Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00140-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2026-00140-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00140-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2026-00140-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
Demandante: Alexander Bedoya Giraldo
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: Causal primera de revisión. Ausencia en la acreditación de
imposibilidad objetiva para aportar oportunamente la prueba
documental. Improcedencia del recurso extraordinario de revisión
como mecanismo para subsanar deficiencias probatorias de las
partes. Conocimiento previo de las inconsistencias probatorias.
Causal quinta de revisión. Ausencia de nulidad en el fallo.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto 1 por el señor
Alexander Bedoya Giraldo contra la sentencia del dieciocho (18) de marzo de dos
mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca2,
para lo cual se invocaron las causales de los numerales 1 y 5 del artículo 250 del
CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que su compañero permanente Heriberto Sanabria falleció el 6 de septiembre de
2019, fecha para la cual se encontraba afiliado a Colpensiones.
2. Que convivieron desde el 12 de marzo de 2012 hasta el día de su fallecimiento;
convivencia que, según afirmó, se desarrolló principalmente en la ciudad de Cali y,
de manera ocasional, en Bogotá por razones laborales del señor Sanabria.
3. Que el 22 de julio de 2021 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes en calidad de compañero permanente del causante y
mediante la Resolución SUB 223896 del 13 de septiembre de 2021, le fue negada
al considerar que no se acreditaba el cumplimiento del requisito de 50 semanas de
cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del afiliado.
1 La presentación del recurso se efectuó el 3 de marzo de 2026. Véase índice 0001 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó el fallo de primera instancia emitido el 19 de noviembre de 2024 por el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Cali dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 76-001-
33-33-016-2023-00112.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
4. Que luego de que solicitara la revocatoria de dicha decisión, la entidad expidió la
Resolución SUB 16208 del 24 de enero de 2022, mediante la cual mantuvo la
negativa, esta vez por estimar que no se encontraba demostrada la convivencia
durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante.
5. Que el 9 de diciembre de 2022, solicitó de nuevo el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente, pero, mediante la Resolución SUB 2481 del 4 de enero de 2023
Colpensiones la negó; decisión que fue confirmada a través de Resolución DPE
4777 del 29 de marzo de 2023.
6. Que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos por Colpensiones y, a
título de restablecimiento, el reconocimiento y pago de la prestación.
7. Que, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2024, el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Cali negó las pretensiones al considerar que no se encontraba
acreditada la convivencia alegada. Contra esa decisión interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
8. Mediante sentencia del 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la decisión de primera instancia, al concluir que el señor
Alexander Bedoya Giraldo no acreditó una convivencia mutua, efectiva y
permanente con el causante durante los 5 años anteriores a su fallecimiento,
requisito exigido para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
9. Para sustentar dicha conclusión, valoró las declaraciones extraproceso rendidas
por los señores Alexander Bedoya Giraldo, Neiver Astudillo, José Edward Díaz
Torres y Jesús Antonio Ramírez Ceballos como documentos declarativos de
terceros, de conformidad con el artículo 262 del Código General del Proceso, mas
no como testimonios.
10. Consideró que, aunque en dichas declaraciones se afirmó que el actor y el
causante convivieron durante 7 años y 5 meses y compartían los gastos del hogar,
tales manifestaciones resultaban inconsistentes con los testimonios rendidos por
algunos de los mismos declarantes en la audiencia de pruebas celebrada el 29 de
abril de 2024.
11. En particular, advirtió que mientras en las declaraciones extraproceso se
sostuvo que ambos contribuían al sostenimiento económico del hogar, en la
audiencia de pruebas se indicó que el demandante dependía económicamente del
causante. También adujo que la mayoría de los testigos no fueron precisos al
señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la relación, ni aportaron
detalles concretos sobre la forma en que la pareja desarrolló un proyecto de vida en
común. Que únicamente el señor Jesús Antonio Ramírez Ceballos manifestó que,
hacia el año 2018, el causante se trasladó a vivir con el demandante a la ciudad de
Bogotá por razones laborales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
12. Que, aunque el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no está
condicionado a la previa declaración judicial de la unión marital de hecho y que,
tratándose de parejas del mismo sexo, no puede exigirse el mismo rigor probatorio
empleado tradicionalmente en otros contextos, las pruebas recaudadas no
permitían despejar las dudas existentes sobre la conformación de una comunidad
de vida permanente y singular durante los 5 años anteriores al fallecimiento.
13. También tuvo en cuenta que, según el testimonio del señor Jesús Antonio
Ramírez Ceballos, el actor mantenía incertidumbre respecto de su orientación
sexual y tuvo hijos durante el tiempo en que sostuvo la relación con el causante. De
igual manera, se hizo referencia a conflictos derivados de reclamos efectuados por
la madre de algunos de esos hijos, circunstancias que, a juicio del Tribunal, incidían
en el análisis de la estabilidad y singularidad de la relación.
14. Destacó, además, que los testimonios se limitaron a señalar que la pareja
permanecía junta, principalmente por razones laborales, sin ofrecer detalles
suficientes sobre el desarrollo de su vida en común, especialmente durante el
periodo en que residieron en Bogotá y durante la enfermedad del causante.
15. Consideró que las fotografías aportadas carecían de fuerza demostrativa
suficiente para acreditar la convivencia alegada, por cuanto constituyen pruebas
documentales de carácter representativo que, por sí solas, no permiten establecer
la ocurrencia de los hechos que se pretende demostrar.
16. Dijo que, pese a que en la demanda se aludió a diversos documentos
encaminados a acreditar la convivencia de la pareja —como créditos solicitados por
el causante en favor del actor, pagos realizados a la Universidad Javeriana y la
adquisición de electrodomésticos y otros bienes para el hogar—, estos no fueron
aportados al proceso. Del mismo modo, indicó que, aunque obra una licencia de
tránsito de un vehículo registrado a nombre de la señora María Elena Giraldo, no se
acreditó la relación de esta con el demandante ni que dicho automotor hubiese sido
adquirido por el causante.
17. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se encontraba suficientemente
acreditado el acompañamiento mutuo, la solidaridad y el apoyo recíproco propios
de una convivencia permanente, elemento esencial que justifica la protección
económica del compañero supérstite tras el fallecimiento del causante.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
18. El recurrente invocó las causales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA y solicitó
infirmar la sentencia para que se profiera una nueva decisión con fundamento en
pruebas documentales que, a su juicio, obraban en el expediente ordinario, pero no
fueron valoradas por el Tribunal.
19. En relación con la causal primera, sostuvo que desde la presentación de la
demanda relacionó y pretendió aportar múltiples documentos dirigidos a acreditar la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
convivencia real, estable y permanente que mantuvo con el causante por más de 5
años, requisito exigido para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
20. Que, aunque dichas pruebas fueron individualizadas en el acápite de pruebas y
anexos de la demanda, por circunstancias que atribuyó a posibles limitaciones
técnicas en el envío electrónico de la documentación, los archivos correspondientes
no quedaron inicialmente incorporados al expediente digital.
21. Indicó que el 19 de marzo de 2024, mientras el proceso se encontraba en trámite
de primera instancia, advirtió que en el expediente compartido por el juzgado no
aparecía la carpeta denominada «20Pruebas», razón por la cual remitió un correo
electrónico al despacho judicial adjuntando nuevamente los documentos y
solicitando que fueran tenidos en cuenta al momento de proferir sentencia. Afirmó
que, aunque no obtuvo respuesta de dicho correo, los archivos fueron incorporados
posteriormente al expediente digital y quedaron contenidos en la mencionada
carpeta antes de dictarse la sentencia de primera instancia.
22. Según el recurrente, los documentos contenidos en dicha carpeta acreditan los
siguientes aspectos:
Hecho que, según el recurrente,
Documentos
acredita
• Comprobante de aprobación de crédito Fenalco del 15 de
julio de 2016 por valor de $3.883.634.
• Liquidación del crédito Fenalco del 15 de julio de 2016.
• Recibo de matrícula de la Universidad Santiago de Cali del
13 de mayo de 2016 por valor de $2.883.634, correspondiente
al programa de Administración de Empresas.
• Orden de pago a la Universidad Santiago de Cali del 29 de
junio de 2016 por valor de $1.000.000, correspondiente a un
Diplomado en Alta Gerencia.
• Comprobante de aprobación de crédito Fenalco del 31 de
enero de 2017 por valor de $3.400.928.
• Liquidación del crédito Fenalco aprobado el 31 de enero de
2017.
Apoyo económico brindado por • Recibo de matrícula de la Universidad Santiago de Cali del
el causante al demandante y 18 de noviembre de 2016 por valor de $3.400.928,
financiación de sus estudios correspondiente al programa de Administración de Empresas.
• Recibo del 9 de abril de 2019 correspondiente al pago de
estudios del causante en la Pontificia Universidad Javeriana,
programa de Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión
Pública.
• Recibo del 9 de abril de 2019 correspondiente al pago de
estudios del señor Alexander Bedoya en la Pontificia
Universidad Javeriana, programa de Especialización en
Gobierno y Gestión Pública.
• Recibo de enero de 2019 correspondiente al pago de
estudios del causante en la Pontificia Universidad Javeriana.
• Recibo de enero de 2019 correspondiente al pago de estudios
del señor Alexander Bedoya en la Pontificia Universidad
Javeriana.
• Recibo de compra del 30 de diciembre de 2017 en almacén
Jumbo correspondiente a una nevera Samsung adquirida a
Adquisición de bienes para el
nombre del causante.
hogar común y apoyo
• Recibo de compra del 30 de diciembre de 2017 en almacén
patrimonial mutuo
Jumbo correspondiente a una lavadora LG adquirida a nombre
del causante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
Hecho que, según el recurrente,
Documentos
acredita
• Extracto de tarjeta de crédito del Banco de Occidente en el
que se registra una compra efectuada en Jumbo Chipichape.
• Extracto de tarjeta de crédito Falabella en el que se registra
la compra de un vehículo automotor por valor de $26.000.000.
• Tarjeta de propiedad de un vehículo marca Nissan March
que, según afirma, fue adquirido por el causante y registrado a
nombre de la madre del demandante.
• Factura de compra de muebles para uso de la pareja
expedida por la Bodega del Mueble, correspondiente, entre
otros bienes, a cama, colchón y tablas.
• Extracto de tarjeta de crédito del Banco de Occidente en el que
se refleja la compra efectuada en la Bodega del Mueble.
23. Señaló que, pese a ello, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afirmó
en la sentencia que tales medios probatorios no habían sido aportados al proceso,
desconociendo documentos que, según sostuvo, no constituyen pruebas accesorias
o marginales, sino medios probatorios dirigidos a demostrar el supuesto fáctico
central del proceso, esto es, la existencia de una comunidad de vida permanente y
singular entre él y el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento.
24. Argumentó que no pretende reabrir el debate probatorio ni promover una tercera
instancia, sino que se reconozca la existencia de documentos que no fueron
efectivamente valorados por el juez de segunda instancia debido a circunstancias
ajenas a su voluntad, pese a encontrarse incorporados al expediente. A su juicio,
se trata de pruebas relevantes y determinantes, directamente relacionadas con el
supuesto fáctico central del litigio, cuya valoración habría podido conducir a una
conclusión distinta respecto de la acreditación de la convivencia exigida por la ley.
25. Respecto de la causal quinta, sostuvo que la sentencia se encuentra afectada
por una nulidad originada en su contenido, al haberse edificado sobre la premisa
equivocada de que las pruebas documentales relacionadas en la demanda no
habían sido aportadas, cuando en realidad reposaban en el expediente digital. En
su criterio, esta circunstancia comporta una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso en su dimensión probatoria, por cuanto la decisión se adoptó sin
valorar elementos de convicción relevantes y con fundamento en un supuesto
fáctico inexistente.
26. Que la omisión en la valoración de dichas pruebas constituye una irregularidad
sustancial que afecta la validez de la providencia, compromete el derecho de
defensa y desconoce los principios de prevalencia del derecho sustancial y de
valoración integral del material probatorio.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
27. Colpensiones3 sostuvo que los documentos que el recurrente identifica como
contenidos en la carpeta denominada “20Pruebas” no constituyen documentos
nuevos ni verdaderamente recobrados. Por el contrario, señaló que el propio
recurrente reconoce que conocía dichos documentos desde la presentación de la
3 Véase índice 00020 de SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
demanda ordinaria y que estos se encontraban directamente relacionados con los
hechos que sustentaron sus pretensiones. Que se trata de documentos dirigidos a
respaldar la misma tesis fáctica debatida durante el proceso ordinario, esto es, la
acreditación de la convivencia entre el actor y el causante.
28. Afirmó que, aun si se aceptara que tales documentos no fueron debidamente
cargados, incorporados, visualizados o valorados en el expediente digital, dicha
circunstancia no configura la causal primera de revisión prevista en el artículo 250 del
CPACA. Indicó que esta causal no fue concebida para subsanar errores, omisiones o
incumplimientos de las cargas procesales atribuibles a las partes en materia
probatoria, ni para corregir eventuales deficiencias en la gestión de las pruebas dentro
del proceso ordinario.
29. Sostuvo que los documentos invocados carecen del carácter decisivo exigido por
la ley para la procedencia de la causal alegada. A su juicio, aun si se admitiera su
existencia y contenido, tales elementos no permiten acreditar por sí mismos una
convivencia real, efectiva, permanente y singular durante los cinco años anteriores al
fallecimiento del causante. Explicó que los comprobantes de pago de estudios,
créditos, adquisiciones de bienes, hospedajes, recibos o certificaciones de residencia
podrían evidenciar relaciones de apoyo económico, cercanía o colaboración entre las
partes, pero no demuestran necesariamente la existencia de una comunidad de vida
estable y permanente en los términos exigidos para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes.
30. Que aun en el evento de que tales documentos hubieran sido examinados, su
contenido no tendría la entidad necesaria para modificar el sentido de la decisión,
pues no acreditan el elemento esencial de la prestación reclamada.
31. Respecto de la causal quinta, dijo que la sentencia no se edificó sobre un
supuesto fáctico inexistente ni desconoció el derecho de defensa de la parte
demandante. Por el contrario, sostuvo que el Tribunal resolvió el problema jurídico
planteado a partir del análisis de los antecedentes administrativos, las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas y los argumentos expuestos en la
apelación, para concluir que no se acreditó la convivencia efectiva exigida por la ley.
32. Por ello, consideró que la alegada nulidad originada en la sentencia no puede
fundamentarse en la simple inconformidad del recurrente con la valoración probatoria
efectuada por el juez de segunda instancia, toda vez que dicha causal no está prevista
para corregir errores de juicio ni para sustituir el criterio del fallador por el de la parte
vencida.
Concepto del Ministerio Público
33. La Procuraduría Delegada ante esta Corporación guardó silencio.
34. Se decidirá previas las siguientes,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
CONSIDERACIONES
35. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia
proferida el 18 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
considerando las causales invocadas por el recurrente.
36. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causales de revisión invocada y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
37. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
38. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular7.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.
39. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
4 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
40. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.
Causal primera de revisión
41. El numeral 1.° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión:
«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.»
42. De modo que, para la adecuada invocación del referido motivo de revisión, se
debe plantear claramente de qué forma se estructuran los siguientes componentes
de la causal, a saber: i) que se recobre o encuentre una prueba documental; ii) que
esta sea decisiva para cambiar el sentido del fallo; iii) que el documento se hubiera
recobrado después de ejecutoriada la sentencia y iv) que esta no se hubiera
aportado por una causa extraña: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
contraparte.
43. En cuanto al carácter recobrado de la prueba, la jurisprudencia ha señalado
que se trata de aquella que, si bien existía con anterioridad al pronunciamiento
judicial objeto del recurso, se encontraba extraviada, perdida o inaccesible, y solo
pudo ser recuperada o rescatada con posterioridad a la sentencia10.
44. En este sentido, por regla general11, la configuración de esta causal no se
admite cuando la prueba en cuestión fue generada u obtenida con posterioridad al
fallo recurrido. Tampoco resulta procedente cuando el documento, aun siendo
anterior a la sentencia, pudo haber sido aportado oportunamente dentro del
proceso, pues este mecanismo de revisión no puede utilizarse para subsanar
omisiones, errores o actuaciones negligentes de las partes en el cumplimiento de
su carga probatoria.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.
Sentencia de 7 de julio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2008-01048-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González. En esta decisión se indicó: «[…] “recobrado”, es el documento que como tal existía antes del
pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse
o rescatarse después de la sentencia».
11 Excepcionalmente esta Corporación ha admitido pruebas posteriores a la fecha de la decisión cuando son
decisivas y no tienen nada que ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía del recurso
extraordinario, como en el caso de las pruebas de ADN. v. gr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Exp. 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239). C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
45. Finalmente, se exige que el medio probatorio tenga una incidencia
determinante en el fallo, en la medida en que su consideración hubiera llevado al
juez a proferir una decisión sustancialmente distinta a la impugnada. Para ello, se
ha resaltado la necesidad de demostrar no solo la existencia y recobro del
documento, sino también su estrecha relación con el objeto del litigio y su influencia
en la decisión adoptada12.
46. Cabe resaltar que los requisitos anteriormente mencionados son concurrentes,
de manera que la ausencia de cualquiera de ellos conlleva necesariamente a la
improcedencia de la causal primera de revisión.
Causal quinta de revisión
47. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
48. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia13.
49. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 14 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
proceso15, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.
Sentencia de 2 de junio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2007-00879-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González.
13 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
14 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
15 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
50. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»16.
51. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:
«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este
derecho puede configurar la causal de revisión en comento, circunstancia que se
deriva de la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de
convencionalidad en garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen
en un proceso judicial»17 (negrillas y subrayado fuera del texto original).
52. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial, en tanto
incidan en el sentido de la decisión por comprometer el núcleo esencial o el
contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso»18.
53. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido19.
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
18 Ibid.
19 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
54. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
55. Para resolver el reproche planteado, la Sala verificará, en primer lugar, las
actuaciones surtidas durante el trámite ordinario respecto de los documentos cuya
valoración se echa de menos; posteriormente, examinará si los hechos expuestos
por el recurrente satisfacen los presupuestos exigidos para la configuración de las
causales invocadas.
56. De la revisión del expediente se advierte que la demanda fue radicada el 23 de
noviembre de 2022 ante la Oficina Judicial de Reparto de Cali y que, según consta
en el índice del expediente electrónico20, junto con ella se allegaron el poder, la
demanda y diversos anexos documentales21. No obstante, dentro de los
documentos efectivamente incorporados al expediente no se encontraba ninguno
de aquellos que ahora el recurrente pretende hacer valer como determinantes para
acreditar la convivencia con el causante.
57. Posteriormente, en audiencia inicial celebrada el 11 de marzo de 2024 22, el
juzgado decretó como pruebas las aportadas con la demanda y con la contestación,
decisión que quedó ejecutoriada al no ser objeto de recurso alguno por las partes.
En consecuencia, a partir de ese momento quedó definido el material probatorio.
58. Con posterioridad a dicha actuación, mediante escrito radicado el 19 de marzo
de 202423, el apoderado de la parte demandante manifestó que, al revisar el
expediente electrónico, advirtió que algunos documentos relacionados en el acápite
probatorio de la demanda no habían sido efectivamente adjuntados al momento de
la presentación de esta, circunstancia que atribuyó a un presunto error involuntario
20 Véase archivo «1_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_00INDICEELECTRONICO(.pdf)
NroActua 2» disponible en el índice 0002- SAMAI Juzgado- 76001-33-33-016-2023-00112-00.
21 Los documentos allegados con dicho memorial correspondían a la certificación CETIL del tiempo laborado
por el señor Heriberto Sanabria, en el Congreso de la República; el registro civil de defunción con indicativo
serial núm. 09843032; las cédulas de ciudadanía de los señores Alexander Bedoya Giraldo y Jesús Antonio
Ramírez Ceballos; las declaraciones extrajuicio núms. 4885 del 5 de noviembre de 2020, rendida por Alexander
Giraldo, y 4442 del 14 de octubre de 2020, rendida por Jesús Antonio Ramírez Ceballos; una declaración
extrajuicio del 10 de noviembre de 2022; registro fotográfico; la Resolución SUB 223896 del 13 de septiembre
de 2021; la tarjeta profesional del abogado Víctor Hugo Campo; una declaración extrajuicio rendida por José
Edward Díaz el 9 de octubre de 2020; el formulario de peticiones, quejas y reclamos núm. 2021-4009606 del 9
de abril de 2021; un reporte de semanas cotizadas en pensiones del 2 de mayo de 2016; la solicitud de
revocatoria directa presentada contra la Resolución SUB 223896 del 13 de septiembre de 2021; la Resolución
SUB 16208 del 24 de enero de 2022; la constancia relacionada con la resolución que decidió la solicitud
pensional de fecha 11 de febrero de 2022; y un reporte de semanas cotizadas en pensiones con corte al 8 de
septiembre de 2022.
22 Véase índice 0018 de SAMAI- Juzgado - 76001-33-33-016-2023-00112-00.
23
Véase índice 0019 de SAMAI- Juzgado - 76001-33-33-016-2023-00112-00. En dicho memorial indicó: «(…)
De manera respetuosa me permito manifestar al despacho que una vez revisado el expediente electrónico
suministrado por el juzgado a través del respectivo link de consulta, observo que algunas de las pruebas que
fueron relacionadas de manera muy detallada y especifica, no se encuentran en el archivo electrónico, toda
vez que al efectuar el envio de la demanda y sus anexos, teniendo en cuenta el tamaño de este archivo
(9MB), presuntamente por error involuntario del suscrito apoderado, no acompañaron al escrito principal, muy
a pesar de haber sido respectivamente relacionadas en la demanda.
Con único fin de coadyuvar al proceso, con el acostumbrado respeto, y teniendo en cuenta que no se trata de
nuevas pruebas, puesto que tales fueron debidamente relacionados en el acápite de pruebas de la demanda,
me permito aportar en formato PDF los documentos que fueron detallados en la acción judicial».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
derivado del tamaño del archivo remitido. Con fundamento en ello, procedió a
allegar tales documentos al proceso.
59. En audiencia de pruebas celebrada el 29 de abril de 202424, el despacho efectuó
el saneamiento del proceso, respecto del cual la parte demandante guardó
silencio25, declaró cerrado el debate probatorio y corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto26; decisión frente
a la cual no se interpuso ningún recurso.
60. Finalmente, aunque la parte actora insistió en sede de apelación en que los
documentos allegados el 19 de marzo de 2024 demostraban la convivencia exigida
para el reconocimiento de la prestación reclamada, lo cierto es que no promovió
actuación alguna encaminada a obtener su incorporación regular al proceso ni
solicitó la práctica o decreto de pruebas en segunda instancia.
61. A partir de los antecedentes expuestos, la Sala concluye que la situación
descrita por el recurrente no se subsume en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA.
62. En primer lugar, los documentos cuya valoración reclama el recurrente no
pueden considerarse documentos encontrados o recobrados con posterioridad a la
sentencia, como lo exige la causal invocada. Se trata de documentos preexistentes,
conocidos y disponibles para la propia parte desde antes de la presentación de la
demanda, al punto que fueron expresamente relacionados en su acápite probatorio.
63. Es claro que fue durante el trámite mismo del proceso ordinario cuando la parte
advirtió que dichos documentos no reposaban, circunstancia que puso en
conocimiento del despacho antes del cierre de la etapa probatoria, de la sentencia
de primera instancia y de la decisión de segunda instancia. Así, lejos de tratarse de
documentos cuyo conocimiento o recuperación hubiera ocurrido con posterioridad
a la ejecutoria de la sentencia, se evidencia que la situación alegada era plenamente
conocida por el recurrente durante el curso del proceso, de manera que pudo ejercer
los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento para procurar su
incorporación o solicitar su decreto en las oportunidades legalmente establecidas.
64. Por consiguiente, no se satisface el presupuesto relativo al hallazgo o recobro
posterior de documentos decisivos que caracteriza la causal primera de revisión.
65. En segundo lugar, tampoco se encuentra acreditada la imposibilidad objetiva de
aportarlos oportunamente al proceso. Por el contrario, el propio recurrente reconoce
que la omisión obedeció a un presunto error involuntario ocurrido al momento de
remitir electrónicamente los anexos de la demanda debido al tamaño de los archivos
enviados. Tal circunstancia, aun de ser cierta, no reviste las características propias
de la fuerza mayor o el caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles,
24 Véase archivo «22RECIBEMEMORIAL_76001333301620230011(.mp4) NroActua 18» del índice 00018 de
SAMAI de esta Corporación.
25 Véase min. 0:03:00 y siguientes de la diligencia.
26 Véase min. 1:18:02 y siguientes de la diligencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
irresistibles y externos a la esfera de control de quien los invoca. Se trata, más bien,
de una situación asociada al cumplimiento de la carga procesal de aportar
oportunamente los elementos de convicción destinados a respaldar las
pretensiones de la demanda.
66. Tampoco existe evidencia de una conducta obstructiva atribuible a la
contraparte que hubiera impedido la incorporación de dichos documentos al
expediente ni tampoco se alega la ocurrencia de esta.
67. En otras palabras, el recurrente pretende transformar el recurso extraordinario
de revisión en una instancia adicional destinada a subsanar deficiencias en el
ejercicio de la carga probatoria. Sin embargo, este no puede convertirse en un
mecanismo orientado a complementar o reconstruir el acervo probatorio del proceso
ordinario, pues la teleología de la causal invocada no está dirigida a reabrir el debate
probatorio ni a subsanar deficiencias en la actividad procesal de las partes,
especialmente de quien tenía la carga de desvirtuar la presunción de legalidad del
acto acusado27.
68. Por otra parte, se considera que tampoco se configura la causal quinta de
revisión, relativa a la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso.
69. Para la Sala el recurrente no identifica un vicio procesal originado en la
sentencia. Lo que realmente cuestiona es que esta fue proferida sin considerar
determinados documentos que, a su juicio, demostraban la convivencia exigida para
acceder a la prestación reclamada. Sin embargo, dicho cuestionamiento no recae
sobre la validez de la providencia, sino sobre el mérito de la decisión y las
consecuencias derivadas de la falta de incorporación regular de ciertos elementos
de convicción al proceso.
70. Debe tenerse presente que la actividad probatoria dentro de esta jurisdicción se
encuentra sometida al principio de preclusión, cuya finalidad consiste en garantizar
la seguridad jurídica, la igualdad procesal de las partes y el avance ordenado del
proceso mediante la consolidación definitiva de cada una de sus etapas. En virtud
de dicho principio, las oportunidades para solicitar, aportar y controvertir pruebas se
encuentran expresamente delimitadas por la ley y, una vez agotadas, no resulta
jurídicamente admisible retrotraer el trámite para subsanar omisiones atribuibles a
quienes tenían la carga de actuar dentro de los términos establecidos.
71. Precisamente por ello, el artículo 212 del CPACA regula de manera taxativa las
oportunidades para solicitar y aportar pruebas tanto en primera como en segunda
instancia, reservando esta última posibilidad para hipótesis excepcionales
expresamente definidas por el legislador, ninguna de ellas siendo promovida
oportunamente por el recurrente. Lo anterior, explica —y justifica— que el Tribunal
no se pronunciara sobre pruebas que no había sido incorporadas al proceso.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 12 de abril de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2020-04067-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
72. Aceptar la tesis del recurrente supondría ampliar indebidamente el alcance de
la causal quinta hasta convertirla en un mecanismo para replantear la valoración de
las pruebas o controvertir el sentido de las conclusiones judiciales, finalidad que
resulta incompatible con la naturaleza restrictiva y excepcional del recurso
extraordinario de revisión.
73. Por lo anterior, el recurso extraordinario de revisión será declarado infundado.
De la condena en costas
74. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
75. En ese sentido, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
76. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
77. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
78. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de Colpensiones, a través de la
defensa ejercida en el escrito de contestación; actuación que por sí sola, constituye
prueba suficiente para tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja
la existencia de gastos inherentes a la defensa judicial por parte de quien resultó
vencedor en el litigio.
79. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001-03-25-000-2026-00140-00 (0591-2026)
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Alexander Bedoya Giraldo contra la providencia proferida
el dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. CONDENAR en costas al señor Alexander Bedoya Giraldo a favor de
Colpensiones, las cuales se liquidarán por la Secretaría.
Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.