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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00147-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00147-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Rubén Dario Medina Gallego contra la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 70001-33-33-005-2018- 00369-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Rubén Dario Medina Gallego en favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00147-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión

Radicación : 11001-03-25-000-2025-00147-00 (1120-2025)
Demandante : Rubén Dario Medina Gallego
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Rubén Dario
Medina Gallego contra la sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre.1

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. Rubén Dario Medina Gallego presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 02952 del 13 de junio de 2018,
mediante la cual el director general de la Policía Nacional dispuso su retiro del servicio
activo por voluntad discrecional.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al servicio activo en el
cargo que ocupaba o en otro de igual o superior categoría, con el reconocimiento de la
antigüedad correspondiente, el pago de salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir desde la fecha del retiro, así como su ascenso al grado
inmediatamente superior, la indemnización de los perjuicios ocasionados y la condena
en costas.

3. El demandante destacó que ingresó a la Policía Nacional el 31 de agosto de 2002 con
el grado de patrullero y que desarrolló una destacada carrera institucional, durante la cual
ascendió al grado de intendente, obtuvo múltiples felicitaciones, condecoraciones y

1 Decisión suscrita por los magistrados Silvia Rosa Escudero Barboza, César Enrique Gómez Cárdenas y Viviana

Mercedes López Ramos.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00147-00 (1120-2025)
Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

reconocimientos, y recibió calificaciones de desempeño en rango superior. Señaló que
su retiro se fundamentó en anotaciones negativas registradas en su hoja de vida durante
los años 2016, 2017 y 2018, así como en una denuncia por presunta violencia intrafamiliar
presentada por su excompañera sentimental, quien posteriormente manifestó que la
formuló en un momento de alteración emocional.

4. Sostuvo que el acto acusado se encontraba afectado por falsa motivación y desviación
de poder, pues la decisión no obedeció a razones objetivas del servicio ni consultó
integralmente sus antecedentes laborales y profesionales. Afirmó que los registros
negativos invocados por la administración ya habían sido valorados en sus evaluaciones
de desempeño, las cuales fueron satisfactorias, y que la decisión estuvo influenciada por
una información sesgada derivada de la mencionada denuncia. En consecuencia, alegó
la vulneración de los principios de confianza legítima, debido proceso, contradicción e
igualdad y solicitó la nulidad del acto de retiro y su consecuente reintegro al servicio.

5. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de
la demanda y resaltó que el acto acusado se ajustaba a la Constitución y a la ley. Indicó
que el retiro del demandante se produjo en ejercicio de la facultad discrecional prevista
en el Decreto 1791 de 2000 y en la Resolución Ministerial 0162 del 27 de febrero de 2002,
previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación contenida en el Acta 007
APROP-GRUPE del 24 de mayo de 2018. Señaló que dicha recomendación obedeció a
razones objetivas relacionadas con el mejoramiento del servicio, la pérdida de confianza
institucional y la protección del buen nombre de la Policía Nacional, para lo cual se
valoraron la trayectoria del actor, las anotaciones registradas en su hoja de vida y demás
antecedentes que evidenciaban comportamientos contrarios a los fines misionales de la
institución. Agregó que esta modalidad de retiro constituye una causal autónoma que no
exige el adelantamiento de un proceso disciplinario previo y que el demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado.

6. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante sentencia del 28
de abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Luego de examinar el régimen
jurídico del retiro discrecional en la Policía Nacional y la jurisprudencia constitucional2 y
de unificación del Consejo de Estado3 sobre la materia, concluyó que la Resolución 02952
del 13 de junio de 2018 fue expedida por autoridad competente, con fundamento en la
recomendación previa de la Junta de Evaluación y Clasificación y en ejercicio de la
facultad discrecional prevista en los artículos 55 y 62 del Decreto 1791 de 2000 y 4.º de
la Ley 857 de 2003. Consideró que dicha facultad debe ejercerse con observancia de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad y que, en el caso concreto, la decisión
estuvo sustentada en razones objetivas relacionadas con el mejoramiento del servicio.

7. El Juzgado advirtió que, si bien el actor registraba una trayectoria destacada, con
calificaciones de desempeño en rango superior, felicitaciones y condecoraciones, tales
circunstancias no le otorgaban un fuero de estabilidad ni impedían el ejercicio de la

2 Sentencias C-525 de 1995, C-253 de 2003 y C-179 de 2006 de la Corte Constitucional.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 68001-23-15-000-2001-01079-02

(2190-10); y sentencia de unificación del 7 de abril de 2022, Rad. 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-16), CE-
SUJ-SII-026-2022).
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Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

facultad discrecional de retiro. Encontró acreditadas diversas anotaciones negativas en
su hoja de vida, observaciones relacionadas con su desempeño, incumplimiento de
compromisos institucionales, resultados insatisfactorios en actividades de capacitación y
una investigación disciplinaria sancionada con multa, elementos que, junto con la
denuncia por presunta violencia intrafamiliar valorada por la Junta de Evaluación y
Clasificación, constituían fundamentos objetivos para recomendar su desvinculación.
Concluyó que el accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado ni demostrar que la decisión hubiera sido arbitraria, irrazonable o producto de
desviación de poder, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.

8. El demandante apeló la decisión de primera instancia al argumentar que el Juzgado
valoró de manera parcial el material probatorio, comoquiera que omitió considerar que
durante toda su trayectoria institucional obtuvo calificaciones de desempeño en rango
superior, múltiples felicitaciones y condecoraciones, circunstancias que evidenciaban un
desempeño sobresaliente y desvirtuaban la afirmación según la cual su trayectoria
policial había sido insatisfactoria. Solicitó la aplicación de precedentes del Tribunal
Administrativo de Sucre4 en los que se había otorgado relevancia al predominio de las
anotaciones positivas sobre las negativas registradas en la hoja de vida de los
uniformados. Afirmó que la recomendación de retiro y el acto acusado se fundamentaron
principalmente en una denuncia por violencia intrafamiliar que posteriormente fue
desmentida por la propia denunciante, así como en algunas anotaciones negativas de los
años 2016 y 2017 que ya habían sido ponderadas en las respectivas evaluaciones de
desempeño, sin afectar las calificaciones obtenidas por él.

9. Alegó que la Policía Nacional incurrió en falsa motivación, abuso o desviación de poder
y vulneración de los derechos al debido proceso, defensa, presunción de inocencia y
confianza legítima, al utilizar hechos que no reflejaban la realidad y omitir valorar
integralmente los registros positivos contenidos en su hoja de vida. Añadió que la facultad
discrecional de retiro, aun cuando es constitucionalmente válida, debía ejercerse con
observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y sustentarse en
razones objetivas vinculadas al mejoramiento del servicio, requisitos que, a su juicio, no
se cumplieron en el caso concreto, razón por la cual solicitó revocar la sentencia apelada
y acceder a las pretensiones de la demanda.

10. El Tribunal Administrativo de Sucre,5 mediante sentencia del 12 de marzo de 2025,
confirmó la decisión apelada. Precisó que el caso debía resolverse conforme a las reglas
fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-026-2022 del
7 de abril de 2022, razón por la cual descartó la aplicación de algunos precedentes
invocados por el apelante que fueron proferidos con anterioridad a dicho
pronunciamiento. A partir de ese marco jurisprudencial, concluyó que la recomendación
de retiro emitida por la Junta de Evaluación y Clasificación se encontraba respaldada en
elementos objetivos que permitían inferir una afectación del servicio y una pérdida de
confianza institucional, derivadas de los antecedentes registrados en la hoja de vida del
actor y de los hechos valorados por la administración al momento de adoptar la decisión.

4 Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Descongestión, Rad. 70001-33-33-004-2009-00114-01; Sala
Primera de Descongestión, Rad. 70001-33-33-002-2009-00133-01.
5 Sentencia que fue notificada mediante correo electrónico remitido el 28 de marzo de 2025.

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Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

11. El Tribunal también señaló que, aunque no obraba prueba de la entrega al interesado
de la recomendación de la Junta y de sus soportes al momento de la notificación del acto
de retiro, tal circunstancia no tenía la entidad suficiente para invalidar la decisión, pues
del análisis integral del expediente se evidenciaba que la medida satisfacía los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia de unificación.
Asimismo, rechazó los argumentos relacionados con la falsa motivación, la desviación de
poder y la vulneración del debido proceso, al considerar que el retiro discrecional
constituye una potestad autónoma de la administración que no exige el adelantamiento
de un proceso disciplinario previo y que las calificaciones sobresalientes, felicitaciones y
condecoraciones del actor no impedían el ejercicio legítimo de esa facultad cuando
existían razones objetivas asociadas al mejoramiento del servicio.

Demanda del recurso extraordinario de revisión6

12. El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del
12 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, con fundamento
en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Sostuvo que las
decisiones de primera y segunda instancia inobservaron los parámetros legales previstos
en el Decreto 1800 de 2000, omitieron valorar pruebas determinantes para resolver la
controversia, entre ellas los formularios de evaluación y seguimiento del desempeño
laboral, las calificaciones obtenidas en rango superior durante toda su trayectoria
institucional, las felicitaciones y condecoraciones registradas en su hoja de vida, así como
el escrito mediante el cual Sandra Milena Burgos aclaró y se retractó de las acusaciones
de violencia intrafamiliar formuladas en su contra. Afirmó que los jueces otorgaron un
alcance indebido a las anotaciones negativas consignadas en su hoja de vida, pese a
que estas ya habían sido ponderadas dentro de las evaluaciones de desempeño que lo
ubicaron en rango superior.

13. Agregó que las autoridades judiciales desconocieron las reglas fijadas por la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-026-2022 del 7 de abril de 2022, al no verificar
adecuadamente la proporcionalidad y razonabilidad del retiro discrecional, no valorar
integralmente los antecedentes laborales, disciplinarios y personales que antecedieron a
la desvinculación y omitir que la Policía Nacional no le entregó copia de la recomendación
de la Junta de Evaluación y Clasificación ni de sus soportes al momento de la notificación
del acto de retiro. Adujo como prueba sobreviniente la constancia de archivo de la
investigación penal originada en la denuncia por violencia intrafamiliar, la cual, según
afirmó, evidenciaba que la decisión administrativa y los fallos cuestionados se
sustentaron en hechos posteriormente desvirtuados. Con fundamento en tales
circunstancias, solicitó dejar sin efectos la sentencia objeto de revisión por estimar
configurada una nulidad originada en dicha providencia.

Contestación del recurso

6 Radicada el 23 de abril de 2025.

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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00147-00 (1120-2025)
Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

14. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión, al exponer que no se configuró la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Explicó que el recurrente no identificó ni
demostró una nulidad originada en la sentencia, sino que reiteró inconformidades
relacionadas con la valoración probatoria y con las conclusiones adoptadas por los jueces
de instancia, aspectos que no son susceptibles de debate mediante el recurso
extraordinario de revisión. Señaló que las sentencias de primera y segunda instancia
analizaron integralmente el material probatorio obrante en el expediente, incluida la
información relacionada con la denuncia por violencia intrafamiliar formulada por Sandra
Milena Burgos, concluyendo que esta no constituyó el fundamento exclusivo ni
determinante del retiro, el cual obedeció al estudio integral de la hoja de vida del
demandante, sus anotaciones de seguimiento, antecedentes disciplinarios y demás
elementos considerados por la Junta de Evaluación y Clasificación para establecer la
pérdida de confianza institucional y la necesidad de mejorar el servicio.

15. Manifestó que la supuesta omisión probatoria alegada por el recurrente fue
examinada y resuelta expresamente en las sentencias objeto de revisión, por lo que se
pretende reabrir un debate propio de las instancias ordinarias y convertir la revisión en
una tercera instancia. Afirmó que no se acreditó ninguno de los supuestos que permiten
configurar una nulidad originada en la sentencia, ni se demostró la existencia de un vicio
grave ocurrido al momento de proferirla.

16. Finalmente, destacó que el acto de retiro fue expedido con observancia del régimen
especial aplicable a la Policía Nacional, previa recomendación de la Junta de Evaluación
y Clasificación, sustentado en razones objetivas relacionadas con la pérdida de confianza
y el mejoramiento del servicio, y conforme a los criterios fijados por la jurisprudencia
constitucional y contencioso-administrativa sobre la facultad discrecional de retiro, razón
por la cual solicitó mantener incólumes las decisiones judiciales cuestionadas y condenar
en costas al recurrente.

Ministerio Público

17. El procurador delegado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado7 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.

7 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por el demandante
contra la sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
esto es, si configuran una nulidad originada en dicha providencia por vulneración del
debido proceso derivada de la presunta omisión en la valoración de pruebas relevantes,
el desconocimiento de reglas fijadas por el Consejo de Estado y la supuesta falta de
análisis integral de los antecedentes laborales, disciplinarios y personales del
demandante.

Análisis

20. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto el
recurrente no identificó un vicio originado en la sentencia del 12 de marzo de 2025, sino
que expresó su inconformidad con las conclusiones a las que arribó el Tribunal
Administrativo de Sucre al valorar las pruebas del proceso y al aplicar las reglas fijadas
en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-026-2022 para examinar la legalidad del retiro
discrecional. En consecuencia, los reparos formulados pretenden reabrir el debate
probatorio y jurídico propio del proceso ordinario, finalidad ajena a la naturaleza
excepcional del recurso extraordinario de revisión, como pasa a explicarse.

21. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.

22. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.

23. Esta corporación8 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que

8 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre

de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00147-00 (1120-2025)
Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.

24. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, «admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia9 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.»10. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.

25. Cuando la nulidad alegada se sustenta en la vulneración del debido proceso,
corresponde al juez verificar si el hecho invocado reviste la entidad suficiente para afectar
la validez de la providencia judicial, esto es, si se trata de una irregularidad sustancial y
determinante.

26. Bajo este entendimiento, esta corporación ha reiterado que el recurso extraordinario
de revisión no fue instituido para corregir eventuales errores de hecho o de derecho
derivados de la valoración probatoria o de la interpretación normativa. En consecuencia,
este mecanismo excepcional no resulta procedente cuando se pretende cuestionar que
el juez “realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal.”,11 pues tales aspectos no configuran, por sí
mismos, una nulidad originada en la sentencia.

27. En el caso concreto, el recurrente invocó la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA al considerar que los jueces de instancia omitieron valorar
integralmente pruebas relevantes relacionadas con su desempeño institucional,
desconocieron los parámetros previstos en el Decreto 1800 de 2000 y las reglas fijadas
por la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-026-2022 del 7 de abril de 2022, y otorgaron
un alcance indebido a las anotaciones negativas registradas en su hoja de vida, pese a
que estas ya habían sido consideradas en sus evaluaciones de desempeño. También
cuestionó que no se hubiera valorado adecuadamente la retractación de la señora Sandra

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-

00440-00.
10 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01

(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00147-00 (1120-2025)
Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

Milena Burgos ni la falta de entrega de la recomendación de la Junta de Evaluación y
Clasificación y sus soportes al momento de la notificación del acto de retiro.

28. De conformidad con la naturaleza y el objeto del recurso extraordinario de revisión,
en esta oportunidad corresponde a la Sala únicamente determinar si la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en alguno de
los vicios graves e insubsanables que configuran la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, esto es, si contiene una nulidad originada en la providencia
misma que puso fin al proceso. En tal sentido, no procede examinar las eventuales
irregularidades atribuidas a la decisión de primera instancia, por cuanto el objeto del
recurso se restringe a la revisión de la decisión definitiva e inapelable que resolvió el
litigio.

29. Precisado lo anterior, la Sala advierte que los cuestionamientos del recurrente
evidencian una discrepancia con la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas
adoptadas por el Tribunal Administrativo de Sucre, mas no la configuración de una
nulidad originada en la sentencia. En efecto, sus reproches se dirigen a controvertir la
forma en que fueron apreciadas las pruebas, entre estas, las evaluaciones y
seguimientos de desempeño, las calificaciones obtenidas en rango superior, las
felicitaciones y condecoraciones registradas en su hoja de vida, las anotaciones
negativas consignadas en esta, la retractación de la señora Sandra Milena Burgos y la
constancia de archivo de la investigación penal, así como las conclusiones a las que
arribó el Tribunal al aplicar las reglas fijadas en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
026-2022 para examinar la razonabilidad y proporcionalidad del retiro discrecional.

30. En otras palabras, el recurrente pretende reabrir el debate probatorio y jurídico que
fue objeto de análisis dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho, finalidad ajena a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de
revisión. Sin embargo, tal como se anticipó, el recurso extraordinario de revisión no
constituye una instancia adicional para controvertir el acierto de la interpretación jurídica
adoptada por el juez ni para promover una nueva apreciación del material probatorio.
Admitir lo contrario implicaría desconocer el carácter excepcional del mecanismo y vaciar
de contenido el principio de cosa juzgada que ampara las decisiones judiciales
ejecutoriadas.

31. En cuanto al reproche relacionado con el presunto desconocimiento de la sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-026-2022, la Sala resalta que la eventual inobservancia del
precedente tampoco constituye, por sí sola, una nulidad originada en la sentencia
susceptible de ser examinada a través de la causal prevista en el numeral 5.° del artículo
250 del CPACA.

32. Así las cosas, los reproches del recurrente no tienen vocación de prosperidad, pues
los argumentos expuestos no evidencian la existencia de una nulidad originada en la
sentencia, sino que se dirigen a cuestionar aspectos ajenos al ámbito de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión se declarará infundado.

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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00147-00 (1120-2025)
Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

Condena en costas

33. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

34. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, las cuales deberán liquidarse por
secretaría de la sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Rubén Dario Medina Gallego contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 12 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 70001-33-33-005-2018-
00369-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Rubén Dario Medina Gallego en favor de la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas
las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00147-00 (1120-2025)
Demandante: Rubén Dario Medina Gallego

Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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