Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00101-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-26-000-2020-00101-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00101-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2020-00101-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – las
causales del recurso extraordinario de revisión son taxativas y de interpretación restrictiva.
CAUSAL 5ª DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA: nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso – presupuestos para su configuración. POR FALTA DE MOTIVACIÓN – se presenta
en caso de carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando esta se basa en circunstancias
manifiestamente erróneas, arbitrarias o caprichosas. POR VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA – se presenta cuando existe disparidad protuberante entre lo pedido, lo
debatido y lo probado. POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
EN MATERIA DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – los cambios o giros de la
jurisprudencia se aplican, por regla general, de forma retrospectiva (inmediata), salvo que dentro
del fallo de unificación se fijen efectos diferentes. POR FALSA MOTIVACIÓN – no configura la
causal de nulidad originada en la sentencia. DECLARA INFUNDADO – No se acredita la falta
de motivación, ni la vulneración del principio de congruencia y el desconocimiento del
precedente y la falsa motivación no constituyen un vicio formal de la sentencia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia1 el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Horacio Secué Muelas y otros contra la sentencia proferida el 20 de junio de
2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de reparación
directa identificado con radicado núm. 19001-33-31-004-2014-00156-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 9 de abril de 2014, Horacio Secué Muelas y su grupo familiar presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, para que fueran declaradas
administrativamente responsables por los daños ocasionados por la privación de la
libertad de Horacio Sucué Muelas. El 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Cuarto
1 Artículos 243, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -1 de octubre de 2020-, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del C.G.P, en virtud de la
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
1
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
Administrativo del Circuito de Popayán accedió a las pretensiones de la demanda.
La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial apelaron el fallo. El 20 de junio
de 2019, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la decisión.
La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca. Afirmó que se materializó la causal
5ª de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), es decir, la “nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso”, específicamente, por falta de motivación,
vulneración del principio de congruencia, desconocimiento del precedente judicial y
falsa motivación.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión
Los recurrentes indicaron que el 26 de abril de 2012, con ocasión de un operativo
de control policial iniciado en virtud de una denuncia ciudadana, Horacio Secué
Muelas fue capturado en flagrancia, cuando retiraba elementos hurtados de una
residencia y los cargaba en un camión.
Señalaron que el 27 de abril de 2012, en la audiencia de legalización de captura, el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán le imputó a Horacio Secué Muelas el
delito de receptación. Indicaron que en la misma diligencia Horacio Secué Muelas
aceptó los cargos y se le impuso medida de aseguramiento, consistente en
detención preventiva.
Refirieron que el 26 de septiembre de 2012, Horacio Secué Muelas se retractó de
la aceptación de cargos.
Indicaron que el 12 de septiembre de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Popayán decretó la preclusión de la investigación, con fundamento en la
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, y ordenó la libertad del
imputado.
Manifestaron que el 9 de abril de 20142, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial, para que fueran declaradas administrativamente
responsables por los daños ocasionados con la privación de la libertad.
2 SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. ECF0613D87ADF8D3 EC5BEB26627C3697
E506AE9D363DB8E7 40F78D65C3381392.
2
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
Afirmaron que el 30 de septiembre de 20153, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Popayán declaró la responsabilidad administrativa por privación injusta
de la libertad, con fundamento en el título de imputación de daño especial.
Anotaron que, apelada la decisión por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación4, el 20 de junio de 20195, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó el fallo
de primera instancia, porque consideró que en la detención preventiva de Horacio
Secué Muelas se cumplieron los supuestos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004,
toda vez que el delito de receptación tenía una pena mínima que excedía los 4 años
de prisión, y existía una inferencia razonable de que Secué Muelas era el autor de
la infracción imputada, pues en su momento aceptó los cargos.
2. El recurso extraordinario de revisión
El 1 de octubre de 20206, Horacio Secué Muelas, María Eugenia Vargas Soscue,
María Alejandra Secué Vargas, Nikol Daniela Secué Vargas, Yessica Vanessa
Secué Vargas, Meicer Horacio Secué Vargas, Yina Marcela Secué Vargas, Junior
Jaminton Secué Vargas, Ana Elvia Muelas, Ana Nancy Secué Muelas, Gloria Secué
Muelas, Duby Secué Muelas, Luz Amparo Secué Muelas, Olimpo Secué Muelas y
Leider Secué Muelas formularon recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca.
Invocaron la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir, por “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.
En sustento, afirmaron que la sentencia recurrida incurrió en las irregularidades que
se concretan a continuación:
(i) Falta de motivación, porque el fallo omitió pronunciarse sobre los requisitos de
procedencia de la medida de aseguramiento previstos en los artículos 295, 308 y
310 de la Ley 906 de 2004, dentro de los cuales no se encuentra la aceptación de
cargos por parte del imputado.
(ii) Vulneración del principio de congruencia, porque la providencia no se pronunció
sobre el argumento de la demanda, según el cual los medios de prueba del proceso
penal no eran suficientes para decretar la medida de aseguramiento. Asimismo,
porque se pronunció sobre la culpa exclusiva de la víctima, que no había sido
debatida, ni probada dentro del proceso.
3 SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. 1387F11F4269C1E1 08EBAAE3F6C388CB
A017209289292AED 3B45F70B9AB3CEFA.
4 SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. 1387F11F4269C1E1 08EBAAE3F6C388CB
A017209289292AED 3B45F70B9AB3CEFA.
5 SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. D9CB8A47927CEAAD29212718EF390669
52803917A658B93F 551CE65B17E3DBAE.
6 SAMAI, Índice 2, documento con certificado núm. 7932D6E6F8FE7D22 F08779DC2594A6ED
4A418305DB196C0E EBC2579B4874692B.
3
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
(iii) Desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque la jurisprudencia
aplicable a Horacio Secue Muelas era la providencia de unificación proferida el 17
de octubre de 2013 por la Sección Tercera de la Corporación, dentro del expediente
núm. 23354, vigente para la época de los hechos, y no la sentencia proferida el 15
de agosto de 2018 por la misma Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
expediente núm. 46.947.
(iv) Falsa motivación, por cuanto la decisión recurrida declaró la culpa de la víctima
con sustento en la sentencia proferida el 24 de octubre de 2016 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente núm. 43.470.
En consecuencia, solicitaron declarar la nulidad de la decisión enjuiciada y, en su
lugar, dejar en firme la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2015 por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, en la que se declaró la
privación injusta de la libertad.
3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
El 7 de abril de 20217 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
notificar a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, así como al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3.1. El 10 de mayo de 20218, el Ministerio Público solicitó que el recurso
extraordinario de revisión se declarara infundado, porque no se configuró la causal
5ª del artículo 250 del CPACA. En sustento, conceptuó que el Tribunal
Administrativo del Cauca revocó la decisión de primera instancia con fundamento
en la culpa exclusiva de la víctima y examinó los hechos conforme a las pruebas
recaudadas en el expediente.
Adicionalmente, refirió que el Tribunal Administrativo del Cauca debía analizar la
privación de la libertad de cara a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad, en virtud de lo previsto en las sentencias de la Corte Constitucional, C-
037 de 5 de febrero de 1996 y SU-072 de 5 de julio de 2018, y en la sentencia de
unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 15 de agosto
de 2018 dentro del expediente núm. 46.947.
3.2. El 10 de agosto de 20219, la Fiscalía General de la Nación advirtió que ni los
argumentos esgrimidos por los recurrentes, ni los documentos aportados al proceso,
sustentaban la procedencia de las causales de revisión extraordinaria establecidas
en el artículo 250 del CPACA. Asimismo, sostuvo que los recurrentes solo
pretendían cuestionar el criterio empleado por el Tribunal Administrativo del Cauca
para negar las pretensiones formuladas en reparación directa.
7 SAMAI, Índice 4.
8 SAMAI, Índice 7.
9 SAMAI, Índice 12.
4
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
3.3. El 24 de agosto de 202110, la Rama Judicial advirtió que los argumentos de los
recurrentes no configuraban la causal 5ª del artículo 250 del CPACA. Consideró que
los recurrentes intentaban reanudar una controversia ya finiquitada y que la
sentencia objeto de la solicitud de revisión se encontraba en consonancia con la
jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado y la sentencia SU-072 de 5 de julio
de 2018 de la Corte Constitucional.
3.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala seguirá el siguiente
orden: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4)
análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión y (6)
costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24911 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1312 del Acuerdo 080 de 201913, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 de 202414, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
1.2. De acuerdo con el artículo 24815 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso
extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión
de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que se
encuentra debidamente ejecutoriada.
10 SAMAI, Índice 13.
11 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia. […]”.
12 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión
contra las sentencias [...] proferidas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la
competencia de esta sección. […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
14 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
15 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
5
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
1.3. De conformidad con el artículo 25116 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 9 de julio de 2019
quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.11.), de modo que el
término para interponer el recurso se extendió hasta el 9 de julio de 2020; (ii) entre
el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura
suspendió los términos judiciales17, de manera que el término para interponer el
recurso se extendió hasta el 24 de octubre de 2020; y (iv) el 1 de octubre de 2020
los recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de revisión, es decir, dentro
del término legal de un año.
1.4. Horacio Secué Muelas, María Eugenia Vargas Soscue, María Alejandra Secué
Vargas, Nikol Daniela Secué Vargas, Yessica Vanessa Secué Vargas, Meicer
Horacio Secué Vargas, Yina Marcela Secué Vargas, Junior Jaminton Secué Vargas,
Ana Elvia Muelas, Ana Nancy Secué Muelas, Gloria Secué Muelas, Duby Secué
Muelas, Luz Amparo Secué Muelas, Olimpo Secué Muelas y Leider Secué Muelas
se encuentran legitimados en la causa para interponer el recurso extraordinario de
revisión, pues fungieron como parte actora en el proceso de reparación directa
resuelto el 20 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del
radicado núm. 19001-33-31-004-2014-00156-01.
2. Problema jurídico
De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada en
la sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, por (i) falta de motivación, (ii) vulneración del principio de congruencia, (iii)
desconocimiento del precedente jurisprudencial en materia de privación injusta de
la libertad y (iv) falsa motivación.
3. Hechos probados
Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentra
acreditado que:
3.1. El 26 de abril de 2012, durante un operativo de control policial, Horacio Secué
Muelas fue capturado en flagrancia, cuando retiraba una mercancía hurtada de una
residencia y la cargaba en un camión, en compañía de dos personas más, quienes
informaron que Secué Muelas las contrató para transportar la mercancía18.
16 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el término para formular el
recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los recurrentes contaban con un 1 año, una vez en firme
la providencia objeto de censura.
17 Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020.
18 Conforme a las piezas procesales de la investigación penal. SAMAI, Índice 36, documento con certificado
núm. B6A52C634D61D700 808EAD99575FA633 42E15F6CE90A09C7 E4308F8C1A1B6AC8.
6
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
3.2. El 27 de abril de 2012, Horacio Secué Muelas aceptó cargos y quedó bajo
prisión domiciliaria a disposición de las autoridades judiciales que lo procesaron por
el delito de receptación19.
3.3. El 26 de septiembre de 2012, Horacio Secué Muelas se retractó de la
aceptación de cargos20.
3.4. El 12 de septiembre de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Popayán decretó la preclusión de la investigación, con fundamento en la
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, y ordenó la libertad de
Horacio Secué Muelas21.
3.5. El 12 de septiembre de 2013 Horacio Secué Muelas quedó en libertad22.
3.6. El 9 de abril de 2014, Horacio Secué Muelas, María Eugenia Vargas Soscue,
María Alejandra Secué Vargas, Nikol Daniela Secué Vargas, Yessica Vanessa
Secué Vargas, Meicer Horacio Secué Vargas, Yina Marcela Secué Vargas, Junior
Jaminton Secué Vargas, Ana Elvia Muelas, Ana Nancy Secué Muelas, Gloria Secué
Muelas, Duby Secué Muelas, Luz Amparo Secué Muelas, Olimpo Secué Muelas y
Leider Secué Muelas presentaron demanda de reparación directa, radicada con el
núm. 19001-33-31-004-2014-00156-01, contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial, para que fueran declaradas administrativamente
responsables por la privación de la libertad de Horacio Secué Muelas, y se les
condenara al pago de perjuicios morales, daño a la vida de relación y lucro
cesante23.
3.7. El 6 y el 7 de abril de 2015, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
en su orden, contestaron la demanda de reparación directa. La primera propuso,
entre otras, la excepción denominada “hecho de la víctima”, argumentando, entre
otras consideraciones, que la actuación del imputado generó su privación de la
libertad24.
3.8. El 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Popayán declaró administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General
19 Conforme a las piezas procesales de la investigación penal. SAMAI, Índice 36, documento con certificado
núm. ECF0613D87ADF8D3 EC5BEB26627C3697 E506AE9D363DB8E7 40F78D65C3381392.
20 Conforme a las piezas procesales de la investigación penal. SAMAI, Índice 36, documento con certificado
núm. ECF0613D87ADF8D3 EC5BEB26627C3697 E506AE9D363DB8E7 40F78D65C3381392.
21 Según acta de la audiencia de acusación. SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm.
ECF0613D87ADF8D3 EC5BEB26627C3697 E506AE9D363DB8E7 40F78D65C3381392. Pág. 57.
22 Según boleta de libertad núm. 4. SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. ECF0613D87ADF8D3
EC5BEB26627C3697 E506AE9D363DB8E7 40F78D65C3381392.
23 Demanda consignada en SAMAI, Índice 2, documento con certificado núm. 7932D6E6F8FE7D22
F08779DC2594A6ED 4A418305DB196C0E EBC2579B4874692B.
24 Contestación de la demanda presentada por la Rama Judicial. SAMAI, Índice 36, documento con certificado
núm. ECF0613D87ADF8D3 EC5BEB26627C3697 E506AE9D363DB8E7 40F78D65C3381392. Págs. 124 a
135.
7
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
de la Nación y Rama Judicial, por la privación de la libertad de Horacio Secué
Muelas, la cual consideró injustificada, en aplicación del título de imputación de daño
especial25.
3.9. El 8 y el 16 de octubre de 2015, en su orden, la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación apelaron la decisión anterior. Argumentaron que la medida de
aseguramiento impuesta contra Horacio Secué Muelas fue razonable, proporcional
y necesaria, y que sus actuaciones se surtieron conforme a la ley, de manera que
el daño derivado de la privación no era antijurídico26-27.
3.10. El 20 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la condena
impuesta a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial. En sustento,
analizó la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad a la luz del
artículo 90 de la Constitución, que exige la existencia de un daño antijurídico y su
imputación a una entidad pública. Advirtió que, si bien en el pasado se aplicó un
régimen de responsabilidad objetiva basado en la sola absolución del procesado, la
jurisprudencia actual del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional confirma la
necesidad de verificar la antijuridicidad del daño y la posible existencia de culpa
exclusiva de la víctima.
Frente al caso concreto, estableció que Horacio Secué Muelas aceptó libre y
voluntariamente los cargos por el delito de receptación, tras haber sido debidamente
informado por el fiscal, el juez y su defensor. Consideró que esta aceptación fue
determinante para que se le impusiera la medida de aseguramiento, al cumplir con
los requisitos legales, objetivos y subjetivos. Así, concluyó que la conducta del
demandante justificó la detención preventiva, configurando la culpa exclusiva de la
víctima, y que, por tanto, no se trató de un daño antijurídico imputable al Estado, de
manera que no encontró procedente que se declarara la responsabilidad patrimonial
por privación injusta de la libertad.
3.11. El 9 de julio de 2019 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 20 de junio
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca28.
4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria
La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por
Horacio Secué Muelas y su grupo familiar contra la sentencia dictada el 20 de junio
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, con fundamento en la causal
25 Sentencia de primera instancia. SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. 1387F11F4269C1E1
08EBAAE3F6C388CB A017209289292AED 3B45F70B9AB3CEFA.
26 Recurso de apelación. SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. 1387F11F4269C1E1
08EBAAE3F6C388CB A017209289292AED 3B45F70B9AB3CEFA.
27 Recurso de apelación. SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. 1387F11F4269C1E1
08EBAAE3F6C388CB A017209289292AED 3B45F70B9AB3CEFA.
28 La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 20 de junio de 2019, fue notificada por
estado electrónico el 4 de julio de 2019, y quedó ejecutoriada el 9 de julio siguiente, conforme se aprecia en
SAMAI, Índice 36, documento con certificado núm. D9CB8A47927CEAAD29212718EF390669
52803917A658B93F 551CE65B17E3DBAE.
8
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, al no encontrar acreditada la
falta de motivación ni la vulneración del principio de congruencia, y dado que el
desconocimiento del precedente y la falsa motivación no constituyen un vicio formal
de la sentencia, según pasa a exponerse:
4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.
Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in judicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de las debidas
instancias procesales.
Igualmente, la revisión extraordinaria no está concebida como un mecanismo para
subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los sujetos procesales,
ocurridas durante el proceso inicial, de manera que no puede ser utilizada para
corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial que ya ha sido resuelto
conforme a derecho.
Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que
únicamente procede por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas, y sin que el juez pueda hacer una
interpretación o aplicación extensiva de los hechos que dan lugar al recurso.
Esta taxatividad resulta justificada, pues la revisión extraordinaria es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”29.
En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la
procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
29 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.
9
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En el mismo sentido, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter
restrictivo y formalista de este recurso extraordinario, y exige que su interposición
se realice mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal
invocada junto con una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan
su configuración. Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre
quien impugna una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad
de delimitar con precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del
derecho de contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria,
por cuanto, se reitera, que este recurso no constituye una nueva oportunidad para
replantear el debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo
de excepcional y limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos
legales, lo cual refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.
4.2. En el presente caso, los recurrentes fundamentan su solicitud en la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo
de revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la cual no procede recurso de apelación.
Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia;
(ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación30; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial, es decir, que se haya materializado en el momento en que se profirió la
providencia y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser
de tal gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera
que, de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta31.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado32 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
30 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros elementos, pues
mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra autos que pongan
fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia del recurso exclusivamente respecto
de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00 (68506).
31 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-00084-00.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de 2013, Rad.
No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
10
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
que tienen origen en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran en los
supuestos taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante
CGP), las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal quinta de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) que el demandado sea condenado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la invocada
en la demanda; (vi) que el juez condene a quien no ha sido parte en el proceso; (vii)
que, sin más actuación, el juez profiera sentencia después de ocurrida la
interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida; (viii)
cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa33.
Además, esta Corporación34 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generen una nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis
en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, por
ejemplo, cuando se profiere sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el
cual debe estudiarse si la decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las
particularidades del caso concreto.
Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de
unificación35, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de 2009 y del
26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-2008-01289-00,
respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-01278-02.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de 2013, Rad.
No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
35 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, Rad.
No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
11
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.
Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por los recurrentes durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 36,
evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
para que las partes puedan subsanar sus omisiones.
Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia37 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior38.
Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
CPACA o en el CGP, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, y a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que
tengan impacto en la garantía del debido proceso39.
4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que Horacio Secué
Muelas fue privado de la libertad, por la posible comisión del delito de receptación
(hechos probados 3.1 y 3.2). De igual modo, consta que el 12 de septiembre de
2013 recobró la libertad en virtud de la preclusión de la investigación, que se
fundamentó en la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia (hechos
probados 3.3., 3.4. y 3.5.).
36 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-03-15-
000-2024-04477-00.
37 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad. Nos.11001-03-
15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22,
sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-02342-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No. 11001-03-
15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-03-15-000-2013-
00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la Sala Especial de Decisión
10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
39 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad. No. 11001-
03-15-000-2018-01415-00.
12
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
Asimismo, se encuentra demostrado que esta circunstancia dio lugar al medio de
control de reparación directa ejercido por Horacio Secué Muelas y su grupo familiar
(hecho probado 3.6), el cual culminó con la sentencia proferida el 20 de junio de
2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca (hecho probado 3.10), contra la cual
no es pasible recurso ordinario alguno, porque esta decisión se produjo,
precisamente, al resolver la alzada propuesta dentro del proceso de reparación
directa, agotando así las instancias legalmente establecidas para el trámite de este
medio de control.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca,
efectivamente, se dirige contra la decisión que puso fin al proceso de reparación
directa y respecto de la cual no procede el recurso de apelación.
En consecuencia, resta determinar si se configura la causal quinta de revisión, a la
vista de los reparos formulados por los recurrentes, quienes reprocharon que la
decisión enjuiciada incurrió en: (i) falta de motivación, porque omitió pronunciarse
sobre los requisitos de procedencia de la medida de aseguramiento previstos en los
artículos 295, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004, dentro de los que no se encuentra
la aceptación de cargos del imputado; (ii) vulneración del principio de congruencia,
debido a que omitió pronunciarse sobre el argumento de la demanda relativo a que
los elementos materiales probatorios no eran suficientes para decretar la medida de
aseguramiento, y porque consideró configurada la culpa exclusiva de la víctima sin
que ello se hubiera debatido en el proceso; (iii) desconocimiento del precedente
jurisprudencial, por cuanto no aplicó la providencia de unificación proferida el 17 de
octubre de 2013 por la Sección Tercera de la Corporación, dentro del expediente
núm. 23354, vigente para la época de los hechos, y por el contrario se fundamentó
en la sentencia de unificación dictada el 15 de agosto de 2018 por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, expediente núm. 46.947; y (iv) falsa motivación,
toda vez que la decisión recurrida declaró la culpa de la víctima con sustento en la
sentencia proferida el 24 de octubre de 2016 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente núm. 43.470.
4.3.1. Respecto de la nulidad de la sentencia por falta de motivación, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo ha distinguido la ausencia absoluta de motivación,
de aquella que se considera deficiente o errada. En ese sentido, ha dicho que
únicamente la carencia total de pronunciamiento por parte del juez sobre las
razones de hecho y de derecho que le permiten arribar a una decisión es motivo de
revisión bajo la causal 5ª de revisión del CPACA. En línea con lo anterior, la
Corporación ha insistido en que es improcedente, “con fundamento en dicha causal
[nulidad originada en la sentencia], alegar situaciones relacionadas con deficiencias
en la motivación, con la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las
pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna
de las pruebas, etc., porque de admitir tales reclamaciones se desconocería,
13
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
abiertamente, el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia
(…)”40.
Así, la jurisprudencia ha sido constante al establecer que la falta de motivación es
un supuesto que encuadra en la causal de nulidad originada en la sentencia, pero
que requiere una ausencia total de ese presupuesto para infirmar el fallo, aunado a
lo cual admite que puede incurrirse en este vicio cuando la providencia se sustenta
en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o que evidencian
actitudes dolosas41.
Bajo ese entendimiento, debe tenerse en cuenta que, independientemente del
camino interpretativo escogido por el juez, la apreciación o valoración probatoria
que se efectúe en la sentencia no puede ni debe considerarse como violación al
debido proceso, salvo que se trate de una evidente arbitrariedad o de una ausencia
total de motivación. Ello es así, porque dicho análisis es una actividad propia de la
labor de juzgamiento del fallador de instancia, que se encuentra amparada por los
principios de autonomía e independencia del juez natural de la causa, sana crítica
y cosa juzgada42.
En suma, no es dable controvertir por vía del recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas haya hecho la autoridad
competente43.
Descendiendo al caso concreto, se advierte que la sentencia proferida el 20 de junio
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca expuso ampliamente los motivos
que sustentaron la decisión de revocar la sentencia del 30 de septiembre de 2015
dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Así, una vez estudiada la providencia cuestionada se observa que la decisión
recurrida comenzó presentando una parte motiva general, de tipo conceptual, en la
que se precisó que, en el marco del artículo 90 de la Constitución Política, la
responsabilidad patrimonial del Estado exige la constatación de dos elementos
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, Rad.
No. 2003-00133-00; reiterada en sentencia del 7 de mayo de 2013, Rad. No. 2003-00858-01.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29
de septiembre de 2015, expediente 35824; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala 1 Especial de Decisión, sentencia del 25 de octubre de 2021, Rad. No. 2020-03995-00.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de octubre de 2005 y del
20 de octubre de 2009 Rad. Nos. 2003-00794-01 y 2003-00133-00, respectivamente; Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.
No. 2012-01026-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de
Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, Rad. No. 2013-02724-00; y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, Rad. No. 2002-
00975-01.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad.
No. 2003-00676-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 16 de agosto de 2018, Rad. No. 2007-00107-01; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, Rad. No. 43992.
14
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
indispensables, el primero, la configuración de un daño antijurídico y, el segundo, la
imputación de dicho daño a las autoridades públicas.
Asimismo, señaló que en vigencia del extinto artículo 414 del Decreto 2700 de 1991,
una persona podía demandar al Estado por privación injusta de la libertad, si en
sentencia absolutoria se concluía que el hecho no existió, que el sindicado no lo
cometió o que la conducta no le era imputable, así como si se declaraba el in dubio
pro reo.
En similar sentido, advirtió lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la Ley 270 de
1996, que disponen la posibilidad de demandar al Estado cuando una persona ha
sido privada injustamente de la libertad, siempre que esta no haya causado el daño
por su culpa grave o dolo, y haya interpuesto los recursos legales correspondientes.
Igualmente, la providencia recurrida afirmó que mediante las sentencias de 6 de
abril de 2011 y 17 de octubre de 2013, expedientes 21.653 y 23.354, la Sección
Tercera del Consejo de Estado aplicó un régimen de responsabilidad objetiva del
Estado, por daño especial, de manera que la administración resultaba responsable
si la persona había sido privada de la libertad y luego absuelta, conforme a los
criterios del derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, y cuando la absolución
se sustentaba en el principio de in dubio pro reo.
Al respecto concluyó que, bajo este régimen el Estado era declarado responsable
por privación injusta de la libertad sin analizar si el daño había sido antijurídico o si
la conducta del investigado resultaba culposa o dolosa, enfocándose únicamente
en el hecho de la privación y su posterior absolución.
Luego de este recuento, la sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Cauca arribó a la postura que para la fecha regía la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, señalando al efecto
que, mediante la providencia del 15 de agosto de 2018, expediente núm. 46.947, la
Sección Tercera del Consejo de Estado había precisado que, conforme al artículo
90 de la Constitución Política, sin importar la causa de la absolución del procesado
penal, siempre debe analizarse si el daño es antijurídico. Así, el ad quem consideró
que resultaba indispensable verificar la antijuridicidad del daño para determinar la
responsabilidad estatal.
Igualmente, la decisión recurrida refirió el enfoque de la sentencia SU-072 de 2018,
para advertir que la Corte Constitucional avaló que el régimen de responsabilidad
aplicable únicamente es objetivo cuando el hecho no existió o la conducta fue
atípica, pero en todo caso advirtiendo que la responsabilidad administrativa no
puede ser automática, por cuanto requiere comprobar que el daño sea antijurídico.
En adición a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca concluyó sus
consideraciones generales anotando que el juez debe verificar, incluso de oficio, si
15
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
el afectado contribuyó al daño con culpa grave o dolo, de manera que debe analizar
si la conducta del procesado penal justificó la apertura del proceso y la imposición
de la detención preventiva.
Bajo estas consideraciones, el Tribunal Administrativo del Cauca abordó el estudio
del caso concreto, en cuyo efecto consideró que la sentencia objeto de la apelación
había aplicado un régimen de responsabilidad que no se encontraba vigente, es
decir, el régimen “anterior” que establecía la responsabilidad objetiva del Estado,
sin analizar la configuración de los elementos del artículo 90 de la Constitución
Política. Al respecto, concluyó que “esta posición jurisprudencial varió, para dar
paso a que, en los casos de privación injusta de la libertad, debe revisarse i) el
hecho que la persona estuvo privada de su libertad, ii) si es imputable a la entidad
bajo el título, generalmente, de falla en el servicio, iii) la antijuridicidad del daño y iv)
la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima”.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cauca “bajo el actual criterio
jurisprudencial, pasa a analizar si la privación de la libertad del señor Horacio Secué
Muelas constituye un daño antijurídico, así como la configuración de una falla en el
servicio y de la culpa exclusiva de la víctima”.
De esta manera, es decir, luego de las consideraciones que se han sintetizado, la
decisión recurrida resolvió el caso concreto bajo los siguientes razonamientos:
“Está probado que se le capturó, que se le imputó el delito de receptación, que
aceptó los cargos y que se le impuso medida de aseguramiento privativa de la
libertad, con sustento en que se cumplían los requisitos objetivo y subjetivo para
dicho efecto, entre estos, precisamente, la aceptación de los cargos, luego de lo cual
se prescribió la investigación por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia, por lo que fue dejado en libertad.
Siguiendo el precedente invocado y lo probado, la Sala considera que en este asunto
se configura la culpa exclusiva de la víctima, esto es, el comportamiento activo del
señor Horacio Secué Muelas al aceptar los cargos que le fueron imputados, lo que
resultó determinante en la privación de la libertad de la que fue objeto.
Efectivamente en la audiencia de formulación de imputación, el fiscal le imputó al
señor Horacio Secué Muelas el delito de receptación y al final abrió la posibilidad
que el imputado aceptara los cargos y obtuviera la consecuente rebaja de la pena.
este proceder se sustenta en lo previsto en el artículo 288 de la ley 906 de 2004.
[…]
Ante esta posibilidad, el imputado pidió que se le explicara en qué consistía la
aceptación y la rebaja de la pena, explicación que se le hizo por parte del fiscal del
caso, el juez de control de garantías y el defensor, quien pidió un receso para dicho
efecto tras lo cual el señor Secué Muelas, manifestó aceptar los cargos imputados,
y hacerlo en forma libre y voluntaria.
Con esto se pasó a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. como
se sabe, para la imposición de la medida de aseguramiento el artículo 308 de la ley
906 de 2004 exige un elemento objetivo, desarrollado en el artículo 313 es la misma
16
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
ley, y un elemento subjetivo referido a que se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga […]
Los sujetos procesales coincidieron en que se cumplía el elemento objetivo, porque
el delito tenía una pena mínima que excedía de 4 años de prisión. Y la Fiscalía y el
juez estimaron que se configuraba el elemento subjetivo, esto es, la inferencia
razonable que el señor Horacio Secué Muelas fue autor de la conducta investigada,
porque aceptó los cargos que le fueron imputados. Esto es, que la aceptación de los
cargos indujo al ente investigador y al juez a entender que el imputado, actuó con
conocimiento de la conducta investigada, de lo que bien se deducía que era autor
del delito imputado.
De aquí que la aceptación de los cargos por parte del señor Horacio Secué Muelas,
materializó el elemento subjetivo para la imposición de la medida de aseguramiento
privativa de su libertad, esto es, que su proceder en el sentido de aceptar el delito
imputado de receptación, fue determinante en el proceder de la Fiscalía y del juez
para privarlo de su libertad.
La sala no encuentra elemento alguno que indique que el imputado fue asesorado
en forma indebida por el profesional del derecho que cumplió las labores de
defensor. Contrario a esto, se comprueba que el señor Horacio Secué Muelas fue
ilustrado sobre la aceptación de los cargos y sobre la rebaja de la pena, por todos
los sujetos intervinientes, a saber: el fiscal del caso, el juez, quién le puso de
presente sus derechos como imputado, y por el defensor; además que el señor
Horacio Secué Muelas, interrogado por el juez, manifestó que aceptaba los cargos
en forma libre de presión, amenaza o coacción.
La sala enfatiza en que la aceptación de los cargos fue determinante en la
imposición de la medida de aseguramiento, lo que no se desvirtúa por la posterior
retractación de la que no explicó el motivo, cuyos efectos solo consistió en retrotraer
la actuación a la presentación nuevamente del escrito de acusación […]”
Adicionalmente, la sentencia recurrida sostuvo que, en casos análogos, en los
cuales los imputados han aceptado voluntariamente y sin presiones su
responsabilidad penal y se les ha impuesto la medida de aseguramiento de
detención preventiva, dicha aceptación también ha impedido la configuración del
daño antijurídico, como fundamento para declarar la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. Lo anterior, con apoyo en dos decisiones de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la primera, del 24 de
octubre de 2016 (Exp. 43.470) y, la segunda, del 8 de marzo de 2017 (Exp. 44.949).
Así las cosas, con base en estas consideraciones el Tribunal Administrativo del
Cauca concluyó que el propio demandante justificó la imposición de la medida de
aseguramiento en su contra, y que ello configuraba la existencia de la culpa
exclusiva de la víctima, eximente de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Del recuento anterior fuerza colegir que, contrario a lo afirmado por los recurrentes,
la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca expuso el marco
normativo y jurisprudencial aplicado, y contextualizó la evolución del régimen de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, desde el antiguo
criterio objetivo derivado del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 hasta el modelo
17
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
vigente, basado en el artículo 90 de la Constitución, concluyendo que este exige
verificar la antijuridicidad del daño, la imputación al Estado y la ausencia de culpa
de la víctima.
De modo que, en criterio de la Sala la decisión justificó con suficiencia la inaplicación
del régimen objetivo dispuesto en las sentencias de 6 de abril de 2011 y 17 de
octubre de 2013, expedientes 21.653 y 23.354, para sustentar que el análisis debía
enfocarse en si el daño fue verdaderamente antijurídico, descartando la
automatización de la responsabilidad por la sola absolución penal y advirtiendo la
necesidad de verificar el comportamiento de la víctima en el desarrollo de los hechos
que dieron lugar a la privación de su libertad.
En adición a lo anterior, se observa que, a partir de los hechos probados y bajo esta
óptica, en el estudio del caso concreto el Tribunal advirtió que, tras recibir adecuada
asesoría, Horacio Secué Muelas aceptó libre y voluntariamente los cargos
imputados, de manera que interpretó que dicha aceptación justificó la imposición de
la medida de aseguramiento, al configurar el elemento subjetivo requerido por la
Ley 906 de 2004, consistente en la inferencia razonable de que el imputado pudo
ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investigaba.
A su vez, el ad quem consideró que la mencionada aceptación de los cargos, en
cuanto elemento determinante frente al sustento de la privación de la libertad,
constituía una culpa exclusiva de la víctima, señalando, además, la jurisprudencia
antecedente de una de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de
Estado (Exp. 43470 de 2016 y 44949 de 2017), en la que también se había valorado
esta circunstancia.
En este sentido, se concluye que la decisión contiene una motivación estructurada,
completa y jurídicamente suficiente, tanto en su fundamentación general como en
la resolución del caso concreto. Sus consideraciones evidencian que el fallo
recurrido, lejos de ser una decisión arbitraria o carente de motivación, contiene un
razonamiento lógico y coherente, ajustado a los mandatos legales, al precedente
jurisprudencial y a los hechos probados dentro del trámite ordinario.
En este punto, la Sala reitera que la falta de motivación configura la causal 5ª de
revisión en los eventos de carencia absoluta de pronunciamiento sobre las razones
de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se
sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, arbitrarias o caprichosas, sin
que resulte procedente, con fundamento en dicha causal, controvertir la apreciación
de los hechos por parte del juez, abrir un nuevo debate probatorio o interpretativo o
cuestionar el criterio con el que el juez aplicó o interpretó la ley en el fallo censurado,
pues el recurso extraordinario de revisión no constituye una oportunidad adicional
para controvertir las motivaciones jurídicas que soportaron la decisión del juez
natural de la causa.
18
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
Por lo demás, conviene recordar que, en relación con la obligación de fundamentar
las sentencias, esta Corporación ha precisado que “no se trata de exigir a los
órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada
que vaya respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las
partes, ni impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen
suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional; se trata de que la tutela judicial
efectiva se anude con los extremos sometidos por las partes a debate. (…) por ello,
la exigencia de motivación no implica necesariamente una contestación judicial
expresa a todas y cada una de las alegaciones de las partes”44.
En línea con lo expuesto, la Sala considera infundado el cargo de falta de motivación
esgrimido como sustento de la configuración de la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA. Por el contrario, es evidente que los recurrentes, a través de este
mecanismo excepcional, pretenden que se efectúe un nuevo análisis sobre los
requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento que, en su criterio,
demuestran la privación injusta de la libertad, ejercicio vedado para el juez
extraordinario, pues se reitera que en el marco del recurso extraordinario de revisión
no es admisible cuestionar los argumentos expuestos en torno a lo que acreditan
los medios de prueba o reabrir, por esta vía, aspectos que fueron abordados el juez
de instancia, en su libre y autónoma interpretación.
4.3.2. Respecto a la nulidad de la sentencia por vulneración del principio de
congruencia, el extremo activo reprocha que el Tribunal Administrativo del Cauca
no se pronunció sobre el argumento de la demanda según el cual los medios de
prueba del proceso penal no eran suficientes para decretar la medida de
aseguramiento; asimismo, afirma que el fallador se pronunció sobre la culpa
exclusiva de la víctima, que no había sido debatida, ni probada dentro del proceso.
Sobre el particular, es necesario precisar que el medio de control de reparación
directa objeto de análisis en esta sede extraordinaria fue ejercido el 9 de abril de
2014, razón por la cual se rigió por las disposiciones del CPACA y el CGP, aplicables
por la integración normativa del artículo 306 del CPACA. Luego, el análisis
subsiguiente estará guiado por los referidos estatutos.
Así, de conformidad con el artículo 281 del CGP, la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que el código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. Igualmente, esta
normativa prohíbe condenar al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente a la invocada. Sin
embargo, cuando lo pedido por el demandante excede lo probado, el inciso 3º ibid.
ordena que el reconocimiento atienda únicamente a aquello que quedó plenamente
demostrado.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, Rad.
No. 2003-00133-00; reiterada en sentencia del 7 de mayo de 2013, Rad. No. 2003-00858-01.
19
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
A su turno, el artículo 320 del CGP indica que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión. Asimismo, el artículo 328 del CGP preceptúa que “el juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio” y, por lo
tanto, el superior no puede enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma sea indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. No obstante,
cuando ambas partes apelan, el superior está facultado para resolver sin
limitaciones. Adicionalmente, el juez de segunda instancia debe ceñirse al principio
de non reformatio in pejus, en virtud del cual no puede agravar, empeorar o
desmejorar la situación definida mediante la sentencia de primera instancia a favor
del apelante único.
Así las cosas, al momento de dictar sentencia, el juez debe salvaguardar la unidad
temática entre lo solicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que
originan la controversia, y la respectiva contestación. Además, en segunda
instancia, deberá atender lo dispuesto en relación con el recurso de apelación.
En este sentido, el principio de congruencia emerge como una garantía procesal
que delimita el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y, por tanto, la decisión
del juez. Esta congruencia de la providencia debe ser interna y externa. La primera,
se relaciona con la armonía entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo,
mientras que la segunda responde a la concordancia entre la decisión contenida en
la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las partes en la demanda y en
el escrito de contestación.
La falta de congruencia habilita la formulación del recurso extraordinario de revisión
y, siempre que se encuentre acreditada, es razón suficiente para infirmar la decisión
censurada, toda vez que la consonancia del fallo se constituye como garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el desarrollo del trámite
judicial.
Empero, no cualquier reparo sobre este aspecto estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso45. Por ejemplo, dicha irregularidad se configura
cuando el demandado resulta condenado por cantidad superior a la pedida, es decir
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencias
del 7 de abril de 2015 y del 2 de febrero de 2016, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2013-00358-00 y 11001-03-15-
000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de
Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2020, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Rad. No. 76001-
23-24-000-1997-43-45-01.
20
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
ultra petita, por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en esta, esto es extra petita, o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, lo que resulta infra o minus petita46.
Descendiendo al caso concreto, se advierte que en su demanda de reparación
directa los recurrentes formularon cuatro pretensiones. La primera, de carácter
declarativo, relativa a la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación –
Fiscalía General y Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de Horacio
Secué Muelas. Las tres siguientes, de índole condenatorio, por perjuicios morales,
daño a la vida de relación y lucro cesante (hecho probado 3.6.).
Seguidamente, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación contestaron la
demanda y la primera propuso la excepción denominada “hecho de la víctima” como
causal de exoneración de responsabilidad, argumentando que la conducta del
imputado fue la que originó su privación de la libertad (hecho probado 3.7.). En ese
sentido, señaló que “[e]l demandante aceptó los actos que le imputó la Fiscalía
General y nada tenemos que ver las entidades en lo que manifiesta su actual
apoderado respecto a que lo hizo porque su apoderado lo asesoró de manera
irregular”. Igualmente, reiteró que la medida de aseguramiento fue impuesta por el
juez de control de garantías en atención a los elementos materiales probatorios
presentados por la fiscalía, el informe de Policía y la aceptación de los cargos
imputados a Horacio Secué Muelas.
Posteriormente, en su providencia de primera instancia, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Popayán declaró no probada la excepción
denominada “hecho de la víctima” y declaró la responsabilidad de la Nación –
Fiscalía General y Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de Horacio
Secué Muelas, con fundamento en el título de imputación de daño especial (hecho
probado 3.8.). Sin embargo, las entidades demandadas se alzaron contra la referida
sentencia, argumentando que la medida de aseguramiento era legal y que la
privación de la libertad obedeció a los hechos, las pruebas y las normas aplicables
al caso (hecho probado 3.9.).
En respuesta al desarrollo procesal anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca
revocó la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda (hecho probado 3.10.). Lo anterior, al encontrar
demostrado que la medida de aseguramiento impuesta a Horacio Secué Muelas fue
legalmente procedente, por cuanto cumplió con los requisitos establecidos en los
artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004. Para tener demostrada la legalidad de la
medida de aseguramiento, el ad quem encontró que se acreditaron tanto el
elemento objetivo, consistente en que el delito imputado tenía una pena mínima
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de Decisión. Sentencia
de 4 de agosto de 2023. Rad No. 11001-03-15-000-2022-04218-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-
26-000-2023-00116-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial
de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2023-04267-00.
21
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
superior a 4 años de prisión, como el elemento subjetivo, fundado en la inferencia
razonable de autoría o participación del imputado en la conducta delictiva
investigada, la cual configuró a partir de la aceptación de cargos realizada por el
investigado en la audiencia de imputación, de la que posteriormente se retractó sin
justificación alguna y de la que, a su vez, entendió acreditada la culpa exclusiva de
la víctima, como causal de exoneración de la responsabilidad patrimonial del
Estado.
Adicionalmente, como pudo verse en las consideraciones del Tribunal que se
describieron y citaron in extenso en el punto 4.3.1., para llegar a su resolución el
juez de segunda instancia decantó la falta de vigencia e inaplicación del régimen
objetivo dispuesto en las sentencias de 6 de abril de 2011 y 17 de octubre de 2013,
expedientes 21.653 y 23.354, la necesidad de acreditar los elementos del artículo
90 de la Constitución Política, es decir, el daño antijurídico y su imputación a la
administración, descartó la automatización de la responsabilidad por la sola
absolución penal y advirtió la necesidad de verificar el comportamiento de la víctima
en el desarrollo de los hechos que dieron lugar a la privación de su libertad.
En ese orden, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cauca en la
sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión no vulneró el principio de
congruencia, porque dio respuesta al conflicto planteado entre los hechos y
pretensiones de la demanda de reparación directa, su contestación, la decisión del
juez de primera instancia y a las inconformidades propuestas por las entidades
demandadas en sus recursos de apelación.
En efecto, en primer lugar, el análisis de las piezas procesales permite establecer,
contrario al dicho de los recurrentes, que la culpa exclusiva de la víctima sí fue
planteada y debatida en el proceso contencioso, pues fue propuesta como
excepción por la Rama Judicial y denegada por el a quo en la sentencia de primera
instancia.
En segundo lugar, es pertinente recordar que en sede de apelación el extremo
activo argumentó que la medida de aseguramiento impuesta contra Horacio Secué
Muelas se ajustó a la ley, de manera que el daño derivado de la privación no era
antijurídico, cargo en cuyo estudio le correspondía analizar al Tribunal la legalidad
de la medida, así como la conducta del detenido, aspectos que resultaba menester
abordar de cara al estudio de la antijuridicidad del daño.
Así las cosas, en criterio de la Sala el ad quem no vulneró el principio de congruencia
y, por el contrario, actuó en el marco de las competencias propias del juez de la
apelación al verificar si el detenido causalmente contribuyó o determinó con su
actuar a la medida restrictiva de la libertad.
Al punto, viene bien precisar, en tercer lugar, que independientemente de la
instancia en la que se encuentre el proceso, la autoridad judicial está facultada para
22
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
declarar de oficio la excepción de culpa exclusiva de la víctima, pues el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011, indica que en la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada, propuestas o
no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus en los eventos de segunda instancia,
en donde el silencio del inferior no impide que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo.
A su turno, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que “con
independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez
administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que
tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado”47.
Asimismo, se ha dicho que “si bien es cierto que el artículo 167 del Código General
del Proceso le impone a las partes “probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, también es cierto que es deber
del juez declarar cualquier medio exceptivo que encuentre probado como lo dispone
el inciso 2º del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. Así las cosas, no se configura
el defecto sustantivo alegado, sobre la base de que el juzgador tutelado cumplió su
deber legal de declarar probada de oficio la excepción de fondo que halló
acreditada, que denominó culpa exclusiva de la víctima”48.
En ese sentido, aun cuando esta causal fue declarada no probada en la sentencia
de primera instancia, en el marco de sus competencias el Tribunal Administrativo
de Cauca analizó las pruebas del proceso penal y concluyó que dicha excepción se
configuró, debido a que la aceptación de cargos fue determinante para la imposición
de la medida de aseguramiento. Adicionalmente, se advierte que la sentencia
recurrida no solo exoneró de responsabilidad a las entidades demandadas por
encontrar establecida la culpa exclusiva de la víctima, sino que además concluyó
que cumplía con todos los requisitos dispuestos por el Código de Procedimiento
Penal.
Así las cosas, fuerza concluir que la formulación del recurso extraordinario de
revisión por falta de congruencia, lejos de sustentar una irregularidad procesal que
habilite la posibilidad de invalidar el fallo por vicios in procedendo, se presenta como
una especie de recurso de apelación para que el juez de revisión extraordinaria
estudie si los medios de prueba del proceso penal eran suficientes o no para
decretar la medida de aseguramiento y si daban cuenta o no de la culpa exclusiva
de la víctima, es decir, para que revise la sentencia desde el punto de vista
probatorio y no para que examine una eventual nulidad originada en el fallo.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de septiembre de 2020, C.P. Martín
Bermúdez Muñoz, Rad. No. 25000-23-26-000-2010-00855-01 (47477).
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2019, Rad. 11001-03-15-
000-2018-02801-01(AC). En el mismo sentido, véase, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia SU-072 de
5 de julio de 2018.
23
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
Bajo esta óptica, no queda duda de que los reparos expuestos por los recurrentes
no demuestran una anomalía originada en la sentencia que constituya un vicio de
nulidad y afecte el debido proceso. Por el contrario, se establece el desacuerdo de
los recurrentes con la valoración e interpretación efectuada por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
Al respecto, ha de recordarse que la formulación de la revisión extraordinaria exige
una especial carga argumentativa, esto es, que sea técnica, rigurosa y
fundamentada49, teniendo como punto de partida que este recurso no constituye
una tercera instancia ni fue concebido para revivir etapas procesales de la acción
de reparación directa.
Por tal motivo, no es posible que el juez de la revisión valore nuevamente los hechos
o las pruebas que los recurrentes consideran desconocidas o incorrectamente
apreciadas, pues se vulnerarían los principios de autonomía e independencia del
juez natural de la causa, sana crítica y cosa juzgada.
De conformidad con lo anterior, el cargo por vulneración del principio de congruencia
no está llamado a prosperar, toda vez que, contrario a lo manifestado por los
recurrentes, el Tribunal dio respuesta a los razonamientos de la demanda, su
contestación y al conflicto planteado en los recursos de apelación frente a la
sentencia de primera instancia.
4.3.3. Respecto al cargo de nulidad de la sentencia por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, alegado frente a la inaplicación de la unificación de la
providencia proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera de la
Corporación, dentro del expediente núm. 23354, la Sala advierte que la
inobservancia del precedente jurisprudencial no tiene la virtud de configurar una
nulidad originada en la sentencia, por cuanto este argumento no se encamina a
solventar una irregularidad de carácter procedimental, sino que apunta al análisis
de los aspectos sustanciales o de fondo que dieron lugar a la decisión recurrida y,
más concretamente, a debatir lo resuelto en las instancias pertinentes.
De manera que esta circunstancia no configura la causal 5ª de revisión
extraordinaria del artículo 250 del CPACA, tal como lo ha señalado la jurisprudencia
de la Corporación50, en la que se ha dicho que, “el desconocimiento del precedente
49 Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2003; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, Rad. No. 11001-03-15-000-
2019-00119-00.
50 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de diciembre de
2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2022-00034-00 (68.021); (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C de la Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 2022, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-00064-00; (iii)
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, Rad. No. 11001-03-
15-000-2016-03553-00 REV); (iv) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de julio
de 2015, Rad. No. 27001-23-31-000-2002-00975-01(36092); (v) Consejo de Estado, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02724-00(REV); (vi) Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 2012-01026-
24
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
es solo una inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y
decisión plasmadas por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como
consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. […] este
argumento de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en el que
se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión”51.
Así las cosas, dentro de su autonomía valorativa e interpretativa, era dable que el
juez de segunda instancia inaplicara la providencia proferida el 17 de octubre de
2013 por la Sección Tercera de la Corporación, dentro del expediente núm. 23354
y, en su lugar, sustentara su análisis en el criterio vigente, conforme con el artículo
90 de la Constitución Política, reflejado en decisiones como la sentencia proferida
el 15 de agosto de 2018 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente
núm. 4694752 y la SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, lo cual hizo de manera
debidamente motivada, como se advirtió en el punto 4.3.1.
No obstante lo anterior, en aras de brindar claridad a los recurrentes, conviene
señalar que la Sala Plena de esta Corporación “por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que [ha acudido],
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se [fijan en el pronunciamiento de
unificación, apliquen] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos
en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables53.
Así las cosas, la Sala advierte que esta Corporación se ha pronunciado sobre la
aplicación temporal de los cambios o giros jurisprudenciales, señalando que, a
menos que en la sentencia se modulen expresamente sus efectos54, los fallos de
unificación jurisprudencial generan efectos retrospectivos; es decir, que sus efectos
se surten de forma inmediata en la adopción de la sentencia que se esté decidiendo
00(REV); (vii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de
2009, Rad. No. 2003-00133-00(REV) y, (viii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. No. 2003-00794-01(REVPI).
51 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, Rad. No. 11001-03-
15-000-2016-03553-00 REV.
52 Vale señalar que, aunque esta providencia quedó sin efectos por una orden impartida en una acción de tutela
SU-363 del 22 de octubre de 2021, la cual fue cumplida el 6 de agosto de 202052, tales providencias fueron
posteriores a la sentencia cuestionada en sede del presente. Es preciso señalar que las sentencias de tutela y
de reemplazo referidas se limitaron a reiterar lo dicho por esta Corporación, en el sentido de que el carácter
injusto de la privación de la libertad se debe analizar a partir de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad,
necesidad y legalidad de la medida de aseguramiento.
53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Rad.
No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
54 Como ha sucedido, entre otros, en estos fallos: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 3 de septiembre de 2020. Rad. No. 25000-23-26-000-2009-00131-01 (42003), (ii) Sección Tercera, Sala
Plena, sentencia del 27 de junio de 2017. Rad. No. 500012331000200030072 01 (33945).
25
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
y cobijan el universo de asuntos que se encuentren pendientes para fallo, sobre la
temática unificada 55.
Esto es así, en consideración a la dinámica del derecho para adaptarse y
evolucionar constantemente en conexión con la realidad. En esa medida, la
jurisprudencia, lejos de anquilosarse en fórmulas estáticas e inamovibles, se nutre
de nuevas resignificaciones en torno a los principios y valores que inspiran el
ordenamiento jurídico y es responsiva a las necesidades de cambio, inclusive, en
aquellos eventos en que se haga imperioso revaluar posturas hermenéuticas
inadecuadas o equívocas.
En este contexto, tratándose de las demandas de responsabilidad del Estado en
materia de privación injusta de la libertad, la Corporación ha dado aplicación del
precedente jurisprudencial vigente al momento de proferir el respectivo fallo. Esta
postura advierte una trayectoria uniforme desde 2018, cuando la Sección Tercera,
refiriéndose a los efectos de la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018,
rad. 46947, puntualizó que esta “debía ser cumplida para todos los casos de
privación de la libertad que en adelante [fueran] fallados […]56.
Así, desde el año 2018 la Corporación replanteó su postura en materia de privación
injusta de la libertad y la jurisprudencia ha sido enfática y reiterativa en precisar que
el criterio vinculante es el que se encuentra vigente para el momento en que se
profiera el respectivo fallo, sin atender a la fecha de los hechos o de la demanda57.
Entonces, frente a aquellas demandas que pretenden revivir los efectos de la
sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente núm. 23.354, argumentando de
que sus procesos iniciaron en vigencia de dicho precedente, el criterio seguido por
la Sección Tercera es reiterar la observancia de la jurisprudencia vigente para la
55 Ver, entre otras: (i) Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2020.
Rad. No. 11001-03-15-000-2020-00619-00(AC), (ii) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de
octubre de 2020. Rad. No. 11001-03-15-000-2020-02890-01 (AC); (iii) Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencias del 30 de julio de 2021. Rad. No. 05001-23-33-000-2018-01831-01(66941) y del 21
de noviembre de 2022. Rad. No. 76001-23-33-000-2015-00292-01 (68941), y, (iii) Subsección B, sentencia del
25 de febrero de 2022. Rad. No. 20001-23-31-000-2011-00544-01 (50168).
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 25 de
noviembre de 2021. Rad. No. 11001-03-26-000-2019-00160-00(64935).
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2024, Rad. No. 11001-03-26-
000-2024-00042-00 (71.059) “La providencia cuya ratio se invoca como trasgredida por la demandante,
correspondió en sus orígenes a una sentencia de unificación, pero fue revaluada en decisión que más adelante
se despojó de sus efectos por un juez de tutela, lo que condujo a que se profiriera una decisión de reemplazo,
que, si bien no fijó un criterio de unificación, reiteró la postura adoptada por la Sección Tercera de esta
Corporación previo a que fuera revocada.
Lo anterior, con sustento en los criterios jurisprudenciales fijados en diferentes pronunciamientos de la Corte
Constitucional, como del Consejo de Estado, a saber, las sentencias SU-072 de 2018, C-037 de 1996, C-469
de 2016, y las sentencias de 13 de agosto de 2008 y de 6 de junio de 2012, proferidas bajo radicación interna
16516 y 24633, respectivamente. […]
Así las cosas, la sentencia del 17 de octubre de 2013 (Rad. 23.354) que la parte recurrente alega como
desconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no era la que fijaba una regla de unificación para
el momento en que se profirió el fallo que se cuestiona”.
En esa misma línea: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 22 de agosto de 2024,
Rad. No. 11001-03-26-000-2022-00212-00 (69350); sentencia del 13 de febrero de 2025, Rad. No. 11001-03-
26-000-2023-00096-00 (69.983) y, sentencia del 27 de febrero de 2025, Rad. No. 11001-03-26-000-2024-
00122-00 (71.813).
26
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
fecha de las decisiones que resuelven las pretensiones de reparación directa
sustentadas en una privación injusta de la libertad.
Aparejado este criterio con el caso concreto, la Sala concluye que la sentencia
proferida el 20 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del
proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 19001-33-31-004-
2014-00156-01, fue el reflejo de la tesis acogida por esta Corporación en materia
de aplicación del precedente jurisprudencial sobre privación injusta de la libertad.
Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que la Corporación ha referido que la
inobservancia del precedente jurisprudencial no tiene la virtud de configurar una
nulidad originada en la sentencia, se concluye que el presente recurso
extraordinario de revisión no exhibe un vicio de la providencia que puso fin al
proceso de reparación directa, sino que representa la perseverancia de los
recurrentes en que sus pretensiones indemnizatorias salgan avante bajo un régimen
de responsabilidad objetivo, como si este recurso fuese una tercera instancia
revisora del trámite ordinario, o como si el juez extraordinario tuviera la capacidad
de enervar los efectos inmediatos de la jurisprudencia que gobierna la
responsabilidad del Estado en materia de privación injusta de la libertad.
4.3.4. Finalmente, en lo que respecta al cargo de falsa motivación fundado en que,
en sentir de los recurrentes, la decisión recurrida declaró la culpa de la víctima con
sustento en la sentencia proferida el 24 de octubre de 2016 por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente núm. 43.470, al
igual que en el punto anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado
que la falsa motivación no responde a las hipótesis legales o jurisprudenciales que
podrían viciar de nulidad la providencia que puso fin al proceso58.
En efecto, la Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado la carencia de total de
motivación como una irregularidad sustancial que puede considerarse nulidad
originada en la sentencia, no así falsa motivación, pues esta no constituye una
irregularidad que origine la citada nulidad59 y, en tal sentido, no configura la causal
5ª de revisión extraordinaria del artículo 250 del CPACA60.
Al respecto, en aquellos casos en que la parte recurrente invoca la falsa motivación,
su alegación “se funda en un reproche que se desarrolla a partir de la aseveración
de la existencia del desconocimiento del precedente judicial (…) [de manera que] lo
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión, sentencia
de 5 de junio de 2018. Rad. No. 11001-03-15-000-2011-01409-00.
59 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de febrero de 2015. C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. No. 2009 – 00494.
60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 6, sentencia
de 28 de junio de 2022. C.P. Nicolás Yepes Corrales, Rad. No. 11001-03-15-000-2016-03673-00. “lo que la
jurisprudencia ha entendido que configura la causal de nulidad originada en la sentencia es la falta de motivación
y no la falsa motivación, pues el recurso extraordinario de revisión no plantea un juicio de validez y/o legalidad
sobre la decisión judicial, de manera que en este proceso no es procedente entrar a establecer si las
motivaciones de los fallos resultan veraces o adecuadas”.
27
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
que expone e insiste la parte actora es en reprochar que lo decidido desconoce una
postura jurisprudencial”61.
De conformidad con lo anterior, y atendiendo a que la Corporación ha considerado
que la falsa motivación no configura la causal de nulidad originada en la sentencia,
incluyendo aquellos casos en que su alegación hace referencia al desconocimiento
del precedente, se concluye que tampoco prospera este argumento de la demanda
de revisión extraordinaria, toda vez que la decisión fue motivada y lo que representa
su alegación es que los recurrentes no comparten las razones y el análisis
jurisprudencial del juez de la segunda instancia, todo lo cual escapa al alcance del
recurso extraordinario de revisión, que, se reitera, no constituye un juicio contra el
fondo de la sentencia, de donde no es posible acudir a la revisión extraordinaria a
efectos de cuestionar el análisis sustancial de la providencia objeto de reproche, así
como tampoco discutir nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada.
En consecuencia, comoquiera que no se configuran los presupuestos de la causal
5ª del artículo 250 del CPACA, planteada por los recurrentes, la Sala declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.
5. Conclusión
No se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo 250
del CPACA, es decir, no existe nulidad originada en la sentencia proferida 20 de
junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que revocó la condena
impuesta a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.
Por el contrario, pudo observarse que los recurrentes pretenden convertir el recurso
extraordinario de revisión en una tercera instancia de la acción de reparación
directa, debido a la inconformidad con los argumentos jurídicos que sirvieron de
sustento a la decisión recurrida.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación al
texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
sin la modificación introducida por dicha ley62.
61 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 8, sentencia
de 28 de octubre de 2024. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Rad. No. 11001-03-15-000-2023-05017-00.
62 Ley 2080 de 2021. “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de
su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicada esta ley. […] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley
prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto
28
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código General del Proceso.
A su turno, el numeral 163 del artículo 365 del Código General del Proceso estatuye
la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
revisión.
Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.
En lo atinente a las agencias en derecho, y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrieron la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial (apartados 3.2. y 3.3.), la Sala impondrá condena por este concepto por la
suma equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, a favor de cada uno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 564 del Acuerdo No. PSAA16-10554
de 201665.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, dentro del proceso de reparación directa con radicado
núm. 19001-33-31-004-2014-00156-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en
la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en
cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Fiscalía General
de la Nación y Rama Judicial, en un (1) salario mínimo mensual legal vigente para
cada una de ellas.
de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los
recursos interpuestos, […] se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos […]”
(negrita fuera del texto).
63 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto”.
64 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20
S.M.M.L.V. […]”.
65 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
29
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168)
Demandante: Horacio Secué Muelas y otros
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SP2
30
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.