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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00083-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00083-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por La sociedad Allianz Seguros S.A., según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 00083 00 Accionante: Sociedad Allianz Seguros S.A. Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00083-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00083 00
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión núm. 6 y
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la sociedad Allianz Seguros S.A., en
contra del Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión núm. 6 y el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Tunja, con ocasión de las providencias dictadas el
18 de octubre de 2023, el 28 de abril de 2025 y el 22 de julio de 2025, en el proceso de
controversias contractuales identificado con el radicado núm. 15001 33 33 005 2021
00084 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Allianz Seguros S.A., actuando por conducto de su apoderado judicial,
promovió acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello, formuló
las siguientes pretensiones1:

1. Que se declare que se ha violado o desconocido o limitado el derecho
fundamental al debido proceso de ALLIANZ, por causa y con ocasión de las
providencias proferidas el 18 de octubre de 2023 por parte del JUZGADO 05
ADMINISTRATIVO DE TUNJA (Exp. No. 15001333300520210008400), el 28 de
abril de 2025 y 22 de julio de 2025 por la SALA DE DECISIÓN No. 6 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ (Exp. No.
15001333300520210008401):

2. Que se proceda al amparo y protección del derecho fundamental al debido
proceso de la sociedad demandante.

3. Que, como consecuencia de todo lo anterior, se dejen sin valor ni efecto las
aludidas providencias judiciales; así como toda consecuencia o procedimiento
derivado de las mismas.

4. Que, como medida de protección del derecho fundamental al debido proceso,
se ordene dictar las providencias de reemplazo a las que haya lugar, en las cuales

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00083 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00083 00
Accionante: Sociedad Allianz Seguros S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

se omitan los razonamientos y decisiones judiciales violatorios de los derechos
fundamentales de mi representada.

5. Que se adopte cualquier otra medida de protección que el Juez constitucional
estime relevante y pertinente para la garantía de los derechos fundamentales de
ALLIANZ. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte accionante relató que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P. y el Consorcio Alcantarillado Chinavita suscribieron el Contrato de
Obra núm. 003 de 2016 el 6 de enero de 2016.

Resaltó que el cumplimiento de dicho contrato fue asegurado por Allianz Seguros S.A.
mediante la póliza de cumplimiento núm. 021877072, en los estrictos términos del
contrato de seguro celebrado entre las partes.

La aseguradora indicó que los únicos certificados de seguro consentidos y expedidos por
ella fueron el Certificado 0 del 7 de enero de 2016, con vigencia del 6 de enero de 2016
al 7 de mayo de 2016; el Certificado 1 del 19 de febrero de 2016, con la misma vigencia;
y el Certificado 2 del 24 de febrero de 2016, cuya cobertura se extendió desde el 6 de
enero de 2016 hasta el 7 de noviembre de 2016.

Manifestó que no fue informada directamente de la Suspensión núm. 1 del contrato de
obra, razón por la cual, a su juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 1060 del Código
de Comercio, se produjo la terminación automática de la póliza de cumplimiento núm.
021877072.

Añadió que, en todo caso, aun si no se aceptara dicha circunstancia, el amparo de
cumplimiento feneció el 7 de noviembre de 2016, sin que hubiese sido prorrogado
mediante un acuerdo de voluntades en el que hubiera intervenido la aseguradora.

Expuso que, pese a lo anterior, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P. expidió la Resolución núm. 087 del 6 de agosto de 2020, mediante la
cual se dispuso, entre otros aspectos, “declarar el incumplimiento parcial del Contrato de
Obra núm. 003 de 2016, imponer una multa equivalente al diez por ciento (10 %) del valor
del contrato y hacer efectiva la póliza de cumplimiento”, así como ordenar la actualización
de las garantías correspondientes.

Señaló que contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante la Resolución núm. 095 del 11 de septiembre de 2020, en sentido confirmatorio.

El mismo 6 de agosto de 2020, las partes del Contrato de Obra núm. 003 de 2016
suscribieron el Acta de Suspensión núm. 4, suspensión que se mantuvo vigente hasta la
suscripción del acta de reinicio del 4 de enero de 2021, fecha para la cual la posición
contractual ya había sido asumida por un contratista distinto al Consorcio Alcantarillado
Chinavita.

Adujo que, frente a la decisión adoptada mediante la Resolución núm. 087 del 6 de agosto
de 2020, Allianz Seguros S.A. presentó y sustentó recurso de reposición.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Indicó que dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución núm. 095 del 11 de
septiembre de 2020, en la cual se dispuso, entre otros aspectos, “confirmar en su
totalidad la decisión tomada mediante la Resolución núm. 087 del 6 de agosto de 2020,
por medio de la cual se resolvió el trámite sancionatorio del Contrato de Obra núm. 003
y se dictaron otras disposiciones”, así como ordenar la notificación, publicación y demás
actuaciones consecuentes previstas en dicho acto administrativo.

La legalidad de las decisiones adoptadas mediante las Resoluciones núm. 087 del 6 de
agosto de 2020 y núm. 095 del 11 de septiembre de 2020 fueron oportunamente
demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, proceso que fue
asignado al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja, bajo el radicado núm.
15001 3333 005 2021 00084 00.

En el marco de dicho proceso, el 18 de octubre de 2023 el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Tunja profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual resolvió
negar las pretensiones de la demanda y disponer que no había lugar a condena en
costas.

La decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala de Decisión
núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 28 de abril de 2025,
en la que se dispuso a confirmar la sentencia de primera instancia.

Con posterioridad, Allianz Seguros S.A. formuló solicitud de aclaración y adición respecto
de la sentencia de segunda instancia, la cual fue resuelta mediante providencia del 22 de
julio de 2025, de manera desfavorable.

Afirmó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, al
interpretar y aplicar de manera irrazonable las normas que regulan el contrato de seguro
de cumplimiento, en particular las disposiciones del Código de Comercio relativas a la
vigencia del amparo, la agravación del riesgo y la prescripción de los derechos derivados
del contrato de seguro.

Señaló que las autoridades judiciales avalaron la afectación de la póliza por hechos
ocurridos con posterioridad a su vencimiento, desconocieron la falta de consentimiento
de la aseguradora frente a las modificaciones contractuales y validaron la tasación de la
multa con base en una adición contractual no asegurada.

Asimismo, manifestó que se configuró un defecto fáctico, en la medida en que las
decisiones judiciales otorgaron pleno valor a supuestos fácticos que, a su juicio, no
contaban con respaldo probatorio suficiente dentro del expediente, particularmente en lo
relacionado con la notificación a la aseguradora de las suspensiones y modificaciones
del contrato, así como con la justificación técnica y jurídica para imponer la multa y
ordenar la actualización de la garantía de cumplimiento.

Indicó que tales defectos se consolidaron con la confirmación de la sentencia de primera
instancia y con la negativa de la solicitud de aclaración y adición de la providencia de
segunda instancia, lo cual, en su criterio, dio lugar a una vulneración actual y directa del
derecho fundamental al debido proceso, que habilita la intervención del juez
constitucional.

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Accionante: Sociedad Allianz Seguros S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 19 diciembre de 20252 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 19 de enero de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Sala
de Decisión núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Tunja, como partes accionadas; así como vincular5 a la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá – ESPB y al Consorcio
Alcantarillado Chinavita, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió a la Sala de Decisión núm. 6 del Tribunal Administrativo de
Boyacá y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de controversias contractuales
identificado con el radicado núm. 15001 33 33 005 2021 00084 00/01, el cual fue
remitido6.

3.2. Las Empresas Públicas de Boyacá S.A. E.S.P. sostuvo que7 los hechos expuestos
por la parte actora no son novedosos, en la medida en que corresponden a los mismos
supuestos fácticos, jurídicos y probatorios que fueron debatidos y resueltos dentro del
proceso ordinario.

Indicó que la acción de tutela pretende reabrir una discusión ya definida por el juez
natural, cuestionando providencias judiciales debidamente motivadas y ejecutoriadas, lo
cual desconoce el carácter excepcional y subsidiario del amparo constitucional y
evidencia su uso como una indebida tercera instancia.

Afirmó que las providencias cuestionadas no incurrieron en los defectos alegados por la
parte accionante, por cuanto se profirieron dentro del ámbito de competencia de las
autoridades judiciales, con valoración integral del material probatorio y mediante una
interpretación razonada del régimen jurídico aplicable, razón por la cual solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela.

3.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá8 indicó que la sentencia de segunda instancia
proferida el 28 de abril de 2025 dentro del proceso de controversias contractuales, se
limitó a confirmar la decisión adoptada en primera instancia, tras considerar que los
argumentos expuestos por la parte actora no lograron desvirtuar las conclusiones
alcanzadas por el Juzgado accionado.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00083 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00083 00.
4 Esta orden se cumplió el 21 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00083 00.
5 Ibidem.
6 Visto en ellos índices 9 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado

núm. 11001 03 15 000 2026 00083 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00083 00.
8 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00083 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00083 00
Accionante: Sociedad Allianz Seguros S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Señaló que las providencias cuestionadas se profirieron con fundamento en las normas
aplicables y a partir de la valoración del material probatorio obrante en el expediente, sin
que se advierta la configuración de los defectos alegados en la acción de tutela, razón
por la cual sostuvo que no se presentó vulneración alguna de derechos fundamentales.

3.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja y el Consorcio Alcantarillado
Chinavita guardaron silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:

4.2.1. La sociedad Allianz Seguros S.A. interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales, con el fin de controvertir las Resoluciones
núm. 087 del 6 de agosto de 2020 y núm. 095 del 11 de septiembre de 2020. A
dicho proceso se le asignó el número único de radicación 15001-33-33-005-2021-
00084-00, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Tunja.

4.2.2. Mediante sentencia del 18 de octubre de 2023, el referido juzgado negó las
pretensiones de la demanda, decisión frente a la cual la accionante interpuso
recurso de apelación.

4.2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 28 de abril de
2025, confirmó el fallo de primera instancia. Contra esta decisión, la accionante
presentó solicitud de adición y aclaración.

4.2.4. Con providencia del 22 de julio de 2025, el Tribunal negó la solicitud de
adición y aclaración.

9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del proceso de controversias contractuales identificado con el

radicado núm. 15001 33 33 005 2021 00084 00/01. Visto en los índices 9 y 14 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00083 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00083 00
Accionante: Sociedad Allianz Seguros S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que14:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades15:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

14 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
6

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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)17. (Se destaca) […].

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos eventos en los que el interesado controvierte, a través de la acción
de tutela, la valoración jurídica o probatoria efectuada por el juez natural, o manifiesta su
inconformidad frente a la interpretación de las normas legales aplicables al caso
concreto, resulta evidente que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para
reabrir el debate propio del proceso ordinario y como una instancia adicional, en
contravía de la autonomía e independencia judicial.

En el presente asunto, la Sala advierte que no se satisface el requisito general de
relevancia constitucional, en tanto el tercer elemento que lo compone esto es, impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
decisiones judiciales no se encuentra superado.

Ello obedece a que, mediante la solicitud de amparo, la parte accionante pretende reabrir
el debate que fue ampliamente examinado y resuelto dentro del proceso de controversias
contractuales promovido por Allianz Seguros S.A. contra la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en el cual se discutió, entre otros aspectos, la
vigencia del amparo de cumplimiento contenido en la póliza núm. 021877072, la

16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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incidencia de las suspensiones contractuales, la prescripción prevista en el artículo 1081
del Código de Comercio, la naturaleza conminatoria de la multa impuesta y la
competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento y hacer efectivo
el siniestro.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, al resolver el recurso de apelación
mediante sentencia del 28 de abril de 2025, concluyó de manera expresa lo siguiente:

Se confirmará la providencia apelada, por cuanto: (i) las empresas de servicios
públicos domiciliarios sí están facultadas para incorporar cláusulas cuya ejecución
sea unilateral como un acto contractual y no como un acto administrativo, (ii) la
declaratoria del siniestro se hizo mientras el amparo de cumplimiento se encontraba
vigente al haber sido notificada la suspensión número 1 del contrato de obra, (iii) no
se configuró el fenómeno de la prescripción regulado en el artículo 1081 del Código
de Comercio, (iv) no se desconoció la naturaleza conminatoria de la multa impuesta
si en la decisión enjuiciada solicitó la actualización de la garantía y (v) la tasación
de la multa no se realizó inadecuadamente.

Bajo ese contexto, la Sala observa que la controversia planteada en sede de tutela fue
objeto de estudio detallado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual
abordó de manera expresa los argumentos relacionados con la vigencia del contrato de
seguro, la agravación del riesgo, la prescripción, la competencia de la entidad contratante
y la naturaleza jurídica de la multa impuesta.

En consecuencia, la inconformidad de la parte accionante no se dirige a evidenciar una
actuación arbitraria, sorpresiva o carente de motivación, sino a cuestionar la
interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas por el juez natural, con el
propósito de obtener un nuevo pronunciamiento sobre asuntos de legalidad ya definidos
dentro del proceso ordinario.

Así las cosas, se concluye que no se advierte la existencia de una cuestión de verdadera
relevancia constitucional que habilite la intervención del juez de tutela, sino una
discrepancia del accionante frente al criterio adoptado por el juez natural, lo cual resulta
insuficiente para la procedencia del amparo solicitado.

Por lo expuesto, sin que sea necesario descender en otras consideraciones, se concluye
que la presente acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, razón por la cual será declarada improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por La
sociedad Allianz Seguros S.A., según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00083 00
Accionante: Sociedad Allianz Seguros S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

9

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