RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03681-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03681-01

Fecha
13 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03681-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de agosto de 2024 que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por Riopaila Castilla S.A. en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el Consejo de Estado, Sección Cuarta y la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta corporación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03681-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho/recurso extraordinario de revisión. Subtema 2: defectos
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por Riopaila Castilla S.A. en contra de la sentencia del 23
de agosto de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Riopaila Castilla S.A. presentó acción de tutela1, por conducto de apoderado, con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al proferir las sentencias del 27
de febrero de 2020 y del 25 de agosto de 2022, respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-37-000-
2017-00124-00/01; y por la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado, al expedir la providencia del 5 de abril de 2024 al interior del expediente del
recurso extraordinario de revisión con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04705-
00.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 2, certificado E22BC43C673C5894 FB626CA88B4F6F88

D5F011702EB4510F 5144BFE9A892C933.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2.1.1. Riopaila Castilla S.A. presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, (UGPP),
con el fin de que se dejaran sin efectos el oficio de liquidación núm. RDO 484 de 12
de junio de 2015 y la Resolución núm. RDC 407 del 1.° de agosto de 2016, a través
de los cuales se le sancionó por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
de los aportes al sistema de protección social para los periodos comprendidos entre
enero a diciembre de los años 2011 y 2013.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante
sentencia del 27 de febrero de 20202, declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados y ordenó a la UGPP «(i) corregir y efectuar los cálculos
correspondientes, considerando los montos registrados en los comprobantes de pago
(liquidaciones de contrato) y la nómina reportada por la empresa aportante, […], (ii)
subsanar el yerro respecto de la inclusión de pagos (bonificaciones) en períodos
diferentes a los reportados por la demandante en su nómina de salarios».

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del
tribunal, en el que incluyó el siguiente argumento: «CARGO PRIMERO DE
APELACIÓN: CREACIÓN DE TERCERA NORMA - IRRETROACTIVIDAD DE LA
NORMA - CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA - FIRMEZA DE LA
DECLARACIÓN — FALSA MOTIVACIÓN […]».

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, a través de sentencia del 25 de agosto de 2022,
modificó el ordinal segundo de la providencia de primera instancia en los siguientes
términos:

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP realizar
una nueva liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos correspondientes,
considerando los montos registrados en los comprobantes de pago (liquidaciones de
contrato) y la nómina reportada por la empresa aportante, (ii) subsane el yerro respecto
de la inclusión de pagos (bonificaciones) en períodos diferentes a los reportados por la
demandante en su nómina de salarios, (iii) reliquide los aportes al ICBF y SENA en los
casos de los trabajadores que devengaron salario integral en los periodos de mayo a
diciembre de 2013, sobre un IBC del 70% de la remuneración, atendiendo el límite de
10 SMMLV, (iv) realice el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay (salud, pensión,
FSP y ARL - diciembre 2011), teniendo en cuenta como IBC la suma de $5.797.500 y
(v) disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.

La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que resulten de la
reliquidación ordenada en esta providencia, siguiendo para el efecto el procedimiento

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 9, certificado CB7BE5C53CB9F94A F6D5A346DEA9E8D2

E9D82B7AC644191E 9D4FA7839088C82A.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos
realizados por la aportante3.

2.1.2. Riopaila Castilla S.A. acudió a la acción de tutela para cuestionar las decisiones
adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, cuyo conocimiento le
correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación con el
radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01129-00, que mediante sentencia del 24 de
abril de 2023 declaró improcedente el amparo, al considerar que no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad por no haber presentado el recurso extraordinario de
revisión.

La compañía tutelante radicó escrito de impugnación en contra del fallo de tutela, el
cual fue decidido por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del
23 de junio de 2023, en la que confirmó la providencia de primera instancia.

2.1.3. Riopaila Castilla S.A. promovió recurso extraordinario de revisión en contra de
la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, con fundamento en la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, al considerar que
la decisión cuestionada incurrió en una nulidad por falta de congruencia entre lo pedido
en el recurso de apelación y lo fallado, pues no se pronunció sobre el cargo que
denominó: «CREACIÓN DE TERCERA NORMA – IRRETROACTIVIDAD DE LA
NORMA – CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – FIRMEZA DE LAS
DECLARACIONES – FALSA MOTIVACIÓN».

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante sentencia del
5 de abril de 2024, declaró infundado el recurso de revisión, bajo el argumento que no
se configuró la causal invocada, pues la decisión cuestionada de ninguna manera
desconoció el principio de congruencia al resolver el recurso de apelación, toda vez
que el juez de segunda instancia no podía pronunciarse sobre nuevos elementos de
censura, que no se propusieron en las respectivas etapas procesales.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó en el escrito de tutela4 lo siguiente:

«1.- TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y defensa, y
acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y los demás que se
consideren vulnerados, en congruencia con el respeto por el precedente judicial, de mi
representada.

2. En consecuencia:

a) Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” del 27
de 2020.

3 Se transcribe incluso con errores.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 2, certificado A50B50849110DD3D BA643F714100DC5B

720B93D57BC3827E 6F08E4863F1515A3.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

b) Se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia, proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del 25
de agosto de 2022.

c) Se ordene dejar sin efectos la sentencia de proferida por el Consejo de Estado,
Sala 22 Especial de Decisión, de fecha 5 de abril de dos mil 2024, notificada el 17
de abril de 2024.

d) Se declare la nulidad parcial de los Actos Administrativos contenidos en la
Resolución No. RDC 407 del 1 de agosto de 2016 y Resolución No. RDO 484 del
12 de junio de 2015, proferidos por la UGPP, frente a la firmeza de las
declaraciones privadas y la irretroactividad de la norma en materia tributaria»5.

Como fundamento de sus pretensiones, la accionante expuso en el escrito de
amparo que las providencias objeto de tutela incurrieron en el defecto sustantivo por
las siguientes razones:

(i) no aplicaron las normas que regulan el término de caducidad para ejercer las
acciones administrativas por parte de la UGPP, dirigidas a fiscalizar las declaraciones
de autoliquidación de pagos de las cotizaciones efectuadas al sistema general de
protección social del año 2011.

(ii) no examinaron que la UGPP requirió y sancionó a Riopaila Castilla S.A. por
inconsistencias en las declaraciones tributarias presentadas en el año 2011, por fuera
de los dos (2) años previstos en el artículo 714 del Estatuto Tributario6, disposición a
la que se debía acudir por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007; sin
embargo, desarrolló la actuación administrativa con base en el término de cinco (5)
años establecido en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, sin tener
en cuenta que el hecho objeto de estudio fue anterior la vigencia de esta última norma.

(iii) no analizaron que la UGPP sancionó a Riopaila S.A., con fundamento en
procedimientos establecidos en la Ley 1151 de 2007 y en la Ley 1607 de 2012, creando
una especie de «tercera ley» o «Lex Tertia».

La tutelante también afirmó que las sentencias cuestionadas incurrieron en el defecto
procedimental, en tanto omitieron pronunciarse de fondo sobre el cargo denominado
«firmeza de las declaraciones» y la indebida actuación de la UGPP para sancionar a
Riopaila S.A., formulado en distintas etapas del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Por otro lado, manifestó que las decisiones objeto de tutela desconocieron el
precedente judicial porque no tuvieron en cuenta que el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en sentencia de 10 de noviembre de 20227, hizo expresa alusión a la
prohibición de aplicar en forma retroactiva la Ley 1607 de 2012 frente a situaciones
tributarias ocurridas con anterioridad a su vigencia.

Adicionalmente, la accionante expresó que las sentencias acusadas incurrieron en una
violación directa de la Constitución, por cuanto desconocieron el principio de

5
Se transcribe incluso con errores de texto.
6 Decreto 624 de 30 de marzo de 1989.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de noviembre de 2002, radicado núm. 25000-23-37-000-

2015-01557-01(26211).

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

irretroactividad en materia tributaria previsto en los artículos 338 y 363 de la Carta
Política.

2.3. Trámite procesal

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante auto del 19 de julio
de 20248, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, al Consejo de
Estado, Sección Cuarta, a la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta corporación;
y dispuso comunicar el escrito de tutela a la UGPP, en calidad de tercero interesado.

2.4. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B9
solicitó que se declare improcedente el amparo de tutela, al considerar que carece de
relevancia constitucional, pues los argumentos planteados por Riopaila Castilla S.A.
fueron decididos por las autoridades judiciales competentes en las instancias
procesales respectivas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y lo
pretendido en sede constitucional es reabrir la discusión jurídica como si se tratara de
una tercera instancia, únicamente, con el propósito de obtener un pronunciamiento
favorable a la parte accionante.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta10 manifestó que la acción de tutela es
improcedente porque el asunto referido por Riopaila Castilla S.A. carece de relevancia
constitucional, en tanto pretende insistir en un debate legal que ya fue decidido en dos
ocasiones por los jueces naturales, tanto en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho como en el recurso extraordinario de revisión.

La autoridad judicial precisó que en la demanda del proceso ordinario no se formuló el
cargo de firmeza de las planillas «PILA», pues se planteó lo siguiente: «Creación de
tercera norma para el desarrollo del proceso administrativo – violación de normas
jurídicas» y, con el recurso de apelación, se modificó al proponerse «creación de
tercera norma – irretroactividad de la norma – caducidad de la potestad sancionatoria
– firmeza de la declaración – falsa motivación»11.

Por lo anterior, sostuvo que, como la sentencia cuestionada concluyó que el argumento
de aplicación retroactiva de la norma y de firmeza de las planillas «PILA» no fue
propuesto en la demanda, no hubo lugar a pronunciarse al respecto, pues de lo
contrario, hubiese vulnerado el derecho a la defensa y de contradicción de la
contraparte, además, se desatendería el objeto del recurso de apelación.

Por otro lado, indicó que no se desconoció el precedente jurisprudencial, pues la
sentencia del 10 de noviembre de 2022, proferida dentro del expediente con radicado
interno núm. 26211, decidió sobre la firmeza de las planillas «PILA» porque desde el

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 4, certificado 212BDECF4D104C6A 7AAAFC680527479C

589F8A793E1CEC63 1638978803A444F0.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 10, certificado C857B681A1731A2E 79EA8026D4416DF6

CE26E126631BA7BA 1843EFC8466EC57A.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 12, certificado 45B3533E634BFFFD CFCF28C72856801F

A799570A92F88E97 B73F82A06D4FC755.
11 Se transcribe incluso con errores de texto.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

escrito inicial la demandante se refirió al cargo de «aplicación retroactiva de normas
por parte de la UGPP» y centró el análisis en la consecuencia de dicha retroactividad,
situación que es diferente a lo que ocurrió en el proceso ordinario promovido por la hoy
tutelante, en cuyo caso, el citado cargo tan solo se propuso en el recurso de apelación.

Por lo tanto, consideró que se trata de supuestos fácticos y jurídicos disímiles, de ahí
que no se evidencie la vulneración alegada en el escrito de tutela.

La UGPP12 indicó que las decisiones judiciales objeto de reparos no incurrieron en un
defecto sustantivo porque el caso fue estudiado con base en las normas existentes,
sin contradicción entre los fundamentos y la decisión, por consiguiente, aseguró que
esta tutela carece de sustento fáctico y probatorio que justifique la intervención del juez
constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio.

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado13 expresó que la
Sección Cuarta de esta corporación, al proferir la sentencia del 25 de agosto de 2022,
no incurrió en falta de congruencia, pues su decisión se ajustó a los argumentos
planteados en el escrito de demanda y demás actuaciones surtidas dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, la proposición del cargo denominado «creación de tercera norma» fue
modificado sustancialmente por la actora al momento de recurrir la sentencia de
primera instancia, pues inicialmente el reparo estaba dirigido a cuestionar la supuesta
conjugación de dos procedimientos previstos en dos normas diferentes, mientras que,
en la apelación, la demandante alegó la falsa motivación a partir de la caducidad de la
facultad sancionatoria de la UGPP como consecuencia de la firmeza de las
declaraciones de los aportes del año 2011 y la aplicación retroactiva de la Ley 1607
de 2012, lo cual dista del argumento inicialmente expuesto.

2.5. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 23 de
agosto de 2024 declaró improcedente la solicitud de amparo, con el argumento que el
asunto carece de relevancia constitucional, pues la parte actora pretende utilizar la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, en la medida en que
busca reabrir el debate que tuvo lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, así como en el trámite extraordinario de revisión, con lo cual el asunto escapa
de la competencia del juez constitucional.

En este sentido, precisó que la acción de tutela no puede ser empleada como un
escenario para revivir términos vencidos o subsanar omisiones o errores cometidos en
el proceso ordinario, por lo que los argumentos de la tutelante relacionados con la
caducidad de la facultad sancionatoria de la UGPP, como consecuencia de la firmeza
de las declaraciones de los aportes del año 2011 y la aplicación retroactiva de la Ley
1607 de 2012, eran aspectos que se debieron debatir desde la presentación de la
demanda para garantizar el debido proceso de las partes, y no acudir a este
mecanismo constitucional con tal propósito.

12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 14, certificado A485F8022150421C 2A36BBD444D7502D
9FA74D2B695EF7AC 3FFBF372E3166112.
13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 16, certificado 92D39B8C732859EA 33E905AF5C04C8A3

E62B82D0DEB09B4A C91B26AB47D02145.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

2.6. Impugnación

Riopaila Castilla S.A. presentó impugnación14 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, para lo cual argumentó que el requisito de
la relevancia constitucional se encuentra superado, comoquiera que aduce la
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia por parte de las autoridades
judiciales accionadas.

Explicó que el asunto planteado en el escrito de tutela cumple con los presupuestos
de relevancia constitucional previstos en la sentencia SU-215 de 2022 porque (i) la
controversia no se limita a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico; (ii) el asunto se dirige a interpretar, aplicar y desarrollar la
Constitución Política para determinar el alcance de protección de un derecho
fundamental; (iii) no se trata de una tercera instancia; y, (iv) las decisiones de las
autoridades accionadas están basadas en una actuación arbitraria e ilegítima.

Consideró que la decisión impugnada se abstuvo de realizar un estudio de fondo del
asunto y, por lo tanto, no constató las irregularidades que se presentaron en las
providencias judiciales cuestionadas sobre la indebida interpretación y aplicación de la
Constitución, la ley y el precedente judicial relacionado con la prohibición de
retroactividad de las normas tributarias y la competencia fiscalizadora de la UGPP.

La parte impugnante reiteró los argumentos expuestos en su escrito de tutela, en
relación con los defectos sustantivo procedimental, el desconocimiento del precedente
y la vulneración directa de la Constitución Política, los cuales se concentran en (i) la
aplicación de la Ley 1607 de 2012; (ii) el plazo legal que tenía la UGPP para ejercer
las acciones sancionatorias y para determinar las contribuciones parafiscales de la
protección social; (iii) la interpretación del principio constitucional de irretroactividad
tributaria; y (iv) la falta de pronunciamiento sobre el cargo denominado «CREACIÓN
DE TERCERA NORMA – IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA – CADUCIDAD DE
LA POTESTAD SANCIONATORIA – FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES – FALSA
MOTIVACIÓN», formulado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con fundamento en lo anterior, la accionante concluyó que la tutela exigía un análisis
concreto de las decisiones judiciales cuestionadas. Razón por la cual solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia

14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 28, certificado297E872F25E11BE9 7326FAE7530FE094

5E42C7540AB45A25 7C58BCD67B150711.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

del 23 de agosto de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de Riopaila Castilla S.A. se encuentra
acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el recurso extraordinario de revisión en los que
fueron expedidas las sentencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del Consejo de
Estado, Sección Cuarta y de la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado porque fueron las autoridades que profirieron las providencias acusadas de
vulnerar los derechos fundamentales de la parte accionante.

3.3. Cuestión preliminar

La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
controvertir las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Cuarta
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que
los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de
materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la sentencia de
segunda instancia expedida el 25 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, toda vez que esta decisión fue la que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Riopaila Castilla S.A. en contra de la
UGPP.

De igual manera, resulta pertinente precisar que los argumentos relacionados con los
defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución Política que planteó la accionante en el escrito de tutela, se
analizaran respecto de la providencia del 25 de agosto de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Por otra parte, se debe mencionar que la tutelante también cuestionó la sentencia del
5 de abril de 2024 expedida por la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado, frente a la cual esta subsección estudiará los argumentos relacionados con el
defecto procedimental en razón a que esa decisión resolvió sobre la procedibilidad del
mecanismo judicial para examinar las irregularidades formuladas por la actora en
contra de la providencia del 25 de agosto de 2022.

3.4. Problema jurídico

La Sala deberá decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional. Para ello, es necesario establecer si la acción supera los
requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

En caso afirmativo, se debe establecer si el Consejo de Estado, Sección Cuarta y la
Sala Veintidós Especial de Decisión de esta corporación incurrieron en los defectos
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución Política y, en consecuencia, vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de
Riopaila S.A., con ocasión de las providencias proferidas el 25 de agosto de 2022 y el
5 de abril de 2024, respectivamente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado15 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional16.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental
absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii)
violación directa de la Constitución17.

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
16 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
17 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional18 ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia19.

En el caso particular, la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, toda
vez que la configuración de los defectos que expuso la parte actora puede
comprometer y afectar sus derechos fundamentales, para cuyo amparo acudió a esta
acción constitucional, en la medida en que la decisión cuestionada, según lo expresó
la accionante, concurrió en un desconocimiento del ordenamiento jurídico
Constitucional y legal que, a su juicio, impidió que se emitieran decisiones ajustadas a
derecho.

De esta forma, los argumentos en los que la parte actora soportó los yerros de la
decisión judicial cuestionada, de la cual derivó la vulneración de sus derechos, lejos
de estar enmarcados en un supuesto de legalidad, podría incidir de forma sustancial
en la definición del derecho pretendido.

Supera también la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para
la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e, incluso, acudió al
recurso extraordinario de revisión en el que se profirió la decisión que declaró
infundado el mecanismo judicial.

Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la
sentencia que profirió la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado el
5 de abril de 2024 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia del 25 de agosto de 2022, fue notificada el 17 de abril de 202420, y el
escrito de tutela se presentó el 17 de julio siguiente21, esto es, dentro del plazo de seis
(6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional22 y el Consejo de Estado23
como razonable.

18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
20 Samai, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00, índice 51, certificado 8C54E20D1D384C72 66D3DC1F689D2397

F3D97B96C75A5BFB 1E06FEB7F00818BE.
21
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03681-00, índice 1.
22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente caso. La parte actora expuso de manera clara las
circunstancias y fundamentos de la afectación alegada. Tal precisión permitió que el
asunto trascendiera a una relevancia constitucional, ya que no era posible plantear la
vulneración reclamada en el ámbito del proceso ordinario. Esto se debe a que el
cuestionamiento se dirige específicamente contra la decisión que puso fin a dicho
proceso.

Finalmente, las providencias reprochadas no fueron emitidas dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictaron al interior de los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho y extraordinario de revisión.

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.

3.5.1. Generalidades de los defectos invocados

La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada trasgredió las garantías
constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en los defectos: i)
sustantivo, ii) procedimental, iii) desconocimiento del precedente judicial y iv) violación
directa de la Constitución.

Defecto sustantivo

Conforme con la reiterada jurisprudencia Constitucional, se presenta el denominado
defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 24.

De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger
entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde
con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la
Constitución Política.

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, se pronunció sobre la limitación
del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los
siguientes términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor

24 Corte Constitucional, sentencia T-474 de 2008.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]25.

En este sentido, la Corte ha precisado la independencia y la autonomía de los jueces
para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su
estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente. Es decir, que dicha
actividad debe limitarse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP),
la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), de la
primacía de los derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de
legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la
CP), y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)26.

Defecto procedimental

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.

En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de los
procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las partes,
constituyen una causal especifica de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
que la jurisprudencia constitucional denominó como defecto procedimental.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el defecto
procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se presenta
cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce efectivo
de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación
de las normas procesales»27.

Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede configurar
porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido
a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido o
(iii) no realiza el debate probatorio»28.

De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela,
demostrar que el juez ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno de sus a la defensa y a la contradicción.

25
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
27 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-008 de 2019, y T-367 de 2018.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de tutela
en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental exige
verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i) que
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el
carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un
perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia
directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos fundamentales; (iii)
que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera
sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la
situación irregular no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»29.

Desconocimiento del precedente judicial

El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de garantizar el respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues estas decisiones constituyen un mecanismo que
garantiza la efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe,
confianza legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.

La Corte Constitucional30 ha considerado que el precedente se define como «la
sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».

Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar
en dos clases a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las
decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el
mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»31.

Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o colegiado
no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias, por lo que su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de buena fe,
seguridad jurídica y confianza legítima e igualdad32, lo cual no impide que los jueces
según al asunto sometido a su conocimiento puedan exponer de forma clara,
suficiente, y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus
decisiones previamente proferidas.
Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial
del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas
cortes o de los tribunales.

En este orden, toda decisión previa adoptada por los órganos de cierre de las

29
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
31 Corte Constitucional, sentencia T-460 de 2016.
32 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

diferentes jurisdicciones que se dirija a resolver un problema jurídico con similares
circunstancias fácticas y jurídicas, al asunto sometido a consideración del juez, debe
tenerse en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad, especialmente,
el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el fundamento normativo de
la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta
interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma»33, salvo si existan
razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.

Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional34 ha precisado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia en virtud de la
cual una autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se
separe del criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se
desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el
respeto del precedente.

Por ello, la Corte Constitucional35 ha referido que un cambio de la postura
jurisprudencial resulta viable siempre y cuando se justifique de manera razonada la
decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de autonomía,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así pues,
en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

3.5.2. Caso concreto

La sociedad Riopaila Castilla S.A. impugnó la sentencia del 23 de agosto de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al considerar que
no efectuó una valoración de fondo sobre los defectos en los que incurrieron el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, al proferir la sentencia del 25 de agosto de 2022 y la Sala
Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, al expedir la sentencia del 5 de
abril de 2024, respectivamente, con las que, en criterio de la tutelante, se vulneraron
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia.

3.5.2.1. Los defectos propuestos por la parte actora en contra de la sentencia del
25 de agosto de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta

La empresa Riopaila Castilla S.A. pretende que se deje sin efectos la sentencia del 25
de agosto de 2022 expedida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta porque incurrió
en defecto sustantivo al no pronunciarse sobre el alcance y aplicación del artículo 178
de la Ley 1607 de 2012, el artículo 714 del Estatuto Tributario y el artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007, relacionados con el plazo que tenía la UGPP para ejercer la facultad
sancionatoria en contra de la tutelante por las inconsistencias advertidas en las
declaraciones de autoliquidación de pagos de las cotizaciones efectuadas al sistema
general de protección social por el periodo 2011.

33 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018.
35 Corte Constitucional, sentencia T- 446 de 2013.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

La tutelante afirmó que se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre el cargo
denominado «firmeza de las declaraciones» y la indebida actuación de la UGPP para
sancionar a Riopaila S.A., formulado en distintas etapas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que a su juicio indica la existencia de un defecto
procedimental.

Asimismo, la actora mencionó que la providencia objeto de tutela también se
desconoció el precedente toda vez que no tuvo en cuenta que el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, en sentencia del 10 de noviembre de 2022, hizo expresa alusión a la
prohibición de aplicar en forma retroactiva la Ley 1607 de 2012 frente a situaciones
tributarias ocurridas con anterioridad a su vigencia.

Adicionalmente, la accionante expresó que la decisión cuestionada fue proferida con
violación directa de la Constitución Política, por cuanto desconoció el principio de
irretroactividad en materia tributaria previsto en los artículos 338 y 363 de la Carta
Política.

Al respecto, la Sala abordará el estudio conjunto de los defectos propuestos por la
parte actora, por cuanto están relacionados con la firmeza de las liquidaciones de
pagos de las cotizaciones efectuadas al sistema general de protección social y la
oportunidad de la UGPP para requerir y sancionar a Riopaila Castilla S.A., por la
inexactitud contenida en dichas declaraciones, en atención a la aplicación de los
artículos 178 de la Ley 1607 de 2012, 714 del Estatuto Tributario y 156 de la Ley 1151
de 2007, los cuales, según la tutelante, no fueron objeto de valoración y análisis en la
providencia cuestionada.

En este contexto, para resolver las inconformidades planteadas por la parte
accionante, es necesario analizar las consideraciones expuestas en la sentencia
objeto de la tutela, en cuyo contenido, se precisó el alcance del recurso de apelación
interpuesto por Riopaila Castilla S.A. en contra de la sentencia emitida el 27 de febrero
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, de la siguiente manera:

«La parte demandante, en el recurso de apelación, se refirió al cargo propuesto en la
demanda y al análisis realizado por el tribunal en relación con la creación de una tercera
norma, sin embargo, en el desarrollo de dicho cargo alegó la firmeza de las
declaraciones PILA del año 2011, en los siguientes términos:

“Tanto el cargo planteado en el escrito de demanda, como los alegatos de
conclusión presentados en el curso del proceso, la parte demandante planteó
el problema de la doble aplicación de dos normas; la ley 1607 de 2012 y la Ley
1151 de 2007 sin discriminación a todos los periodos fiscalizados por la UGPP
es decir del 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/10/2013 (sic) al 31/12/2013,
desconociendo que la Ley 1607 de 2012 no podía ser aplicada a los periodos
fiscalizados correspondientes a la anualidad 2012, esta situación no es
desconocida por el despacho ni por el Consejo de Estado, la aplicación
retroactiva de la norma de forma sistemática ha conllevado a la nulidad de
cientos de actos administrativos proferidos por la UGPP. […].

En ese orden, como el legislador para los periodos fiscalizados no había
indicado de forma expresa en cuánto tiempo concurre la firmeza de las

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

liquidaciones privada, en concreto para el presente asunto la firmeza de las
Planillas Integradas de Liquidación de Aportes, se debe hacer remisión expresa
del artículo 714 del Estatuto Tributario, […].

[…] solicitamos a los Magistrados de segunda instancia, se sirvan declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados y como restablecimiento del
derecho se sirvan declarar la firmeza de las declaraciones en forma subsidiaria
la caducidad de la potestad sancionatoria”.

La Sala pone de presente que en la demanda Riopaila Castilla S.A. propuso el cargo
que tituló: «SEGUNDO CARGO: CREACIÓN DE TERCERA NORMA PARA
DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO – VIOLACIÓN DE NORMAS
JURÍDICAS […] y, frente al mismo, en la audiencia inicial el tribunal fijó el litigio en los
siguientes términos: «3) ¿Adolece de nulidad la Liquidación Oficial por haber conjugado
o combinado la UGPP dos procedimientos contenidos en dos normas diferentes,
inobservando el principio de integralidad de la norma? (aquí se estudiará si la UGPP
creó una “tercera norma” durante el proceso de fiscalización adelantado contra
RIOPAILA CASTILLA S.A. como lo alega la censura», sin que la parte actora haya
presentado manifestación alguna al respecto.

Como se observa, el cargo de firmeza de las liquidaciones es un argumento que no fue
propuesto en la demanda, razón por la cual, frente al mismo, la contraparte no tuvo
oportunidad de contradecirlo y el tribunal de analizarlo.

Así las cosas, la Sala se abstendrá de abordar su estudio, en tanto que, si bien,
conforme al artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
sobre los argumentos expuestos por el apelante, no se puede obviar que estos deben
ser consonantes con lo planteado en la demanda, pues de lo contrario se vulneraría el
derecho de defensa y contradicción de la contraparte y se desatendería el objeto del
recurso de apelación, que no es otro que el superior examine la cuestión decidida
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión tomada por el a quo (art. 320 CGP)»36.

Lo anterior, permite inferir que, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la
providencia objeto de tutela realizó un análisis de los argumentos planteados por la
empresa Riopaila Castilla S.A., y precisó que, si bien la parte recurrente se refirió al
cargo propuesto en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado
con la creación de una tercera norma, lo cierto es que el desarrollo de este se centró
en la firmeza de las declaraciones de las liquidaciones de pagos de las cotizaciones
efectuadas al sistema general de protección social del año 2011, con ocasión de la
aplicación de la leyes 1607 de 2012 y 1151 de 2007, según los periodos fiscalizados.

En este sentido, la autoridad judicial accionada indicó que el cargo de firmeza de las
liquidaciones fue un elemento argumentativo que no fue planteado en la demanda,
razón por la cual, la parte entidad convocada no tuvo oportunidad de contradecirlo y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B tampoco se
pronunció respecto de este planteamiento en la sentencia de primera instancia.

Por lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Cuarta decidió abstenerse de estudiar
los argumentos formulados por Riopaila Castilla S.A. en el recurso de apelación, en
atención a que estos no se encontraban en consonancia con los razonamientos
propuestos en el escrito de demanda, por lo que consideró que proceder como lo
36 Se transcribe incluso con errores de texto.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

pretendía la parte recurrente implicaría un desconocimiento de los derechos de
defensa y contradicción de la UGPP.

En este punto, resulta pertinente precisar que en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con lo pedido en la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a la
misma y las consideraciones que le sirven al juez de primera instancia para sustentar
su sentencia, pues solo de esta manera se garantiza y respetan los derechos al debido
proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia de los sujetos que
forman parte del litigio.

Con relación a los alcances del recurso de apelación puesto en conocimiento del juez
de segunda instancia, la Corte Constitucional en sentencia T-516 de 2005 se pronunció
en los siguientes términos:

«[…] la competencia del superior jerárquico […] no debe ser entendida únicamente
en términos de economía procesal, sino que se encuentra limitada por el respeto al
derecho fundamental del debido proceso, por la garantía de la doble instancia, y
el derecho a la igualdad procesal […] en el trámite de la segunda instancia, un juez
no tiene siempre plena competencia para pronunciarse sobre todos los asuntos que
tengan alguna relación con la apelación, pues podría estar actuando por fuera del
marco de su competencia, por ejemplo, cuando profiere decisiones que resuelven
de manera directa un asunto que no fue objeto de decisión por parte del a quo»37.
[Negrilla fuera de texto].

Acorde con lo expuesto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de julio de 2007, precisó lo que sigue: «[…] en el recurso de apelación […] la
competencia de la Corporación está restringida a los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se
relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda,
o con las consideraciones que sirvieron de sustento al Tribunal para dictar la
sentencia»38 [Negrilla y subrayado fuera de texto].

Igualmente, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia de 28 de febrero de
2008 expresó lo siguiente: «al tenor de lo dispuesto por el artículo 357 del C.P.C. la
apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y que el marco que
limita al fallador en la segunda instancia es la sentencia y el recurso»39 [Negrilla y
subrayado fuera de texto].

En similar sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
julio de 2012 manifestó que el recurso de apelación «[…] pretende […] provocar la
revisión de la providencia que cuestiona por parte del superior funcional de quien la
profirió, para que, según su ponderado análisis y juicio jurídico, la revoque, modifique
o, si lo encuentra pertinente, la confirme. La especialidad y exclusividad de este objeto,
unido al principio de congruencia de la sentencia, sugiere plena unidad temática y
consecuente entre el petitum de la demanda, las razones fácticas y jurídicas que lo

37 Corte Constitucional, Sentencia T-516 de 2005.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de julio de 2007, radicado. 97082005,
Actora: Aura Isabel Rubio Morán.
39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de febrero de 2008, radicado.
25000231500020060226201.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

fundamentan, los argumentos de oposición a las mismas, la sentencia que examinó y
proveyó sobre éstos y aquéllas, y los cuestionamientos de la apelación, conforme al
parámetro fijado por el ya referido artículo 350»40.

Más adelante, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 7 de diciembre
de 2017 expuso lo siguiente:

«Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades41 ha puesto de presente
que “[…] el juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no
fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar
materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte
del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de primera instancia
estudió” [Destacado de la Sala].

La Sala reitera42 que, en virtud de los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el recurso, la sentencia censurada, el
concepto de violación de la demanda y los argumentos expuestos en la contestación
de la misma, imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la
demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio
de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso»43.

De acuerdo con lo anterior, se observa que los pronunciamientos jurisprudenciales
proferidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a los alcances o
límites del recurso de apelación han coincidido en indicar que los motivos de
inconformidad planteados por la parte que ejerce este mecanismo procesal deben
guardar correspondencia con el fallo recurrido, esto es, con las consideraciones
expuestas por el juez de primera instancia que determinaron una decisión total o
parcialmente adversa a los intereses de quien recurre, por lo que una situación
contraria puede llevar a un desconocimiento del principio de lealtad procesal y los
derechos al debido proceso y defensa de la parte contraria.

En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 25 de agosto de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al decidir abstenerse de
pronunciarse sobre la totalidad de los cargos planteados en el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2020, no incurrió en los
defectos referidos por la accionante en el escrito de tutela.

Lo anterior, por cuanto la providencia cuestionada estuvo soportada en una valoración
razonable de los cargos en los que se estructuró la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la sentencia de primera instancia proferida el 27 de
febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y los argumentos de
apelación interpuestos por la empresa Riopaila Castilla S.A.; lo que le permitió concluir
a la autoridad judicial accionada, que el mencionado recurso se fundamentó en

40 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de julio de 2012, radicado. 25000-23-27-000-2008-00228-

02(18380).
41
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de junio de 2016, radicado. 2006-00234.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicado. 2005-00270.
43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado núm. 08001-23-31-000-

2009-01122-01.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

elementos nuevos que no fueron expuestos en etapas anteriores, respecto de los
cuales la UGPP no tuvo oportunidad de contradecir, por tal razón no era posible
abordar su estudio como lo pretendía la demandante.

En efecto, tal situación procesal le impidió al Consejo de Estado, Sección Cuarta
realizar un análisis profundo de los argumentos propuestos por Riopaila Castilla S.A.
en el recurso de apelación, relacionados con (i) el alcance y aplicación del artículo 178
de la Ley 1607 de 2012, el artículo 714 del Estatuto Tributario y el artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007, concernientes a la facultad y al tiempo que disponía la UGPP para
requerir y sancionar a Riopaila Castilla S.A., por las declaraciones de autoliquidación
de pagos de las cotizaciones efectuadas al sistema general de protección social por el
periodo 2011; (ii) el desconocimiento del precedente alegado; y (iii) la inobservancia
del principio de irretroactividad en materia tributaria previsto en los artículos 338 y 363
de la Carta Política.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada, en
ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica,
efectuó una interpretación razonable y coherente del asunto puesto a su conocimiento,
por lo que la providencia objeto de tutela, si bien no resultó satisfactoria en su
integridad a los intereses de la demandante, hoy tutelante, no se puede inferir que
desconoció sus garantías constitucionales.

De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda cuestionar
la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, bajo la consideración de que se configuraron los defectos sustantivo,
procedimental, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, cuando resulta evidente que la accionante, desde la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, omitió estructurar adecuadamente el concepto de
violación contra los actos administrativos enjuiciados, con la inclusión de los reparos
que adicionó en el escrito de apelación interpuesto en contra la sentencia de primera
instancia expedida en el proceso ordinario.

En este sentido, se advierte que la parte actora pretende hacer uso de la acción de
tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, lo
cual desnaturaliza la acción de tutela. Por las razones expuestas, se negará la solicitud
de amparo en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta.

3.5.2.2. Los defectos propuestos en contra de la sentencia del 4 de abril de 2024
proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado

Por otro lado, la tutelante cuestiona la sentencia del 5 de abril de 2024, proferida por
la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, porque declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión sin tener en cuenta que se configuraba
una nulidad en la sentencia del 25 de agosto de 2022 del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, por
desconocimiento del principio de congruencia, en relación con la falta de
pronunciamiento del cargo denominado «firmeza de las declaraciones» de la
autoliquidación de pagos de las cotizaciones efectuadas al sistema general de

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

protección social por el periodo 2011 y la indebida actuación de la UGPP para requerir
y sancionar Riopaila Castilla S.A.

Para la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta corporación el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, al momento de proferir la sentencia del 25 de agosto de 2022, no
podía resolver las nuevas censuras propuestas en el recurso de apelación, toda vez
que no era la oportunidad procesal para que la demandante las propusiera, así como
tampoco lo era en la etapa de alegatos de conclusión de las respectivas instancias
judiciales.

Al respecto, la sentencia del 5 de abril de 2024 consideró lo siguiente:

«[…] en la apelación, la sociedad recurrente insistió en sus pretensiones, para lo cual,
considera que reiteró el cargo «CREACIÓN DE TERCERA NORMA». Sin embargo, a
partir del siguiente cuadro comparativo esta Sala Especial de Decisión observa que,
como lo concluyó la Sección Cuarta de esta corporación, en la apelación, la
demandante del proceso ordinario varió sustancialmente la argumentación inicialmente
expuesta en la demanda, pese a que denominó con similar titulación el cargo:

Cargo formulado en la demanda de Cargo formulado en la apelación de la
nulidad y restablecimiento del derecho demandante contra la sentencia de
primera instancia44

SEGUNDO CARGO: CREACIÓN DE «CARGO PRIMERO DE APELACIÓN:
TERCERA NORMA PARA DESARROLLO CREACIÓN DE TERCERA NORMA -
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO – IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA -
VIOLACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS CADUCIDAD DE LA POTESTAD
Este cargo imputado, solo demuestra la SANCIONATORIA - FIRMEZA DE LAS
improvisación con la que se generó el acto DECLARACIÓN -FALSA MOTIVACIÓN.
administrativo denominado Liquidación Frente al presente cargo incluido en la fijación
Oficial No. RDO 484 del 12/06/2015, del litigio y resuelto por H. Tribunal de folios
atendiendo a los procedimientos para 17 y 18 de la sentencia de primera instancia,
realizar los procesos de fiscalización consideramos la existencia de una indebida
contenidos en la Ley 1151 de 2007 y en la apreciación de las normas procesales y
Ley 1607 de 2012, es decir, “realizaron una sustanciales dentro del fallo de primera
combinación de normas para crear un instancia producido por el Honorable Tribunal
procedimiento legal que no se encontraba y además consideramos que el fallo presenta
en ninguna disposición, esta situación es lo vicios propios de las providencias judiciales
que la doctrina y la jurisprudencia ha tales como; I) Defecto Sustantivo, II) Decisión
llamado la “ Tercera Norma y/o Lex Tertia”, sin motivación, III) Desconocimiento del
situación que genera nulidad debido a que precedente Horizontal y IV) Violación directa
impide que las personas sujetos de a la constitución, al no haber sido estudiado
investigaciones administrativas conozcan la de manera profunda la apelación retroactiva
norma procedimental que garantiza su[s] de la Ley 1607 de 2012 como entraremos a
derechos a la defensa, contradicción y al explicar a continuación.
debido proceso.
Tanto el cargo planteado en el escrito de
Esto se puede evidenciar dado que la demanda, como los alegatos de conclusión
competencia de los funcionarios y los actos presentados en el curso del proceso, la parte
administrativos se adelantaron con demandante planteo el problema de la doble
fundamento en la Ley 1607 de 2012 y el aplicación de dos normas; la ley 1607 de 2012
Decreto 575 de 2013, en concordancia con y la Ley 1151 de 2007 sin discriminación a
lo dispuesto en la Liquidación Oficial No. todos los periodos fiscalizados por la UGPP
RDO 484 del 12/06/2015, que señala: “(…) es decir del 01/01/2011 al 31/12/2011 y del
EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACIÓN 01/10/2013 al 31/12/2013, desconociendo

44 Se transcriben los cargos incluso con errores de la recurrente.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

DE OBLIGACIONES DE LA UNIDAD que la Ley 1607 de 2012 no podía ser
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE aplicada a los periodos fiscalizados
GESTIÓN PENSIONAL Y correspondientes a la anualidad 2012, está
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE situación no es desconocida por el despacho
LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP. En uso ni por el Consejo de Estado, la aplicación
de sus facultades legales en especial las retroactiva de la norma de forma sistemática
establecidas en el numeral 10 del artículo 21 ha conllevado a la nulidad de cientos de actos
del Decreto 575 de 2013, en concordancia administrativos proferidos por la UGPP,
con lo previsto en el artículo 156 de la Ley sentencias falladas con anterioridad por el
1151 de 2007, el artículo 178 de la Ley 1607 despacho que profirió al sentencia, por la Sala
de 2012, el artículo 1 literal b) del Decreto que conforma y por el H. Consejo de Estado,
Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en es por esta razón que consideramos la
estas disposiciones, las normas contenidas configuración de los vicios propios de las
en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto providencias judiciales, en especial el
Tributario Nacional (…)”, es decir, La desconocimiento del precedente judicial.
Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales de la Dirección de De hecho, al observar la parte final del párrafo
Parafiscales de la UGPP conjugó dos primero de la página 18 de la sentencia, el
procedimientos contenidos en dos normas despacho tenía conocimiento de la solicitud
diferentes para expedir la denominada elevada por la parte demandante la indicar
Liquidación Oficial No. RDO 484 del que: “En efecto, precisa que hubo una
12/06/2015. aplicación retroactiva de la norma", haciendo
referencia a la solicitud misma y la finalidad
Lo anterior, nos permite concluir que tanto el del cargo, sin embargo, en el desarrollo del
procedimiento como la competencia de los cargo el despacho no hace énfasis alguno a
funcionarios se realizaron bajo la dicha situación, que configura a la nulidad de
inobservancia del principio de la integralidad los actos administrativos demandados.
de la norma, en [consecuencia,] solicitamos
la nulidad de los actos demandados. En relación con la vulneración, es preciso
indicar al despacho que la UGPP fue creada
por medio del artículo 156 de la Ley 1151 de
2007, según el cual se estableció la
competencia de la entidad administrativa y en
relación con el procedimiento el artículo
señala:

"En lo previsto en este artículo, los
procedimientos de liquidación oficial se
ajustarán a lo establecido en el Estatuto
Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI.
Igualmente, adelantará el cobro coactivo de
acuerdo con lo previsto en la Ley 1066 de
2006."

Con posterioridad, el legislador estableció un
procedimiento especifico en el artículo 178 de
la Ley 1607 de 2012, procedimiento aplicado
de forma indistinta por la UGPP, a los
periodos fiscalizados de las anualidades 2011
y 2013, descociendo que la Ley 1607 pro
principio de irretroactividad no podía ser
aplicado a los periodos 2011, por el contrario,
debía dar aplicación al artículo 714 del
Estatuto Tributario, por remisión expresa del
Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
En ese orden, como el legislador para los
periodos fiscalizados no había indicado de
forma expresa en cuanto tiempo concurre la
firmeza de las liquidaciones privadas, en
concreto para el presente asunto la firmeza de
las Planillas Integradas de Liquidación de

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

Aportes, se debe hacer remisión expresa del
artículo 714 del Estatuto Tributario, el cual
establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 714. FIRMEZA DE LA
LIQUIDACIÓN. La declaración tributaria
quedará en firme, si dentro de los dos (02)
años siguientes a la fecha del vencimiento del
plazo para declarar, no se ha notificado
requerimiento especial. Cuando la
declaración inicial se haya presentado en
forma extemporánea, los dos años se
contarán a partir de la fecha de presentación
de la misma. (...)".

En concordancia con lo anterior, como el
Requerimiento para Declarar y/o Corregir No.
892 del 25 de noviembre de 2014, fue
notificado en debida forma por correo
certificado hasta el 18 de diciembre de 2014,
es decir TRES (3) AÑOS, desde la fecha en
que el aportante debió declarar y
presuntamente no declaró los periodos desde
el enero a diciembre del 2011, y UN (01) AÑO
después de la oportunidad legal que tenía la
entidad para adelantar su proceso de
determinación de obligaciones, de
conformidad con el artículo 714 del Estatuto
Tributario, la consecuencia de lo anterior es la
firmeza de las declaraciones privadas, así lo
ha manifestado la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en reiteradas providencias,
como las siguientes:

Sentencia Consejo de Estado - Sección
Cuarta. Consejero ponente: JORGE
OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ Sentencia
del 24 de octubre de 2019. Radicación
25000-23-37-000-2014-00900- 01(23599)
[…]
Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sentencia del 31/08/2018, dentro del
proceso No. 250002327000-2015-00266-00-
COLVANES S.A.S. vs UGPP.
[…]
Juzgado 44 Administrativo del Circuito de
Bogotá D.C, sentencia del 26/10/2018,
dentro del proceso No. 110013337044 2016
00292 00 -COMERCIAL PAPELERA S.A.S.
vs UGPP.
[…]
Juzgado 41 Administrativo del Circuito de
Bogotá D.C, sentencia del 26/10/2018,
dentro del proceso No. 1100133370412015
00234 00 - VIGILANCIA YSEGUIRDAD
ESPLENDOR vs UGPP.
[…]
Para concluir y en virtud de las concurrentes
vulneraciones a derechos fundamentales
como el debido proceso y la igualdad, por
parte de la Subdirección de Determinación de

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

Obligaciones de la UGPP, de manera muy
respetuosa solicitamos a los Magistrados de
segunda instancia, se sirvan declarar la
nulidad de los actos administrativos
demandados y como restablecimiento del
derecho se sirvan declarar la firmeza de las
declaraciones y en forma subsidiaria la
caducidad de la potestad sancionatoria».

Como se evidencia la formulación del cargo «CREACIÓN DE TERCERA NORMA» fue
variado sustancialmente por la sociedad Riopaila Castilla S.A. al momento de recurrir
en apelación la sentencia de primera instancia, pues, desde la demanda, la fijación del
litigio y, por ende, como la primera instancia lo resolvió, el reparo estaba dirigido a
cuestionar la legalidad de los actos administrativos demandados por la supuesta
conjugación de dos procedimientos previstos en dos normas diferentes y la posible
transgresión del principio invocado por la recurrente, es decir, realmente se alegó una
expedición irregular por la presunta existencia de una anomalía sustancial en el
proceso de formación de los actos administrativos demandados, mientras que, en la
apelación, la demandante alegó la falsa motivación, a partir de la supuesta caducidad
de la facultad sancionatoria de la UGPP, como consecuencia de la firmeza de las
declaraciones de los aportes del año 2011, contenidas en las planillas PILA, y la
aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012.»45

En este orden, se observa que la sentencia del 5 de abril de 2024 de la Sala Veintidós
Especial de Decisión del Consejo de Estado efectuó un análisis de los cargos
formulados por Riopaila Castilla S.A., en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y los comparó con el reproches propuesto en el recurso interpuesto en contra
de la sentencia del 27 de febrero de 2020, lo cual le permitió concluir que la apelante
modificó el argumento planteado bajo el título «CREACIÓN DE TERCERA NORMA»
y, por ende, la Sección Cuarta de esta corporación no lo resolvió de fondo en la
sentencia del 25 de agosto de 2022, en virtud de los artículos 320 y 328 del CGP, para
evitar la vulneración del derecho a la defensa y de contradicción de la UGPP.

En este sentido, la providencia cuestionada consideró que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado decidió el objeto de debate, independientemente de que no se
hubiese abordado el estudio de fondo del reparo propuesto como lo pretendía la
apelante. En consecuencia, concluyó que la actuación de la autoridad judicial de
ninguna manera desconoció el principio de congruencia, que se alegó en el recurso
extraordinario de revisión.

Dicho esto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada realizó un estudio
coherente, razonable e integral de los argumentos expuestos por la empresa Riopaila
Castilla S.A. en el recurso extraordinario de revisión, en el escrito de apelación
interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, particularmente, del fallo del 25 de agosto de 2022, proferido por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, para deducir que en el caso concreto no se
configuraba la causal de revisión invocada.

Por lo anterior, esta Sala considera que la decisión adoptada por la Sala Veintidós
Especial de Decisión del Consejo de Estado fue expedida dentro del marco jurídico
que regula el recurso extraordinario de revisión, sin que se pueda inferir la existencia

45Samai, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00, recurso extraordinario de revisión, índice 48, certificado
84ACFC056D03DF39 23C6913DB14EFB5F 3E54BBD061CB0B1E 60DE4E9AD80809F0.

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

de alguna situación ajena al ordenamiento procesal que hubiese podido amenazar o
desconocer las garantías constitucionales invocadas por la parte actora.

IV. CONCLUSIÓN

En consecuencia, la Sala encuentra que el Consejo de Estado, Sección Cuarta y la
Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado no incurrieron en los
defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución propuestos por la parte tutelante, puesto que las
sentencias proferidas el 25 de agosto de 2022 y el 5 de abril de 2024 fueron motivados
de manera razonable, de acuerdo con las normas que rigen la materia y las pruebas
aportadas a los respectivos expedientes.

Por las razones expuestas, esta Sala revocará la sentencia del 23 de agosto de 2024
que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la medida en
que declaró improcedente la tutela, y, en su lugar, negará las pretensiones de amparo,
por los motivos contenidos en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de agosto de 2024 que profirió el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por Riopaila Castilla S.A. en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el
Consejo de Estado, Sección Cuarta y la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta
corporación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03681-01
Accionante: Riopaila Castilla S.A
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otros

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JLAS/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.