Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00783-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00783-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00783-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00783-01 (3187-2023)1
Demandante: Rosa Alba del Consuelo García
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de sobrevivientes
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia
del Diecisiete (17) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
1.1.1. Pretensiones
1. La señora Rosa Alba del Consuelo García, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución
No. 0125 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Quince (2015), expedida por el Grupo de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual, se negó el
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Expediente electrónico.
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Samai índice 2, documento: ED_EXPEDIENTE_RV520012333000(.msg). archivo 01.
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Número Interno: 3187-2023
Accionante: Rosa Alba del Consuelo García
Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del
soldado voluntario Johvani de Jesús Araque García.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: (i) el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes a su favor, con ocasión del fallecimiento de su hijo, con
fundamento, como pretensión principal, en los artículos 8, 9, 20, 49 a 53 del Decreto 1295
de 1994; a partir del 30 de marzo de 1997; en concordancia con los artículos 11, 47, 272
y 288 de la Ley 100 de 1993, desde el 17 de diciembre de 2002; subsidiariamente, en los
artículos 11 y 12 de la Ley 776 de 2002; con sustento en la aplicación retrospectiva de
los artículos 11 y 12 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con los artículos ya referidos
de la ley 100 de 1993, el artículo 3 de la Ley 923 de 2004; y los artículos 11, 13, y 20 del
Decreto 4433 de 2004; a partir del 31 de diciembre de 2004; en cuantía equivalente hasta
del setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación, según el régimen
aplicable, con inclusión de las mesadas adicionales correspondientes; (ii) el reajuste
anual de la mesada pensional conforme a la normativa aplicable; (iii) el reconocimiento
y pago de los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación de las sumas adeudadas;
(iv) la afiliación al sistema de salud de las Fuerzas Militares y a la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía - CAPROVIMPO; (v) el reconocimiento y pago de los aportes
dejados de efectuar a CAPROVIMPO, junto con los respectivos intereses o, en subsidio,
la corrección monetaria; (vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes del CPACA; y (vii) la condena en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Hechos
3. La señora Rosa Alba del Consuelo García afirmó que su hijo, Johvani de Jesús Araque
García, prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado regular desde el Catorce
(14) de enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Diecisiete (17) de
junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), y posteriormente, como soldado
voluntario desde el Diecisiete (17) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)
hasta el Treinta (30) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), fecha en la
cual falleció en el municipio de Orito, Putumayo, en misión del servicio como
consecuencia de un accidente de origen profesional.
4. Señaló que, mediante la Resolución No. 11292 del Doce (12) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), el Ministerio de Defensa Nacional le reconoció y
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Número Interno: 3187-2023
Accionante: Rosa Alba del Consuelo García
Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
ordenó pagar las prestaciones sociales derivadas del fallecimiento de su hijo,
consistentes en una compensación por muerte y una bonificación especial; no obstante,
no efectuó reconocimiento alguno respecto de la pensión de sobrevivientes.
5. Indicó que, era la única beneficiaria de las prestaciones causadas por la muerte de su
hijo, en razón a que su esposo y padre del causante, el señor Vicente Antonio Araque
Mena, falleció el Diez (10) de octubre de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977); además,
sostuvo que el causante permaneció soltero, no conformó sociedad conyugal ni
patrimonial de hecho, no tuvo hijos y que dependía económicamente de él, toda vez que,
le suministraba los recursos necesarios para su congrua subsistencia.
6. Expuso que, el Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), solicitó ante
el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo; sin embargo,
mediante la Resolución No. 0125 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Quince (2015),
ejecutoriada el Doce (12) de febrero siguiente, la entidad negó la prestación solicitada,
razón por la cual promovió el presente medio de control.
1.1.3. Concepto de violación
7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
7.1. Constitucionales: artículos 13, 48 y 53.
7.2. Legales y reglamentarias: artículos 8, 9, 20 y 49 a 53 del Decreto 1295
de 1994; artículos 11, 47, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993; artículos 11 y 12
de la Ley 776 de 2002; artículo 3 de la Ley 923 de 2004; y artículos 11, 13 y
20 del Decreto 4433 de 2004.
8. Sostuvo que, la Resolución No. 0125 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Quince (2015)
vulneró las disposiciones constitucionales y legales invocadas, debido a que el Ministerio
de Defensa Nacional desconoció que la muerte del soldado voluntario Johvani de Jesús
Araque García ocurrió mientras el soldado desarrollaba una actividad propia del servicio
y como consecuencia de una descarga eléctrica (electrocución), conforme al informe
administrativo correspondiente, circunstancias que, a su juicio, daban lugar al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de su progenitora.
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Número Interno: 3187-2023
Accionante: Rosa Alba del Consuelo García
Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
9. Expuso que, la decisión administrativa desconoció los principios de igualdad,
favorabilidad y protección a la seguridad social, pues, aplicó de manera restrictiva el
régimen especial de la Fuerza Pública, sin analizar que existían otros regímenes jurídicos
que consagraban condiciones más favorables para los beneficiarios del causante. En
consecuencia, consideró que, la entidad debía aplicar la normatividad que brindara una
mayor protección a su situación como madre dependiente económicamente del fallecido.
1.2. Contestación de la demanda3
10. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la
Resolución No. 0125 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Quince (2015) se encontraba
amparada por la presunción de legalidad, por lo que correspondía a la parte actora
demostrar los vicios que alegaba. Asimismo, indicó que, con ocasión del fallecimiento del
soldado voluntario Johvani de Jesús Araque García se reconoció y pagó la compensación
por muerte prevista en la normativa vigente para la época de los hechos, sin que existiera
fundamento jurídico para reconocer una pensión de sobrevivientes a favor de sus
beneficiarios.
11. Igualmente, señaló que, el Decreto 2728 de 1968 era la norma aplicable al caso por
encontrarse vigente al momento del fallecimiento del causante, y que dicha disposición
no contemplaba el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes para los
beneficiarios de soldados, grumetes e infantes de marina de las Fuerzas Militares. En
consecuencia, afirmó que, no procedía la aplicación del principio de favorabilidad ni de
las normas posteriores invocadas por la parte demandante, como la Ley 923 de 2004 y
el Decreto 4433 de 2004. También, sostuvo que, correspondía a la demandante acreditar
la dependencia económica respecto de su hijo, como requisito para acceder a la
prestación reclamada.
12. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: «presunción de legalidad del acto
administrativo demandado»; «falta de demostración de la dependencia económica como requisito para
acceder a la pensión de sobrevivientes»; «inaplicabilidad del principio de favorabilidad y de las normas
posteriores invocadas por la demandante»; y «genérica».
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Samai índice 2, documento: ED_EXPEDIENTE_RV520012333000(.msg). archivo 03.
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Accionante: Rosa Alba del Consuelo García
Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
1.3. Sentencia de primera instancia4
13. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia
del Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la Resolución No. 0125 del Ocho (8)
de enero de Dos Mil Quince (2015), expedida por el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional, al resolver que sí había lugar al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a favor de la señora Rosa Alba del Consuelo García, en su
condición de madre del causante, con efectos fiscales desde el Veintitrés (23) de
noviembre de Dos Mil Once (2011), así:
PRIMERO. - DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 0125 del 08 de enero de 2015, por la
cual se resolvió una solicitud de reconocimiento de pensión por muerte o sobreviviente y se hace
una declaración con fundamento en el expediente No. 10099 de 2014.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del
derecho se ordena a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL, a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes o beneficiarios a la señora ROSA
ALBA DEL CONSUELO GARCÍA identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.520.850
expedida en Medellín (Antioquia), en calidad de madre del causante, en los términos del sistema
general en pensiones contemplados en la Ley 100 de 1993, en la cuantía que la misma establezca
efectiva a partir del 30 de marzo de 1997.
TERCERO. - DECLARAR la prescripción trienal de las mesadas pensionales a partir del 23 de
noviembre de 2011, en este sentido se reconocerá la pensión de sobrevivientes a la señora ROSA
ALBA DEL CONSUELO GARCÍA a partir del 30 de marzo de 1997 pero con efectos fiscales a
partir del 23 de noviembre de 2011.
CUARTO. - CONDENAR a la entidad demandada a que cancele las mesadas adeudadas desde
dicho reconocimiento hasta que se haga efectivo el cumplimiento de esta sentencia, realizando los
ajustes del valor de las mismas, conforme a la variación del índice de precios al consumidor (IPC)
certificado por el DANE.
(...)
14. Para sustentar esa decisión, el Tribunal tuvo por probado que el señor Johvani de
Jesús Araque García prestó sus servicios al Ejército Nacional primero como soldado
regular, entre el Catorce (14) de enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) y el
Diecisiete (17) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), y luego como soldado
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Samai índice 2, documento: ED_EXPEDIENTE_RV520012333000(.msg). archivo 10.
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Número Interno: 3187-2023
Accionante: Rosa Alba del Consuelo García
Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
voluntario desde el Diecisiete (17) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)
hasta el Treinta (30) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), para un total
de Tres (3) años, Un (1) mes y Dieciséis (16) días de servicio. También concluyó que su
fallecimiento ocurrió en Orito, Putumayo, por descara eléctrica mientras desarrollaba una
actividad propia del servicio, en el que se dejó constancia de que la descarga lo
sorprendió cuando ayudaba a elaborar una antena.
15. A partir de esos hechos, el Tribunal consideró que, aunque para la época del deceso
existían reglas especiales para la Fuerza Pública, como el Decreto 2728 de 1968 y la Ley
131 de 1985, esas disposiciones no ofrecían una protección más favorable para el caso
concreto, pues, el régimen general de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 46, 47 y 48,
resultaba más beneficioso para la actora. Por ello, aplicó el principio de favorabilidad y
sostuvo que no era discriminatorio acudir al régimen general cuando el especial no
reconocía la pensión de sobrevivientes en condiciones equivalentes de protección.
16. En ese orden, la Sala concluyó que, la demandante sí acreditó su calidad de
beneficiaria, pues demostró ser la madre del causante, quien al momento del
fallecimiento era soltero, no tenía unión marital de hecho ni hijos, y además dependía
económicamente de él. El Tribunal tomó en cuenta los testimonios rendidos en el proceso
y las certificaciones obrantes en el expediente para tener por probado que el apoyo
económico del soldado era decisivo para su subsistencia.
17. En consecuencia, el Tribunal estimó que, debía anularse el acto administrativo que
negó la prestación y, en su lugar, ordenarse a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Rosa Alba del Consuelo García, bajo las reglas de la Ley 100 de 1993 y con retroactividad
al Treinta (30) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997).
1.4. Recursos de apelación5
1.4. 1 La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
18. La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que la sentencia
desconoció la presunción de legalidad de la Resolución No. 0125 de 2015, pues, a su
juicio, la demandante no logró demostrar los presupuestos de nulidad previstos en el
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Samai índice 2, documento: ED_EXPEDIENTE_RV520012333000(.msg). archivo 10.
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Accionante: Rosa Alba del Consuelo García
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artículo 137 del CPACA ni desvirtuar el acto administrativo conforme a las reglas de la
carga de la prueba consagradas en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y el
artículo 167 del Código General del Proceso. Además, sostuvo que, no procedía la
aplicación de la Ley 100 de 1993 por favorabilidad, en razón a que para la fecha del
fallecimiento del soldado se encontraba vigente el Decreto 2728 de 1968, el cual
únicamente reconocía una compensación por muerte y no una pensión de sobrevivientes.
19. Como segundo motivo de inconformidad, alegó que no se acreditó la dependencia
económica de la demandante respecto del causante, requisito necesario para acceder a
la pensión de sobrevivientes, pues aquella percibía una pensión de sobrevivencia por el
fallecimiento de su cónyuge, contaba con otros hijos que podían contribuir a su
sostenimiento y existían inconsistencias en la documentación aportada sobre la identidad
de la madre del fallecido. Finalmente, señaló que, tampoco resultaba aplicable el régimen
contenido en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, al ser normas posteriores a
la ocurrencia de los hechos.
1.4.2 La señora Rosa Alba del Consuelo García
20. La parte demandante interpuso recurso de apelación al considerar que el Tribunal,
aunque reconoció la pensión de sobrevivientes con fundamento en los artículos 46 y 47
de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, debió
aplicar el régimen de riesgos profesionales contenido en los artículos 49 a 53 del Decreto
1295 de 1994, en concordancia con los artículos 11, 47, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993,
toda vez que el fallecimiento del soldado ocurrió por causa y con ocasión del servicio. De
manera subsidiaria, solicitó la aplicación retrospectiva de los artículos 11 y 12 de la Ley
776 de 2002, con fundamento en el principio de favorabilidad.
21. Como segundo cargo de inconformidad, sostuvo que, el Tribunal no determinó
adecuadamente el monto de la prestación, pues, el ingreso base de liquidación debía
calcularse conforme al artículo 20 del Decreto 1295 de 1994, incluyendo todas las sumas
percibidas habitual y periódicamente por el causante como contraprestación del servicio,
y no limitándose a los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 para efectos de
cotización.
1.5 Trámite de segunda instancia
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22. Por medio de auto del Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024)6, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada de
conformidad con lo previsto en el artículo 247 del CPACA. Posteriormente, a través de auto
del Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil veintiséis (2026)7 ordenó correr traslado a las partes.
23. Las parte demandada reiteró los argumentos del recurso de apelación8. Por su parte,
el Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).
2.2 Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
25.1 ¿Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Rosa Alba del Consuelo García, con fundamento en la Ley 100 de 1993, en aplicación
del principio de favorabilidad, y se encuentra acreditada su dependencia económica
respecto del causante?
25.2 ¿Incurrió el Tribunal en error al reconocer la prestación reclamada con
fundamento en la Ley 100 de 1993, en vez de aplicar el régimen de riesgos
profesionales, así como al efectuar la determinación del ingreso base de liquidación?
2.3.1 Marco normativo y jurisprudencial Marco legal de las prestaciones por muerte
para los beneficiarios de miembros de las Fuerzas Militares9.
26. El Decreto 2728 del 2 de noviembre de 1968 “Por el cual se modifica el régimen de
6
Samai, índice 5.
7
Samai, índice 11.
8
Samai, índice 9.
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Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, de 18 de agosto de 2022, expediente 19001-23-33-000-2018-00141-01 (1455-
2019)C.P César Palomino Cortés.
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prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas
Militares”, previó a favor del soldado que muera en combate en servicio activo, los
siguientes beneficios:
“ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente
aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en
mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o
Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses
de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado
o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán
derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas
anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de
sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.”
27. Según se observa, la norma no distinguió entre los soldados que se encontraban
prestando servicio militar obligatorio conocidos como regulares y los soldados voluntarios
que más adelante se denominaron profesionales.
28. El Congreso de la República antes de la expedición de la Carta Política de 1991,
expidió la Ley 131 del 31 de diciembre de 1985 “Por la cual se dictan normas sobre servicio
militar voluntario”, que en el artículo 2° dispuso:
“Artículo 2º. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiendo prestado el servicio militar
obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las
autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar voluntario, cuando las
circunstancias lo permitan.
Parágrafo 1º. El servicio militar voluntario, se prestará por un lapso no menor de doce (12) meses.
Parágrafo 2º. La Planta de Personal de soldados que preste el servicio militar
voluntario será establecida por el Gobierno.
29. Según la norma transcrita se considera un soldado voluntario aquel que luego de
haber prestado el servicio militar obligatorio decidió por decisión propia, reincorporarse a
la actividad castrense. A su turno el artículo 6º previó : “El soldado voluntario que sea dado de
baja, tiene derecho a que el Tesoro Público le pague por una sola vez, una suma equivalente a un mes de
bonificación por cada año de servicio prestado en dicha calidad y proporcionalmente por las fracciones de
meses a que hubiere lugar”
30. Mediante el Decreto 1211 del 8 de junio de 1990 “Por el cual se reforma el Estatuto del
Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”, expedido por el Gobierno Nacional
en uso de facultades extraordinarias, en el artículo 185 dispuso que tienen derecho a la
sustitución de la asignación de retiro los miembros del grupo familiar del oficial o suboficial
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que fallezca en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión por vejez.
Repárese que esta legislación en principio no se aplica a los soldados cualquiera fuera
su modalidad.
31. En vigencia de la Constitución de 1991, el Congreso de la República expidió la Ley
48 del 3 de marzo de 1993 "Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización" ,
que a su vez fue reglamentada mediante Decreto Nacional 2048 de 1993. La Ley 48
estableció la modalidad de prestación del servicio militar obligatorio por parte del soldado
regular, en el artículo 13 dispuso:
“ARTICULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer
diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio.
Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación de] servicio militar:
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.
PARAGRAFO 1°. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar, y demás
obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de
actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio
ambiente y conservación ecológica.
PARAGRAFO 2° Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona
geográfica en donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su
preparación académica y oficio.
32. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 447 del 21 de julio de
1998 “Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas
fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones ”, que en el
artículo 1° dispuso:
“Muerte en combate. A la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón
constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta
ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán
derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.”
33. Como se lee, esta legislación aplica para quienes estuvieran prestando el servicio
militar obligatorio, tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía Nacional y que hayan
fallecido con ocasión del combate o acción del enemigo, cuyos familiares tendrán
derecho a que se les reconozca una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio
mensual legal vigente. En todo caso, esta legislación no hizo mención alguna a los
fallecimientos en simple actividad.
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34. Por su parte, el Presidente de la República en ejercicio de habilitación legal, expidió
las siguientes legislaciones: el Decreto Ley 1793 del 14 de septiembre de 2000 “Por el
cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas
Militares” y el Decreto 1794 de la misma fecha “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional
para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”.
35. El Decreto 1793 de 2000 incorporó los soldados profesionales a la planta de personal
de las Fuerzas Militares, entre ellos a los soldados voluntarios que habían sido integrados
mediante la Ley 131 de 1985, para quienes el Gobierno Nacional expidió un régimen
salarial y prestacional con base en lo preceptuado por la Ley 4ª de 1992, el cual, se
encuentra consignado en el Decreto 1794 de 2000.
36. A su turno el Congreso de la República profirió la Ley 923 del 30 de diciembre de
2004 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política”, que estableció:
“Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros
de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
(…)
3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto, será fijado teniendo
en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en que se origine la muerte del
miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta
por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro en el evento de la muerte en
combate, en actos meritorios del servicio o en misión del servicio. En el caso de muerte simplemente
en actividad el monto de la pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el
miembro de la Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni al
cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea inferior.
Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito para acceder al
derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la fecha en que se termine
el respectivo curso de formación y sea dado de alta en la respectiva carrera como miembro de la Fuerza
Pública.” (subrayas fuera de texto)
37. Esta legislación marcó las pautas para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes por parte de los familiares de un miembro de la Fuerza Pública, de acuerdo
con las circunstancias que origine la muerte, que para el caso de muerte simplemente en
actividad el monto de la pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%)
cuando el miembro de la Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al
momento de la muerte, ni al cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea
inferior. Además, previó que se podrá exigir como requisito para acceder a la pensión de
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sobrevivientes, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la fecha
en que se termine el respectivo curso de formación y sea dado de alta en la respectiva
carrera como miembro de la Fuerza Pública.
2.3.2 De la pensión de sobrevivientes10.
38. Como bien lo ha dicho esta subsección11, la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la persona que
atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes
queden desamparados y en peligro para poder subsistir, por ello, se concibió la pensión
de sobrevivientes o sustitución pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las
condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.
39. En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, estos gozan de un régimen pensional
especial y, han sido diversas las normas que se han expedido y que regulan los derechos
prestaciones que, en virtud del fallecimiento de sus miembros, se pueden generar a favor
de sus beneficiarios, entre ellas, el Decreto 2728 de 1968, que en su artículo 8 preceptúa
que el soldado o grumete en servicio activo que fallezca en combate o por acción directa
del enemigo, en conflicto internacional o manteniendo el orden público será ascendido
de manera póstuma y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de 48
meses de haberes correspondientes al grado póstumo y al doble de cesantías; si muere
por accidente en misión del servicio a 36 meses de sueldo básico; y si su deceso es por
causas diferentes, el pago será de 24 meses de sueldo básico12.
40. Por su parte, el Decreto 1211 de 1990 consagró derechos y prestaciones por causa
del deceso en misión del servicio solo para los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares y sus beneficiarios; entre las que se encuentra el ascenso póstumo y el pago de
una compensación, el doble de cesantías y una pensión de sobrevivientes.
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2025,
expediente 05001-23-33-000-2020-00361-01 (2191-2025), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2014,
expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
12
«Artículo 8º. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción
directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al
grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de
los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo,
causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses
del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá
derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo
o Marinero».
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41. Para el caso de los soldados vinculados a las fuerzas militares «por razón constitucional y
legal de la prestación del servicio militar obligatorio», la Ley 447 de 1998 sí consagró una pensión
vitalicia para sus beneficiarios, pero únicamente para aquellos que murieran «en combate
o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones
de conservación o restablecimiento del orden público».
42. Finalmente, en virtud del Decreto 4433 de 2004, el beneficio de la pensión de
sobrevivientes acoge a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas
militares.
43. Sobre la pensión de sobrevivientes de personas vinculadas a las fuerzas militares en
cumplimiento del mandato constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, que
fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-20182113, la sección segunda
de la Corporación examinó el tema in extenso y estableció14 las diferentes reglas con
relación a los beneficiarios de las personas vinculadas a las fuerzas militares.
44. Según la precitada sentencia de unificación, los beneficiarios de las personas
vinculadas a las fuerzas militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de
prestar el servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, pueden favorecerse de la pensión de
sobrevivientes prevista por dicho régimen general contenido en sus artículos 46, 47 y 48
ibidem, el cual, deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el
13
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ010-S2 de 12 de abril de 2018, expediente
81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15).
14
1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez contencioso
administrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el
reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su
conocimiento conforme la normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.
2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas
vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan
simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes
prevista por el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad para
efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de
beneficiarios.
3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad normativa, de la suma adeudada por concepto de
pensión de sobrevivientes en virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse, debidamente indexado, lo pagado
como compensación por muerte simplemente en actividad, en atención a la incompatibilidad de los dos regímenes y a que la
contingencia que cobija tal prestación es cubierta con el reconocimiento pensional.
4. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad solo podrá descontar el valor efectivamente recibido
por concepto de compensación por muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el valor actualizado de la compensación
por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional que debe pagar la entidad, será necesario realizar un acuerdo de
pago con el fin de que el beneficiario de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital.
5. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los conscriptos
fallecidos simplemente en actividad en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término prescriptivo que debe atenderse en relación con
las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el régimen general.
6. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan derecho a la pensión en los términos de la presente
providencia, de los valores pagados por concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho a compensar o deducir
lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el derecho pensional.
14
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orden de beneficiarios.
45. La citada Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», en su artículo 4615 reguló lo concerniente a la pensión de
sobrevivientes. Tal disposición fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 16,
en el sentido de indicar que, accederían a la pensión por muerte «[l]os miembros del grupo
familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento».
46. Por otra parte, el artículo 4717 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley
797 de 2003, preceptuó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer
orden, al cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite; en segundo, a
los hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 hasta los 25 y; en tercero, a falta de
estos, a los padres del causante, así como, los requisitos que deben acreditar unos y
otros para tener derecho al beneficio prestacional. De lo anterior, se colige que, con el
régimen general de pensiones, los beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca
tendrán derecho a la mencionada pensión de sobrevivientes siempre que aquel hubiere
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, si esta se
15
Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes
requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de
la muerte; […]
16
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
17
Artículo 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital
con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho
a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera
o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de
invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 ;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este ;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos
del causante si dependían económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en
el Código Civil.
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produjo con anterioridad a la modificación introducida por la referida Ley 797 de 2003,
que amplió a cincuenta (50) el número de semanas cotizadas, pero durante los tres años
precedentes al deceso.
47. Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció excepciones en
cuanto al personal que sería cobijado por esta, en los siguientes términos: «[…] El Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las
Corporaciones Públicas. […]». (destaca la Sala).
48. De igual modo, en lo referente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la
mencionada normativa (Ley 100 de 1993), prescribió: «[…]Artículo 288. Aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial,
funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le
sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en
leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta
Ley.
49. En este orden de ideas, la regulación contenida en la Ley 100 de 1993 no resulta
aplicable a los integrantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, entre otros
servidores, por cuanto expresamente su artículo 279 los excluyó del sistema general de
seguridad social; Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el artículo 288 ibidem,
tales servidores públicos se podrían acoger a los mandatos allí contenidos, en atención
al principio de favorabilidad.
2.4. Pruebas recaudadas
50. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las siguientes 18:
• Registro civil de nacimiento de la señora Rosa Alba del Consuelo García, donde
consta que nació el Veintiuno (21) de diciembre de Mil Novecientos Cuarenta y Dos
(1942).
• Registro civil de matrimonio de la señora Rosa Alba del Consuelo García con el señor
Vicente Antonio Araque Mena, donde consta que contrajeron matrimonio el Veintidós
(22) de junio de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961).
18
Samai índice 2, documento: ED_EXPEDIENTE_RV520012333000(.msg). archivos 01 y 09.
16
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• Certificación expedida por la registraduría del estado civil de Olaya, Antioquia, donde
da cuenta que el señor Vicente Antonio Araque Mena falleció el Diez (10) de octubre
de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977).
• Registro civil de nacimiento del señor Johvani de Jesús Araque García, donde consta
que nació el Treinta (30) de diciembre de Mil Novecientos Sesenta y Ocho (1968) y
que es hijo de la señora Rosa Alba del Consuelo García y del señor Vicente Antonio
Araque Mena.
• Certificado de tiempo de servicio militar No. CERTI4AG-77146-54, expedido por la
Coordinadora del Grupo Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, donde
da cuenta que el señor Johvani de Jesús Araque García prestó sus servicios al
Ejército Nacional como soldado regular desde el Catorce (14) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Diecisiete (17) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), y como soldado voluntario desde el Diecisiete
(17) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) hasta el Treinta (30) de marzo
de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), para un total de tres (3) años, un (1) mes
y dieciséis (16) días.
• Certificación de última unidad expedida por la Coordinadora del Grupo Archivo
General del Ministerio de Defensa Nacional, donde da cuenta que la última unidad de
prestación de los servicios del causante fue el Batallón de Contraguerrillas No. 48,
con sede en Orito, Putumayo.
• Certificación de haberes expedida por la Coordinadora del Grupo Archivo General del
Ministerio de Defensa Nacional, donde se relacionan los haberes devengados por el
causante durante su vinculación con el Ejército Nacional.
• Informativo administrativo por muerte No. 016, emitido el Treinta y Uno (31) de marzo
de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), suscrito por el Comandante del Batallón
de Contraguerrillas No. 48 “Héroes de las Trincheras”, donde se da cuenta que la
muerte del soldado voluntario Johvani de Jesús Araque García ocurrió en misión del
servicio, al recibir una descarga eléctrica cuando trataba de adecuar una antena.
• Registro civil de defunción del señor Johvani de Jesús Araque García, donde consta
que falleció el Treinta (30) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997).
• Resolución No. 11292 del Doce (12) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y
Siete (1997), notificada el Dieciséis (16) de septiembre siguiente, mediante la cual el
Ministerio de Defensa Nacional reconoció y ordenó pagar a la señora Rosa Alba del
Consuelo García la suma de $8.288.134,24 por concepto de prestaciones sociales,
esto es, compensación por muerte y bonificación especial, así como la entrega de
17
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prendas personales, ahorros y bonificaciones dejadas por el causante.
• Solicitud administrativa presentada por la señora Rosa Alba del Consuelo García el
Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), mediante la cual pidió el
reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento de su hijo.
• Resolución No. 0125 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Quince (2015), por la cual el
Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional resolvió la
solicitud por muerte o sobrevivientes y negó el reconocimiento y pago de suma alguna
por concepto de pensión por muerte.
• Resolución UGM 016854 del Once (11) de noviembre de Dos Mil Once (2011),
mediante la cual se reconoció post mortem una pensión de retiro por vejez al señor
Vicente Antonio Araque Mena, a favor de la señora Rosa Alba del Consuelo García,
en calidad de cónyuge, efectiva a partir del Once (11) de octubre de Mil Novecientos
Setenta y Siete (1977).
• Certificación expedida por Colfondos S.A. el Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil
Dieciocho (2018), donde da cuenta que la señora Rosa Alba del Consuelo García no
se encuentra registrada como beneficiaria de pensión por sobrevivencia en esa
administradora.
• Certificación expedida por Colpensiones el Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil
Dieciocho (2018), donde da cuenta que la señora Rosa Alba del Consuelo García no
figura percibiendo pensión por parte de dicha entidad.
• Certificación expedida por Porvenir S.A. el Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil
Dieciocho (2018), donde da cuenta que, revisada la base de datos, no se evidencia
que la señora Rosa Alba del Consuelo García sea beneficiaria de pensión.
• Certificación del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, donde
da cuenta del historial de pagos de la pensión de sobrevivientes que devenga la
señora Rosa Alba del Consuelo García. (Págs. 11 a 12 del cuaderno de oficio, junto
con la comunicación de la UGPP).
• Certificación expedida por Protección S.A. el Seis (6) de junio de Dos Mil Dieciocho
(2018), donde da cuenta que revisadas las bases de datos de pensionados no se
encontraron datos.
• Memorial de Protección S.A. del Cinco (5) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), donde
informa al despacho que la señora Rosa Alba del Consuelo García se encuentra
actualmente percibiendo pensión de sobrevivientes.
• Declaraciones testimoniales rendidas por los señores Herminia Rodríguez y Aicardo
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de Jesús Pineda Orrego, valoradas por la Sala para tener por acreditada la
convivencia del causante con su madre y la dependencia económica de esta respecto
de aquel.
• Durante el proceso se escucharon los siguientes testimonios19:
Audiencia de pruebas del 6 de septiembre de 2017
Identificación Testimonios
Herminia Rodríguez,
amiga de la Minuto 8:53 y en adelante de la grabación:
demandante.
Manifestó que, conocía a la señora Rosa Alba del Consuelo García desde su niñez, razón
por la cual conocía su situación económica y familiar. Indicó que, la demandante vivía en
condiciones económicas precarias y que Giovanni de Jesús Araque García ingresó al
Ejército y permaneció como soldado voluntario con el propósito de mejorar las
condiciones de vida de su madre. Señaló que, Giovanni era quien contribuía al
sostenimiento económico de la demandante, pues los demás hijos tenían sus propios
hogares y obligaciones. Precisó que, las ayudas eran permanentes, dado que enviaba
dinero mensualmente y, cuando se encontraba de permiso o vacaciones, le entregaba
recursos directamente, llegando incluso a compartir aproximadamente la mitad de su
salario. Finalmente, indicó que Giovanni no tenía esposa, compañera permanente ni hijos
y que la pensión del esposo de la demandante fue reconocida varios años después del
fallecimiento del soldado, por lo que para ese momento ella no contaba con dicho ingreso.
Aicardo de Jesús
Pineda Orrego, Minuto 33:59 y en adelante de la grabación:
amigo de la
demandante. Indicó que, conocía a la señora Rosa Alba del Consuelo García desde aproximadamente
cincuenta años atrás, lo que le permitió conocer sus condiciones económicas. Señaló
que, Giovanni de Jesús Araque García permaneció en el Ejército con el propósito de
brindar apoyo económico a su madre, dada la situación de necesidad en la que ella se
encontraba. Expuso que, el causante realizaba giros cuando no podía visitarla
personalmente y, cuando se encontraba de permiso o descanso, le entregaba dinero y
otros elementos para su sostenimiento, destinando incluso más de la mitad de sus
ingresos. Afirmó que no conocía otra persona que para la época de los hechos
contribuyera al sostenimiento económico de la demandante, pues los demás hijos tenían
sus propios hogares y obligaciones. Finalmente, señaló que Giovanni no tenía esposa,
compañera permanente ni hijos y que la pensión reconocida posteriormente a la
demandante por la muerte de su esposo se obtuvo varios años después del fallecimiento
de su hijo.
2.5 . Caso concreto.
51. Con miras a resolver los problemas jurídicos planteados y teniendo en cuenta los
elementos de prueba allegados al proceso, la Sala encuentra acreditado que, la señora
Rosa Alba del Consuelo García, es madre del señor Johvani de Jesús Araque García,
conforme al respectivo registro civil de nacimiento. Asimismo, se encuentra probado que,
el causante prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado voluntario, calidad que
ostentaba para el momento de su fallecimiento, como consecuencia una descarga
eléctrica sufrida mientras desarrollaba una actividad propia del servicio.
52. El señor Johvani de Jesús Araque García, prestó sus servicios al Ejército Nacional
inicialmente como soldado regular desde el Catorce (14) de enero de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994) hasta el Diecisiete (17) de junio de Mil Novecientos Noventa y
19
https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public; radicado 52001233300020150078300, DESPACHO 002 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, de fecha 6 de septiembre de 2017.
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Cinco (1995) y, posteriormente, como soldado voluntario desde el Diecisiete (17) de julio
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) hasta el Treinta (30) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), fecha en la cual falleció.
53. En efecto, para la fecha del fallecimiento del causante se encontraba vigente la Ley
131 de 1985, en concordancia con el Decreto 2728 de 1968, normas que regulaban el
régimen prestacional aplicable a los soldados voluntarios. No obstante, dichas
disposiciones no consagraban el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a
favor de los padres del soldado voluntario fallecido en simple actividad, razón por la cual,
la administración negó la prestación solicitada mediante la Resolución No. 0125 del Ocho
(8) de enero de Dos Mil Quince (2015).
54. Ahora bien, tal como lo precisó esta Corporación en sentencia del Dieciocho (18) de
Agosto de Dos Mil Veintidós (2022), la existencia de un régimen especial aplicable a los
miembros de la Fuerza Pública no impide acudir al régimen general de pensiones cuando
este resulte más favorable para los beneficiarios, en virtud del principio de favorabilidad
previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, es procedente
examinar el reconocimiento pensional bajo las disposiciones contenidas en los artículos
46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, siempre que sus requisitos se acrediten de manera
integral.
55. En ese orden, la Sala advierte que, en el presente asunto se encuentra acreditado el
parentesco entre la demandante y el causante, y no obra prueba de la existencia de
beneficiarios con mejor derecho, tales como cónyuge, compañero permanente o hijos.
56. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, vigentes
para la fecha del fallecimiento del señor Johvani de Jesús Araque García, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado
fallecido que hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de su
muerte. En los eventos de aplicación favorable de este régimen a miembros de la Fuerza
Pública, la verificación de dicho requisito temporal se realiza teniendo en cuenta el tiempo
de servicio efectivamente prestado. Asimismo, a falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante
que dependieran económicamente de este.
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57. En el presente asunto, se encuentra acreditado que, el señor Johvani de Jesús Araque
García prestó sus servicios al Ejército Nacional inicialmente como soldado regular desde
el Catorce (14) de enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Diecisiete
(17) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) y, posteriormente, como soldado
voluntario desde el Diecisiete (17) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)
hasta el Treinta (30) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), fecha en la
cual falleció. En consecuencia, el causante prestó sus servicios durante un término
superior a tres (3) años, superando ampliamente el requisito temporal de veintiséis (26)
semanas previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, vigente para la fecha de
ocurrencia de los hechos.
58. Sobre el particular, en un caso de contornos fácticos y jurídicos similares al presente,
esta Subsección20, analizó un caso en el que los padres de un soldado voluntario fallecido
en desarrollo de actividades propias del servicio reclamaban el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes. En dicha oportunidad, la Corporación precisó que, pese a que
el régimen especial aplicable para la época de los hechos no contemplaba dicha
prestación, resultaba procedente acudir al régimen general previsto en la Ley 100 de
1993, en virtud del principio de favorabilidad, siempre que se acreditaran los requisitos
previstos en sus artículos 46 y 47, relacionados con la calidad de beneficiarios, el
cumplimiento del requisito temporal exigido por la normativa vigente y la dependencia
económica respecto del causante.
59. Igualmente, se encuentra demostrado que, la señora Rosa Alba del Consuelo García,
ostenta la calidad de madre del causante, conforme al registro civil de nacimiento
allegado al expediente. Asimismo, se acreditó que, al momento de su fallecimiento el
señor Johvani de Jesús Araque García era soltero, no tenía hijos ni conformó unión
marital de hecho, sin que obre prueba en contrario que permita desvirtuar dicha
circunstancia.
60. Respecto de la dependencia económica exigida por el literal d) del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, la Sala recuerda que, esta no implica una carencia absoluta de recursos
por parte de los padres beneficiarios, sino una situación de subordinación frente al aporte
económico del hijo fallecido, de manera que la existencia de otros ingresos no excluye
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Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, de 18 de agosto de 2022, expediente 19001-23-33-000-2018-00141-01
(1455-2019)C.P César Palomino Cortés.
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automáticamente el derecho cuando estos no garantizan por sí mismos una subsistencia
digna.
61. Bajo dicho entendimiento, la Sala encuentra acreditado que, la señora Rosa Alba del
Consuelo García dependía económicamente de su hijo Johvani de Jesús Araque García,
pues, las declaraciones rendidas por los señores Herminia Rodríguez y Aicardo de
Jesús Pineda Orrego, quienes manifestaron conocer a la demandante desde su niñez
y desde hacía aproximadamente cincuenta (50) años, respectivamente, resultan
coincidentes y complementarias en señalar que, aquella atravesaba una situación
económica precaria y que, el causante decidió permanecer en el Ejército como soldado
voluntario con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su madre.
62. Asimismo, los declarantes afirmaron que el señor Johvani de Jesús Araque García
contribuía de manera permanente al sostenimiento de la demandante, pues, realizaba
envíos mensuales de dinero y, cuando se encontraba de permiso o vacaciones, le
entregaba recursos directamente, destinando incluso aproximadamente la mitad o más
de la mitad de sus ingresos para atender sus necesidades. Igualmente, coincidieron en
señalar que, los demás hijos de la señora Rosa Alba del Consuelo García tenían sus
propios hogares y obligaciones, razón por la cual, no asumían su sostenimiento
económico.
63. De igual forma, los testimonios dan cuenta que, el causante no tenía cónyuge,
compañera permanente ni hijos con mejor derecho y que la pensión de sobrevivientes
derivada del fallecimiento del esposo de la demandante fue reconocida con posterioridad
a la muerte de su hijo, por lo que, dicho ingreso no existía para el momento en que se
configuró el derecho pensional reclamado.
64. Ahora bien, aunque actualmente la señora Rosa Alba del Consuelo García percibe
una pensión de sobrevivientes reconocida por la muerte de su cónyuge, conforme a las
certificaciones expedidas por la UGPP y el FOPEP, tal circunstancia no desvirtúa por sí
sola la dependencia económica acreditada, pues, esta debe analizarse atendiendo a las
condiciones existentes al momento del fallecimiento del causante y a la necesidad real
del apoyo que este le suministraba. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que
en la actualidad cuenta con 83 años de edad, aspecto que permite concluir que los
recursos con los que actualmente cuenta no necesariamente suplen integralmente sus
necesidades personales y de subsistencia.
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65. La Corte Constitucional en sentencia C-111 de 22 de febrero de 200621 estudió la
constitucionalidad del aparte «si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste»
contenida en el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797
de 2003, declarándolo exequible parcialmente, salvo la expresión «de forma total y absoluta»,
frente a lo cual consideró: «[…] la dependencia económica no siempre es total y absoluta como lo
prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un juicio de
autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la
dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada
beneficiario. Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido concebido
por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la subordinación de [los] padres en relación con la
ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional
siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer
la relación de subordinación que fundamenta la citada prestación».
66. La citada Corporación en más reciente pronunciamiento, SU- 471 de 202322, sobre el
entendimiento del requisito de dependencia económica expuso: «[…] esta Corte sostuvo que
“un ingreso cualquiera no era suficiente para considerar a una persona independiente económicamente.
La noción de independencia económica no puede restringirse al hecho de percibir un ingreso cualquiera
referido a un monto ínfimo o atado al concepto de salario mínimo.” Igualmente, “el hecho de recibir otra
prestación no configura la independencia económica, la cual se refiere tener la autonomía necesaria para
sufragar los costos de la propia vida, sea a través del ejercicio de la capacidad laboral o de un patrimonio
propio.”48 Con la definición de estas reglas, la Corte asegura que la dependencia económica no se excluye
por el hecho de recibir otros ingresos cuando estos resultan insuficientes para garantizar el mínimo vital
cualitativo».
67. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, se acreditó la
dependencia económica de la demandante respecto del causante de la prestación; toda
vez que, los testimonios recaudados durante el proceso fueron concordantes en señalar
que el causante contribuía de manera permanente y significativa al sostenimiento de su
madre, mediante el envío frecuente de recursos económicos destinados a atender sus
necesidades básicas.
68. En consecuencia, la Sala encuentra acreditados los presupuestos previstos en los
artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 para que la señora Rosa Alba del Consuelo
García sea reconocida como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, razón por la
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Sentencia C-111/06, M.P Rodrigo Escobar Gil.
22
Sentencia SU-471/23, M.P Diana Fajardo Rivera.
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cual, no prospera el cargo de apelación formulado por la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional relacionado con la falta de dependencia económica.
69. Ahora bien, corresponde a la Sala pronunciarse frente a los argumentos de
inconformidad formulados por la parte demandante, quien sostiene que el reconocimiento
pensional no debió realizarse bajo las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993,
sino conforme al régimen de riesgos profesionales previsto en el Decreto 1295 de 1994,
por tratarse de una muerte ocurrida por causa y con ocasión del servicio.
70. Sobre el particular, se observa que, si bien el fallecimiento del señor Johvani de Jesús
Araque García, ocurrió en desarrollo de actividades propias del servicio militar, dicha
circunstancia no conduce automáticamente a la aplicación del régimen de riesgos
profesionales invocado por la apelante, pues, el análisis de favorabilidad efectuado en
este asunto se orientó a comparar el régimen especial aplicable al soldado voluntario
para la época de los hechos (Ley 131 de 1985 y Decreto 2728 de 1968) con el régimen
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, en los términos del artículo 288
ibidem.
71. En efecto, conforme lo precisó esta Sala, en la sentencia del Dieciocho (18) de agosto
de Dos Mil Veintidós (2022)23, al resolver un asunto relacionado con un soldado voluntario
fallecido con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, se consideró
acertado acudir a los fundamentos jurisprudenciales trazados en la sentencia de
unificación del Primero (1.º) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018),24 los cuales fueron
prohijados en su integridad, particularmente en lo relativo a la aplicación del principio de
favorabilidad y a que el régimen general de pensiones previsto en los artículos 46, 47 y
48 de la Ley 100 de 1993, una vez identificado como el más favorable, debe aplicarse de
manera integral en lo concerniente al monto de la prestación, el ingreso base de
liquidación y el orden de beneficiarios. Así, cuando se acude al principio de favorabilidad
para inaplicar el régimen especial y reconocer la pensión de sobrevivientes con
fundamento en la Ley 100 de 1993, dicho régimen debe aplicarse en su integridad sin
que resulte procedente acudir simultáneamente a disposiciones de otros sistemas
normativos, con el propósito de obtener condiciones más beneficiosas respecto de
aspectos particulares de la prestación.
23
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, de 18 de agosto de 2022, expediente 19001-23-33-000-2018-00141-01
(1455-2019)C.P César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, sección segunda, de 1 de marzo de 2018, expediente 68001-23-33-000-2015-00965-01(3760-16)CE-SUJ2-
009-18, C.P William Hernández Gómez.
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72. En ese sentido, una vez determinada la procedencia de la aplicación de la Ley 100 de
1993, por virtud del principio de favorabilidad, sus disposiciones deben aplicarse de
manera integral, razón por la cual, no resulta viable acudir de manera fragmentaria a
normas propias del Sistema General de Riesgos Profesionales, como el artículo 20 del
Decreto 1295 de 1994, con el propósito de obtener un ingreso base de liquidación más
favorable, pues, el hecho que dicho sistema haga parte del Sistema de Seguridad Social
Integral no autoriza acudir de manera aislada a sus disposiciones para variar aspectos
particulares de la prestación que debe definirse conforme al régimen general de
pensiones, debido a que ello desconocería el principio de inescindibilidad normativa.
73. Por la misma razón, tampoco prospera la pretensión subsidiaria de aplicar
retrospectivamente los artículos 11 y 12 de la Ley 776 de 2002, dado que, dicha normativa
regula prestaciones derivadas de riesgos profesionales y entró a regir con posterioridad
al fallecimiento del causante.
74. En cuanto al monto de la prestación, la Sala advierte que, el Tribunal actuó conforme
al régimen general de pensiones, al determinar el reconocimiento y la cuantía de la
pensión de sobrevivientes, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley 100 de
199325. En consecuencia, no está acorde con el orden jurídico incluir factores diferentes
a los que correspondan conforme al régimen aplicable, como equivocadamente lo
pretende la apelante. En ese sentido, los cargos formulados por la parte demandante no
tienen vocación de prosperidad.
75. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la decisión adoptada por el Tribunal se
encuentra ajustada a derecho, y en ese sentido, confirmará la sentencia apelada, tal
como será dispuesto ut infra.
2.6 Condena en costas
25 Sentencias: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre
de 2025, expediente 05001-23-33-000-2020-00361-01 (2191-2025), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; sección segunda,
subsección B, sentencia de 3 de julio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2021-00024-01 (3400-2024), C. P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera; sección segunda, subsección B, sentencia de 3 de octubre de 2024, expediente 05001-23-33-000-2020-
00493-01(2520-2024); sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de septiembre de 2024, expediente 05001-23-33-000-2017-
00356-01(1075-2023), 190012333000201800041 011721-2020; sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de noviembre de
2023; ección segunda, subsección B, sentencia de 18 de abril de 2024, 05001-23-33-000-2016-01390-01 (1420-2022)
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Accionados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
76. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Diecisiete (17) de Julio de Dos Mil Diecinueve
(2019), proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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