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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01390-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01390-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 27 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Marta Lía Soto Betancur contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01390-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01390-01 (1420-2022)
Demandante: Marta Lía Soto Betancur
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Temas: Reconocimiento de Pensión de Sobrevivientes. Soldado
Conscripto. Favorabilidad. Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Marta Lía Soto Betancur, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
los Oficios 20145331335301 del 23 de diciembre de 2014 y 20155330264081 del

1 Folios 81 a 90 y 103 a 104.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01390-01 (1420-2022)
Demandante: Marta Lía Soto Betancur

14 de abril de 2015, 2 que negaron el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) reconocer la
pensión de sobrevivientes a que tiene derecho en su condición de madre del
fallecido soldado Andrés David Álvarez Soto, liquidada con base en el salario de un
cabo segundo y efectiva a partir de la fecha del deceso; ii) disponer la afiliación de
la beneficiaria al sistema de salud de las Fuerzas Militares; y iii) sufragar la condena
en costas.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:3

i) En el año 2007, el ciudadano Andrés David Álvarez Soto ingresó a las filas del
Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio.

ii) Durante la prestación de dicho servicio, el mencionado joven contrajo la
enfermedad de tuberculosis (neumonía miltilobar) que le ocasionó el deceso, pues
«al parecer fue mal diagnosticada y tratada por los galenos de las Fuerzas Militares,
Hospital Militar, y demás centros hospitalarios donde estos lo remitían».

iii) Por Acta 299 del 20 de mayo de 2009, el Ejército dio de baja al soldado sin haber
completado el tiempo de servicio militar obligatorio y sin practicar previamente la
junta de calificación de invalidez, lo cual se tradujo en su desafiliación del sistema
de salud, pérdida de continuidad en el tratamiento e imposibilidad de recuperación.

2 La demandante mencionó una fecha distinta de expedición, pero aportó los actos en los que se identifica con claridad la

fecha en que fueron suscritos.
3 Algunos hechos de la demanda corresponden al concepto de violación, por lo que se resumirán en ese acápite.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01390-01 (1420-2022)
Demandante: Marta Lía Soto Betancur

iv) El 20 de septiembre de 2009 falleció Andrés David Álvarez Soto, como
consecuencia de la enfermedad adquirida al servicio del Estado, el cual no adelantó
las gestiones que le correspondían en su posición de garante de la vida e integridad
personal del soldado.

v) Deben dejarse sin efecto el acta de febrero de 2009 y la ficha unificada del 20 de
mayo de 2009, pues estos actos aluden a los procedimientos de retiro del causante
del ejército, pese a que nunca se le realizó el examen de retiro, no dan cuenta de la
mencionada enfermedad y tienen una aparente firma del fallecido que no coincide
con la que usualmente utilizaba, como se evidencia en su documento de identidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron la Constitución Política, tratados internacionales de
derechos humanos; Leyes 48 de 1993, 447 de 1998, 6 de 1999, 1251 de 2008 y
1276 de 2009; y Decreto 4433 de 2004.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:

i) El Consejo de Estado ha expresado que ante la vigencia de dos normas es viable
escoger la más favorable a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, por lo
que en este caso la prestación debe reconocerse al amparo de la Ley 100 de 1993.
De esta manera también se salvaguarda el principio de la condición más
beneficiosa.

ii) El Estado fue negligente en la atención médica del soldado Andrés David Álvarez
Soto y también lo ha sido con la custodia de su historia clínica, en la conformación
del expediente administrativo y las respuestas otorgadas en vía gubernativa.

iii) La demandante es destinataria del Decreto 1793 de 2000, que equiparó a los
soldados regulares y campesinos con los profesionales.

3

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

iv) El Decreto 2728 de 1968 dispuso que el soldado que muera en actividad será
ascendido al grado de cabo segundo.

v) El Decreto 4433 de 2004 prevé que la pensión de sobrevivientes debe
reconocerse en cuantía equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual
vigente.

vi) La referida pensión debe reconocerse sin importar si la muerte acaeció en simple
actividad, pues el deceso del joven Andrés David Álvarez Soto obedeció a una
enfermedad adquirida mientras prestaba el servicio militar obligatorio, en
cumplimiento de las órdenes del superior al mando y en actos propios del servicio.
De modo que se causó el derecho pensional en los términos del Decreto 4433 de
2004.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a
las pretensiones de la demanda en estos términos:4

i) El 6 de febrero de 2009 se expidió la libreta militar de Andrés David Álvarez Soto
y su muerte sucedió 7 meses después, es decir, que no ocurrió durante la prestación
del servicio militar y el causante tampoco tuvo un vínculo laboral con la institución
castrense, sino que cumplió un deber de orden constitucional y legal que no genera
el derecho al pago de la pensión de sobrevivientes pretendida.

ii) La Ley 447 de 1997 únicamente se aplica a los soldados regulares que fallecen
en combate y el Decreto 1793 de 2000 rige para los soldados profesionales. El
presente caso debe estudiarse a la luz del Decreto 2728 de 1968.

4 Folios 122 a 129.

4

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

iii) El 15 de enero de 2009, el señor Álvarez Soto asistió a consulta por síntomas de
neumonía. Tres meses después, esto es, el 7 de abril de 2009, el ciudadano acudió
nuevamente al servicio de salud y se le suministro el tratamiento necesario. Su
muerte ocurrió cinco meses después de habérsele brindado la atención requerida e
inclusive se desconocen las causas del deceso.

iv) La parte accionada tuvo injerencia en los hechos imputados y no está llamada a
reconocer la pensión de sobrevivientes, porque para el momento del fallecimiento
del señor Andrés David Álvarez Soto no pertenecía a las fuerzas militares, tampoco
murió en combate, misión del servicio o simple actividad.

v) El soldado fue retirado previo examen médico y mediante acta de
desacuartelamiento, esta última fue firmada por el soldado sin dejar constancia de
que tuviera tratamientos médicos pendientes de realizar. De ahí que la parte actora
debe demostrar la falsedad documental alegada.

vi) La señora Marta Lía Soto Betancur no probó que dependía económicamente de
su hijo, omisión que le impide acceder al beneficio pensional solicitado.

vii) Se proponen las excepciones de prescripción; ausencia de ilegalidad o nulidad
de los actos acusados; carencia del derecho e inexistencia de la obligación;
presunción de legalidad de las decisiones enjuiciadas; e innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 27 de septiembre
de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:5

i) El joven Andrés David Álvarez Soto falleció con posterioridad a la prestación del

5 Folios 246 a 255.

5

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

servicio militar obligatorio y, por lo tanto, la pensión de sobrevivientes no se rige por
la normativa especial prevista para los miembros de la fuerza pública o conscriptos,
sino por el régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.

ii) En el sub lite se cumplen los requisitos fijados en dicha norma para decretar la
pensión en comento, ya que la madre es la única beneficiaria del causante, pues el
padre falleció el 28 de agosto de 2007 y no existen pruebas de la existencia de otros
posibles destinatarios del derecho.

iii) Conforme lo expresaron los testigos, la demandante dependía económicamente
de su hijo.

iv) El señor Álvarez Soto prestó el servicio militar entre el 10 de abril de 2007 y el
13 de febrero de 2009, es decir, que acreditó las 50 semanas de cotización en los
tres años anteriores al fallecimiento.

v) En consecuencia, se declara la nulidad de los actos demandados. A título de
restablecimiento del derecho, se condena a la parte demandada a reconocer a la
señora Marta Lía Soto Betancur la pensión de sobrevivientes por la muerte de su
hijo, en los términos de los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993. La prestación
surtirá efectos a partir del 9 de marzo de 2012, por haber operado la prescripción
trienal.

1.4. El recurso de apelación

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional interpuso recurso de
apelación contra la referida sentencia con base en los argumentos que se resumen,
a continuación:6

6 Información visible en el expediente digital cargado a la plataforma SAMAI.

6

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

i) No debió reconocerse la pensión de sobrevivientes al amparo de la Ley 100 de
1993, ya que el artículo 279 ibidem excluyó de su ámbito de aplicación a los
miembros de las Fuerzas Militares.

ii) La Corte Constitucional ha explicado que la existencia de un régimen especial en
materia prestacional impide someter a sus beneficiarios a la normativa general.7

iii) El señor Andrés David Álvarez Soto no cumplió con el tiempo de servicio
establecido en el Decreto 4433 de 2004. Además, murió después de haber prestado
el servicio militar obligatorio y por una causa ajena a la labor que desarrollaba en la
institución.

iv) El causante no demostraba las semanas de cotización que exige el régimen
general de pensiones y la demandante tampoco demostró que dependiera
económicamente de su hijo.8

v) En este caso no puede aplicarse «la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18
del 12 de abril de 2018, toda vez que no se cumplen con los lineamientos allí
establecidos».

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Las Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se abstuvo de intervenir ante
esta corporación. La demandante reiteró los argumentos expuestos en el transcurso
del proceso y sostuvo que el recurso de apelación se interpuso sin el cumplimiento
de los requisitos legales, pues el mandatario no aportó el poder que lo acreditaba
como representante judicial de la parte accionada.

7 La parte accionada apoyó su defensa en varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, a saber: Sentencias C-608

de 1999, C-890 de 1999, C-292 de 2001, C-835 de 2002, C-1032 de 2002, C-101 de 2003, C-104 de 2003, C-970 de 2003 y
C-432 de 2004.
8 Frente a la dependencia económica, la parte apelante cito la sentencia del 6 de abril de 2018, proferida por el Consejo

de Estado, expediente 46.005.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01390-01 (1420-2022)
Demandante: Marta Lía Soto Betancur

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

La accionante refiere que el recurso de apelación se interpuso sin el cumplimiento
de los requisitos legales, ya que el mandatario de la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional omitió anexar el poder al referido memorial.

Ahora bien, le asiste razón a la actora en cuanto a la falencia anotada; sin embargo,
tal situación fue corregida en primera instancia, pues el tribunal requirió al
profesional del derecho para que allegara el poder y, una vez cumplida dicha orden,
se concedió el recurso. La demandante no recurrió dicha decisión y tampoco el auto
que admitió la apelación.

En este orden de ideas, el procedimiento quedó saneado y las actuaciones
cumplieron con la finalidad en aras de garantizar el derecho sustancial y el acceso
efectivo a la administración de justicia. A su vez, en casos análogos al presente, el
Consejo de Estado ha implementado medidas similares a la que adoptó el a quo,
en virtud de las facultades que le asisten al juez como director del proceso para
allanar su trámite, lograr que en oportunidad se adecúen las actuaciones y evitar
nulidades.9

2.2. El problema jurídico

9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias: i) del 3 de mayo de 2016, radicado 11001-03-15-000-2014-

00058-00; ii) del 3 de marzo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019-03970-00; y iii) del 1 de junio de 2022, radicado
11001-03-15-000-2021-05767-00.

8

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

El problema jurídico consiste en determinar si la señora Marta Lía Soto Betancur
tiene derecho a que la parte demandada le reconozca la de sobrevivientes
reclamada con ocasión del fallecimiento de su hijo Andrés David Álvarez Soto, en
los términos previstos por la Ley 100 de 1993.

2.3. Marco normativo

Tanto en vigencia de la Constitución Política de 1886 (artículo 165 y siguientes)
como de la Constitución de 1991 (artículo 216 y siguientes), la Fuerza Pública ha
gozado de un régimen prestacional especial.

El artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció que la disposición relativa a un asunto
especial prefiere a la que tenga carácter general. A su turno, el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, excluyó al personal uniformado de la aplicación del régimen
general de seguridad social.

Sin embargo, estas reglas tienen límite en el principio de favorabilidad y en el
derecho a la igualdad, lo que quiere decir que la norma especial prevalece siempre
y cuando sea más favorable que la regla general o el régimen no sea
discriminatorio.10

Por su parte, el artículo 216 de la Constitución Política textualmente dispone lo
siguiente:

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y
las prerrogativas por la prestación del mismo.

Dicha obligación fue reiterada en la Ley 48 de 1993, reglamentada por el Decreto
2048 de 1993 y luego en la Ley 1861 de 2017; empero, esta última disposición no

10 Véase la sentencia T-393 de 2013.

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

resulta aplicable al sub lite por cuanto se expidió con posterioridad a la fecha del
fallecimiento del causante de la pensión de sobrevivientes reclamada.

De acuerdo con los artículos 11 y 13 de la Ley 48 de 1993, el servicio militar tiene
una duración de entre 12 y 24 meses, dependiendo su modalidad, a saber: a)
soldado regular; b) soldado bachiller; c) auxiliar de policía bachiller; y d) soldado
campesino.

A su turno, el artículo 40 ibidem determinó que el tiempo de servicio militar «será
computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de
antigüedad en los términos de la ley».

Al respecto, esta corporación ha indicado que «si bien la Ley 100 de 1993 derogó
todas las disposiciones que le fueron contrarias (art. 289), tal derogatoria tácita, en
términos del artículo 3° de la Ley 153 de 1887, no afecta la vigencia del artículo 40
de la Ley 48 de 1993, pues los beneficios por él otorgados constituyen desarrollo de
precepto superior, que ordena conceder prerrogativas especiales, como incentivo,
por el cumplimiento de un deber constitucional. Por tanto, el tiempo de servicio
militar se computa para efecto de derechos pensionales tanto en el Régimen
General de Seguridad Social como en el especial de las Fuerzas Militares».11

El artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, «por el cual se modifica el régimen de
prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes
de las Fuerzas Militares», estableció las siguientes prestaciones de carácter
económico a favor de los beneficiarios de aquellos soldados o grumetes que mueren
en servicio activo:

Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas
o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma
al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 1 de julio de 2004, radicado 1557. Este concepto fue

citado por la Sección Segunda en la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-
00012-01 (1321-15).

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes
correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.

A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en
misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de
treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo
Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las
enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago
de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un
Cabo Segundo o Marinero.

Como se desprende de la lectura de la citada disposición, el Decreto 2728 de 1968
reconoció a los soldados fallecidos el ascenso póstumo al grado de cabo segundo
o marinero y para sus beneficiarios estableció una prestación indemnizatoria y el
pago doble del auxilio de cesantías; sin embargo, no previó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.

Es pertinente anotar que el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 no hizo distinciones
entre soldados, por lo que se ha aplicado tanto a los voluntarios como a los
conscriptos o regulares.12

Posteriormente, la Ley 447 de 1998 estableció una pensión vitalicia y otros
beneficios a favor de parientes de personas fallecidas en combate durante la
prestación del servicio militar obligatorio. Textualmente se dispuso:

Artículo 1. Muerte en combate. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte
de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón constitucional y legal de
la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios
en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona
prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia
equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.
[…]

12 Ver las siguientes sentencias de unificación proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 12 de abril

de 2018, CE-SUJ-SII-010-2018, SUJ-010-S2, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15); y ii) del 4 de octubre de
2018, SU-CE-SUJ-SII-013-2018, SUJ-013-S2, radicado 05001-23-33-000-2013-00741-01 (4648-2015).

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

Luego, el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004 reiteró que el fallecimiento de una
persona vinculada por razón de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrido
en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público, daría lugar al reconocimiento y pago de una pensión vitalicia a sus
beneficiarios, equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente, en los
términos de la Ley 447 de 1998.

En suma, solo hasta la entrada en vigor de la Ley 447 de 1998 se previó una pensión
de sobreviviente a favor de los beneficiarios del conscripto fallecido, toda vez que el
Decreto 2728 de 1968 solo contemplaba el pago de una compensación por muerte;
sin embargo, solamente tendrían derecho a dicha prestación cuando la muerte
ocurriera en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público.

En relación con la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sentado como regla que la norma aplicable en cada caso, es la favorable
que esté vigente al momento de causación del derecho, es decir, a la fecha del
deceso del causante.13

En efecto, mediante sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, esta Sección
estudió el régimen aplicable a la pensión de sobreviviente frente al personal de
soldados fallecidos en simple actividad y concluyó:14

[…] la Ley 100 de 1993 exceptuó a las Fuerzas Militares de la aplicación del Sistema
Integral de Seguridad Social según el artículo 279 ibidem, y a su vez, los artículos
150, ordinal 19.º, literal e.)15 y 21716 de la Constitución Política, establecieron que la
ley debía fijar el régimen salarial y prestacional especial para los miembros de las

13 Consejo de Estado. Sentencia de unificación 76001233100020070161101 (160509) de 25 de abril de 2013. Ver también

radicados 050012333000201200772 01 (0328-2014) de 3 de marzo de 2015. Radicación número: 19001-23-33-000-2013-
00557-01(3318-14), 20 de abril de 2017.Radicado No. 201400521 01 del 28 de septiembre de 2017.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-

2014-00012-01 (1321-15).
15 El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, establece: […].
16 El artículo 217 de la Constitución Política, consagra: […].

12

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01390-01 (1420-2022)
Demandante: Marta Lía Soto Betancur

Fuerzas Militares, el cual se encuentra justificado en el riesgo latente que envuelve la
función pública que prestan y desarrollan17.

132. Sin embargo, en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 18 permitió que todo
trabajador se beneficie de ella si ante la comparación con leyes anteriores sobre
la misma materia, esta le resulta más favorable, siempre que se someta a la
totalidad de sus disposiciones […].

133. Así pues, en aplicación de la regla de favorabilidad, en los términos del artículo
288 de la Ley 100 de 1993, se observa que el régimen que más ampara a los
beneficiarios del conscripto fallecido simplemente en actividad es el contenido en las
normas generales que prevén una prestación con mayor vocación de continuidad en
el tiempo que las contenidas en el Decreto 2728 de 1968 y que, además, se
corresponde con los efectos pensionales que debe imprimírsele a este periodo
de servicio público.

134. Lo anterior, en razón a que el Sistema de Seguridad Social Integral tiene previsto,
en caso de fallecimiento, una pensión de sobrevivientes para el causante que hubiere
cotizado 26 o 50 19 semanas, cuyo monto es igual al 45% del ingreso base de
liquidación más 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización
a las primeras 500, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación, y sin que
pueda ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.
[…]
146. Por ende, como el régimen aplicable en virtud de la regla de favorabilidad
contenida en el artículo 288, es el general previsto en la Ley 100 de 1993, este deberá
atenderse en su integridad, esto es, en lo relativo al monto de la prestación, al ingreso
base de liquidación y al orden de beneficiarios. [Resalta la Sala].

A partir de las citadas consideraciones, y en aplicación de los principios protector,
favorabilidad, pro homine e igualdad, se fijó como regla de unificación que los
beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento
de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan
simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista en el régimen general
contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en
su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al
monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.

2.4. Hechos probados

17 En este sentido ver las sentencias C-432 de mayo 6 de 2004, T-372 de 2007 y T-894 de 2010, entre otras.
18 Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores […].
19 Este término se predicaría de aquellas situaciones que se consoliden con posterioridad a la modificación introducida

por la Ley 797 de 2003.

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

• De acuerdo con la certificación emitida por el notario único del municipio de
Valparaíso, el señor Andrés David Álvarez Soto nació el 28 de diciembre de 1988.
Hijo de Luis Javier Álvarez Álvarez y Marta Lía Soto Betancur.20

• El 28 de agosto de 2007 falleció Luis Javier Álvarez Álvarez.21

• El 20 de mayo de 2009, el comandante del Batallón de Infantería No. 10 CR
Atanasio Girardot hizo constar que el hijo de la actora prestó el servicio militar
obligatorio en ese batallón «perteneciente al tercer contingente de 2007 y quien a la
fecha se encuentra pendiente de realizar Junta Médica Laboral».22

• El 20 de septiembre de 2009, falleció Andrés David Álvarez Soto.23

• El 30 de agosto de 2012, el ejecutivo y 2° comandante del Batallón de Infantería
No. 10 CR Atanasio Girardot le informó a la accionante que su hijo perteneció a ese
batallón como soldado regular, «incorporado el día 18 de abril de 2007 y retirado
del servicio activo por causal tiempo de servicio militar cumplido el día 13 de febrero
de 2009». Además, «que no se encuentra informe administrativo por lesión ni juntas
médicas realizadas».24

• El 30 de noviembre de 2014, la demandante solicitó el pago del seguro y
prestaciones sociales del soldado Álvarez Soto.25

• El 23 de diciembre de 2014, por Oficio 20145331335301: MDN-CGFM-CE-DIPSO-JUR-
22.1, el subdirector de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional negó la anterior
petición, en consideración a que los soldados regulares, campesinos y bachilleres
no reciben un salario como retribución del servicio militar, sino una bonificación que

20 Folio 17.
21 Folio 19.
22 Folio 43.
23 Folio 18.
24 Folio 71.
25 Información extraída del Oficio 20145331335301: MDN-CGFM-CE-DIPSO-JUR-22.1 del 23 de diciembre de 2014.

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

no puede tomarse como partida computable para liquidar prestaciones sociales.
Además, entre los soldados y el Estado no se genera un vínculo laboral que derive
en el pago de las acreencias correspondientes. Finalmente, no se cumplen los
presupuestos previstos en el Decreto 4433 de 2004 para reconocer la pensión de
sobrevivientes.26

• El 9 de marzo de 2015, la señora Marta Lía Soto Betancur solicitó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del joven
Andrés David Álvarez Soto.27

• El 14 de abril de 2015, por Oficio 20155330264081: MDN-CGFM-CE-DIPSO-JUR-1.10,
el subdirector de Prestaciones Sociales del Ejército expresó que el causante no
contaba con expediente prestacional, hoja de servicio por causal de fallecimiento o
informe administrativo por muerte, en razón a que estaba vivo cuando se retiró del
servicio. De manera que no existe la documentación requerida para estudiar el
derecho a la pensión de sobrevivientes, máxime cuando el deceso ocurrió por fuera
de la institución castrense. 28

• En el sub lite se recibió el testimonio de los hermanos de la demandante, a los
cuales se hará referencia al momento de resolver el caso concreto

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional apeló la decisión de primera
instancia que reconoció la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora con
ocasión del fallecimiento de su hijo Andrés David Álvarez Soto, al amparo del
régimen general consagrado en la Ley 100 de 1993.

La entidad apelante sostuvo que dicha prestación no resultaba procedente en el

26 Folios 112 a 113.
27 Información extraída del Oficio 20155330264081: MDN-CGFM-CE-DIPSO-JUR-1.10 del 14 de abril de 2015 (folios 73 a 76).
28 Folios 73 a 76.

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

presente litigio porque los miembros de la Fuerza Pública se encuentras excluidos
del ámbito de aplicación de la referida norma, el causante no falleció en servicio
activo, tampoco tuvo un vínculo laboral con el Estado y no se demostró que la
señora Marta Lía Soto Betancur dependiera económicamente de su hijo. Además,
que no se cumplían los presupuestos para acudir a la sentencia de unificación del
12 de abril de 2018.29

Es pertinente anotar que el presente debate no versó sobre la imputabilidad de un
daño antijurídico causado por la acción u omisión del Estado, como se hace en el
marco de las demandas de reparación directa. Tampoco se ahondó en un posible
nexo causal entre la prestación del servicio militar obligatorio, una eventual
enfermedad adquirida en ese entonces y el posterior fallecimiento del joven Álvarez
Soto, pues la historia clínica se aportó de manera incompleta y no existe documento
que identifique con certeza la causa de la muerte.

Bajo este escenario, en armonía con las pruebas allegadas al expediente, se
concluye que el causante no falleció mientras prestaba el servicio militar obligatorio,
sino con posterioridad; por lo tanto, no se cumplen los presupuestos previstos en la
Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004 para acceder a la pensión de
sobrevivientes por el fallecimiento de un soldado regular o conscripto.

En efecto, la referida normativa especial exige que la muerte ocurra en combate o
como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.

Ahora bien, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, la Sala considera que
en este caso sí debe aplicarse el régimen general de pensiones previsto por la Ley
100 de 1993, así como las consideraciones plasmadas en la mencionada sentencia
de unificación.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-

2014-00012-01 (1321-15).

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

En efecto, como el deceso del ciudadano Andrés David Álvarez Soto ocurrió con
posterioridad a su desacuartelamiento, para ese momento estaba amparado por la
normativa que regía para la generalidad de la población, es decir, que él y sus
beneficiarios eran destinatarios de la Ley 100 de 1993.

En esta línea argumentativa, se observa que la sentencia de unificación del 12 de
abril de 2018,30 citada en el marco normativo de la presente providencia, se edificó
sobre premisas fundamentales que resultan plenamente aplicables al sub lite, a
saber: i) el tiempo prestado en el servicio militar obligatorio tiene efectos pensionales
tanto en el régimen especial como en el general de pensiones; ii) el derecho a la
seguridad social es un derecho fundamental que debe garantizarse a toda la
población, incluyendo a los conscriptos y a sus beneficiarios; iii) entre el Estado y el
soldado regular no se configura una relación legal y reglamentaria, pero sí surge un
vínculo con ocasión al «cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio
militar para defender la independencia nacional y las instituciones públicas».

A su turno, el Consejo de Estado ha explicado que, aunque la sentencia de
unificación en comento solo hizo referencia a la pensión de sobrevivientes de
conscriptos fallecidos en «simple actividad», sus reglas son aplicables a otros casos
por analogía, como por ejemplo quienes fallecen en misión del servicio o en
combate.31

Si bien el exsoldado Andrés David Álvarez Soto no falleció en servicio activo, la línea
jurisprudencial de esta corporación permite ilustrar que uno de los aspectos
esenciales de la sentencia de unificación consistió en reivindicar la incidencia que
tiene la prestación del servicio militar obligatorio para efectos pensionales y la
prevalencia del principio de favorabilidad en materia laboral, en aras de
salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-

2014-00012-01 (1321-15).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de junio de 2023, radicado 73001-23-33-000-2021-

00128-01 (4536-2022).

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

Lo anterior también guarda consonancia con otras decisiones en las que se ha
tenido en cuenta el tiempo prestado en el régimen especial de la Fuerza Pública
para acceder a las prestaciones de la Ley 100 de 1993. Al respecto, se ha
expresado:32

Bajo ese entendido, y dado que existe un vacío normativo en el régimen especial de
las Fuerzas Militares frente a aquellos Soldados Profesionales que fallecen después
de que son retirados del servicio, como en el presente caso, se debe entonces
concluir que es el régimen establecido en la Ley 100 de 1993, el que le resulta
aplicable al señor José Manuel Lozano Guzmán (Q.E.P.D.), puesto que para el
momento en que se declaró su muerte presunta, ya no hacía parte de las Fuerzas
Militares.

Lo anterior, por cuanto existe la posibilidad de aplicar el régimen general cuando
exista una discriminación entre uno y otro régimen, cuando la ley prevé un beneficio
inferior para el régimen especial, sin que aparezca otro beneficio superior en ese
régimen especial que compense la desigualdad frente al Sistema General de
Seguridad Social.
[…]
Conforme a lo anteriormente expuesto, si a los beneficiarios del señor José Manuel
Lozano Guzmán (Q.E.P.D. ) se le aplicara la normativa especial de la Fuerza Pública
para determinar si tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que
reclama, necesariamente habría que negar la petición, toda vez que este régimen es
claro en indicar que dicha prestación se reconoce cuando la muerte se causa en actos
especiales del servicio, actos de servicio y/o muerte en simple actividad, exigencias
que, se reitera, no acredita el citado señor.

Por el contrario, si para los mismos efectos se le aplicara la Ley 100 de 1993, vigente
a la fecha de declararse la muerte presunta, la respuesta al anterior cuestionamiento,
sería afirmativa y, en consecuencia, resulta procedente reconocer la pensión de
sobrevivientes, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo
46 de la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala]

En este orden de ideas, en el presente caso se deben aplicar por analogía las
razones que fundaron la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018 y, por lo
tanto, la pensión de sobrevivientes reclamada debe estudiarse a la luz de la Ley 100
de 1993.

Por su parte, los artículos 46 a 48 ibidem determinan que para el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes es necesario que el causante hubiera cotizado al

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2015, radicado 68001-23-31-000-

2011-0398-01 (4597-2014)

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

sistema pensional un lapso de 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores al
fallecimiento, los cuales fueron acreditados en el presente asunto, en razón a que
el joven Andrés David Álvarez Soto prestó su servicio militar obligatorio durante 1
año, 9 meses y 26 días, equivalente a 93,71 semanas.33

Igualmente, dichas semanas fueron laboradas dentro del lapso que exige la norma,
ya que la muerte ocurrió el 20 de septiembre de 2009 y el servicio militar se prestó
entre el 18 de abril de 2007 y el 13 de febrero de 2009.

Además, son beneficiarios de la prestación, a falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, los padres que dependan
económicamente del causante.

De acuerdo con los documentos aportados, el señor Álvarez Soto no tenía hijos ni
cónyuge o compañera permanente, razón por la que los padres se encuentran
legalmente habilitados para solicitar el reconocimiento pensional; sin embargo,
como en este caso el padre había fallecido con antelación al deceso de su hijo, la
prestación podía reclamarla su señora madre.

Ahora, la norma también exige que se demuestre la dependencia económica de los
padres, hecho que fue tenido como probado por el a quo, pero la entidad apelante
ha manifestado su disenso.

Sobre este punto, la sentencia de unificación que se ha invocado en el desarrollo
de esta providencia, expresó:

33 Esta corporación ha expresado que «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario»; ii) para

el salario mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que multiplicado por los 12 meses que componen un año
equivale a 360 días al año; iii) «para efectos de laborales los meses corresponden a períodos de 30 días calendario por lo
cual resulta forzoso concluir que para estos mismos efectos el año estará conformado por 360 días. En este orden de ideas
y dentro del contexto antes referido, el año consta de 51.42 semanas, número resultante de dividir los 360 días que
conforman el año para efectos laborales, entre el número de días que integran una semana, es decir siete (7) días». Ver
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado 05001-23-33-000-2014-
01754-01 (5073-15).

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

[…] [L]a Sección Segunda de esta Corporación 34 entendió la dependencia
económica «como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una
persona respecto de otra en relación con su “modus vivendi”. Relación de
dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o
amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero
desprendida de ostentación o suntuosidad alguna. […]».

Frente a esta figura, la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 2016 reiteró:
«[…]: (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios
del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto proporcionarse o mantener
su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la
misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus
propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas».

En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede asumirse
desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la falta de
condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar que dicho
concepto debe ser analizado en armonía con los postulados constitucionales y
legales que enmarcan la seguridad social, tales como la protección especial a las
personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta.

Bajo esta intelección, la finalidad de la pensión de sobrevivientes no es otra que
suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo
familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de
las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Y, en relación con la dependencia económica, se ha dicho que esta no
significa la carencia absoluta y total de ingresos por parte de los beneficiarios, al
punto de llegar a la indigencia, porque puede ocurrir que si bien estos perciban algún
tipo de asignación, esta resulta insuficiente para lograr su auto sostenimiento.35

Para acreditar el mencionado presupuesto, en el sub lite se escucharon las
declaraciones de los señores Dioselina de la Auxiliadora y Luis Fernando Soto
Betancur, hermanos de la accionante.

La primera testigo expresó que la demandante «dependía económicamente» de su
hijo Andrés David Álvarez Soto, pues, aunque tenía otros hijos, «él era el único que

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de 2012. Radicación: 05001-23-31-

000-2006-03456-01 (0448-2012), Actor: Piedad del Socorro Mejía González.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, radicado 25000 23 42 000 2018

01273 01 (2634-2021).

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

veía por ella», aportaba al hogar con comida, servicios, vestido «y lo que fuera».
Además, que después de su fallecimiento la señora Marta Lía ha tenido dificultades
económicas y se «rebusca con lavadas de ropa» y planchado. También sostuvo que
el causante para obtener sus ingresos, «vendía manguitos, fruticas en la calle», «de
lo que le resultara él hacía», «en lo que él pudiera hacer, él trabajaba, podía ser
ayudando en construcción […], él no se quedaba quieto porque tenía una mamá
para sustentar». La declarante agregó que la actora carece de ahorros y vive en
una casa propia, pero en condiciones infrahumanas.

El señor Luis Fernando Soto Betancur expuso que, después del fallecimiento del
padre de Andrés David, la señora Marta Lía empezó a depender económicamente
de su hijo, quien comenzó «a cargar mercadito, a hacer mandaditos […] y con eso
le daba a la mamá la panelita, el arrocito, la comidita, lo que fuera». Además, que
la demandante sufre de una enfermedad que le produce ataques y está medicada
de por vida, situación que le dificulta la subsistencia y la lleva a valerse de la caridad
de sus hermanos para poder comer.

Las anteriores declaraciones son consistentes, expresan la razón del dicho de los
testigos y evidencian que efectivamente la señora Marta Lía Soto Betancur dependía
económicamente de su hijo, quien ayudó con su sostenimiento para tener una vida en
condiciones dignas y de acuerdo con las condiciones que el trabajo informal le
permitía.

En un caso como el presente, conforme lo narraron los testigos, la ausencia repentina
de uno de los miembros de la familia genera una desmejora sensible en las
condiciones de vida del resto de los miembros que la integran, pues cada esfuerzo
resulta valioso y esencial para lograr la subsistencia de todos.

Es relevante anotar que si bien los testigos manifestaron que la actora es propietaria
de la casa donde habita, este hecho por sí solo no desvirtúa la anotada

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

dependencia, pues aquella no debe ser total ni puede asumirse desde la óptica de
la carencia total de recursos económicos.36

Tampoco puede perderse de vista que toda propiedad implica gastos, pago de
impuestos y servicios, mejoras locativas, entre otros. Lo anterior aunado a que no
existe prueba de que la casa de la accionante genere algún tipo de renta y, según
refieren los declarantes, se trata de una vivienda humilde.

Además, la demandante no cuenta con un empleo formal o con ingresos fijos que
puedan garantizar su manutención, pues su actividad se limita al lavado y planchado
de ropa cuando las condiciones de salud se lo permiten. Es decir, que su situación
económica es incierta y variable, en tanto carece de una continuidad laboral que le
garantice contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades
mínimas. Es más, uno de los hermanos expuso que en muchas ocasiones la
accionante carece del dinero para alimentarse y él le ofrece la comida en su casa.

De esta manera, se encuentra suficientemente acreditada la precaria situación
económica de la demandante y del compromiso que su hijo había adquirido con ella
para lograr su sostenimiento.

Así las cosas, conforme lo concluyó el a quo, en este caso la actora cumple
cabalmente con los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes
regulada en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, por lo que la sentencia
apelada será confirmada.

2.6. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento

36 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias, proferidas por el Consejo de Estado: i) del 17 de noviembre

de 2022, radicado 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019); ii) del 17 de febrero de 2022, radicado 05001-23-33-
000-2018-00210-01 (0119-2021); y iii) del 29 de abril de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-03138-01 (0889-19).

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,37 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a los lineamientos
que regían la situación particular de la demandante.

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Demandante: Marta Lía Soto Betancur

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 27 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda
en el proceso promovido por la señora Marta Lía Soto Betancur contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Impedido Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

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