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con
49
Fl. 265 CD carpetas: «ANTECEDNETES ADMINISTRATIVOS», «HECHO 3 Y 4», «CORRESPONDENCIA»,
«20145141800722», «Nominas Mensuales». Archivo «Formato nominas Salario 2011 Riocas.
50
Sentencia del 29 de agosto de 2021, Exp. 24735, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
51
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.
24
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anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas
vacaciones o permisos».
En cuanto a la base de liquidación de los aportes al sistema parafiscal (SENA, ICBF
y CCF), el artículo 17 de la Ley 21 de 198252 establece que «[s]e entiende por nómina
mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos
integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación
y además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o
contractuales» [Destaca la Sala].
De lo anterior, se concluye que, cuando las vacaciones son disfrutadas por el
trabajador: i) se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión, para
lo cual debe observarse el IBC anterior al inicio del descanso, ii) no se hacen aportes
a la ARL ante la ausencia de riesgo asegurable (literal c) del artículo 19 del Decreto
1772 de 199453) y iii) en el caso de aportes parafiscales, la suma pagada por ese
concepto se incluye en la base de liquidación, puesto que, por disposición legal,
integra la nómina mensual de salarios.
El a quo analizó el caso del señor Ayalde Restrepo Juan Guillermo quien presentó
ajustes en agosto de 2013 y consideró que la UGPP liquidó los aportes durante las
vacaciones disfrutadas de acuerdo con el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, es
decir, con el salario base de cotización del período anterior a la novedad.
La demandante, en el recurso de apelación, sostuvo que el tribunal tenía que examinar
la correcta aplicación del artículo 70 del Decreto 806 de 1998 respecto de cada uno de
los trabajadores contenidos en el archivo Excel allegado con la demanda, es decir, de
3.375 trabajadores.
Teniendo en cuenta que la sociedad actora en la demanda se refirió a los trabajadores
Rueda Castro Lina Mercedes, Ayalde Restrepo Juan Guillermo, Pallarres Cotes Boris
Daniel, Orduz Bohórquez María Alix y Garay Cesar Ignacio54, que la UGPP en la
contestación de la demanda analizó 3 de los trabajadores referidos, y que el tribunal
solo examinó uno, a partir de lo cual le dio la razón a la entidad, la Sala estudiará los
5 trabajadores señalados por la demandante para efectos de determinar la correcta
liquidación de aportes.
Lina Mercedes Rueda Castro:
• En el archivo SQL la UGPP fiscalizó los aportes a salud y pensión de abril de 2011 y
determinó ajustes por $3.100 y $4.000, por cada subsistema. En la casilla «Observación
Recurso» justificó la liquidación en los siguientes términos «Persiste ajuste. Se calcula
aportes de acuerdo al Art. 70 del Dc. 806 de 1998 IBC vacaciones. Valores reportados en
nómina son superiores al IBC con el que se realizaron los pagos»55.
52
Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones.
53
«Artículo 19 […]
Se consideran novedades:
[…].
c) Vacaciones de un trabajador; […].
Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del empleador, al Sistema General de
Riesgos Profesionales, por las contempladas en los literales b, c, d y f, de este artículo». [Se destaca].
54
Los 5 primeros trabajadores de los 3.374 registros referidos.
55
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
• La trabajadora inició las vacaciones el 19 de marzo de 2011 y las finalizó el 25 de
abril siguiente. Por lo tanto, para calcular los aportes por dicha novedad debe
atenderse el IBC del mes anterior al comienzo del disfrute, es decir, febrero de 2011.
• En la planilla integrada de liquidación de aportes nro. 50626192 correspondiente al
mes de febrero de 2011, los aportes se calcularon sobre un IBC de $2.076.00056.
• Por consiguiente, el IBC de los 25 días de vacaciones disfrutadas en el mes de abril
de 2011 corresponde a $1.730.00057.
• El IBC de los 5 días laborados en el mes de abril de 2011 se determina en función de
los pagos salariales recibidos por la trabajadora durante ese lapso, que según la
nómina son: $170.00058.
• Así, la base de cotización del mes de abril de 2011 corresponde a la suma del IBC de
los 25 días de descanso y los 5 días laborados, cuyo resultado es el siguiente:
$1.730.000 + $170.000 = $1.900.000.
• Verificado el archivo Excel que contiene el detalle de la liquidación que realizó la
entidad, se evidencia que el IBC que utilizó para calcular los aportes por el mes de abril
de 2011 fue de $1.900.00059.
• Revisada la planilla nro. 58673795 que contiene la autoliquidación de los aportes
realizada por la sociedad Riopaila Castilla S.A. por el mes de abril de 2011, se observa
que la base de cotización de las contribuciones de Lina Mercedes Rueda Castro fue
de $1.875.00060.
Las anteriores operaciones se resumen de la siguiente manera:
IBC Aportante (2011-04) IBC UGPP (2011-04) IBC CE (2011-04)
1.875.000 1.900.000 1.900.000
En ese contexto, el IBC determinado por la UGPP, sobre el que se calcularon los
aportes con destino a los sistemas de salud y pensión por el periodo abril de 2011,
corresponde al establecido por la Sala y, por lo tanto, se concluye que la entidad
calculó el IBC como lo ordena el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, esto es, teniendo
en cuenta la base de cotización reportada con anterioridad al inicio del disfrute del
descanso por parte de la trabajadora.
Juan Guillermo Ayalde Restrepo
56
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
57
$2.076.000 / 30 = 69.200 x 25 = $1.730.000
58
Fl. 265 c.p.1. CD carpetas: «ANTECEDNETES ADMINISTRATIVOS», «HECHO 3 Y 4», «CORRESPONDENCIA»,
«20145141800722», «Nominas Mensuales». Archivo «Formato nominas Salario 2011 Riocas»
59
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA»
60
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx»
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
• En el archivo SQL la UGPP fiscalizó los aportes a salud y pensión de agosto de 2013
y determinó ajustes por $5.500 y $7.100, por cada subsistema. En la casilla
«Observación Recurso» justificó la liquidación en los siguientes términos: «[p]ersiste
ajuste. Se calcula aportes de acuerdo al Art. 70 del Dc. 806 de 1998 IBC vacaciones. Valores
reportados en nómina son superiores al IBC con el que se realizaron los pagos»61.
• El citado trabajador, en el mes de agosto de 2013 disfrutó de 25 días de vacaciones,
por lo tanto, para calcular los aportes por dicha novedad debe atenderse el IBC del
mes anterior, es decir, julio de 2013.
• En la planilla integrada de liquidación de aportes nro. 88566525 correspondiente al
mes de julio de 2013, los aportes se calcularon sobre un IBC de $5.773.00062.
• Por consiguiente, el IBC de los 25 días de vacaciones disfrutadas en el mes de agosto
de 2013 corresponde a $4.810.83363.
• El IBC de los 5 días laborados en el mes de agosto de 2013 se determina en función
de los pagos recibidos por el trabajador por ese lapso, que según la nómina, son:
$909.133 (sueldo)64 y $1.611.893 (bonificación compensación variable)65, total
remunerado: $2.521.026.
No obstante, al existir un pago por bonificación no constitutivo de salario debe aplicarse
el límite del 40% respecto del total remunerado, valor que debe agregarse al IBC
($603.482)66. En ese contexto, el IBC de los días laborados es de: $909.133 +
$603.482= $1.512.615.
• Así, la base de cotización del mes de agosto de 2013 corresponde a la suma del IBC
de los 25 días descansados y los 5 días laborados, cuyo resultado es el siguiente:
$4.810.833 + $1.512.615 = $6.323.449 aproximado a $6.323.000.
• Verificado el archivo Excel que contiene el detalle de la liquidación que realizó la
entidad, se evidencia que el IBC que utilizó para calcular los aportes por el mes de
agosto de 2013 fue de $6.323.00067.
• Revisada la planilla nro. 94415851 que contiene la autoliquidación de los aportes
realizada por la sociedad Riopaila Castilla S.A, por el periodo agosto de 2013, se
observa que la base de cotización de las contribuciones fue de $ 6.279.00068.
Las anteriores operaciones se resumen de la siguiente manera:
61
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
62
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
63
5.773.000 / 30 = 192.433 x 25 = 4.810.833.
64
Casilla 15 «15. Valor pagos que hacen parte del IBC SCB_I_SUELDO».
65
Casilla 27 «27. Valor pagos que no hacen parte del IBC CCB_I_BON_LIB_VAR».
66
Esa cifra surge de multiplicar el total remunerado $2.521.026 por el 40% = $1.008.410 y restarle el valor de la bonificación
$1.611.893.
67
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
68
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
IBC Aportante (2013-08) IBC UGPP (2013-08) IBC CE (2013-08)
6.279.000 6.323.000 6.323.000
En ese contexto, se tiene que, el IBC determinado por la UGPP, sobre el que esa
entidad calculó los aportes con destino a los sistemas de salud y pensión por el
periodo agosto de 2013, corresponde al establecido por la Sala y, por lo tanto, se
concluye que la demandada calculó del IBC como lo ordena el artículo 70 del Decreto
806 de 1998, esto es, teniendo en cuenta la base de cotización reportada con
anterioridad al inicio del disfrute del descanso por parte del trabajador.
Boris Daniel Pallares Cotes
• En el archivo SQL la UGPP fiscalizó los aportes al sistema de salud de diciembre de
2011 y determinó ajustes por $885.200. En la casilla «Observación Recurso» justificó la
liquidación en los siguientes términos: «[p]ersiste ajuste. Se calcula aportes de acuerdo al
Art. 70 del Dc. 806 de 1998 IBC vacaciones. Valores reportados en nómina son superiores al
IBC con el que se realizaron los pagos»69.
• En el mes de diciembre de 2011 el trabajador disfrutó de 30 días de vacaciones. Por
lo tanto, para calcular los aportes por dicha novedad debe atenderse el IBC del mes
anterior, es decir, noviembre de 2011.
• En la planilla integrada de liquidación de aportes nro. 99050878 correspondiente al
mes de noviembre de 2011, los aportes se calcularon sobre un IBC de $6.309.00070.
• Por consiguiente, el IBC de los 30 días de vacaciones disfrutadas en el mes de
diciembre de 2011 corresponde a $6.309.000.
• Verificado el archivo Excel que contiene el detalle de la liquidación que realizó la
entidad, se evidencia que el IBC que utilizó para calcular los aportes por el mes de
diciembre de 2011 fue de $13.390.000, porque incluyó un pago no constitutivo de
salario por la suma de $15.035.433, que no está reflejado en la nómina del aportante.
• Revisada la planilla nro. 2487218 que contiene la autoliquidación de los aportes
realizada por la sociedad Riopaila Castilla S.A, se observa que la base de cotización
de las contribuciones de Boris Daniel Pallares Cotes fue de $ 6.309.00071.
Las anteriores operaciones se resumen de la siguiente manera:
IBC Aportante (2011-12) IBC UGPP (2011-12) IBC CE (2011-12)
6.309.000 $13.390.000 6.309.000
En ese contexto, el IBC determinado por la demandante, sobre el que calculó los
aportes a salud por el periodo diciembre de 2011, corresponde al establecido por la
Sala y, por lo tanto, se concluye que Riopaila Castilla S.A. calculó el IBC como lo
69
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
70
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
71
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
ordena el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, esto es, teniendo en cuenta la base de
cotización reportada con anterioridad al inicio del disfrute del descanso por parte del
trabajador. Se destaca que, la UGPP al determinar el IBC incluyó bonificaciones que
no se encontraban en la nómina de la actora, por lo que, como se analizó en el anterior
cargo (integración al IBC de bonificaciones reportadas en la contabilidad y no en la
nómina), debe subsanarse dicho error excluyendo las bonificaciones que no fueron
reportadas en la nómina de salarios.
María Alix Orduz Bohórquez
En el archivo SQL la UGPP fiscalizó los aportes a salud de junio de 2013 y determinó
ajustes por $537.500. En la casilla «Observación Recurso» justificó la liquidación en los
siguientes términos: «[p]ersiste ajuste. Se calcula aportes de acuerdo al Art. 70 del Dc. 806
de 1998 IBC vacaciones. Valores reportados en nómina son superiores al IBC con el que se
realizaron los pagos»72.
• La trabajadora inició las vacaciones el 28 de mayo de 2013 y transcurrieron hasta el
2 de julio siguiente. Por lo tanto, para calcular los aportes por dicha novedad debe
atenderse el IBC del mes anterior al comienzo del disfrute, es decir, abril de 2013.
• En la planilla integrada de liquidación de aportes nro. 74501770 correspondiente al
mes de abril de 2013, los aportes se calcularon sobre un IBC de $7.911.00073.
No obstante, revisada la información de nómina de abril de 2013, se evidencia que la
trabajadora recibió un salario integral de $17.443.768, por lo que, el porcentaje salarial
que será al tiempo la base gravable es el 70%, dando como resultado $12.210.637.
• Por consiguiente, el IBC de los 30 días de vacaciones disfrutadas en el mes de junio
de 2013 corresponde a $12.210.637, aproximado a $12.211.000.
• Verificado el archivo Excel que contiene el detalle de la liquidación que realizó la
entidad, se evidencia que el IBC que utilizó para calcular los aportes por el mes de abril
de 2013 de la trabajadora María Alix Orduz Bohórquez fue de $12.211.00074.
• Revisada la planilla nro. 83630046 que contiene la autoliquidación de los aportes
realizada por la sociedad Riopaila Castilla S.A. por el mes de junio de 2013, se tiene
que la base de cotización fue de $7.911.00075.
Las anteriores operaciones se resumen de la siguiente manera:
IBC Aportante (2013-06) IBC UGPP (2013-06) IBC CE (2013-06)
7.911.000 $12.211.000 $12.211.000
72
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
73
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
74
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
75
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
En ese contexto, el IBC determinado por la UGPP, sobre el que calculó los aportes
con destino al sistema de salud por el periodo junio de 2013, corresponde al
establecido por la Sala y, por lo tanto, se concluye que la entidad calculó el IBC como
lo ordena el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, esto es, teniendo en cuenta la base
de cotización del mes anterior al inicio del disfrute del descanso por parte de la
trabajadora.
Cesar Ignacio Garay
• En el archivo SQL la UGPP fiscalizó los aportes a salud, pensión, fondo de solidaridad
pensional y ARL de diciembre de 2011 y determinó ajustes por $495.900, $634.700,
$57.600 y $41.400, por cada subsistema. En la casilla «Observación Recurso» justificó
la liquidación en los siguientes términos «[p]ersiste ajuste. Se calcula aportes de acuerdo
al Art. 70 del Dc. 806 de 1998 IBC vacaciones. Valores reportados en nómina son superiores
al IBC con el que se realizaron los pagos»76.
• El trabajador disfrutó las vacaciones entre el 21 de noviembre de 2011 y el 12 de
diciembre siguiente. Por lo tanto, para calcular los aportes por dicha novedad debe
atenderse el IBC del mes anterior al comienzo del disfrute, es decir, octubre de 2011.
• En la planilla integrada de liquidación de aportes nro. 95696741 correspondiente al
mes de octubre de 2011, los aportes se calcularon sobre un IBC de $5.000.00077.
• Por consiguiente, el IBC de los 12 días de vacaciones disfrutadas en el mes de
diciembre de 2011 corresponde a $2.000.00078.
• El IBC de los 18 días laborados en el mes de diciembre de 2011 se determina en
función de los pagos recibidos por el trabajador por ese lapso, que según la nómina79
son: $2.500.000 (sueldo)80, $500.000 (jornales)81, $2.579.250 (auxilio no constitutivo
de salario)82 y $750.000 (bonificaciones no constitutivas de salario)83, para un total de:
$6.329.250.
• Por consiguiente, la base de cotización del mes de diciembre de 2011 corresponde a
la suma del IBC de los 12 días descansados, los 18 días laborados y el excedente del
40%, cuyo resultado es el siguiente: $2.000.000 + $2.500.000 + $500.000 + $797.550
= $5.797.550.
• Verificado el archivo Excel que contiene el detalle de la liquidación que realizó la
entidad, se evidencia que el IBC que utilizó para calcular los aportes por el mes de
diciembre de 2011 del trabajador Cesar Ignacio Garay fue de $8.611.844, pues la
76
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
77
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
78
5.000.000 / 30 = 1.66.666 x 12 = 2.000.000.
79
Fl. 265 c.p.1. CD carpetas: «ANTECEDNETES ADMINISTRATIVOS», «HECHO 3 Y 4», «CORRESPONDENCIA»,
«20145141800722», «Nominas Mensuales». Archivo «Formato nominas Salario 2011 Riocas.
80
Casilla 15 «15. Valor pagos que hacen parte del IBC SCB_I_SUELDO».
81
Casilla 15 «15. Valor pagos que hacen parte del IBC CCB_I_AJUSTE_PAGO».
82
Casilla 27 «27. Valor pagos que no hacen parte del IBC CCB_AUX_MOV_VEHIC».
83
Casilla 27 «27. Valor pagos que no hacen parte del IBC CCB_I_BON_LIB_VAR».
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
UGPP incluyó un pago no constitutivo de salario por la suma de $6.032.594, que no
está reflejado en la nómina del aportante84.
• Revisada la planilla nro. 4172459 que contiene la autoliquidación de los aportes
realizada por la sociedad Riopaila Castilla S.A. por el mes de diciembre de 2011, se
tiene que la base de cotización de las contribuciones de Cesar Ignacio Garay fue de
$5.000.00085.
Las anteriores operaciones se resumen de la siguiente manera:
IBC Aportante (2011-12) IBC UGPP (2011-12) IBC CE (2011-12)
5.000.000 8.611.844 5.797.500
Como se observa, el IBC determinado por esta Corporación, previa valoración de las
pruebas aportadas al expediente, resulta ser superior al reportado por el aportante e
inferior al indicado por la UGPP, razón por la cual, lo procedente es ordenarle a la
entidad que proceda a realizar el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay, teniendo
en cuenta la suma de $5.797.500
Se advierte que la UGPP al determinar el IBC del trabajador incluyó bonificaciones
que no se encontraban en la nómina de la actora, por lo que, como se analizó en el
anterior cargo (integración al IBC de bonificaciones reportadas en la contabilidad y no
en la nómina), debe subsanarse dicho error excluyendo las bonificaciones que no
fueron reportadas en la nómina de salarios.
De la revisión de los 5 trabajadores enunciados en el recurso de apelación, se
evidencia que no le asiste razón al demandante al afirmar que la UGPP no tuvo en
cuenta la base de cotización reportada con anterioridad al inicio del descanso para
calcular los aportes de los trabajadores por los días de duración de las vacaciones
(art. 70 Decreto 806/98), pues las diferencias surgieron en la forma de fijar la base
gravable, pero por los días laborados en el mismo periodo, por lo tanto, no encuentra
mérito la Sala para revisar los 3374 registros que según la actora se encuentran en la
misma situación.
Por lo anterior, prospera parcialmente el cargo de apelación presentado por la parte
actora.
2.7 Exoneración de aportes a trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV
a favor del ICBF y del SENA
La sociedad apelante consideró que para los trabajadores que estén vinculados bajo
la modalidad de salario integral, la exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley
1607 de 2012 (límite de 10 SMMLV) debe determinarse respecto del IBC del
subsistema de salud, y no sobre el total percibido teniendo en cuenta que únicamente
el 70% es la parte salarial.
84
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpeta: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414» archivo: «ANEXO RDC 407
RIOPAILA».
85
Fl. 223 c.p.1. C.D. antecedentes administrativos. Carpetas: «RIOPAILA CASTILLA SA 900087414», «Respuestas Digitales»
«Completar», «Pila» archivo «900087414.xlsx».
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00124-01 [25623]
Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
Para la época de los hechos, la exoneración del pago a salud y aportes parafiscales
respecto de las personas jurídicas declarantes del impuesto de renta estaba regulada
en el artículo 25 de la Ley 1607 de 201286, norma que establecía que «[…] estarán
exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje
(SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes […]» [Se
destaca].
El artículo 31 de la citada ley adicionó un parágrafo al artículo 204 de la Ley 100 de
1993 que indicaba que «[a] partir del 1º de enero de 2014, estarán exoneradas de la
cotización al Régimen Contributivo de Salud del que trata este artículo, las sociedades
y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, por sus trabajadores que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes» [Se destaca].
Del contenido de las normas se extrae que la exoneración del pago de los aportes
parafiscales (ICBF y SENA) es para los trabajadores que «devenguen» hasta 10
SMMLV, entendido dicho límite, en función de los pagos que naturalmente integrarían
el IBC, es decir, aquellos calificados según las normas laborales como salariales.
Ahora, tratándose de los trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario integral,
el referido límite se calculará a partir del porcentaje salarial (70%), que es el que
integra la base gravable, y no sobre el prestacional (30%)87.
Al respecto, en la sentencia del 24 de febrero de 202288, la Sala señaló que «por
“devengo” debe entenderse únicamente los pagos que reciba el trabajador por concepto de
salario, de manera que tratándose de salario integral no se tendría en cuenta la parte
prestacional».
Para resolver, lo primero que advierte la Sala es que le asiste razón al a quo al indicar
que no es procedente la exoneración de los aportes en salud, toda vez que, la norma
regía a partir del 1º de enero de 2014 y los periodos fiscalizados son 2011 y 2013.
Ahora bien, en relación con los aportes al ICBF y SENA, se advierte que la Ley 1607
de 2012 estableció que la exoneración aplicaba a partir de la reglamentación del
sistema de retención en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la
equidad CREE, por lo que conforme al artículo 2 del Decreto 806 de 2013, aplica a
partir del 1º de mayo de 2013.
En el caso particular, los períodos fiscalizados son enero a diciembre de los años 2011
y 2013, por lo tanto, el análisis del presente cargo se limitará a los ajustes que se
generaron por los meses de mayo a diciembre de 2013. Se tendrá en cuenta que el
salario mínimo mensual legal vigente para la época correspondía a $589.500, de
suerte que el límite para que opere la exoneración es de $5.895.000 (10 SMMLV) 89.
86
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». Derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de
2016.
87
Ver artículos 132 del CST, 18 de la Ley 100 de 1993, 49 de la Ley 782 de 2002 y 5 de la Ley 792 de 2003.
88
Exp. 25302 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
89
Ver artículo 1 del Decreto 2738 de 2012.
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Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
Se observa que, en la demanda, Riopaila Castilla S.A. mencionó que la UGPP no tuvo
en cuenta la exoneración respecto de 9 trabajadores, sin embargo, solo mencionó 4.
Además, en el CD que anexó como prueba no se evidencia algún listado o documento
adicional que haga alusión a este cargo, por lo que la Sala procederá al análisis de
los trabajadores señalados por la actora.
Trabajador Salario integral Factor salarial Aplica exoneración
(70%) Si No
Yovanny Hue Sola 8.249.424 5.774.596 x
Juan Carlos Montes de Oca Victoria 8.275.200 5.792.640 x
Antonio José Lozano 8.124.644 5.687.250 x
El trabajador Rivera Márquez Wilder no será analizado comoquiera que los ajustes
realizados por la UGPP correspondían al periodo 2011, es decir, antes de la entrada
en vigencia de la exoneración prevista en la Ley 1607 de 2012.
Del análisis de los tres trabajadores relacionados en el cuadro que antecede, se tiene
que el factor salarial de todos era menor al límite del 10 SMMLV para la época
($5.895.000), por lo que procedía la exoneración de los aportes al ICBF y SENA.
Así las cosas, prospera el cargo de apelación y, en consecuencia, se le ordenará a la
UGPP exonerar de los aportes parafiscales (SENA e ICBF) a los trabajadores que
devengaron salario integral hasta 10 SMMLV por el periodo de mayo a diciembre de
2013, teniendo en cuenta el porcentaje salarial (70%).
Por otra parte, y teniendo en cuenta que procede la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, se le ordenará a la UGPP la devolución de los valores
que resulten de la reliquidación ordenada en esta providencia, siguiendo para el efecto
el procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa
verificación de los pagos realizados por la aportante.
En lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago de los gastos por la defensa
jurídica y por concepto de un auxiliar en el trámite administrativo, la Sala pone de
presente que en el expediente no están probados, razón suficiente para negar la
pretensión.
En conclusión, se concuerda con el tribunal en que procede la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados (ordinal primero), sin embargo, se modificará el
ordinal segundo de la sentencia apelada, en tanto que lo procedente, a título de
restablecimiento del derecho, es ordenarle a la UGPP que practique una nueva
liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos correspondientes, considerando
los montos registrados en los comprobantes de pago (liquidaciones de contrato) y la
nómina reportada por la empresa aportante, (ii) subsane el yerro respecto de la
inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la
demandante en su nómina de salarios, (iii) reliquide los aportes al ICBF y SENA en
los casos de los trabajadores que devengaron salario integral en los periodos de mayo
a diciembre de 2013, sobre un IBC del 70% de la remuneración, atendiendo el límite
de 10 SMMLV, (iv) realice el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay (salud,
pensión, FSP y ARL - diciembre 2011), teniendo en cuenta como IBC la suma de
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Demandante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
$5.797.500, (v) disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los
aportes. La UGPP deberá devolver los valores que resulten de la reliquidación
ordenada en esta providencia (art. 311 de la Ley 1819 de 2016), previa verificación de
los pagos realizados por la aportante. En lo demás, se confirmará.
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton
Chaves García. En consecuencia, queda separado del conocimiento de este proceso.
2. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 27 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B”, el cual queda así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP
realizar una nueva liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos
correspondientes, considerando los montos registrados en los comprobantes de
pago (liquidaciones de contrato) y la nómina reportada por la empresa aportante,
(ii) subsane el yerro respecto de la inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos
diferentes a los reportados por la demandante en su nómina de salarios, (iii)
reliquide los aportes al ICBF y SENA en los casos de los trabajadores que
devengaron salario integral en los periodos de mayo a diciembre de 2013, sobre
un IBC del 70% de la remuneración, atendiendo el límite de 10 SMMLV, (iv) realice
el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay (salud, pensión, FSP y ARL -
diciembre 2011), teniendo en cuenta como IBC la suma de $5.797.500 y (v)
disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.
La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que resulten de la
reliquidación ordenada en esta providencia, siguiendo para el efecto el
procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa
verificación de los pagos realizados por la aportante.
3. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada.
4. Sin condena en costas en esta instancia.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen
y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara el voto
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