Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00035-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Recurso extraordinario de revisión
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00035-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00035-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
8 de mayo de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada. (…) Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.
NOTA DE RELATORIA: en sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221. Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sentencia proferida el 18 de octubre de 2005, REV–173, CP. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.
VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN EL EXTERIOR / AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO / APOSTILLA / CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN EL EXTERIOR / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN EL EXTERIOR
[R]especto del valor probatorio de los documentos públicos otorgados en el extranjero, ha de examinarse en armonía con lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil (…) Adicionalmente, ha de destacarse que, de conformidad con lo previsto en la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961 –instrumento de derecho público ratificado por Colombia a través de la Ley 455 de 1998-, los documentos públicos proferidos en un Estado signatario de la referida convención que se pretendan hacer valer en otro no tendrán que ser legalizados, en vista de que, para que puedan ser valorados, únicamente basta con que sean debidamente apostillados por la entidad competente del Estado del cual emanan. [En el caso concreto] i) no se acató lo exigido por el Código de Procedimiento Civil, porque no se presentaron autenticados por el cónsul o un agente diplomático de Colombia, de ahí que no importe si la traducción del contenido de tales documentos fue realizada por un traductor oficial y ii) no se cumplió lo previsto en la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, por cuanto los dos documentos traídos con la demanda no se allegaron apostillados por la entidad correspondiente del Estado del cual emanan (…)
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 259 Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 260 / CONVENCIÓN SOBRE LA ABOLICIÓN DEL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN PARA DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS DE LA HAYA DE 1961 / LEY 455 DE 1998
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN /
[L]a Sala insiste en que en sede de revisión no es posible reabrir el debate jurídico ni probatorio que se surtió en el proceso originario de reparación directa, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el objeto del recurso extraordinario de revisión ver: Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, entre muchas otras decisiones.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00035-00(46453)
Actor: FREMIOD VÉLEZ AGUDELO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – estudio de las causales previstas en los numerales 1 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) – con este recurso no es posible reabrir el debate jurídico ni probatorio surtido en el proceso primigenio / VALOR PROBATORIO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO – examen de los requisitos contemplados en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento (CPC) y en la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de marzo de 2011, mediante la cual se confirmó el fallo desestimatorio de las pretensiones proferido en primera instancia el 26 de abril de 2010 por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En el recurso extraordinario de revisión se señaló que debía invalidarse la sentencia del 2 de marzo de 2011, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –mediante la cual se confirmó el fallo desestimatorio de las pretensiones proferido por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia-, porque, en su criterio, se configuraron las causales previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda inicial y su trámite
1.1. En escrito presentado el 8 de agosto de 2008, el señor Fremiod Vélez Agudelo, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio Defensa - Armada Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los hechos ocurridos el 20 de agosto de 2006, en los cuales, según se dijo, integrantes del Comando de Guardacostas del Amazonas de la Armada Nacional requisaron al mencionado señor mientras se desplazaba con mercancía hacia la ciudad de Leticia, junto con su embarcación, con abuso de autoridad y en contravía de los procedimientos militares y de sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso; además, porque sin argumentos jurídicos razonables, fue puesto a disposición de las autoridades federales brasileras, quienes lo privaron de su libertad durante 8 meses en la Unidad Penitenciaria de Tabatinga.
2. Los fallos objeto del recurso extraordinario de revisión
2.1. Surtido el trámite legal correspondiente, el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia dictó sentencia el 26 de abril de 2010, a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda, con fundamentos en las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“(…) la actuación adelantada por miembros de la Armada Nacional en relación con la requisa e inspección de la nave fluvial del demandante, obedeció a un informe de inteligencia del DAS que daba cuenta de la posible comisión de actividades ilícitas al interior de la embarcación, concretamente en lo concerniente con el tráfico de estupefacientes desde el departamento del Putumayo hasta una población en territorio brasilero (…) Dicha actuación de control y requisa sobre la embarcación fluvial no constituyó por sí misma falla del servicio alguna, pues los miembros de la Armada Nacional actuaron amparados en el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales.
“Con las pruebas aportadas al expediente, no encuentra este Despacho que se haya presentado abuso de autoridad de parte de los integrantes de la tropa en dicho procedimiento, pues siempre estuvo al tanto el capitán de la nave y ahora demandante, quien fue informado desde un comienzo sobre la inspección de su embarcación, se respetaron sus derechos, y se le permitió estar al tanto de dicha pesquisa, tal como lo acreditan las actas suscritas en desarrollo de esta operación (…) Tampoco está probado que se hayan causados destrozos y daños significativos a la mercancía transportada por el demandante (…).
“(…) Respecto a la supuesta ‘extradición irregular’ de la que fue objeto el demandante, las pruebas en el expediente son claras al indicar que no se presentó tampoco ningún procedimiento inadecuado en relación con la libertad del actor.
“En efecto, los hechos probados evidencian que una vez la embarcación cumple con su recorrido entre el corregimiento de Tarapacá (Colombia) y Leticia (Colombia), necesariamente tiene que transitar por territorio brasilera por la exigencias fluviales de la ruta y concretamente en dicho recorrido tiene que llegar a la población de Ipiranga (Brasil) (….) y por obvias razones al salir del territorio nacional, la embarcación no podía seguir su recorrido en tierras brasileras acompañada de miembros armados de las Fuerzas Militares, por lo que en ese momento y debido a esas circunstancias, se suspendió el acompañamiento de parte de la ‘tripulación de presa’, conformada por uniformados de la Armada y el Ejército Nacional y se dispuso del personal armado retirándolo de la embarcación del demandante, quedando a disposición de autoridades policías y militares brasilera por estar justamente en territorio y jurisdicción de un país extranjero (…) las autoridades del país fronterizo al momento de verificar el tránsito de la nave fluvial por su territorio y la correspondiente documentación, advierten que el señor FREMIOD VÉLEZ AGUDELO (…) era requerido por las autoridades brasileras y registraba antecedentes judiciales en ese país al parecer por un asunto relación con contrabando.
“(…) la detención del demandante en territorio brasilero, su posterior arresto, traslado a un centro carcelario en la población brasilera Tabatinga, la inspección y la retención de su nave por parte de las autoridades del vecino país obedecieron a los antecedentes que registraba en ese Estado y a las obligaciones judiciales pendientes con las autoridades brasileras, sin que pueda hablarse de un procedimiento irregular de extradición por parte de los militares colombianos ni su vulneración a sus derechos fundamentales”.
2.2. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por la parte demandante, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Corporación que, mediante sentencia del 2 de marzo de 2011, confirmó el fallo de primera instancia, bajo los siguientes argumentos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“(…) Así las cosas, es claro que habiendo existido una información de inteligencia proferida por un organismo de seguridad del Estado en desarrollo de su misión constitucional, la cual indicaba que en la embarcación R.R. Támesis se transportaban narcóticos, era obligación de la institución realizar los controles fluviales respectivos, los cuales se encuentran legalmente a su cargo.
“En tal sentido, las actuaciones de control y requisa sobre la embarcación del demandante no constituyen una falla en el servicio, ya que los miembros de la Armada Nacional actuaron de conformidad con lo establecido en el orden jurídico y no se ha demostrado que obraron en forma arbitraria o ilegal.
“Con respecto a la presenta extradición irregular de la que fue objeto el demandante, las pruebas obrantes en el proceso no demuestran ningún procedimiento inadecuado relacionado con su libertad. Está demostrado que en el recorrido entre Tarapacá y Leticia se suspendió el acompañamiento realizado por la Tripulación de Presa de la Armada Nacional, al pasar la referida embarcación a tierras brasileras, con lo cual quedó a disposición de las autoridades policivas y militares de dicho país (fls. 38-39, c.2), quienes al verificar el tránsito de la nave por su territorio y la documentación pertinente, encontraron que el demandante era requerido por las autoridades brasileras por registrar antecedentes judiciales.
“Por lo tanto, los hechos acaecidos en relación con la detención del demandante no sucedieron en territorio colombiano, sino en la población de Ipiranga (Brasil), por lo cual tanto este, como su tripulación y la embarcación bajo su mando se encontraba bajo jurisdicción de las autoridades del vecino país; situación radicalmente distinta al procedimiento de extradición de naturales colombianos dispuesto en el Código Penal. Como el actor tenía asuntos penales pendientes en Brasil, fue trasladado a un centro carcelario de la población brasilera de Tabatinga, y su nave fue retenida por parte de las autoridades de dicho país, sin que se haya producido un procedimiento irregular de extradición en contra del demandante, por parte de los militares colombianos.
“En consecuencia, la Sala no encuentra debidamente acreditado que se haya configurado una falla en el servicio a cargo de la entidad demandada, ya que la operación realizada por la Armada Nacional estuvo enmarcada dentro de las obligaciones constitucionales y legales, toda vez que no se advierte ningún procedimiento irregular (acción u omisión) de parte de los uniformados. Por tanto, no están configurados los elementos exigidos para declarar la responsabilidad administrativa del demandado, a través de la aplicación del régimen de responsabilidad subjetivo”.
Adicionalmente, en aplicación del principio iura novit curia y bajo la óptica de la responsabilidad objetiva por daño especial, el Tribunal analizó si la Armada Nacional, en ejercicio de una actividad legítima como la requisa, le causó un daño al demandante que no estaba en la obligación de soportar; sin embargo, tal Corporación concluyó que, si bien posiblemente existieron unos daños a una mercancía que el señor Fremiod Vélez Agudelo llevaba en su embarcación, <<no es claro probatoriamente si las mercancías corresponden con las presuntamente afectadas con los hechos de la demanda (…) no se acreditó que los referidos daños causados a la mercancía transportada por el demandante fueron causadas por la acción de la Armada Nacional>>.
3. El recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite
3.1. El 11 de marzo de 2013, el señor Fremiod Vélez Agudelo, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 2 de marzo de 2011, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -mediante la cual se confirmó el fallo desestimatorio de pretensiones dictado el 26 de abril de 2010 por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia-, con base en las causales previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA.
Por razones metodológicas, los argumentos expuestos como sustento de las causales invocadas serán plasmados en la parte considerativa de esta providencia.
3.2. Tal recurso fue admitido por esta Corporación mediante auto del 12 de julio de 2013 y se ordenó que, una vez se surtieran las notificaciones a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se corriera traslado a dichos sujetos procesales para lo pertinente.
3.2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional contestó oponiéndose a las pretensiones de la parte demandante. En síntesis, señaló que al Estado colombiano no le corresponde indemnizar al señor Fremiod Vélez Agudelo, por cuanto este señor fue detenido por autoridades brasileras.
3.3. A través de providencia del 14 de agosto de 2014 se abrió el proceso a pruebas: i) se decretaron las documentales aportadas por la parte actora; ii) se ofició al Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia para que remitiera el proceso de reparación directa, orden que cumplió tal despacho allegando el expediente original y iii) y se negó la práctica de los testimonios solicitados tanto por la demandante como por la demandada.
3.4. Por auto del 12 de febrero de 2016 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público de los documentos allegados, pero guardaron silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Normativa aplicable a la presente controversia
Se estima necesario precisar que la demanda fue presentada el 11 de marzo de 2013, momento para el cual se encontraba vigente la Ley 1437 de 2011, razón por la que resulta lógico que el trámite procesal se adelantara en la forma prevista en este cuerpo normativo.
2. Competencia
Esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir la presente decisión, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA, a cuyo tenor:
“De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”.
En este caso, la providencia objeto de revisión fue proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia-, en el marco de un proceso de reparación directa promovido por el señor Fremiod Vélez Agudelo por las irregularidades en que habría incurrido la entidad demandada, porque supuestamente se le vulneraron sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso.
3. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada.
Al respecto, ha dicho la Sala:
“Este medio extraordinario de impugnación en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lo erige el Legislador como excepción al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con el único fin de que se produzca una decisión ajustada a la ley”.
Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso. Así lo ha precisado la jurisprudencia:
“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la parte que resultó desfavorecida.
“La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión habría sido otra”.
4. Oportunidad para la presentación del recurso
La Sala advierte que, si bien la demanda se presentó ante esta Corporación el 11 de marzo de 2013, esto es, en vigencia del CPACA, lo cierto es que el término para interponer el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia cuestionada empezó a correr con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo, es decir, en el marco del Decreto 01 de 1984.
En relación con la aplicación de la ley en el tiempo, resulta pertinente acudir a las previsiones que sobre el particular contiene el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor:
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que debe empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” (Se destaca).
En este orden de ideas, el criterio general indica que la ley procesal entra a regir de manera inmediata, salvo en lo referente a los términos que hubieren empezado a correr, como ocurre en el presente evento, en el cual, de manera previa a la entrada en vigencia del CPACA, se inició el cómputo del plazo para ejercer el recurso extraordinario de revisión.
Bajo esta lógica, resulta válido señalar que en el asunto bajo estudio, en lo atinente al término para interponer el recurso extraordinario de revisión, la Ley 1437 de 2011 no resulta aplicable, toda vez que al momento de su entrada en vigencia -2 de julio de 2012- el término para su interposición ya había empezado a correr, puesto que la providencia cuestionada quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2011. Lo anterior impone concluir que el término a tener en cuenta será el previsto en el Decreto 01 de 1984, contemplado en dos (2) años a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, lo cual se traduce en que el término para interponer el aludido recurso corrió hasta el 17 de marzo de 2013.
Así las cosas, como el recurso extraordinario de revisión se presentó el 11 de marzo de 2013, ha de concluirse que se hizo dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia y, por ende, de manera oportuna.
5. Caso concreto y motivos de revisión invocados
5.1. Lo alegado por la parte demandante como sustento de la causal de revisión consagrada en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA
La mencionada disposición consagra:
“Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En criterio de la parte demandante, se configuró la referida causal porque, luego de que se dictara la sentencia cuestionada, <<aparecieron>> dos documentos decisivos (denuncia penal presentada por el Ministerio Público Brasilero contra el señor Fremiod Vélez Agudelo y decisión favorable proferida por juez brasilero), en la medida en que si estos se hubieran podido allegar oportunamente al proceso, los juzgadores de instancia habrían acogido las pretensiones de la demanda, en vista de que aquellos daban cuenta de que la detención del mencionado señor ocurrió como consecuencia de la <<noticia criminal supersticiosa>> que dieron los miembros de la Armada Nacional a los policiales brasileros. Adicionalmente, alegó que tales documentos tienen la virtualidad de invalidar la sentencia atacada.
En cuanto a la <<imposibilidad para aportar los documentos hallados>>, señaló que la referida denuncia penal no pudo allegarse oportunamente al expediente de reparación directa, por cuanto tal documento estaba sometido a reserva legal mientras duró el proceso penal adelantado en Tabatinga (Brasil).
5.1.1. Consideraciones de la Sala
Tal como lo ha señalado esta Corporación, el numeral 1 del artículo 250 del CPACA exige el cumplimiento de varios supuestos para la configuración de dicha causal de revisión, que son:
i) Que los documentos sean recobrados después de dictada la sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de proferirse el fallo objeto de revisión, pero que llegaron a poder del impugnante después de dictada la sentencia.
ii) Que los mismos sean decisivos para resolver la contienda, en cuanto, de haber obrado en el proceso, el sentido del fallo sería distinto.
iii) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, hipótesis que implica que, a través del recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la inactividad probatoria o la negligencia de las partes en el aporte de la prueba al proceso.
De cara al caso concreto, la Sala encuentra que con el recurso extraordinario de revisión la parte demandante allegó los siguientes documentos:
• Copia de la denuncia penal presentada el 4 de noviembre de 2008 por el Ministerio Público Federal (Procuraduría de la República del municipio de Tabatinga) ante el Juez Federal de la Vara Única de la Subsección Judiciaria de Tabatinga en contra del señor Fremiod Vélez Agudelo, con su respectiva traducción al idioma castellano.
• Copia de la decisión del Juez Federal de Tabatinga, proferida el 23 de noviembre de 2010, mediante la cual se rechazó la denuncia interpuesta en contra del señor Fremiod Vélez Agudelo, con su correspondiente traducción al idioma castellano.
Pues bien, según dijo la parte actora, de haberse podido allegar oportunamente tales documentales -decisivas- al proceso primigenio de reparación directa, tanto el juzgado como el tribunal correspondiente hubieran adoptado una decisión diferente a la que profirieron; no obstante, antes de abordar lo atinente a si lo alegado tiene la virtualidad de configurar la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, la Sala considera necesario referirse al valor probatorio de esos documentos públicos otorgados en el extranjero.
En efecto, respecto del valor probatorio de los documentos públicos otorgados en el extranjero, ha de examinarse en armonía con lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, que, en su orden, disponen:
“ARTÍCULO 259. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.
“ARTÍCULO 260. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente”.
Adicionalmente, ha de destacarse que, de conformidad con lo previsto en la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961 –instrumento de derecho público ratificado por Colombia a través de la Ley 455 de 1998-, los documentos públicos proferidos en un Estado signatario de la referida convención que se pretendan hacer valer en otro no tendrán que ser legalizados, en vista de que, para que puedan ser valorados, únicamente basta con que sean debidamente apostillados por la entidad competente del Estado del cual emanan.
De acuerdo con lo expuesto y una vez revisados los documentos referidos con antelación (denuncia penal presentada por el Ministerio Público Federal y decisión proferida por el Juez Federal de Tabatinga), estos no cumplen con los requisitos para ser valorados en este proceso: i) no se acató lo exigido por el Código de Procedimiento Civil, porque no se presentaron autenticados por el cónsul o un agente diplomático de Colombia, de ahí que no importe si la traducción del contenido de tales documentos fue realizada por un traductor oficial y ii) no se cumplió lo previsto en la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, por cuanto los dos documentos traídos con la demanda no se allegaron apostillados por la entidad correspondiente del Estado del cual emanan, esto es, del brasilero.
Ahora, si bien en el auto que abrió a pruebas este proceso se señaló que el documento contentivo de la denuncia penal presentada por el Ministerio Público Federal fue autenticado por notario competente y certificado por el consulado colombiano en ese país, la Sala advierte que tal afirmación carece de sustento, pues, revisada en su integridad esa prueba documental, no fue autenticada; lo que sí cuenta con autenticación por una notaría brasilera es la traducción que al idioma castellano se hizo del contenido de la referida denuncia -distinto a decir que el documento que contiene la denuncia fue autenticado- y, si bien existe una certificación expedida por el cónsul de Colombia en Tabatinga (Brasil), esta únicamente da cuenta de que la autoridad que autenticó la traducción ejercía legalmente el cargo de notaria de la comarca de Tabatinga (Brasil).
En ese orden, tanto la denuncia penal presentada por el Ministerio Público Federal contra el señor Vélez Agudelo como la decisión proferida por el Juez Federal de Tabatinga no pueden ser valoradas como pruebas en este asunto, por no cumplirse los requisitos a los que ya se aludió, argumento que, por sí solo, deja sin sustento lo alegado por la actora, en vista de que, si los documentos que trajo a colación no tienen mérito probatorio, resulta inane el estudio de la configuración o no de la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
No obstante todo lo anterior y al margen del valor probatorio de los referidos documentos, la Sala advierte que de ninguna manera se configura la causal invocada, porque no se acreditó uno de los supuestos para su prosperidad, el cual es que el recurrente debía probar que no pudo aportar las documentales por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Si bien la parte demandante señaló que los documentos traídos a colación estaban sometidos a reserva legal, lo cierto es que ello quedó en el plano de la mera afirmación, pues no pudo ser corroborado con algún medio de prueba del expediente.
Además, para ahondar en más razones, la Sala también destaca que, aun cuando tales documentos hubieran sido conocidos por los juzgadores de instancia antes de dictar el fallo, no se habría adoptado una decisión diferente a la que se profirió negando pretensiones, por cuanto de ellas solamente se desprende que una autoridad brasilera denunció al señor Fremiod Vélez Agudelo y que el Juez Federal de Tabatinga rechazó la denuncia porque no describió la participación del mencionado señor en las conductas imputadas, de lo cual no se denota ninguna irregularidad por parte de la Armada Nacional de Colombia ni que la privación de la libertad de dicho señor que se alegó fuere atribuible a dicha entidad.
Por todo lo expuesto, la Sala no encuentra razones para acceder a la prosperidad del recurso formulado en lo que a esta causal de revisión invocada se refiere.
5.2. Lo alegado por la parte demandante como sustento de la causal de revisión consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
La referida norma establece:
“Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
A juicio de la parte demandante, la referida causal se configura en el presente asunto, habida cuenta de que la sentencia cuestionada carece de una adecuada motivación, en cuanto desconoció los medios de prueba que obraban en el expediente de reparación directa, por lo cual señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contravía de la evidencia probatoria, estableció que la detención en Tabatinga (Brasil) del señor Fremiod Vélez Agudelo se debió a una situación normal y que de ninguna manera había nexo causal con la actuación desplegada por los miembros de la Armada Nacional. Sobre este particular, sostuvo (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“(…)si bien se dice en la sentencia [atacada] que no hubo entrega ni mucho menos una extradición irregular por parte de los miembros de la fuerza pública, lo claro resulta que incluso un acta o informe donde consta que los funcionarios colombianos dejaban al señor Vélez y su embarcación bajo la custodia o cuidado de los miembros de la fuerza pública brasilera después de indicarles que el susodicho estaba incursos en actividad ilícitas (…) es ahí precisamente donde resulta ser claramente no una extradición en sentido estricto, sino una entrega irregular, teniendo en cuenta que material y jurídicamente el señor Vélez no tenía la posibilidad de sustraerse a dicha situación de indefensión con visos de ilegalidad (…)”.
Aunado a lo anterior, la parte recurrente manifestó que la sentencia atacada era irregular por indebida motivación, por cuanto, aunque el caso también se analizó bajo el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial en aplicación del principio iura novit curia, en dicha providencia no se señaló en qué <<consiste el daño especial, ni cómo irá a aplicar el concepto al caso en cuestión>>.
Por último, adujo que en la sentencia cuestionada se vislumbra un defecto fáctico, relacionado con asuntos probatorios, primero, porque el Tribunal omitió valorar adecuadamente la realidad probatoria <<determinante en la detención del señor Vélez Agudelo y la pérdida de la mercancía>> y, segundo, por cuanto el fallador se abstuvo de decretar pruebas de oficio cuando tenía dudas sobre la certeza del daño.
5.2.1. Consideraciones de la Sala
Sobre la causal de revisión prevista en el artículo 250.5 del CPACA -Existir nulidad originada en la sentencia que puso al fin proceso y contra la que no procede recurso de apelación-, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
“… el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos. (…).
“También es nulo el proceso de ejecución y aquél en que haya remate de bienes, cuando se libra ejecución después de la muerte del deudor si se omite el trámite prescrito en el artículo 1.434 del Código Civil y cuando faltan las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, según lo establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (…)”.
Bajo estas consideraciones acerca de la causal invocada y teniendo cuenta lo alegado por la parte demandante, la Sala advierte que lo que pretende la recurrente, en sede de revisión, es darle continuidad al debate probatorio surtido en el proceso primigenio de reparación directa. En efecto, la argumentación expuesta por la parta actora, en esta oportunidad, pone de presente su disenso frente al análisis de la pruebas efectuado por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en torno a la requisa y a la retención que padeció el señor Fremiod Vélez Agudelo, e incluso sobre la aplicación del régimen de responsabilidad.
Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado:
“La parte recurrente señaló que la sentencia dictada en única instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo del César está incursa en la causal 6 de nulidad del artículo 188 del C.C.A.
“(…).
“De conformidad con lo expuesto en la ley y conforme lo ha expresado la jurisprudencia para que proceda esta causal es necesario que al proferir la sentencia se incurra en una irregularidad estructurante de la nulidad.
“No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.
“(…).
“Al respecto cabe recordar que la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y los límites fijados mediante las estrictas causales que consagró el legislador, impiden el reestudio de los hechos y del derecho que propone la parte actora; en este trámite especial el juez no puede salirse de las causales invocadas en la demanda de revisión, ni buscar fundamentos diferentes a las mismas, cuando quiera que ellas se encuentren deficientemente estructuradas, como palmariamente ocurre en el presente caso” (se deja destacado en negrillas y en subrayas).
En este contexto, de acuerdo con la pauta jurisprudencial en cita, la Sala insiste en que en sede de revisión no es posible reabrir el debate jurídico ni probatorio que se surtió en el proceso originario de reparación directa, a lo que se añade, en todo caso, que no hubo indebida motivación de la sentencia cuestionada, tal como se observa en la transcripción que de ese fallo se hizo en los antecedentes de esta providencia. A lo anterior se adiciona que los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de revisión ni siquiera se adecúan a una sola de las hipótesis normativas que permita tipificar la nulidad originada en la sentencia.
Por consiguiente, la causal de revisión extraordinaria invocada no prospera y como consecuencia, se denegará el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
6. Costas
La Ley 1437 de 2011 no regula de manera específica la condena en costas con ocasión del recurso extraordinario de revisión, razón por la cual resulta aplicable la remisión normativa prevista en el artículo 306 ibídem.
En este orden de ideas, el artículo 365 del Código General del Proceso, en su numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión que haya propuesto, razón por la cual hay lugar a proferir decisión en tal sentido.
En los términos del artículo 366 del Código General del Procesocorresponde a esta Corporación la liquidación de las costas y de las agencias en derecho, dado que se trata de un asunto tramitado en única instancia.
Para el anterior efecto, es menester indicar que el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los gastos procesales y por las agencias en derecho; en este sentido, la Secretaría deberá liquidar las expensas en mención, en tanto que la Sala procede a tasar las agencias en derecho de la siguiente manera:
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.12.2.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, corresponde a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En este caso, en atención a que la parte demandada actuó a través de apoderado, quien presentó la respectiva contestación, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho a su favor en cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de marzo de 2011, mediante la cual se confirmó el fallo desestimatorio de las pretensiones proferido en primera instancia el 26 de abril de 2010 por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Por Secretaría LIQUIDAR los gastos procesales.
Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la parte demandada.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría REMITIR al Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia el expediente original de reparación directa que envió a esta Corporación para el análisis de este asunto.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 49-66 del cuaderno principal. Folios 32-48 del cuaderno principal. Folios 95-105 del cuaderno principal. Folios 112-125 del cuaderno principal. Folios 142-159 del cuaderno principal. Folio 162 del cuaderno principal. Folio 417 del cuaderno principal. Norma que se debe analizar en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003 –actualmente compilado en el Acuerdo No. 080 de 2019-, que dispone:
“Artículo 13. Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
“(...)
“Sección Tercera
“(...).
“5. Los procesos de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones administrativas a que se refieren el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo y el inciso 3º del artículo 35 de la Ley 30 de 1988.
“(…).
“10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”. Se reafirman en este punto las consideraciones expuestas en relación con este medio de impugnación extraordinario en sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221. Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sentencia proferida el 18 de octubre de 2005, REV–173, CP. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47. Norma según la cual “El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”. Folio 272 del cuaderno de primigenio de reparación directa. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 23 Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente No. 110010315000201602057, actor: Hernando Mantilla Parra. Folios 15-17 del cuaderno principal. Folios 18-19 del cuaderno principal. Folios 20-22 del cuaderno principal. Folios 23-25 del cuaderno principal. Se acude a las normas del Código de Procedimiento Civil (CPC), porque al momento de la presentación del recurso extraordinario de revisión que aquí se estudia (11 de marzo de 2013) no había entrado en vigencia el Código General del Proceso (CGP) para la jurisdicción de lo contencioso administrativo (1º de enero de 2014), de ahí que el examen de los requisitos para la valoración probatoria de los documentos que se allegaron con la demanda se haga a la luz de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil (CPC). Artículo 3 de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros: “El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o estampilla que llevare, es la adición del certificado descrito en el artículo 4º [apostillaje], expedido por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento. Sin embargo, no puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo entre dos o más Estados Contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al documento mismo de ser legalizado”. Sobre este particular, ver, entre otras, sentencia del 13 de noviembre de 2014, expediente No. 32.420, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Brasil hace parte de la referida Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961 (consulta realizada el 23 de abril de 2019 en la siguiente página web:
HYPERLINK "http://www.cancilleria.gov.co/en/node/14390" http://www.cancilleria.gov.co/en/node/14390, ver enlace “ HYPERLINK "http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/paises_apostillantes.pdf" país que hace parte de la Convención de La Haya”. Folios 142-159 del cuaderno principal. Folios 18-19 del cuaderno principal. Esto se lee en la certificación: “Que, GISLANE ALENCAR PEREA, quien autoriza el presente documento, ejercía legalmente en la fecha allí expresada las funciones de NOTARIA SUBSTITUTA DE LA 1º NOTARIA DE LA COMARCA DE TABATINGA y que la firma y sello que en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales. El Cónsul no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento” (folio 19 vto del cuaderno principal). Folio 7 del cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de mayo 11 de 1998, Expediente Rev.-093, C.P. Mario Alirio Méndez, reiterada por la Sección Tercera de la Corporación en sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 2004 - 00729 proferida el 24 de agosto de 2008.MP: Dr. Edgardo Villamil Portilla. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, entre muchas otras decisiones. Norma que dispone: "Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso. 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo. 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso (se destaca).
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