Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06498-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06498-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06498-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06498-00 (10298)
Demandante: Luz Estela Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio del
Trabajo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Superintendencia Nacional de Salud - Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla - Departamento del Atlántico -
Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Caducidad como presupuesto procesal de orden público y su
declaratoria oficiosa. Inexistencia de vulneración del principio de
non reformatio in pejus. Alcance del recurso extraordinario de
revisión frente a los cuestionamientos sobre la interpretación
normativa y la improcedencia para replantear el debate jurídico.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpusieron1 los señores
Luz Estela Rodríguez Rodríguez, quien actúa como causahabiente de la señora
Amalia Rodríguez Arias y otros2 contra la sentencia del veintitrés (23) de septiembre
1 La presentación del recurso se efectuó el 16 de octubre de 2025, de acuerdo con la anotación efectuada por
la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Marcela Patricia Casalins Diaz, quien actúa como heredera de la señora Carmen Elisa Diaz Barreto, Nohemias
Antonio Oyaga Salas, Apolinar Enrique Oyaga Salas y Rocio Del Socorro Oyaga Salas, quienes actúan como
causahabientes de la señora Carmen Sofia Salas De Oyaga, Ninfa María Escorcia Rodríguez quien actúa como
causahabiente de la señora Emilia Esther Rodríguez Martínez, William Alberto Castro Martes, quien actúa como
causahabiente de la señora Emma Martes Crespo, Luis Eduardo Gamboa Sanandres, quien actúa como
causahabiente de la señora Hermilda De Jesús Sanandres de la Hoz, Karen Margarita Mendez Bujato quien
actúa como causahabiente de la señora Estebana Bujato Coronado, Evelina Judith Yepes Asunción quien actúa
como causahabiente del señor Hugo Alberto Yepes De La Asunción, José Santander Rosales Marun quien
actúa como causahabiente del señor José Santander Rosales Diaz, Jacqueline Chacón Arrazola quien actúa
como causahabiente de la señora Julia Susana Arrazola de Chacón, Carmen Lucila Mendoza Iglesia quien
actúa como causahabiente de la señora Rita Carlota Iglesia De Mendoza, María Salome Muñoz Bustillo quien
actúa como causahabiente de la señora Rosina Bustillo Soto, Diana Paola Maury Almario quien actúa como
causahabiente de la señora Mary del Carmen Almario Coavas, Armando Reyes Ariza, actuando como
causahabiente de la señora Petrona Beatriz Gutiérrez de la Hoz y actuando en nombre propio los señores
Amparo Moralez de Barrios, Ana Belen de la Cruz, Ana Bertina Mercado Taboada, Angélica Dominga Carrillo
Zambrano, Anunciación Barrios Salas, Betty Esther Varela de Álvarez, Carmela Quintero Guzmán, Carmen Del
Socorro De Avila Valenciano, Carmen Cecilia Russil Herazo, Cielo María Guerrero Barraza, Cecilia Dada
Chamie, David Antonio Salas Muñoz, Delia Cenaida Arrieta Barrios, Edith Lucia de la Hoz Vives, Edith María
Lascarro Rincon, Elizabeth María Castro, Elizabeth María Orozco de Pereira, Elsa Cecilia Cassiani Bello, Emilia
Aurora Molina Roenes, Esther Cecilia Sarmiento Sarmiento, Gladys Viloria Vargas, Gloria Esther Alcalzar
Blanco, Gloria Luz Hernández de Arzuza, Gloria Marina Casas Ortega, Herminia Osorio Núñez, Ibeth Amalia
Duncan Cantillo, Isabel Cecilia Ortiz Castro, Isabel Querales de Gómez, Leonor Irene Gutiérrez Llanos, Lilia
Esther Retamozo de la Cruz, Lilia Ester Senior Acosta, Lucila Jiménez de la Cruz, Luis Alberto Guzmán Perea,
Luz Mery Ramírez Polo, Magaly Angulo Acosta, Margoth Marina Monroy Pertuz, María Brooks Coronado, María
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de dos mil veinticuatro (2024) proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado3, para lo cual se invocó la causal del numeral 5.° del artículo
250 del CPACA.
La demanda se sustentó, en síntesis, en los siguientes hechos:
1. Que el Ministerio de Salud ordenó la intervención administrativa y técnica de la
Fundación Hospital San Francisco de Paula de Barranquilla mediante la Resolución
8125 de 1988 y, posteriormente, dispuso su disolución y liquidación a través de la
Resolución 0679 de 1995.
2. Que el proceso liquidatorio se prolongó durante varios años sin que se definiera
la conmutación pensional ni se constituyeran las reservas necesarias para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, pese a la
suscripción, en 2001, de un contrato de concurrencia entre el Ministerio de Salud,
el departamento del Atlántico, el Distrito de Barranquilla y la Fundación Hospital
Infantil San Francisco de Paula, destinado a financiar el pasivo prestacional y
pensional de la entidad y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
3. Que, en 2008, la Superintendencia Nacional de Salud asumió la intervención y
liquidación de la Fundación y, posteriormente, se declaró terminada su existencia
jurídica, circunstancia que afectó a trabajadores y pensionados, quienes vieron
frustradas sus expectativas pensionales y la continuidad en el pago de sus
mesadas.
4. Con fundamento en ello, el 13 de diciembre de 2012 promovieron el medio de
control de reparación directa contra la Nación- Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio del Trabajo y Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de
que se declarara su responsabilidad por las presuntas omisiones en el ejercicio de
las funciones de vigilancia y control durante el proceso de liquidación de la
Fundación.
5. Que el 22 de julio de 2014 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se ordenó
la vinculación como litisconsortes necesarios de la Superintendencia Delegada para
las Medidas Especiales, la Gobernación del Atlántico, la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
6. Que, en audiencia del 3 de septiembre de 2015, se desestimó la excepción de
caducidad, decisión frente a la cual no se interpuso recurso alguno.
del Socorro Sarmiento Arévalo, María Del Carmen Garcerant Barreto, María Nury Pacheco Rodríguez, Maritza
Judith Brochero Guzmán, Miladila María Maury de Saltarin, Margarita María Gómez Camargo, Mildreth Marina
Moreno Manga, Miryam Alcira Cueto Navas, Miryam Berdugo Ortiz, Mónica Del Socorro Jimeno Martínez, Nelsy
del Rosario Otero Torres, Ninfa María Escorcia Rodríguez, Nora Judith Jiménez Blanco, Norbita María Gómez
Zambrano, Nuris del Carmen Causado Salcedo, Nurys Ester Gomez Espinosa, Osiris Inés Rodríguez Jassim,
Raul Enrique Conchón Altahona, Rosario Moreno de Díaz, Sara Mercedes Carpintero Gil, Sara Mattos
Villanueva, Silvia Isabel Navas Rodríguez, Sol Elena Rodríguez Zambrano, Sonia Esther Maldonado Gutiérrez,
Tica Matilde Lechuga Coronado, Urbelina Ester Martínez Torregloza, Walditrudis Castro Contreras y Emilia
Aurora Molina Roenes.
3 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 17 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico
que negó las pretensiones dentro del medio de reparación directa.
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7. Que el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 17 de enero
de 2018, negó las pretensiones al considerar que los daños alegados no eran
imputables a las entidades demandadas; decisión que fue apelada por la parte
actora y posteriormente resuelta por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
8. La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación modificó la sentencia
de primera instancia para declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de
reparación directa respecto de las pretensiones formuladas contra la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento del Atlántico y el Distrito
de Barranquilla, y negar las pretensiones dirigidas contra el Ministerio del Trabajo,
el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
9. Consideró que una parte importante de las pretensiones perseguía el
reconocimiento de pensiones, mesadas e indemnizaciones derivadas de la relación
laboral existente con la Fundación Hospital Infantil San Francisco de Paula. Por ello,
estimó que tales reclamaciones no podían ventilarse a través del medio de control
de reparación directa, por corresponder a controversias de naturaleza laboral cuya
definición compete a la jurisdicción ordinaria laboral.
10. No obstante, realizó el análisis de los perjuicios atribuidos a las presuntas
omisiones de las entidades públicas durante el proceso de liquidación del hospital,
en particular aquellas relacionadas con la falta de trámite de la conmutación
pensional y la no incorporación de los trabajadores al Fondo del Pasivo Prestacional
del Sector Salud.
11. En relación con los hechos imputados al Ministerio de Hacienda, al
departamento del Atlántico y al Distrito de Barranquilla, la Subsección señaló que
mediante la Resolución 2936 del 20 de noviembre de 2000 el Ministerio de Salud
reconoció a varios trabajadores y extrabajadores del Hospital Infantil San Francisco
de Paula como beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud,
previa verificación de los requisitos legales, la cuantificación de las obligaciones
prestacionales y la determinación de los porcentajes de concurrencia a cargo de las
entidades involucradas. A partir de ello, concluyó que desde esa fecha se
encontraba definida la situación prestacional de la entidad y el mecanismo previsto
para la financiación de dicho pasivo.
12. Indicó, además, que el 21 de diciembre de 2001 el Ministerio de Salud, el
departamento del Atlántico, el Distrito de Barranquilla y la Fundación Hospital Infantil
San Francisco de Paula suscribieron el Contrato de Concurrencia 000245, mediante
el cual se establecieron los aportes y compromisos de las entidades concurrentes
para financiar el pago del pasivo prestacional reconocido a los beneficiarios del
Fondo, acuerdo cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2003.
13. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que cualquier incumplimiento de las
obligaciones derivadas de dicho contrato era cognoscible, a más tardar, desde la
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expiración de su vigencia, pues a partir de ese momento podía verificarse si las
entidades concurrentes habían efectuado los aportes y cumplido los compromisos
asumidos.
14. Concluyó que para cuando se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial,
el 27 de julio de 2012, ya había transcurrido ampliamente el término de dos años
previsto para promover el medio de control de reparación directa respecto de los
hechos atribuidos al Ministerio de Hacienda, al departamento del Atlántico y al
Distrito de Barranquilla.
15. Respecto de la no incorporación al Fondo del Pasivo Prestacional, señaló que,
pese al reconocimiento inicial efectuado mediante la Resolución 2936 de 2000,
posteriormente el Ministerio de Hacienda negó dicha incorporación. Esta
circunstancia quedó reflejada en un oficio del 25 de marzo de 2010, cuya legalidad
fue posteriormente discutida en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la mayoría de los demandantes. Con ello, indicó que aun
cuando se adoptara la interpretación más favorable a los demandantes y se
considerara que solo tuvieron conocimiento definitivo del rechazo con la notificación
de ese oficio, ocurrida el 15 de abril de 2010, desde ese momento existía certeza
absoluta acerca de que no serían incorporados al Fondo del Pasivo Prestacional.
16. En cuanto a las pretensiones formuladas contra el Ministerio de Salud, el
Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Nacional de Salud, la Subsección tuvo
por acreditado que varios de los demandantes contaban con derechos pensionales
reconocidos por la Fundación Hospital Infantil San Francisco de Paula que
permanecieron insatisfechos al culminar el proceso liquidatorio. Sin embargo,
precisó que la existencia del daño no implicaba, por sí sola, su imputación a las
entidades demandadas.
17. Al analizar los reproches relacionados con la falta de vigilancia y control sobre
la conmutación pensional, explicó que este mecanismo dependía de la existencia
de recursos suficientes para financiar el pasivo pensional y de las competencias
legalmente atribuidas a cada entidad. A partir de las pruebas obrantes en el
expediente, concluyó que la Fundación atravesó una situación estructural de
insolvencia, caracterizada por la insuficiencia de activos para atender sus
obligaciones laborales y pensionales.
18. En ese contexto, consideró que no se acreditaron omisiones imputables al
Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo o a la Superintendencia Nacional de
Salud que hubieran impedido la conmutación pensional o causado el daño alegado.
Señaló que la imposibilidad de implementar mecanismos de normalización
pensional obedeció a la falta de recursos de la Fundación y no a fallas en el ejercicio
de las funciones de vigilancia y control.
19. Que el agente liquidador adoptó medidas para proteger los recursos
disponibles, reconstruyó el estado real de las acreencias y adelantó las actuaciones
necesarias para culminar la liquidación. Por ello, concluyó que no se probó la
existencia de omisiones atribuibles a la Superintendencia Nacional de Salud, al
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Ministerio de Salud o al Ministerio del Trabajo que hubieran frustrado la conmutación
pensional o causado el daño alegado por los demandantes.
20. Que, aun si se admitiera la existencia de algunas irregularidades en el trámite
liquidatorio, estas carecerían de incidencia causal frente al daño reclamado, pues la
verdadera causa de la insatisfacción de las obligaciones pensionales fue la crítica
situación financiera de la Fundación.
21. Que para el mes del julio del año 2007 ya la conmutación pensional como
mecanismo de normalización del pasivo pensional -desarrollado por el Decreto 1260
de 2000-, tratándose de empresas privadas, no era obligatoria.
22. Finalmente, concluyó que no era posible atribuir responsabilidad al Ministerio
del Trabajo por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Decreto 254
de 2000, pues dicho régimen solo era aplicable a la liquidación de entidades
públicas del orden nacional. En este caso, la Fundación Hospital Infantil San
Francisco de Paula era una entidad privada sin ánimo de lucro, razón por la cual no
le eran exigibles esas disposiciones. También precisó que, para el mes de julio de
2007, la conmutación pensional, como mecanismo de normalización del pasivo
pensional en las empresas privadas, ya no tenía carácter obligatorio, sino que
estaba supeditada al cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa
aplicable, entre ellas la existencia de recursos suficientes.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
23. Se interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5.ª
del artículo 250 del CPACA, por considerar que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, en audiencia inicial del 3 de septiembre de 2015, negó la excepción de
caducidad propuesta por el Ministerio de Hacienda, el departamento del Atlántico y
el Distrito de Barranquilla, decisión que no fue objeto de recurso y quedó
ejecutoriada. A su juicio, el Consejo de Estado, al declarar de oficio la caducidad
respecto de dichas entidades en la sentencia de segunda instancia proferida 9 años
después, reabrió un debate ya definido, desconoció la cosa juzgada y excedió los
límites de su competencia funcional, en contravía de lo previsto en el artículo 328
del CGP, según el cual el juez de segunda instancia debe circunscribirse a los
aspectos objeto de apelación.
24. Afirmó que esta actuación vulneró los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima y prohibición de la reformatio in pejus, pues la demandante actuó como
apelante única y terminó en una situación más desfavorable que la derivada de la
sentencia de primera instancia, al quedar excluido el análisis de responsabilidad del
Ministerio de Hacienda, el departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla.
25. Sostuvo que la caducidad no podía contabilizarse desde hechos anteriores al
cierre definitivo del proceso liquidatorio de la Fundación Hospital Infantil San
Francisco de Paula. Invocó, para ello, una sentencia de tutela del 7 de marzo de
2013 y el artículo 53 del Decreto 2211 de 2004, para señalar que el término debía
contarse desde la culminación de la liquidación, ocurrida con la expedición y
publicación de la Resolución 132 del 31 de agosto de 2010, por ser ese el momento
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en que los afectados tuvieron certeza de la imposibilidad de obtener el pago de sus
acreencias y de la ocurrencia del daño alegado.
26. Alegó que la declaración de caducidad se produjo sin que los demandantes
hubieran tenido oportunidad de pronunciarse sobre dicha decisión, lo que, en su
criterio, vulneró su derecho de defensa y contradicción, pues el juez de segunda
instancia se relevó de examinar la responsabilidad de las entidades involucradas
con fundamento en una excepción declarada oficiosamente.
27. Por otra parte, cuestionó la conclusión de la sentencia según la cual la
normalización pensional o conmutación pensional no era obligatoria por tratarse de
una entidad privada. Afirmó que dicha interpretación desconoció el parágrafo 1.º del
artículo 34 de la Ley 1116 de 2006, el artículo 39 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral
3 del artículo 1.º del Decreto 1270 de 2009, normas que, a su juicio, imponían la
obligación de normalizar el pasivo pensional en los procesos de liquidación de
entidades con obligaciones pensionales a su cargo.
28. Añadió que la sentencia omitió aplicar adecuadamente el artículo 7 del Decreto
1260 de 2000, el cual prevé mecanismos para garantizar, al menos parcialmente, el
cubrimiento de las obligaciones pensionales cuando los recursos disponibles
resulten insuficientes. En su criterio, la ausencia de tales medidas afectó los
derechos de los extrabajadores y pensionados del hospital.
29. Que la providencia desconoció los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a la seguridad social, consagrados en los artículos 13, 29, 48 y 53
de la Constitución, así como el principio de favorabilidad laboral y lo dispuesto en el
artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo con lo que se desconoció el
mandante de prelación de créditos laborales. Afirmó que la decisión validó una
injusticia material derivada de la falta de normalización del pasivo pensional y
privilegió consideraciones formales sobre la protección efectiva de los derechos de
los trabajadores y pensionados afectados.
Contestaciones al recurso extraordinario de revisión
30. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla4 solicitó declarar
infundado el recurso al considerar que la sentencia cuestionada se ajustó al
ordenamiento jurídico. Sostuvo que la caducidad constituye una excepción de orden
público que puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso y por
cualquier autoridad judicial, incluso en segunda instancia, sin que ello implique
vulneración del debido proceso, siempre que la decisión se encuentre debidamente
sustentada en el análisis fáctico y probatorio del asunto.
31. Que la parte recurrente pretende reabrir una discusión ya resuelta en las
instancias ordinarias, pese a que tanto el Tribunal como el Consejo de Estado
concluyeron que no había lugar a acceder a las pretensiones.
4 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos del 27 de
enero de 2026 (véase índice 00015 de SAMAI) y contestó el 10 de febrero de 2026 (véase índice 00021 de
SAMAI).
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32. Por su parte, el Departamento del Atlántico5 señaló que el recurso
extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia ni habilita al juez para
reexaminar la valoración jurídica efectuada en el proceso ordinario. En su criterio,
la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en la demanda y
en el recurso de apelación con el propósito de controvertir nuevamente el análisis
realizado por el juez de segunda instancia. Dijo que la caducidad opera de pleno
derecho, es irrenunciable y debe ser declarada de oficio cuando el juez advierta el
vencimiento del término legal para ejercer la acción.
33. A su turno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público6 sostuvo que la
decisión adoptada por el Tribunal en la audiencia inicial de 2015, mediante la cual
negó la excepción de caducidad, no vinculaba al juez de segunda instancia, por
tratarse de un pronunciamiento revisable dentro de la competencia funcional del
superior. Indicó que no se configuró vulneración del principio de cosa juzgada, pues
esta solo recae sobre las sentencias y no sobre decisiones interlocutorias relativas
a presupuestos procesales.
34. Afirmó que tampoco se desconoció la prohibición de la reformatio in pejus, dado
que esta garantía no impide al juez de segunda instancia verificar de oficio
presupuestos procesales indisponibles, como la caducidad, la jurisdicción, la
legitimación en la causa o la integración del contradictorio, por tratarse de asuntos
previos a cualquier pronunciamiento de mérito.
35. En relación con los cuestionamientos sobre la normalización o conmutación
pensional, sostuvo que se pretende atribuir obligaciones que no le correspondían,
pues el Hospital Infantil San Francisco de Paula era una entidad de naturaleza
privada y la normativa invocada no le imponía un deber legal concreto de asumir o
garantizar la normalización del pasivo pensional. Que tampoco se acreditó un nexo
causal entre una eventual omisión del Ministerio y el daño alegado consistente en
el no pago de acreencias laborales y pensionales.
36. Adujo que la prelación de créditos laborales y pensionales debía hacerse valer
dentro del respectivo proceso liquidatorio ante el liquidador y las autoridades
competentes para su vigilancia y control, sin que pudiera trasladarse dicha
responsabilidad al Ministerio de Hacienda en ausencia de competencia funcional o
de una conducta imputable a esa entidad.
37. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio del
Trabajo - Superintendencia Nacional de Salud y Colpensiones pese a ser
debidamente notificadas guardaron silencio.
5 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos del 27 de
enero de 2026 (véase índice 00015 de SAMAI) y contestó el 10 de febrero de 2026 (véase índice 00022 de
SAMAI).
6 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos del 27 de
enero de 2026 (véase índice 00015 de SAMAI) y contestó el 10 de febrero de 2026 (véase índice 00023 de
SAMAI).
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Concepto del Ministerio Público7
38. La Procuradora Cuarta Delegada ante esta Corporación, mediante Concepto n.º
017 del 10 de febrero de 2026, solicitó declarar infundado el recurso al considerar
que no se acreditan los presupuestos exigidos para su prosperidad.
39. Señaló que la caducidad constituye una institución de orden público cuyos
eventos de interrupción son taxativos, como ocurre con la conciliación extrajudicial.
Por ello, sostuvo que resulta improcedente afirmar que el juez incurrió en una causal
de nulidad por no reconocer efectos interruptivos a actuaciones que legalmente
carecen de tal virtud.
40. Que la sentencia objeto de revisión aplicó correctamente las reglas sobre el
cómputo de la caducidad, tomando como punto de partida la firmeza de los actos
que ordenaron la liquidación en el año 2005.
41. Respecto de las pruebas que los recurrentes califican como omitidas —
consistentes en derechos de petición presentados entre 2009 y 2011—, precisó que
estas resultan inconducentes e impertinentes para desvirtuar la caducidad, pues
carecen de aptitud jurídica para afectar un término que ya se encontraba
consolidado.
42. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
43. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia
proferida el 23 de septiembre de 2024 por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, considerando la causal invocada por la parte recurrente.
44. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
45. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
46. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de
una sentencia ya ejecutoriada8. De acuerdo con las causales establecidas en el
7 Véase índice 00024 de SAMAI.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo
afectada por alguno de los siguientes eventos:
a. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición
de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso
fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la
sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.
b. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos
falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes
por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o
violencia en la emisión del fallo.
c. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
d. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.
47. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
48. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.
Causal quinta de revisión
49. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
50. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia11.
51. Respecto al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA −que se configure una causal de nulidad−, se precisa que si bien, por regla
general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están consagrados en el
artículo 133 del Código General del Proceso −8 causales−, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de contenido, en atención
a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor de la misma.
52. Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una
sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso
(CGP)12; o (ii) la existencia de irregularidades insaneables que afecten
sustancialmente el derecho al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido,
la decisión habría sido diferente, caso en el cual «(…) corresponderá al juez determinar
si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en
comento»13.
53. Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una
sentencia puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la
jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»14.
54. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
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en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido15.
55. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
56. Frente al primer reproche, consistente en que la sentencia declaró de oficio la
caducidad pese a que esta había sido desestimada en la audiencia inicial, la Sala
considera que el recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar,
pues esta excepción constituye un presupuesto procesal de orden público que
puede y debe ser examinado de oficio por el juez cuando encuentre acreditada su
configuración.
57. En efecto, en lo referente a los procesos contencioso-administrativos, el artículo
187 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116 regula el contenido que deben tener
las sentencias y las facultades y competencias del juez en segunda instancia, frente
al principio de no reformatio in pejus, de la siguiente manera:
«Artículo 187. Contenido de la sentencia.
(…) en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas
y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada’ y, además, que
‘… el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
reformatio in pejus» (negrillas fuera del texto original).
58. La Corte Constitucional, precisamente, al estudiar la constitucionalidad de la
caducidad de la acción de reparación directa, prevista en el numeral 9 del artículo
136 del Decreto 01 de 1984 [hoy literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA],
en Sentencia C – 832 de 2001, señaló que «(…) [e]sta es una figura de orden público
lo que explica su carácter irrenunciable y la posibilidad de ser declarada de oficio
por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia»17.
59. De esta forma, la caducidad emerge como una consecuencia que el
ordenamiento jurídico consagra para el titular del derecho de acción, cuando deja
transcurrir el término para acudir a la administración de justicia. Esta figura, que se
traduce en una limitación temporal legítima del referido derecho, tiene como fin
racionalizar su ejercicio, sin que su configuración represente una lesión o
desconocimiento de la garantía constitucional, como se ha señalado por parte de
esta Corporación:
«En efecto, la caducidad se refiere al término de orden público que posee el
15 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Rad.11001-03-15-000-2017-02369-00.
16 La demanda de reparación directa se interpuso bajo la vigencia de este código.
17 De igual forma, la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado ha precisado que los límites derivados del
principio de congruencia y de la prohibición de la reforma en peor no restringen la potestad del juez para
pronunciarse oficiosamente sobre presupuestos procesales indispensables para adoptar una decisión de mérito,
tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia del medio de control.
Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 6 de abril de
2018. Exp. 46.005. C.P. Danilo. Rojas Betancourth.
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interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de
buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica de la potestad de la
acción; su finalidad es precisamente racionalizar ese ejercicio, lo que impone la
obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones
adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso
administrativo para estudiarlas18. Lo anterior se justifica en la necesidad de
obtener seguridad jurídica19»20.
60. Así, la declaratoria de caducidad de la acción de reparación directa por parte de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en uso de la facultad oficiosa, referida en
precedencia, no desconoció la prohibición de la non reformatio in pejus,
simplemente dio aplicación a una norma de orden de público, de obligatorio
cumplimiento, que desde ningún punto de vista constituye una nulidad que haga
configurar la causal de revisión alegada.
61. Tampoco prospera el argumento según el cual la sentencia desconoció la cosa
juzgada derivada de la decisión adoptada en la audiencia inicial que negó la
excepción de caducidad.
62. En efecto, esta figura supone la existencia de una decisión judicial definitiva e
inmutable sobre una determinada controversia. Sin embargo, la determinación
adoptada en la audiencia inicial respecto de la excepción de caducidad no producía
ese efecto, pues no impedía al juez verificar nuevamente la concurrencia de dicho
presupuesto procesal al momento de proferir sentencia.
63. Lo anterior obedece a que, tratándose de una condición anterior y necesaria,
entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al
demandado, su análisis debía ser nuevamente abordado, especialmente al
advertirse la ocurrencia del fenómeno extintivo.
64. En consecuencia, la decisión adoptada en la audiencia inicial no consolidó una
situación jurídica intangible que impidiera al juez de segunda instancia pronunciarse
nuevamente sobre la caducidad al dictar sentencia. Por el contrario, dada la
naturaleza de orden público de esta institución, su verificación podía efectuarse en
dicha oportunidad sin que ello comportara desconocimiento alguno de la cosa
juzgada.
65. Por otro lado, respecto a los reproches relacionados con la normalización o
conmutación pensional, la Sala considera que, aunque la parte recurrente sostiene
que la sentencia desconoció diversas disposiciones legales y constitucionales al
concluir que dicho mecanismo no era obligatorio en el caso concreto, lo cierto es
que tales planteamientos se dirigen a cuestionar la interpretación normativa y las
conclusiones jurídicas alcanzadas por la Subsección al resolver el litigio. En
18 Ver sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B,
7 de octubre de 2010. Radicación: 25000-23-25-000-2004-05678-02 (2137-09).
19 Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, de: 6 de octubre de 2011 (Expedientes
1130-2011 y 1135-2011) y del 26 de marzo de 2009. Expediente 1134-07 demandante: José Luís Acuña
Henríquez.
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 25 de noviembre de 2021. Exp. 25000-23-42-
000-2018-00986-01 (3829-2021). C.P. William Hernández Gómez. En línea con este sentido de la caducidad,
Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 13 de febrero de 2025. Exp. 25000-23-
42-000-2020-00352-01 (5588-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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consecuencia, constituyen discrepancias con el juicio contenido en la providencia
recurrida, mas no irregularidades procesales capaces de configurar la causal de
revisión invocada.
66. En efecto, en diversas decisiones, se ha establecido que el recurso
extraordinario de revisión está destinado a corregir fallos que vulneren la justicia
material, pero no para cuestionar la labor interpretativa del juez o rectificar errores
de apreciación en el juicio. En ese sentido, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-
16 señaló que:
«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –
como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –como
cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación-.
En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su indebida
aplicación (error de derecho)».
67. Por consiguiente, no corresponde al juez de la revisión sustituir el criterio jurídico
adoptado por el fallador de instancia por otro que la recurrente considere más
adecuado. Lo contrario implicaría desnaturalizar este mecanismo extraordinario y
convertirlo en una nueva oportunidad para reabrir controversias ya definidas en el
proceso ordinario.
68. En consecuencia, y dado que lo realmente pretendido por la parte activa es
expresar su inconformidad con lo resuelto por esta Corporación y que mediante
revisión se modifique el fallo impugnado a su favor, se declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión.
Condena en costas
69. De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general
en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción es que la sentencia debe
pronunciarse sobre la condena en costas.
70. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del
CPACA en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario
de revisión, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
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(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
71. En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen
sobre las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya
estaba rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en
costas toda vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
72. Dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación de la
condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el CGP, el
cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
73. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
74. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el
Departamento del Atlántico, a través de la defensa ejercida en los escritos de
contestación; actuaciones que por sí solas, constituyen prueba suficiente para tener
por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la existencia de gastos
inherentes a la defensa judicial por parte de quienes resultaron vencedores en el
litigio.
75. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el
numeral 3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme
la sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del veintitrés (23) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por las razones antes expuestas.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte recurrente a favor del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
y el Departamento del Atlántico, las cuales se liquidarán por la Secretaría de esta
Corporación.
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Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de reparación
directa al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el
sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ausente con permiso
NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
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