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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04208-00

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04208-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Eulalia Realpe Mosquera, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04208-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

3 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04208-00
Demandante: Eulalia Realpe Mosquera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-04208-00
Demandante EULALIA REALPE MOSQUERA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO

Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos por
desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual
manifiesto. Sustitución de pensión. Sucesor procesal. Requisitos de
procedencia de la acción de tutela: la inmediatez.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Eulalia Realpe Mosquera de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de agosto de 20241, la señora Eulalia Realpe Mosquera interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de la Guajira y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Riohacha, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la seguridad social, con ocasión de la sentencia del 22 de
noviembre de 2023 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho nro. 44001-33-40-003-2017-00079-00.

En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones:
“1. Que se amparen los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.N.) y a la
Seguridad Social (Art. 48 C.N.) de la Accionante, conforme a las causales de
procedibilidad de la Acción de Tutela contra Providencia Judicial, decantadas por la
Honorable Corte Constitucional.
2. Que, como consecuencia del anterior amparo constitucional, se revoque la SENTENCIA
DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 4400133400032017007900.
DEMANDANTE: TITA ALICIA MOSQUERA DE REALPE (Q.E.P.D.), C.C. 20.080.854.
E. DEMANDADA: UGPP, que confirmó la Sentencia de primera instancia de fecha 11 de
noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Riohacha, que negó las pretensiones de la demanda incoada y, en su lugar, se profiera
otra, en donde:
PRIMERA: Se declare la nulidad de la resolución número RDP 041020 de 5 de octubre
de 2015, por la cual se niega el reconocimiento de la sustitución pensional o pensión de

1 Tutela radicada en el correo de tutelas en línea.
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Demandante: Eulalia Realpe Mosquera

sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de Marco Elías Realpe Borja con el
argumento insólito que no demostró convivencia en los últimos cinco (5) años.
SEGUNDA: Se declare la nulidad de la resolución número RDP 049193 de 24 de
noviembre de 2015, mediante la cual se resolvió recurso de reposición presentado contra
la resolución número RDP 041020 de 5 de octubre de 2015, confirmando en todas y cada
una de sus partes la resolución denegatoria.
TERCERA: Se declare la nulidad de la resolución número RDP 0544374 de 18 de
diciembre de 2015, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado en
subsidio contra la resolución número RDP 041020 de 5 de octubre de 2015, confirmando
en todas y cada una de sus partes la resolución denegatoria y declarando agotada la vía
gubernativa.
CUARTA: Se restablezca el derecho vulnerado, se repare el daño ocasionado a la señora
Tita Alicia Mosquera De Realpe y se condene a la unidad administrativa especial de
gestión y contribuciones parafiscales de la protección social – UGPP a:
a. Reconocer que Tita Alicia Mosquera De Realpe tiene derecho a gozar de la sustitución
pensional en su condición de cónyuge supérstite del causante Marco Elías Realpe
Borja de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
b. Pagar a la señora Tita Alicia Mosquera De Realpe la mesada pensional que venía
percibiendo su esposo a partir del 26 de mayo de 2015, fecha en que dejó de existir,
pues la pensión que recibía el causante complementaba en algo la pensión que recibe
su esposa a fin de tener una vejez digna de todo ser humano. La sustitución pensional
se hará en cuantía del 100% de lo devengado por el causante durante el último año.
c. La pensión decretada deberá ser ajustada en los términos del artículo 193 a 195
CPACA hasta la fecha de la ejecutoria de la providencia.
d. Que no hay lugar a la prescripción trienal de las mesadas causadas y no pagadas,
teniendo en cuenta que la actora interrumpió dicha prescripción al haber formulado la
petición para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional ante la UGPP el 16
de junio de 2015, solicitud que fue denegada, con el argumento de que la conyugue
legítima debía demostrar convivencia durante los últimos cinco (5) años, motivo por el
cual no se pudo reconocer derecho alguno hasta que lo dirima el juez competente.
e. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
f. La sentencia se cumpla dentro de los términos del artículo 193 a 195 CPACA”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 24 de diciembre de 1952, los señores Tita Alicia Mosquera y Marco Elías
Realpe Borja contrajeron matrimonio. Producto de dicha unión, procrearon dos
hijas: Eulalia Realpe Mosquera (tutelante) y Patricia Realpe Mosquera.

2.2. Mediante la Resolución Nro. 184 del 10 de enero de 1984 le fue reconocida
pensión de jubilación al señor Marco Elías Realpe Borja.

2.3. En la demanda de tutela se afirma que, a partir del mes de diciembre de 1965
los señores Tita Alicia Mosquera de Realpe y Marco Elías Realpe Borja se
separaron momentáneamente, debido a que el señor Realpe Borja se radicó
en Bogotá, pero se aclara que luego, la señora Mosquera Realpe se mudó
para dicha ciudad junto con el señor Realpe Borja.

2.4. El 5 de diciembre de 2004, Marco Elías Realpe Borja empezó a padecer una
delicada enfermedad coronaria que lo obligó a ser intervenido y que,
posteriormente fue ingresado a un hogar geriátrico con cuidados médicos que
no podían ser prestados en casa.

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2.5. El señor Marco Elías Realpe Borja falleció el 26 de julio de 2015.

2.6. La señora Tita Alicia Mosquera de Realpe, en calidad de cónyuge supérstite
solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social UGPP el reconocimiento
de la sustitución pensional. Petición que fue resuelta desfavorablemente por
la entidad mediante la Resolución RDP 041020 del 5 de octubre de 2015,
argumentando que la solicitante no demostró la convivencia con el causante
en los 5 años anteriores a su fallecimiento.

La señora Mosquera de Realpe interpuso los recursos de reposición y
apelación contra la anterior decisión, los que fueron resueltos mediante las
Resoluciones RDP 049193 del 24 de noviembre de 2015 y RDP 054374 del 18
diciembre de 2015, en el sentido de confirmar la decisión.

2.7. Como consecuencia de lo anterior, la señora Tita Alicia Mosquera de Realpe
ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Seguridad Social UGPP, pretendiendo la nulidad de los
actos administrativos que le negaron la solicitud de reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, pidió que se ordenara el
reconocimiento y pago de la mencionada prestación.

2.8. En primera instancia conoció el Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha
(expediente Nro. 44001-33-40-003-2017-00079-00).

El 7 de mayo de 2022, luego de admitida la demanda y previo a la celebración
de la audiencia inicial, falleció la demandante Tita Alicia Mosquera de Realpe.

Por tal motivo, el 19 de mayo de 2022 el apoderado de la demandante solicitó
al juzgado que se tuviera como sucesora procesal a la hija de la demandante,
Eulalia Realpe Mosquera, toda vez era la única hija que le sobrevivía a la
demandante Tita Alicia Mosquera de Realpe.

En la audiencia inicial llevada a cabo el 26 de mayo de 2022, el juzgado
accedió a la solicitud presentada, y en consecuencia, aceptó a la señora
Eulalia Realpe Mosquera como sucesora procesal de la demandante por su
calidad de heredera.

2.9. Agotadas las respectivas etapas, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Riohacha, en sentencia del 11 de noviembre de 2022, negó las pretensiones
de la demanda.
Luego de hacer un análisis de los elementos de prueba obrantes en el proceso,
contrastados con la situación fáctica concreta, estableció que no se había
acreditado la convivencia efectiva con el causante durante los 5 años
anteriores a su fallecimiento y que, si bien la señora Tita Alicia Mosquera de
Realpe ingresó a su entonces esposo Marcos Elías a un centro geriátrico al no
poder encargase de él por ser mayor de 70 años y tener ella varios quebrantos
de salud, el juez de primera instancia echó de menos las pruebas que
permitieran establecer que, pese a la separación de cuerpos, por habitar cada
quien en distintos recintos por razones de fuerza mayor, mantenían una
estrecha convivencia por su acompañamiento emocional, espiritual,
económico y deber de apoyo y auxilio mutuo.
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2.10. La decisión fue apelada ante el Tribunal Administrativo de La Guajira,
autoridad que, en sentencia del 22 de noviembre de 2023 (notificada por correo
electrónico el 26 de enero de 2024), confirmó la decisión del juzgado.

Sostuvo que el recurso de apelación no constituía una impugnación al no
cumplirse con el requisito de suficiencia en la argumentación, pues que no se
planteaban verdaderos puntos de inconformidad en relación con el análisis
hecho por el juez de primera instancia, sino que, se trataba de la relación de
las actuaciones procesales adelantadas en el medio de control, así como de
la mención de una serie de pruebas que, para el tribunal, no se validaban
como argumentos suficientes para refutar la sentencia apelada.
La decisión anterior contó con una aclaración de voto de uno de los integrantes
de la Sala en la que, consideró que había algunas afirmaciones que apuntaban
a cuestionar la decisión de primera instancia y que en ese sentido debió
estudiarse de fondo el recurso.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que al proferir las sentencias del 11 de noviembre de 2022
y el 22 de noviembre de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho Nro. 44001-33-40-003-2017-00079-00/01, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, incurrieron
en defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial y en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.1. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Consideró
que en la sentencia de primera instancia, el juzgado omitió realizar un estudio
juicioso sobre la situación que dio lugar a la imposibilidad de que la señora Tita
Alicia Mosquera de Realpe y el causante compartieran techo, lecho y mesa,
que quedó suficientemente acreditada dentro del proceso, especialmente en
la declaración extraprocesal de la propietaria y representante legal del centro
gerontológico Manantial de Vida, centro especializado en el que había estado
internado el causante desde el 1º de enero de 2005 hasta su fallecimiento por
su delicado estado de salud, lo que impedía que su esposa le brindara los
cuidados necesarios al ser también una persona de edad avanzada con una
situación de salud bastante complicada.
Sostuvo que en el lapso comprendido entre 2005 hasta la fecha de
fallecimiento del causante, los cónyuges no convivieron juntos, pero no porque
no mantuvieran sus lazos afectivos y de apoyo mutuo propios de su vínculo
matrimonial, sino porque el estado salud tanto del causante como de la señora
Tita Alicia Mosquera de Realpe no se los permitían y que, sin embargo, a pesar
de no convivir juntos, la señora Tita Alicia, durante este lapso, jamás dejó de
lado sus deberes conyugales.
En ese orden de ideas, al negarse las pretensiones de la demanda, el juzgado
se apartó del precedente constitucional sentado en las sentencias T-787 de
2002, T-228 de 2023, SU-108 de 2020 y SU-461 de 2020 en las que se
estableció que uno de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes (o sustitución pensional) era haber hecho vida marital con el
causante hasta su muerte y que la vida marital consistía en la prueba de la
convivencia efectiva, real y material entre el causante y el cónyuge o
compañero.
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Agregó que la jurisprudencia constitucional ha señalado que, según lo
dispuesto por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, “el factor determinante para
establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto
entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso
de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la
muerte de uno de sus integrantes” y que, en el mismo sentido, la jurisprudencia de
la Sala de Casación de Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado
que:
(i) no existe una preferencia prima facie de la cónyuge supérstite sobre la
compañera permanente, por el solo hecho de mantener el vínculo
matrimonial vigente sino que debe acreditarse la “convivencia efectiva, real
y habitación en el mismo techo” y también se predicaba de quienes además, han
mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo entendido como
acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común
que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen.

Además, sostuvo que las pruebas allegadas al expediente daban cuenta que
la imposibilidad de cohabitación de los cónyuges desde el año 2005 y hasta la
fecha de fallecimiento del causante no eran producto de una separación o
abandono de los deberes de apoyo mutuo entre ellos, sino que se había
producido por la situación de salud que los aquejaba a ambos.
3.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Advirtió que la
sentencia de segunda instancia del tribunal se equivocó al omitir estudiar de
fondo el asunto so pretexto de una insuficiencia de argumentación, pues que
tratándose del reconocimiento de pensión de sobrevivientes que constituía el
mínimo vital de la cónyuge supérstite se trataba de hacer prevalecer el derecho
sustancial sobre el derecho formal como se anunciaba en la aclaración de voto
de uno de los integrantes de la Sala.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Previo admitir la presente acción, por auto del 15 de agosto de 2024, se ordenó
requerir a la parte actora para que allegara copia de su registro civil de
nacimiento y el registro civil de defunción de la señora Tita Alicia Mosquera de
Realpe (q.e.p.d.), a efectos de acreditar la legitimación en la causa por activa.
4.2. Cumplido lo anterior, por auto del 30 de agosto de 2024 el despacho ponente
admitió la presente acción, ordenó la notificación a las partes accionante y
accionadas y, dispuso vincular como tercero con interés a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Seguridad Social, UGPP, quien actuó como parte demandada en el proceso
ejecutivo.
4.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha, presentó escrito de
intervención en el que sostuvo que la tutela era improcedente.
De una parte, se refirió a la falta de legitimación en la causa por parte de la
abogada Ana Rosa Palencia de Diego para representar a la accionante, pues
que no se evidenciaba el poder otorgado para actuar en esta acción
constitucional.
De otra parte, advirtió que se trataba de una reiteración de argumentos del
recurso de apelación en busca de un pronunciamiento adicional por parte del

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juez de tutela, sumado a la mención de unas sentencias que dijo, justamente
se mencionaron en su momento en la decisión y, una inconformidad en
relación con el aspecto probatorio que, de un lado no estaba dentro de un
defecto fáctico que se hubiera propuesto y, de otro, las pruebas habían sido
valoradas en su conjunto de manera ponderada, sin que existieran aspectos
que variaran la decisión.
4.4. El Tribunal Administrativo de la Guajira, presentó informe en el que
manifestó que, en relación con el presunto desconocimiento del precedente,
lejos de argumentarse sobre el mismo, las razones de disenso iban
encaminadas a controvertir el juicio probatorio realizado por el juez de primera
instancia.
Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sostuvo que, si bien se
discutía el reconocimiento de un derecho pensional que repercutía en el
mínimo vital de la actora, ello per se, no eximía al recurrente de cumplir la
carga argumentativa requerida por la normativa imperante y la jurisprudencia.
Adicionalmente, indicó que la tutela no podía ser entendida como una instancia
adicional.
4.5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social UGPP, rindió informe
en el que señaló que la solicitante Tita Alicia Mosquera de Realpe había
fallecido el 26 de mayo de 2022, de manera que cualquier decisión frente a los
derechos de la mencionada señora, habían desaparecido del mundo jurídico y
que, lo que se trasmitía eran derechos y no meras expectativas.
La accionante Eulalia Realpe Mosquera estaba solicitando se dejaran sin
efecto unas decisiones frente a las que ella no había participado ni sido parte,
y que, además, se trataba de decisiones en firme con respecto a las que
operaba la cosa juzgada.
Sostuvo además que no se cumplía con el requisito de inmediatez ya que la
decisión del tribunal accionado se había notificado el 26 de enero de 2024 y
había cobrado ejecutoria el 2 de febrero de 2024, de manera que la parte
actora contaba hasta el 2 de agosto de 2024 para presentar la tutela, pero que
se había presentado hasta el 12 de agosto de 2024, por lo que no se cumplía
con tal requisito de 6 meses.
Finalmente, que se trataba de un asunto económico que hacía que la tutela
fuera improcedente y que, no se evidenciaba un perjuicio irremediable que
hiciera procedente al menos transitoriamente la presente acción.

CONSERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. La legitimación en la causa por activa
De acuerdo con los informes rendidos por algunos de los vinculados, es posible
advertir que se cuestionan dos aspectos que la Sala pasa a resolver:
3.1. El Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha manifestó que la abogada Ana
Rosa Palencia de Diego carecía de legitimación en la causa por activa para
actuar en el presente asunto por no contar con poder especial que la legitimara
en esta acción constitucional.
Al respecto, se advierte en el cuaderno digital del aplicativo SAMAI, índice 2,
el poder especial otorgado por la accionante Eulalia Realpe Mosquera a la
abogada Ana Rosa Palencia de Diego para actuar en la presente acción, de
tutela, incluso, en el numeral 8° del auto admisorio de la demanda proferido el
30 de agosto de 2024, le fue reconocida personería a la mencionada
profesional para que actuara en representación de la actora, razón por la que
está debidamente acreditada la representación de la profesional del derecho
en el presente asunto.

3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, manifestó que a la actora Eulalia
Realpe Mosquera no le asistía legitimación en la causa por activa, al no haber
sido quien solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sino que
lo fue la señora Tita Alicia Mosquera de Realpe, frente a lo que debe indicarse
que, en el presente trámite constitucional, justamente y previo admitir la
presente acción, se requirió a la actora para que se acreditara la legitimación,
lo que se llevó a cabo por la actora quien allegó los registros civiles de
nacimiento de ella y de defunción de la señora Tita Alicia Mosquera de Realpe,
con lo que se demostró que actuaba en calidad de hija heredera de la señora,
Mosquera de Realpe, y de sucesora procesal de ésta en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme fue reconocida por el
juzgado en primera instancia en la diligencia de audiencia inicial llevada a cabo
el 26 de mayo de 2022 (folio 291). Razones suficientes para desestimar los
argumentos de la UGPP en este sentido y, de tener como legitimada a la hoy
actora Eulalia Realpe Mosquera.

4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

4.1. Si bien la parte actora cuestiona las decisiones proferidas en primera y
segunda instancia, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha y por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, el análisis se circunscribirá a la
sentencia de segunda instancia proferida el 22 de noviembre de 2023, ya que
es esta la decisión que puso fin a la controversia propuesta en el medio de
control con radicado nro. 44001-33-40-003-2017-00079-00/01, considerando que
contra la decisión de primera instancia la actora contó con la posibilidad de
presentar recurso de apelación, como en efecto ocurrió.

4.2. Hecha la anterior precisión, de acuerdo con los antecedentes expuestos,
corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela de la referencia cumple
con los requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial, en
concreto, el de la inmediatez, teniendo en cuenta que en el informe rendido
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Seguridad Social UGPP se afirma que no se cumple con
este requisito general.

En caso de superar en el anterior estudio, deberá analizarse si al proferir la
sentencia de cierre del 22 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
La Guajira en el medio de control Nro. 44001-33-40-003-2017-00079-00/01,
incurrió en los defectos propuestos por la parte actora.

5. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial,
con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En
todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la
tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento
de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

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Demandante: Eulalia Realpe Mosquera

La Corte Constitucional6 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados7.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado8
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de seis
meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por
considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional9.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.»

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»10.

Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: i) la situación personal del peticionario; ii) si la vulneración de
derechos fundamentales se extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la
vulneración; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y v) los efectos de la
tutela.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la

6 Sentencia T-123 de 2007
7 Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela
contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta
que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Sentencia T-031 de 2016.
10 Sentencia SU-391 de 2016.
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tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»11.

6. Análisis del caso concreto

6.1. La parte accionante cuestiona la sentencia del 22 de noviembre de 2023
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira, la
cual se notificó por correo electrónico el 26 de enero de 2024, de manera que
el plazo razonable para la interposición de tutela iba hasta el 31 de julio de
2024, teniendo en cuenta que el término debía iniciar a contabilizarse a partir
del 31 de enero de 202412.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 12 de agosto de 2024, es claro
que la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se
debe a que transcurrieron 6 meses y 11 días entre la notificación de la
providencia acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el
plazo razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

6.2. Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que la parte accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental13.

De manera que, de considerar que le ocasionaba un perjuicio y que vulneraba
derechos de rango fundamental, la señora Eulalia Realpe Mosquera debió
interponer la acción de tutela dentro del plazo considerado como razonable,
contabilizado desde la notificación de la sentencia del 22 de noviembre de
2023.

Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional14 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

11
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
12 El anterior término, contabilizado conforme con la regla de unificación establecida en la decisión del 29 de
noviembre de 2022, en el auto de unificación con radicación Nro. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177),
con ponencia de la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto, en el que se indicó:
«La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA
se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA».
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Sentencia de tutela del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio
Roberto Piza; sentencia de tutela del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00.
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
14 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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En el escrito de tutela la accionante manifestó en relación con el cumplimiento
de este requisito, lo siguiente:
“En cuanto al requisito de Inmediatez: Obran dentro del Expediente Judicial los documentos
idóneos que demuestran que la Sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, fue
notificada el 26 de enero de 2024 y que la presente Acción Constitucional se promueve dentro
del Principio de Inmediatez decantado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado”.

Tal afirmación no puede tenerse como una justificación, pues se trata de una
manifestación de la parte actora en la que corrobora que la sentencia de
segunda instancia se notificó por correo electrónico enviado el 26 de enero de
2024, y que, en su criterio, promovía la acción dentro del plazo razonable, pero,
como se advirtió en líneas precedentes, el término de 6 meses fue superado.
Establecido esto, se recuerda que cuando la acción de tutela se interpone
contra una sentencia judicial, la carga de diligencia en la interposición de la
acción es más estricta, dado que el paso del tiempo reafirma la legitimidad de
las decisiones judiciales y consolida los efectos de las sentencias15.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.

6.3. Ahora bien, tampoco se advierte que la parte actora se encuentre en alguna
de las circunstancias previstas por la Corte Constitucional16 para flexibilizar el
requisito de inmediatez en el caso propuesto, ni acreditó en el expediente de
tutela encontrarse en una condición especial que le impidiera promover la
acción dentro del plazo establecido como razonable por la jurisprudencia
constitucional, para cuestionar providencias judiciales mediante la acción de
tutela.

7. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente el de la inmediatez, lo que impide un estudio de fondo del asunto.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

15 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto, la Corte
Constitucional ha indicado que “en los casos en los que el juez de tutela advierta, por un lado, una anomalía
de tal entidad que implique la afectación palmaria o la vulneración grave de esta prestación y, por el otro,
que la parte actora se encuentre en condiciones de vulnerabilidad” debe ser flexibilizado tal requisito y que,
“se deben valorar las circunstancias especiales del caso según las pruebas obrantes en el expediente y, a
su vez, determinar si se puede o no flexibilizar dicho requisito, ante la presencia de un daño actual y
permanente”.
16 Sentencia T-412 de 2018.
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Demandante: Eulalia Realpe Mosquera

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Eulalia
Realpe Mosquera, por las razones expuestas en la motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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