Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00136-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2025-00136-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00136-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00136-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C. diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-25-000-2025-00136-00 (1018-2025)1
Demandante : Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduprevisora S.A2
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
Departamento de Antioquia
Trámite : Recurso extraordinario de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de
enero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo de Antioquia
Decisión : Sentencia de única instancia
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Fiduprevisora S.A,
por intermedio de apoderada judicial, contra la sentencia de treinta y uno (31) de enero
de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta, que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia.
I. ANTECEDENTES
1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1.1 La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3
1. El señor John Jairo Correa Gómez, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
1
Proceso electrónico.
2
En adelante la Fiduprevisora S.A.
3
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Primera Instancia, archivo:
001Demanda.
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del
acto ficto o presunto negativo, configurado por el silencio administrativo frente a la
petición presentada el treinta (30) de abril de dos mil veintidós (2022), ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia, en
cuanto negó la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) reconocer y pagar la sanción por
mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada
día de retardo, contado a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días
transcurridos desde la radicación de la solicitud y hasta cuando se hizo efectivo el pago;
(ii) reconocer y pagar el ajuste a que hubiere lugar por la disminución del poder
adquisitivo de la sanción moratoria; y (iii) el cumplimiento a la sentencia en los términos
de ley.
1.2 Contestación de la demanda
3. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio4, se opuso a las pretensiones de la demanda, al sostener que, el
ente territorial era el llamado a responder por el pago de la sanción moratoria, toda vez
que, no existía una partida presupuestal en el Fondo para asumir dicho pago; que, una
vez expedida la resolución de reconocimiento, la Fiduprevisora S.A., puso a disposición
el pago de las cesantías dentro de los cuarenta y cinco (45) días con que contaba la
entidad pagadora; y que, no había lugar a la indexación, por ser incompatible con la
sanción moratoria.
4. El Departamento de Antioquia5, se opuso a las pretensiones de la demanda, al alegar
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, el reconocimiento y pago de sus
prestaciones sociales, incluidas las cesantías, estaban a cargo de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de
la Fiduprevisora S.A; y señaló que, el ente territorial carecía de capacidad de decisión
sobre dichos asuntos y actuaba únicamente como simple tramitador.
4
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Primera Instancia, archivo:
008ContestacionDdaFomag.
5
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Primera Instancia, archivo:
013ContestacionDdaDptoAnt.
2
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
1.3 Sentencia de primera instancia6
5. El Juzgado treinta y cinco (35) Administrativo del Circuito de Medellín, mediante
sentencia del seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024), declaró la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto negativo, configurado frente a la petición presentada el
treinta (30) de abril de dos mil veintidós (2022). A título de restablecimiento del derecho,
condenó al Departamento de Antioquia a reconocer al demandante, por concepto de
sanción moratoria por el no reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales,
el equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, teniendo en cuenta la
asignación básica diaria devengada en el año 2021 y causada entre el veintiocho (28) de
octubre de dos mil veintiuno (2021) y el veintitrés (23) de noviembre siguiente. Asimismo,
declaró improcedente la indexación de la sanción moratoria, negó las demás
pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
6. Para resolver el caso concreto, el Juzgado señaló que, el demandante había solicitado
el reconocimiento y pago de cesantías parciales, el dieciséis (16) de julio de dos mil
veintiuno (2021) y que estas fueron reconocidas mediante la Resolución No.
2021060088472 del treinta (30) de agosto siguiente. Consideró que, la entidad disponía
de quince (15) días hábiles para expedir la resolución correspondiente, término que
vencía el nueve (9) de agosto de ese año, por lo que, el acto fue expedido por fuera del
término establecido. También señaló que, los dineros estuvieron a disposición del
demandante, el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) y que el
término para el pago fenecía el veintisiete (27) de octubre del mismo año. En
consecuencia, concluyó que, existió mora entre el veintiocho (28) de octubre y el veintitrés
(23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
7. En cuanto a la entidad responsable del pago, el Juzgado indicó que, el señor John
Jairo Correa Gómez, había radicado la solicitud de cesantías el dieciséis (16) de julio de
dos mil veintiuno (2021) y que, de acuerdo con la normativa vigente, la entidad territorial
disponía de quince (15) días para expedir el acto administrativo correspondiente. Señaló
que, la Resolución No. 2021060088472 fue expedida el treinta (30) de agosto de dos mil
veintiuno (2021), por fuera del plazo legal, y que ello causó una mora equivalente a
catorce (14) días. Aunado a ello, consideró que, debieron causarse más días de mora,
en tanto la entidad debía practicar la notificación personal al demandante y efectuar
6
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Primera Instancia, archivo:
033SentenciaPrimeraInstancia.
3
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
posteriormente la remisión al FOMAG para proceder con el pago, por lo que, estimó que
la mora le correspondía a la entidad territorial. Así, concluyó que, el Departamento de
Antioquia debía asumir el pago de la sanción moratoria.
1.4 Recurso de apelación7
8. El Departamento de Antioquia, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, al considerar que, el ente territorial profirió la resolución de
reconocimiento de las cesantías en tiempo, pues, la solicitud fue presentada el veinte (20)
de agosto de dos mil veintiuno (2021) y la Resolución No. 2021060088472 fue expedida
el treinta (30) de agosto del mismo año. En ese sentido, sostuvo que, aun si se
estableciera que el acto fue proferido o notificado por fuera del término de quince (15)
días previsto en la Ley 1071 de 2006, ello no sería razón suficiente para atribuirle la
responsabilidad por el pago de la sanción moratoria.
9. Añadió que, no incurrió en mora, toda vez que, su obligación consistía en expedir la
resolución de reconocimiento y remitir la documentación a la Fiduciaria, mientras que, el
pago de las cesantías se encontraba a cargo de esta, como administradora de los
recursos del FOMAG. Por ello, sostuvo que, el Departamento actuaba como simple
tramitador y no era responsable de la eventual mora. Con fundamento en lo anterior,
solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda, o, en cualquier
caso, exonerar de responsabilidad al ente territorial.
1.5 Sentencia de segunda instancia, objeto de revisión8
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante sentencia del treinta y
uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el Departamento de Antioquia, contra la sentencia proferida el seis (6) de
junio de dos mil veinticuatro (2024), por el Juzgado treinta y cinco (35) Administrativo del
Circuito de Medellín. En consecuencia, modificó parcialmente la sentencia apelada, así:
PRIMERO. MODIFÍCASE el ordinal segundo de la sentencia proferida el 6 de junio de
2024, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral de Medellín, por las razones
expuestas en precedencia, el cual quedará de la siguiente manera:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del Derecho, SE CONDENA SOLIDARIAMENTE
al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y a la Fiduprevisora S.A, con sus propios
7
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Primera Instancia, archivo:
036RecursoApelacionDepartamentoAntioquia.
8
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Segunda Instancia, archivo: 010.
SentenciaSegundaInstancia.
4
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
recursos y no como vocera del patrimonio del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a reconocer a favor del señor JOHN JAIRO CORREA GÓMEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.382.841, por concepto de sanción moratoria
por el no reconocimiento y pago oportuno de cesantías parciales, el equivalente a un día de
salario por cada día de retardo, teniendo en cuenta la asignación básica diaria devengada
en el año 2021 y causada entre el 28 de octubre de 20211 hasta el 23 de noviembre de
2021.
SEGUNDO. CONFÍRMASE en los demás la sentencia apelada.
TERCERO. - SIN CONDENDA EN COSTAS en esta instancia.
[…] (sic)
11. En relación con la sanción moratoria, señaló que, a los docentes oficiales les son
aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y que, cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término legal, la sanción moratoria se causa setenta
(70) días hábiles después de radicada la solicitud, correspondientes a quince (15) días
para expedir la resolución, diez (10) días de ejecutoria y cuarenta y cinco (45) días para
efectuar el pago. Asimismo, precisó que, tratándose de cesantías parciales, el salario
base para liquidar la sanción, corresponde a la asignación básica diaria vigente al
momento en que se causó la mora y que la indexación de la sanción moratoria resulta
improcedente.
12. Al analizar el caso concreto, la Sala tuvo como fecha de radicación de la solicitud de
reconocimiento de las cesantías, el dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), al
considerar que, la referencia al veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021),
contenida en la Resolución No. 2021060088472 obedeció a un error al digitar la fecha.
En ese sentido, estableció que, el término para el reconocimiento venció el nueve (9) de
agosto de dos mil veintiuno (2021), el de ejecutoria el veinticuatro (24) de agosto siguiente
y el correspondiente al pago, el veintisiete (27) de octubre, mientras que las cesantías
estuvieron a disposición del demandante el veinticuatro (24) de noviembre. Por ello,
determinó que, la mora se causó durante veintisiete (27) días, entre el veintiocho (28) de
octubre y el veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
13. El Tribunal también se refirió al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 942
de 2022, en particular, a los artículos 2.4.4.2.3.2.22, 2.4.4.2.3.2.27 y 2.4.4.2.3.2.28.
Señaló que, la entidad territorial debe resolver la solicitud de reconocimiento de las
cesantías dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su radicación completa y
que la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo debe efectuar
el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto
administrativo de reconocimiento. Asimismo, precisó que, la entidad responsable de la
5
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
mora debe asumir la correspondiente sanción y que, cuando esta sea imputable a la
sociedad fiduciaria, debe ser cubierta con su patrimonio; si resulta atribuible a ambas
entidades, debe calcularse y pagarse proporcionalmente según los días de retraso
imputables a cada una.
14. En cuanto a la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria, consideró que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la entidad territorial
responde por la sanción moratoria, cuando el pago extemporáneo de las cesantías
obedece al incumplimiento de los plazos para la radicación o entrega de la solicitud ante
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En el caso concreto,
determinó que, el acto administrativo había sido expedido extemporáneamente por la
secretaría de educación territorial y que, el pago de las cesantías también se había
efectuado tardíamente, por lo que, atribuyó la responsabilidad por la mora al
Departamento de Antioquia y a la Fiduprevisora S.A., esta última con sus propios
recursos y no como vocera del patrimonio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
1.6 Recurso extraordinario de revisión9
15. Fiduciaria La Previsora S.A. –Fiduprevisora S.A.–, por intermedio de apoderada
judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión, contra la sentencia proferida el
treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor John Jairo Correa Gómez. Invocó la causal prevista en
el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, relacionada con la existencia de
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual, no procede
recurso de apelación.
16. Como sustento del recurso, señaló que, el Juzgado treinta y cinco (35) Administrativo
del Circuito de Medellín, admitió la demanda mediante auto del veinticinco (25) de mayo
de dos mil veintitrés (2023), contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia, sin
vincular a la Fiduprevisora S.A., como parte procesal. Indicó que, dicha entidad tampoco
fue vinculada durante las actuaciones posteriores de la primera instancia, por lo que, no
tuvo conocimiento del proceso ni pudo ejercer su derecho de defensa.
9
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Segunda Instancia, archivo: 013.1
RecursoExtraordinarioRevision.
6
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
17. Refirió que, mediante sentencia del seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024), el
Juzgado condenó al Departamento de Antioquia, al pago de la sanción moratoria por el
no reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales. Agregó que,
posteriormente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante sentencia
del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), modificó el ordinal segundo
de la decisión de primera instancia y condenó solidariamente al Departamento de
Antioquia y a la Fiduprevisora S.A., con sus propios recursos y no como vocera del
patrimonio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al pago de la
referida sanción.
18. En ese sentido, afirmó que, se configuró una nulidad procesal por falta de vinculación
e indebida notificación, que vulneró su derecho al debido proceso, razón por la cual,
solicitó dejar sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta, y ordenar la debida notificación y vinculación de la entidad fiduciaria.
1.6.1 Causal de revisión invocada
19. La entidad recurrente invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, conforme a la cual:
Artículo. 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación […]
20. Como fundamento de la causal, sostuvo que, no fue posible alegar la nulidad procesal
antes de la sentencia de segunda instancia, toda vez que, la Fiduprevisora S.A., nunca
fue vinculada al proceso y, por ende, no hizo parte de este ni tuvo oportunidad de actuar
y defender sus intereses. Señaló que, aun cuando el Tribunal pudo advertir de oficio la
falta de vinculación del tercero interesado, condenó a una entidad que no hizo parte del
litigio.
21. Indicó que, la nulidad invocada corresponde a la prevista en el numeral 8.º del artículo
133 del Código General del Proceso, aplicable de conformidad con el artículo 208 del
CPACA, relacionada con la falta de notificación en debida forma de la persona o entidad
que debía ser citada. En ese sentido, sostuvo que, la falta de vinculación y notificación
7
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
de la Fiduprevisora S.A., le impidió ejercer sus derechos dentro del proceso y vulneró su
derecho al debido proceso.
22. Finalmente, manifestó que, al haber sido condenada sin ser parte del proceso ni tenida
oportunidad de ejercer su defensa, debía dejarse sin efecto la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, y procederse a su debida notificación
y vinculación. En consecuencia, solicitó dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia
del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) y ordenar la notificación y
vinculación de la Fiduprevisora S.A., en debida forma, conforme al artículo 291 del Código
General del Proceso.
1.6.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
23. El recurso extraordinario de revisión, fue admitido por el Despacho mediante auto del
seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)10.
24. Posteriormente, mediante auto del diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis
(2026)11, el despacho sustanciador tuvo por no contestado el recurso extraordinario de
revisión y decretó como pruebas los documentos allegados con la demanda, y como
prueba de oficio, el expediente correspondiente al proceso con radicado 05001-33-33-
035-2023-00189-00.
25. El Ministerio Público rindió concepto12, en el que consideró que, se configuró la
causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, al estimar que,
la sentencia de segunda instancia condenó a la Fiduprevisora S.A., pese a que la entidad
no fue vinculada al proceso ni notificada del auto admisorio de la demanda, circunstancia
que le impidió ejercer sus derechos de defensa y contradicción. Señaló que, aunque la
falta de vinculación se produjo en una etapa anterior del proceso, la irregularidad se
concretó en la sentencia de segunda instancia, al imponerse una condena directa a la
fiduciaria.
26. En ese sentido, sostuvo que, la condena impuesta a la Fiduprevisora S.A., sin que
hubiera sido vinculada formalmente al proceso, constituye un vicio sustancial que afecta
el debido proceso y configura una nulidad originada en la sentencia, máxime, cuando la
10
Samai, índice 4.
11
Samai, índice 16.
12
Samai, índice 11.
8
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
entidad no tuvo la posibilidad de alegarla oportunamente por desconocer el trámite
judicial. En consecuencia, el Ministerio Público concluyó que, se configuró la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA y solicitó declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión presentado contra la sentencia del treinta y uno (31) de enero
de dos mil veinticinco (2025).
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
27. La Subsección es competente para conocer y decidir del presente recurso, según lo
previsto en el artículo 249 del CPACA13, en concordancia con lo previsto en el artículo 13
del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 de doce (12) de marzo
de dos mil diecinueve (2019)14.
2.2 Oportunidad
28. El recurso del epígrafe resulta oportuno, toda vez que, la sentencia revisada fue
proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), se notificó el cuatro
(4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)15 y el recurso extraordinario de revisión se
interpuso el veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025)16, por lo que, se
presentó dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA.
2.3 Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
30. ¿La sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, está incursa en la causal de
revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, consistente en la existencia
de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, por vulneración del
13
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
14
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
15
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Segunda Instancia, archivo: 011.
NotificacionSentenciaSegundaInstancia.
16
Samai, índice 5, documento: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), carpeta: Segunda Instancia, archivo: 013.
Memorial25032025RecursoExtraordinarioRevision.
9
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
debido proceso, al haber condenado a la Fiduprevisora S.A., pese a que, no fue vinculada
al proceso, ni tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción?
2.4 Marco normativo del recurso extraordinario de revisión
31. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de impugnación y la excepción
al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por
cuanto, abre la posibilidad de discutir los fallos ejecutoriados conforme la lista taxativa
que establece el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que se enlistan a continuación:
ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho
para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
32. Este recurso reviste connotación especial, no solo porque con su ejercicio se
pretenden desvirtuar las presunciones de legalidad y certeza que amparan una sentencia,
sino por las causales de procedencia que consagró de manera taxativa el legislador en
el artículo 250 del CPACA, lo cual implica que las facultades del juez que conoce de él
se sujetan al estudio de los argumentos planteados por el recurrente, los que, a su turno,
deben estar dirigidos a demostrar la causal alegada como sustento de la pretensión de
revisión, sin que sea dable incluir afirmaciones distintas ni revivir la controversia jurídica
y fáctica propia del proceso en el que se profirió la decisión objeto del recurso
10
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
extraordinario17.
33. Se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para
restablecer el imperio de la justicia, como supremo fin del derecho, cuando ellas son
proferidas con violación del derecho de defensa, desconocimiento de la cosa juzgada o
por circunstancias específicamente señaladas por la ley como delito, como lo dispone el
artículo 250 del CPACA; lo anterior significa que, no constituye una nueva oportunidad
que conceda la ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias ni para
suplir la incuria o negligencia de ellas en materia probatoria, puesto que, se fundamenta
en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso;
de modo que es un medio de impugnación excepcional de las sentencias, que permite el
rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer el ordenamiento jurídico, que
resulta lesionado por hechos externos al proceso judicial18.
34. Por consiguiente, para que este recurso prospere no solo resulta imperativo que se
demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que, de manera inequívoca,
tenga la aptitud suficiente para variar los resultados del fallo por las causales establecidas
en el mencionado artículo 250 del CPACA, sino que tal demostración debe corresponder
a las circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley y la jurisprudencia de esta
Corporación.
2.4.1 Sobre la causal prevista en el numeral 5) del artículo 250 del CPACA.
17
El Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, en fallo de 2 de abril de 2013, expediente 1997-00142-00, indicó:
«el recurso extraordinario de revisión establecido por el Código Contencioso Administrativo tanto por el artículo 164 de la Ley 167 de
1941, como el Decreto 01 de 1984, posteriormente modificado por la Ley 446 de 1998, tiene como característica que le es propia que
se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para restablecer el imperio de la justicia como supremo fin
del derecho cuando ellas son obtenidas con violación del derecho de defensa, con vulneración de la cosa juzgada o por circunstancias
específicamente señaladas por la ley como delito, tal como puede observarse por lo dispuesto en el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo vigente. Conforme a lo acabado de expresar este recurso no es una nueva oportunidad que se conceda
por la Ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias, ni tampoco para suplir la incuria o negligencia de las mismas
en materia probatoria, sino que se fundamenta en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso,
como ocurre por ejemplo cuando la sentencia fue dictada con fundamento en documentos cuya falsedad fue declarada por la justicia
ordinaria, o con apoyo en testimonios en virtud de los cuales los declarantes fueron condenados por haber incurrido en el delito de
falsedad testimonial, o cuando los peritos en virtud de cuyo dictamen se dictó el fallo hubieren sido condenados penalmente por haber
cometido un delito en la rendición del mismo, o cuando el fallo se obtuvo en virtud de violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia, o cuando se demuestra con posterioridad al fallo que este fue dictado con violación de la existencia de cosa juzgada
anterior entre las mismas partes, salvo que se hubiere alegado durante las instancias la excepción de cosa juzgada y hubiere sido
rechazada.
Es decir, como lo ha precisado la sala plena en anteriores oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio
de la justicia como del ordenamiento jurídico que resultan lesionados por hechos externos al proceso judicial. Tales hechos externos
están descritos en el artículo 188 C.C.A. y tienen que ver con la falsedad, el error, el dolo o la aparición de documentos decisivos que
hubieran alterado la decisión judicial.
Así mismo procede la causal de revisión cuando la sentencia fue proferida pese a la existencia de una nulidad originada en la misma
y cuando respecto de ese fallo no hubiere sido procedente el recurso de apelación.
Ha de anotarse que conforme a la jurisprudencia vigente de acuerdo con la sentencia C-520 de 2009 de la Corte Constitucional, el
recurso extraordinario de revisión se extiende también a las dictadas por los jueces administrativos en primera o segunda instancia
cuya naturaleza permita la interposición del recurso, pues en ella se declaró la inexequibilidad de la expresión "dictadas por las
secciones y subsecciones de la sala de lo contenciosos administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en
única o segunda instancia».
18
Ibidem.
11
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
35. El numeral 5° del artículo 250 del CPACA regula la causal del recurso extraordinario
de revisión referida a la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
36. La jurisprudencia de esta Corporación ha resaltado la dificultad de limitar el alcance
de esta causal, toda vez que, el legislador omitió desarrollar puntualmente en qué casos
se configura, de ahí que su ámbito de aplicación se haya decantado en torno a la idea de
evitar su uso para reabrir el debate probatorio que originó el proceso, pues, el juez de
revisión no se puede convertir en el juez de instancia19.
37. La causal integra dos requisitos, uno objetivo, consistente en que la providencia no
sea plausible del recurso de apelación; y otro subjetivo, derivado de que la nulidad
invocada tenga origen en la sentencia que puso fin al proceso20.
38. Su alcance ha sido precisado por la jurisprudencia de esta Corporación en el
entendido que las causales del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,
actualmente 133 del Código General del Proceso (CGP)21, son las que pueden dar origen
a la nulidad de la providencia, y las derivadas de la violación del debido proceso
constitucional, previsto en el artículo 29 de la Carta Política22.
39. El artículo 133 del CGP expresa:
«El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción
o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como
su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando
se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015,
exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
21
En adelante CGP.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26. Proceso con radicado, 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Referencia: Recurso extraordinario de revisión. M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Criterio reiterado en la sentencia de la
Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
12
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.
9.Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.»
40. No obstante, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, la
Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado, mediante sentencia del ocho (8) de
mayo de dos mil dieciocho (2018)23, precisó que la nulidad no está restringida a las
causales contempladas en el ordenamiento procesal civil, comoquiera que, puede
presentarse por la violación al debido proceso, por lo que es procedente la aplicación del
artículo 29 de la Constitución Política.
41. En los casos de violación del artículo 29 de la Constitución Política, el juez determina
si lo alegado «tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la sentencia de instancia, pues no
toda irregularidad puede tener la potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto
fin al proceso»24. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, no cualquier
vulneración del debido proceso prevista en el artículo 29 de la Constitución Política da
lugar a la configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino únicamente
aquellas hipótesis excepcionales definidas por la jurisprudencia, esto es, los vicios
originados en el fallo o aquellos que, pese a haberse presentado durante el trámite del
proceso, no pudieron ser alegados oportunamente por la parte recurrente.25
42. Ahora bien, la nulidad debe darse en la sentencia, no en etapas anteriores donde
debieron proponerse al juez, como lo indicó la Sala 8 Especial de Decisión de la Sala
Plena Contenciosa de esta Corporación, al señalar en providencia del seis (6) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), que «para que esta causal de revisión prospere, entre otras, debe
tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron
con posterioridad a ella y que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta;
que no se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en
su curso y no con posterioridad a él […]»26.
23
C-491 de 1995, C-739 de 2001.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2020-
03585-00. C.P Luis Alberto Álvarez Parra.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de 2018, M.P.
Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.
13
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
43. La causal 5° del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio
de congruencia cuando el accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta;
igualmente se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
puntos litigiosos objeto del debate27.
44. El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y la externa.
La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la parte resolutiva; y
la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las partes y lo decidido por el
fallador.
45. Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez de la
decisión siempre y cuando sea de tal envergadura que solo proceda anularla, por ello «el
juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener
los sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia, ya que
en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando como
una tercera instancia -propia de los recursos ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar
la inmutabilidad del fallo a partir de la naturaleza especial del recurso extraordinario» 28.
46. De todo lo anterior, se concluye que, para que sea procedente infirmar la sentencia
cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad originada en la
sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia o por hechos
posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues, en tal caso las
partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del proceso, salvo que
no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo conocimiento de ellos cuando se dictó
la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada sea de tal entidad, que influya en la decisión a
adoptar, ello en razón a que no cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper
esa cosa juzgada de la que la sentencia está investida.
2.5. Caso concreto
47. La parte demandante invocó como causal de revisión, la contenida en el numeral 5º
del artículo 250 del CPACA, para lo cual argumentó que, la sentencia cuya revisión se
27
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, proceso
con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
14
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
pretende, incurrió en una nulidad originada en la propia providencia, por cuanto, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, condenó a la Fiduciaria La Previsora
S.A. - Fiduprevisora S.A.-, pese a no haber sido parte procesal.
48. Al respecto, sostuvo que, no le fue posible alegar la nulidad procesal antes de la
sentencia de segunda instancia, toda vez que, la Fiduprevisora S.A., nunca fue vinculada
al proceso y, por ende, no hizo parte de este ni tuvo oportunidad de actuar y defender
sus intereses. Señaló que, aun cuando el Tribunal pudo advertir de oficio la falta de
vinculación del tercero interesado, condenó a una entidad que no hizo parte del litigio.
49. Con fundamento en lo anterior, afirmó que, la falta de vinculación y notificación de la
Fiduprevisora S.A., le impidió ejercer su derecho de defensa dentro del proceso y vulneró
su derecho al debido proceso. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos la sentencia de
segunda instancia del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) y ordenar
la notificación y vinculación de la Fiduprevisora S.A., en debida forma, conforme al
artículo 291 del Código General del Proceso.
50. En este contexto, revisada la causal propuesta y las actuaciones que integraron el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala advierte que, la
demanda fue promovida contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia. Frente
a estas mismas entidades fue admitida, sin que la Fiduprevisora S.A., hubiera sido
vinculada al proceso. En efecto, del expediente no se advierte que, la entidad fiduciaria
hubiera sido notificada del auto admisorio de la demanda, ni que hubiera tenido
conocimiento como persona jurídica individualmente considerada del trámite judicial que
le permitiera ejercer oportunamente sus derechos de defensa y contradicción. Si bien la
Fiduprevisora S.A. contestó la demanda, lo hizo en representación del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, y no en calidad de parte demandada.
51. En primera instancia, mediante sentencia del seis (6) de junio de dos mil veinticuatro
(2024), el Juzgado treinta y cinco (35) Administrativo del Circuito de Medellín, condenó al
Departamento de Antioquia, al pago de la sanción moratoria derivada del reconocimiento
tardío de las cesantías parciales. Posteriormente, al resolver el recurso de apelación, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante sentencia del treinta y uno
(31) de enero de dos mil veinticinco (2025), modificó el ordinal segundo de la decisión de
primera instancia y extendió la condena, de manera solidaria, a la Fiduprevisora S.A.,
15
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
imponiéndole el pago con sus propios recursos y no como vocera del patrimonio del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:
PRIMERO. MODIFÍCASE el ordinal segundo de la sentencia proferida el 6 de junio de
2024, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral de Medellín, por las razones
expuestas en precedencia, el cual quedará de la siguiente manera:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del Derecho, SE CONDENA SOLIDARIAMENTE
al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y a la Fiduprevisora S.A, con sus propios
recursos y no como vocera del patrimonio del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a reconocer a favor del señor JOHN JAIRO CORREA GÓMEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.382.841, por concepto de sanción moratoria
por el no reconocimiento y pago oportuno de cesantías parciales, el equivalente a un día de
salario por cada día de retardo, teniendo en cuenta la asignación básica diaria devengada
en el año 2021 y causada entre el 28 de octubre de 20211 hasta el 23 de noviembre de
2021. […]
52. De esta manera, la sentencia de segunda instancia impuso a la Fiduprevisora S.A.,
como persona jurídica individualmente considerada, una carga jurídica directa, pese a
que, la entidad no había sido vinculada al proceso en ninguna de sus etapas. En
consecuencia, no tuvo la oportunidad de conocer y controvertir los fundamentos fácticos
y jurídicos de la controversia, pronunciarse sobre la procedencia de la sanción moratoria,
solicitar y aportar pruebas, formular las excepciones que estimara pertinentes ni
presentar alegaciones en defensa de sus intereses. Para la Sala, tales circunstancias
constituyen una irregularidad sustancial que vulneró los derechos de audiencia, defensa
y contradicción de la entidad recurrente, pues, se adoptó una decisión que la afectaba
directamente, sin haber garantizado previamente su participación en el proceso. Ello
generó, además, un desequilibrio procesal frente a las demás partes, quienes sí tuvieron
la oportunidad de intervenir y ejercer sus derechos ante el juez.
53. En particular, la irregularidad descrita se encuentra comprendida en el numeral 8.º del
artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 208 del
CPACA, en cuanto la Fiduprevisora S.A. no fue vinculada ni notificada en debida forma
del auto admisorio de la demanda, pese a que posteriormente fue condenada
directamente por el Tribunal. Esta circunstancia, al concretarse en la sentencia de
segunda instancia, configura la nulidad originada en la sentencia prevista en el numeral
5.º del artículo 250 del CPACA.
54. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que, uno de los
eventos en los que puede configurarse la nulidad originada en la sentencia, se presenta
cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, pues, tal actuación desconoce
las garantías esenciales del debido proceso. En particular, la Sala Plena de lo
16
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
Contencioso Administrativo ha señalado que, dentro de los vicios que pueden
fundamentar esta causal, se encuentra aquel que se configura cuando «[…] se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite
íntegramente la instancia […]»29.
55. Sobre este punto, resulta pertinente destacar que, la Sala Especial de Decisión de lo
Contencioso Administrativo, al resolver un recurso extraordinario de revisión con
supuestos fácticos y jurídicos similares, precisó que, se encontraba configurada dicha
causal, toda vez que, «[…] la Rama Judicial no fue vinculada al presente caso para que pudiera
predicarse respecto de ella una falla del servicio, por haber desatendido el marco normativo al que se
encontraba obligada, de ahí que se encuentre configurada la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de nulidad originada
en la sentencia, en tanto, la condena se impuso a una entidad que no había sido vinculada en el proceso»30.
56. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, en el presente asunto se encuentra
demostrada la causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA.
57. En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la Fiduprevisora S.A., al desconocer sus garantías de
audiencia, defensa y contradicción, pues, le impuso mediante la sentencia de segunda
instancia, una condena de carácter patrimonial, pese a que la entidad no fue vinculada al
proceso. En consecuencia, la Fiduprevisora S.A. no tuvo la oportunidad de intervenir en
el trámite procesal ni de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a los
fundamentos fácticos y jurídicos de la condena que le fue impuesta. En estas condiciones,
la providencia objeto de revisión adolece de una nulidad originada en la propia sentencia.
58. Ahora bien, aunque la recurrente solicitó que se ordenara la notificación y vinculación
de la Fiduprevisora S.A., ello no implica que la nulidad deba declararse desde ese
momento procesal. Si bien la falta de vinculación ocurrió con anterioridad, la irregularidad
que configura la causal de revisión se materializó en la sentencia, cuando el Tribunal se
pronunció y le impuso una condena patrimonial a la Fiduprevisora S.A., como persona
jurídica individualmente considerada, pese a que, no tenía la calidad de sujeto procesal.
No obstante, de acuerdo con el artículo 137 del Código General del Proceso, la
Fiduprevisora S.A; puede plantear la nulidad por indebida notificación del auto admisorio
29
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, radicado No. 11001-03-15-000-1998-00153-
01(REV), consejero ponente Alberto Yepes Barreiro.
30
Sala Veintidós Especial de Decisión de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de octubre de 2023, radicado No. 11001 03
15 000 2020 00471 00, consejero ponente Milton Chaves García.
17
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, en sede de
segunda instancia, a efectos que se adopten las medidas de saneamiento
correspondientes ante el juez natural.
59. En consecuencia, de conformidad con la causal invocada, la consecuencia jurídica es
la prevista en el artículo 255 del CPACA, esto es, declarar la nulidad de la sentencia y
devolver el proceso a la autoridad judicial de origen para que dicte sentencia de nuevo.
2.6. Conclusión
60. Conforme al análisis efectuado, la Sala concluye que, la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, se encuentra incursa en la causal de
revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, toda vez que, la
providencia objeto de revisión adolece de una nulidad originada en la propia sentencia,
consistente en la vulneración al debido proceso y al derecho de defensa, razón por la
cual, el recurso extraordinario de revisión será declarado fundado.
2.7. Condena en costas
61. Sobre la condena en costas, es importante destacar que, si bien el inciso final del
artículo 255 del CPACA dispone que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas
y perjuicios al recurrente», también lo es que la condena no procede de manera automática,
pues tal y como se indica en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del
Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que, en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas al recurrente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
18
Número Interno: 1018-2025
Accionante: Fiduprevisora S.A
Accionada: Nación – Ministerio de Educación y otros
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Fiduciaria La Previsora S.A. –Fiduprevisora S.A.–, contra la sentencia del treinta y uno
(31) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta, que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos
mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta,
que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Devolver el proceso a la autoridad judicial de origen para que dicte sentencia
de nuevo, en los términos del artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.