Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04208-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04208-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04208-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04208-01
Accionante: Eulalia Realpe Mosquera
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04208-01
Accionante: Eulalia Realpe Mosquera
Accionados: Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha y Tribunal
Administrativo de La Guajira
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: defectos procedimental y sustantivo por
desconocimiento de precedente jurisprudencial. Subtema 3: requisito de Inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por Eulalia Realpe Mosquera en contra de la sentencia del
3 de octubre del 2024 1 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Eulalia Realpe Mosquera presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, que consideró
vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha y el Tribunal
Administrativo de La Guajira, al proferir las sentencias del 11 de noviembre de 20222
y del 22 de noviembre del 20233, respectivamente, dentro del proceso con radicado
núm. 44001-33-40-003-2017-00079-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 24, certificado: C368CE545099B72A
1F311F0552505BFB 4C6FC66F498D03B4 71903A9F7959B7E6.
2
Samai, exp. núm. 44001-33-40-003-2017-00079-00, índice 23, certificado: 931B7BE6503857E3
857ED1D8161B0645 2D17A6AC42CC7071 CBF113B199AF74C2.
3
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 2, certificado: 50C7A9E431956755
08550AAA1BD36ED6 D99C5EC6BBD73D07 BC337D00D985160F.
1
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Accionante: Eulalia Realpe Mosquera
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
2.1.1. Tita Alicia Mosquera de Realpe presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
(UGPP), con la pretensión de que se declarara la nulidad los siguientes actos
administrativos:
(i) Resolución núm. RDP 041020 del 5 de octubre de 2015 a través de la cual se
negó el reconocimiento de la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes
con ocasión del fallecimiento de Marco Elías Realpe Borja;
(ii) resolución núm. RDP 049193 del 24 de noviembre de 2015 mediante la cual se
resolvió el recurso de reposición presentado en contra de la anterior resolución,
que confirmó el acto administrativo denegatorio.
(iii) resolución núm. RDP 0544374 del 18 de diciembre de 2015 que resolvió el
recurso de apelación presentado en contra de la resolución número RDP
041020 de 5 del octubre de 2015, que confirmó el acto administrativo
denegatorio y declaró agotada la vía gubernativa.
Además, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional
en su condición de cónyuge supérstite.
2.1.2. En primera instancia, el asunto le correspondió bajo el radicado núm. 44001-33-
40-003-2017-00079-00, al Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha. Después de la
admisión de la demanda, falleció la señora Mosquera de Realpe. Por tal motivo, se
reconoció como sucesora procesal a Eulalia Realpe Mosquera.
Así las cosas, el 11 de noviembre del 20224, el juzgado profirió sentencia mediante la
cual negó las pretensiones de la demanda al considerar que en el curso del proceso
no quedó acreditado el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años de
vida del causante.
La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión. No
obstante, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira confirmó la
decisión del a-quo5 porque las premisas fácticas que sustentaron el recurso de
apelación carecieron de acreditación probatoria.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora, en la solicitud de amparo6, invocó como trasgredidos los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. En tal sentido, sostuvo que
las autoridades accionadas, en las providencias judiciales objeto de tutela, incurrieron
en los siguientes defectos:
4
Samai, exp. núm. 44001-33-40-003-2017-00079-00, índice 23, certificado 931B7BE6503857E3
857ED1D8161B0645 2D17A6AC42CC7071 CBF113B199AF74C2.
5
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 2, certificado 50C7A9E431956755
08550AAA1BD36ED6 D99C5EC6BBD73D07 BC337D00D985160F.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 2, certificado 5C96E0C2AA984719
E7EC7FB870757526 ECDBC45F0B53FBB1 5F29D1E4471D093F.
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Desconocimiento del precedente jurisprudencial, al no tener en cuenta que la
Corte Constitucional, en sentencias T-228 de 2023, SU-108 de 2020 y SU-461 de
2020, han señalado que los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente o sustitución pensional pueden ser exceptuados por la configuración de
justa causa, la cual se debe considerar si la interrupción de la convivencia es
justificada, por ejemplo, por motivos de salud.
Procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto que la autoridad judicial
accionada cometió el «error» de no estudiar de fondo el recurso de apelación por
insuficiencia argumentativa, pese a que el no reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes afecta el mínimo vital.
2.3. Trámite procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 3 de octubre de 20247,
admitió la solicitud de amparo; dispuso comunicar el escrito de tutela a la UGPP, en
calidad de tercero interesado; y ordenó la notificación a los sujetos procesales.
2.4. Intervenciones
El Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha8 indicó que no transgredió el
derecho al debido proceso de la parte actora, puesto que dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho se cumplieron todas las garantías previstas en el
ordenamiento jurídico. Advirtió que lo pretendido con la acción constitucional es reabrir
la discusión de índole legal de la causa ordinaria para obtener un pronunciamiento
favorable a la tutelante, motivo por el que es improcedente.
El Tribunal Administrativo de La Guajira9 pidió que se declare improcedente el
amparo de tutela porque no incurrió en los defectos alegados por la parte actora, pues
la providencia cuestionada fue proferida de conformidad con el ordenamiento jurídico
procesal vigente. De esta manera, precisó que la tutelante incumplió con la carga de
argumentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera
instancia.
Adicionalmente, expresó que los reparos planteados por la señora Realpe Mosquera
fueron decididos por las autoridades judiciales competentes, en las instancias
procesales respectivas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo
que lo pretendido en esta acción es reabrir la discusión jurídica como si se tratara de
una tercera instancia, lo cual desnaturaliza el objeto de la tutela.
La UGPP afirmó que las decisiones judiciales cuestionadas en esta acción
constitucional no incurrieron en los defectos y que la actora pretende continuar con un
debate ya finalizado; por tanto, aseguró que la tutela carece de sustento fáctico y
probatorio que justifique la intervención del juez constitucional.
7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 11, certificado: BBA80C2157756C5A
F496874161201360 D26E4904AB177812 C0CC2633950DFA42.
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Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 16, certificado: 3A0B705B6153BB03
B27720C97D3E8AEF B8AAF6EB21A3E662 7315B36F1FFB7886.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 19, certificado 6B373F479DDD8FB4 1FB3D1680431A165
8BD4706FDC74ED79 FEBF541DB93B30CD.
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Además, advirtió el incumplimiento del requisito de inmediatez, puesto que desde la
notificación de la decisión del tribunal hasta la presentación del escrito de tutela
transcurrió un término que superó los 6 meses.
2.5. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de octubre de
202410, declaró improcedente la acción de tutela al encontrar que no quedó satisfecho
el requisito de inmediatez. Lo anterior, porque la actora radicó la solicitud de amparo
transcurrido más de seis meses desde la notificación de la sentencia cuestionada, es
decir, por fuera del plazo que la jurisprudencia ha establecido como razonable.
2.6. Impugnación
Eulalia Realpe Mosquera presentó impugnación11 en contra de la sentencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado para lo cual argumentó que el requisito de
inmediatez se encuentra superado comoquiera que la aclaración de voto manifestada
en la sentencia del 22 de noviembre de 2023 por uno de los magistrados integrantes
de la sala «vino a ser notificada hasta el 3 de marzo de 2024», momento desde el que
se debió contabilizar el plazo de 6 meses. Por tal razón, consideró que la fecha máxima
para presentar el escrito de amparo era el 3 de septiembre del 2024.
Adujo que el juez de primera instancia tenía que garantizar el acceso a la
administración de justicia, emitir una decisión de fondo y no desconocer los
argumentos del escrito de tutela «so pretexto de una extemporaneidad de 11 días»,
más aún, al tener en cuenta la sentencia del 22 de noviembre de 2023 trasgredió el
derecho fundamental a la seguridad social. Por lo expuesto, solicitó que se revoque el
fallo de primera instancia de tutela y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de Eulalia Realpe Mosquera se encuentra
acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las sentencias que, a su
juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.
10Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 24, certificado C368CE545099B72A
1F311F0552505BFB 4C6FC66F498D03B4 71903A9F7959B7E6.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04208-00, índice 30, certificado 89CD3BB47D292C2F CCA790890242398B
873D24F872B59139 091F18893AA45925.
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También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Cuarto
Administrativo de Riohacha y del Tribunal Administrativo de La Guajira porque fueron
las autoridades que profirieron las respectivas providencias dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.3. Cuestión preliminar
La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos que sustentan
las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares
términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 22 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo
de La Guajira, toda vez que esta decisión fue la que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Tita Alicia Mosquera de Realpe en contra
de la UGPP.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional13.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental
absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial;
vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii)
violación directa de la Constitución14.
3.5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia de tutela de
primera instancia del 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado. En concreto, se deberá determinar si la acción de tutela interpuesta por
Eulalia Realpe Mosquera en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira supera el
requisito de inmediatez. En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás
requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, a emitir una decisión de fondo.
3.5.1. Requisito de inmediatez
El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela se puede presentar
en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata de los
derechos fundamentales; también es cierto que se debe ejercer dentro de un plazo
razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto, para
asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la urgencia y
la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
Por otra parte, cuando la solicitud de amparo se presenta en contra de una providencia
judicial, el requisito de inmediatez también se traduce en una garantía de seguridad
jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente
ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado15 explicó que el término de
inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar
providencias judiciales, toda vez que están en juego los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró
que, para que el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable,
se debía interponer la solicitud de amparo dentro de los seis meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.
En el asunto bajo estudio, Eulalia Realpe Mosquera presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social, que consideró vulnerados con la sentencia del 22 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira dentro del proceso con
14 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6
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radicado núm. 44001-33-40-003-2017-00079-01.
Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
SAMAI, la Sala observa que la providencia objeto de tutela fue notificada a las partes
e intervinientes dentro del proceso ordinario con mensaje electrónico enviado el 26 de
enero de 202416, y cobró ejecutoria el 2 de febrero de 2024.
En ese orden, el plazo de seis meses que la jurisprudencia de esta corporación ha
estimado como razonable para acudir a la administración de justicia en tutela contra
providencia judicial, contado desde la ejecutoria de la mencionada sentencia, finalizó
el 2 de agosto de 2024; sin embargo, el escrito de amparo fue presentado el 12 de
agosto de 202417, es decir, que no superó el requisito de inmediatez.
En cuanto al argumento de impugnación atinente a que el plazo de inmediatez debe
ser analizado desde la «notificación» de la aclaración de voto que presentó uno de los
magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de La Guajira en la providencia
objeto de reparos, es preciso aclarar, por un lado, que la publicación del voto disidente
fue realizada el 12 de diciembre de 202318; y, por otro lado, que la fecha del 3 de marzo
de 2024 corresponde al registro en la plataforma Samai de la constancia de notificación
de la sentencia ordinaria de segunda instancia, actuación realizada el 26 de enero de
2024.
Además, cabe advertir que, de acuerdo con los cargos expuestos en el escrito de
tutela, el hecho que generó la presunta vulneración de derechos fundamentales de
Eulalia Realpe Mosquera es la sentencia del 22 de noviembre de 2023, providencia
que contiene los fundamentos en los cuales la autoridad judicial accionada sustentó
su decisión, y no la aclaración de voto a la que hace referencia.
Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora no manifestó algún
motivo que permitiera inferir la existencia de un hecho que le haya impedido ejercer
oportunamente este medio de defensa judicial; y que la exigencia de agotar el requisito
de procedibilidad de inmediatez de la acción constitucional es desproporcionada. En
tal sentido, no se encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo
constitucional.
IV. CONCLUSIONES
Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 3
de octubre del 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo interpuesto por Eulalia Realpe Mosquera en contra del
Tribunal Administrativo de La Guajira, en razón a que la acción de tutela no cumple
con el requisito de inmediatez.
16 Samai, exp. núm. 44001-33-40-003-2017-00079-00, índice 12, certificado: 87DB081464B04A30
CE2F7FE50233C481 192377CA943B0578 449F040AD8CE9AEC.
17 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-04208-01, índice 1, certificado: 3ABED3573A9D687A
FBEDB924C388C8EA 376E38F821FB8922 BC2AABB98251C100.
18 Samai, exp. núm. 44001-33-40-003-2017-00079-00, índice 10, certificado: B8B2B04A91F00FAD
36486CD441A6F794 8574494B0255A66F FC455292D979FA29.
7
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Accionante: Eulalia Realpe Mosquera
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V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de octubre de 2024 que profirió la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JARR/DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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