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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05130-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05130-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado Tercero Administrativo de Girardot. 2. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05130-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

27 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05130-00
Demandante: Oscar Ruiz Rivera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05130-00
Demandante: OSCAR RUIZ RIVERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación de pensión de invalidez
de exsoldado profesional del Ejército Nacional. Defecto orgánico,
procedimental absoluto, por violación directa de la Constitución y por
desconocimiento del precedente. Improcedencia de la acción de
tutela. Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Oscar Ruiz Rivera contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 2 de julio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el
señor Oscar Ruiz Rivera pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, así como la aplicación de los principios
de legalidad y de non reformatio in peius.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 24
de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25307-33-33-003-2023-
00136-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

a. PRENSIONES PRINCIPALES:
PRIMERA. Tutelar los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD,
PROHIBICIÓN DE REFORMA EN PEOR “PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEIUS”, A LA
SEGURIDAD JURÍDICA, A LA IGUALDAD, entre otros, los cuales considero fueron vulnerados por H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUB-SECCIÓN “C”.
SEGUNDA. Ordenar al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA
• SUB-SECCIÓN “C”, aplicar los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales del H. Consejo de
Estado y, de la H. Corte sobre el tema en particular.
TERCERA. Se dé aplicación a la Ley y a la Jurisprudencia.
CUARTA. Solicito respetuosamente señor Magistrado, ordenar en un término no mayor a 48 horas, que
se deje sin efectos jurídicos o se invalide la SENTENCIA JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA,
expedida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUB-
SECCIÓN “C”, con fecha 24 de junio de 2026, proferida dentro del proceso judicial adelantado dentro
DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con Radicado No.
253073333-003-2023-00136-01, Demandante OSCAR RUIZ RIVERA, Demandado NACIÓN –

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05130-00
Demandante: Oscar Ruiz Rivera

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, por la vulneración de los derechos
que le asisten al actor antes relacionados.
b. PRENSIONES SUBSIDIARIAS:
Que en caso de que no se deje sin efectos jurídicos y/o no se invalide la SENTENCIA JUDICIAL DE
SEGUNDA INSTANCIA, expedida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUB-SECCIÓN “C”, con fecha 24 de junio de 2026, se ordene de manera
subsidiaria lo siguiente:
PRIMERA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL. Ordenar al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUB-SECCIÓN “C”, resolver, de fondo, con absoluto
respeto por las garantías del debido proceso, principio de legalidad, prohibición de reforma en peor
“principio de no reformatio in peius”, a la seguridad jurídica, a la igualdad, entre otros, conforme al
RECURSO PARCIAL DE APELACIÓN presentado el 17 de diciembre de 2025 en contra únicamente
del porcentaje de la prima de antigüedad contenida en el literal b) del Numeral Segundo de la parte
resolutiva de la sentencia judicial de primera instancia de fecha 02 de diciembre de 2025, proferida por
el JUZGADO 3° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicado No. 253073333003 2023 00136 00.
SEGUNDA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL. Ordenar al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUB-SECCIÓN “C”, ceñirse estrictamente a la
COMPETENCIA OTORGADA POR LA PARTE ACTORA a través del RECURSO PARCIAL DE
APELACIÓN de la sentencia judicial de primera instancia antes relacionada y, de manera específica en
contra únicamente del porcentaje de la prima de antigüedad contenida en el literal b) del Numeral
Segundo de la parte resolutiva de la sentencia judicial de primera instancia de fecha 02 de diciembre de
2025, ya que no se le confirió al ad quen la competencia sobre el literal a) del numeral 2° de la parte
resolutiva de la sentencia judicial de primera instancia, al igual que sobre los demás aspectos fallados.
TERCERA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL. Ordenar al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUB-SECCIÓN “C”, ceñirse estrictamente a la
COMPETENCIA OTORGADA POR UNA SOLA DE LAS PARTES EN LITIGIO (demandante), quien
presentó el recurso parcial de apelación antes relacionado (apelante único), ya que la parte demandada
consintió la sentencia judicial de primera instancia, pues no presentó recurso alguno frente a la sentencia
judicial de primera instancia antes anotada.
(sic para toda la cita)

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó el tutelante que ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar
obligatorio durante 1 año, 5 meses y 23 días; que luego fue alumno profesional por 1 mes
y 11 días, que posteriormente fungió como soldado profesional durante 5 años, 1 mes y
11 días, con lo que acumuló un tiempo de servicio de 6 años, 9 meses y 18 días.

Que el 30 de marzo de 2007, a través de la orden administrativa de personal 1102, fue
retirado del servicio activo por pérdida de capacidad laboral. Que por medio de la
Resolución 349 de 2010 se le reconoció pensión de invalidez, en una cuantía equivalente
al 50% de las siguientes partidas, a saber, el salario mensual y el 26% de la prima de
antigüedad.

Que el 17 de abril de 2023 pidió al Ejército Nacional el reajuste de su pensión de invalidez,
al considerar que hubo un incorrecto cómputo de la prima de antigüedad y para que se
le incluyera el subsidio familiar.

A través del oficio RD20230518PS011469-MDNDVGSEDB-DIVRI del 18 de mayo de
2023, el Ejército Nacional denegó la solicitud relacionada en el párrafo anterior.

3.2. Actuación judicial

El señor Óscar Ruiz Rivera promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Ejército Nacional, para que se declarara la nulidad de la Resolución 349 de 2010
y del oficio RD20230518PS011469-MDNDVGSEDB-DIVRI del 18 de mayo de 2023. A
título de restablecimiento del derecho, pidió que se reliquidara su pensión de invalidez a
partir del 30 de marzo de 2007, con la liquidación de su prima de antigüedad
correspondiente al 100% de su salario básico, más la inclusión del subsidio familiar como

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05130-00
Demandante: Oscar Ruiz Rivera

partida computable. Adicionalmente, que se le reconocieran intereses comerciales y
moratorios sobre la suma reconocida y que se condenara a la entidad al pago de costas.

La demanda se adelantó bajo el radicado 25307-33-33-003-2023-00136-00 y
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Girardot que, por sentencia del 2 de
diciembre de 2025, declaró la nulidad de los actos demandados y condenó al Ejército
Nacional a reliquidar la pensión de invalidez del señor Ruiz Rivera, para lo cual debía
tomar << a). el 70% del salario mensual de lo que devengaba como soldado voluntario, es decir
el 70% del salario incrementado en un 60%, b), adicionando un 38.5% de la prima de antigüedad
que devengaba en servicio activo, la cual se deberá calcular a partir del 100% de la asignación
salarial mensual básica que devengaba al momento de obtener la pensión>>.

Además, declaró prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 17 de abril de
2020; ordenó a la entidad demandada pagar al señor Oscar las diferencias que resultaran
entre el reajuste ordenado y las sumas canceladas a partir del 17 de abril de 2020 y que
esas diferencias fueran utilizadas como base para la reliquidación de las mesadas
posteriores a esa fecha.

Explicó que la forma correcta de liquidar la pensión de invalidez era tomar el 70% del
salario mensual a la fecha de retiro, luego determinar el 38,5% de la prima de antigüedad,
que debía ser calculada con el 100% de la asignación mensual básica que devengaba el
demandante al momento de adquirir la asignación de retiro y, finalmente, sumar esos dos
resultados y con ello se obtenía el monto de la pensión de invalidez.

Que el señor Ruiz Rivera había contraído matrimonio en el año 2013, fecha posterior al
reconocimiento de su pensión de invalidez, lo que imposibilitaba la inclusión del subsidio
familiar en la prestación objeto de debate. Que en aplicación del artículo 43 del Decreto
4433 de 2004 se debía aplicar la prescripción trienal a partir del 17 de abril de 2020.

Inconforme, el demandante apeló y manifestó su inconformidad con la forma en que se
ordenó la liquidación de la prima de antigüedad, pues, a su juicio, se debía tener en
cuenta el tiempo de servicio que prestó en calidad de soldado profesional.

Que, de acuerdo con el numeral 13.2.2. del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 y los
numerales 18.3.1 a 18.3.7 del artículo 18 ibidem, la prima de antigüedad en materia
pensional debía ser reconocida por el 100% sobre el salario básico y no por el 38.5%.
Que, en todo caso, se debía tener en consideración el principio de non reformatio in pejus.

Por sentencia del 24 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, confirmó parcialmente la decisión apelada, en el
sentido de modificar la fórmula para la liquidación de la pensión de invalidez, que
quedaría de la siguiente forma: << asignación básica mensual incrementada en un 40% x 50%
+ 38.5% (prima de antigüedad) = pensión de invalidez>>.

Indicó que, si bien el recurrente advirtió que se aplicara el principio de non reformatio in
pejus, lo cierto era que el juzgado de instancia había desconocido el principio de
congruencia, al acceder a pretensiones que no habían sido solicitadas, con lo que
desconocía el principio de justicia rogada.

Que el a quo en el literal a) del numeral segundo de la sentencia apelada hacía mención
de porcentajes que no tenían relación con las pretensiones de la demanda ni con los que
eventualmente le correspondían al demandante por su invalidez.

Que lo advertido no resultaba, en un principio, favorable al demandante como apelante
único, pero que el restablecimiento del derecho se debía ordenar conforme con los
precedentes aplicables sobre liquidación de pensiones de invalidez de soldados
profesionales, que incluso eran más favorables a la liquidación realizada por la entidad,
y sin que se reconocieran el pago de sumas que no le asistían a la parte actora.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05130-00
Demandante: Oscar Ruiz Rivera

Que, en atención a las pretensiones de la demanda y los argumentos del recurso de
alzada, la discusión giraba en torno a la fórmula que se debía aplicar para la liquidación
de la pensión de invalidez con la inclusión de la prima de antigüedad.

Que, en ese orden y de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 1, la
liquidación de la prestación correspondía a la asignación básica mensual incrementada
en un 40% x 50% (porcentaje mínimo que trajo la Ley 923 de 2004) + 38.5% (prima de
antigüedad) = pensión de invalidez.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes vicios de
fondo:

Defecto orgánico porque el tribunal demandado carecía de competencias para modificar
la fórmula que se debía emplear para la reliquidación de su pensión de invalidez, puesto
que el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia del
proceso ordinario solo cuestionó el porcentaje otorgado respecto de la prima de
antigüedad.

Defecto procedimental absoluto debido a que se desconocieron los principios de non
reformatio in pejus y de legalidad, pues la autoridad judicial demandada no podía agravar
su situación jurídica como apelante único.

Dijo que el tribunal demandado resolvió aspectos no sometidos a su competencia, ya que
en su recurso de apelación solo cuestionó el porcentaje otorgado a la prima de
antigüedad en la sentencia de primera instancia.

Violación directa de la Constitución por desconocimiento del principio de supremacía
constitucional y por trasgresión del inciso segundo del artículo 31 superior.

Ahora, la Sala advierte que la parte actora no alegó un cargo por desconocimiento del
precedente, sin embargo, señaló que el tribunal demandado no tuvo en cuenta las
sentencias del 9 de febrero de 2012 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera2,
el 2 de diciembre de 2015 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B3, del 19 de enero de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta4, del 24 de mayo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera5,
del 24 de mayo de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera6, del 9 de
junio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera7, del 19 de julio de
2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera8, del 2 de agosto de 2017
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera9, del 9 de abril de 2018, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera10, del 17 de septiembre de 2018, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera11, del 17 de septiembre de 2018, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera12, del 26 de noviembre de 2018, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda13, del 10 de diciembre de 2018, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera14, del 14 de febrero de 2019 proferida por el Consejo

1 Citó la sentencia del 25 de abril de 2019, proferida en el expediente con radicado 85001-33-33-002-2013-00237-01.
2 expediente 50001-23-31-000-1997-06093-01
3 expediente 11001-03-15-000-2015-01250-01
4 expediente 11001-03-15-000-2015-02281-01
5 Expediente 05001-23-31-000-2008-01419-01
6 Expediente 08001-23-31-000-2009-00707-01
7 Expediente 08001-23-31-001-2010-00598-01
8 Expediente 27001-23-31-000-2007-00062-01
9 Expediente 13001-23-31-000-2009-00137-01
10 Expediente 05001-23-31-000-2005-05339-01
11 Expediente 76001-23-31-000-2010-00192-01
12 Expediente 68001-23-15-000-1999-02731-01
13 Expediente 85001-23-33-000-2013-00271-01
14 Expediente 44001-23-31-000-2009-00042-01

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05130-00
Demandante: Oscar Ruiz Rivera

de Estado, Sección Segunda15, del 14 de febrero de 2019, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda16, del 4 de marzo de 2019, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera17, del 4 de marzo de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera18, del 7 de marzo de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda19, del 9 de mayo de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda20, del 24 de octubre de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda21, del 13 de febrero de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda22, del 13 de febrero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda23, del 17 de septiembre de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A24, del 19 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B25, del 26 de mayo de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B26, del 27 de mayo de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B27, y SU-071 de 2022, T-108 de 2003
y T-458 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional, que, según dijo, estaban
relacionadas con las limitaciones de la competencia del juez de segunda instancia
cuando solo una de las partes apela y sobre el principio de non reformatio in pejus.

5. Trámite procesal

Por auto del 7 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y en calidad de
terceros con interés, al juez tercero administrativo de Girardot, al ministro de Defensa y
al director del Ejército Nacional.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 9 y 10 de julio
de 2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, ponente de la sentencia cuestionada, solicitó denegar el amparo
pretendido, porque no había incurrido en la trasgresión de los derechos fundamentales
reclamados, debido a que la sentencia del 24 de junio de 2026 fue adoptada con
fundamento en las pretensiones incoadas por el demandante, las pruebas aportadas al
proceso ordinario y la normativa que regulaba el reconocimiento y liquidación de la
pensión de invalidez del señor Ruiz Rivera.

Reiteró el análisis realizado en la providencia acusada, para señalar que el actor
pretendía que se profiriera una decisión que no tuviera en cuenta las pretensiones de su
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ni la normativa que regulaba la
pensión de invalidez de la cual era beneficiario.

El Juzgado Tercero Administrativo de Girardot pidió que se ordenara su
desvinculación, porque las actuaciones que adelantó no vulneraron los derechos
fundamentales del accionante.

15 Expediente 76001-23-31-000-2011-01582-01
16 Expediente 76001-23-31-000-2011-01582-01
17 Expediente 23001-23-31-000-2009-00262-01
18 Expediente 17001-23-31-000-2010-00093-01
19 Expediente 25000-23-42-000-2013-06025-01
20 Expediente 25000-23-25-000-2011-00546-01
21 Expediente 25000-23-42-000-2015-05332-01
22 Expediente 19001-23-33-000-2013-00616-01
23 Expediente 19001-23-33-000-2013-00616-01
24 Expediente 25000-23-42-000-2017-03198-01
25 Expediente 11001-03-15-000-2020-04046-01
26 Expediente 11001-03-15-000-2021-02030-00
27 Expediente 25000-23-42-000-2015-04190-01

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Demandante: Oscar Ruiz Rivera

El ministro de Defensa y el director del Ejército Nacional no se pronunciaron, pese a
que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional28 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia del 24
de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.

Por su parte, el Juzgado Tercero Administrativo de Girardot pidió su desvinculación, al
estimar que no vulneró los derechos del tutelante.

No obstante, la vinculación de esa autoridad judicial no fue como parte demandada, sino
en calidad de tercera con interés, debido a que fue quien profirió la sentencia de primera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de tutela. En
consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Oscar Ruiz Rivera para dejar sin efectos la sentencia del 24 de junio de 2026, dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25307-33-33-003-2023-00136-01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no satisface
el requisito general de subsidiariedad, porque el tutelante cuenta con otro medio de
defensa judicial para pedir la protección de sus derechos fundamentales.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales. (ii) la subsidiariedad, (iii) la procedencia del recurso extraordinario
de revisión para reclamar la protección de los principios de congruencia y non reformatio
in pejus y, (iv) el análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

28 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05130-00
Demandante: Oscar Ruiz Rivera

4. La subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir
que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza
excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de
tutela debe ser el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable29. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.

5. La procedencia del recurso extraordinario de revisión para reclamar la
protección de los principios de congruencia y non reformatio in pejus

El recurso extraordinario de revisión30 es un medio de impugnación excepcional de las
sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para
restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico, que suelen
resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial31.

El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 establece que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
del Consejo de Estado, por los tribunales y jueces administrativos.

Por su parte, el artículo 250 de esa misma ley enlista las causales por las que procede
este recurso, así:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

29 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P. María

Inés Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
31 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia del 30 de

noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente N° 1999-0207,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Demandante: Oscar Ruiz Rivera

Como se ve, en principio, la violación de los principios de congruencia y non reformatio
in pejus no está enlistada como una de las causales para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.

Sin embargo, a partir de los casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así
como de las Salas de Sección, cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión, se
advierte que existe una línea jurisprudencial pacífica32 sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión para la protección de los principios de congruencia y non
reformatio in pejus, por la vía de la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Como se ve, el Consejo de Estado, cuando ha resuelto recursos extraordinarios de
revisión, acepta la procedencia del recurso para reclamar la protección de los principios
de congruencia y non reformatio in pejus, bajo la causal de nulidad originada en la
sentencia.

Esa circunstancia impide al juez de tutela invadir la competencia del juez del recurso
extraordinario de revisión, pues, de lo contrario, se estaría desconociendo la naturaleza
residual y subsidiaria de este mecanismo. Lo anterior, sin perjuicio de que se demuestre
la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez de tutela.

Ahora, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional, en sentencia T-178 de 2023,
tuvo por superado el requisito de subsidiariedad en un asunto en el que también se
alegaba el desconocimiento del principio de non reformatio in pejus y congruencia. Esa
conclusión tuvo como fundamento la disparidad de criterios sobre la procedencia del
recurso extraordinario de revisión en las Secciones del Consejo de Estado, cuando actúa
como juez de tutela. La Corte Constitucional hizo un análisis detallado respecto de las
sentencias de tutela que han abordado este asunto y citó seis casos en los que se
analizaron de fondo los cargos de violación del principio de non reformatio in pejus y
congruencia.

Sin embargo, para la Sala, el análisis de procedencia del recurso extraordinario de
revisión para la protección del principio de non reformatio in pejus y congruencia no debe
verse desde las decisiones del juez de tutela, sino a partir de las decisiones de las Salas
Especiales de Decisión y de las Secciones del Consejo de Estado, cuando resuelven
estos recursos, por cuanto se trata del juez especializado, juez que, se insiste, acepta la
procedencia del recurso de revisión cuando se alega la violación de ese principio.

En conclusión, el recurso extraordinario de revisión resulta un mecanismo idóneo cuando
se alega la vulneración de los principios de non reformatio in pejus y de congruencia, toda
vez que la jurisprudencia acepta la procedencia. También es un medio eficaz, en la
medida en que puede proteger de manera integral el derecho fundamental vulnerado y
se pueden tomar decisiones que restauren de forma suficiente el derecho. En efecto, si
se encuentra fundada la causal, se invalidará la sentencia revisada, se dictará la que en
derecho corresponda y “se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios,
frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación (artículo 255 de
la Ley 1437 de 2011).

32Revisar:Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00, sentencia del 5 de abril

de 2016, expediente 11001-03-15-000-2008-00320-00, sentencia del 1° de noviembre de 2016, expediente 11001-03-
15-000-2012-00230- 00, sentencia del 20 de marzo de 2018, expediente 11001-03-25-000-2013-01303-00, sentencia
del 6 de febrero de 2018, expediente 11001-03-15-000-2016-01127-00, sentencia del 7 de septiembre de 2018,
expediente 11001-03-25-000-2014-00440-00, sentencia del 3 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-15-000-
2018-03791-00, sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-00119-00, sentencia del 14
de diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2017-00512-00, sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente
68001-33-31-006-. 2010-00296-01, sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-00507-
00, sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2017-00512-00, sentencia del 7 de octubre
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-07530-00 y la sentencia del 16 de marzo de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2021-00921-00.

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Demandante: Oscar Ruiz Rivera

6. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que la
autoridad judicial demandada incurrió en defecto orgánico, procedimental absoluto, por
violación directa de la Constitución y por desconocimiento del precedente con ocasión
del numeral segundo de la sentencia del 24 de junio de 2026, que modificó la fórmula en
la que se debía reliquidar su pensión de invalidez, en síntesis, porque desconoció el
principio de non reformatio in pejus.

A partir de los argumentos expuestos por la parte actora y conforme con lo expuesto en
el capítulo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no cumple el
requisito de subsidiariedad, por cuanto el demandante cuenta con otro medio de defensa
para la protección de los derechos invocados, como lo es el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, específicamente bajo la causal
de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».

Ahora, en sentencia SU-026 de 202133, la Corte Constitucional resaltó que la acción de
tutela puede desplazar al recurso extraordinario de revisión, cuando se cumplen los
siguientes supuestos: (i) cuando «el derecho fundamental cuya protección se solicita no
sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso»; y (ii)
cuando «las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por
el accionante».

En este caso, el recurso extraordinario de revisión resulta idóneo y eficaz, por cuanto: (i)
los argumentos expuestos en la demanda de tutela pueden encuadrarse en la causal de
nulidad originada en la sentencia, por violación de los principios de non reformatio in pejus
y congruencia, y (ii) en caso de que se demuestre la violación de los derechos
reclamados, podría ser efectivamente protegido en el proceso de revisión, como se
expuso en el capítulo anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho34:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime
cuando la sentencia del 24 de junio de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó la declaratoria de nulidad de
los actos demandados y ordenó que se reliquidara la pensión de invalidez del señor Oscar
Ruiz Rivera.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para que la Sala declare
improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito general de subsidiariedad.

33 En el mismo sentido, consultar sentencias T-649 de 2011, T-553 de 2012, T-553 de 2012, T-713 de 2013, SU-263
de 2015, SU-210 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.

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Demandante: Oscar Ruiz Rivera

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado Tercero
Administrativo de Girardot.

2. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las
razones expuestas en esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 35

35 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,

a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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