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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03681-00

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03681-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por Riopaila Castilla S.A. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03681-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

23 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por Riopaila Castilla S.A. contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el
Consejo de Estado Sección Cuarta y la Sala Veintidós Especial de Decisión del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 17 de julio de 20241 Riopaila Castilla S.A., a través de apoderado judicial2,
interpuso acción de tutela3 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Consejo de Estado Sección
Cuarta, al proferir las sentencias del 27 de febrero de 2020 y del 25 de agosto de
2022, respectivamente, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho iniciado por la sociedad accionante en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ─ UGPP (rad. 25000-23-37-000-2017-00124-00/01). También
reprochó la sentencia del 5 de abril de 2024 proferida por la Sala Veintidós Especial
de Decisión del Consejo de Estado que declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto contra la decisión de segunda instancia del 25 de agosto de
2022 (rad. 11001-03-15-000-2023-04705-00).

1
Índice 1, expediente digital de tutela.
2
Obra poder en el certificado 7477CDB217628628 95E58D280B38ECC6 C04D8AD368090D0D B5AFCFABA7A282FC,
índice 2, expediente de tutela digital.
3
Obra escrito de tutela en el certificado E22BC43C673C5894 FB626CA88B4F6F88 D5F011702EB4510F
5144BFE9A892C933, índice 2, expediente de tutela digital.

2
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

1.1. Hechos

1.1.1. El 2 de febrero de 20174 Riopaila Castilla S.A. presentó el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho5 contra la UGPP a fin de que se dejara
sin efectos el oficio de liquidación 484 de 12 de junio de 2015 y la Resolución 407
de 1 de agosto de 2016, actos administrativos a través de los cuales la actora fue
sancionada por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes
al sistema de protección social para los periodos comprendidos entre enero a
diciembre de los años 2011 y 2013.

1.1.2. La referida demanda correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, a través de sentencia del 27 de febrero de 20206, declaró la
nulidad parcial de los actos demandados, debido a que el actor solamente logró
probar la configuración de los cargos relacionados con el error en el que incurrió la
UGPP al incluir en la liquidación valores diferentes a los registrados en los
documentos de nómina, por lo que a título de restablecimiento ordenó corregir y
efectuar los cálculos correspondientes, teniendo en cuenta los montos registrados
en los comprobantes de pago y la nómina reportada por la empresa.

1.1.3. Inconforme con esta decisión, la UGPP7 y la parte demandante8 presentaron
recurso de apelación. Riopaila Castilla S.A., entre otros aspectos, argumentó que
se debía declarar la nulidad total de los actos administrativos demandados, toda vez
que la UGPP creó una tercera norma, al aplicar de manera retroactiva la Ley 1607
de 2012, cuando la normativa aplicable era la Ley 1151 de 2007, específicamente
en relación con el término en que las declaraciones tributarias cobran firmeza.

1.1.4. En segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de
sentencia del 25 de agosto de 20229, modificó la decisión de primera instancia en
relación con el restablecimiento del derecho10, mientras que los demás aspectos
fueron confirmados.

4
Obra acta de reparto a folio 283, archivo 3ED_CUADERNOPRINCIPAL_CUADERNOPRINCIPAL1, certificado
A8298BB5FA646B30 E5D74E1C5D2BA891 A5C98A35F50B0BED 0C78ABF46F0E205F, índice 15, expediente de tutela
digital.
5
Obra a folios 4-72, Ibidem.
6
Obra a folios 537-637, Ibidem.
7
Obra en el archivo 33_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_01RECURSOAPE, certificado
A8298BB5FA646B30 E5D74E1C5D2BA891 A5C98A35F50B0BED 0C78ABF46F0E205F, índice 15, expediente de tutela
digital.
8
Obra en el archivo 34_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_02RECURSOAPE, Ibidem.
9
Obra certificado 092E1857E0C9E225 795E34A281E69EBA E71527E9D94FFFBD ACB38336FFB6C473, índice 34,
expediente ordinario 25000-23-37-000-2017-00124-01.
10
En concreto dispuso: “SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP realizar una nueva
liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos correspondientes, considerando los montos registrados en los
comprobantes de pago (liquidaciones de contrato) y la nómina reportada por la empresa aportante, (ii) subsane el yerro
respecto de la inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la demandante en su nómina

3
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

En concreto, el ad quem consideró que solamente hasta el escrito de apelación se
desarrolló el argumento de la firmeza de las declaraciones del año 2011, sin que
fuera propuesto en la demanda, por lo que se abstuvo de abordar su estudio.

1.1.5. La accionante formuló recurso extraordinario de revisión11 contra la sentencia
del 25 de agosto de 2022. La parte actora invocó la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA, al considerar que la decisión de 25 de agosto de 2022 es nula por falta de
congruencia entre lo pedido y lo fallado.

Específicamente Riopaila Castilla S.A. advirtió que la sentencia de segunda
instancia pretermitió estudiar el argumento relacionado con la creación de una
tercera norma, pese a que (i) dicho silogismo fue planteado desde la demanda, (ii)
la UGPP tuvo la oportunidad de contradecirlo y (iii) el Tribunal de primera instancia
lo analizó.

1.1.6. La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, a través de
sentencia del 5 de abril de 202412, declaró infundado el recurso de revisión
interpuesto al considerar que la sentencia objeto de revisión no desconoció el
principio de congruencia, pues con ocasión del recurso de apelación, la segunda
instancia no podía resolver las nuevas censuras, comoquiera que la Sección Cuarta
del Consejo de Estado resolvió el objeto de debate, esto es, el cargo formulado en
la apelación, otra cosa es que no abordara el estudio de fondo del reparo propuesto,
en tanto el apelante no podía modificarlo con ocasión del recurso de alzada.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. La accionante alegó que se le vulneraron sus derechos fundamentales al
entender que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
En concreto propuso los argumentos que se exponen a continuación.

de salarios, (iii) reliquide los aportes al ICBF y SENA en los casos de los trabajadores que devengaron salario integral en los
periodos de mayo a diciembre de 2013, sobre un IBC del 70% de la remuneración, atendiendo el límite de 10 SMMLV, (iv)
realice el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay (salud, pensión, FSP y ARL - diciembre 2011), teniendo en cuenta como
IBC la suma de $5.797.500 y (v) disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes”.
11
Obra en el certificado FAC39B158B6A6C28 06F5418ABAD6FFC4 A313F579F224BC3D 567A27EFA30285EE, índice 2,
trámite extraordinario de revisión radicado 11001-03-15-000-2023-04705-00.
12
Obra en el certificado 84ACFC056D03DF39 23C6913DB14EFB5F 3E54BBD061CB0B1E 60DE4E9AD80809F0, índice 48,
trámite extraordinario de revisión radicado 11001-03-15-000-2023-04705-00.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

Defecto sustantivo. La parte actora alegó que, a pesar de que los cargos
relacionados con la violación al debido proceso en la que incurrió la UGPP al aplicar
de forma conjunta la Ley 1151 de 2007 y la Ley 1607 de 2012 (lex tertia) y de manera
retroactiva esta última norma fueron expuestos de forma reiterada en el escrito de
demanda, los alegatos de conclusión de primera instancia, el recurso de apelación
y los alegatos de conclusión de segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado se abstuvo de pronunciarse en relación al cargo que la autoridad
denominó como “firmeza de las declaraciones”, bajo la consideración de que
únicamente fue expuesto en el escrito de apelación.

En ese sentido, los honorables Magistrados debieron analizar integralmente lo que
se expuso en la demanda y en los alegatos de conclusión, tanto de primera como
de segunda instancia y en el recurso de revisión.

Defecto procesal. La parte actora explicó que la UGPP requirió, fiscalizó, liquidó y
sancionó a Riopaila por los periodos de enero a diciembre del año 2011 y 2012, lo
que vulneró arbitrariamente el principio de legalidad tributaria consagrado en los
artículos 150 y 338 de la Constitución, por cuanto la fecha en la cual se le dio
competencia y facultades sancionatorias a la UGPP (Ley 1607 de 2012), fue
posterior a los periodos fiscalizados y sancionados.

Desconocimiento del precedente judicial. La sociedad accionante refirió que el
Consejo de Estado Sección Cuarta, en sentencia de 10 de septiembre de 2014, hizo
expresa alusión a la prohibición de aplicar en forma retroactiva las normas
tributarias.

Violación directa de la Constitución. Sobre el particular afirmó que las autoridades
judiciales accionadas adoptaron decisiones que vulneraron sus derechos
fundamentales.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y defensa, y acceso a
la administración de justicia, a la seguridad jurídica y los demás que se consideren vulnerados,
en congruencia con el respeto por el precedente judicial, de mi representada.

2. En consecuencia:

5
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

a) Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” del 27 de 2020.
b) Se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 25 de agosto de 2022.
c) Se ordene dejar sin efectos la sentencia de proferida por el Consejo de Estado, Sala 22
Especial de Decisión, de fecha 5 de abril de dos mil 2024, notificada el 17 de abril de 2024.
d) Se declare la nulidad parcial de los Actos Administrativos contenidos en la Resolución No.
RDC 407 del 1 de agosto de 2016 y Resolución No. RDO 484 del 12 de junio de 2015, proferidos
por la UGPP, frente a la firmeza de las declaraciones privadas y la irretroactividad de la norma
en materia tributaria.”13.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 19 de julio de 202414 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, al Consejo de Estado Sección Cuarta y a la Sala Veintidós Especial de Decisión
del Consejo de Estado en calidad de demandados y, a la UGPP, en calidad de
tercero con interés.

2.1. Contestaciones

2.1.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca15 señaló que lo que pretende la
accionante es reabrir la discusión de un asunto que fue presentado ante la
jurisdicción y desatado tanto en primera como en segunda instancia por las
autoridades judiciales competentes para ello, con lo cual se pretende convertir la
acción de tutela en una tercera instancia.

2.1.2. De su lado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado16 refirió que el asunto
planteado carece de relevancia constitucional, en tanto se pretende reabrir un
debate legal que ya fue decidido en dos ocasiones por los jueces naturales, la
primera, en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y, la
segunda, con ocasión del recurso extraordinario de revisión.

Aunado a lo expuesto precisó que, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, en
la demanda del proceso ordinario no se formuló el cargo de firmeza de las planillas,
pues en concreto se planteó lo que sigue: “Creación de tercera norma para el
desarrollo del proceso administrativo – violación de normas jurídicas” y, con el

13
Folio 3, certificado E22BC43C673C5894 FB626CA88B4F6F88 D5F011702EB4510F 5144BFE9A892C933, índice 2,
expediente de tutela digital.
14
Obra en el certificado 212BDECF4D104C6A 7AAAFC680527479C 589F8A793E1CEC63 1638978803A444F0, índice 4,
expediente de tutela digital.
15
Obra en el certificado C857B681A1731A2E 79EA8026D4416DF6 CE26E126631BA7BA 1843EFC8466EC57A, índice 10,
expediente de tutela digital.
16
Obra en el certificado 45B3533E634BFFFD CFCF28C72856801F A799570A92F88E97 B73F82A06D4FC755, índice 12,
expediente de tutela digital.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
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recurso de apelación, se modificó al proponerse como: “creación de tercera norma
– irretroactividad de la norma – caducidad de la potestad sancionatoria – firmeza de
la declaración – falsa motivación”.

2.1.3. La UGGP17 alegó que no existe un defecto sustantivo, por cuanto el caso fue
estudiado con base en las normas existentes, sin presentarse contradicción entre
los fundamentos y la decisión, dado que esta acción constitucional no encuentra
razón de ser, ni siquiera como mecanismo excepcional y/o transitorio de protección.

2.1.4. Por su parte, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado18
señaló que lo pretendido por el accionante es propiciar una tercera instancia del
proceso ordinario, tal y como se pretendió a través de la interposición del medio
excepcional de revisión.

En cuanto al caso concreto, refirió que la autoridad judicial de segunda instancia en
ningún momento incurrió en falta de congruencia externa a partir de las actuaciones
del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, dado que la formulación del
cargo “creación de tercera norma” fue variado sustancialmente por la actora al
momento de recurrir en apelación la sentencia de primera instancia, pues
inicialmente, el reparo estaba dirigido a cuestionar la supuesta conjugación de dos
procedimientos previstos en dos normas diferentes, mientras que en la apelación,
la demandante alegó la falsa motivación a partir de la supuesta caducidad de la
facultad sancionatoria de la UGPP como consecuencia de la firmeza de las
declaraciones de los aportes del año 2011 y la aplicación retroactiva de la Ley 1607
de 2012.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.

17
Obra en el archivo RESPUESTA RIO PAILA CASTILLA S.A, certificado A485F8022150421C 2A36BBD444D7502D
9FA74D2B695EF7AC 3FFBF372E3166112, índice 14, expediente de tutela digital.
18
Obra en el certificado 92D39B8C732859EA 33E905AF5C04C8A3 E62B82D0DEB09B4A C91B26AB47D02145, índice 16,
expediente de tutela digital.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.

3. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

3.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”19.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber20: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202221,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,

19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
20
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
21
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-37-
000-2017-00124-00/01, al igual que en el trámite surtido con ocasión de la
interposición del recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado
11001-03-15-000-2023-04705-00, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional, según se explicará.

3.3. Riopaila Castilla S.A. alegó, en esencia, que las autoridades judiciales
accionadas no tuvieron en cuenta que: (i) el Consejo de Estado se abstuvo de
abordar el estudio de la “firmeza de las declaraciones” bajo el argumento de que
dicho cargo no se había planteado en la demanda; y (ii) la UGPP perdió la
competencia temporal por operar la extemporaneidad para adelantar su proceso de
determinación de obligaciones, de conformidad con el artículo 714 del Estatuto
Tributario, por lo que las declaraciones privadas adquirieron firmeza.

3.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la sentencia del 27 de febrero
de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, se dilucidan las siguientes consideraciones:

“Al respecto, esta Sala ha precisado que la sociedad RIO PAILA CASTILLA S.A. indica que la
UGPP desconoció su derecho al debido proceso al conjugar dos procedimientos contenidos en
dos normas diferentes para expedir los actos acusados, pues en la liquidación oficial señaló que
‘EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP. En uso de sus facultades legales en
especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, en
concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012, el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en estas
disposiciones, las normas contempladas en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario
Nacional.’

No comparte la Sala el argumento de la sociedad demandante, consistente en que por el hecho
de citarse en los actos acusados las normas que contemplan las facultades y competencias de
la UGPP se conjuguen dos procedimientos, pues analizadas las resoluciones, se observa que la
entidad hace referencia a la Ley 1151 de 2007, con el fin de poner en conocimiento la norma que
creó la UGPP; se relacionan los Decretos Reglamentarios Nos. 169 de 2008 y 575 de 2013 que
contemplan las competencias funcionales de las dependencias de la entidad; el artículo 178 de
la Ley 1607 de 2012 que reitera la competencia de la entidad en materia de parafiscales; y las
normas del Estatuto Tributario que aplican de forma residual; con el objeto de que el aportante
tenga conocimiento del sustento legal para la expedición de los actos.”22.

22
Folio 570, archivo 3ED_CUADERNOPRINCIPAL_CUADERNOPRINCIPAL1, certificado A8298BB5FA646B30
E5D74E1C5D2BA891 A5C98A35F50B0BED 0C78ABF46F0E205F, índice 15, expediente de tutela digital.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

Por su parte, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia del 25 de
agosto de 2022, explicó:

“La parte demandante, en el recurso de apelación, se refirió al cargo propuesto en la demanda y
al análisis realizado por el tribunal en relación con la creación de una tercera norma, sin embargo,
en el desarrollo de dicho cargo alegó la firmeza de las declaraciones PILA del año 2011, en los
siguientes términos:

«Tanto el cargo planteado en el escrito de demanda, como los alegatos de conclusión
presentados en el curso del proceso, la parte demandante planteó el problema de la doble
aplicación de dos normas; la ley 1607 de 2012 y la Ley 1151 de 2007 sin discriminación a
todos los periodos fiscalizados por la UGPP es decir del 01/01/2011 al 31/12/2011 y del
01/10/2013 (sic) al 31/12/2013, desconociendo que la Ley 1607 de 2012 no podía ser aplicada
a los periodos fiscalizados correspondientes a la anualidad 2012, esta situación no es
desconocida por el despacho ni por el Consejo de Estado, la aplicación retroactiva de la norma
de forma sistemática ha conllevado a la nulidad de cientos de actos administrativos proferidos
por la UGPP. […].

En ese orden, como el legislador para los periodos fiscalizados no había indicado de forma
expresa en cuánto tiempo concurre la firmeza de las liquidaciones privada, en concreto para
el presente asunto la firmeza de las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes, se debe
hacer remisión expresa del artículo 714 del Estatuto Tributario, […].

[…] solicitamos a los Magistrados de segunda instancia, se sirvan declarar la nulidad de los
actos administrativos demandados y como restablecimiento del derecho se sirvan declarar la
firmeza de las declaraciones en forma subsidiaria la caducidad de la potestad sancionatoria».

La Sala pone de presente que en la demanda Riopaila Castilla S.A. propuso el cargo que tituló:
«SEGUNDO CARGO: CREACIÓN DE TERCERA NORMA PARA DESARROLLO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO – VIOLACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS. Este cargo imputado,
solo demuestra la improvisación con la que se generó el acto administrativo denominado
Liquidación Oficial No. RDO 484 del 12/06/15, atendiendo los procedimiento para realizar los
proceso de fiscalización contenidos en la Ley 1151 de 2007 y en la Ley 1607 de 2012, es decir
‘realizaron una combinación de normas para crear un procedimiento legal que no se encontraba
en ninguna disposición, esta situación es lo que la doctrina y la jurisprudencia ha llamado la
‘Tercera Norma y/o Lex Tertia’, situación que genera doctrina nulidad debido a que impide que
las personas sujetos de investigaciones administrativas conozcan las norma procedimental que
garantiza sus derechos, contradicción y al debido proceso» y, frente al mismo, en la audiencia
inicial el tribunal fijó el litigio en los siguientes términos: «3) ¿Adolece de nulidad la Liquidación
Oficial por haber conjugado o combinado la UGPP dos procedimientos contenidos en dos normas
diferentes, inobservando el principio de integralidad de la norma? (aquí se estudiará si la UGPP
creó una ‘tercera norma’ durante el proceso de fiscalización adelantado contra RIOPAILA
CASTILLA S.A. como lo alega la censura», sin que la parte actora haya presentado manifestación
alguna al respecto23.

Como se observa, el cargo de firmeza de las liquidaciones es un argumento que no fue propuesto
en la demanda, razón por la cual, frente al mismo, la contraparte no tuvo oportunidad de
contradecirlo y el tribunal de analizarlo.

Así las cosas, la Sala se abstendrá de abordar su estudio, en tanto que, si bien, conforme al
artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia debe pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por el apelante, no se puede obviar que estos deben ser consonantes con lo planteado
en la demanda, pues de lo contrario se vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la
contraparte y se desatendería el objeto del recurso de apelación, que no es otro que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión tomada por el a quo (art. 320
CGP)24.”25

23
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «3ED_CUADERNOPRINCIPAL_CUADERNO PRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2».
24
En el mismo sentido, cfr. la sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp. 22652, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25
Folios 17-18, certificado 092E1857E0C9E225 795E34A281E69EBA E71527E9D94FFFBD ACB38336FFB6C473, índice
34, expediente ordinario 25000-23-37-000-2017-00124-01.

10
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

Finalmente, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, en la
sentencia del 5 de abril de 2024, precisó:

“[E]n la apelación, la sociedad recurrente insistió en sus pretensiones, para lo cual, considera que
reiteró el cargo «CREACIÓN DE TERCERA NORMA». Sin embargo, a partir del siguiente cuadro
comparativo esta Sala Especial de Decisión observa que, como lo concluyó la Sección Cuarta de
esta corporación, en la apelación, la demandante del proceso ordinario varió sustancialmente la
argumentación inicialmente expuesta en la demanda, pese a que denominó con similar titulación
el cargo:

Cargo formulado en la demanda de Cargo formulado en la apelación de la demandante
nulidad y restablecimiento del contra la sentencia de primera instancia26
derecho
SEGUNDO CARGO: CREACIÓN DE «CARGO PRIMERO DE APELACIÓN: CREACIÓN DE
TERCERA NORMA PARA TERCERA NORMA - IRRETROACTIVIDAD DE LA
DESARROLLO DEL PROCESO NORMA - CADUCIDAD DE LA POTESTAD
ADMINISTRATIVO – VIOLACIÓN DE SANCIONATORIA - FIRMEZA DE LAS DECLARACIÓN -
NORMAS JURÍDICAS FALSA MOTIVACIÓN.

Este cargo imputado, solo demuestra la Frente al presente cargo incluido en la fijación del litigio y
improvisación con la que se generó el resuelto por H. Tribunal de folios 17 y 18 de la sentencia
acto administrativo denominado de primera instancia, consideramos la existencia de una
Liquidación Oficial No. RDO 484 del indebida apreciación de las normas procesales y
12/06/2015, atendiendo a los sustanciales dentro del fallo de primera instancia producido
procedimientos para realizar los por el Honorable Tribunal y además consideramos que el
procesos de fiscalización contenidos en fallo presenta vicios propios de las providencias judiciales
la Ley 1151 de 2007 y en la Ley 1607 de tales como; I) Defecto Sustantivo, II) Decisión sin
2012, es decir, “realizaron una motivación, III) Desconocimiento del precedente Horizontal
combinación de normas para crear un y IV) Violación directa a la constitución, al no haber sido
procedimiento legal que no se estudiado de manera profunda la apelación retroactiva de
encontraba en ninguna disposición, esta la Ley 1607 de 2012 como entraremos a explicar a
situación es lo que la doctrina y la continuación.
jurisprudencia ha llamado la “ Tercera
Norma y/o Lex Tertia”, situación que Tanto el cargo planteado en el escrito de demanda, como
genera nulidad debido a que impide que los alegatos de conclusión presentados en el curso del
las personas sujetos de investigaciones proceso, la parte demandante planteo el problema de la
administrativas conozcan la norma doble aplicación de dos normas; la ley 1607 de 2012 y la
procedimental que garantiza su[s] Ley 1151 de 2007 sin discriminación a todos los periodos
derechos a la defensa, contradicción y fiscalizados por la UGPP es decir del 01/01/2011 al
al debido proceso. 31/12/2011 y del 01/10/2013 al 31/12/2013,
desconociendo que la Ley 1607 de 2012 no podía ser
Esto se puede evidenciar dado que la aplicada a los periodos fiscalizados correspondientes a la
competencia de los funcionarios y los anualidad 2012, está situación no es desconocida por el
actos administrativos se adelantaron despacho ni por el Consejo de Estado, la aplicación
con fundamento en la Ley 1607 de 2012 retroactiva de la norma de forma sistemática ha conllevado
y el Decreto 575 de 2013, en a la nulidad de cientos de actos administrativos proferidos
concordancia con lo dispuesto en la por la UGPP, sentencias falladas con anterioridad por el
Liquidación Oficial No. RDO 484 del despacho que profirió al sentencia, por la Sala que
12/06/2015, que señala: “(…) EL conforma y por el H. Consejo de Estado, es por esta razón
SUBDIRECTOR DE DETERMINACIÓN que consideramos la configuración de los vicios propios de
DE OBLIGACIONES DE LA UNIDAD las providencias judiciales, en especial el desconocimiento
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE del precedente judicial. GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES De hecho, al observar la parte final del párrafo primero de
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP. la página 18 de la sentencia, el despacho tenía
En uso de sus facultades legales en conocimiento de la solicitud elevada por la parte
especial las establecidas en el numeral demandante la indicar que: ‘En efecto, precisa que hubo
10 del artículo 21 del Decreto 575 de una aplicación retroactiva de la norma’, haciendo
2013, en concordancia con lo previsto referencia a la solicitud misma y la finalidad del cargo, sin
en el artículo 156 de la Ley 1151 de embargo, en el desarrollo del cargo el despacho no hace
2007, el artículo 178 de la Ley 1607 de énfasis alguno a dicha situación, que configura a la nulidad
2012, el artículo 1 literal b) del Decreto de los actos administrativos demandados.

Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en
estas disposiciones, las normas En relación con la vulneración, es preciso indicar al
contenidas en el Libro V, Títulos I, IV, V despacho que la UGPP fue creada por medio del artículo
y VI del Estatuto Tributario Nacional 156 de la Ley 1151 de 2007, según el cual se estableció la
(…)”, es decir, La Subdirección de competencia de la entidad administrativa y en relación con
Determinación de Obligaciones el procedimiento el artículo señala:

26
Se transcriben los cargos incluso con errores de la recurrente.

11
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

Parafiscales de la Dirección de
Parafiscales de la UGPP conjugó dos ‘En lo previsto en este artículo, los procedimientos de
procedimientos contenidos en dos liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el
normas diferentes para expedir la Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. Igualmente,
denominada Liquidación Oficial No. adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en
RDO 484 del 12/06/2015. la Ley 1066 de 2006.’

Lo anterior, nos permite concluir que Con posterioridad, el legislador estableció un
tanto el procedimiento como la procedimiento especifico en el artículo 178 de la Ley 1607
competencia de los funcionarios se de 2012, procedimiento aplicado de forma indistinta por la
realizaron bajo la inobservancia del UGPP, a los periodos fiscalizados de las anualidades 2011
principio de la integralidad de la norma, y 2013, descociendo que la Ley 1607 pro principio de
en [consecuencia,] solicitamos la irretroactividad no podía ser aplicado a los periodos 2011,
nulidad de los actos demandados. por el contrario, debía dar aplicación al artículo 714 del
Estatuto Tributario, por remisión expresa del Artículo 156
de la Ley 1151 de 2007.

En ese orden, como el legislador para los periodos
fiscalizados no había indicado de forma expresa en cuanto
tiempo concurre la firmeza de las liquidaciones privadas,
en concreto para el presente asunto la firmeza de las
Planillas Integradas de Liquidación de Aportes, se debe
hacer remisión expresa del artículo 714 del Estatuto
Tributario, el cual establece lo siguiente:

‘ARTÍCULO 714. FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN. La
declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos
(02) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo
para declarar, no se ha notificado requerimiento especial.
Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la
fecha de presentación de la misma. (...)’

En concordancia con lo anterior, como el Requerimiento
para Declarar y/o Corregir No. 892 del 25 de noviembre de
2014, fue notificado en debida forma por correo certificado
hasta el 18 de diciembre de 2014, es decir TRES (3)
AÑOS, desde la fecha en que el aportante debió declarar
y presuntamente no declaró los periodos desde el enero a
diciembre del 2011, y UN (01) AÑO después de la
oportunidad legal que tenía la entidad para adelantar su
proceso de determinación de obligaciones, de conformidad
con el artículo 714 del Estatuto Tributario, la consecuencia
de lo anterior es la firmeza de las declaraciones privadas,
así lo ha manifestado la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en reiteradas providencias, como las
siguientes:

Sentencia Consejo de Estado - Sección Cuarta. Consejero
ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Sentencia del 24 de octubre de 2019. Radicación 25000-
23-37-000-2014-00900- 01(23599)
[…]
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del
31/08/2018, dentro del proceso No. 250002327000- 2015-
00266-00-COLVANES S.A.S. vs UGPP.
[…]
Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C,
sentencia del 26/10/2018, dentro del proceso No.
110013337044 2016 00292 00 -COMERCIAL PAPELERA
S.A.S. vs UGPP.
[…]
Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C,
sentencia del 26/10/2018, dentro del proceso No.
1100133370412015 00234 00 - VIGILANCIA
YSEGUIRDAD ESPLENDOR vs UGPP.
[…]
Para concluir y en virtud de las concurrentes vulneraciones
a derechos fundamentales como el debido proceso y la
igualdad, por parte de la Subdirección de Determinación
de Obligaciones de la UGPP, de manera muy respetuosa
solicitamos a los Magistrados de segunda instancia, se
sirvan declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados y como restablecimiento del derecho se

12
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

sirvan declarar la firmeza de las declaraciones y en forma
subsidiaria la caducidad de la potestad sancionatoria».

Como se evidencia la formulación del cargo «CREACIÓN DE TERCERA NORMA» fue variado
sustancialmente por la sociedad Riopaila Castilla S.A. al momento de recurrir en apelación la
sentencia de primera instancia, pues, desde la demanda, la fijación del litigio y, por ende, como
la primera instancia lo resolvió, el reparo estaba dirigido a cuestionar la legalidad de los actos
administrativos demandados por la supuesta conjugación de dos procedimientos previstos en dos
normas diferentes y la posible transgresión del principio invocado por la recurrente, es decir,
realmente se alegó una expedición irregular por la presunta existencia de una anomalía sustancial
en el proceso de formación de los actos administrativos demandados, mientras que, en la
apelación, la demandante alegó la falsa motivación, a partir de la supuesta caducidad de la
facultad sancionatoria de la UGPP, como consecuencia de la firmeza de las declaraciones de los
aportes del año 2011, contenidas en las planillas PILA, y la aplicación retroactiva de la Ley 1607
de 2012.”27.

3.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho e, inclusive, en el trámite
extraordinario de revisión, los que además ya fueron valorados por las autoridades
judiciales accionadas en las providencias censuradas, aspecto que finalmente se
traduce en una pretensión económica tendiente a que se deje sin efectos las
sanciones impuestas con ocasión de la mora e inexactitud en las autoliquidaciones
y pagos de los aportes al sistema de protección social.

Se advierte que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el Tribunal
de Cundinamarca precisó, en relación con el cargo objeto de controversia, que la
sociedad accionante indicó que la UGPP desconoció su derecho al debido proceso
al conjugar dos procedimientos contenidos en dos normas diferentes para expedir
los actos acusados, y resolvió que por el hecho de citarse en los actos acusados
normas que contemplan las facultades y competencias de la UGPP no se conjugan
dos procedimientos.

Por su parte, la Sección Cuarta del Consejo de Estado argumentó que el cargo de
firmeza de las liquidaciones es un argumento que no fue propuesto en la demanda,
razón por la cual, frente a aquel, la contraparte no tuvo oportunidad de contradecirlo
y el tribunal de analizarlo.

Por último, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado consideró
que la formulación del cargo “creación de tercera norma” fue variado
sustancialmente por la accionante al momento de recurrir en apelación la sentencia
de primera instancia, pues en primera medida, el reparo estaba dirigido a cuestionar

27
Folios 27-30, certificado 84ACFC056D03DF39 23C6913DB14EFB5F 3E54BBD061CB0B1E 60DE4E9AD80809F0, índice
48, trámite extraordinario de revisión radicado 11001-03-15-000-2023-04705-00.

13
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

la legalidad de los actos administrativos demandados por la supuesta conjugación
de dos procedimientos previstos en dos normas diferentes, mientras que en la
apelación, la demandante alegó la falsa motivación, a partir de la supuesta
caducidad de la facultad sancionatoria de la UGPP.

A partir de las referidas consideraciones, se advierte que través del escrito de tutela
la parte actora no presenta argumentos con relevancia constitucional que permitan
entrar al análisis de fondo del presente asunto, más allá de su inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural del asunto. Lo anterior adquiere especial
relevancia si se tiene en cuenta que la acción de tutela no debe ser contemplada
como una instancia adicional que permita revivir términos procesales vencidos o
subsanar omisiones o errores cometidos en el proceso, por lo que si la parte actora
tenía la intención de alegar la caducidad de la facultad sancionatoria de la UGPP,
como consecuencia de la firmeza de las declaraciones de los aportes del año 2011
y la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012, lo debió argumentar desde la
presentación de la demanda, para de esta manera garantizar el debido proceso de
las partes.

3.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, así como en el trámite extraordinario de revisión,
con lo cual el asunto sale de la competencia del juez constitucional.

3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada28, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario29.

4. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

28
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
29
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

14
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03681-00
Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta y otros

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por
Riopaila Castilla S.A. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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