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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02439-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02439-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Saulo Jesús Bravo Muñoz en contra la sentencia del Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02439-00 (3739) diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, por las razones antes expuestas. Segundo. CONDENAR en costas a la parte recurrente a favor de la UGPP, las cuales se liquidarán por la Secretaría General de esta Corporación. Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02439-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02439-00 (3739)
Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Causal quinta de revisión. Falta de congruencia. Reconocimiento
de pensión gracia. Configuración excepción de cosa juzgada.
Análisis de la identidad de objeto y causa cuando se alegan
nuevos períodos que no afectan lo resuelto en el proceso
anterior. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Saulo
Jesús Bravo Muñoz en contra la sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil
veinticinco (2025) proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación2, para lo cual invocó la causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que, al considerar cumplidos los requisitos para acceder a la pensión gracia el 22
de febrero de 2006, solicitó su reconocimiento; sin embargo, la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL) mediante las Resoluciones 57660 del 31 de octubre de
2006 y 61836 del 29 de diciembre de 2008 le negó dicha solicitud, al considerar que
no acreditaba el tiempo mínimo de servicios.

Que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, demandó
dichos actos administrativos; no obstante, el Juzgado Primero Administrativo de
Popayán, mediante sentencia de 29 de noviembre de 2013, proferida dentro del
proceso con radicado núm. 19001-33-31-001-2011-00473-00, negó las
pretensiones; decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca
el 18 de septiembre de 2014.

1 La presentación del recurso se efectuó el 26 de marzo de 2026. Véase índice 00003 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca

que declaró probada la excepción de cosa juzgada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

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Que, con posterioridad, al considerar que los tiempos de servicio prestados entre el
1.º de enero de 1994 y el 4 de enero de 2017 le permitían completar los 20 años
exigidos para acceder a la pensión gracia, presentó en septiembre de 2018 una
nueva solicitud de reconocimiento de la prestación.

Que la UGPP, mediante Resolución RDP 048214 del 21 de diciembre de 2018, negó
nuevamente la prestación al estimar que la vinculación correspondiente a dichos
períodos era de carácter nacional, decisión que fue confirmada mediante la
Resolución RDP 005099 del 18 de febrero de 2019, al resolver el recurso
interpuesto contra el acto inicial.

Que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento contra dichos actos,
el cual fue adelantado dentro del radicado núm. 19001-23-33-000-2019-00322-00 y
el Tribunal Administrativo del Cauca declaró probada la excepción de cosa juzgada,
al encontrar acreditada la identidad de partes, objeto y causa respecto del proceso
adelantado con anterioridad.

Que interpuso recurso de apelación y aportó certificaciones expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional con el propósito de demostrar que nunca prestó
sus servicios directamente para dicha entidad y que, en consecuencia, no ostentaba
la calidad de docente del orden nacional; no obstante, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión recurrida.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El 19 de junio de 20253, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación profirió sentencia mediante la cual confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones al concluir que operó el fenómeno jurídico-
procesal de la cosa juzgada.

Señaló que, en relación con las controversias sobre reconocimiento o reajuste de
prestaciones periódicas, si bien existen pronunciamientos de esta Corporación que
han atribuido a la cosa juzgada un alcance relativo —limitado a las mesadas
causadas hasta la fecha de la respectiva decisión judicial—, dicha postura no ha
sido acogida de manera uniforme ni tiene carácter unificador. Que, por el contrario,
la Subsección B ha sostenido que la cosa juzgada produce efectos absolutos,
definitivos e inmutables. Para respaldar esta tesis citó la providencia del 11 de
noviembre de 2021, expediente 5389-15.

Encontró que el demandante había promovido con anterioridad el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de las
Resoluciones 57660 del 31 de octubre de 2006 y 61836 del 29 de diciembre de
2008, mediante las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

Que, en aquella oportunidad, sostuvo que cumplía los requisitos para acceder a la

3 Véase folios 12-13 del archivo digital carpeta «18RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_452026zip(.zip) NroActua

14», archivo «055SentenciaSegundaInstancia.pdf» disponible en el índice 00014 de SAMAI.

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prestación, por cuanto había alcanzado los 50 años el 28 de octubre de 2005 y
acreditaba más de 20 años de servicios como docente oficial. Indicó que se
desempeñó como docente nacionalizado al servicio del departamento de Nariño
entre el 14 de octubre de 1977 y el 7 de mayo de 1990, para un total de 12 años, 6
meses y 22 días, y que posteriormente fue vinculado nuevamente mediante Decreto
0865 del 22 de enero de 1993, expedido por el departamento del Cauca,
permaneciendo en el cargo hasta el 30 de diciembre de 2005.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que se encontraban acreditados los
presupuestos de la cosa juzgada. Advirtió que existía identidad de partes, en tanto
ambos procesos fueron promovidos por el señor Saulo Jesús Bravo Muñoz contra
la entidad encargada del reconocimiento pensional, inicialmente CAJANAL y
posteriormente la UGPP. También, estimó configurada la identidad de objeto, pues,
aunque en cada proceso se controvirtieron actos administrativos distintos, en ambos
la finalidad perseguida era obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

En relación con este último aspecto, dijo que, pese a que en el primer proceso se
demandó la nulidad de las Resoluciones 57660 de 2006 y 61836 de 2008, el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán realizó un estudio de fondo
acerca del cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación. En esa
oportunidad tuvo por acreditado el tiempo servido como docente nacionalizado entre
el 14 de octubre de 1977 y el 7 de mayo de 1990; sin embargo, descartó la
posibilidad de computar los servicios prestados para el departamento del Cauca,
porque la certificación obrante en el expediente lo registraba como docente
nacional, circunstancia que incluso había sido admitida en la demanda inicial.

Destacó igualmente que, con el fin de esclarecer dicha situación, el juzgado decretó
una prueba de oficio y solicitó una nueva certificación al departamento del Cauca.
No obstante, la entidad reiteró que el actor ostentaba la condición de docente
nacional, razón por la cual se concluyó que no reunía los requisitos para acceder a
la pensión gracia. Tal conclusión, adujo, fue compartida por el Tribunal
Administrativo del Cauca al resolver la apelación, al considerar que, luego de la
renuncia al cargo que venía desempeñando, el actor se vinculó «(...) en vigencia ya
de la Ley 91 de 1989, fecha para la cual el servicio educativo estaba catalogado
como un servicio público a cargo de la Nación».

A partir de ello, consideró acreditada la identidad de causa, al considerar que el
problema jurídico resuelto dentro del proceso con radicado 19001-33-31-001-2011-
00473-00 coincidía con el planteado en el asunto sometido a su conocimiento.

En ese sentido, señaló que ambas demandas se sustentaban en los mismos
supuestos fácticos y, particularmente, en los tiempos de servicio invocados por el
actor para acreditar su derecho pensional. De manera específica, indicó que los
períodos laborados a partir de 1994 ya habían sido objeto de análisis y decisión en
el proceso anterior, oportunidad en la cual se concluyó que correspondían a una
vinculación de carácter nacional derivada de la renuncia al cargo previamente
desempeñado, razón por la cual no era posible reabrir el debate sobre ese aspecto.

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Finalmente, frente al planteamiento relativo a la aplicación de la sentencia de
unificación de 21 de junio de 2018, precisó que las variaciones jurisprudenciales no
constituyen un hecho nuevo ni una circunstancia que habilite a quien ya cuenta con
una decisión ejecutoriada a promover nuevamente un proceso sobre el mismo
asunto, pues las providencias judiciales conservan su fuerza vinculante y estabilidad
en garantía del principio de seguridad jurídica.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Se interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia
incurrió en una nulidad al declarar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada,
cuando se trataba de una controversia de naturaleza laboral y pensional en la que
dicho fenómeno tiene un alcance relativo y no absoluto.

Adujo que existe falta de congruencia entre el objeto del litigio y lo resuelto en la
sentencia, pues se declaró probada la excepción de cosa juzgada, bajo el entendido
de que la controversia relativa al reconocimiento de la pensión gracia ya había sido
definida con ocasión de las Resoluciones expedidas en los años 2006 y 2008, cuya
legalidad fue objeto de control judicial, dando lugar a las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas en 2013 y 2014, respectivamente.

Que las circunstancias fácticas y probatorias que dieron lugar a la negativa de su
derecho pensional en 2006 difieren sustancialmente de aquellas existentes cuando
formuló una nueva solicitud en 2018. Explicó que la primera negativa obedeció a
que no acreditaba los 20 años de servicio exigidos para acceder a la pensión gracia,
pues únicamente se le reconocieron aproximadamente 13 años de servicios válidos.

Indicó que, en la solicitud presentada en 2018, alegó haber consolidado el estatus
pensional el 28 de diciembre de 2014, al completar los 20 años de servicios
requeridos, para lo cual solicitó que se computaran los períodos laborados al
servicio del departamento del Cauca entre 1994 y 2017. Señaló que, con los tiempos
servidos en los departamentos de Nariño y Cauca, acreditaba más de 20 años de
servicios de carácter territorial o nacionalizado.

Afirmó que la UGPP negó nuevamente la prestación mediante los actos
administrativos expedidos en 2018 y 2019, pero esta vez bajo un fundamento
distinto, consistente en considerar que parte de los tiempos laborados tenían
carácter nacional y, por tanto, no eran computables para la pensión gracia. Que en
sede administrativa aportó nuevas pruebas, entre ellas una certificación expedida
por el Ministerio de Educación Nacional en la que se indicaba que nunca había
laborado para esa entidad, así como la Sentencia de Unificación del 21 de junio de
2018, que ratificó que los docentes financiados con recursos transferidos a través
de los Fondos Educativos Regionales conservan la calidad de docentes territoriales
o nacionalizados.

Sostuvo que, aunque las partes y las pretensiones fueran las mismas, existían

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diferencias sustanciales en los hechos, los fundamentos jurídicos y el material
probatorio de los dos procesos. Que el transcurso del tiempo le permitió completar
los 20 años de servicios exigidos, circunstancia que no existía cuando formuló la
solicitud en 2006, por lo que la cosa juzgada derivada del primer proceso no podía
extenderse al litigio originado con ocasión de los actos administrativos expedidos
en 2018 y 2019.

Argumentó que las autoridades judiciales omitieron valorar los nuevos elementos
probatorios y los cambios ocurridos en su situación laboral, limitándose a declarar
la existencia de la cosa juzgada. A su juicio, ello vulneró su derecho al debido
proceso, restringió injustificadamente su acceso a la administración de justicia y
desconoció principios como la favorabilidad, la tutela judicial efectiva y la protección
de los derechos pensionales, dando lugar a una decisión manifiestamente injusta
que debe ser corregida mediante el recurso extraordinario de revisión.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

La UGPP4 sostuvo que el recurrente no precisó cuál fue la actuación procesal omitida,
qué garantía resultó desconocida, cuál etapa esencial fue pretermitida o qué regla
relativa a la competencia, contradicción o debido proceso habría sido vulnerada por
la sentencia cuestionada.

Que, en realidad, la inconformidad del actor se dirige contra la declaratoria de cosa
juzgada y que el planteamiento según el cual la solicitud pensional presentada en
2018 se sustentaba en hechos, pruebas y fundamentos distintos a los examinados en
el proceso anterior corresponde a una discrepancia de orden sustancial y probatorio,
insuficiente para demostrar la existencia de una nulidad originada en la sentencia.

Adujo que la providencia objeto del recurso no resolvió asuntos ajenos al litigio, no
dejó de pronunciarse sobre el problema jurídico planteado, ni concedió o negó
cuestiones diferentes a las sometidas a consideración del juez. Por el contrario,
decidió expresamente sobre la excepción de cosa juzgada, la cual constituía el
aspecto determinante para definir la controversia.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación mediante Concepto n.º 179
del 29 de abril de 20265 solicitó declarar infundado el recurso, al considerar que no
se precisó cuál era la causal de la nulidad que afectaría la sentencia y que sus
argumentos no superan el mínimo de sustentación exigido.

Señaló que la invocación de una sentencia de unificación constituye únicamente un
fundamento jurídico y que los cambios jurisprudenciales no afectan decisiones
ejecutoriadas. Que, aunque los procesos se dirigieron contra actos administrativos

4 Véase índice 00012 de SAMAI.
5 Véase índice 00011 de SAMAI.

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distintos, existía identidad material en cuanto al reconocimiento de la pensión gracia,
por lo que la declaración de cosa juzgada se encontraba justificada.

Que no se aportaron hechos ni pruebas nuevas que desvirtuaran la condición de
docente nacional del actor, ya que la constancia del Ministerio de Educación no
acreditaba la naturaleza territorial de la plaza ocupada.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
19 de junio de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, considerando la causal presentada por el recurrente.

Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada6. En términos del artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente8.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular9.

6
El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
8 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
9 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos

relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.

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iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada10.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada,
ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir
los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley11.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia12.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se
configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 13, que establece ocho motivos

10 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
13 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La

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específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que afecten sustancialmente el derecho al debido proceso 14,, al punto
que, de no haber ocurrido, la decisión habría sido diferente, caso en el cual «(…)
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho,
puede configurar la causal de revisión en comento»15.

A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal se
estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»16.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a otros
eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido17.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
14 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.

Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02439-00 (3739)

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de
202018, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita19, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia20. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

El recurrente sostiene que la sentencia incurrió en una falta de congruencia y se
apartó de los postulados de justicia material, por cuanto equiparó indebidamente el
proceso promovido contra los actos administrativos expedidos por la UGPP en los
años 2018 y 2019 con aquel adelantado contra las resoluciones proferidas por
CAJANAL en 2006 y 2008, pese a que, a su juicio, obedecían a circunstancias
fácticas y probatorias diferentes.

Afirma que la Subsección B de la Sección Segunda extendió los efectos de la cosa
juzgada a una controversia distinta, sin examinar los nuevos elementos que
sustentaban la pretensión pensional, particularmente los tiempos de servicio
posteriores a 1994 y la incidencia de la sentencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, por lo que considera que la providencia
desconoció su derecho pensional.

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
19 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01
(12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no
se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión
pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
20 Ibid.

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Con el propósito de resolver el reproche planteado, resulta necesario verificar las
actuaciones surtidas en el proceso ordinario y las razones que condujeron a la
sentencia cuya revisión se pretende.

Así, de la actuación adelantada se observa que el señor Saulo Jesús Bravo Muñoz
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento contra las Resoluciones
RDP 048214 de 21 de diciembre de 2018 y RDP 005099 de 18 de febrero de 2019,
expedidas por la UGPP, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la
pensión gracia. Como fundamento de sus pretensiones sostuvo, en esencia, que
acreditaba más de 20 años de servicio como docente territorial nacionalizado y que,
por consiguiente, reunía los requisitos para acceder a la prestación.

Por su parte, la entidad demandada propuso la excepción de cosa juzgada, al
considerar que la controversia ya había sido definida dentro del proceso radicado
19001-33-31-001-2011-00473-00, promovido por el mismo actor, en el que se había
negado el reconocimiento de la pensión gracia.

Acogiendo dicho planteamiento, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
declaró probada la excepción y, en segunda instancia esta Corporación confirmó
esa determinación al concluir que se encontraba acreditada la identidad de partes,
objeto y causa.

En la sentencia objeto de revisión se precisó que los tiempos de servicio acreditados
por el actor hasta el 7 de mayo de 1990, equivalentes a 12 años, 5 meses y 25 días,
correspondían a los mismos que habían sido invocados y valorados en el proceso
anterior, razón por la cual se consideró que existía identidad de causa. De igual
forma, se indicó que el período laborado a partir de 1994 tampoco constituía una
situación jurídica nueva, pues ya había sido objeto de análisis en el primer litigio. En
particular, respecto de este último tiempo de servicio, la providencia señaló:

«Ahora bien, los tiempos prestados por el educador desde 1994 en adelante,
ya fueron materia de juzgamiento en la sentencia del Juzgado Primero
Administrativo de Popayán, debidamente confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cauca, donde se consideró que eran nacionales (...); por
tanto, no es dable volver a efectuar un estudio sobre este mismo aspecto»21.

Expuesto lo anterior, la Sala no encuentra configurada la falta de congruencia
alegada por el recurrente por las razones que pasan a explicarse:

La providencia objeto de revisión no omitió pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte apelante, ni extendió los efectos de la cosa juzgada a asuntos
ajenos al debate. Por el contrario, examinó las razones por las cuales el
demandante sostenía que se trataba de una controversia distinta y explicó por qué
los actos administrativos expedidos en 2018 y 2019 y los tiempos de servicio
posteriores a 1994, no daban lugar a una nueva causa susceptible de juzgamiento.

21 Véase folios 12-13 del archivo digital carpeta «18RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_452026zip(.zip) NroActua

14», archivo «055SentenciaSegundaInstancia.pdf» disponible en el índice 00014 de SAMAI.

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En ese contexto, no se advierte la falta de congruencia alegada por el recurrente,
porque los períodos posteriores invocados en la nueva demanda no configuraban
una situación jurídica autónoma respecto de la previamente examinada por la
jurisdicción. Así, el hecho de que el actor hubiera continuado prestando sus
servicios hasta el año 2017 y que posteriormente hubiese sido incorporado a la
planta de personal no imponía, por sí mismo, la reapertura del debate ni desvirtuaba
la identidad de causa definida en la sentencia anterior.

De esta manera, al resolver la apelación y con fundamento en la excepción
propuesta por la entidad demandada, la Subsección B de la Sección Segunda
concluyó que los hechos invocados por el actor carecían de entidad suficiente para
excluir la identidad de causa, al no evidenciar una nueva vinculación capaz de
configurar una situación jurídica distinta de la que había sido objeto de
pronunciamiento en el proceso anterior.

En tales condiciones, la Sala no estaba llamada a verificar nuevamente si el
demandante reunía los requisitos para acceder a la prestación, sino a establecer si
los argumentos expuestos en la apelación impedían la configuración de la cosa
juzgada declarada por el a quo.

En ese contexto, tampoco se configura la nulidad alegada por el hecho de que, con
posterioridad a la sentencia ejecutoriada proferida el 18 de diciembre de 2014 por
el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del proceso 2011-00473-00, esta
Corporación hubiera expedido la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018,
expediente 2013-04683-01 (3805-2014), mediante la cual se fijaron criterios
interpretativos relevantes sobre la pensión gracia que no fueron considerados en el
primer litigio.

Lo anterior, por cuanto la existencia de un nuevo argumento o de un sustento
jurídico sobreviniente invocado en una demanda posterior no tiene la virtualidad de
desvirtuar la cosa juzgada en lo concerniente a la identidad de causa. En efecto,
este presupuesto se refiere a los supuestos fácticos que sirven de fundamento a las
pretensiones y no a las normas invocadas, al concepto de violación o al respaldo
jurisprudencial que pueda tener la tesis sostenida por la parte interesada.

La propia sentencia objeto de revisión puso de presente que la providencia de
unificación fue clara en delimitar el alcance temporal de las reglas allí fijadas, al
disponer que su observancia operaba de manera retrospectiva y no retroactiva, esto
es, respecto de los asuntos pendientes de definición judicial, mas no frente a
aquellos que ya hubieran quedado amparados por una decisión con autoridad de
cosa juzgada. Precisamente, esa era la situación del primer litigio promovido por el
actor, el cual culminó con una sentencia de fondo.

En ese orden, tampoco resulta procedente pretender, por conducto del presente
recurso extraordinario, la aplicación de la sentencia de unificación de 21 de junio de
2018 ni la reapertura del estudio acerca del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión gracia. Ello, por cuanto la revisión no constituye una instancia

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adicional para replantear el mérito de una controversia ya decidida, ni un mecanismo
destinado a obtener la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial
sobreviniente a una situación jurídica consolidada.

De esta manera, el desacuerdo del recurrente con las conclusiones alcanzadas en
la sentencia cuestionada no evidencia la configuración de la irregularidad que se le
atribuye, sino una discrepancia con el juicio efectuado para resolver la controversia,
aspecto que resulta ajeno al carácter excepcional y restringido del recurso
extraordinario de revisión. En consecuencia, el recurso no está llamado a prosperar
y, por ende, se declarará infundado.

De la condena en costas

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».

Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está acreditada
la comparecencia al proceso por parte de la UGPP, a través de la defensa ejercida
en el escrito de contestación; actuación que por sí sola, constituye prueba suficiente
para tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la existencia de
gastos inherentes a la defensa judicial por parte de quien resultó vencedor en el
litigio.

Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará
un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del
artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Saulo Jesús Bravo Muñoz en contra la sentencia del

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diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación, por las razones antes expuestas.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte recurrente a favor de la UGPP, las
cuales se liquidarán por la Secretaría General de esta Corporación.

Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ausente con permiso

NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

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