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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00419-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00419-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Edwin Manuel Gómez Echeverry contra la sentencia del veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-25-000-2023-00419-00 (5608-2023) Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00419-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00419-00 (5608-2023)
Demandante: Edwin Manuel Gómez Echeverry
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional

Temas: Causal de revisión del artículo 250.5 CPACA. No constituye
nueva oportunidad procesal ni tercera instancia. DECLARA
INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Edwin
Manuel Gómez Echeverry contra la sentencia del veintiocho (28) de julio de dos mil
veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A2, para lo cual invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando
la nulidad de la Resolución 343 del 19 de julio de 2018, mediante la cual se le retiró
del servicio activo de la Policía Nacional. Como restablecimiento, pidió su reintegro
al cargo que desempeñaba al momento del retiro, o a uno equivalente o de superior
categoría, sin solución de continuidad.

Que el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 28 de
enero de 2022 negó las pretensiones; decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al desatar el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante.

1 La presentación del recurso se efectuó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de agosto de

2023, de acuerdo con la constancia de correo que reposa en el folio 250 del expediente físico y fue allegado a
esta Corporación el 15 de septiembre de 2023, según la anotación efectuada por la Secretaría que reposa en
el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 28 de enero de 2022 proferida por el Juzgado 24 Administrativo

de Bogotá, Sección Segunda, que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

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SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 28 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el retiro del servicio del
actor por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional se encontraba
ajustado a derecho.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que, de conformidad con el Decreto 1791 de 2000, el director general de la Policía
Nacional contaba con la facultad discrecional para retirar del servicio al señor Edwin
Manuel Gómez Echeverry, en razón de la necesidad de mejorar el servicio público,
siempre que tal decisión se encontrara precedida de la recomendación de la Junta
Asesora de Evaluación.

Expresó que la decisión de retiro fue procedente por cuanto estuvo precedida de la
recomendación emitida por la Junta de Evaluación y Clasificación de la Policía
Nacional, la cual analizó los aspectos esenciales relacionados con el desempeño
del señor Edwin Manuel Gómez Echeverry, y se valoró que la necesidad de
mejoramiento del servicio público policial era inaplazable, teniendo en cuenta
factores como los extremos operativos, el cumplimiento de las tareas acordadas y
las funciones del cargo encomendado.

En consecuencia, la decisión administrativa de retiro se encuentra debidamente
motivada, fue adoptada en concordancia con las normas legales y reglamentarias
aplicables y tuvo como finalidad garantizar el mejoramiento del servicio público
policial.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Edwin Manuel Gómez Echeverry interpuso recurso extraordinario de
revisión al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada
legislación.

Para sustentar el recurso, presentó los siguientes planteamientos:

Que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, al motivar el acto
administrativo que dio lugar al retiro del servicio con base en las mismas
anotaciones que ya habían sido evaluadas y calificadas por la Junta de Evaluación
y Clasificación en los años 2016 y 2017. En dichas evaluaciones, el demandante
obtuvo una calificación de desempeño «superior», razón por la cual dichas
observaciones no podían volver a ser utilizadas para justificar su desvinculación, ya
que esto desconocería el principio de non bis in idem, que prohíbe ser sancionado
dos veces por los mismos hechos.

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Expresó que, a pesar de que dicha irregularidad fue planteada de manera expresa
tanto en la demanda como en el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió pronunciarse sobre el punto. Esta omisión, a su juicio, configura
una vulneración del principio de congruencia, conforme al cual las decisiones
judiciales y administrativas deben dar respuesta integral a los argumentos formulados
por las partes —según lo previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso
y el artículo 29 de la Constitución Política—.

Sostuvo que la incongruencia procesal acarrea la nulidad de la sentencia, en la
medida en que altera los términos de referencia que sirvieron de base para el
desarrollo del proceso

Contestación al recurso extraordinario de revisión

La Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional guardó silencio3.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
28 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección segunda, Subsección A, considerando la causal invocada por el recurrente.

Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada; y, finalmente, iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos de artículo 248 del
CPACA:

3 El día 15 de febrero de 2024 se efectuó la notificación del auto admisorio del recurso. Véase 00008 del

aplicativo SAMAI.
4 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

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«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una sentencia
ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del
CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las
garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno
de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las
cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente 6 (.)

ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes
en la adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de
documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de
documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible
influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo.

iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y
que no podían ser objeto de recurso de apelación.

iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 7.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada,
ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir
los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley8.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7
De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia9.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se
configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 10, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 11, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o

9 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
10 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz; y Sala
Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-02342-00.
C.P. Alberto Yepes Barreiro
11 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».

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perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»12.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido13.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de
202014, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con
fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo
alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita15,
como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está en
armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia
en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia16. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
13 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
15 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto

de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se
indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo
que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por
el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre

de 2007. Exp.: 50001-23-31-000-2002-00198-02 (15770). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

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incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

Advierte la Sala que la parte recurrente invoca la causal establecida en el numeral 5.º
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual sustenta en dos reproches: i) la Policía
Nacional vulneró el debido proceso al motivar el retiro del señor Gómez con las
mismas anotaciones ya evaluadas y calificadas como «superior» en 201617 y 2017,
desconociendo el principio de non bis in idem; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia,
omitió pronunciarse sobre este aspecto, cuando había sido puesto de presente en la
demanda y en el recurso de apelación, lo que vulneró el principio de congruencia, el
debido proceso y el derecho de defensa.

Al considerar la fundamentación de la causal, resulta claro que el primer reproche
no está llamado a prosperar, porque los defectos alegados no corresponden a
ninguno de los supuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar la sentencia
recurrida, y los argumentos presentados en el recurso parecen intentar transformar
este trámite en una tercera instancia, al buscar reabrir el debate y cuestionar
nuevamente aspectos ya resueltos en las instancias previas.

En efecto, la parte recurrente ha reiterado los argumentos que ya fueron abordados
en las instancias anteriores, dirigidos a cuestionar la legalidad del acto
administrativo. Con ello, resulta evidente que el señor Edwin Manuel Gómez
Echeverry busca que se revisen los elementos fácticos y jurídicos del proceso
originario con el fin de obtener un resultado favorable que le fue previamente
negado; proceder que resulta a todas luces contrario al propósito y a la finalidad del
recurso extraordinario de revisión.

En diversas decisiones, se ha establecido que el recurso extraordinario de revisión
está destinado a corregir fallos que vulneren la justicia material, pero no para
cuestionar la labor interpretativa del juez o rectificar errores de apreciación en el
juicio. En ese sentido, la Subsección, mediante sentencia del 27 de agosto de 2020
(Exp. 1638-16), precisó que:

«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –

17 Si bien en el recurso se menciona el año 2016, lo cierto es que de la lectura del acto administrativo de retiro

se observa que no se hizo referencia alguna a dicha anualidad, pues las anotaciones evaluadas fueron de los
años 2017 y 2018.

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como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –como
cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación-.

En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su indebida
aplicación (error de derecho)»18.

En ese sentido, es claro que el juez de la revisión carece de la competencia para
realizar un análisis detallado del asunto decidido, ya que su función no es la de ser
un juez de instancia, sino que su rol se limita a examinar si existen causales
específicas que justifiquen la revisión del fallo, sin entrar a revisar la interpretación
jurídica realizada en el proceso original.

En consecuencia, una vez agotado el estudio de dicho reproche, se procederá a
verificar si se satisfacen los requisitos para la configuración de la causal de revisión
invocada, derivada de la presunta falta de congruencia, al haber omitido
pronunciarse frente al cargo relacionado con la expedición del acto demandado,
fundado en la evaluación y calificación practicada al señor Gómez Echeverry, la cual
se sustentó en anotaciones que ya habían sido valoradas en anualidades anteriores.
Con tal propósito, se examinará el contenido de la demanda, la sentencia de primera
instancia, el recurso de apelación y la decisión de segunda instancia.

El señor Edwin Manuel Gómez Echeverry presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad del acto administrativo 0480
del 17 de julio de 2018 y de la Resolución343 del 19 de julio de 2018, mediante las
cuales se recomendó y se ordenó el retiro de manera discrecional del servicio activo
de la Policía Nacional. También, solicitó el reintegro al servicio y el pago de los
salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir.

El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, resolvió
negar las pretensiones al considerar que, entre las causales previstas para efectuar
la desvinculación del personal de oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo y agentes de
la Policía Nacional, se encuentra la dispuesta por voluntad de la Dirección General
de la entidad, la cual se caracteriza por ser un retiro absoluto que se puede ejercer
por el Gobierno Nacional, el Director General de la Policía y el Comandante de la
Policía Metropolitana, los departamentos de Policía y los Directores de las escuelas
en formación, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional o de la Junta de Evaluación y Clasificación para los Suboficiales.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

27 de agosto de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016). C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.

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Precisó, además, que el acto que dispone el retiro goza de presunción de legalidad
y que la recomendación de retiro estuvo mediada de un estudio de la hoja de vida y
trayectoria del funcionario en la institución, por lo que existieron motivos que
fundamentaron a decisión. Señaló igualmente que, aun cuando el patrullero tenía
una calificación sobresaliente, durante los últimos dos años al retiro presentó falta
de compromiso, responsabilidad, confianza de control y liderazgo, evidenciada en
el incumplimiento de ordenes de operatividad, así como en deficiencias
relacionadas con su comportamiento personal, compromiso institucional, trabajo en
equipo, actividades de servicio y apoyo en el cumplimiento de las tareas asignadas.

El demandante interpuso recurso de apelación y argumentó, en relación a las
anotaciones de evaluación, que no se verificó si efectivamente afectaron el servicio
de policía, porque el acto administrativo no estuvo motivado. Sostuvo que las
anotaciones utilizadas fueron de los años 2017 y 2018, periodos en los que ya había
sido calificado con un puntaje de 1280 puntos, concluyendo que no se respetó el
derecho al debido proceso.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso, planteó como
problema jurídico determinar si se debía revocar la providencia apelada por la posible
concurrencia de los vicios alegados en la demanda contra el acto administrativo de
retiro del servicio.

Citó los artículos 6, 25, 29 de la Constitución Política, destacando que los miembros
de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional tienen deberes calificados y están
sujetos a una mayor exigibilidad por parte de las instituciones y de la sociedad.
Luego, reiteró que de conformidad con el Decreto 1791 de 2000, el director general
de la Policía Nacional tiene la facultad discrecional para retirar del servicio a un
funcionario policial cuando así lo exija la necesidad del buen servicio, previa
recomendación de la Junta Asesora de Evaluación.

En ese sentido, el fallador consideró que la decisión de retiro estuvo precedida de
una recomendación expedida por la Junta de Evaluación y Clasificación de la Policía
Nacional, la cual consideró motivada y examinada según su contenido, así como a
los aspectos fundamentales para definir la necesidad de mejoramiento del servicio,
por cuanto «(…) se examinó según su contenido, los varios aspectos nodales, para
definir que en relación con el demandante señor Gómez Echeverry, la necesidad de
mejoramiento del servicio público policial encomendado era inaplazable, desde los
extremos operativo, cumplimientos de las tareas acordadas y las funciones propias
del cargo a él encomendados».

En este punto, resulta pertinente traer a colación la sentencia de unificación del 7 de
abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado, la cual, si bien no fue citada por el
Tribunal en la sentencia objeto de revisión, se encontraba vigente al momento de su
expedición. En dicha decisión, el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo

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Contencioso Administrativo se pronunció respecto del retiro del servicio de manera
discrecional para los policiales. Veamos:

«[…] Unifícase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con
el retiro tanto del personal uniformado de la Policía Nacional como de las
fuerzas militares por voluntad del Gobierno en ejercicio de la facultad
discrecional, para cuyo efecto se establecen las siguientes reglas:

1.1 La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o de
evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo definitivo,
deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o
capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente
la sugerencia de desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitan
entrever su correlación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
[…]

3 En caso de incumplimiento de los parámetros enunciados, el juez
administrativo en el respectivo proceso deberá determinar si se satisfacen las
condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión administrativa,
que le permitan conservar su presunción de legalidad, en armonía con las reglas
de la sana crítica en la valoración probatoria de los documentos relevantes que
despejen cualquier duda de arbitrariedad. […]»19.

Por consiguiente, aunque el recurrente alegó que el fallo de segunda instancia
vulneró el principio de congruencia al no pronunciarse frente al hecho de las
anotaciones de los años 2017 y 2018 utilizadas por la Junta de Evaluación y
Clasificación de la Policía Nacional para recomendar el retiro del servicio del señor
Edwin Manuel Gómez Echeverry, la Sala considera que tal vulneración no se
configuró. Del análisis de la sentencia objeto de revisión se desprende que el
Tribunal, al resolver el asunto, examinó el contenido y los aspectos fundamentales
del acto para determinar que sí se satisficieron las condiciones de proporcionalidad
y razonabilidad en el caso en concreto.

Además, pese a que no hubo un pronunciamiento específico frente a la evaluación
de las anotaciones de la hoja de vida de años anteriores, la conclusión a la que arribó
el Tribunal se encontraba en el marco de lo que había sido objeto de debate, esto
es, si el acto de recomendación y de retiro del servicio activo de la Policía Nacional
fue expedido conforme a las normas en que debía fundarse.

Es preciso recordar que no toda irregularidad acaecida dentro del trámite constituye
causal suficiente para declarar la nulidad de una decisión, en especial si dicha
irregularidad no incidió sustancialmente en el sentido del fallo ni en las garantías del
debido proceso. Por lo anterior, el Consejo de Estado en una posición pacífica y
reiterada ha precisado que solo las irregularidades que, de haberse subsanado
habrían modificado el sentido de la decisión, son aptas para invalidar una providencia
judicial, así:

19 Consejo de Estado., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 7 de abril de

2022. Exp. 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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«[…] no toda irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la
providencia que ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan
un carácter sustancial en la medida en que incidan en el sentido de la decisión,
por afectar el núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del
derecho al debido proceso.

102. Bajo el anterior marco normativo y conceptual se analizarán los
argumentos del recurso en el presente asunto, reiterando que se tendrá en
cuenta el carácter sustancial de la irregularidad alegada, esto es, aquél que
resulte determinante para el sentido de la decisión»20.

En esa misma línea se ha señalado que «[…] la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta»21.

Respecto de las anotaciones formuladas sobre el año 2016, se advirtió que estas no
fueron consideradas en el acto administrativo que ordenó el retiro discrecional del
servicio activo de Policía, razón por la que no resulta necesario efectuar ningún
pronunciamiento sobre dicha anualidad.

Así, aunque el Tribunal no se pronunció de manera expresa sobre la alegada
vulneración del principio de non bis in ídem y sobre las calificaciones favorables
otorgadas en el año 2017, lo cierto es que dicha omisión no reviste un carácter
sustancial, pues no tenía la entidad de modificar el sentido de la decisión. Ello
obedece a que el acto administrativo de retiro del señor Gómez fue expedido en
ejercicio de la potestad discrecional de la administración, la cual permite prescindir
del servicio aun frente a evaluaciones pasadas que pudieron tener ítems favorables,
siempre que se funde en criterios de conveniencia institucional y se motive
adecuadamente, como consideró el Tribunal.

En todo caso, no puede afirmarse que las eventuales calificaciones favorables
otorgadas en el año 2017 generaran una situación jurídica consolidada que impidiera
a la Junta de Evaluación y Clasificación volver sobre las mismas anotaciones para
recomendar el retiro del servicio. La potestad discrecional que ejerce la Policía
Nacional para desvincular a sus miembros permite valorar de manera integral la hoja
de vida, incluyendo hechos previamente evaluados.

Por lo mismo, el hecho de que las anotaciones hubieran sido evaluadas en el pasado
no resultaba determinante para modificar la decisión, pues la administración podía
tener en cuenta nuevamente esos antecedentes dentro del contexto global del

20 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión. Sentencia del
27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). C.P. Rocío Araujo Oñate; Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión. Sentencia del 1.° de junio
de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-05767-00. C.P. Rocío Araujo Oñate; Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de julio de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-06788-00. C.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil.
21 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 16 de junio de 2025. Exp. 11001-03-26-

000-2020-00101-00 (66168). C.P. Adriana Polidura Castillo.

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desempeño del funcionario. Así lo entendió el Tribunal al señalar que examinó los
aspectos nodales del acto, los cuales, aunque no lo hizo explícito, se advierte que
abarcaban no solo las anotaciones correspondientes a esa anualidad, sino también
a otras, incluyendo tanto elementos favorables como desfavorables. Entre estos
últimos, el Tribunal dejó expresamente consignadas las observaciones relacionadas
con la falta de resultados operativos, el incumplimiento de órdenes y otras
obligaciones propias del cargo

Así, aun de haberse considerado expresamente este aspecto, el sentido del fallo no
habría variado, lo que impide configurar la causal de nulidad alegada, por lo que se
declarará infundado el recurso de revisión.

De la condena en costas

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
estableciendo que, si se declara infundado el recurso extraordinario de revisión, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente.

Dado que esta reforma prevalece sobre normas anteriores y el recurso se resolvió
bajo su vigencia, en principio procede la condena en costas. No obstante, como la
norma no regula todo lo relativo a su imposición, debe complementarse con el CGP,
que en sus artículos 361 y 365 indica que solo procede la condena «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

En este caso, aunque el recurso fue declarado infundado, la entidad demandada no
intervino en el proceso ni designó apoderado judicial, lo que impide considerar que
ejerció alguna vigilancia sobre el trámite que justifique el reconocimiento de agencias
en derecho. Además, no se evidencia la existencia de gasto procesal alguno. Por ello,
la Sala concluye que no hay lugar a imponer condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Edwin Manuel Gómez Echeverry contra la sentencia del
veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

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Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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