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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00323-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00323-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Alba Lucía Rojas Orozco contra la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42-047-2021-00040-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la señora Alba Lucía Rojas Orozco en favor de la Unidad Administrativa Especial (UAE) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00323-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2025-00323-00 (2405-2025)
Demandante : Alba Lucía Rojas Orozco
Demandada : Unidad Administrativa Especial (UAE) Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Alba Lucía
Rojas Orozco contra la sentencia del 24 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.1

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. Alba Lucía Rojas Orozco presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de obtener la nulidad del Oficio 100202206-00278 del 5 de octubre de 2020 y
de la Resolución 8324 del 10 de noviembre de 2020, mediante los cuales la DIAN negó
el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la prima
técnica en un porcentaje equivalente al 50 % de la asignación básica mensual, así como
la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos derivados de su
carácter salarial, con los respectivos ajustes e intereses.

3. La demandante manifestó que se vinculó al sector hacendario en 1983 y prestó sus
servicios en la DIAN hasta el 30 de diciembre de 2019. Indicó que durante su trayectoria
ocupó diversos cargos profesionales y de jefatura y que, al momento de su retiro, era

1 Decisión suscrita por los magistrados Patricia Victoria Manjarrés Bravo, Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon y Jaime

Alberto Galeano Garzón.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00323-00 (2405-2025)
Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

titular del empleo de carrera gestor III código 303 grado 03 y se encontraba encargada
del cargo de gestor IV código 304 grado 04.

4. Sostuvo que para la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 ya había
consolidado el derecho al reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, toda vez que acreditaba títulos de especialización,
amplia experiencia profesional en el sector hacendario y el desempeño de cargos de
dirección y especial responsabilidad dentro de la entidad. En su criterio, la DIAN
desconoció las disposiciones contenidas en los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y en las
Resoluciones 3682 de 1994 y 8011 de 1995, que regulaban los requisitos y criterios para
la asignación de dicho beneficio. Agregó que su reconocimiento no dependía de una
facultad discrecional de la administración, sino de la acreditación de los requisitos legales,
por lo que los actos acusados vulneraron los principios de igualdad, favorabilidad laboral
y remuneración proporcional consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política.

5. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se opuso a las
pretensiones de la demanda. Resaltó que la demandante no acreditó los requisitos
exigidos para acceder a la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada, en particular los tres años de experiencia altamente calificada requeridos antes
de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997. Indicó que la experiencia alegada
correspondía a la ordinariamente adquirida en el ejercicio de sus cargos y no a una
experiencia especializada que excediera los requisitos mínimos del empleo, además de
no existir certificación expedida por la autoridad competente que la calificara como
altamente calificada. La actora no consolidó un derecho adquirido ni podía beneficiarse
del régimen de transición previsto en el Decreto 1724 de 1997, la prima técnica constituye
un incentivo excepcional sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos legales y
reglamentarios y que los actos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico.
Propuso la excepción de prescripción respecto de las sumas eventualmente reclamadas
y solicitó negar las pretensiones de la demanda.

6. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda al concluir que la demandante no acreditó la totalidad de los
requisitos exigidos para consolidar el derecho a la prima técnica por formación avanzada
y experiencia altamente calificada antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de
1997. Aunque encontró demostrado que la actora contaba con títulos de formación
avanzada (especializaciones en Derecho Tributario y Finanzas Privadas) y que desde el
27 de marzo de 1991 ocupó en propiedad un cargo del nivel profesional tras superar un
concurso de méritos, consideró que no se probó el requisito de la experiencia altamente
calificada en los términos exigidos por la normativa aplicable. Advirtió que no existía
prueba de que dicha experiencia hubiera sido calificada por el jefe de la entidad, requisito
expresamente previsto en el Decreto 1661 de 1991 y en las reglamentaciones internas
de la DIAN. Destacó que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado2 exige el
desempeño del cargo en propiedad como consecuencia de la superación de un concurso
de méritos y que el reconocimiento de la prima técnica bajo el régimen de transición del
Decreto 1724 de 1997 solo procede cuando el derecho se encontraba consolidado antes
de la entrada en vigor de dicha norma, circunstancia que no se acreditó en el caso

2 Sentencia SUJ2 No. 002 del 16 de febrero de 2016, expediente 4499-2013.

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Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

concreto. Por ello, concluyó que los actos administrativos demandados se ajustaron al
ordenamiento jurídico.

7. La demandante apeló la decisión de primera instancia al considerar que el Juzgado
interpretó de manera errónea los requisitos exigidos para acceder a la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada. Manifestó que la normativa
aplicable no exigía una certificación especial expedida por el director de la entidad en la
que se calificara expresamente la experiencia como altamente calificada, sino que
bastaba acreditar, mediante las certificaciones laborales correspondientes, el ejercicio
profesional por un término no inferior a tres años con posterioridad a la obtención del
título universitario. Afirmó que para el 11 de julio de 1997 ya cumplía los requisitos
exigidos por los Decretos 1661 y 2164 de 1991, así como por las Resoluciones 3682 de
1994 y 8011 de 1995. Añadió que el Juzgado desconoció el alcance de las normas
internas expedidas por la DIAN para regular el reconocimiento de la prima técnica y omitió
valorar adecuadamente las certificaciones laborales obrantes en el expediente, las cuales
acreditaban más de tres años de experiencia profesional altamente calificada en el sector
hacendario, el desempeño de cargos profesionales y directivos, así como su formación
avanzada.

8. La apelante agregó que la jurisprudencia del Consejo de Estado3 ha reconocido que
la experiencia adquirida en el desempeño de cargos en la DIAN puede ser valorada como
experiencia altamente calificada para efectos del reconocimiento de la prima técnica y
que no resulta procedente exigir requisitos adicionales no previstos en la normativa
aplicable. Resaltó que sí acreditó los presupuestos exigidos para consolidar el derecho a
la prima técnica antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, pues contaba
con títulos de especialización, amplia trayectoria profesional en la entidad y experiencia
suficiente para acceder al beneficio.

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,4
mediante sentencia del 24 de mayo de 2024, confirmó la negativa de primera instancia.
Examinó el marco normativo aplicable y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
materia, en especial las sentencias de unificación del 19 de mayo de 2016, radicación
11001-03-25-000-2012-00791-00, y del 2 de marzo de 2023, radicación 25000-23-42-
000-2014-00069-01, y concluyó que el reconocimiento de la prima técnica exigía, entre
otros requisitos, acreditar tres años de experiencia altamente calificada y que esta
hubiera sido calificada por el jefe de la entidad. Precisó que, aunque la demandante
demostró haber ocupado cargos en propiedad y contar con formación avanzada antes de
la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, no acreditó la certificación mediante la
cual el nominador calificara dicha experiencia en los términos previstos en el Decreto Ley
1661 de 1991 y el Decreto 2164 de 1991.

10. Asimismo, descartó el argumento según el cual bastaba acreditar el tiempo de
servicio y los cargos desempeñados para demostrar la experiencia altamente calificada.
Explicó que las certificaciones laborales obrantes en el expediente únicamente daban
cuenta de la trayectoria profesional de la demandante y de los empleos ejercidos, pero

3 En particular, invocó el fallo de tutela del Consejo de Estado del 16 de enero de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2013-

02403-00; la sentencia de la Subsección B del 22 de julio de 2014, Rad. 52001-23-33-000-2012-00182-01.
4 Sentencia que fue notificada mediante correo electrónico remitido el 27 de mayo de 2024.

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Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

no contenían la valoración cualificada de sus conocimientos, habilidades y destrezas por
parte del jefe del organismo. Con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado del
20 de enero de 2022, radicación 25000-23-25-000-2015-03953-01, reiteró que la
experiencia altamente calificada constituye un requisito autónomo cuya acreditación
exige una calificación expresa del nominador, razón por la cual concluyó que no se
cumplían los presupuestos para el reconocimiento de la prima técnica reclamada.

Demanda del recurso extraordinario de revisión5

11. La señora Alba Lucía Rojas Orozco interpuso recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, al
considerar que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
encuentra afectada por una nulidad originada en la propia providencia. Sostuvo que la
decisión vulneró su derecho al debido proceso por falta y falsa motivación, así como por
incongruencia, al omitir el análisis de aspectos normativos y probatorios que, en su
criterio, resultaban determinantes para establecer su derecho al reconocimiento de la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

12. Señaló que el Tribunal confirmó la negativa de las pretensiones bajo el entendido de
que no acreditó tres años de experiencia altamente calificada certificada por el jefe de la
entidad, sin valorar el alcance de la Resolución 8011 de 1995. Explicó que dicha
disposición permitía acreditar ese requisito mediante certificaciones de tiempo de
servicio, cargos y funciones desempeñadas, pues regulaba el procedimiento para el
otorgamiento de la prima técnica y establecía que la experiencia debía demostrarse a
través de certificaciones o constancias expedidas por autoridad competente, en las que
constaran la entidad o empleador, las fechas de vinculación y retiro, así como los cargos
desempeñados. Añadió que la providencia omitió pronunciarse sobre pruebas
documentales que acreditaban su trayectoria profesional, formación especializada,
vinculación en carrera administrativa y desempeño de cargos profesionales y
especializados en la DIAN antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997.

13. Afirmó que la sentencia desconoció precedentes judiciales6 invocados en el proceso
y dejó de examinar elementos probatorios que, en su criterio, demostraban el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la prima técnica. En consecuencia, sostuvo
que tales omisiones configuraban una nulidad originada en la sentencia por vulneración
del debido proceso, razón por la cual solicitó dejarla sin efectos y ordenar el
reconocimiento de la prestación reclamada.

Contestación del recurso

14. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se opuso a la
prosperidad del recurso extraordinario de revisión. Sostuvo que no se configuraba la
causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, pues la recurrente no
demostró la existencia de una nulidad originada en la sentencia, sino que manifestó su

5 Radicada el 23 de mayo de 2025 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
6 Sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Rad. 54001-23-33-000-2012-00152-00, confirmada por

el Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de enero de 2015, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset
Ibarra Velez.
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Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

desacuerdo con la interpretación jurídica y la valoración probatoria realizadas por el
Tribunal. En su criterio, el recurso pretende reabrir un debate de fondo ya resuelto en las
instancias ordinarias y convertir la revisión en una indebida tercera instancia,
desconociendo el carácter excepcional y restrictivo de este mecanismo.

15. Agregó que la sentencia objeto de revisión fue debidamente motivada, pues analizó
el marco normativo, la jurisprudencia aplicable y el material probatorio obrante en el
expediente, incluidas las certificaciones laborales aportadas por la demandante. Indicó
que el Tribunal explicó las razones por las cuales dichas certificaciones no acreditaban
el requisito de la experiencia altamente calificada, al no existir la calificación expedida por
el jefe de la entidad exigida por la normativa y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Insistió en que no se vulneraron los principios de confianza legítima ni el derecho al
debido proceso y reiteró que la actora no había consolidado el derecho a la prima técnica
antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, razón por la cual solicitó
declarar infundado el recurso.

Ministerio Público

16. La procuradora delegada solicitó declarar infundado el presente recurso
extraordinario de revisión. Explicó que la causal prevista en el numeral 5.° del artículo
250 del CPACA tiene carácter excepcional y exige la demostración de una nulidad
originada en la sentencia que comprometa de manera grave el debido proceso o el
principio de congruencia, sin que pueda utilizarse como una tercera instancia para
replantear la valoración probatoria o la interpretación jurídica efectuada por el juez de
conocimiento.

17. Expuso que no se configuró la incongruencia alegada por la recurrente, pues existió
correspondencia entre las pretensiones de la demanda, el problema jurídico fijado en las
instancias y lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha
corporación analizó el marco normativo, la jurisprudencia y el material probatorio
pertinente para concluir que la demandante no acreditó el requisito de la experiencia
altamente calificada certificada por el jefe de la entidad, por lo que los argumentos del
recurso se orientan realmente a reabrir el debate jurídico y probatorio ya definido en el
proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado7 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.

7 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por la demandante
contra la sentencia del 24 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA, esto es, si configuran una nulidad originada en la sentencia por presunta
vulneración del debido proceso derivada de falta o falsa motivación e incongruencia, por
aparentemente omitir el análisis de los precedentes invocados y de las pruebas aportadas
para acreditar la experiencia altamente calificada exigida para el reconocimiento de la
prima técnica.

Análisis

20. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto no se
configura la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA. En efecto, no
se advierte la existencia de una nulidad originada en la sentencia del 24 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni una afectación sustancial
del debido proceso derivada de incongruencia, ausencia absoluta de motivación o
desconocimiento de garantías procesales. Por el contrario, la providencia objeto de
revisión contiene una motivación expresa sobre los aspectos normativos,
jurisprudenciales y probatorios relevantes para resolver la controversia. En realidad, los
reproches formulados por la recurrente se encaminan a cuestionar la interpretación
jurídica y la valoración probatoria efectuadas por el juez de segunda instancia, aspectos
que corresponden al ámbito propio del debate de instancia y que no pueden ser
replanteados mediante el recurso extraordinario de revisión, como pasa a explicarse.

21. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.

22. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.

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Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

23. Esta corporación8 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.

24. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, «admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia9 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.»10. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.

25. Cuando la nulidad alegada se sustenta en la vulneración del debido proceso,
corresponde al juez verificar si el hecho invocado reviste la entidad suficiente para afectar
la validez de la providencia judicial, esto es, si se trata de una irregularidad sustancial y
determinante.

26. Bajo este entendimiento, esta corporación ha reiterado que el recurso extraordinario
de revisión no fue instituido para corregir eventuales errores de hecho o de derecho
derivados de la valoración probatoria o de la interpretación normativa. En consecuencia,
este mecanismo excepcional no resulta procedente cuando se pretende cuestionar que
el juez “realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal.”,11 pues tales aspectos no configuran, por sí
mismos, una nulidad originada en la sentencia.

27. En el caso concreto, la recurrente invocó la causal prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA al considerar que la sentencia de segunda instancia adolece de
una nulidad por falta de motivación y falsa motivación, así como por vulneración del
debido proceso al concluir que no acreditó el requisito de experiencia altamente calificada
exigido para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia

8 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre

de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-

00440-00.
10 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01

(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
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altamente calificada. A su juicio, el Tribunal omitió valorar adecuadamente la Resolución
8011 de 1995, así como las certificaciones laborales y demás documentos que
demostraban el cumplimiento de los requisitos previstos en el régimen jurídico aplicable.

28. La Sala no comparte dichos planteamientos. En relación con los cargos de falta o
falsa motivación de la sentencia objeto de revisión, esta corporación ha sido consistente
en señalar que la nulidad originada en la sentencia puede configurarse cuando la decisión
carece de motivación o cuando esta se sustenta en circunstancias manifiestamente
erróneas, incompletas o en actuaciones dolosas12. No obstante, también ha precisado
que el recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional para
cuestionar la valoración probatoria, la interpretación jurídica adoptada por el fallador o el
acierto de sus conclusiones.

29. Bajo ese entendimiento, no tiene vocación de prosperidad el reproche formulado por
la recurrente. En efecto, los cuestionamientos planteados se dirigen a controvertir la
apreciación de las pruebas, la interpretación de las normas aplicadas y el alcance del
precedente judicial, aspectos que, aun de estimarse equivocados, no estructuran la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA.

30. Aunado a ello, no puede predicarse una ausencia absoluta de motivación de la
providencia objeto del presente recurso, en tanto el Tribunal identificó el problema jurídico
sometido a su consideración, relacionado con la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, analizó la regulación contenida en los Decretos 1661 de
1991, 2164 de 1991 y 1724 de 1997, estudió las resoluciones internas de la DIAN y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente las sentencias de unificación del
19 de mayo de 2016 y del 2 de marzo de 2023. Con fundamento en ello, concluyó que
aunque la demandante acreditó formación avanzada y el desempeño de cargos en
propiedad antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, no demostró el
requisito relativo a la experiencia altamente calificada certificada por el jefe de la entidad.

31. Asimismo, el Tribunal se pronunció expresamente sobre el argumento central
expuesto en el recurso de apelación, consistente en que la experiencia altamente
calificada podía acreditarse únicamente mediante certificaciones de tiempo de servicio,
cargos y funciones desempeñadas. Frente a ese planteamiento, explicó que las
certificaciones aportadas daban cuenta de la trayectoria laboral de la demandante, pero
no contenían la valoración cualificada exigida por la normativa y la jurisprudencia para
acreditar la experiencia altamente calificada. Concluyó que no se cumplían los
presupuestos requeridos para acceder a la prestación reclamada.

32. De esta manera, la inconformidad de la recurrente no surge de una ausencia de
pronunciamiento ni de una omisión de análisis por parte del Tribunal, sino del desacuerdo
con las conclusiones a las que arribó respecto del alcance de la Resolución 8011 de 1995
y de la suficiencia de los medios de prueba aportados al proceso. La discusión acerca de
si las certificaciones laborales eran o no suficientes para acreditar la experiencia
altamente calificada constituye un asunto de valoración probatoria y de interpretación

12 Ver entre otras, la sentencia del 5 de marzo de 2026. Rad. 11001-03-25-000-2024-00225-00 (3059-2024).
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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00323-00 (2405-2025)
Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

normativa que fue precisamente resuelto por el juez de segunda instancia y que no puede
ser replanteado en sede de revisión extraordinaria.

33. Así, la autoridad judicial expuso las razones fácticas y jurídicas que sustentaron su
decisión. En consecuencia, los cuestionamientos dirigidos a controvertir la valoración
probatoria o la solidez de la motivación escapan al ámbito propio del recurso
extraordinario de revisión.

34. Tampoco se advierte vulneración del principio de congruencia, el cual se entiende
quebrantado cuando la sentencia omite pronunciarse sobre las pretensiones,
excepciones o aspectos sustanciales sometidos a consideración del juez, o cuando
decide cuestiones ajenas al debate procesal. En este caso, la sentencia objeto de revisión
guardó plena correspondencia con las pretensiones de la demanda, los argumentos
planteados en la apelación y el problema jurídico fijado para resolver la controversia. El
Tribunal se pronunció sobre la cuestión litigiosa sometida a su consideración, esto es, la
procedencia del reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, y explicó las razones jurídicas y probatorias que lo
llevaron a confirmar la decisión de primera instancia. Por tanto, no se configura ninguna
hipótesis de incongruencia interna o externa con entidad suficiente para invalidar la
providencia.

35. En ese mismo sentido, no prospera el reproche relacionado con el presunto
desconocimiento de algunas providencias jurisprudenciales invocadas por la recurrente,
pues la eventual inobservancia del precedente no constituye, por sí sola, una nulidad
originada en la sentencia susceptible de ser examinada a través de la causal prevista en
el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA.

36. En realidad, los reproches formulados por la recurrente pretenden reabrir la discusión
sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prima técnica y obtener una
nueva valoración de las pruebas allegadas al proceso. No obstante, el recurso
extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional para controvertir el acierto
de la interpretación jurídica adoptada por el juez ni para promover una nueva apreciación
del material probatorio. Admitir lo contrario implicaría desconocer el carácter excepcional
del mecanismo y vaciar de contenido el principio de cosa juzgada que ampara las
decisiones judiciales ejecutoriadas.

37. En conclusión, la recurrente no acreditó una nulidad originada en la sentencia ni una
afectación sustancial del debido proceso en los términos exigidos por el numeral 5.° del
artículo 250 del CPACA, en consecuencia, el recurso extraordinario de revisión se
declarará infundado.

Condena en costas

38. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00323-00 (2405-2025)
Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

39. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena a la accionante en favor de la
Unidad Administrativa Especial (UAE) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), las cuales deberán liquidarse por secretaría de la sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Alba Lucía Rojas Orozco contra la sentencia de segunda instancia proferida
el 24 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 11001-33-42-047-2021-00040-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la señora Alba Lucía Rojas Orozco en favor de la
Unidad Administrativa Especial (UAE) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas
las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00323-00 (2405-2025)
Demandante: Alba Lucía Rojas Orozco

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