Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06870-00
Recurrente: MARÍA CRISTINA LÓPEZ CASTAÑO
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO
Providencia SENTENCIA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024
objeto de PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO
revisión: SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
Temas: Causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo1, nulidad originada en la sentencia
por falta de competencia funcional.
SENTENCIA
1. La Sala Veintisiete Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la señora María Cristina López Castaño contra la sentencia
de segunda instancia del 30 de octubre de 2024, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 63001 23 33 000 2023 00016 00/012.
1. ANTECEDENTES
1.1. Proceso ordinario
2. La señora María Cristina López Castaño instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío (en adelante CAR Quindío) y solicitó la nulidad de los actos administrativos
contenidos en la Resolución nro. 003398 del 31 de diciembre de 2019 por medio de
la cual se le liquidaron de manera definitiva las prestaciones sociales, entre ellas, el
auxilio de cesantías, y en el acto ficto o presunto frente a la petición radicada el 9
de julio de 2020 en la que pidió la reliquidación del auxilio con base en el régimen
retroactivo. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación
pretendida y el pago de la diferencia.
3. La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Cuarta de Decisión, bajo el radicado 63001 23 33 000 2023 00016 00
y terminó con sentencia el 29 de febrero de 2024, que accedió a las pretensiones
de la demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos y ordenó a título de
restablecimiento del derecho la liquidación y pago de las cesantías retroactivas
desde la fecha de vinculación a la entidad hasta la fecha de reconocimiento por
1 En adelante CPACA
2 SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2025-06870-00; Índice 00002
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Demandante: María Cristina López Castaño
retiro del servicio conforme el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 y los Decreto 2567 de
1946 y 1160 de 1947.
4. En la decisión se consideró que los servidores de las CAR se rigen por las
disposiciones de la rama ejecutiva del orden nacional en lo que sea compatible y no
contravenga las normas especiales reguladas en los Decretos 1042 de 1978 y 1768
de 1994; como la demandante se vinculó en carrera administrativa el 15 de
septiembre de 1993, en el cargo de profesional especializada, código 2028, grado
16, antes del 30 de diciembre de 1996, es beneficiaria del régimen retroactivo de
cesantías de acuerdo con la Ley 6ª de 1945 y demás normas que la modificaron;
por lo tanto, no estaba obligada a afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro y no hay
prueba de la manifestación expresa de la actora sobre el traslado del régimen
retroactivo al anualizado.
5. La CAR del Quindío interpuso el recurso de apelación, señalando que estas
corporaciones no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público, ya que
son órganos autónomos y, en tal sentido, tienen un régimen especial consagrado
en el Decreto 1768 de 1994; por lo tanto, en lo no reglado por éste se aplican las
normas para las entidades descentralizadas del orden nacional y, agregó que desde
la primera consignación de su auxilio de cesantías, la actora conoció que se realizó
en el Fondo Nacional del Ahorro, sin que expresara su deseo de afiliarse o
trasladarse al régimen retroactivo.
6. El conocimiento del recurso correspondió a la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, la cual, luego de surtido el trámite correspondiente, profirió
sentencia el 30 de octubre de 2024, mediante la cual revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
7. Sostuvo que, dada la naturaleza de las CAR y la vinculación de la actora, el
15 de septiembre de 19933, la consignación de las cesantías se efectuó en el Fondo
Nacional del Ahorro donde fue afiliada, cuyo régimen es anual de conformidad con
los Decretos 3130 de 1968 y 127 del 26 de enero de 1976 existentes antes de su
vinculación y las Leyes 99 de 1993 y 344 de 1996 y los Decretos 1768 de 1994,
3118 de 1968 y 438 de 1998 promulgados con posterioridad a la misma. Agregó
que la actora no allegó prueba de que hubiera manifestado su inconformidad o
deseo de traslado.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
8. La señora María Cristina López Castaño interpuso el recurso extraordinario
de revisión con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, esto es, «(e)xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación», por el hecho de haber
sido expedida la sentencia por un organismo judicial sin competencia funcional.
3 En el fallo se dice 13 de septiembre de 1993, sin embargo, de conformidad con la Resolución nro. 000- 2139,
el nombramiento fue el 15 de septiembre de 1993.
2
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Demandante: María Cristina López Castaño
9. Dice que por error radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Tribunal Administrativo del Quindío el 20 de abril de 2021, en donde
se repartió el 7 de marzo de 2023, previo requerimiento del apoderado 4, se admitió
el 13 siguiente y se dictó sentencia el 29 de febrero de 2024, sin tener en cuenta
que desde el 22 de enero de 2022 se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021 que
modificó las reglas de competencia, especialmente el artículo 155 numeral 3 de la
Ley 1437 de 2011, según el cual, los Juzgados Administrativos tendrían
competencia para conocer de los asuntos laborales con cuantía hasta 500 SMLMV,
y en este caso la cuantía era de 74 SMLMV, esto es, $67.229.238.
10. Posteriormente la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
admitió el recurso de apelación y dictó sentencia en segunda instancia el 30 de
octubre de 2024, pese a no tener competencia para ello.
11. Afirma que en materia de lo contencioso administrativo la distribución de
funciones entre los diferentes órganos judiciales para conocer de los procesos en
primera y segunda instancia está determinada por la ley y se basa principalmente
en el nivel jerárquico del funcionario que expidió el acto administrativo demandado,
en la naturaleza del acto y en la cuantía.
12. Concluye que si bien su error dio lugar a que el Tribunal Administrativo del
Quindío tramitara y dictara la sentencia de primera instancia, la misma estaba
viciada de nulidad por competencia funcional; en consecuencia, de conformidad con
el artículo 16 del Código General del Proceso, también es nula la decisión de la
segunda instancia dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado que resolvió el recurso de apelación.
1.3. Trámite procesal
13. Una vez cumplidos los requisitos5, el recurso extraordinario de revisión se
admitió en providencia del 11 de marzo de 20266 y se ordenó notificar a la CAR del
Quindío, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Dichas notificaciones se surtieron el 16 de marzo de 20267.
14. El 30 de abril de 20268 se dictó auto de pruebas, en el que se tuvieron como
tales, los documentos allegados por las partes.
1.4. Intervenciones
1.4.1. CAR del Quindío9
4 En SAMAI, en el radicado 63001 23 33 000 2023 00016 00 obra certificación de la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Quindío del 7 de marzo de 2023, donde consta que el expediente se podrá visualizar en el
link 63001 23 33 000 2023 00016 00 de SAMAI.
5 SAMAI; Radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00. Índices 00005 y 00010.
6 SAMAI; Radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00. Índice 00012.
7 SAMAI; Radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00. Índice 00016.
8 SAMAI; Radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00. Índice 00021.
9 SAMAI. Radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00; Índice 00044
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Demandante: María Cristina López Castaño
15. Sostiene que la providencia atacada se encuentra en firme, y la parte
recurrente en ningún momento reprochó la actuación de primera instancia, dado que
para ese momento le era favorable, no obstante, ahora que el superior funcional la
revocó resalta la falta de competencia del Tribunal de primera instancia para
conocer del asunto, lo cual, considera una deslealtad procesal y ausencia de buena
fe.
16. Señala que, el proceso se surtió conforme a las etapas procesales previstas
en la normatividad, en el trámite de las decisiones adoptadas por el Tribunal
Administrativo del Quindío la recurrente no presentó recursos, aceptando el
procedimiento impartido y las actuaciones estuvieron debidamente motivadas.
17. Se opone a las pretensiones del recurso al considerar que es improcedente
la solicitud de nulidad porque de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la causal se debe originar en la sentencia, sin embargo, en este caso la
supuesta falta de competencia se presentó desde la admisión de la demanda,
debiendo ser alegada como nulidad procesal en el trámite del proceso, mas no
ahora mediante el recurso extraordinario.
1.4.2. Ministerio Público10
18. No se pronunció.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario
de revisión interpuesto, conforme a lo dispuesto en los artículos 24911 y 10712 del
CPACA, así como por la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado,
establecida en el artículo 29 del Acuerdo No. 80 de 201913.
2.2. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario
10 SAMAI. Radicado 11001-03-15-000-2025-06870-00; Índice 00012.
11 Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de
la sección que profirió la decisión. (…)”. Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-450 de 2015
12 Artículo 107. Integración y composición. (…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de
decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de
investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados,
uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno.”
13 Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones
del Consejo de Estado. (…)”.
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20. La sentencia recurrida fue proferida el 30 de octubre de 202414, y notificada de
manera electrónica el 19 de noviembre de 202415, quedando ejecutoriada el 26 del
mismo mes y año16. La señora María Cristina López Castaño interpuso el recurso
extraordinario de revisión oportunamente, esto es, el 31 de octubre de 202517, dentro
del término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia,
conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 251 del CPACA18.
2.3. Problema jurídico
21. ¿La providencia objeto de revisión incurrió en la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA, por dictarse sin competencia funcional?
22. Para resolver dicho interrogante, la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión; (ii) el alcance de la causal de nulidad originada en
la sentencia; (iii) la nulidad por competencia funcional, y (iv) el análisis del caso
concreto.
2.4. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial
23. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Su
finalidad es la infirmación de la providencia cuando se considera que resulta contraria
a la justicia y al derecho, con el propósito de que se adopte una nueva decisión
conforme a la ley.
24. El legislador ha establecido de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, con el fin de evitar su uso indebido
como medio de impugnación que implique la apertura de un nuevo debate probatorio
o interpretativo, y de esta manera, impedir que se tramite una tercera instancia. Las
causales de revisión se encuentran enumeradas en el artículo 250 del CPACA, cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
14 SAMAI. Proceso 63001-23-33-000-2023-00016-01; Índice 00009.
15 SAMAI. Proceso 63001-23-33-000-2023-00016-01; Índice 00012.
16 De conformidad con el artículo 302 del CGP y el auto de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2022, radicado 68001-23-33-000-2013-00735-02
(68177). CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
17 SAMAI. Proceso 11001-03-15-000-2025-06870-00; Índice 00001.
18 Si bien en providencia del 10 de diciembre de 2024 se resolvió de manera favorable la solicitud radicada por
la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de junio de 2024 de corregir el
nombre del señor “César Buendía Méndez”, la misma no tiene la virtualidad de suspender la ejecutoriedad de
la sentencia, además de que fue presentada y resuelta de manera posterior a la interposición del recurso
extraordinario de revisión. (SAMAI; Expediente 25000232600020110052701. Índice 00034).
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2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
25. Por su parte, el artículo 252 del mismo ordenamiento establece que el recurso
debe interponerse mediante escrito que debe contener: (i) la identificación de las
partes y sus representantes; (ii) el nombre y domicilio del recurrente; (iii) los hechos
u omisiones que le sirven de fundamento; y (iv) la indicación precisa y razonada de
la causal invocada.
26. De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales del recurso
consiste en invocar con precisión la causal que se estima configurada, con una
indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los
cuales deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado.
27. Se precisa que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional contra la sentencia que permite el rompimiento del
principio de cosa juzgada. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de
la justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar
quebrantados por las sentencias injustas.19
28. Según sentencia del 14 de febrero de 202520, «Dicho recurso, sin embargo,
no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración
probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones
que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para
discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material».
2.5. Alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
29. La causal exige los siguientes presupuestos: (i) que exista nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso, y (ii) que contra dicha providencia no
proceda recurso de apelación.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión, Sentencias
del 6 de septiembre de 2016, expediente 11001 03 15 000 2013 01998 00. CP Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, CP Milton
Chaves García, Sentencia del 14 de febrero de 2025, RER Expediente 11001 03 15 000 2024 02179 00.
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30. El legislador no definió los eventos constitutivos de la nulidad originada en la
sentencia21, y por lo tanto ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de
establecer su alcance22, así la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
señalado:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia23, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta24, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando,
sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión25 o, en estos casos, antes de la
oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la
ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación26.27
31. También ha aceptado la corporación28 que, una providencia puede resultar
viciada por hechos externos no previstos como causales de nulidad procesal que
pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, desconociendo el artículo 29 de
la Constitución Política29, cuando: (i) se condena a la parte que no fue vinculada al
proceso; (ii) se dicta a pesar de que el proceso estaba legalmente suspendido o
interrumpido; (iii) no cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación
-en el caso de decisiones de jueces colegiados-; y (iv) no tiene formal ni
materialmente motivación, entre otros. Se trata de vicios procesales que surgen al
momento de la expedición de la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación, situaciones que habilitan la procedencia del
recurso extraordinario de revisión. En tal sentido, la Sala Plena del Consejo de
Estado dijo:
21 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, Expediente
11001-03-15-000-2016-02260-00(REV), CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
22 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239
y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”,
sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad.
2006-00123.
23 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997,
Rad. REV-080”.
24 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.
REV-093”.
25 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-
00170”.
26 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad.
REV-062”.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2011.
Expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00, CP. Mauricio Torres Cuervo.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 08 de mayo de 2018,
expediente 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), CP Alberto Yepes Barreiro.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión
Sentencia de 11 de junio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-04329-00, CP Wilson Ramos Girón.
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Demandante: María Cristina López Castaño
(…) todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de
nulidades originadas en la sentencia, no son taxativos (…) la subregla jurisprudencial,
así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con
mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso. Un criterio a tener
en cuenta para efectos de lo anterior es el cumplimiento o no, de los fines funcionales
del derecho, por parte de la providencia revisada.30
32. Asimismo, en sentencia de 8 de mayo de 201931, sostuvo:
(…) dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de
los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las
causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con
la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia,
ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o
negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.
33. La Sala Plena de la Corporación en sentencia del 23 de septiembre de 2023,
sintetizó las anteriores interpretaciones así:
En suma, el Consejo de Estado, por vía de interpretación, teniendo en cuenta que no
puede haber nulidad sin texto legal que la consagre, ha dado contenido a la institución
procesal de la «nulidad originada en la sentencia», bajo una perspectiva dual; en
primer lugar, haciendo alusión a los vicios enlistados en el artículo 133 del CGP,
(antes artículo 140 del CPC), que pueden ubicarse al momento de emitirse el fallo o
que si bien pudieron presentarse durante el trámite procesal, en todo caso, no pudo
ser advertida por el recurrente, evento en el cual, al afectado le asiste la carga de
probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad procesal; en segundo lugar,
refiriéndose a algunas situaciones distintas que podrían enmarcarse en el artículo 29
superior, esto es, la invalidez procesal originada en la sentencia por la violación del
derecho al debido proceso, con la misma excepcionalidad propia del recurso
extraordinario, como la señalada en el inciso final de la norma mencionada, esto es,
aquella derivada de la prueba obtenida con violación del derecho al debido
proceso32.33 (Subrayas de la Sala)
2.5.1. Nulidad por falta de competencia
34. Sobre la jurisdicción y competencia, como causales de nulidad, la
jurisprudencia de la Corporación ha dicho que hacen parte del derecho fundamental
al debido proceso, para garantizar que las personas sean juzgadas por el juez
natural y especializado en la controversia. Así, la jurisdicción, es la facultad del
Estado para resolver controversias jurídicas y por lo mismo es única e indivisible.
Por su parte, la competencia «se refiere a la facultad que cada operador judicial
tiene para ejercer la jurisdicción en la resolución de determinados asuntos y dentro
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01,
CP Alberto Yepes Barreiro.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, expediente 11001-03-26-000-2013-00035-00), CP Marta
Nubia Velásquez Rico.
32 Consejo de Estado, Sala Doce Especial de Decisión, sentencia de 6 de marzo de 2018, radicación: 11001-
03-15-000-2012-01027-00 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 19 de septiembre de 2023,
expediente 11001-03-15-000-2020-03585-00, CP Luis Alberto Álvarez Parra.
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de un determinado territorio, y ha sido concebida como improrrogable, indelegable,
de orden público y aplicable de oficio»34.
35. La legislación ha establecido una serie de factores en orden a verificar el
traslado de competencias judiciales a los diferentes jueces y tribunales del Estado.
Dichos criterios han sido definidos así:
Las reglas para la determinación de las competencias en materia contenciosa
administrativa se encuentran consagradas en el Título IV del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y para su distribución entre los
diferentes juzgados y tribunales administrativos del país y el Consejo de Estado se
atiende a los factores objetivo, subjetivo, funcional y territorial.
En cuanto al factor funcional, las reglas de competencia permiten distribuir los
diferentes asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
administrativo de primera y de segunda instancia entre los diferentes funcionarios
judiciales, dependiendo de diferentes aspectos, tales como: el nivel de autoridad o
calidad del funcionario que expide el acto, la naturaleza del acto administrativo objeto
de control, el tipo de sanción y la cuantía de las pretensiones, entre otros.
El principio de la doble instancia, consagrado en el artículo 31 de la Constitución
Política, que señala que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo
las excepciones que consagre la ley, implica que en materia de competencias se
prefiera, o privilegie, la interpretación que dé lugar a la doble instancia. Ello, por
cuanto solo el legislador tiene la competencia restrictiva de establecer en qué casos
no procede la doble instancia, es decir, los casos en que un funcionario judicial conoce
privativamente y en única instancia. Una interpretación contraria sería
inconstitucional35.
36. Sobre el principio de la doble instancia, la Corte Constitucional ha precisado36:
Surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad y la integridad en la
aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los errores en que
pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o
administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de
una autoridad de la Constitución o la ley. Con este propósito, el citado principio - según
lo expuesto -, se constituye en una garantía contra la arbitrariedad, y en mecanismo
principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir una
autoridad pública.
2.6. Caso concreto
37. Alega el apoderado de la recurrente que el fallo del 30 de octubre de 2024
proferido por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en
la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es,
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación». La censura se fundamenta en la falta de
competencia funcional, como se expuso en el acápite correspondiente.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 8 de abril de 2021, radicado 11001-03-
25-000-2020-00992-00 (3029-20).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 30 de marzo de 2017, radicado 11001-03-25-000-
2016-00674-00(2836-16), CP César Palomino Cortés.
36 Corte Constitucional, Sentencia C-095 de 2003 que declaró la exequibilidad del numeral 6° del artículo 45 del
Decreto 267 de 2000.
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38. Con el fin de establecer la procedencia de la causal, se revisarán las
actuaciones procesales surtidas al interior del proceso ordinario que derivaron en la
providencia objeto de revisión, para así determinar si la causal de nulidad se originó
en la sentencia o en un momento anterior a ella, caso en el cual, se examinará si
pudo advertirse en el trámite.
39. La señora María Cristina López Castaño presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de abril de 2021
ante el Tribunal Administrativo del Quindío, así37:
40. En la demanda se estimó la cuantía de las pretensiones, como se transcribe:
Estimo la cuantía de la demanda en la suma de $67.229.238.oo que corresponde a
la diferencia entre $148.124.534.oo que es el valor de las cesantías liquidadas de
manera retroactiva desde el 15 de septiembre de 1993 hasta el 29 de diciembre de
2019, y la suma de $80.895.296.oo que fue el valor de las cesantías liquidadas
anualmente durante toda la vida laboral de la demandante y consignadas en el Fondo
Nacional del Ahorro en su cuenta individual, según liquidación anexa.
41. Revisado el aplicativo SAMAI, la demanda quedó radicada ante el Tribunal
Administrativo del Quindío, bajo el número 63001 23 33 000 2023 00016 00 y de
conformidad con el aplicativo SAMAI surtió las siguientes etapas:
Fecha Actuación
Primera instancia
20 de abril de 2021 Presentación de la demanda
7 de marzo de 2023 Reparto
13 de marzo de 2023 Admisión
21 de marzo de 2023 Notificación
21 de marzo de 2023 Reforma de la demanda
21 de mayo de 2023 Contestación
11 de octubre de 2023 Imprime trámite de sentencia anticipada
26 de octubre de 2023 Parte demandante presenta alegatos
22 de febrero de 2024 Sentencia de primera instancia
01 de marzo de 2024 Notificación de la sentencia
18 de marzo de 2024 Entidad demandada interpone el recurso de apelación
05 de abril de 2024 Auto que concede apelación
08 de abril de 2024 La parte demandante interpone el recurso de reposición
14 de agosto de 2024 Auto no repone
37 El cual se encuentra registrado en SAMAI, proceso 63001233300020230001600, índica 00003.
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22 de agosto de 2024 Se remite al Consejo de Estado
Segunda Instancia
03 de septiembre de 2024 Se radica en el Consejo de Estado, despacho del doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2024 Auto que admite el recurso de apelación
03 de octubre de 2024 A despacho para fallo
30 de octubre de 2024 Sentencia de segunda instancia
19 de noviembre de 2024 Notificación
02 de diciembre de 2024 Se devuelve al juzgado de origen
42. Tal como se observa del recuento anterior, durante el trámite del proceso, la
parte demandante no interpuso recursos o alegó causales de nulidad, por cuanto,
luego de la admisión en el Tribunal Administrativo del Quindío, la providencia no fue
recurrida y, la sentencia del 22 de febrero de 2024 solo la impugnó la entidad
demandada, esto es, la CAR Quindío.
43. Según la demandante, el vicio alegado se originó en la sentencia del 30 de
octubre de 2024 objeto de revisión; sin embargo, de acreditarse dicha nulidad, esta
se habría originado a partir de la radicación de la demanda, y no fue alegada en el
transcurso del proceso; por lo tanto, no se cumplen los presupuestos para que se
configure la causal de revisión propuesta, como lo ha precisado esta Corporación:
(…) aun cuando se trate de nulidades insubsanables, como la falta de competencia
funcional, si esta no se produjo en la sentencia que puso fin al proceso, ya no habrá
mecanismos procesales para impugnarla, en tanto la acción de revisión extraordinaria
exige que el vicio de nulidad tenga su génesis en la providencia impugnada, y sólo
así podrá el fallador de la revisión extraordinaria invalidar el carácter de cosa juzgada
de (sic) amparar el fallo jurisdiccional que se encuentra ejecutoriado38.
44. Asimismo, en providencia reciente la Corporación dijo:
76. Valga señalar que no es posible alegar como causal del recurso extraordinario de
revisión una nulidad que hubiere acaecido en una etapa previa a la sentencia, máxime
si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encontraba sometida a
las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de
Procedimiento Civil.
77. La jurisprudencia de esta corporación ha aceptado la posibilidad de alegar como
nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior
al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente
durante el curso del proceso39. (…)40 (Subrayas de la Sala)
45. Adicionalmente, evidencia la sala que para la fecha en que se presentó la
demanda, el 20 de abril de 2021, la norma vigente en materia de competencias en
los Tribunales Administrativos, era el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 que
dispone:
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Terca. CP Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Sentencia del 12 de febrero de 2014, radicación 47001-23-31-000-2009-00301-01(41859).
39 Consejo de Estado, Sentencia del 20 de abril de 2004, expediente REV-00132.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, CP Pedro
Pablo Vanegas Gil, sentencia del 12 de julio de 2023, RER 110010-3-15-000-2023-00759-00.
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Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los
siguientes asuntos: (…)
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no
provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Subrayas de la Sala)
46. De conformidad con la demanda, las pretensiones ascendían a
$67.229.238.oo, valor que para el 2021 equivalía a 74 SMLMV 41, por lo tanto, para
la fecha de presentación, la competencia recaía en el Tribunal Administrativo y no
en los juzgados, como lo pretende el apoderado de la recurrente.
47. Si bien se alega que el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021 modificó las reglas
de competencias previstas en el 152 de la Ley 1437 de 2011, estas solo entraron a
regir un año después de la publicación de la ley, esto es el 25 de enero de 2022,
fecha posterior a la presentación de la demanda:
Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir
de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de:
los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se
aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada
esta ley. (Subrayas de la Sala)
48. Se precisa asimismo que, aunque la fecha de presentación fue distinta a la
de reparto de la demanda, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado
pacíficamente que la fecha relevante para establecer la competencia es la de la
presentación42, tal como lo prevén los artículos 157 y 168 del CPACA, al disponer:
Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. (…) La cuantía se determinará por
el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos,
intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la
presentación de aquella. (…)
Parágrafo. Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales
vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la
presentación de la demanda.
Artículo 168. Falta de jurisdicción o de competencia. En caso de falta de jurisdicción
o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente
al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los
efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación
o juzgado que ordena la remisión. (Subrayas de la Sala)
41 El salario mínimo legal mensual vigente para el 2021 fue establecido en el Decreto 1785 de 2020, en la suma
de $908.526.
42 Ver entre otras: Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2006, Expediente: IJ-02191; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CP Ligia López Díaz, auto del 27 de junio de 2007,
radicado 05001 23 31 000 2006 01243 01; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
providencia del 29 de enero de 2020, CP Alberto Montaña Plata, radicado 47001-23-33-000-2019-00075-01;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP María Adriana
Marín, providencia del 3 de julio de 2020, radicado 05001-23-33-000-2019-02749-01; Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP Rafael Francisco Suárez Vargas, providencia del 8 de abril
de 2021, radicado 11001-03-25-000-2020-00992-00.
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49. Los planteamientos precedentes permiten concluir lo siguiente:
• Pese a que se alega nulidad de la sentencia, los argumentos se encaminaron a
señalar que la irregularidad se presentó desde la radicación de la demanda y,
por ende, debió ser alegada en el transcurso del proceso.
• No se configuró la causal de nulidad motivada en la falta de competencia
funcional o en razón de la cuantía, porque la demanda fue presentada ante la
autoridad competente conforme a las disposiciones legales vigentes, esto es, el
Tribunal Administrativo del Quindío.
50. En consecuencia, se declarará infundado el presente recurso extraordinario
de revisión, porque no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.7. Costas
51. Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda-, se
condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión. Asimismo, conforme con el artículo 306 ibidem, para la
liquidación y ejecución de las costas se remitirá a la norma procesal general.
52. El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-
8 del mismo código, «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
53. En este caso están demostradas las agencias en derecho, dado que la CAR
Quindío, presentó escrito de oposición, dando lugar a que se condene en costas a
la recurrente por este componente.
54. Según el artículo 366-4 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa de agencias en derecho,
tratándose del recurso extraordinario de revisión, se tasa entre uno (1) y veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así las cosas, la Sala considera
razonable tasar las agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual a
favor de la CAR Quindío, liquidado a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala Veintisiete Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Cristina López Castaño contra la sentencia del 30
de octubre de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
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de Estado que revocó la sentencia de primera instancia del 22 de febrero de 2024
del Tribunal Administrativo del Quindío.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor de la CAR Quindío.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
Salvamento parcial de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Salvamento parcial de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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