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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05767-00

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
24 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05767-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión por la alegación referida a la configuración de nulidad originada en la sentencia por el cargo relacionado con la inexistencia de pruebas que acrediten la responsabilidad del Estado por la prolongación ilegal de la libertad. Por lo anterior, se mantiene en firme la decisión de revocar la sentencia de primera instancia del 28 de febrero de 2012, así como los numerales primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia del 26 de junio de 2020, por las consideraciones expuestas 30 Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda. 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicados: 11001-03-15-000-2021-05767-00 Demandante: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2020, por el Estado, Sección Tercera – Subsección “B”, en el proceso de reparación directa instaurado por los señores Gonzalo de Jesús Toro Castaño, Mónica Alejandra Castañeda de Soto, Daniel Toro Castañeda, Isabella Toro Castañeda, Ana María Castaño Álzate, María Celina Toro Castaño, Eumelia Toro Castaño, Melba Rosa Toro Castaño, María Nohemí Toro Castaño y José Uriel Toro Castaño en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por la causal de incongruencia que genera nulidad originada en la sentencia. TERCERO: INFIRMAR PARCIALMENTE la referida sentencia en lo referente al reconocimiento del perjuicio inmaterial, como tipología de la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados; en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-05767-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

10 de junio de 2022

Radicados: 11001-03-15-000-2021-05767-00
Demandante: Nación – Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA
VEINTISIETE
(27)
ESPECIAL
DE
DECISIÓN

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05767-00
Demandante: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandados: GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO Y OTROS
Temas: Declara fundado el recurso – Análisis de la causal de nulidad
originada en la sentencia, prevista en el numeral 5º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 – Violación del principio de
congruencia por falta de coherencia externa

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que
se infirme la sentencia dictada el 26 de junio de 2020 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección “B”, en el proceso de reparación directa instaurado
por los señores Gonzalo de Jesús Toro Castaño, Mónica Alejandra Castañeda de
Soto, Daniel Toro Castañeda, Isabella Toro Castañeda, Ana María Castaño
Álzate, María Celina Toro Castaño, Eumelia Toro Castaño, Melba Rosa Toro
Castaño, María Nohemí Toro Castaño y José Uriel Toro Castaño en contra de la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que se
tramitó bajo el Rad. No. 76001-23-31-000-2010-01778-01.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso ordinario de reparación directa

1. La demanda que dio origen al proceso de reparación directa fue presentada
el 12 de octubre de 2010 por el señor Gonzalo de Jesús Toro Castaño (víctima
directa) y sus familiares, relacionados en precedencia, en contra de la Nación -
Rama Judicial, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos por la
prolongación de la privación de la libertad a la que fue sometido desde el 9 de

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Demandante: Nación – Rama Judicial - Dirección
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agosto de 2006 hasta el 18 de diciembre de 2008, es decir, por un término de 2
años, 4 meses y 9 días, tiempo superior a la pena de 28 meses de prisión que le
fue impuesta en la sentencia penal condenatoria.

2. En el proceso penal se le imputó y condenó por el delito de estafa, en
concurso con el de falsedad en documento privado.

3. En la demanda de reparación directa, la parte actora solicitó que se
declarara patrimonialmente responsable a la demandada y, en consecuencia, que
se le reconociera un perjuicio moral con fundamento en lo establecido en el
artículo 161 de la Ley 446 de 19982.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de
febrero de 2012, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
consistente en la prolongación de la pena impuesta al demandante, pues:

(i) El 12 de diciembre de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, revocó la decisión que le había negado la
libertad condicional y, en su lugar, concedió la libertad por pena
cumplida.
(ii) Sólo hasta el 15 de diciembre de 2008 se remitió dicho proceso al
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali,
el cual mediante providencia del 16 de diciembre de 2008 declaró
extinguida la pena impuesta y ordenó su libertad definitiva conforme con
los artículos 38 y 468 del C.P.P.
(iii) Esta última decisión fue notificada al condenado y a su defensor el 18
de diciembre de 2008, día en que recobró su libertad.

5. Adicionalmente, concluyó que la parte actora no demostró que se le hubiera
causado un daño antijurídico, dado que la víctima directa no podía ser dejada en
libertad el mismo día en el que se profirió la providencia del 12 de diciembre de
2008, pues los trámites que realizó la entidad demandada eran necesarios y
obligatorios para que se hiciera efectiva la orden de libertad a favor del señor Toro
Castaño.

1
ARTICULO 16. VALORACION DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia,
la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y
observará los criterios técnicos actuariales
2
Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del
Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia.

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1.3. Sentencia de segunda instancia

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia
del 26 de junio de 2020, revocó la decisión de primera instancia y accedió a las
pretensiones de la demanda, al encontrar demostrado que la prolongación de la
privación de la libertad del señor Toro Castaño devino en ilegal e injusta, y que,
por ende, le era atribuible a la demandada, porque el Juzgado Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Cali le negó el beneficio de la libertad
condicional con base en un cómputo errado del tiempo cumplido de la pena.

7. Como consecuencia, ordenó:

“REVÓQUESE la sentencia dictada el 28 de febrero de 2012 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para, en su lugar, disponer:

PRIMERO: Declárese patrimonialmente responsable a la NACIÓN-RAMA
JUDICIAL por los perjuicios que GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO sufrió
como consecuencia de la prolongación de la privación de su libertad.

SEGUNDO: Condénese a la NACIÓN–RAMA JUDICIAL al pago de 63,7
S.M.L.M.V. a favor de GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO, por concepto
de perjuicios morales.

TERCERO: ORDÉNESE al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la
Rama Judicial emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoría de esta
providencia, un comunicado en el cual ofrezca disculpas a Gonzalo de Jesús
Toro Castaño por el daño antijurídico que padecieron (sic) con ocasión de la
privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.

CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN CONDENA en costas.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178
del CCA.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a
las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el
expediente a su Tribunal de origen.”

8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B encontró demostrado
que mediante auto del 16 de abril de 2008, el Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Cali negó la solicitud de libertad condicional
formulada el 12 de febrero de 2008 por la defensa del señor Gonzalo de Jesús
Toro Castaño, por ausencia de configuración del elemento objetivo para su
procedencia, esto es, el cumplimiento de las tres quintas partes de la condena.

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9. Lo anterior por cuanto, según la autoridad penal, para ese momento el
condenado sólo había estado privado de la libertad por un término de 2 meses y
23 días, conclusión a la que llegó al realizar el conteo desde el 24 de enero de
2008, fecha en la que ordenó su encarcelación mediante boleta No. 009.

10. Sin embargo, el juez de la reparación directa en la sentencia del 26 de junio
de 2020 –objeto de este recurso- concluyó que, la parte actora demostró que para
dicho momento la víctima directa ya había cumplido tres quintas partes de la pena
impuesta en la sentencia penal condenatoria proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali.

11. En efecto, advirtió que era necesario computar el tiempo desde que el señor
Toro Castaño fue capturado el 9 de agosto de 2006 con ocasión de otro proceso
penal.

12. En ese sentido, indicó que no podía hacerse más gravosa la situación del
condenado por la falta de integración y cooperación que debe existir entre las
diferentes autoridades del orden judicial y, en consecuencia, debía computarse la
privación de su libertad desde el 9 de agosto de 2006, lo cual implicaba que, al
momento de proferir dicha decisión, el condenado llevaba un total de 28 meses de
prisión y era acreedor de su derecho a la libertad, pero por pena cumplida.

13. Consecuentemente, concluyó que el daño causado por la prolongación de
la privación de la libertad del señor Gonzalo de Jesús Toro Castaño era imputable
a la Nación-Rama Judicial, debido a que ésta fue causada por el errado cómputo
del término del cumplimiento de la pena, realizado por el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali en el auto del 16 de abril de
2008.

14. En relación con los perjuicios morales solicitados, advirtió que no aplicaría
lo establecido en la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014 por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, debido a que los parámetros señalados
en esa decisión se fijaron para los casos de privación de la libertad en los cuales
la víctima directa no había sido condenada dentro del proceso penal, supuesto
fáctico que difería del caso concreto.

15. Sumado a lo anterior, reconoció un daño al buen nombre del señor Gonzalo
de Jesús Toro Castaño, por lo que ordenó al Director Ejecutivo de Administración
Judicial de la Rama Judicial expedir y hacer llegar al demandante y a sus
familiares una comunicación en representación de la entidad estatal responsable,
ofreciéndoles disculpas a nombre del Estado Colombiano por el daño antijurídico
que le causó habiéndolo prolongado injustamente de su libertad.

16. La sentencia fue notificada por edicto desfijado el 26 de agosto de 2020, de
tal manera que cobró ejecutoria el 31 del mismo mes y año.

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II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

17. El 27 de agosto de 2021, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial interpuso recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra
como supuesto fáctico la existencia de nulidad originada en la sentencia contra la
cual no proceda recurso de apelación.

18. Para sustentar el recurso afirmó, en primer lugar, que en el caso concreto
no se presentó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que
pudiera generar la responsabilidad del Estado y que el demandante del proceso
ordinario no cumplió con la carga de acreditar el daño antijurídico 3 cuya
indemnización reclamó.

19. Para fundamentar este cargo aludió a los argumentos expuestos por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para negar las pretensiones de la
demanda.

20. Concretamente, que: (i) el 12 de diciembre de 2008, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala Penal, revocó la decisión que le había negado la
libertad condicional y, en su lugar, concedió la libertad por pena cumplida; (ii) sólo
hasta el 15 de diciembre de 2008 se remitió dicho proceso al Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, el cual, mediante providencia
del 16 de diciembre de 2008, declaró extinguida la pena impuesta y ordenó su
libertad definitiva conforme con los artículos 38 y 468 del C.P.P.; (iii) esta última
decisión fue notificada al condenado y a su defensor el 18 de diciembre de 2008,
día en que recobró su libertad. Sumado a que no era posible dejarlo en libertad el
mismo día en que se profirió la orden, debido a los trámites que la entidad debió
adelantar para su cumplimiento.

21. En segundo lugar, señaló que la sentencia cuestionada reconoció extra
petita un perjuicio de carácter no pecuniario denominado daño al buen nombre, en
la medida en que no fue solicitado en la demanda, mismo que tampoco se
encontraba acreditado en el proceso y que no es posible presumir a la luz de los
reiterados pronunciamientos que ha dictado la Sección Tercera del Consejo de
Estado4.

3
En este punto citó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del
28.02.2020. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Rad. 25000-23-26-000-2012-00162-01 (50520); Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, Sentencia del 31.07.2020. M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Rad. 50001-23-31-000-2008-00451-
01 (54.258).
4
Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28.08.2014. M.P. Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Rad. 05001-23-25-
000-1999- 01063-01(32988) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14.09.2011. M.P. Enrique Gil Botero.
Rad. 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).

5

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22. Al respecto, transcribió los apartes de la providencia que sustentaron esta
decisión5 y señaló que las disculpas públicas son un elemento propio de la justicia
transicional, como forma de reparación simbólica.

23. Agregó que la sentencia cuya infirmación pretende es incongruente, en la
medida en que no existe coherencia entre lo pedido por la parte demandante, lo
probado en el proceso y la decisión adoptada en la sentencia.

24. Argumentó que esa medida restaurativa desnaturaliza el ámbito de las
funciones estatutarias del director ejecutivo, reguladas en los artículos 98 y 99 de
la Ley 270 de 1996, en cuanto es el encargado de ejecutar las políticas
administrativas ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, de
acuerdo con la naturaleza de sus funciones, es el ordenador del gasto y gerente
administrativo de la Rama Judicial.

25. Puso de presente que, por su parte, las autoridades judiciales gozan de
autonomía e independencia por disposición de la Constitución y de la ley y, en tal
virtud, el funcionario a quien se le impartió la orden de pedir disculpas no es
orientador, ni superior jerárquico, ni nominador, ni director de las autoridades
judiciales; tampoco incide en sus decisiones, pues si lo hiciera o efectuara algún
pronunciamiento frente a las providencias judiciales, estaría transgrediendo
flagrantemente el principio de autonomía e independencia judicial.

26. Finalmente, refirió al carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y al desconocimiento de este principio con ocasión de la sentencia.

2.2. Actuaciones procesales relevantes

2.2.1. Auto inadmisorio

27. Mediante proveído del 7 de septiembre de 2021, se inadmitió la demanda
que contiene el recurso extraordinario de revisión del vocativo de la referencia, al
advertirse que no cumplía con los requisitos referidos a:

i) Indicar el nombre de todos los demandantes y de los terceros que
intervinieron en el proceso ordinario de reparación directa y las
direcciones físicas y canales digitales en los que recibirán notificaciones.
ii) Remitir copia de la demanda y de sus anexos a las partes e
intervinientes, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

5
En este punto, trajo a colación la siguiente sentencia del Consejo de Estado que hicieron referencia, de manera general a
la carga de la prueba: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28.02.2020. M.P. Nicolás Yepes
Corrales. Rad. 25000-23-26-000-2012-00162-01 (50520).

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Estado ANDJE, por los canales digitales, en los términos del Decreto
806 de 2020 y del artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
iii) Allegar el poder especial para interponer el recurso, con el lleno de los
requisitos legales.

2.2.2. Escrito por el cual se subsanó la demanda

28. En el término conferido en el auto inadmisorio, la parte actora presentó
escrito del 15 de septiembre de 2021, indicando los nombres de todos los
demandantes del proceso de reparación directa, así como las direcciones de
correo electrónico en las que recibirían notificaciones.

29. Así mismo, remitió copia de la demanda al apoderado de los terceros
intervinientes y a la ANDJE y allegó el poder conferido por la Directora
Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
división de procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.2.3. Auto admisorio y actuaciones subsiguientes

30. Subsanadas las falencias advertidas por el despacho de la Magistrada que
funge como ponente, mediante auto del 15 de noviembre de 2021 se admitió la
demanda y se ordenó notificar a la parte recurrente por estado y en forma
personal a la parte demandada, así como a los terceros señalados en el escrito de
la demanda, en los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 20116.

31. Las notificaciones se surtieron en legal forma, según constancias obrantes
en el sistema de gestión judicial SAMAI7.

32. Vencido el término para contestar la demanda, no se presentaron
intervenciones.

2.2.4. Concepto del Ministerio Público

33. El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario de revisión,
por considerar, en primer lugar, que lo que pretende la recurrente es controvertir el
contenido de la motivación de la sentencia acusada, lo cual no es causal de
nulidad originada en la sentencia.

34. Puso de presente que la parte actora allegó suficiente material probatorio
para demostrar que la entidad demandada incurrió en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia consistente en la prolongación

6
Precepto modificado por el artículo 48 de la Ley 2081 de 2021.
7
Las notificaciones se llevaron a cabo el 18 de noviembre de 2021 a todos los intervinientes. El proceso se fijó en lista, de
conformidad con el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011 el 23 de noviembre de 2021 a las 8:00 am

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ilegal de la libertad del señor Gonzalo de Jesús Toro Castaño, que trajo consigo
un daño antijurídico irrogado a la víctima directa, concretamente el auto del 16 de
abril de 2008 dictado por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali, que negó el beneficio de libertad condicional solicitado por la
defensa el 12 de febrero de 2008.

35. Por otro lado, en relación con la presunta violación del principio de
congruencia, adujo que carece de fundamento, pues si bien los actores no
solicitaron una medida de reparación no pecuniaria por el daño al "buen nombre",
lo cierto es que el juez de lo contencioso administrativo está facultado para
ordenar esa clase de medidas de manera oficiosa o a solicitud de parte, en
ejercicio del control de convencionalidad subjetivo.

36. Como fundamento de lo anterior citó la sentencia de unificación proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, Radicado
66001-23-31- 000-2001-00731-01(26251), en la que se expuso:

“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia
de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la
afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se
encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación
integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no
pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto
es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de
consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se
presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica,
la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”. (...) “…

Así mismo, se observa que para la consideración de este tipo de medidas la base
constitucional se desprende los artículos 90 y 93 de la Carta Política, la base legal
del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 63.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Adicionalmente, y para garantizar el derecho a
la reparación integral de la víctima, se tiene en cuenta que debe ceder el
fundamento procesal del principio de congruencia ante la primacía del principio
sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando existe la vulneración del
derecho internacional de los derechos humanos”.

37. Adicionalmente, contrario a lo afirmado por el recurrente, expuso que la
medida restaurativa ordenada también es aplicable frente a eventos en los cuales
el daño no provenga de grave violación a derechos humanos8.

38. Finalmente, frente al presunto desconocimiento de la sentencia de
unificación del 14 de septiembre de 2011, reiterada y ratificada en la sentencia del
28 de agosto de 2014, manifestó que dicho argumento no configura la causal de
nulidad originada en la sentencia, motivo por el cual su estudio resulta
improcedente.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Rad.
25000232600020030188101 (38738), M.P: Hernán Andrade Rincón, providencia del 12 de noviembre de 2014.

8

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Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ

2.2.5. Auto de pruebas

39. Mediante providencia del 30 de marzo de 2022 el despacho sustanciador
incorporó como prueba la sentencia del 26 de junio de 2020, objeto de este
recurso –allegada por el recurrente-, así como el expediente que contiene el
proceso de reparación directa instaurado por el señor Gonzalo de Jesús Toro
Castaño y otros contra la Nación Rama Judicial en el que se dictó la sentencia del
26 de junio de 2020 cuya infirmación se pretende y que corresponde al radicado
No. 76001-23-31-000-2010-01778-01 (44716), el cual fue allegado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

40. De las pruebas se corrió traslado por tres días en los términos del artículo
110 del Código General del Proceso, según la constancia secretarial que obra en
el expediente.

41. El expediente ingresó al despacho el 24 de mayo de 2022.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

3.1. Normatividad aplicable

42. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011 regula el recurso
extraordinario de revisión, donde se indican los términos, causales y requisitos que
deben cumplirse para su admisión y procedencia en los artículos 248 a 255, con
las modificaciones introducidas por los artículos 68 a 70 9 de la Ley 2080 de
202110, que resultan íntegramente aplicables a la presente actuación la cual se
radicó y admitió con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor11.

3.2. Presupuestos procesales de la acción

3.2.1. Competencia

43. La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación es competente para conocer el presente
recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, según lo establecido por el artículo 249 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
virtud del cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del

9
El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 en relación con la sentencia que
pone fin al recurso extraordinario de revisión y el fallo de reemplazo para el evento de que corresponde declarar fundado el
recurso.
10
La primera de las normas citadas extendió las reglas de competencia previstas en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011
para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales reguladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. El
artículo 79, por su parte, reguló el trámite del recurso y el 70 lo relacionado con la sentencia.
11
La Ley 2080 de 2021 empezó a regir el 25 de enero de 2021 y la demanda se admitió el 7 de septiembre de 2021.

9

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Consejo de Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión12.

44. Cabe destacar que el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de
Decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente
les encomiende.

45. Con base en esa disposición, la Sala Plena del Consejo de Estado expidió
el Acuerdo 321 de 2014 que, en su artículo 2º, expresó los asuntos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo que serían decididos por las Salas
Especiales, entre ellos los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra
las sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado,
competencia que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080
de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, vigente.

3.2.2. Oportunidad

46. La Sala advierte que la demanda contentiva del recurso extraordinario de
revisión se presentó en el término establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que la sentencia que se pretende infirmar fue dictada el 26 de
junio de 2020 por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B”,
notificada por edicto fijado el 24 de agosto de 2020 y desfijado el 26 de agosto de
la citada anualidad, de tal manera que cobró ejecutoria el 31 de agosto de 2020 y
el presente recurso fue interpuesto el 27 de agosto de 2021, lo que significa que
no alcanzó a transcurrir el año al que se refiere la norma señalada.

3.2.3. Legitimación en la causa

47. Respecto del presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
expresarse que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, está legitimada en la causa por activa y el señor
Gonzalo de Jesús Toro Castaño, por pasiva, respectivamente, porque fueron
partes del proceso en el que se dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario
de revisión del vocativo de la referencia. De ahí que, resulte evidente la
legitimación que ambos tienen en relación con este proceso.

12
Corte Constitucional, Sentencia C-450 de 2015 “De esta manera, la expresión demandada simplemente implica que no se
puede excluir de plano a todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite concluir que
no deba decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento, por lo cual es claro que no se afectan
los principios de imparcialidad e independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el principio de
imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los magistrados que aprobó la
sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los consejeros que participaron de la
decisión impugnada.

10

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3.3. Problema jurídico

48. Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar la sentencia dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B” el 26 de junio de
2020, por medio de la cual se revocó el fallo del 28 de febrero de 2012 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda,
para, en su lugar, acceder a ellas y ordenar tanto el pago de los perjuicios morales
solicitados como el daño al buen nombre del señor Gonzalo de Jesús Toro
Castaño.

49. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la parte actora, en el material probatorio recaudado, la causal de
revisión invocada y los argumentos expuestos en la demanda y en el concepto del
Ministerio Público, el problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
establecer si se configura, en el sub examine, la nulidad originada en la sentencia
por:

50. En primer lugar, si se vulneró el derecho al debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política por encontrarse acreditado un defectuoso
funcionamiento de la administración, consistente en la prolongación de la privación
de la libertad al señor Toro Castaño, sin que tal hecho estuviera probado.

51. En segundo lugar, la Sala de Revisión deberá establecer en el caso
concreto si se vulneró el principio de congruencia de la sentencia, suceso
especialmente previsto por la jurisprudencia como susceptible de ser analizado de
fondo a través de este medio extraordinario de impugnación.

52. Para resolver el problema jurídico que subyace al caso concreto, la Sala
abordará los siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario
de revisión; ii) causal de nulidad originada en la sentencia; iii) principio de
congruencia del fallo y violación del mismo como causal de invalidez; y iv) análisis
del caso concreto.

53. Este último estudio, se desarrollará con fundamento en los argumentos
expuestos en el recurso y la valoración en su conjunto de los medios de
convicción allegados al proceso, con plenas garantías del derecho al debido
proceso de la demandante, consagrado en el artículo 29 Constitucional, y
aplicación del artículo 53 de la Carta, en consideración a la naturaleza jurídica del
derecho sustancial involucrado en la presente demanda, que implica que la Sala
debe actuar como juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad.

3.4. Generalidades del recurso extraordinario especial de revisión

54. Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de

11

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impugnación excepcional que permite: i) revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada ii) infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley13.

55. Las sentencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los
Tribunales Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por
los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal
recurso.”14

56. Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011, especialmente, el
recurrente debe señalar y justificar la causal o causales del artículo 250 ejusdem
en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias, pertinentes e idóneas
encaminadas a la acreditación de la causal de nulidad que alega.

57. En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta y la causal invocada y las alegaciones
expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable realizar
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y/o en el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

58. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, toda vez que exige un análisis riguroso en cuanto a su procedencia y
restringido a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez
no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal
de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo15.

13
El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características esenciales que se indican, ha
sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-
00678, 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de
1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993,
Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio
de 2010, Rad. 2007- 00267.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4 de agosto de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa
15
Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de
los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV)
2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no
es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a
las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito
interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia
López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de
valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el

12

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59. Este recurso tiene como finalidad principal la revisión de las decisiones
adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para
tratar de enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración
de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o
indebida aplicación de esta (error de derecho)16.

3.5. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso

60. Este supuesto corresponde a la causal consagrada en el numeral 5º del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en virtud de la cual “Son causales de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”17.

61. La causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que
buscan circunscribir su alcance, para evitar que ella se emplee con la única
finalidad de que el juez de la revisión se convierta en uno de instancia. Por ello, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha delimitado las circunstancias que
pueden configurar la causal de revisión en estudio, analizando cada uno de los
supuestos consagrados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy
133 del Código General del Proceso, y precisando aquellas no consagradas en
esta normatividad que igualmente permiten interponer el medio de impugnación.

62. En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de
revisión, esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201618, explicó:

“9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la
sentencia19:

9.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.

recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados
con fuerza de cosa juzgada (...)".
16
De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar
si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación o, si el propósito del
demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede de lo contencioso administrativo pudiera constituirse
en una nueva instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14 de
agosto de 2008, exp. 16.594.
17
En cuanto al alcance de esta causal, Cfr. Sentencia de la Sala Especial de Decisión No. 26 del Consejo de Estado,
proferida el 7 de abril de 2015, dentro del expediente 110010315000201300358-00, Demandante: Luis Facundo Maldonado
Granados, Demandado: Universidad Pedagógica Nacional.
18
Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José
Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; de
18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de
2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio
de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.

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9.2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

9.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la
firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente.

9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.

9.6. Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación
del debido proceso.

10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las
razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es
motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente,
con fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con
deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada
de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación
de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente
judicial (…)20” (Negrillas fuera de texto)

63. Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que
surgen de la vulneración del artículo 29 Constitucional, evento en el cual
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho,
puede configurar la causal de revisión en comento, circunstancia que se deriva de
la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de convencionalidad en
garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en un proceso
judicial.21

64. Así lo entendió la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta
Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142
del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29”22.

20
Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene plena vigencia en
relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en el numeral 5º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia.
21
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de mayo de 2018, Rad. 1998-
153-01 (REV), con ponencia del Magistrado Alberto Yepes Barreiro unificó el criterio sobre el alcance de la causal,
precisando que puede configurarse por evidenciarse una violación del artículo 29 Constitucional –debido proceso–.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión, M.P. Olga Melida Valle de De la Hoz.
En dicha sala, se aprobaron otras dos decisiones en igual sentido. Radicación: 11001-03-15- 000-1998-00157-01 (Rev.
157). Demandante: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.

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65. Es importante aclarar que, en estos casos, el juez no está creando una
causal diferente a las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad
originada en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional,
en donde el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega
tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, ya que no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que
ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial en la medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el
núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso.

66. Bajo el anterior marco normativo, jurisprudencial y conceptual se analizarán
los argumentos del presente recurso de revisión, reiterando que se tendrá en
cuenta el carácter sustancial de la irregularidad alegada, esto es, que resulte
determinante para la decisión.

3.6. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de
revisión alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se
fundamenta

3.6.1. Argumento de la recurrente

67. La recurrente invocó como causal de procedencia del recurso extraordinario
de revisión, la consagrada en el numeral 5º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, analizada en el
acápite anterior, referida a “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, por considerar que:

(i) Se encontró acreditado un defectuoso funcionamiento de la
administración, sin que la parte demandante lo hubiera probado pues no
cumplió con la carga de la prueba requerida.

(ii) Se dictó un fallo incongruente.

3.7. Incumplimiento de la carga de la prueba

68. La parte actora sustenta este argumento en la falta de pruebas que
impedían al juez de segunda instancia estudiar la antijuridicidad del daño, pues a
su juicio, no se acreditó que se hubiera prolongado injustamente la privación de la
libertad del señor Gonzalo de Jesús Toro Castaño.

69. Resulta evidente que este argumento guarda estrecha e íntima relación con
el desconocimiento del acervo probatorio y la valoración de los elementos de
convicción incorporados en la actuación, en la medida en que afirma que el

15

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defectuoso funcionamiento de la administración no se encontraba probado.

70. De lo anterior se advierte que la demandante no alega ninguna irregularidad
procesal que tenga la posibilidad de invalidar el fallo por vicios in procedendo, toda
vez que este cargo no está soportado en un supuesto constitutivo de invalidez de
la actuación.

71. De esta manera, el libelo introductorio convierte el medio de control en una
especie de recurso de alzada para que la Sala de Decisión revise la sentencia
desde el punto de vista sustancial y probatorio, y no para que examine si incurrió
en una causal de nulidad originada en ella.

72. Cabe destacar que el reparo expuesto por la recurrente no tiene la entidad
para afectar el debido proceso, por cuanto lo que presenta es un desacuerdo con
la valoración de los medios de convicción, más no una anomalía en el
procedimiento o en la sentencia que constituya causal de nulidad, pues no
encuadra en alguno de los supuestos que la Sala Plena de esta Corporación han
admitido como constitutivas de nulidad.

73. De cara al cargo analizado, esto es, el incumplimiento de la carga de la
prueba, se observa que no se cuestiona la competencia de la Sala que dictó la
providencia, la violación del derecho de audiencias y de defensa, la motivación y
congruencia del fallo, la validez y controversia de las pruebas –ya que lo que
propone la recurrente es una ausencia de pruebas-, aspectos que constituyen el
contenido constitucionalmente vinculante de este derecho, la Sala no evidencia
argumento alguno encaminado a acreditar la existencia de una irregularidad que
se hubiera presentado al momento de dictarse el fallo de segunda instancia que
definió la litis.

74. Por ello, la Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una tercera instancia ni fue consagrado para revivir etapas procesales
que se dejaron vencer por la incuria de la parte actora, por lo que no es posible
que el juez de la revisión valore nuevamente las pruebas incorporadas en la
actuación.

75. Adicionalmente, se observa que los motivos expuestos por la actora en
punto de este cargo, no guardan relación con la ratio decidendi del fallo objeto de
este recurso, como se explica a continuación.

76. Concretamente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adujo que
no se prolongó injustificadamente la privación de la libertad del señor Toro
Castaño pues no era posible dejarlo en libertad el mismo día en que se profirió la
providencia del 12 de diciembre de 2008 que así lo ordenaba, pues se requerían
ciertos trámites para hacerla efectiva, lo cual ocurrió hasta el 18 del mismo mes y

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año.

77. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B” en la
providencia del 26 de junio de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda al
encontrar que el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Cali le negó el beneficio de la libertad condicional al señor Toro Castaño, con
base en un cómputo errado del tiempo cumplido de la pena.

78. En efecto, en el fallo se indicó que para determinar el tiempo de pena
cumplida era necesario computarlo desde que el señor Toro Castaño fue
capturado el 9 de agosto de 2006 con ocasión de otro proceso penal y no desde el
24 de enero de 2008, fecha en la cual se ordenó su encarcelación por los delitos
de estafa y falsedad en documento privado, pues para aquel momento ya se
encontraba privado de la libertad.

79. En consecuencia, es claro que la autoridad judicial de segunda instancia, en
el proceso de reparación directa, no encontró acreditado un defectuoso
funcionamiento de la administración por el tiempo que le tomó a la entidad hacer
efectiva la orden y dejar en libertad al señor Gonzalo de Jesús Toro, como lo
pretende hacer ver la recurrente, sino por razón del error en el cómputo del tiempo
cumplido de la pena.

80. Por otro lado, debido a que el caso concreto corresponde a la
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, resulta
importante poner de presente que la Corte Constitucional en la sentencia SU-369
de 202123 unificó su jurisprudencia en relación con estos casos, para indicar que
se debe distinguir entre el régimen de imputación de responsabilidad aplicable a
dichas situaciones y el análisis de la culpa exclusiva de la víctima como causal
exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado.

81. La Corte estableció que si (i) el hecho punible no existió o (ii) la conducta
era objetivamente atípica, es posible predicar que la decisión de privar al
investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para
esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el
entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

82. En relación con la culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de
responsabilidad fijó una regla en torno a la interpretación del concepto, en el
sentido de que el juez de la responsabilidad debe respetar los principios del
debido proceso, presunción de inocencia y respeto al juez natural, lo que se

23
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-363 del 22.10.2021. M.P. Alberto Rojas Ríos. Disponible, comunicado de
prensa. En esta ocasión, la Corte Constitucional confirmó la sentencia de tutela proferida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019, que amparó el derecho
fundamental al debido proceso de los allí tutelantes. Dicha decisión dejó sin efectos la Sentencia de mérito del 15 de agosto
de 2018 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

17

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traduce en que el juez no puede juzgar la conducta objeto de investigación y
juzgamiento penal, al ser de reserva del juez ordinario —penal—.

83. Igualmente, puso de presente que en la determinación de la culpa exclusiva
de la víctima, se debe atender lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de
1996, ya que para que se configure la eximente de responsabilidad, aquel debe
implicar una conducta con incidencia procesal directa, necesaria y determinante,
es decir, que sea la propia conducta de la víctima la que indujo, provocó o
determinó la privación de la libertad.

84. De lo expuesto en precedencia se puede concluir que no se configura la
causal de nulidad originada en la sentencia, por la ausencia de pruebas alegada,
pues dicho argumento no tiene la capacidad de infirmar el fallo, ya que: (i) no es
uno de los supuestos que configura la causal, (ii) tampoco implica una violación
del debido proceso; y (iii) lo alegado por la recurrente como no probado, en nada
incide en la decisión pues no hace parte de la razón que la fundó.

3.8. Vulneración del principio de congruencia

85. La falta de coherencia del fallo la hizo consistir en que la sentencia
cuestionada reconoció extra petita un perjuicio de carácter no pecuniario, en la
medida en que no fue solicitado en la demanda, denominado daño al buen
nombre, que no se encontraba acreditado y que tampoco es posible presumir a la
luz de los reiterados pronunciamientos que ha dictado la Sección Tercera del
Consejo de Estado24.

86. Esta argumentación implica (i) realizar un estudio sobre el principio de
congruencia, para finalmente (ii) establecer si fue transgredido al haberse
reconocido el daño al buen nombre sin que este se hubiere solicitado, y por
haberse ordenado al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama
Judicial emitir un comunicado en el cual ofreciera disculpas al señor Gonzalo de
Jesús Toro Castaño, sin que dicha reparación se hubiere solicitado.

3.8.1. Principio de congruencia

87. La congruencia procesal se ha definido como, “el principio normativo que
delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con
el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y
contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el
sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del
denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas

24
Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28.08.2014. M.P. Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Rad. 05001-23-25-
000-1999- 01063-01(32988) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14.09.2011. M.P. Enrique Gil Botero.
Rad. 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).

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oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para
separarse de ellas”.23

88. En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está
delimitado por las pretensiones de la demanda y por los argumentos expuestos en
las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta y los hechos
que se esgrimen en la demanda.

89. Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General de Proceso
que reformó el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables
por remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley 1437 de 201124.

90. Las citadas normas procesales, precisan:

“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este Código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. (…)”

91. En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la
congruencia debe ser interna y externa. La primera obedece a la correspondencia
que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia; y la segunda,
esto es la externa, que la decisión contenida en la parte resolutiva se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación.

92. Sobre este aspecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
expresó:

“El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en
los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con
el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas
pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse
además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la
demanda...’. La congruencia interna, está referida a la armonía y
concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de
las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte
considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la
sentencia.”25

93. Conforme a lo expuesto, este principio tiene como finalidad que la
providencia se encuentre en concordancia y armonía entre lo pretendido, lo pedido

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por las partes y lo decidido por el juez, aspecto sobre el cual la Corte
Constitucional ha considerado que:

“…a la luz de tal postulado, el juez debe resolver todos los aspectos ante él
expuestos y, por consiguiente, es su obligación explicar las razones por las
cuales no se ocupará del análisis de fondo de alguna de las pretensiones.
Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en
la realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera,
puede fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser,
pero que las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la
actuación procesal.25”

94. En consecuencia, la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al
principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa
y/o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión porque el fallador
excede su competencia, la que, se repite, está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda, lo cual ratifica que constituye un elemento de validez
de la misma.

95. Efectuadas las anteriores consideraciones sobre la causal de nulidad
alegada, se analizarán las razones expuestas en la demanda de la referencia, con
el fin de establecer si encuadran en el supuesto de hecho de la causal invocada y
los lineamientos que al respecto ha señalado la Sala Plena de esta Corporación.

3.8.2. Garantía del principio de congruencia en el caso concreto

96. A efectos de establecer si en el caso concreto se vulneró el principio de
congruencia, la Sala establecerá: i) los hechos probados en el proceso de
reparación directa; ii) la decisión adoptada en la sentencia censurada, con el fin de
realizar un test de comparación entre las pretensiones de la demanda, lo
efectivamente acreditado en el proceso y la decisión adoptada, en relación
igualmente con las consideraciones expuestas en la parte motiva; y iii) las
sentencias de unificación del Consejo de Estado Sección Tercera del 14 de
septiembre de 2011 y del 28 de agosto de 2014.

3.8.2.1. Hechos probados en el proceso de reparación directa

97. El señor Gonzalo de Jesús Toro Castaño fue condenado a 28 meses de
prisión por los delitos de estafa y falsedad en documento público, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2003, proferida por el Juzgado Quince Penal
del Circuito de Cali, decisión que fue confirmada el 6 de septiembre de 2005 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal.

98. El 12 de febrero de 2008, la defensa del señor Toro Castaño solicitó el
beneficio de la libertad condicional, el cual le fue negado mediante auto del 16 de

25
Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2000, reiterada en la T-079 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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abril de 2008, dictado por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali.

99. Mediante auto del 12 de diciembre de 2008, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal revocó la decisión del 12 de febrero de
2008 y, en consecuencia, ordenó la libertad del señor Toro Castaño, por pena
cumplida.

100. El demandante Toro Castaño estuvo privado de la libertad desde el 9 de
agosto de 2006 hasta el 18 de diciembre de 2008.

101. El señor Toro Castaño y sus familiares, presentaron demanda de
reparación directa, el 12 de octubre de 2010 en contra de la Nación - Rama
Judicial, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos por la prolongación
de la privación de su libertad. En el libelo pidieron:

<< (…) PRETENSIONES PRIMERA. Que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL responda
patrimonialmente por todos los perjuicios ocasionados a Gonzalo de Jesús Toro
Castaño, Mónica Alejandra Castañeda de Soto, Daniel Toro Castañeda, Isabella
Toro Castañeda, Ana María Castaño Álzate, María Celina Toro Castaño, Eumelia
Toro Castaño, Melba Rosa Toro Castaño, María Nohemí Toro Castaño y José
Uriel Toro Castaño, como consecuencia de los perjuicios originados por el
defectuoso funcionamiento de la administración que prolongó la privación de la
libertad del señor Gonzalo de Jesús Toro Castaño.

SEGUNDA: Que como consecuencia obligada de la anterior declaración, se
condene a pagar las siguientes sumas de dinero: 1. PERJUICIOS MORALES.
Conforme a pretérito pronunciamiento del H. Consejo de Estado la valoración del
perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, atendiendo los
principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446
de 1998, y por lo cual se tasará así: - GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO,
noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - MÓNICA
ALEJANDRA CASTAÑEDA DE SOTO, ochenta (80) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. - INGRID DANIEL TORO CASTAÑEDA, ochenta (80) salarios
mínimos mensuales legales vigentes. - ISABELLA TORO CASTAÑEDA, ochenta
(80) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - ANA MARÍA CASTAÑO
ALZATE, noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - MARÍA
CELINA TORO CASTAÑO, sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. - EUMELIA TORO CASTAÑO, sesenta (60) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. - MELBA ROSA TORO CASTAÑO, sesenta (60) salarios
mínimos mensuales legales vigentes. - MARÍA NOHEMI TORO CASTAÑO,
sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - JOSÉ URIEL TORO
CASTAÑO, sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)>>.

102. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de
febrero de 2012, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se
configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, decisión
contra la cual la parte demandante interpuso recurso de apelación.

103. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en sentencia

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dictada el 26 de junio de 2020, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

“PRIMERO: Declárese patrimonialmente responsable a la NACIÓN-RAMA
JUDICIAL por los perjuicios que GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO sufrió
como consecuencia de la prolongación de la privación de su libertad.
SEGUNDO: Condénese a la NACIÓN–RAMA JUDICIAL al pago de 63,7
S.M.L.M.V. a favor de GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO, por concepto de
perjuicios morales.

TERCERO: ORDÉNESE al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la
Rama Judicial emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoría de esta providencia,
un comunicado en el cual ofrezca disculpas a Gonzalo de Jesús Toro Castaño por el
daño antijurídico que padecieron (sic) con ocasión de la privación injusta de su
libertad, en los términos señalados en esta providencia. (…)”

3.8.2.2. Sentencias de unificación del Consejo de Estado, Sección
Tercera del 14 de septiembre de 2011 y del 28 de agosto de 2014

104. En la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena
de la Sección Tercera sostuvo que las afectaciones a bienes o derechos
constitucional o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una
tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, consideró
que:

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i)
perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro
bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté
comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad
psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías
tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las
condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del
daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una
familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y
sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su
momento esta Corporación”26. (Negrillas fuera de texto)

105. En la misma decisión, la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó las
características del daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados27 en la que estableció, entre otros, los siguientes presupuestos:

26
Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14.09.2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.
27
Al referirse a los bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 14.9.2011, indicó que “i) Es un daño inmaterial que proviene de la
vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o
afectaciones a bienes o derechos constitucionales convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial,
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a
bienes o derechos constitucionales y convencionales, iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños,
porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el
daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza
mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular, iv) La
vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de
acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y
disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales”.

22

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a. La finalidad de enmendar el daño es restaurar por completo a la
víctima en el ejercicio de sus garantías por lo que, dicha reparación se dirige
a: i) recobrar plenamente los bienes o derechos constitucional y
convencionalmente amparados, en forma individual y colectiva; ii) conseguir,
no solo que desaparezcan el origen de la lesión, sino también que
atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídicas, que se le brinde al
afectado la posibilidad de volver a disfrutar de sus derechos, idealmente en
similares condiciones en las que se encontraba antes de la ocurrencia del
daño; iii) tender a que, en próximas ocasiones, la vulneración o afectación a
estos bienes o derechos no se concrete y; iv) propender por la realización
efectiva de la igualdad sustancial.

b. La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce tanto al
afectado directo de la lesión como a su círculo familiar inmediato, a saber, el
cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el primer grado
de consanguinidad, incluyendo a las relaciones familiares: a) biológicas, b)
civiles, originadas en la adopción y; c) "de crianza", derivada de las relaciones de
“solidaridad y afecto que se presumen entre ellos”.

c. Es un perjuicio que se restaura primordialmente a través de medidas
de carácter no pecuniario, es decir mediante instrumentos reparatorios no
indemnizatorios; no obstante, en asuntos extraordinarios cuya reparación
integral, en criterio del juez “no sean suficientes, pertinentes, oportunas o
posibles”, existe la posibilidad de conceder una indemnización a la víctima
directa de hasta 100 SMLMV 28 , si fuere el caso, “siempre y cuando la
indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud”.
En ese punto, aclaró que el valor reconocido tendrá que ser proporcional a la
intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado y, en todo
caso, deberá motivarse por el juez que lo otorgue.

d. Es un agravio frente al cual debe encontrarse una declaración
palmaria de responsabilidad del Estado, derivada de la manifestación de un
daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. En tal sentido,
se deben establecer las “medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes
al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de
reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la
gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de
las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y
concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no
repetición y las demás definidas por el derecho internacional”. (negrillas fuera
del texto original).

e. Es un daño respecto del cual se evidencie el papel del juez, como
protector integral de las garantías fundamentales transgredidas en los casos

28
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

23

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de responsabilidad “(…) sin desconocer que las extracontractual,
indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan
directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en
tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y
convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a
otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas”.

106. Finalmente, la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que “el daño
moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a
la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los
efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por
último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta Corporación –
siempre que los supuestos de cada caso lo permitan– de que se reparen los demás
bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados
que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e
independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el
derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la
reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos,
subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta
desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.” (Negrillas fuera de
texto)

107. Posteriormente, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201429,
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que, cuando
exista una afectación de bienes o derechos constitucional o convencionalmente
protegidos:

“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de
perjuicios inmateriales, (…) [será] procederá siempre y cuando, se encuentre
acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación
integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no
pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es,
cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de consanguinidad,
en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.
Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la
adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

REPARACION NO PECUNIARIA
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS
CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
Criterio Tipo de Medida Modulación
En caso de Medidas de De acuerdo con los hechos
violaciones relevantes reparación integral probados, la oportunidad y
a bienes o derechos no pecuniarias. pertinencia de los mismos, se
convencional y ordenarán medidas
constitucionalmente reparatorias no pecuniarias a
amparados favor de la víctima directa y a
su núcleo familiar más

29
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 66001-23-31-000-2001-00731-
01(26.251), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

24

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cercano.

(…) Así mismo, se observa que para la consideración de este tipo de medidas la base
constitucional se desprende los artículos 90 y 93 de la Carta Política, la base legal del
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 63.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Adicionalmente, y para garantizar el derecho a la reparación
integral de la víctima, se tiene en cuenta que debe ceder el fundamento procesal del
principio de congruencia ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in
integrum”, máxime cuando existe la vulneración del derecho internacional de los
derechos humanos”. (Subrayas propias del texto)

3.8.2.3. Garantía del principio de congruencia en el caso concreto

108. Según el marco conceptual y fáctico expuesto en los acápites precedentes,
la Sala considera que en el presente caso la sentencia dictada el 26 de junio de
2020 por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B” efectivamente
incurrió en causal de nulidad originada en la sentencia por violación del principio
de congruencia externa, según pasa a explicarse.

109. En efecto, si bien en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 la
Sección Tercera estableció que en materia de perjuicios inmateriales, se pueden
reconocer de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, lo cierto es que
dicha regla opera bajo el entendido de que se encuentre acreditada dentro del
proceso su concreción y se precise su reparación integral, lo cual no ocurre en el
caso concreto, y, por ende, no era posible su reconocimiento oficioso.

110. De la revisión de la providencia objeto de este recurso, se advierte que la
autoridad judicial reconoció el daño al buen nombre bajo la siguiente línea
argumentativa:

“Debido a que la privación a la cual fue sometido el demandante Gonzalo de
Jesús Toro Castaño afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará al
Director Ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial expedir y
hacer llegar al demandante y sus familiares una comunicación en
representación de la entidad estatal responsable, en la que ofrezca disculpas a
nombre del Estado Colombiano por el daño antijurídico que le causó
habiéndolo privado injustamente de su libertad.”

111. En ese orden, la Sala encuentra que en la sentencia censurada no se
analizaron los presupuestos de la sentencia de unificación para reconocer la
afectación al buen nombre del señor Gonzalo de Jesús Toro Castaño, toda vez
que no se establece la “relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el
propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a
los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación,
no repetición y las demás definidas por el derecho internacional”, estándar
imprescindible para que el principio de congruencia pueda ceder ante aquel
sustancial de la restitutio in integrum.

25

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112. Aunado a lo anterior, tampoco se explicó, ni se determinó, que la
afectación al bien o derecho constitucional o convencional fuese de tal magnitud,
que no fuera suficiente ordenar la indemnización de los perjuicios materiales e
inmateriales ya reconocidos y que, por tal motivo, la medida fuese correlativa,
oportuna, pertinente y adecuada al daño generado.

113. Así las cosas, es claro que en la providencia objeto de análisis hubo una
ausencia de verificación y acreditación de los anteriores presupuestos, para el
reconocimiento de los derechos convencional y constitucionalmente protegidos,
debido que estos casos ameritan un estudio de las circunstancias que tornen
relevante el asunto y que además cumplan con los parámetros fijados en las
sentencias de unificación antes expuestas.

114. Lo anterior por cuanto el simple hecho de encontrarse probada la
prolongación injusta e ilegal de la privación de la libertad que se generó en sede
penal, no genera per se la protección de esta categoría de daño, como se expuso
en la sentencia del Consejo de Estado al unificar los criterios, buscando que la
protección se estableciera para aquellos casos relevantes con graves afectaciones
a derechos humanos.

115. Además, la Sala observa que en la sentencia objeto de este recurso, no se
atendió a que la imposición de la tipología requiere que la medida restaurativa sea
correlativa, oportuna, pertinente y adecuada al daño generado, situación que no se
analizó ni tampoco se mencionó por parte del operador judicial.

116. Por último, se extraña un análisis por parte de la autoridad judicial, en
relación con el funcionario a quien se le dio la orden, en relación con las funciones
a él conferidas en su calidad de director ejecutivo, reguladas en los artículos 98 y
99 de la Ley 270 de 1996.

117. Dicho estudio resulta necesario pues es claro que el Director Ejecutivo de la
Administración Judicial de la Rama Judicial no es el superior de la autoridad
judicial que profirió la sentencia objeto de este recurso, así como tampoco puede
incidir en las decisiones que adopten los jueces en virtud del principio de
autonomía judicial.

3.9. Conclusión

118. Por lo expuesto, el haberse incurrido en contradicción entre lo pedido,
probado y acreditado en el proceso y la resolutiva del fallo de segunda instancia,
por falta de comprobación de la coincidencia de las reglas y subreglas contenidas
en las sentencias de unificación de jurisprudencia del 14 de septiembre de 2011 y
28 de agosto de 2014, aplicables al caso concreto, conlleva a concluir sin

26

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Demandante: Nación – Rama Judicial - Dirección
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hesitación que el recurso extraordinario de revisión interpuesto tiene vocación de
prosperidad, como en efecto se declarará en esta providencia.

119. En consecuencia, resulta imperativo acceder a la pretensión de declarar la
nulidad parcial del fallo recurrido en sede de revisión, por encontrarse plenamente
acreditada la causal 5ª de revisión consagrada en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, configurada por
el hecho de haberse incurrido en incongruencia externa, con la entidad suficiente
para invalidar parcialmente la sentencia cuestionada.

120. De conformidad con lo establecido en el inciso cuarto30 del artículo 255 de
la Ley 1437 de 2011, se debería devolver el proceso a la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado para que profiera una decisión de
remplazo. Sin embargo, debido a que en el caso concreto se declarará la nulidad
parcial del fallo frente a un aspecto que no requiere un nuevo pronunciamiento, al
tratarse del reconocimiento de un daño no pedido por el demandante, la Sala se
abstendrá de remitir el expediente al juez de origen.

3.11. Costas

121. La Sala Especial de Decisión, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 365 numeral 5º, del Código General del proceso, se abstendrá de
condenar en costas, en consideración a que las pretensiones de la demanda
prosperaron en forma parcial y no aparecen acreditados en el trámite del recurso
expensas o gastos en los que hubiera tenido que incurrir la parte actora, con
ocasión del trámite del presente recurso.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión No 27, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión por la
alegación referida a la configuración de nulidad originada en la sentencia por el
cargo relacionado con la inexistencia de pruebas que acrediten la responsabilidad
del Estado por la prolongación ilegal de la libertad. Por lo anterior, se mantiene en
firme la decisión de revocar la sentencia de primera instancia del 28 de febrero de
2012, así como los numerales primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y
octavo de la sentencia del 26 de junio de 2020, por las consideraciones expuestas

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Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el
proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.

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en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2020, por
el Estado, Sección Tercera – Subsección “B”, en el proceso de reparación directa
instaurado por los señores Gonzalo de Jesús Toro Castaño, Mónica Alejandra
Castañeda de Soto, Daniel Toro Castañeda, Isabella Toro Castañeda, Ana María
Castaño Álzate, María Celina Toro Castaño, Eumelia Toro Castaño, Melba Rosa
Toro Castaño, María Nohemí Toro Castaño y José Uriel Toro Castaño en contra
de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
la causal de incongruencia que genera nulidad originada en la sentencia.

TERCERO: INFIRMAR PARCIALMENTE la referida sentencia en lo referente al
reconocimiento del perjuicio inmaterial, como tipología de la afectación relevante a
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados; en
consecuencia, la declaratoria de nulidad recae, únicamente, sobre el ordinal
tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 26 de junio de 2020 dictada en el
radicado 76001-23-31-000-2010-01778-01.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas, por haber prosperado
parcialmente las pretensiones del recurso y no encontrarse causadas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente con permiso

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

MARÍA ADRIANA MARÍN

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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