Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00248-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00248-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00248-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00248-00 (3031-2023)
Demandante : Víctor Alfonso Fuentes Vargas
Demandado : Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara fundado el recurso extraordinario de revisión. Se
configuró una nulidad originada en la sentencia de segunda
instancia por vulneración del debido proceso.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Víctor Alfonso
Fuentes Vargas contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.1
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Víctor Alfonso Fuentes Vargas presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de que se declarara la nulidad de los fallos disciplinarios del 10
de enero de 2017, proferido por el jefe de Control Disciplinario Interno del Departamento
de Policía de Cundinamarca (DECUN), y del 27 de enero del mismo año, expedido por el
inspector delegado Región de Policía Núm. 1, mediante los cuales se le impuso sanción
de destitución e inhabilidad general por 10 años, así como de la Resolución 1531 del 10
de abril de 2017, que ejecutó dicha sanción.
2. A título de restablecimiento, solicitó condenar a la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional a reintegrarlo en el grado que ostentaba al momento de su
desvinculación o al inmediatamente superior si cumplía los requisitos; y al pago de
salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde su retiro hasta el reintegro, con
indexación e intereses moratorios.
3. El demandante ingresó a la Policía Nacional el 14 de marzo de 2005 y fue dado de alta
como patrullero mediante Resolución 03050 del 25 de agosto de 2005, acumulando más
de 13 años de servicio, durante los cuales recibió 39 felicitaciones y 5 condecoraciones.
Por hechos ocurridos el 26 de octubre de 2014, la Oficina de Control Disciplinario Interno
1 Decisión suscrita por los magistrados Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, Jaime Alberto Galeano Garzón y Patricia
Victoria Manjarrés Bravo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00248-00 (3031-2023)
Demandante: Víctor Alfonso Fuentes Vargas
del Departamento de Policía de Cundinamarca (DECUN) inició indagación preliminar el
29 de octubre de 2014 y, posteriormente, el 10 de enero de 2017 se le impuso la sanción
de destitución e inhabilidad general por 10 años por infringir la Ley 1015 de 2006 (art.
34.4), decisión que fue confirmada en segunda instancia el 27 de enero de 2017.
4. Sostuvo que el trámite disciplinario estuvo viciado por irregularidades que afectaron el
debido proceso y el derecho de defensa, tales como la presunta falta de comunicación
de la práctica de pruebas testimoniales, la prolongación indebida de la indagación
preliminar y la realización de audiencias sin asistencia técnica efectiva.
5. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional se opuso a las pretensiones al
sostener que no se configuraron las causales de nulidad invocadas, toda vez que los
fallos disciplinarios fueron proferidos por autoridad competente, con sujeción al marco
normativo aplicable y con respeto de las garantías del debido proceso. Señaló que la
actuación no fue desproporcionada ni vulneró derecho fundamental alguno y que el
demandante pretende reabrir la discusión probatoria agotada en las instancias
disciplinarias, pese a que contó con defensa técnica y con la posibilidad de solicitar,
aportar y controvertir pruebas, así como de presentar alegatos. En cuanto al cargo de
falsa motivación, afirmó que los actos acusados se fundamentaron en una valoración
integral del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, lo que condujo a
declarar la responsabilidad disciplinaria. Finalmente, propuso las excepciones de
caducidad, legalidad del acto administrativo y la genérica.
6. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Zipaquirá, mediante sentencia del 3 de julio
de 2019, accedió a las pretensiones, declaró la nulidad parcial de las decisiones
disciplinarias en lo relativo al señor Fuentes Vargas y ordenó su reintegro al cargo que
desempeñaba al momento de la desvinculación o al grado inmediatamente superior si
reunía los requisitos, junto con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir,
debidamente indexadas. Para fundamentar su decisión, realizó un análisis integral del
trámite disciplinario y concluyó que las declaraciones juramentadas decretadas en el auto
de indagación preliminar del 29 de octubre de 2014 fueron practicadas el 4 de noviembre
siguiente sin que existiera prueba de su comunicación o notificación al investigado, lo que
vulneró su derecho de defensa y contradicción. Señaló que tales testimonios, además de
constituir el soporte central de la sanción, resultaban ilegales por haberse obtenido con
desconocimiento del debido proceso y que, excluidas dichas pruebas, el material
probatorio restante no permitía acreditar la responsabilidad disciplinaria; incluso,
valoradas en conjunto, no conducían a la certeza sobre la comisión de la conducta
imputada.
7. La entidad demandada interpuso recurso de apelación al sostener que el disciplinado
fue debidamente notificado de las pruebas practicadas el 4 de noviembre de 2014, quien
no compareció a la diligencia, y que, si bien tales testimonios fueron valorados para
adoptar la decisión, ni él ni su apoderado formularon objeción alguna en la oportunidad
procesal correspondiente, lo que evidenciaría su conformidad con el recaudo probatorio.
Añadió que la autoridad disciplinaria valoró integralmente la prueba testimonial y encontró
acreditada la comisión de la falta consistente en solicitar o recibir dádivas para omitir un
procedimiento policial, sin que los hechos expuestos por el quejoso hubieran sido
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desvirtuados en el trámite disciplinario. En consecuencia, afirmó que los actos acusados
no vulneraron norma alguna ni desconocieron el debido proceso o el derecho de defensa.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 29 de abril de 2022,2 revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, declaró probada la excepción de acto no susceptible de control judicial respecto de
la Resolución 1531 del 10 de abril de 2017 y negó las demás pretensiones. Sostuvo que,
a partir de una valoración integral y razonada del material probatorio recaudado en sede
disciplinaria, se encontraba acreditado que Víctor Alfonso Fuentes Vargas recibió una
dádiva de un ciudadano que conducía en estado de embriaguez con el fin de omitir el
procedimiento policial correspondiente (comparendo), lo que configuró la falta gravísima
imputada. Asimismo, concluyó que no se vulneraron el debido proceso ni el derecho de
defensa, pues el actor fue notificado de las actuaciones, contó con oportunidad de
contradicción y la defensa técnica no era obligatoria en el régimen aplicable, sin que
hubiera demostrado haber solicitado defensor de oficio; además, posteriormente designó
apoderado. Finalmente, precisó que el juez de lo contencioso administrativo no puede
actuar como tercera instancia para reabrir la discusión probatoria ya surtida en el trámite
disciplinario.
Demanda del recurso extraordinario de revisión3
9. El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en el
numeral 5.º del artículo 250 del CPACA y solicitó declarar la nulidad de la sentencia de
segunda instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 25899-33-33-001-2018-00028-01, con el propósito de que se profiera un fallo
de reemplazo que restablezca sus garantías procesales. En síntesis, alegó que se
configura una nulidad originada en la providencia por falta de motivación y falsa
motivación, así como por vulneración del debido proceso, al revocarse la sentencia del 3
de julio de 2019 sin desvirtuar el raciocinio del a quo respecto de un defecto sustancial
del trámite disciplinario, consistente en la inexistencia de prueba de que se le hubiera
comunicado la fecha y hora de la práctica de las declaraciones decretadas en la
indagación preliminar (practicadas el 4 de noviembre de 2014), lo que le impidió asistir y
controvertirlas y convirtió dichas pruebas en ilegales por violación del debido proceso.
10. Añadió que el Tribunal confundió la notificación del auto de apertura de indagación
preliminar con la notificación y/o comunicación de la práctica de las pruebas, e incluso
afirmó (en especial al aludir al 31 de octubre de 2014) que la decisión probatoria se
notificó para garantizar contradicción, pese a que en el expediente no existe constancia
de comunicación del día y hora ni del envío de correo correspondiente. Cuestionó que el
ad quem sostuviera que no hubo una “vigorosa actividad probatoria” y que no era posible
un análisis crítico distinto del disciplinario, sin explicar por qué el examen detallado
realizado por el Juzgado (incluido el cuadro comparativo) no se ajustaba a la realidad.
Contestación del recurso
2 La sentencia fue notificada por correo electrónico el 2 de mayo de 2022.
3 Radicada el 10 de mayo de 2023.
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Demandante: Víctor Alfonso Fuentes Vargas
11. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Ministerio Público guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado4 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
13. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por el demandante
contra la sentencia del 29 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, se enmarcan en la causal prevista en
el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, esto es, si configuran una nulidad originada
en la sentencia por vulneración del debido proceso.
Análisis del problema jurídico
14. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto no se
configura la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA. En efecto, no
se evidencia la existencia de una nulidad originada en la sentencia objeto de revisión, en
tanto la providencia no carece de motivación absoluta y se sustenta en la valoración
integral del material probatorio, sin que se advierta la configuración de un defecto de tal
entidad que comprometa de manera sustancial el debido proceso. En esa medida, los
reproches formulados por el recurrente se circunscriben a cuestionar la apreciación
probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas por el Tribunal, aspectos que son
propios del debate de instancia y no son susceptibles de examen a través de este
mecanismo extraordinario, como se explica a continuación.
15. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas cuando se configuran situaciones extraordinarias que afectan
de manera sustancial la justicia material de la decisión. Su finalidad es restablecer dicha
justicia frente a vicios o errores graves que no pudieron debatirse dentro del proceso
ordinario y que, por su entidad, justifican la superación del principio de cosa juzgada. En
ese sentido, no se trata de una tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate
jurídico o probatorio previamente resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a
supuestos de extrema relevancia que comprometen garantías constitucionales
fundamentales, como el debido proceso o la tutela judicial efectiva.
4 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Víctor Alfonso Fuentes Vargas
16. En particular, el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
17. Esta corporación5 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
18. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, “admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia6 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.”7. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
19. Cuando la nulidad alegada se sustenta en la vulneración del debido proceso,
corresponde al juez verificar si el hecho invocado reviste la entidad suficiente para afectar
la validez de la providencia judicial, esto es, si se trata de una irregularidad sustancial y
determinante.
20. Bajo este entendimiento, esta corporación ha reiterado que el recurso extraordinario
de revisión no fue instituido para corregir eventuales errores de hecho o de derecho
derivados de la valoración probatoria o de la interpretación normativa. En consecuencia,
este mecanismo excepcional no resulta procedente cuando se pretende cuestionar que
el juez “realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
5 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-
00440-00.
7 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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Demandante: Víctor Alfonso Fuentes Vargas
escapan al ámbito de la aludida causal.”,8 pues tales aspectos no configuran, por sí
mismos, una nulidad originada en la sentencia.
21. En el caso concreto, el recurrente invocó la causal prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA al considerar que la sentencia de segunda instancia adolece de
una nulidad por falta de motivación y falsa motivación, así como por vulneración del
debido proceso. En concreto, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocó la decisión del Juzgado de primera instancia, que había accedido a sus
pretensiones, con fundamento en un supuesto fáctico que no cuenta con respaldo
probatorio dentro del expediente, comoquiera que tuvo por acreditada la comunicación al
disciplinado de la práctica de las declaraciones testimoniales decretadas en la indagación
preliminar, cuando en realidad no existe constancia de que se le hubiera informado la
fecha y hora de dicha diligencia. A su juicio, esta circunstancia condujo a un error en la
valoración probatoria que desconoció su derecho de defensa y contradicción, pues la
decisión se apoyó en la notificación del auto que decretó las pruebas y no en la citación
a la audiencia en la que estas fueron practicadas.
22. Al analizar dichos planteamientos, la Sala observa que, en relación con los cargos de
falta o falsa motivación de la sentencia objeto de revisión, esta corporación9 ha sido
consistente en señalar que la nulidad originada en la sentencia solo se configura cuando
existe una ausencia absoluta de motivación, esto es, la carencia total de razones de
hecho o de derecho que sustenten la decisión. Por el contrario, la motivación deficiente,
insuficiente o incluso errada no habilita el recurso extraordinario de revisión, pues no
constituye una instancia adicional para controvertir el razonamiento del juez.
23. Bajo ese entendimiento, no tiene vocación de prosperidad el reproche del recurrente
en cuanto a la presunta falta o falsa motivación, pues esos argumentos no estructuran la
configuración de la causal invocada. En efecto, como se anticipó, las deficiencias en la
motivación derivadas de una supuesta indebida apreciación probatoria o de un
desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada no configuran la causal prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 del CPACA. Aunado a ello, no puede predicarse una ausencia
absoluta de motivación de la providencia objeto del presente recurso, en tanto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca expuso las razones fácticas y jurídicas que sustentaron
su decisión. En consecuencia, los cuestionamientos dirigidos a controvertir la valoración
probatoria o la solidez de la motivación escapan al ámbito propio del recurso
extraordinario de revisión.
24. De otra parte, en cuanto a la alegada vulneración del debido proceso por la supuesta
irregularidad en la práctica de las declaraciones del 4 de noviembre de 2014, la Sala
advierte que no se configura una nulidad con la entidad exigida por la causal invocada.
En efecto, de la lectura integral de la sentencia objeto de revisión se desprende que el
Tribunal no estructuró su decisión sobre la premisa de que existiera una comunicación
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01
(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
9 Ver entre otras, las sentencias proferidas por el Consejo de Estado que datan del 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-
03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); del 16 de junio de 2025, Rad. 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168); y del 5
de febrero de 2026, Rad. 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022).
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Demandante: Víctor Alfonso Fuentes Vargas
formal de la práctica de dichas diligencias, ni tuvo por acreditado un hecho inexistente en
el expediente. Por el contrario, partió de la notificación del auto de apertura de la
indagación preliminar y, a partir de ello, realizó un análisis integral de las actuaciones
disciplinarias, concluyendo que al investigado se le garantizaron las oportunidades de
defensa y contradicción.
25. Asimismo, la decisión del Tribunal no se sustentó de manera exclusiva en las
declaraciones practicadas el 4 de noviembre de 2014, sino en la valoración integral del
material probatorio recaudado en el trámite disciplinario, a partir de la cual concluyó
que existía certeza sobre la comisión de la conducta investigada y que no se configuraban
las irregularidades advertidas por el juez de primera instancia.
26. En ese orden, no se advierte la configuración de un error ostensible, flagrante y
determinante en la valoración probatoria que permita afirmar que la sentencia se edificó
sobre un supuesto fáctico inexistente o carente de respaldo probatorio. Por el contrario,
lo que plantea el recurrente corresponde a una discrepancia con la apreciación probatoria
realizada por el Tribunal, aspecto que, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación, no es susceptible de ser examinado a través del recurso extraordinario de
revisión.
27. En consecuencia, al no acreditarse una nulidad originada en la sentencia ni una
afectación sustancial del debido proceso en los términos exigidos por el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión carece de fundamento y,
por tanto, será declarado infundado.
Condena en costas
28. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
29. En ese sentido, en el caso concreto procedería la imposición de costas al actor, dado
que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, al no
haberse acreditado su causación, toda vez que la parte accionada no intervino en el
trámite del proceso, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Víctor Alfonso Fuentes Vargas contra la sentencia del 29 de abril de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00248-00 (3031-2023)
Demandante: Víctor Alfonso Fuentes Vargas
E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25899-33-33-
001-2018-00028-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Víctor Alfonso Fuentes Vargas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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