Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00088-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00088-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2026-00088-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2026-00088-00 (0220-2026)
Demandante: Jairo Enrique de León Sánchez y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- Secretaría de
Educación Distrital de Santa Marta – Alcaldía Distrital de Santa
Marta
Temas: Causal quinta del artículo 250 de CPACA. Congruencia de la
decisión. Improcedencia para discutir valoración probatoria.
Reconocimiento y pago del trabajo suplementario. DECLARA
INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por los señores
Jairo Enrique de León Sánchez, Jorge Luis Sánchez Castellón, José Alberto Reines
Gámez y Omar Alonso Sefrega García contra la sentencia proferida el catorce (14)
de septiembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del
Magdalena2, para lo cual se invocó la causal del numeral quinto del artículo 250 del
CPACA3.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que fueron nombrados como operarios con funciones de celadores en
instituciones educativas del Distrito de Santa Marta. Afirmaron que cumplían turnos
diurnos y nocturnos de 12 horas durante períodos alternados de 15 días, lo que
representaba que prestaban servicios por jornadas de aproximadamente 120 horas
extras mensuales. No obstante, sostuvieron que el Distrito únicamente les reconocía
y pagaba 50 horas extras mensuales, conforme al Decreto 1042 de 1978, dejando
de cancelar las 70 horas restantes y los descansos compensatorios por el trabajo
realizado en domingos y días festivos, previstos en el artículo 39 de dicho decreto.
1 La presentación del recurso se efectuó el 20 de marzo de 2024 y únicamente hasta el 27 de enero de la
presente anualidad fue sometida a reparto. Véase archivo «4ED_CORREOELE_RVRecursoextraordina(.msg)
NroActua 2» del índice 00002 de SAMAI. La decisión de segunda instancia fue notificada personalmente el 15
de marzo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 205 del CPACA, por lo que quedó
ejecutoriada el 23 de marzo de 2023 (véase índice 00009- SAMAI-Tribunales 47001-33-33-002-2016-00300-02.
2 Decisión que modificó la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2020 por el Juzgado Segundo
Administrativo de Santa Marta en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
3 Cabe precisar que, aunque en la demanda también se invocaron las causales 1 y 8, estas fueron rechazadas
mediante auto del 23 de febrero de la presente anualidad, providencia que fue notificada a las partes y quedó
ejecutoriada al no interponerse recursos frente a ella.
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2. Que el 17 de mayo de 2013, los señores Jairo Enrique de León Sánchez, Jorge
Luis Sánchez Castellón y José Alberto Reines Gámez solicitaron al Distrito de Santa
Marta el reconocimiento y pago de las horas extras, los descansos compensatorios
y las demás acreencias laborales derivadas de la jornada efectivamente laborada.
Por su parte, el señor Omar Alonso Segrera García presentó igual solicitud el 25 de
septiembre de 2014.
3. Que tales peticiones no fueron resueltas oportunamente, configurándose el
correspondiente acto administrativo ficto; y que, mediante Oficio con radicado
2013ER150110-2013ER150113 del 25 de noviembre de 2013, el Ministerio de
Educación Nacional remitió dichas solicitudes, por competencia, a la Secretaría de
Educación del Distrito de Santa Marta, en aplicación del artículo 21 de la Ley 1437
de 2011 y de la Ley 715 de 2001.
4. Con fundamento en lo anterior, promovieron el medio de control de nulidad y
restablecimiento para obtener la declaratoria de nulidad de los actos fictos y el
reconocimiento y pago del trabajo suplementario.
5. Que el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, mediante sentencia del
18 de diciembre de 2020, negó las pretensiones respecto de los señores Jorge Luis
Sánchez Castellón, José Alberto Reines Gámez y Omar Alonso Segrera García y
las acogió parcialmente únicamente en favor del señor Jairo Enrique de León
Rodríguez, al ordenar el reconocimiento de los compensatorios correspondientes a
70 horas extras mensuales no remuneradas, liquidados a razón de 1 día hábil por
cada 8 horas de trabajo y pagaderos en dinero. Igualmente, declaró probada,
respecto de este demandante, la excepción de prescripción de las acreencias
causadas con anterioridad al 17 de mayo de 2010.
6. Contra dicha decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
7. Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena modificó parcialmente la decisión de primera instancia para precisar que
los tiempos compensatorios reconocidos a favor de Jairo Enrique de León
Rodríguez debían otorgarse en días de descanso y no mediante su pago en dinero.
8. Para sustentar esa decisión, señaló que la jornada laboral de los empleados
públicos del orden territorial se rige por el Decreto 1042 de 1978, el cual únicamente
autoriza compensar con tiempo de descanso las horas extras que excedan el límite
legal de 50 horas mensuales, sin prever su remuneración en dinero. Agregó que,
aunque decretos salariales posteriores autorizaron el pago en dinero de días
compensatorios causados, esa facultad deriva de la Ley 4 de 1992 y no modifica el
régimen previsto en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, por lo que las horas
extras laboradas en exceso del límite legal solo pueden compensarse con
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descanso.
9. Encontró acreditado que los demandantes se desempeñaban como operarios con
funciones de celaduría en instituciones educativas del Distrito de Santa Marta y que
percibían el pago de hasta 50 horas extras mensuales, conforme al Decreto 1042
de 1978. Para ello, valoró, entre otros elementos, los actos administrativos de
nombramiento, las resoluciones relacionadas con el cargo desempeñado y el
reconocimiento de horas extras, así como los derechos de petición presentados el
17 de mayo de 2013 —y la ausencia de respuesta por parte de la administración—
mediante los cuales se solicitó el reconocimiento de los tiempos compensatorios
derivados de las 70 horas extras que, según afirmaron, no les fueron remuneradas.
10. En relación con el señor Jairo Enrique de León Rodríguez, concluyó que las
pruebas permitían acreditar no solo que ejercía funciones de celador, sino también
la jornada efectivamente laborada, en particular la certificación expedida por la
rectora de la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar, según la cual cumplía
turnos alternados de 12 horas diarias, circunstancia que evidenciaba una jornada
superior a las 44 horas semanales. Por ello, consideró procedente el reconocimiento
de los tiempos compensatorios correspondientes al período comprendido entre el
17 de mayo de 2010 y el 31 de enero de 2013, en los términos del literal e) del
artículo 36 del Decreto 1042 de 19784.
11. En contraste, respecto de los señores José Alberto Reines Gámez, Jorge Luis
Sánchez Castellón y Omar Alonso Segrera García, aunque encontró demostrado
que desempeñaban funciones de operarios con funciones de celadores y que
percibieron pagos por trabajo suplementario, estimó que no obraban pruebas
suficientes para establecer, de manera clara y precisa, la jornada ordinaria y
extraordinaria efectivamente cumplida durante la relación laboral, razón por la cual
negó el reconocimiento de los tiempos compensatorios reclamados.
12. Finalmente, desestimó los argumentos expuestos en los recursos de apelación
de ambas partes. Frente al interpuesto por el Distrito de Santa Marta, sostuvo que,
pese a la ausencia de reportes o autorizaciones para laborar horas extras por
encima del límite legal, las pruebas permitían acreditar la jornada cumplida por el
señor Jairo Enrique de León Rodríguez. En cuanto al recurso de la parte
demandante, concluyó que la decisión de primera instancia no desconocía el
4 «ARTICULO 36. DE LAS HORAS EXTRAS DIURNAS. Cuando por razones especiales del servicio fuere
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o
las personas en quienes éste hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de
horas extras. [/]
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán a los siguientes
requisitos: PARÁGRAFO 2o. Amplíese el límite para el pago de horas extras mensuales a los empleados
públicos que desempeñen el cargo de Conductor Mecánico en las entidades a que se refiere el presente decreto,
a ochenta (80) horas extras mensuales.
En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad
presupuestal.
<El texto modificado por el Artículo 13 del Decreto 10 de 1989 es el siguiente:> En ningún caso podrá pagarse
más de cincuenta (50) horas extras mensuales.
e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se
reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo».
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principio de favorabilidad, pues se encontraba sustentada en las pruebas y en las
normas aplicables. También rechazó la incorporación, en segunda instancia, del
Acta n.º 1 del 11 de noviembre de 2020, por no cumplirse los presupuestos
establecidos en el artículo 212 del CPACA respecto de la oportunidad ni los motivos
para solicitar, practicar e incorporar pruebas en segunda instancia.
13. En lo demás confirmó parcialmente la sentencia apelada.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
14. Los recurrentes invocaron la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, al considerar que la sentencia de segunda instancia fue proferida con
desconocimiento del debido proceso.
15. Sostuvieron que, si bien el Tribunal tuvo en cuenta las certificaciones aportadas
y los reportes de horas extras, no realizó una apreciación integral del material
probatorio. En particular, señalaron que pasó por alto que el Distrito de Santa Marta,
mediante la Resolución n.º 774 del 9 de diciembre de 2022, «reconoce y ordena el
pago de unos excedentes de horas de trabajo del personal que ejerce funciones de
celador en los establecimientos educativos del Distrito de Santa Marta», acto que,
a su juicio, demuestra el error en el no reconocimiento de las acreencias laborales.
16. Afirmaron, además, que la providencia se limitó a analizar el reconocimiento de
los compensatorios derivados del exceso de horas extras sobre el límite legal y su
forma de compensación, sin emitir un pronunciamiento autónomo sobre los
compensatorios de ley reclamados en los numerales 2.1 y 2.2 de la demanda (sic);
a saber, dominicales y festivos. En consecuencia, consideraron que la sentencia
desconoció el principio de congruencia.
Contestaciones al recurso extraordinario de revisión
17. La Nación – Ministerio de Educación Nacional5 sostuvo que no identifica por
parte del recurrente con claridad cuál sería la nulidad que se predica de la providencia
cuestionada ni explica de qué manera se habría configurado una irregularidad
procesal con incidencia directa en la decisión adoptada.
18. Por su parte, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta6 expresó
que el reproche de los recurrentes se circunscribe a una mera disconformidad con el
peso persuasivo que el Tribunal otorgó a sus elementos de convicción, inconformidad
que resulta inadmisible para quebrar la cosa juzgada material que hoy impera en la
decisión cuestionada.
19. Que la decisión no guardó silencio frente a los compensatorios de ley, sino que
los analizó y resolvió con base en los presupuestos del artículo 36 del Decreto 1042
de 1978, precepto normativo que dictamina de forma clara que no pueden pagarse
5 Véase índice 00018 de SAMAI.
6 Véase índice 00020 de SAMAI.
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más de 50 horas extras mensuales y que cualquier excedente debe reconocerse
estrictamente en tiempo compensatorio a razón de un día hábil por cada 8 horas.
20. Que denegar una pretensión de carácter consecuencial o accesorio —como es el
pago de compensatorios por recargos dominicales, festivos o por horas extras
excedentes amparados en los artículos 36 y 39 del Decreto 1042 de 1978 — debido
al franco incumplimiento probatorio de la parte demandante, no estructura una
omisión judicial ni un fallo citra petita; por el contrario, constituye una resolución de
fondo originada por la inobservancia de la carga de la prueba en los términos del
artículo 167 del Código General del Proceso.
Concepto del Ministerio Público
21. La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.
22. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia proferida
el 14 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena,
considerando la causal invocada por los recurrentes.
24. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
25. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada7. En los términos del artículo
248 del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
26. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada8. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
7 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente9.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular10.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 11.
27. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
28. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley12.
Causal quinta de revisión
29. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
30. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
9 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
10 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
11 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia13.
31. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 14 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
proceso15, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.
32. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»16 (Subrayado fuera del texto original).
33. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:
«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
13 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
14 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
15 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
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fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»17 (negrillas y
subrayado fuera del texto original).
34. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial, en tanto
incidan en el sentido de la decisión por comprometer el núcleo esencial o el
contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso»18.
35. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido19.
Principio de congruencia
36. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
37. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de
julio de 202020, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita21, como regla general.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
18 Ibid.
19 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
21 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto
de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se
indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo
que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por
el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
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38. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia22. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
39. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
40. Los recurrentes sostienen que la sentencia incurrió en incongruencia porque,
pese a que en la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de los
«compensatorios de ley», el Tribunal limitó su análisis al reconocimiento de
compensatorios derivados del exceso de horas extras sobre el límite legal de 50
horas mensuales, sin pronunciarse autónomamente sobre la pretensión relativa a
los compensatorios de ley por el trabajo en domingos y festivos y que, además se
dio una indebida valoración del material probatorio.
41. Frente al cargo de incongruencia, la Sala estima necesario examinar el
desarrollo del proceso ordinario para establecer el verdadero alcance de las
pretensiones, la delimitación del litigio y los aspectos que fueron objeto de decisión
en las instancias.
42. En primer lugar, se observa que en la demanda los actores solicitaron la nulidad
de los actos administrativos fictos o presuntos y, a título de restablecimiento del
derecho, pidieron:
«2. En consecuencia de lo anterior, restablecer el derecho de mis defendidos,
a través del respectivo reconocimiento y pago de los Compensatorios de Ley; y
otros, por haber laborado 120 horas extras continuas, y solo habérseles
cancelado 50 extras legales mensual, quedando un saldo de 70 horas extras
continuas.
3. Asimismo, se les cancele a mi poderdante el retroactivo correspondiente, al
pago de los últimos tres (3) años, anteriores a la fecha de la respectiva
reclamación administrativa; y los salarios y demás erogaciones, que se llegaren
a causar, hasta la fecha en que se haga efectivo el reconocimiento y pago de
los Compensatorios de Ley; y otros por haber laborado 120 horas extras
continuas, y solo habérseles cancelado 50 extras legales mensual, quedando
un saldo de 70 horas extras continuas.
4. Que igualmente, se reconozca y pague los prementados retroactivos, con sus
respectivos intereses moratorios y legales; todo ello, debidamente indexado»23
43. En el concepto de violación, la parte actora sustentó la vulneración alegada en
los siguientes términos:
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Exp.: 50001-23-31-000-2002-00198-02 (15770). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
23 Véase folio 23 del archivo denominado «01.EXPEDIENTE DIGITAL 2016-300 JAIRO DE LEON VS
MINEDUCACION Y OTROS», disponibles en el índice 00021 de SAMAI.
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«(…) creemos que el Ministerio de Educación Nacional, la alcaldía del Distrito
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta y la Secretaría de Educación
Distrital de Santa Marta, violentan el derecho fundamental al trabajo de mis
prohijados, porque creemos que la condiciones (sic) de trabajo de los
compensatorio de ley y otros; por haber laborado 120 horas extras continuas, y
solo habérseles cancelado 50 extras legales mensual, quedando un saldo de
70 horas extras continuas, por haber laborado domingos y festivos que no sean
compensados a que tienen derecho como funcionarios administrativos
(operarios con funciones de celadores), por lo que, las condiciones no cumplen
el requisito Constitucional de dignas y justas; además, de que existe
normatividad que desarrollo (sic) el precepto Constitucional; y que permite de
manera legal el pago de tales emolumentos; al respecto podemos citar, el
Decreto 1042 de 1978, Articulo 36, (…) asimismo, atendiendo a lo dispuesto en
el literal e ibidem, (…) en el mismo sentido, todos los años el gobierno nacional
a través del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
expide decretos a través de los cuales autoriza el reconocimiento en dinero de
días compensatorios, y el que se encuentra vigente en estos momentos
corresponde al: “DECRETO No. 2554 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 (…) ya
que asimismo, la demandada deja de cancelar en forma mensual el
compensatorio de ley, y al cual tienen derecho todo funcionario público, por
haber laborado en días domingos o festivos, tal como lo perceptual el artículo
39 del Decreto No. 1042 de 1978 (…)»24
44. En la audiencia inicial, el apoderado de la parte actora, antes de efectuarse la
fijación del litigio y al momento de responder acerca de si se ratificaba en los hechos
de la demanda, precisó que las pretensiones comprendían, por un lado, el
reconocimiento de los compensatorios de ley por el trabajo en domingos y festivos
y, por otro, el derivado del exceso de horas extras sobre el límite de 50 horas
mensuales establecido en el Decreto 1042 de 197825.
45. Sin embargo, el Juzgado fijó el litigio en los siguientes términos:
«(…) el problema jurídico debería ceñirse a ¿Si a los demandante JAIRO
ENRIQUE DE LEON RODRIGUEZ, JORGE LUIS SÁNCHEZ CASTELLÓN,
JOSÉ ALBERTO REINES Y OMAR SEGRERA, les asiste el derecho al
reconocimiento y pago en dinero de compensatorios solicitados por haber
laborado más de 50 horas extras, así como de pago de retroactivos
correspondientes a los últimos 3 años anteriores a la reclamación del pago de
los derechos reclamados y los salarios y demás erogaciones que se causen
hasta que se haga efectivo el pago de los compensatorios deprecados, todo lo
anterior indexado y con el pago de intereses moratorios y legales. (…)»26.
46. La anterior decisión quedó en firme en la medida que las partes no formularon
recurso alguno27.
47. El Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta28 con fundamento en las
pruebas obrantes en el expediente, negó las pretensiones respecto de los señores
Jorge Luis Sánchez Castellón, José Alberto Reines Gámez y Omar Alonso Segrera
24 Véase folio 15, ibid.
25 Véase la carpeta «03. AUDIENCIAS», archivo «AUDIENCIA I. 2016-300», intervención del apoderado de la
parte demandante, minutos 00:07:15 y siguientes.
26 Véase minutos 0:10:52 y siguientes.
27 Véase minutos 0:11:42 y siguientes.
28 Véase archivo digital denominado «SENTENCIA 18-12-2020» el cual se encuentra disponible en la carpeta
«06. SENTENCIA Y NOTIFICACION» del índice 00021 de SAMAI.
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García, al considerar que no existían elementos de convicción que permitieran
establecer con claridad la jornada ordinaria y extraordinaria que cumplían y, por
tanto, no era posible determinar si tenían derecho al reconocimiento de los
compensatorios reclamados.
48. En cuanto al señor Jairo Enrique de León Rodríguez, concluyó que se
encontraba acreditado que, durante el período comprendido entre el 22 de abril de
2005 y el 31 de enero de 2013, cumplió una jornada laboral de 12 horas diarias,
equivalente aproximadamente a 84 horas semanales y 336 horas mensuales. En
consecuencia, determinó que tenía derecho al reconocimiento de los
compensatorios derivados de las horas extras que excedían el límite legal de 50
horas mensuales previsto en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978.
49. Si bien advirtió que el excedente correspondía a 110 horas extras mensuales,
limitó la condena al reconocimiento de 70 horas, por ser ese el monto expresamente
reclamado en la demanda. En ese sentido, precisó que dichas horas «(…) deb[ian]
reconocerse en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada 8 horas
extras de trabajo (…)», el cual, para efectos de la condena, sería reconocido en
dinero.
50. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que manifestó que
«(…) ratifico todos y cada uno de los hechos, fundamentos Constitucionales y
Legales, las pretensiones, expuestos en el escrito de demanda; especialmente, el
planteamiento de la Litis, como se dio en el curso del proceso al determinar de
manera clara y diáfana, el planteamiento del problema jurídico», el cual identificó
así:
«1. Reconocimiento y pago de los Compensatorios de Ley. (Dominicales y
Festivos) causados mes a mes hasta la fecha. 2. Y otros, por haber laborado
120 horas extras continuas, y solo habérseles cancelado 50 extras legales
mensuales, quedando un saldo de 70 horas extras continuas, laboradas mes a
mes hasta la fecha»29.
51. Sin embargo, los reparos30 concretamente formulados en el recurso estuvieron
dirigidos a cuestionar, en primer lugar, la negativa de las pretensiones respecto de
los señores Jorge Luis Sánchez Castellón, José Alberto Reines Gámez y Omar
Alonso Segrera García, al sostener que la ausencia de certificaciones sobre la
jornada laboral no podía conducir a su desestimación, pues muchas instituciones
educativas no expedían ese tipo de documentos y correspondía a la administración
aportarlos al proceso.
52. En segundo lugar, respecto del señor Jairo Enrique de León Rodríguez, censuró
que el reconocimiento de los compensatorios se hubiera limitado al período
comprendido entre el 22 de abril de 2005 y el 31 de enero de 2013, al considerar
29 Véase folio 3 del archivo «08.RECURSO DE APELACION 04-03-2021», ibid.
30 En el acápite de pretensiones del recurso solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
consecuencia: «(…) Restablecer el derecho de mis mandantes, por medio del respectivo reconocimiento y pago
de los compensatorios de ley y otros, por haber laborado 120 horas extras continuas y solo habérseles
cancelado 50 extras legales mensuales, quedando así un saldo de 70 horas extras continuas, hasta la fecha».
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que debía extenderse hasta la fecha de presentación de la demanda, por cuanto
«(…) si es cierto que [las] certificaciones tienen una fecha de expedición, no es
menos cierto que dicha fecha sea hasta el día en el cual ellos laboraron en esa
jornada ya que en la mayoría de los casos se trata del año 2016»31.
53. Adicionalmente, aportó como prueba la Resolución n.º 2605 del 21 de diciembre
de 201832 y el Acta n.º 01 del 11 de noviembre de 2020, de la Oficina Jurídica
Distrital, la Secretaría de Educación Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital,
en la que se dejó constancia de la «(…) Inclusión en el plan de saneamiento fiscal
del valor de horas extras y compensatorios desde el 2013 al 2018», documentos
que, en criterio del apelante, evidenciaban el reconocimiento por parte del Distrito
de acreencias laborales a favor de ese personal y demostraban el error alegado en
la demanda.
54. Por su parte, el Distrito de Santa Marta apeló la condena impuesta a favor del
señor Jairo Enrique de León Rodríguez, argumentando que no existían reportes,
certificaciones o autorizaciones que acreditaran la realización de las 70 horas extras
cuyo reconocimiento se pretendía y que únicamente estaba demostrado el pago de
50 horas extras mensuales.
55. Al resolver los recursos, el Tribunal confirmó la negativa de las pretensiones
respecto de los señores José Alberto Reines Gámez, Jorge Luis Sánchez Castellón
y Omar Alonso Segrera García, al considerar que no existían pruebas suficientes
para acreditar la jornada laboral ordinaria y extraordinaria que permitiera reconocer
los tiempos compensatorios reclamados.
56. En relación con el señor Jairo Enrique de León Rodríguez, encontró acreditado
que laboró jornadas de 12 horas diarias, conforme a la certificación expedida por la
rectora de la institución educativa, razón por la cual confirmó el reconocimiento de
los tiempos compensatorios, aunque lo modificó al período comprendido entre el 17
de mayo de 2010 y el 31 de enero de 2013.
57. De igual manera, descartó el reparo sustentado en el artículo 53 de la
Constitución Política, por estimar que el juez de primera instancia había realizado
una interpretación sistemática del marco normativo aplicable y motivado
suficientemente la negativa de las pretensiones. Por último, rechazó la
incorporación de las pruebas allegadas con el recurso de apelación, al concluir que
no se configuraban las hipótesis previstas en el artículo 212 del CPACA para
decretarlas en segunda instancia.
58. Superado el anterior recuento, la Sala considera que el cargo no está llamado a
prosperar.
31 Véase folio 4, ibid.
32 «Por la cual se ordena el pago de unos excedentes de horas extras y compensatorios del trabajo del personal
que ejerce funciones de celador en los establecimientos educativos del Distrito de Santa Marta».
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59. En efecto, del examen integral del trámite surtido en el proceso ordinario se
advierte que el objeto del litigio estuvo dirigido a determinar si los demandantes
tenían derecho al reconocimiento de tiempos compensatorios derivados del trabajo
suplementario que excedía el límite previsto en el artículo 36 del Decreto 1042 de
1978.
60. Si bien en la demanda se empleó la expresión «compensatorios de ley y otros»
y se hicieron referencias al artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y al trabajo
realizado en domingos y festivos, lo cierto es que el restablecimiento del derecho
se sustentó en un mismo supuesto fáctico: haber laborado 120 horas extras
continuas, recibir únicamente el pago de 50 horas extras mensuales y, en
consecuencia, reclamar el reconocimiento del excedente correspondiente a 70
horas extras. En esa misma línea, el concepto de violación articuló la invocación de
los artículos 36 y 39 del Decreto 1042 de 1978 alrededor de ese único supuesto de
hecho, sin estructurar dos pretensiones autónomas e independientes.
61. Ese entendimiento quedó definitivamente delimitado durante la audiencia inicial.
En efecto, aunque antes de la fijación del litigio el apoderado de la parte
demandante manifestó que la controversia comprendía tanto el reconocimiento de
compensatorios por el trabajo en domingos y festivos como el derivado del exceso
de horas extras, al fijar el objeto del proceso el juzgado concretó el debate en
establecer si a los demandantes les asistía el derecho al «reconocimiento y pago
en dinero de compensatorios solicitados por haber laborado más de 50 horas
extras». Dicha fijación del litigio no fue objeto de recurso por las partes, razón por la
cual quedó en firme y definió el marco dentro del cual debía resolverse la
controversia.
62. En consonancia con ello, el juez de primera instancia analizó la procedencia del
reconocimiento de los tiempos compensatorios a partir de la acreditación de la
jornada extraordinaria de cada uno de los demandantes. Posteriormente, el Tribunal
resolvió expresamente los recursos de apelación, examinando, respecto de los
señores Jorge Luis Sánchez Castellón, José Alberto Reines Gámez y Omar Alonso
Segrera García, si las pruebas permitían acreditar la jornada extraordinaria alegada
y, frente al señor Jairo Enrique de León Rodríguez, la procedencia del
reconocimiento durante un período distinto y las pruebas allegadas en segunda
instancia para sustentar esa pretensión.
63. En estas condiciones, si la demanda adolecía de falta de claridad o presentaba
alguna ambigüedad respecto del alcance de los «compensatorios de ley y otros»
reclamados, correspondía a la parte actora disiparla durante el trámite ordinario.
64. Sin embargo, una vez fijado el litigio no formuló reparo alguno frente a la
delimitación efectuada por el juzgado y, posteriormente, al sustentar el recurso de
apelación, tampoco alegó que la sentencia hubiera omitido resolver una pretensión
autónoma relacionada con el reconocimiento de compensatorios por el trabajo en
domingos y festivos. Por el contrario, sus inconformidades se dirigieron a cuestionar
la valoración probatoria respecto de tres de los demandantes y la limitación temporal
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del reconocimiento efectuado a favor del señor Jairo Enrique de León Rodríguez.
En consecuencia, no resulta admisible que, por vía del recurso extraordinario de
revisión, pretenda atribuir a la sentencia una incongruencia derivada de la forma en
que estructuró sus pretensiones o introducir un alcance distinto al que tuvo el litigio
durante el proceso ordinario.
65. Finalmente, en cuanto al reproche relativo a la indebida valoración probatoria,
la Sala advierte que este tampoco está llamado a prosperar, pues no corresponde
a ninguno de los supuestos que habilitan el recurso extraordinario de revisión. En
realidad, la censura está encaminada a cuestionar la apreciación del material
probatorio realizada por los jueces de instancia y a obtener una conclusión diferente
sobre los hechos debatidos, lo que supone reabrir un debate jurídico y probatorio
ya definido, como si este mecanismo constituyera una tercera instancia, en abierta
contradicción con su naturaleza excepcional.
66. En efecto, esta Corporación ha reiterado que el recurso extraordinario de
revisión tiene por finalidad remover decisiones que, pese a haber hecho tránsito a
cosa juzgada, resulten contrarias a la justicia material por la configuración de alguna
de las causales taxativamente previstas en la ley, mas no controvertir la labor
hermenéutica del juez ni corregir eventuales errores en la valoración de las pruebas.
En ese sentido, la Subsección, mediante sentencia del 27 de agosto de 2020 (Exp.
1638-16), precisó que:
«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio
[…]
En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su indebida
aplicación (error de derecho)»33.
67. Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra configurada la causal de nulidad
originada en la sentencia prevista por el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA,
razón por la cual el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.
De la condena en costas
68. De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
27 de agosto de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016). C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
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69. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
70. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación
de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el CGP,
el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
71. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho,
y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ibidem
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
72. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso se encuentra
acreditada la gestión de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta a través de la defensa ejercida
en el escrito de contestación de la demanda, actuación que por sí sola, constituye una
prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, ya que demuestra que
designó un representante para estar al tanto del proceso y ejercer la defensa de sus
intereses.
73. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por los señores Jairo Enrique de León Sánchez, Jorge Luis Sánchez
Castellón, José Alberto Reines Gámez y Omar Alonso Sefrega García contra la
sentencia proferida el catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta, las cuales se liquidarán por Secretaría.
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Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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