Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01582-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Recurso de apelación: competencia funcional del juez
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01582-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2011-01582-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
14 de febrero de 2019
RECURSO DE APELACIÓN – Competencia funcional del juez / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEIUS / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN – Prohibición de incluir aspectos no invocados en el recurso de apelación
Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución Política y 328 del CGP), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia. Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia. Ahora bien, conviene precisar que los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia por la Unidad Nacional de Protección deben estar dirigidos a fortalecer o reafirmar los argumentos del recurso de apelación, más no a incluir nuevos aspectos, que no han sido sometidos oportunamente a consideración de la contraparte. En el sub lite, se observa en primer lugar, que la sentencia proferida por el a quo el 24 de septiembre de 2015, solo fue recurrida por la Unidad Nacional de Protección. En segundo, que la misma entidad en uso de la etapa de alegatos de conclusión que se corrió en esta instancia, solicitó que en caso de confirmar la providencia recurrida se descontara al actor las sumas que en ejercicio de su función de escolta recibió en exceso, en comparación con un empelado de planta del extinto DAS. Así las cosas, la Subsección restringirá su estudio a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación presentado por la parte accionada, sin tener en consideración lo expuesto en sus alegatos de conclusión, comoquiera que los mismos tienen como fin incluir una nueva petición e inconformidad, aun cuando ello no fue objeto de impugnación.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con los límites del juez de segunda instancia al resolver el recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 19 de mayo de 2016, radicación: 3855-14.
CONTRATO REALIDAD – Reconocimiento / ESCOLTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS – Labor subordinada / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS PACTADAS
La naturaleza de la función desarrollada por el accionante, la cual consistía en brindar seguridad al beneficiario del programa de protección, le imponía el deber de atender las directrices impartidas por la entidad en las distintas misiones. Dichas labores, comportan una «subordinación» continuada, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de su superior, es claro que se desvanece la figura de la coordinación y por ende, se desvirtúa la autonomía e independencia con la que se presta el servicio, más aún cuando para el ejercicio de las mismas, el demandante debía emplear los elementos de dotación suministrados por el DAS como armamento y vehículo, toda vez que desatender el esquema de seguridad propuesto podría afectar el éxito de la labor desarrollada. Luego entonces, con base en las probanzas relacionadas en párrafos precedentes, es claro que el accionante no solo ejecutó funciones propias de la entidad sino que además lo hizo de manera subordinada durante toda la vigencia de los contratos de prestación de servicios, esto es, desde el 16 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2010. Dado que se desvirtuó la autonomía e independencia en la prestación del servicio del demandante, al igual que la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios y probados los elementos de la relación laboral, se concluye que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS contrató los servicios del accionante bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para encubrir la naturaleza real de la labor que éste desempeñó.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con las diferencias entre la relación laboral y el contrato de prestación de servicios, ver: Corte constitucional, sentencia C-154 de 1997, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. Sobre el carácter subordinado de la labor de escolta, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de mayo de 2014, radicación: 0480-12.
FUENTE FORMAL: LEY 790 DE 2002 – ARTÍCULO 17
PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD
De conformidad con las pruebas recaudas, se tiene que el demandante suscribió con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, 7 contratos de prestación de servicios, entre el 16 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2010, sin interrupción alguna; luego entonces, verificada la fecha de finalización del último contrato, esto es, 31 de diciembre de 2010, es claro que en sub judice no operó el fenómeno de la prescripción sobre los derechos reclamados, como quiera que la petición se presentó el 16 de mayo de 2011.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la prescripción de los derechos derivados del reconocimiento del contrato realidad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación: 0088-15, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN / SUCESIÓN PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Para la Sala es claro que esta es la razón por la cual el demandante suscribió directamente con el Departamento Administrativo de Seguridad los contratos de prestación de servicios y no con el Ministerio del Interior y de Justicia, motivo por el cual es el DAS, hoy la Unidad Nacional de Protección, quien en virtud de los artículos 3, 18 y 27 del Decreto 4057 de 2012 en armonía con el Decreto 4065 de 2011 asumió las obligaciones de esta, la llamada a responder por la condena impuesta en primera instancia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 372 DE 1996 – ARTÍCULO 28 / DECRETO 372 DE 1996 – ARTÍCULO 29 / LEY 418 DE 1997 – ARTÍCULO 81 / DECRETO 2110 DE 1992 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 218 DE 2000 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 623 DE 2004 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 4057 DE 2012
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01582-01(0664-17)
Actor: ÁLVARO SNEIDER MESA SÁNCHEZ
Demandado: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho– Decreto 01 de 1984
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Álvaro Sneider Mesa Sánchez contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hoy Unidad Nacional de Protección.
ANTECEDENTES
El señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hoy Unidad Nacional de Protección.
Pretensiones
Se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:
Oficio OJUR-2011-447382-3 del 23 de mayo de 2011 suscrito por el jefe de la oficina asesora jurídica del DAS por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales generadas con ocasión de la relación laboral existente con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se declare que entre el demandante y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, existió una relación laboral, en virtud de todos los contratos de prestación de servicios suscritos con esta, y por consiguiente se ordene el pago de todas las prestaciones sociales derivadas de ello, así como la nivelación al código y grado equivalente al empleo que existe en la planta de personal de la entidad.
Igualmente, se condene al pago de la indemnización por retiro sin justa causa, la bonificación por servicios, viáticos, primas de servicio, antigüedad, riesgo, clima, instalación, cesantías, intereses a las cesantías, sanción moratoria, subsidio de la caja de compensación, dotaciones y se reliquiden los salarios con fundamento en los anteriores conceptos.
De igual forma, se ordene a la accionada, el reembolso de los valores que tuvo que cancelar para la suscripción de cada contrato de prestación de servicios, tales como aportes al sistema de seguridad social, pólizas de garantías y retenciones.
Se condene al pago de las costas procesales.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
El demandante se desempeñó como escolta al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, desde el 16 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2010, a través varios contratos de prestación de servicios.
El señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez indicó que durante el tiempo en el que estuvo vinculado al DAS tuvo una relación de carácter laboral con la entidad, toda vez que se cumplieron los requisitos propios de la misma, tales como pago de salario, subordinación y prestación personal del servicio, sin solución de continuidad, y además por cuanto realizaba las actividades propias de un empleado de esa institución.
El 16 de mayo de 2011 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y en consecuencia el pago de las prestaciones sociales, que perciben los agentes escoltas de planta.
El DAS mediante el Oficio OJUR-2011-447382-3 del 23 de mayo de 2011 denegó el reconocimiento y pago deprecado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53, 83 y 121 de la Constitución Política; 2 de la Ley 50 de 1990 y 32 de la Ley 80 de 1993.
El demandante advirtió que no existió entre las partes un contrato de prestación de servicios en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como quiera que dichos contratos son utilizados por el Estado para realizar una obra o labor determinada que corresponde a asuntos que no forman parte de las funciones propias de la entidad, sino que se relacionan con su administración y funcionamiento, o en los eventos en los que se requiere de conocimientos especializados por parte del contratista.
También precisó que la relación que existió entre el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez y la accionada, no es de aquellas reguladas por la Ley 80 de 1993, toda vez que desarrolló actividades misionales de la entidad, le fueron suministrados los elementos necesarios para su ejercicio, estuvo sometido a las directrices impartidas por la oficina de protección del DAS, laboró bajo el cumplimiento de horario y turnos preestablecidos, todo ello durante el período comprendido entre el 16 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2010 sin ningún tipo de interrupción.
De igual manera afirmó que en atención a la sucesiva celebración de los contratos denominados de prestación de servicios, se generó una relación laboral que le otorga el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales propias de un escolta de planta.
Así mismo, explicó que en la labor desarrollada se configuró el elemento de subordinación, debido a que protegió a una persona en nombre del Estado, utilizó los elementos de dotación que le proporcionó la entidad, estuvo sometido al horario del protegido y a las directrices de la entidad que impartía instrucciones para su labor, circunstancias que logran evidenciar que lo que se pretendía con la suscripción de este tipo de contratos era desconocer una verdadera relación laboral y por ende los derechos prestacionales que se derivan de la misma.
Por último, enfatizó que independientemente de las formalidades establecidas en la ley, debe prevalecer el derecho sustancial, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional y con él los principios constitucionales dirigidos a proteger los derechos de los trabajadores, esto es, igualdad de oportunidades, garantía de la seguridad social, entre otros.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Departamento Administrativo de Seguridad (ff. 81-98 c.ppal.)
La parte demandada se opuso a las pretensiones pues consideró que el actor no tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que reclama, ya que del contrato de prestación de servicios suscrito con la institución no se derivan los elementos esenciales de una relación laboral.
Igualmente, indicó que en virtud del Decreto 372 del 26 de febrero de 1996 y la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 el programa de protección de testigos, personas amenazadas y líderes sindicales, corresponde al Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación con el DAS, quien los ejecuta siguiendo para el efecto las políticas protectivas y la transferencia de los recursos financieros, los cuales son utilizados para adquirir bienes y servicios, como la contratación de escoltas, toda vez que la planta de personal de la entidad es insuficiente para atender la demanda del programa.
Así mismo, advirtió que la labor debe ser prestada por profesionales con conocimientos especializados en el tema de protección y en el marco de los parámetros mínimos de un esquema de este carácter cuyo cumplimiento se lleva a cabo a través de misiones que indican a quien se debe prestar el servicio de protección. Lo anterior en atención a que los contratos son genéricos en dicho tema y se materializan con una orden de trabajo o misión, sin que pueda considerarse que las mismas configuran el elemento de la subordinación.
La entidad afirmó que suscribió contratos con el actor, en virtud de la facultad contenida en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual, la función pública puede ser ejercida a través del contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta que para ese momento, el DAS no contaba con el personal de planta suficiente para cumplir con el programa, e insistió en que el acatamiento de las órdenes y la obligación de rendir informes, son algunos de los deberes legales de los contratistas, que por sí mismos no generan una relación laboral.
En su criterio la situación del actor no encuadra en las distintas formas de vinculación con la administración pública, a saber, estatutaria, contractual y auxiliares de la administración, toda vez que lo que se suscribió fueron contratos de prestación de servicios, los cuales son permitidos por la ley, cuando las actividades contratadas no puedan realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados.
Finalmente, señaló que el actor tuvo la posibilidad de no suscribir el contrato si consideraba que el mismo era ilegal, o de manifestar sus objeciones o inconformidades al momento de su liquidación o terminación. Y no pretender mediante acción judicial derivar unos efectos y derechos que no le son propios al contrato suscrito.
Propuso como excepciones las siguientes:
Inepta demanda por falta de requisitos: Señaló que el demandante debió indicar con precisión las normas que el acto objeto de demanda vulneró y a su vez explicar en qué consistió la violación, no obstante no lo hizo. Así mismo, advirtió que el actor tampoco determinó cuál de todos los elementos previstos en el artículo 85 del CCA fueron trasgredidos.
Habérsele dado a la demandada el trámite de un proceso diferente al que corresponde: Indicó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho envuelve dos pretensiones, una dirigida a la anulación del acto y la otra al restablecimiento del derecho, siendo para esta última indispensable la existencia del derecho subjetivo, circunstancia que no ocurre en el sub lite, pues para el actor el derecho que pretende nunca nació a la vida jurídica, dado que suscritos los contratos de prestación de servicios, bajo los presupuestos de la Ley 80 de 1993, se dejó claro que la labor encomendada no generaría ningún tipo de derecho de carácter prestacional.
Luego entonces, consideró que para el reconocimiento de la existencia de una relación laboral el accionante debió iniciar el respectivo proceso laboral ante la jurisdicción ordinara, y no presentar el derecho de petición que provocó el acto administrativo que hoy se demanda.
Enriquecimiento ilícito e injustificado del actor: Evidenció que el demandante pretende obtener el pago de unas prestaciones sociales y acreencias laborales sin tener el derecho a ello; ya que las mismas solo son atribuibles a quien tiene una relación laboral y no aquellos, que como el actor, suscribieron una serie de contratos de prestación de servicios, en los términos de la Ley 80 de 1993, dentro de los cuales percibió los valores acordados por concepto de honorarios.
Excepción genérica: Pidió que toda excepción que se encuentre probada se decrete oficiosamente conforme lo estipula el artículo 164 del CCA.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
Departamento Administrativo de Seguridad (ff. 142-153 c.ppal.)
Peticionó no acceder a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes medios exceptivos:
Caducidad: Solicitó declarar la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en consideración a que los contratos de prestación de servicios celebrados son independientes y la referida acción debió promoverse en contra de cada uno de ellos dentro del término de 4 meses que prevé el artículo 136 del CCA y no a través de un derecho de petición pretender revivir los términos ya fenecidos.
Buena fe: Aseveró que la entidad actuó conforme las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 199, reconociéndole al actor su calidad de contratista en virtud de la forma en que fue contratado para prestar los servicios de escolta.
Inexistencia de la obligación: Afirmó que la entidad pagó la totalidad de los honorarios pactados en los diferentes contratos de prestación de servicios, que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no generan relación laboral y por ende tampoco el reconocimiento de prestaciones sociales.
Pago: Refirió que dada la naturaleza del contrato de prestación de servicios, el desarrollo del objeto contractual y las clausulas pactadas, las obligaciones que se generaron fueron canceladas en su totalidad, recibidas a satisfacción y liquidadas legalmente, sin que el demandante hiciera ninguna reclamación ni anotación en el acta de liquidación de cada contrato.
Falta de legitimación en la causa por pasiva: Reiteró que el llamado a responder por las reclamaciones efectuadas por el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez es el Ministerio del Interior, quien tiene a su cargo el manejo del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, y no el DAS, que actuó únicamente como administrador y coordinador del mismo, en cumplimiento de los Decretos 1836 de 2002, 2816 de 2006, 4785 de 2008, 4864 de 2009, 1740 de 2010, 1030 de 2011 y 955 de la misma anualidad; en razón a ello consideró necesario vincular al proceso al citado ministerio.
Luego, estimó que el accionante deprecó la nulidad de un oficio que no tiene la connotación de acto administrativo en los términos del CCA, sino que sirvió de mera comunicación para recordarle las diferencias entre el contrato laboral y el de prestación de servicios suscrito por él con la accionada. Y finalmente, reafirmó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que el vínculo contractual que emergió de los contratos de prestación de servicios celebrados por el actor y el DAS, fue legal, pero no como empleado público sino como contratista.
Álvaro Sneider Mesa Sánchez (ff. 246-249 c.ppal.)
Reafirmó las manifestaciones efectuadas en el escrito introductorio y recalcó que entre las partes se configuraron los elementos propios de la relación laboral, esto es, actividad personal, salario y subordinación.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia proferida el 24 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento promovió el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez en contra del DAS, hoy Unidad Nacional de Protección, bajo los siguientes fundamentos:
Sobre las excepciones:
Consideró que el medio exceptivo denominado ineptitud sustantiva de la demanda no se configuró en el sub lite, toda vez que revisado el escrito introductorio es claro que el actor sí señaló cuáles eran los fundamentos de derecho y en qué consistió la violación, tal como lo exige el inciso 4 del artículo 137 del CCA. En cuanto a la indebida escogencia de la acción, recordó la naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y con fundamento en ello indicó que al demandarse un acto que se reputa ilegal como en el sub judice, lesivo para los derechos del administrado y causante de un daño, en los términos del artículo 135 ibidem, es posible su enjuiciamiento.
En relación con los demás, advirtió que serían resueltos en el fondo del asunto.
Del fondo del asunto:
Resuelta las excepciones alegadas, realizó un análisis sobre los elementos y circunstancias diferenciales entre el contrato de prestación de servicios y el denominado contrato realidad, para establecer que este último se configura siempre que el interesado demuestre la existencia de: i) La prestación personal del servicio; ii) remuneración y iii) la subordinación en el ejercicio de su función.
En este caso, el a quo encontró probados los elementos de la relación laboral, esto es, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, toda vez que el actor suscribió una serie de contratos de prestación de servicios con el DAS en el período comprendido entre el 16 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, con el fin de cumplir funciones de escolta dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, con la obligación de cumplir horario de trabajo, órdenes y de desarrollar las mismas funciones del personal de planta de la entidad demandada.
Por consiguiente, ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas en favor del demandante en virtud de la relación laboral que se consolidó con la accionada, así como la cancelación de los porcentajes de cotización al sistema de seguridad social, en lo que a la entidad le corresponda. Igualmente, dispuso que el tiempo efectivamente laborado por el actor se contabilizará para efectos pensionales.
De otro lado, denegó la devolución de los dineros descontados por retención en la fuente de todos los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes entre el 16 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, en primer lugar, porque dichas sumas no ingresaron a las arcas patrimoniales del DAS y en segundo, porque el que se haya desnaturalizado el contrato de prestación de servicios, no implica per se que el actor adquirió la calidad de empleado público.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
Dentro de la oportunidad legal, la Unidad Nacional de Protección, UNP presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:
Afirmó que, contrario a lo expuesto por el a quo, no se demostraron los elementos de una relación laboral entre el demandante y el DAS (hoy Unidad Nacional de Protección, UNP), pues si bien existió prestación personal del servicio, ello obedeció a que la función de escolta solo podía cumplirse directamente por aquel como contratista, y no por un tercero. Tampoco se configuró el elemento de la remuneración, toda vez que en los contratos se fijó el pago de honorarios propios de una relación contractual los cuales difieren de los salarios reconocidos al personal de planta y finalmente, no se consolidó la subordinación tal como se adujo, sino que se vislumbró una relación coordinada en cumplimiento del objeto contractual.
De igual forma, resaltó que los contratos de prestación de servicios fueron suscritos debido a la insuficiencia de personal de planta que tenía el DAS, para desarrollar el programa de protección que implementó el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
También precisó que la existencia del supervisor era necesaria, toda vez que este era el encargado de verificar que el contratista cumpliera con las obligaciones para las cuales había sido contratado, sin que ello configurara per se el elemento de subordinación propio de una relación laboral, puesto que toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte del ente contratante, máxime cuando la labor es especialísima como en el sub examine, pues de su correcta ejecución dependía la vida de los protegidos. Entonces, la vigilancia sobre el contrato y la obligación de rendir informes periódicos, no son por sí solas pruebas de dependencia o subordinación sino que hacen parte de este tipo de negocios jurídicos.
Finalmente, insistió en que el Tribunal Administrativo no tuvo en consideración que la contratación de los escoltas por parte del extinto DAS, obedeció al programa especial de protección de líderes sindicales o defensores de derechos humanos a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, y no a que dentro de sus funciones misionales previstas en la Ley 489 de 1998 y los Decretos 218 de 2000 y 643 de 2004, se encontrara brindar seguridad a la población referida.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA (FF. 369-382 c.ppal.)
Consideró que contrario a lo expuesto por el a quo dentro del sub judice no se encuentran demostrados los elementos propios de una relación laboral, esto es, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. Seguidamente, denotó que en el dossier no existen medios de convicción que permitan inferir que el actor actuó de forma subordinada como cualquier otro empleado público del extinto DAS, pues se probó que cumpliera el mismo horario, las mismas funciones y tareas de los empleados de planta.
Indicó que tal como lo ha expuesto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la función pública puede ser ejercida por personas diferentes a los empleados públicos, a través de los denominados contratos de prestación de servicios, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta, se requieran de conocimiento especializados o se trate de situaciones meramente temporales, como ocurrió en el presente asunto.
Por otro lado, recordó que de acuerdo con la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado los derechos reclamado por el accionante se encuentran prescritos, toda vez que la reclamación se presentó por fuera de los tres años que prevén los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Finalmente, advirtió que de conformidad con las disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional, a saber, los Decretos 4057 y 4065 de 2011, la entidad llamada a responder por las obligaciones del extinto DAS, es la Unidad Nacional de Protección, como quiera que le fueron trasladadas las funciones de protección de aquella, así como todos los archivos vinculados, esto es, esquemas de protección, misiones y desplazamientos del personal protegido. Circunstancia que ya ha sido tenida en cuenta tanto por jueces como por los magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para vincular o en algunos casos condenar a la referida entidad.
Unidad Nacional de Protección (ff. 389-392 c.ppal.)
Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y agregó que en caso de acceder a las pretensiones se debe tener en consideración que los honorarios pactados y pagados al actor fueron mayores que las sumas percibidas por un escolta vinculado a la planta de personal del DAS, lo que hace necesario que, en aplicación del principio a trabajo igual salario igual, se descuenten de los emolumentos a reconocer, los valores cancelados en exceso.
Álvaro Sneider Mesa (ff. 393-396 c.ppal.)
Reafirmó las manifestaciones efectuadas en el escrito introductorio.
MINISTERIO PÚBLICO
Vencido el término concedido no hizo manifestación alguna.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa:
Competencia funcional del ad quem
Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución Política y 328 del CGP), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.
Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia.
Ahora bien, conviene precisar que los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia por la Unidad Nacional de Protección deben estar dirigidos a fortalecer o reafirmar los argumentos del recurso de apelación, más no a incluir nuevos aspectos, que no han sido sometidos oportunamente a consideración de la contraparte.
En el sub lite, se observa en primer lugar, que la sentencia proferida por el a quo el 24 de septiembre de 2015, solo fue recurrida por la Unidad Nacional de Protección. En segundo, que la misma entidad en uso de la etapa de alegatos de conclusión que se corrió en esta instancia, solicitó que en caso de confirmar la providencia recurrida se descontara al actor las sumas que en ejercicio de su función de escolta recibió en exceso, en comparación con un empelado de planta del extinto DAS.
Así las cosas, la Subsección restringirá su estudio a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación presentado por la parte accionada, sin tener en consideración lo expuesto en sus alegatos de conclusión, comoquiera que los mismos tienen como fin incluir una nueva petición e inconformidad, aun cuando ello no fue objeto de impugnación.
Problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en las siguientes preguntas:
¿Se demostraron los elementos de una relación laboral a raíz de los contratos de prestación de servicios de escolta, que celebró el Departamento Administrativo de Seguridad con el demandante?
En caso afirmativo ¿Operó el fenómeno de la prescripción?
¿La entidad demandada es la encargada de asumir la condena impuesta en primera instancia?
Primer problema jurídico:
¿Se demostraron los elementos de una relación laboral a raíz de los contratos de prestación de servicios de escolta, que celebró el Departamento Administrativo de Seguridad con el demandante?
La Subsección considera que se probaron los elementos de una relación laboral en virtud de los contratos de prestación de servicios que se celebraron entre las partes, por las razones que pasan a explicarse:
Elementos de una relación laboral en el sub lite.
La parte demandante afirma que mediante los contratos de prestación de servicios que celebró con el DAS, se desarrolló una relación laboral que debe dar lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no se cancelaron.
Con el fin de analizar este elemento, se tiene en cuenta lo siguiente:
El actor afirmó que celebró con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS para la época, siete contratos de prestación de servicios de forma ininterrumpida desde el 16 de julio de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010. Se relacionan a continuación (ff. 4-18, 26, 29-36,43-44, 63-68, 74-76, 95-103, 116-119, 134-135, 139-142 c.2):
Número contrato
Plazo
Término
Valor
006
Del 16 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008
5 meses
17 días
$13.823.760
062
(Adición 01/07/2009)
(Adición 30/08/2009)
Del 1 de enero hasta el 28 de septiembre de 2009
8 meses
27 días
$14.506.260
059
(Adición 01/07/2009)
Del 29 de septiembre hasta el 17 de diciembre de 2009
2 meses
18 días
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211
(Otrosí 18/12/2009)
Del 18 de diciembre de 2009 hasta el 31 de marzo de 2010
3 meses
12 días
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(Adición 01/07/2009)
Del 1 de abril hasta el 31de julio de 2010
4 meses
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110
Del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2010
4 meses
29 días
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El objeto común de los contratos de prestación de servicios fue el siguiente:
«[…] OBJETO. EL CONTRATISTA en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el D.A.S. a Prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Cali y eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del Programa de Protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia PARÁGRAFO: RESULTADOS ESPERADOS. El objeto de este contrato está orientado a brindar protección a las personas que se encuentran amenazadas por la situación de violencia que vive el país, buscando así disminuir los índices de criminalidad en los sectores más vulnerables […]»
(ff. 4-18, 26, 29-36,43-44, 63-68, 74-76, 95-103, 116-119, 134-135, 139-142 c.2)
Visto lo anterior, es viable concluir, en primer lugar que, existe continuidad en los contratos de prestación de servicios suscritos entre el demandante y el Departamento Administrativo de Seguridad desde el 16 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2010, y en segundo, que su objetivo consistió en la prestación de los servicios de protección dentro del componente de seguridad a personas del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derecho humanos. Lo que significa que el DAS tenía la necesidad permanente de prestar el servicio para el cual, fue continuamente contratado el accionante, dejando de ser en la realidad, en principio, un verdadero contrato de prestación de servicios en los términos de la Ley 80 de 1993.
Pues bien, determinados los contratos de prestación de servicios que celebró el actor con la accionada, es preciso indicar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-154 de 1997 se pronunció sobre las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo, al respecto:
«[…] Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.[…]» (Se subraya).
Según los presupuestos desarrollados en la sentencia C-154 de 1997, es necesario verificar si en el presente asunto se probaron los tres elementos constitutivos para una relación laboral, principalmente la subordinación o dependencia continuada. Este último como criterio concluyente para revelar la relación laboral o vinculación legal y reglamentaria.
La prestación personal del servicio:
Con el fin de demostrar este elemento la Subsección estima necesario citar parte del contenido de las consideraciones comunes en los contratos suscritos por las partes, así:
«[…] EL CONTRATISTA en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el D.A.S. a Prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Cali y eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del Programa de Protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos […] El objeto de este contrato está orientado a brindar protección a las personas que se encuentran amenazadas por la situación de violencia que vive el país […]» (Se subraya)
De la lectura del objeto del contrato en armonía con la certificación que obra en el folio 39 del cuaderno principal, se infiere que el actor prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, dentro del componente de seguridad a personas del Programa Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos de forma personal, como quiera que la esencia misma de la función asignada así lo requiere, ya que al ostentar la calidad de escolta debe necesariamente acompañar al protegido.
Remuneración por el servicio prestado.
Para evidenciar el segundo elemento de la relación laboral, consistente en la remuneración que recibió el demandante por la prestación del servicio de escolta, en los folios 26-28, 50-52, 91-93, 113-115, 136-137 y 147-148 del cuaderno 2 del expediente, se observan las actas de liquidación de los contratos en las que constan los pagos efectuados por la entidad demandada a favor del señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez por concepto de honorarios, lo que permite demostrar la remuneración que recibió el demandante por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por los servicios de escolta que prestó.
Subordinación y dependencia continuada.
Con el fin de verificar el elemento esencial de la relación laboral, es decir, la subordinación continuada, se relacionan las siguientes pruebas practicadas y aportadas al proceso:
Para desarrollar la labor de escolta el DAS le asignaba al accionante carnet, chaleco, armas de dotación y vehículos oficiales, lo cual se corrobora con las actas de entrega de dotación que obran en los folios 33 a 37 y 139 del cuaderno principal. Así como con el informe rendido por el DAS, visible en los folios 115-116 ibidem, dentro del cual manifestó:
« […] El contrato de prestación de servicios suscrito entre el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y los escoltas contratistas, entre ellos el señor MESA SANCHEZ tenía como objeto prestar el servicio de protección de dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, para tal fin como es apenas obvio, era necesario el uso de armamento, vehículos y otros elementos, los cuales debían ser suministrados por el DAS, de conformidad con las obligaciones establecidas en los distintos contratos de prestación de servicios»
En el folio 77 del cuaderno 2 obra informe de supervisión del contrato de prestación de servicios 062 entre el demandante y el DAS.
Dentro de los contratos el demandante se obligó a lo siguiente:
« 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS a través del supervisor, o por su protegido. 2. Realizar las actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir con las actividades encomendadas, o destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3. Presentar para su revisión en la dependencia de control de armamento, radios y vehículos del DAS, o en la que haga sus veces los elementos logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes. 4. Al terminar el servicio y cuando por alguna circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia diariamente. 5. Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, con sus compañeros y con la persona protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o psicotrópicas. 7. Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana, y colaborar con las autoridades civiles, militares y de policía. 8. Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial DAS, los desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el servicio. 9. Mantener en buen estado los elementos logísticos entregados por el DAS y velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente contrato. 10. Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con actividades propias del objeto del presente contrato. 11. Informar al supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del supervisor. 12. Observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de armas de fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. 13. Presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor del contrato, la cual requerirá para expedir la certificación de cumplimiento para pago por la prestación de servicios prestados y gastos de viaje estipulados en la cláusula tercera del presente contrato y 14. Efectuar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social, en salud y pensión; obligación que deberá cumplir y acreditar mensualmente ante el supervisor del contrato, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 1 de la Ley 828 de 10 de julio de 2003.» (Se subraya y resalta)
A partir de las pruebas reseñadas y teniendo en cuenta la naturaleza de la labor desempeñada por el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez se colige claramente que el demandante no podía ejecutar sus servicios de forma autónoma e independiente porque se debía circunscribir a las instrucciones del DAS, sumado al hecho que no podía ejercer actividades de escolta para otras entidades.
Existencia de la relación laboral
A partir del anterior análisis, la Subsección concluye que el demandante prestó sus servicios personales a favor del Departamento Administrativo de Seguridad, a través de funciones propias de la entidad, las cuales constan en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 643 de 2004, mediante sucesivas vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios celebradas entre el 16 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2010, es decir, por un lapso de 2 años fue contratado para atender las funciones de protección en forma permanente.
Ello evidencia el ánimo de emplear de modo permanente y continuo sus servicios profesionales desdibujándose la temporalidad o transitoriedad que caracteriza la contratación de prestación de servicios.
La naturaleza de la función desarrollada por el accionante, la cual consistía en brindar seguridad al beneficiario del programa de protección, le imponía el deber de atender las directrices impartidas por la entidad en las distintas misiones. Dichas labores, comportan una «subordinación» continuada, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de su superior, es claro que se desvanece la figura de la coordinación y por ende, se desvirtúa la autonomía e independencia con la que se presta el servicio, más aún cuando para el ejercicio de las mismas, el demandante debía emplear los elementos de dotación suministrados por el DAS como armamento y vehículo, toda vez que desatender el esquema de seguridad propuesto podría afectar el éxito de la labor desarrollada.
Luego entonces, con base en las probanzas relacionadas en párrafos precedentes, es claro que el accionante no solo ejecutó funciones propias de la entidad sino que además lo hizo de manera subordinada durante toda la vigencia de los contratos de prestación de servicios, esto es, desde el 16 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2010.
Dado que se desvirtuó la autonomía e independencia en la prestación del servicio del demandante, al igual que la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios y probados los elementos de la relación laboral, se concluye que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS contrató los servicios del accionante bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para encubrir la naturaleza real de la labor que éste desempeñó.
Lo anterior genera la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades regulado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque el demandante desarrolló la función de protección en el DAS, en las mismas condiciones que los demás empleados públicos en el cargo de «agente escolta».
En consecuencia, tal como lo indicó el a quo, se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado (Oficio OJUR-2011-447382 del 23 de mayo de 2011) por medio del cual se negó el reconocimiento de una relación laboral entre el DAS y el accionante bajo el siguiente argumento: «[…] [E]s importante precisarle que no corresponde al DAS reconocer o declarar la relación laboral existente ente la entidad y el señor ALVARO SNEIDER MESA SANCHEZ, dicha declaración por simple lógica la debe hacer la autoridad competente.
Lo anterior, no es viable por cuanto el DAS, se ha sometido al acuerdo de voluntades que se refleja en el contrato firmado entre las partes y que se constituye en ley para cada uno.
[…] [L]a entidad en ningún momento le ha incumplido al petente, con su pagos y mucho menos negarle prestaciones sociales, por cuanto el contrato de prestación de servicios no incluye dichos emolumentos.
[…] Por lo tanto, el DAS tenía una relación contractual con el señor ALVARO SNEIDER MESA SANCHEZ, por ello mal podría solicitar el reconocimiento de unos haberes a los que no tiene derecho.».
Se reitera que las entidades públicas no deben recurrir a la práctica de vincular personal bajo la modalidad de prestación de servicios para cumplir actividades permanentes propias de la administración y de esta manera evitar el pago de prestaciones sociales y de aportes parafiscales, entre otros, pues con esa conducta, como lo ha reiterado tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, no sólo se vulneran los derechos de los trabajadores sino que además dicha nómina paralela desvirtúa la razón de ser del artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, cual es la independencia y autonomía del contratista en el desarrollo del contrato con carácter temporal.
De forma expresa lo prohíbe el artículo 17 de la Ley 790 de 2002 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República», al respecto:
«Artículo 17. Plantas de personal. La estructura de planta de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.
En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de servicios personales, el Ministro o el Director del Departamento Administrativo cabeza del sector respectivo, semestralmente presentará un informe al Congreso sobre el particular.
Parágrafo. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la administración pública.» (Se subraya).
La norma citada es aplicable al presente caso porque para la época de celebración y ejecución de los contratos de prestación de servicios entre el DAS y el demandante, dicha entidad estaba constituida como un Departamento Administrativo.
Ahora, la Subsección B de la Sección Segunda se pronunció en asunto idéntico al presente caso, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2014, así:
«[…] Caso Concreto
El demandante manifiesta que estuvo prestando sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, como Escolta de Protección mediante diferentes y sucesivos contratos de prestación de servicios, por lo que considera se configuró una relación laboral.
De las pruebas allegadas al plenario se constató que el actor prestó sus servicios como Escolta en el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS, desde el 8 de mayo de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2011 de manera ininterrumpida, vinculado por “contrato de prestación de servicios” en los que se estableció lo siguiente:
“… OBJETO.– El CONTRATISTA en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el D.A.S. a prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Barrancabermeja y eventualmente en la cuidad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del Programa de Protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riegos del Ministerio del Interior y de Justicia. …”
En el sub-lite se desvirtuaron las características del contrato de prestación de servicios porque el demandante en su condición de Escolta cumplía funciones que no eran temporales dado que la vinculación se mantuvo por más de 4 años; no contaba con autonomía e independencia porque estaba sometido a horarios y turnos de trabajo debido a la naturaleza de sus funciones, es decir era dependiente y sometido a la subordinación, elementos propios de la relación laboral, no de un contrato de prestación de servicios.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el actor se encontraba subordinado a las directrices impartidas por la Entidad, máxime si se tiene en cuenta que la función propia del DAS es brindar seguridad a la persona a quien se le asigna esquema de protección, para lo cual el escolta debe acatar las órdenes que le sean impartidas, como ocurrió en el caso bajo estudio.
En consecuencia, el demandante en el ejercicio de su labor, ejecutaba labores propias de las funciones asignadas a esa entidad tal y como lo dispone el artículo 2 del Decreto 643 de 2004, entre otras:
“…14. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal. (…) Parágrafo. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes….”
Lo anterior permite concluir que el actor no desarrolló funciones meramente temporales, pues duró vinculado por más de cuatro años y ejercía las labores propias asignadas a la entidad, como resulta de la comparación de funciones.
Al desvirtuarse el vínculo contractual es procedente la declaración del “Contrato Realidad”, que si bien no puede tener la misma connotación del empleado vinculado mediante una relación legal y reglamentaria, sí genera un trato similar al que tiene un empleado público que ejerce las mismas funciones. […]»
Conclusión: De conformidad con el material probatorio del proceso y la naturaleza propia de la actividad desempeñada por el accionante como escolta, se concluye que existió una relación laboral entre éste y el Departamento Administrativo de Seguridad, aunque se hubiese presentado bajo la forma de contratos de prestación de servicios, desde el 16 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2010.
Segundo problema jurídico:
¿Operó el fenómeno de la prescripción?
En virtud de la facultad que el artículo 164 del CCA otorga a los jueces, para declarar las excepciones que encuentre probadas dentro del proceso, se considera conveniente efectuar las siguientes precisiones.
La prescripción en materia de contrato realidad
La prescripción es la acción o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción" como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo».
Contrario a lo expuesto por el Tribunal en la providencia objeto de apelación, en torno a este tema la Sección Segunda en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 al estudiar este fenómeno jurídico en la órbita del contrato realidad, consideró que: «[…] la prescripción encuentra sustento en el principio de la seguridad jurídica, en la medida en que busca impedir la perpetuidad de las reclamaciones referentes a reconocimientos de índole laboral, que pudieron quedar pendiente entre los extremos de la relación de trabajo al momento de su finalización, pues contrario sensu resultaría desproporcionada la situación en la que se permitiera que el trabajador exigiera de su empleador (o exempleador) la cancelación de emolumentos que con el transcurrir de los años implicarían un desmedro excesivo del patrimonio de este […] y le impediría la conservación de los elementos probatorios tendientes a desvirtuar lo demandado».
En la providencia en mención se definieron las reglas que en esta materia deberán atenderse para efectos de analizar el fenómeno prescriptivo en esta clase de asuntos:
El estudio de la prescripción es posterior al de la existencia de la relación laboral: El juez solo podrá estudiar dentro de la sentencia, el fenómeno jurídico de la prescripción en cada caso, una vez analizada y demostrada la existencia de la relación laboral entre las partes.
Prescripción frente a las prestaciones sociales.
Prestaciones sociales.
La prescripción trienal de que tratan los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, interpretados en armonía con el artículo 12 del Convenio 95 de la OIT y los principios de favorabilidad, irrenunciablidad a los beneficios mínimos, progresividad, prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos al trabajo en condiciones dignas, tal como lo sostuvo esta sección en la referida sentencia, se contabilizará a partir de la terminación del vínculo contractual.
Así pues, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, supera los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar las prestaciones que de ella se derivan, en aplicación del principio de la «primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales» de que trata el artículo 53 Constitucional, perderá su oportunidad de obtenerlas, ya que dicha inactividad o tardanza será traducida en desinterés, el cual no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.
Empero, precisó que en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un periodo determinado y que la ejecución entre uno y otro tenga un lapso de interrupción, habrá de analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por cuanto uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. En este sentido, le corresponde al juez analizar sí existió o no la referida interrupción, la cual será excluida del reconocimiento y estudiada en cada caso particular, con el fin de proteger los derechos de los empleados, a quienes se les han desconocido sus derechos bajo la figura de los contratos de prestación de servicios.
Aportes a pensión.
En la citada providencia se determinó que este fenómeno jurídico no sería aplicable frente a los aportes para pensión, «en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, si son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales», por lo tanto, aun cuando los derechos salariales estén prescritos, por no haber sido reclamados dentro de los 3 años en que se hicieron exigibles, procederá el reconocimiento de los valores que debieron ser aportados para efectos de pensión.
No obstante, lo anterior no supone la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por este concepto, efectuados por el contratista, por cuanto ello representa un beneficio económico para él, que en nada influye en el derecho pensional, que es realmente el que se pretende proteger.
Asimismo, resaltó que en atención a que el derecho a una pensión afecta la calidad de vida del individuo que prestó sus servicios al Estado, el juez contencioso administrativo deberá estudiar en todas las demandas en las que se reconozca la existencia del contrato realidad, lo correspondiente a las cotizaciones debidas por la administración al Sistema de Seguridad Social en pensiones, aunque no se haya solicitado expresamente por el interesado, pues si bien la justicia contenciosa es rogada, lo cierto es que este precepto debe ceder ante postulados de carácter constitucional tales como la vida en condiciones dignas y la irrenunciablidad a la seguridad social.
De igual forma, sostuvo que las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema de seguridad social, derivados de la declaratoria de la existencia de la relación laboral, por su carácter de imprescriptibles y de naturaleza periódica, están exceptuadas de la caducidad.
Caso concreto:
De conformidad con las pruebas recaudas, se tiene que el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez suscribió con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, 7 contratos de prestación de servicios, entre el 16 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2010, sin interrupción alguna; luego entonces, verificada la fecha de finalización del último contrato, esto es, 31 de diciembre de 2010, es claro que en sub judice no operó el fenómeno de la prescripción sobre los derechos reclamados, como quiera que la petición se presentó el 16 de mayo de 2011.
Conclusión: Dentro del sub lite no operó la prescripción de las prestaciones reclamadas.
Tercer problema jurídico
¿La entidad demandada es la encargada de asumir la condena impuesta en primera instancia?
Para resolver este problema jurídico se determinará el papel que cumple el Ministerio del Interior y de Justicia dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, en los siguientes términos:
El Decreto 372 del 26 de febrero de 1996 por el cual se establece la estructura interna del Ministerio del Interior y de Justicia, se determinan sus funciones y se dictan otras disposiciones, establece en el artículo 28 lo siguiente:
«[…] Artículo 28. DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. La Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, tiene por objeto actuar, preventivamente, en casos de amenaza inminente de los derechos humanos, desarrollar programas especiales para su protección, preservación y restablecimiento; y emprender de oficio las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, así como la protección de los denunciantes. Lo anterior, sin detrimento de las funciones del Ministerio Público o de otras autoridades […]» (Se subraya)
Por su parte, el artículo 29 de la misma norma, dispone para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, las siguientes funciones:
«[…] a) Adelantar las acciones y los programas de protección de los derechos humanos que le asignen el Consejo Gubernamental de Derechos Humanos y el Ministro del Interior;
b) Actuar en forma inmediata y preventiva en las zonas o regiones en que exista amenaza grave e inminente de transgresión de los derechos humanos, coordinando y apoyando las acciones de las entidades de la rama ejecutiva en sus distintos niveles y de otros organismos;
c) Promover acciones en los escenarios locales, seccionales y regionales para adelantar programas de promoción, formación, investigación, difusión y protección de los derechos humanos y para distensionar situaciones que amenacen de manera inminente de violación de los derechos humanos;
d) Desarrollar con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad y otros organismos, el Programa de Protección Especial a Testigos y Personas Amenazadas, para la seguridad de las personas amenazadas por la violencia política y, en casos particulares de extremo riesgo de violación de los derechos a la vida y la integridad personal; […]» (Se subraya)
A su turno, la Ley 418 de 1997 en el artículo 81, dispuso:
«[…] Artículo 81. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39576" \l "0" Reglamentado por el Decreto Nacional 1740 de 2010. En armonía con lo dispuesto por el Artículo 6º de la Ley 199 de 1995, el Ministerio del Interior pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.
Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas, y de los grupos étnicos.
Dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos.
Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que se hayan iniciado o no los respectivos procesos penales, disciplinarios y administrativos. [...]»
De lo expuesto se colige que el Ministerio del Interior y de Justicia tiene como uno de sus objetivos desarrollar programas para la protección, preservación y restablecimiento de los derechos de las personas en situación de riesgo con ocasión del conflicto armado interno o en consideración a su condición dentro del mismo, y que varios de esos objetivos los desarrollaba a través del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Ahora bien, en el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2110 de 1992, por el cual se reestructuró el DAS, se estableció como una de las funciones de dicha entidad, la de «Proteger al Presidente de la República y a su familia en la forma que él determine, a los Expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse perturbaciones del orden público».
Posteriormente, y mediante el Decreto 218 de 2000 se modificó la estructura del DAS, y en el artículo 3 se señaló que además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1989, tendría, entre otras, las siguientes:
« […] ARTÍCULO 3º.- Funciones. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
[…]
15. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Ministros y Expresidentes de la República;
[…]
PARAGRAFO: Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de las enumeradas en el numeral 15 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El DAS continuará prestando tales servicios en los términos que señala el artículo 6° numeral 3° del Decreto 2110 de 1992, hasta que dichos servicios sean asumidos por otras entidades u organismos estatales […]»
Dicha función, fue igualmente establecida en el artículo 2 del Decreto 643 de 2004 en los siguientes términos:
« […] Artículo 2º El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
[…]
14. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal.
[…]
PARÁGRAFO. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes […]»
Nótese de la normativa transcrita, que el Departamento Administrativo de Seguridad, es la entidad encargada de materializar los programas desarrollados por el Ministerio del Interior y de Justicia, como quiera que el Decreto 643 de 2004 lo facultó para brindar protección a las personas designadas por los programas implementados por este, lo que efectúa a través del personal que se encuentra vinculado al mismo.
Así las cosas, para la Sala es claro que esta es la razón por la cual el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez suscribió directamente con el Departamento Administrativo de Seguridad los contratos de prestación de servicios y no con el Ministerio del Interior y de Justicia, motivo por el cual es el DAS, hoy la Unidad Nacional de Protección, quien en virtud de los artículos 3, 18 y 27 del Decreto 4057 de 2012 en armonía con el Decreto 4065 de 2011 asumió las obligaciones de esta, la llamada a responder por la condena impuesta en primera instancia.
Conclusión: El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (hoy Unidad Nacional de Protección, UNP), es la entidad encargada de asumir la condena impuesta en primera instancia, pues en virtud de sus funciones suscribió contratos de prestación de servicios con el accionante.
Decisión de segunda instancia.
Por lo expuesto la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, el 24 de septiembre de 2015, dentro de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hoy Unidad Nacional de Protección.
No habrá lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1.998).
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confírmese la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, el 24 de septiembre de 2015, dentro de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Álvaro Sneider Mesa Sánchez contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hoy Unidad Nacional de Protección.
Segundo: Reconócese personería al abogado Jeyson Eduardo Vargas Suárez quien se identifica con la cédula de ciudadanía 4.119.957 y la tarjeta profesional 205.168 del C. S. de la J. en los términos y para los efectos del poder conferido por la Unidad Nacional de Protección, UNP, obrante en el folio 388 del cuaderno principal.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de enero de 1998. Expediente 8509. También de la Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de mayo de 2016, radicado: 08001-23-31-000-2011-00812-01(3855-14). Actor: Fabio José García Caicedo. Demandado: Municipio de Soledad, Atlántico. A folio 22 del cuaderno principal obra certificación expedida por el responsable del área de protección de la seccional DAS Valle del Cauca, en la que consta que el Álvaro Sneider Mesa Sánchez laboró como escolta contratista al servicio del programa especial de seguridad del gobierno nacional entre el 16 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2010. Corte Constitucional, Sentencia C-154 de nueve de marzo de 1997, Referencia: Expediente D-1430, Norma acusada: Numeral 3 -parcial- del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 «por la cual se dicta el Estatuto de Contratación Administrativa»
Certificación del 28 de diciembre de 2010 en la que consta que el demandante fue escolta del señor Elías Mejía López directivo de SINTRATITANI.
«ARTÍCULO 2o. FUNCIONES GENERALES: El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: […]
PARÁGRAFO. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de ocho (08) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-25-000-2008-00919-01(0480-12), Actor: Jairo Sánchez Peña, Demandado: Departamento Administrativo De Seguridad, DAS. Ibidem. Sentencia del 18 de septiembre de 2014, Expediente No. 68001-23-33-000-2013-00161-01 (0739-2014) Actor: Elkin Hernández Abreo. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, actor: Javier Enrique Muñoz Fruto. Número interno: 3404-2013. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 25 de agosto de 2016, actor: Lucinda María Cordero Causil. Número interno: 0085-2015. En concordancia con los Decretos 1740 de 2010 y 4912 de 2011. Artículo 3. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así:
[…]
3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39538" \l "0" 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado. […]»
«Artículo 18. Atención de procesos judiciales y de cobro coactivo. Los procesos judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral, contractual y de cobro coactivo en los que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio quedarán a su cargo hasta la culminación del proceso de supresión. Al cierre de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) los procesos y demás reclamaciones en curso serán entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva que hayan asumido las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal. Si la función no fue asumida por una entidad de la Rama Ejecutiva el Gobierno nacional determinará la entidad de esta Rama que los asumirá. Parágrafo.
Para los efectos de notificaciones judiciales que surjan posterior a la vigencia del presente Decreto, se señala como domicilio único la ciudad de Bogotá D. C.»
«Artículo 27. Para los efectos de la seguridad personal que debe darse a funcionarios y/o ex funcionarios, con riesgo extraordinario, que a la fecha de la expedición del presente Decreto-ley cuenten con protección dada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en supresión, la misma se les seguirá prestando aun en la etapa de supresión, hasta que sea asumida por la Unidad Nacional de Protección.»
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